Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.
El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego, quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.
Por su parte, […]
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Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.
El anuncio del inicio del proyecto minero Quellaveco ha despertado ánimos optimistas sobre la futura evolución de las inversiones mineras en el país. Se comienza a hacer proyecciones sobre otros proyectos que podrían confirmarse en los próximos meses y años.
A través de una carta oficial, la Comisión Europea –órgano ejecutivo de la Unión Europea- expresó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del Perú en temas laborales y ambientales. 
A siete años de la aprobación de la ley de Consulta Previa nos preguntamos si realmente este derecho de las poblaciones indígenas se está cumpliendo. En el Perú, el 25,6%[1] de la población se autoidentifica como indígena, lo cual evidencia la importancia de un enfoque intercultural para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, los numerosos conflictos socioambientales relacionados con actividades extractivas, demuestran que hay aún grandes deficiencias para la implementación de la consulta previa.
Mediante un comunicado a la opinión pública
El impacto de las industrias extractivas es agresiva a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde a mujeres.
Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana (ayer) que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales.
Alrededor de 60 ciudadanos y ciudadanas del distrito de Madrigal (provincia de Caylloma, Arequipa), caminaron durante 9 horas hasta el campamento minero del proyecto en exploración “Mayra”, de la empresa Buenaventura, para realizar una protesta por presunta contaminación del río Palca.