Desde denuncias, investigaciones y sentencias hasta posiciones en contra de los proyectos mineros formales e inscripciones en el Reinfo, los postulantes en estas zonas arrastran diversos cuestionamientos

Elmer Cáceres Llica, Luis Otsuka Salazar, Fernando Meléndez y José Nenil Medina Guerrero arrastran cuestionamientos.
Elaboración Perú21.

Carlos Hinostroza Sánchez 21/09/2026
A 14 días de las elecciones regionales y municipales, el avance de la minería informal e ilegal sigue siendo un tema de principal preocupación en la ciudadanía y las autoridades. Y es que esta actividad no solo mueve más de US$12,000 millones al año, lo que la convierte en una economía ilícita diez veces mayor que el narcotráfico, sino que ha generado un impacto irreversible en el medioambiente.

De acuerdo con cifras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la minería ilegal ha dejado, hasta el momento, más de 140,000 hectáreas de bosques de la Amazonía depredados y al menos 225 cuerpos de agua contaminados por mercurio, principalmente en Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.

Ante este escenario, es vital la elección de las autoridades subnacionales en regiones tomadas por la minería informal e ilegal y que concentran una mayor cantidad de personas inscritas en el Reinfo, como La Libertad (Pataz), Ica (Nasca), Madre de Dios, Piura, Loreto, Cajamarca, Apurímac, Puno, Arequipa y Cusco.

Sin embargo, muchos de los postulantes en estas zonas del país arrastran una serie de cuestionamientos: desde denuncias, investigaciones y sentencias hasta posiciones en contra de los proyectos mineros formales e inscripciones en el Reinfo.

Perú21 identificó ocho casos de postulantes con estos antecedentes; no obstante, hay muchos más que tendrían vínculos con la minería informal. De acuerdo con el portal Territorio Tomado, 735 candidatos con reinfo vigente o suspendido participan en estos comicios: 43 postulan a gobiernos y consejerías regionales en 15 departamentos, mientras que 692 buscan llegar a alcaldías y regidurías en 22 jurisdicciones.

CARAS CONOCIDAS
El primer personaje en la lista es Luis Otsuka Salazar, quien postula a vicegobernador regional de Madre de Dios por Somos Perú. El empresario no es alguien nuevo en política, ya que se desempeñó dos veces como gobernador y ejerció como presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), desde donde lideró varias protestas contra los operativos de interdicción a la minería ilegal.

En su momento, enfrentó hasta nueve investigaciones fiscales por presuntos delitos ambientales, contra la administración pública, lavado de activos y trata de personas con fines de explotación laboral, según una investigación de Ojo Público.

Otsuka, desde el año 1999, es titular de la concesión minera —de 300 hectáreas— llamada K-1, en Tambopata. Esta concesión atraviesa parte de la comunidad nativa Tres Islas, ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata, y ha perjudicado una porción del bosque de la zona, denunció el portal Mongabay Latam.

El excongresista y exgobernador de Loreto Fernando Meléndez busca regresar al máximo sillón loretano. El candidato de APP afrontó denuncias e investigaciones por delitos como colusión, peculado, abuso de autoridad y contra los bosques o formaciones boscosas (tala ilegal); sin embargo, fue absuelto en este último proceso, según declaró en su hoja de vida.

En octubre del 2024, Cuarto Poder denunció que su esposa, la excongresista Rosio Torres, quien fue sindicada de recortar el sueldo a sus trabajadores, habría utilizado a los colaboradores de su despacho, así como los fondos y pasajes oficiales de la semana de representación, en la campaña electoral de Meléndez al GORE Loreto, en el 2022. Por estos hechos, la Fiscalía investigó y denunció constitucionalmente a Torres por el presunto delito de peculado doloso.

¿ANTIMINEROS?

Elmer Cáceres Llica, quien postula bajo la camiseta de APP, también busca retornar al GORE Arequipa. A fines del 2021, el exalcalde provincial de Caylloma y exgobernador fue recluido en el penal de Socabaya tras ordenarse 24 meses de prisión preventiva en su contra por el caso «Los Hijos del Cóndor».

Además, fue sentenciado a siete años de prisión efectiva en otro proceso tras ser hallado responsable del delito de colusión agravada; no obstante, en octubre de 2025 recuperó su libertad luego de anularse dicha condena. Registra otras tres sentencias penales -que fueron cumplidas- por delitos como falsa declaración en proceso, entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte e incumplimiento de deberes funcionales, según consignó en su hoja de vida.

Cáceres Llica es conocido por su posición en contra de la minería formal. Durante su gestión, se opuso férreamente al proyecto Tía María al argumentar que carecía de licencia social por parte de los pobladores del Valle del Tambo en Islay. Es más, no solo se negó a dialogar con el Ejecutivo, sino que lideró y azuzó las protestas en dicha zona.

Otro candidato que, al parecer, tiene una posición en contra de la minería formal es José Nenil Medina Guerrero, quien postula al GORE Cajamarca por JPP. Pese a que aún no ha sido elegido para el cargo, ya puso condiciones para dar viabilidad a tres proyectos mineros que se encuentran en espera: La Granja, El Galeno y Michiquillay.

“Todos los proyectos que cuenten con licencia social serán bienvenidos, siempre y cuando parte del canon minero se destine a agricultura, a mejoramiento de hospitales y, sobre todo, al beneficio de las comunidades adyacentes al proyecto y a la participación ciudadana”, indicó a la prensa en julio pasado.

“Nosotros no vamos a permitir situaciones y proyectos (mineros) de envergadura que se impongan prácticamente a sangre y fuego a nuestra ciudadanía. Nosotros vamos a estar en contra de ello”, añadió el también exalcalde de Anguía.

La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, indicó que La Granja, El Galeno y Michiquillay están en la lista de proyectos mineros que se buscan destrabar para que la economía peruana pueda crecer al 6%

VÍNCULOS MINEROS

El ingeniero civil Gerardo Cabrera postula al GORE Piura por Salvemos al Perú. Entre los años 2011 y 2015 trabajó como especialista en construcción y montaje de plantas mineras de las empresas Las Lomas Doradas, Empresa Carbocol. S.A.C., entre otras. Además, en la compañía Lima Mining and Trading Company S.A.C. se desempeñó como especialista en la gestión y tramitaciones para la compra, acopio, procesamiento, comercialización y exportación de metales y minerales, específicamente de oro, según indicó en su cuenta de la red social LinkedIn.

De acuerdo con el portal Territorio Tomado, no solo figura como excluido del Reinfo, sino que también se encuentra dentro del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) del Ministerio de Energía y Minas como comprador, vendedor y refinador de oro.

Una situación similar ocurre con Gustavo Gutiérrez, quien postula al GORE Apurímac bajo la camiseta de Acción Popular. El también exalcalde provincial de Chincheros se encuentra en la lista de excluidos del Reinfo, según el mismo portal. Su inscripción correspondía a una actividad ubicada en el distrito de Kishuara, provincia de Andahuaylas; sin embargo, Gutiérrez negó haber tenido una inscripción en dicho padrón minero y dijo que se trataría de un error.

Los dos últimos casos corresponden a los candidatos Juan Rodríguez, quien postula a la alcaldía distrital de Phara (Sandia-Puno) por la alianza Así-JPP, y José Sandoval, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía provincial de Nasca (Ica). Rodríguez se desempeña como gerente general de la empresa J & R Minera Purísima E.I.R.L., dedicada a la exploración de minas y canteras y a la venta por mayor de metales y minerales. Tiene acciones en dicha empresa, así como en Exploraciones Altamira S.A.C.

A su vez, registra un reinfo vigente en el distrito puneño de Alto Inambari. Su concesión minera se llama «Sagitario 2015». En su hoja de vida declaró tener otras seis concesiones mineras; sin embargo, tres de ellas fueron transferidas a otras personas y/o empresas.

En tanto, Sandoval se desempeñó como asistente legal de la Municipalidad Provincial de Nazca y ejerció como abogado de la empresa minera Oro del Sur E.I.R.L. hasta este año. En mayo pasado, se le adjudicó una concesión minera de 100 hectáreas denominada «Cerro Colleja», ubicada en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa.

ANÁLISIS

En diálogo con Perú21, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, recalcó que la elección de los futuros gobernadores, sobre todo en zonas tomadas por la minería informal e ilegal, es clave, tras recordar que estas autoridades subnacionales tienen competencia en la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal.

“Muchas veces las autoridades regionales y municipales tienen llegada directa al Congreso y se utiliza esa posición para llevar la agenda de los mineros informales a espacios de poder como el Ejecutivo y Legislativo, donde inciden sobre sus intereses particulares versus los intereses que deberían representar”, indicó.

Además, recordó que, en el pasado, muchos gobernadores regionales azuzaron a la población de sus jurisdicciones para levantarse y protestar contra los proyectos mineros formales, por lo que insistió en la necesidad de revisar los antecedentes de los postulantes.

«Si estos candidatos tienen procesos, sanciones o, en el pasado, representaron los intereses de la minería informal, debería generarnos preocupación en el sentido más amplio, porque su prioridad no será hacer obras, sino van a priorizar la agenda de la minería informal e ilegal», advirtió.

No obstante, precisó que una persona que tiene un reinfo vigente no está prohibida de participar en la vida política. «Obviamente genera preocupación que los candidatos tengan un reinfo, pero eso no es ilegal. Que nos genere preocupación o que éticamente sea cuestionable, bienvenido, pero no es ilegal», remarcó.

Por su parte, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, indicó que es importante la elección de autoridades idóneas en zonas tomadas por la minería informal e ilegal. Según dijo, esta actividad ilegal no solo ha ocupado una gran cantidad de espacio y territorio de estas regiones, sino que se viene enfrentando a la minería formal, al atacar sus instalaciones y campamentos.

«Ya hemos visto este problema en Pataz, con Poderosa, pero también en otras zonas donde hay proyectos mineros que están todavía en fase de exploración, como Michiquillay, en Cajamarca, o Haquira y Las Bambas, que tienen zonas ocupadas, campamentos incendiados y no les dejan avanzar con la exploración. Entonces, la minería informal e ilegal retrasan operaciones, lo mismo ocurre en Conga. Esto no es solo una responsabilidad del Ejecutivo, hay mucho que los gobiernos regionales tienen mucho que hacer», aseveró.

LAS CIFRAS DE LA MINERÍA ILEGAL

Un reciente estudio del IPE advirtió que la exportación de oro de origen ilegal desde Perú continúa expandiéndose. En el primer semestre del 2026, creció 19.4%, mientras que la de origen legal cayó 5.9%. Como resultado, en esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado.

«Para el cierre del 2026, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. Este volumen representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado por el Perú», señala el informe.

Se estima que, al cierre de este año, el valor exportado de oro de origen ilegal alcanzaría al menos los US$16,000 millones y podría superar los US$18,000 millones. Esto es, como mínimo, casi 9 veces más que lo registrado hace una década y 39% más que en 2025 (US$ 11,500 millones).

En paralelo, las denuncias por minería ilegal crecieron un 53%, según el IPE. Entre enero y abril de este año, las denuncias presentadas ante la Fiscalía llegaron a 1,025. Esto es 53% más que lo reportado en el mismo periodo del 2025.

Madre de Dios es la región con más denuncias por minería ilegal. Concentró el 35% de las denuncias nacionales (359 casos), más del triple que en el mismo periodo del 2025. Le siguen Áncash y Ucayali (55 casos), y Puno (47 casos). Otras regiones que duplicaron sus denuncias son Lambayeque y San Martín, mientras que en Puno los casos se triplicaron.
https://peru21.pe/politica/regiones-tomadas-por-la-mineria-ilegal-los-candidatos-bajo-la-lupa/?amp

Cooperaccion 18/09/2026

La manera en que se distribuyen los recursos del Presupuesto de la República permite tener una idea de las prioridades que el Estado establece frente a los distintos problemas que deben ser abordados. Partiendo de una lectura estrictamente presupuestal, hasta ahora, la reducción de la minería ilegal y la política de formalización minera (dos partidas específicas dentro del presupuesto) han sido los componentes con los que el Estado peruano ha pretendido abordar este tema.

¿Cómo han evolucionado estas partidas?
Entre 2020 y 2026, el presupuesto del programa para reducir la minería ilegal (partida presupuestal 0128) mostró una tendencia creciente, aunque con algunas variaciones. Luego de registrar S/ 68 millones en 2020 (el nivel más bajo), los recursos asignados alcanzaron los S/ 178.1 millones en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)[1] de 2026, el monto más alto del período analizado.

Hay diferentes formas de leer las cifras de esta partida: en relación al PIM del año 2026, en el proyecto de presupuesto que acaba de ser presentado para el próximo año (Presupuesto Institucional de Apertura -PIA- 2027), se registra una reducción de S/ 65.1 millones. En cambio, si se compara el PIA 2026 con el del 2027, se registra un aumento: de S/ 83 millones a S/ 101 millones (+21.7%).

¿Cuánto representa este monto dentro de los recursos asignados a los programas presupuestales de la función Orden Público y Seguridad? Apenas el 1% del presupuesto previsto para el próximo año.

Cabe señalar que una parte importante de los recursos de este programa están orientados a acciones de control e interdicción. En contraste, son limitadas las intervenciones destinadas a recuperar de manera efectiva el control del territorio mediante estrategias sostenidas e integrales en el tiempo.

Tabla: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2020 – 2026 y proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2027

*Proyecto de presupuesto.
Fuente: MEF. Elaboración: CooperAcción.
Por otro lado, como se puede apreciar en la tabla, el presupuesto destinado a la formalización de la pequeña minería y minería artesanal (PP 0126), muestra una tendencia decreciente en los últimos años. Luego de alcanzar S/ 26.8 millones en 2020, los recursos asignados a la partida presupuestal 0126 se han reducido progresivamente. Para el proyecto de PIA 2027,se propone una asignación de S/ 14 422 378. De aprobarse, el presupuesto destinado a este programa alcanzaría su nivel más bajo en el período 2020-2027.

¿Se puede encarar una política seria y sostenida de formalización de la pequeña minería y minería artesanal con estos recursos? De ninguna manera. Que quede claro, la formalización minera y la lucha contra la minería ilegal no ha sido una prioridad en los últimos años y tampoco lo será el próximo año, bajo la administración del nuevo gobierno.

[1] El PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) es el presupuesto inicial asignado a una entidad pública al comenzar el año fiscal, mientras que el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) es el presupuesto actualizado que resulta de sumar o restar modificaciones a lo largo del año.

www.cooperaccion.org.pe

Milagros Choque 14/09/2026
Recursos utilizados por la minería ilegal fueron destruidos.

Las Fuerzas Armadas destruyeron recursos valorizados en más de S/ 8.3 millones durante un operativo contra la minería ilegal en Inambari. La intervención incluyó 15 campamentos, nueve balsas y cientos de materiales.
Un nuevo golpe a la minería ilegal se ejecutó en Madre de Dios. Las Fuerzas Armadas destruyeron bienes y recursos logísticos valorizados en más de S/ 8.3 millones. La intervención ocurrió en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, según informó el Ministerio de Defensa.

El operativo estuvo dirigido por el Comando Operacional del Sur, mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía. Los efectivos ingresaron en helicópteros a Quebrada Gamitanal, Aguas Negras y Otorongo. Se trata de sectores de difícil acceso que eran utilizados como bases para actividades de minería ilegal.

La intervención permitió sacar de circulación 15 campamentos rústicos y nueve balsas. También fueron inutilizados nueve motores, una moto carguero y tres generadores eléctricos. A esto se sumaron 14 tolvas, 800 metros de tubo metálico y 500 metros de tubo PVC.

El operativo también permitió inutilizar 1 200 metros de cuerda de acero, 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos. Estos materiales formaban parte de la infraestructura utilizada para sostener las operaciones ilegales. En la acción participaron además la Policía Nacional, el Sernanp y el Ministerio Público.

El Ministerio de Defensa señaló que el objetivo es reducir la capacidad operativa de la minería ilegal en esta zona de la Amazonía. “La acción fue dirigida contra la infraestructura y los recursos logísticos que permiten el funcionamiento de las operaciones de minería ilegal en esta zona de la Amazonía”, indicaron.
DATO
La minería ilegal en Perú mueve entre US$11.500 y 12 mil millones al año y representa casi el 50% del oro exportado.
https://evidencia.pe/destruyen-equipos-de-mineria-ilegal-por-s-8-3-millones-en-madre-de-dios/

La región registra 21 conflictos sociales y continúa como la segunda región con mayor conflictividad del país, según el reporte 269 de la Defensoría del Pueblo. Tania Cáceres Ortega, jefa de la Oficina Defensorial de Puno, informó que 19 casos están activos y dos permanecen latentes.

Los conflictos socioambientales son los más numerosos, seguidos por los relacionados con minería ilegal y demarcación territorial. Los casos de minería ilegal se concentran principalmente en La Rinconada y zonas de la selva puneña, donde la Defensoría realiza monitoreo y labores de mediación.

La Defensoría informó que, también vigila el incremento del precio de los combustibles ante el riesgo de un alza en las tarifas de transporte, situación que podría generar reclamos y nuevos conflictos sociales.
Redacción: Patricia Cari

Puno suma 21 conflictos sociales y alerta por posibles protestas

La Comunidad Campesina de Tinco, en Yauyos (Lima), cumple su tercer día de paro indefinido y también mantiene bloqueada la vía hacia la mina Corona, en protesta por incumplimientos del grupo Alpayana sobre el uso de terrenos comunales, contratación con la empresa comunal y otros.
12/08/2026

La Comunidad Campesina de Tinco, en la provincia de Yauyos (Lima), mantiene desde el domingo 9 de agosto un paro indefinido con bloqueos de la vía Chupaca-Yauyos en protesta contra Sociedad Minera Corona, del grupo Alpayana, por una serie de compromisos que la comunidad considera pendientes desde hace más de un año.

Los pobladores colocaron piedras y otros obstáculos en la carretera de acceso a la operación minera para restringir el tránsito de vehículos vinculados a la compañía.

Pero el conflicto no comenzó con el bloqueo. La comunidad ya había formalizado sus reclamos ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y cuestionado las respuestas que recibió de Sociedad Minera Corona.

En una carta del 1 de julio, la Comunidad Campesina de Tinco y su empresa comunal ECOSEM Tinco expresaron su disconformidad con la posición de la minera y señalaron que, después de más de un año de reuniones y mesas de trabajo, no habían obtenido soluciones concretas.

La comunidad identificó como asuntos pendientes Cabecera de Vado, el proyecto Titimina, el Fondo de Responsabilidad Social, el Camino Real, el Plan de Relaciones Comunitarias, los monitoreos ambientales, su participación en el MEIA-d y las oportunidades laborales y servicios para ECOSEM.

Reclamo por terrenos comunales
La comunidad sostiene que Alpayana utiliza una faja de terreno de su propiedad por donde pasa la carretera de acceso a la operación minera y reclama el pago correspondiente por ese uso.

En su comunicación al MINEM, Tinco incluyó la falta de pago por el uso continuo de terrenos comunales entre los compromisos que considera incumplidos.

El comunero Wilmer Juan de Dios sostuvo que la comunidad ya delimitó el terreno y que la empresa habría reconocido su propiedad. Según afirmó, Alpayana considera que este asunto ya quedó solucionado, pero la comunidad mantiene su posición contraria.

“Ellos aducen que ya hemos arreglado, pero no es cierto”, señaló.

Juan de Dios explicó que por ese sector pasa la carretera hacia la mina y que la comunidad reclama una contraprestación por el uso de sus terrenos.

Cuestionan contratación de ECOSEM
Otro frente del conflicto involucra a ECOSEM Tinco, la empresa comunal que presta servicios a la operación minera. Según Juan de Dios, la comunidad ha pedido que Alpayana tome en cuenta a ECOSEM para la contratación de servicios y genere mayores oportunidades económicas para la población.

La carta remitida al MINEM detalla algunos de estos reclamos.

Uno de ellos corresponde al servicio de hotelería, lavandería y mantenimiento menor, que, según la comunidad, debía comenzar el 1 de mayo de 2026, pero no fue adjudicado a la empresa comunal.

Otro corresponde al servicio de camiones cisterna. Tinco señala que ECOSEM reajustó su propuesta económica y solicitó flexibilizar el requisito de antigüedad de sus unidades, pero finalmente el servicio fue otorgado a terceros. La comunidad cuestiona además que otras empresas operen con vehículos que aparentemente superarían los parámetros exigidos inicialmente a ECOSEM.

La comunidad también sostiene que ECOSEM continúa prestando algunos servicios a la operación minera pese a que existen contratos pendientes de regularización.

Más de un año de reuniones
La comunidad sostiene que durante más de un año participó en reuniones, coordinaciones y mesas de trabajo con representantes de la minera, pero que estos espacios no produjeron soluciones concretas.

En su carta, Tinco afirma que esta situación provocó una pérdida progresiva de confianza en los representantes de Relaciones Comunitarias de Alpayana. La comunidad incluso señala que no considera viable continuar negociando con los mismos funcionarios y pide que futuras conversaciones involucren a representantes de mayor nivel dentro del grupo empresarial.

La Asamblea General Extraordinaria de Tinco, realizada el 31 de mayo de 2026, acordó declarar su disconformidad con los incumplimientos atribuidos a la minera, considerar agotados los espacios de diálogo sostenidos durante más de un año, exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes y ejecutar las decisiones adoptadas por la comunidad.

Minera no acudió a reunión con el Minem
El Ministerio de Energía y Minas convocó este miércoles a una reunión entre representantes de la comunidad de Tinco y de Alpayana, y según informó Juan de Dios, los representantes de la empresa no acudieron a la convocatoria.

Dicha ausencia impidió el diálogo y los comuneros amenazan con radicalizar su medida de fuerza.

En ocasiones pasadas, la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana trasladó a Alpayana la respuesta presentada por Tinco y le pidió evaluar los planteamientos de la comunidad y entregar una respuesta con copia al ministerio para realizar el seguimiento institucional.

El MINEM también convocó a Alpayana a una reunión virtual para el 14 de julio, con el objetivo de abordar los reclamos planteados por Tinco y realizar las coordinaciones correspondientes.

La comunidad no se opone a la minería
Tinco sostiene que su protesta no busca impedir la actividad minera.

En su pronunciamiento, la comunidad señala que está a favor de una minería responsable, pero exige respeto a sus derechos territoriales, cumplimiento de los compromisos asumidos y oportunidades de desarrollo para la población y su empresa comunal.

También reclama atención a sus preocupaciones ambientales y plantea la intervención de entidades como el MINEM, MINAM, OEFA, SENACE, ANA y la Defensoría del Pueblo. En su carta al ministerio, la comunidad señala que continuará defendiendo sus derechos territoriales, ambientales, económicos y sociales ante estas instituciones.

Comuneros de Tinco bloquean vía Chupaca-Yauyos en protesta por incumplimientos de mina Corona

30/07/2026
Con un discurso que duró 54 minutos, Keiko Fujimori inició su mandato, anunciando que ofrecía método, disciplina, trabajo y una ruta clara. Lo cierto es que, con la lectura de un documento de 14 páginas, se iniciaron los 1826 días que va a durar su gestión. “Ni un día más”, ha dicho la nueva gobernante.

El discurso anuncia una serie de políticas y un conjunto de obras, en principio, organizadas en 7 objetivos: emergencias y seguridad ciudadana; la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos; apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, con calidad y disponibilidad de infraestructura; la construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos, que facilite la inversión y el desarrollo; garantizar la sostenibilidad fiscal; el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y las instituciones; el fortalecimiento de la política exterior, priorizando la construcción de alianzas para la integración.

Objetivos tan amplios que, en realidad, cada uno agrupa a más de uno y que están acompañados de un conjunto de iniciativas que terminan siendo una sumatoria de generalidades, con metas poco realistas, una lista de obras de infraestructura y varios otros ofrecimientos.

Pero más allá del discurso, lo que hay que comenzar a mirar con atención es el pedido de delegación de facultades que ha preparado el Ejecutivo para que, durante 120 días, pueda legislar en diversas materias.

En los documentos que han comenzado a circular desde el 29 de julio, las facultades solicitadas abarcan materias tan amplias como: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción y protección de la micro y pequeña empresa, fomento de la formalización, promoción del empleo y la protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, temas tributarios, reforma del Estado, facilitación del comercio, entre otros.

Por ejemplo, en minería se anuncia que se dictarían medidas para optimizar el marco normativo aplicable a todos los estratos y modalidades de este sector, incluyendo la promoción de la inversión, simplificación de requisitos, competitividad, en materia ambiental, formalización, otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones, catastro, permisos, autorizaciones y certificaciones, propiedades superficiales, trazabilidad, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.

De manera más precisa, en materia ambiental se pretendería aplicar el silencio administrativo positivo a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, incluso cuando un proyecto se ubique o se superponga con áreas naturales protegidas, territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos, así como cuando le corresponda un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). También se buscaría excluir de la obligación de contar con un instrumento de gestión ambiental a las intervenciones de reposición, mantenimiento o mejoramiento que se ejecuten sobre infraestructura existente. Las opiniones vinculantes deberán ser emitidas dentro del plazo máximo previsto y si este vence sin pronunciamiento, la opinión se tendrá como favorable.

Otra propuesta en materia ambiental apunta a permitir que la certificación ambiental se efectúe de manera diferenciada por tramos o componentes, según el nivel de impacto de cada uno, sin afectar la evaluación integral del proyecto y se incorporaría una excepción a la pérdida de vigencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos que todavía no hayan iniciado la etapa de ejecución física (¿Tía María?). En relación a los títulos habilitantes que correspondan a los gobiernos regionales y locales, se plantea la aprobación automática de los permisos, autorizaciones, licencias y demás títulos habilitantes. En suma, todo un paquete de desregulación ambiental que suena como música celestial para el empresariado minero.

En materia tributaria, se pretendería eliminar la posibilidad que la SUNAT demande una resolución del Tribunal Fiscal, en función de los intereses del Estado peruano. Según la fundamentación del texto de delegación de facultades, lo que se pretende buscar es la mejora la seguridad jurídica (de las empresas) y evitar la litigiosidad.

El discurso del 28 de julio y sus confusos 7 objetivos, pretenden materializarse en esta delegación de facultades que puede terminar siendo un tremendo paquetazo anti derechos ambientales, laborales, sociales y demás. Habrá que ver la capacidad de respuesta que tendrá la Cámara de Diputados que, en una primera instancia, deberá revisar el pedido del Ejecutivo.
Cooperaccion

Agustín de Vicente 15/07/2026
Estudio advierte sobre posibles protestas en zonas mineras si el gobierno acelera proyectos de cobre que afectan comunidades rurales con histórico rechazo electoral.
La estrategia acelerada de inversión minera que planea impulsar la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, desde su asunción el 28 de julio, enfrenta un escenario de alta conflictividad social en territorios productores, según advierte un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú divulgado esta semana.

El análisis señala que la mayoría de las principales regiones mineras del país votaron en contra de Fujimori en las elecciones, lo que incrementa el riesgo de tensiones si su gobierno acelera la aprobación de proyectos sin gestionar adecuadamente el rechazo comunitario y las preocupaciones ambientales.

Perú es el tercer productor mundial de cobre y concentra aproximadamente 64 mil millones de dólares en inversiones mineras planificadas, muchas de ellas localizadas en regiones rurales empobrecidas donde las comunidades locales reportan beneficios limitados e incremento de preocupaciones por degradación ambiental.

Proyectos en la mira: Tía María y Río Blanco
El proyecto Tía María de Southern Copper (NYSE: SCCO), con una inversión de 1.800 millones de dólares y aprobado para iniciar operaciones en 2027, figura como uno de los principales focos de potencial conflictividad, según David Velazco, defensor ambiental de la organización local Fedepaz.

Velazco también identificó posibles tensiones alrededor de Río Blanco, proyecto de cobre de la empresa china Zijin, que enfrenta resistencia comunitaria histórica en la región.

Promesas de redistribución y medidas aceleradoras
Fujimori ha comprometido acelerar la inversión minera mediante un sistema de aprobación rápida e incentivos tributarios. También propuso que 40% de los ingresos mineros se destinen a poblaciones locales, medida que busca reducir tensiones pero que requiere implementación clara para generar credibilidad.

La minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas, lo que hace crítica su continuidad para la economía nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha documentado cerca de 200 conflictos sociales activos, de los cuales 64 están vinculados a disputas mineras y ambientales.

Southern Copper y Zijin no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre el análisis del Observatorio.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/07/fujimori-mineria-peru-conflictividad-social-cobre