“En Canadá nunca toleraríamos estos abusos…”, fueron las palabras de Murray Klippenstein, abogado de 13 guatemaltecos que acusan a la empresa minera canadiense HudBay de asesinato y violación. “Ahora tendrán que enfrentar juicio en una Corte situada a pocas cuadras de sus oficinas”. Klippenstein dijo que las mineras aprovechan la situación de países como Guatemala, donde el sistema judicial está afectado de serios vicios, para actuar de maneras que jamás se atreverían a emplear en su país. Por esta razón, ser enjuiciados en sus propias Cortes, es un avance crucial para la defensa de los derechos humanos frente a corporaciones que, por razones diversas y complejas, gozan de privilegios en países como el nuestro.
La victoria obtenida me es particularmente grata debido a que en junio del año pasado, la oficina de Klippenstein me contrató como uno de los abogados guatemaltecos que debíamos rendir expertaje dentro del proceso. Las principales cuestiones a debatir eran la competencia del tribunal (¿Guatemala o Canadá?) y la idoneidad de los tribunales guatemaltecos para conocer este caso.
El campamento de resistencia antiminera del pueblo de Sami en Suecia fue interrumpido el lunes 29 de julio por efectivos policiales que violentamente detuvieron a seis jóvenes que resistían pacíficamente para evitar que la compañía minera Beowolf Mining empiece sus actividades de exploración minera.
2.971 habitantes del municipio de Piedras, que representan más del 99 por ciento de los participantes en una consulta organizada por autoridades locales, se pronunciaron en contra del proyecto aurífero La Colosa de la minera sudafricana AngloGold Ashanti, la tercera productora de oro en el mundo.