Perú

Estrenan documental sobre Marcona, primer y único productor de hierro en Perú

Marcona es un distrito al sur de Perú que extrae hierro desde los años 50, siendo el primer y único distrito productor de este metal en el país. A pesar de su potencial pesquero y turístico, tiene casi la totalidad de su territorio concesionado a empresas mineras: 78% de su territorio está bajo concesión.

La productora Hiperactiva Comunicaciones estrenará en el mes de febrero su primer largometraje, Entre el hierro y el mar, documental que aborda la compleja relación entre minería y desarrollo.

El distrito Marcona, ubicado al sur del Perú, en la región Ica, es el escenario sobre el que se desarrolla el filme. En este distrito se extrae hierro desde los años 50. El 78% de su territorio está concesionado a empresas mineras: Shougang tiene 40% del territorio y Marcobre el 38%.

El largometraje profundiza en la forma en que la actividad minera afecta la economía local y las dificultades que existen para lograr la diversificación productiva y contar con infraestructura estratégica, pese a las enormes potencialidades que presenta Marcona y a los ingresos que supone la distribución del canon y las regalías.

Asimismo, da cuenta de la enorme brecha social que existe en la provisión de servicios públicos: Marcona desde hace cinco años no cuenta con un hospital y el suministro del agua y la luz lo provee la mina. El largometraje abre la discusión sobre si la minería por sí misma puede generar desarrollo y plantea la necesidad de repensar esa relación en un país que la promueve como una de sus principales actividades económicas.

Otras aristas son los incumplimientos ambientales, laborales y de salud, que son abordados en el documental de la voz de los propios habitantes y autoridades, quienes narran lo que ha significado convivir con la minera china Shougang desde el año 1992.

Para las entidades estatales que promueven la inversión y los funcionarios de la minera Shougang, esta empresa realiza sus actividades de manera responsable. Sin embargo, en el filme se puede constatar la disputa territorial, la afectación de la economía local, la contaminación y la violación de derechos laborales.

Entre las cifras presentadas se pueden encontrar: más de 17 huelgas indefinidas -realizadas cada año por parte de los trabajadores mineros exigiendo sus derechos-; tercerización irregular del 69% trabajadores; 3,000 trabajadores aproximadamente bajo services; Shougang tendría pendiente el reintegro de más de 70 mil soles a cada trabajador, de acuerdo a un laudo que ha ganado en tres instancias de justicia el Sindicato de Empleados de Shougang.

Otro dato a resaltar es que en la Memoria Anual 2018 de Shougang, la empresa reconoce que tiene denuncias tanto administrativas como civiles y laborales de OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL por un monto superior a los 5 mil millones de dólares.

“Entre el hierro y el mar” es un documental de la periodista y documentalista Maga Zevallos, el documental cuenta con el apoyo de la ONG CooperAcción.

Los teaser del documental se encuentran en los siguientes enlaces:
– Versión Español
– Versión Portugués
– Versión Inglés

Teaser animado

Cartilla informativa

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/estrenan-documental-sobre-marcona-primer-y-unico-productor-de-hierro-en-peru/?fbclid=IwAR1cnNRJFDmY4bdNgsvvghpg8pbJ8UO6s48FXMsW6fhTcEQHE6AgECpWbTs

Perú

Se reinicia audiencia contra líderes comunales en caso de conflicto con Las Bambas

Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.

Por octava vez se instaló la audiencia que durará los días hasta el 24 del presente mes. Se recuerda que el pasado 24 de octubre no se pudo instalar el juicio oral, por lo que se reprogramó la audiencia de juicio para este 20 de enero del 2020. La suspensión del juicio en octubre se debió a la reiterada ausencia de un intérprete quechua y la inasistencia de cuatro pobladores y sus abogados.

En esa oportunidad La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho indicó que se había dispuesto el cambio de juez, por lo que creía conveniente  invocar a la audiencia del lunes 20 de enero del 2020. El juez explicó que será una semana entera de sesiones continúas y adelantó que se tendrán declaraciones de testigos, revisiones de peritos y más.

Preocupa a los pobladores de la zona que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otras acusaciones. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada a favor de la empresa minera MMG, dueña del proyecto minero Las Bambas. Según la defensa de los líderes comunales, habría una serie de contradicciones y falta de pruebas por parte de la defensa del Estado en relación a la serie de acusaciones.

Cabe resaltar que en esta oportunidad se hicieron presentes decenas de representantes de las comunidades involucradas en el caso para expresar su respaldo a los líderes comunales que están siendo investigados. También manifestaron su descontento con las fallas en la traducción del intérprete quechua que participa de las audiencias.

 

Desde Tambobamba seguiremos informando.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-reinicia-audiencia-contra-lideres-comunales-en-caso-de-conflicto-con-las-bambas/

Perú

Caso Anabi: La lucha digna de los defensores del medio ambiente

¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.

Y, ¿Qué pasaría si el ofendido en un delito cometido ofrece sus propios testigos y en base a sus declaraciones se condena, a quien el ofendido, acusa de haberle hecho daño a pesar de que no tiene pruebas? El rol de la Fiscalía es la averiguación de un delito de la manera más objetiva posible, para que después acuse en base a pruebas a quienes han cometido el delito, pero, si la Fiscalía hace solamente lo que le pide el ofendido y no realiza mayor investigación, es como, si estuviéramos volviendo a la época de la justicia privada, donde el ofendido, construye sus pruebas y sus argumentos para condenar al supuesto delincuente. La fiscalía, nos debería dar la garantía de que eso no sucederá y que en toda investigación penal, debe primar por encima de todo lo establecido en nuestra Constitución Política, en lo referente a la plena vigencia de los derechos fundamentales. Un contexto similar al expuesto, están enfrentando las y los defensores del medio ambiente del Cusco, que en los próximos días podrían ser condenados a mínimamente 20 años de prisión efectiva. En las siguientes líneas resumo los hechos.

La agenda de los defensores ambientales de Llusco:

Entre diciembre del 2011 y enero y febrero del 2012,  comunidades campesinas de Llusco, distrito de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, realizaron varios paros para pedir que el Gobierno cumpla con garantizarles su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que la empresa minera ANABI SAC, no contamine más su territorio. Intentaron dialogar con la empresa minera, pero esta no estuvo muy disponible al diálogo. Exigieron que intervengan algunas instituciones del Estado, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el OEFA, el Gobierno Regional, etc. Se instalaron mesas de diálogo y a la mayoría de ellas, no fue la empresa minera. Tampoco el Gobierno cumplió sus promesas hechas en esos espacios de diálogo.

Lo que reclamaba la población era que la empresa no contamine su cuenca, sus ríos y sean atendidos en sus demandas por la muerte de sus animales o por el paso de los camiones en una carretera bastante estrecha, que levantaban polvareda que malograba sus terrenos y perturbaba su tranquilidad. Pedían asimismo que el Estado a través del OEFA haga monitoreos ambientales. Y, que el Estado exija que la mina no les contamine y no les perturbe su tranquilidad.

Reclamaron con la presentación de varios documentos ante distintas instancias del Gobierno, hicieron paro, instalaron mesas de diálogo y nunca les hicieron caso. Se quedaron con el problema, pero, no sólo eso, la empresa minera Anabi, denunció a los dirigentes por diversos delitos y la fiscalía luego formalizó la denuncia.

 

El proceso judicial en contra de los defensores ambientales.

Cuando se realizó el paro, la empresa minera denunció bloqueo de carreteras, bajo la figura penal de disturbios y entorpecimiento de los servicios de transporte. Algunos de sus trabajadores denunciaron haber sido víctimas de secuestro. Denunciaron robo agravado por la sustracción de dos de sus camionetas, las que luego de un tiempo les fueron devueltas. También denunciaron daños agravados, porque se incendió su campamento, y otros delitos más.

La Fiscalía, sin mayor investigación, asume esas denuncias de parte de la empresa minera y no se le ocurre mejor idea, que responsabilizar de esos delitos a los defensores del ambiente. Es decir, siguiendo posiblemente la lógica de la empresa minera, usar el derecho penal, para terminar con los que reclaman y exigen la no contaminación. Visto desde el lado de la empresa minera, creemos que probablemente la verdadera intención ha sido paralizar al movimiento social que estaba marchando en contra de ellos para exigirles que no contaminen.

Paralizando a los dirigentes, no habría más marchas, más paros y más reclamos porque les atemorizarían. Esto podemos concluir de lo que se tiene hasta ahora como resultado del proceso penal, y lo especificamos en mejor modo:

Después de nueve años, el proceso judicial en contra de los defensores del medio ambiente, se encuentra en su etapa final. En el juicio que se viene llevando a cabo ante el Juzgado Penal Colegiado de Cusco, presidido por la Juez Yépez Provincia, se ha hecho evidente que:

  • No se ha probado el bloqueo de la carretera, las fotos que se han visto y los testigos que han pasado no han probado que se dio esa situación. Los defensores mencionan que los vehículos de la empresa seguían circulando y que básicamente la concentración de la población fue en la plaza de armas de Llusco y posteriormente en el campamento minero, donde siempre exigían diálogo.
  • En relación al delito de secuestro, sólo habla uno de los testigos que habría sido víctima de la retención a su libertad, pero todo lo que dice, no está corroborado por ninguna otra prueba. Por ejemplo, menciona que estuvo retenido en un hotel, que fue llevado a la posta hasta en dos oportunidades, que le llevaban a comunicarse por teléfono al cerro, que se sometió a un examen psicológico, que fue retenido por las rondas campesinas, y estuvo retenido con otras dos personas más, y que fue liberado por la Policía. La Fiscalía, no corrobora ninguno de esos dichos, no fue nunca al hotel, no fue nunca a la posta, no llamo a ninguno de los otros dos retenidos, no tomo el testimonio de los efectivos policiales que le habrían liberado. No hizo nada para corroborar esa información y con eso pretende ahora que se sentencie a los defensores del ambiente. Pensamos que si se habrían hecho esas corroboraciones se habría contado otra historia y que los defensores no estuvieron incursos en ese delito tan grave. ¿Creerán los jueces esa versión?
  • En relación al delito de daños agravados se ha dicho que eran los defensores del ambiente quienes provocaron el incendio. Durante el juicio oral, no se ha evidenciado la presencia de ellos en el incendio del campamento minero. Ni siquiera existen huellas dactilares, no está bien determinado que causo el incendio. Los defensores sí estuvieron en el campamento para dialogar y después se retiraron. Y, eso ha aparecido en los videos.

No habría motivos para que se les sentencien como coautores de los delitos antes mencionados. Lo que ha pasado es que a nivel probatorio, se ha logrado establecer que todos los testigos eran trabajadores de la empresa minera y probablemente tienen un interés en involucrar a los defensores que son la parte contraria, pero, políticamente. Lo más fácil para la fiscalía fue involucrar a los defensores que eran los más conocidos, sin embargo, durante el juicio aparecieron otros nombres.

 

El derecho a la protesta es un derecho constitucional.

Se aproxima la sentencia que se va a dictar, este artículo es solo un pequeño adelanto de lo que se ha ido dando en el desarrollo del juicio. Es claro que a los diez defensores se les somete a un proceso penal por delitos muy graves, por el solo hecho de haber ejercido sus derechos constitucionales a la protesta,  libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que no se debe usar el derecho penal para criminalizarles y tratarles como los peores delincuentes.

Sería muy injusto, que después de haber sido contaminados, expropiados de sus territorios, haber denunciado ante las instituciones del Estado y estas no les hayan hecho caso, ahora procesados, termine esto en una sentencia, solo por haber defendido su territorio y su ambiente. Y, haber representado valientemente a su población. Lo que debería hacerse es proteger a estos defensores que con su actitud y sus propuestas en el fondo están pidiendo ser atendidos y escuchados.

Esperamos que se haga justicia.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/caso-anabi-la-lucha-digna-de-los-defensores-del-medio-ambiente/?fbclid=IwAR0qW4m8n8UOrGAiKDQYqkL3ZMm1RLTZ9niIWJLRmU_RitCPxJaadGT4ICE

Perú

Cusco: Piden 35 años de cárcel y casi US$ 3 millones contra campesinos

ACUSACIÓN. Diez exdirigentes de Chumbivilcas promovieron protestas contra la presunta “contaminación” de minera Anabi. Juicio termina este lunes y sentencia se daría antes del 31 de enero.

Una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) exigía el retiro de la empresa, que tenía una mina en explotación en la comunidad de Pumallacta, distrito de Quiñota. Temían la contaminación del río de la zona.

Hubo movilizaciones, bloqueos, soldadura de puentes, retención de vehículos mineros y un incendio del campamento de Anabi. Según el fiscal, William Solier, en aquella protesta hubo “secuestros”.

Culminado el conflicto, diez dirigentes fueron denunciados por siete delitos: secuestro, violación de domicilio por penetrar en negocio ajeno, robo agravado, destrucción de bienes muebles e inmuebles, contra medios de transporte, contra el normal funcionamiento del transporte público, y disturbios.

No obstante, son dos hechos, atribuidos por el fiscal, los que agravan la situación de los exdirigentes. Se los responsabiliza de prender fuego al campamento “causando grave daño a los bienes muebles e inmuebles de las empresas Anabi SAC, Maya SAC, Solexport, Ajani y Club Anabi”. Según Solier, los manifestantes también “secuestraron” a funcionarios y trabajadores. Los campesinos y sus abogados niegan los cargos, y acusan al Gobierno y la minera de una “criminalización de las protestas sociales”.

Suma de penas

El fiscal Solier consideró que hubo concurso real de delitos. Es decir, siete delitos cuyas penas privativas de la libertad deben sumarse. Así fijó penas que suman 60 años, pero, en cumplimiento del Código Penal (artículo 50), la sumatoria no puede superar los 35 años.

Entonces, los diez acusados podrían ser condenados a 35 años de cárcel. Sus defensores, Sergio Sullca y Ramiro Llatas, cuestionan la “desproporcionada pretensión fiscal” y la falta de un “fundamento” que los culpabilice. “Ni para los peores criminales piden 35 años de cárcel y a nosotros, los campesinos que luchamos por el medio ambiente, nos quieren meter tantos años”, cuestiona uno de los acusados, que prefiere el anonimato.

En efecto, ni el exdictador Alberto Fujimori, autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibió una pena de esa dimensión. Inclusive se podría decir que solo Abimael Guzmán, el sanguinario terrorista, sería más peligroso que los exdirigentes chumbivilcanos.

«La conducta dirigencial no debe confundirse con la criminal. Los dirigentes cumplieron con abrir el diálogo entre el Ejecutivo, la minera y la sociedad civil en medio de una protesta; por eso, fueron acusados. Suponer que la sola condición de dirigente es un indicio de conducta delincuencial es criminalizar la protesta”, refirió Sergio Sullca.

Incluso, el gobierno regional, en un comunicado, respaldó a los comuneros y expresó su confianza en que el Poder Judicial garantizará una decisión objetiva e imparcial. Los acusados son Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Ataucuri Chávez y Samuel Acero Hurtado. También son Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.

“Los denunciados son autoridades locales y dirigentes, opositores a Anabi, promovidos por intereses personales y electorales futuros”, sostiene el fiscal William Solier.

Por otro lado, la reparación civil que pagarían sería millonaria. Si los hallan culpables, darán en forma solidaria S/ 231 000 al Estado y la sociedad, así como a las empresas Muruhuay, Sloj SRL y Solexport, y a sus trabajadores; mientras que US$ 2 577 747 millones a las compañías Anabi SAC y Maya.

 

Caso tendría sentencia a fines de enero

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cusco tiene la tarea de juzgar este caso. El lunes se desarrollarán las dos últimas audiencias (una por la mañana y otra por la tarde-noche). Dictarán sentencia —sea condenatoria o absolutoria— antes del 31 de enero, porque en febrero empiezan las vacaciones judiciales. Será una sanción en primera instancia.

Cada día que se realizan audiencias, hay plantones de ciudadanos en el frontis de la Corte Superior de Justicia. Piden que los acusados sean declarados inocentes. Los jueces tienen la última palabra.

 

Fuente:https://larepública.pe/sociedad/2020/01/26/cusco-piden-35-anos-de-carcel-y-casi-us-3-millones-contra-campesinos-lrsd/?fbclid=IwAR2nrZAXwn9It7eGztj2aQJEdMXlKrc0Cb00x1TInWJWMqGrCgIjaGpuxGk

 

 

Perú

Las Bambas: inician paro en Challhuahuacho por incumplimiento de acuerdos

El 21 de enero se inició un paro preventivo de 48 horas en la localidad de Challhuahuacho, (Cotabambas, Apurímac) en reclamo por el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empresa minera MMG Limited (a cargo de la mina Las Bambas) y el Estado peruano.

La medida de protesta ha sido convocada por la Federación Campesina de Challhuahuacho, el Frente de Defensa, comunidades del distrito y también es respaldada por el Sindicato de Construcción de Cotabambas. Las vías han sido bloqueadas impidiendo el transporte de la producción de Las Bambas. En simultáneo, en la ciudad de Lima se lleva a cabo el diálogo entre representantes de las comunidades y el Gobierno.

En el pronunciamiento las comunidades señalan que ya han pasado cuatro años y los acuerdos han sido incumplidos. Además, denuncian que las comunidades han sido dejadas de lado en el diseño del plan para la provincia de Cotabambas y las autoridades siguen entorpeciendo la ejecución de los proyectos de desarrollo local. El documento señala a su vez que el gobernador regional de Apurímac, Lantaron Baltazar Nuñez, estaría incumpliendo parte de los compromisos suscritos.

Las comunidades denuncian una actitud hostil por parte de la empresa MMG con sus voceros. Finalmente, exigen detener el proceso judicial que se sigue contra los dirigentes denunciados por parte de la empresa minera y del Estado peruano.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/21/las-bambas-inician-paro-en-challhuahuacho-por-incumplimiento-de-acuerdos/

Perú

Chumbivilcas anuncia nueva paralización por impactos de Las Bambas

Mediante un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas han anunciado el inicio de una paralización frente a la falta de atención de sus demandas sobre los impactos del proyecto minero Las Bambas.

“Nuestras comunidades vienen exigiendo a la compañía MMG Las Bambas y al Gobierno Central desde hace muchos años el respeto a nuestros derechos humanos y territorio”, señalan en el oficio enviado.

Los dirigentes de esta provincia cusqueña han acordado el reinicio de una huelga indefinida desde el 27 de enero, a la que sumarían la provincia de Espinar y otras del corredor minero, según se indica en la carta. Denuncian que se les habría impuesto decretos de urgencia que “nos quitan nuestras tierras a cambio de nada, declarando a la carretera que es de uso privado como carretera de interés nacional.” Consideran que han agotado todas las instancias con el Estado y la empresa minera, ya que llevan más de seis años intentando que se les escuche: han pasado por mesas técnicas y diálogos con las autoridades nacionales y regionales que, lamentablemente, no han tenido éxito.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/21/chumbivilcas-anuncia-nueva-paralizacion-por-impactos-de-las-bambas/?fbclid=IwAR3GXC0dOhfogWks7WNocl_SgikGwu8dkPN-wCQEOcH1r-olEA20CnUsWSI

Perú

Espinar: crece tensión por aprobación de proyecto Coroccohuayco

Funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) se reunieron el 20 de enero en el distrito de Pallpata (Espinar, Cusco) con la finalidad de elaborar un informe sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco de la empresa minera Glencore.

La reunión fue convocada por el Ministerio del Ambiente luego de las protestas iniciadas días atrás por el distrito de Pallpata, por haber sido excluido de la zona de influencia directa del proyecto minero.

De acuerdo con estudios técnicos elaborados por especialistas convocados por la población y la Municipalidad Distrital de Pallpata, el proyecto Coroccohuayco generaría impactos ambientales significativos en dicho distrito, como por ejemplo la contaminación del Río Salado y el polvo que como consecuencia de las operaciones mineras. A pesar de esto y que el distrito envió solicitudes al SENACE exigiendo que se socialice la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental antes de aprobarse, Pallpata fue excluido de la zona de influencia directa.

Frente a un conflicto social que viene escalando en la zona, el SENACE ha mostrado disposición para explicar los contenidos de la modificatoria aprobada. Sin embargo, los alcaldes de los distritos de Pallpata, Pichigua, Ocoruro, Alto Pichigua y Condoroma, dirigentes comunales y de organizaciones sociales rechazaron la presentación de dicho informe en la reunión del 20 de enero y exigen la presencia del Presidente del Consejo de Ministros y que se anule la resolución de aprobación de la MEIA.

Los dirigentes han dado plazo hasta el 27 de enero para confirmar la reunión con Vicente Zevallos e indican que de no anularse la aprobación de la MEIA convocarían a un paro provincial.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/21/espinar-crece-tension-por-aprobacion-de-proyecto-coroccohuayco/

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Cusco: Podrían sentenciar a 30 años de prisión a defensores ambientales de Chumbivilcas

El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.

Los delitos que se le imputan a los dirigentes sociales son: secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros.

Historia de la protesta

En el año 2011, las comunidades campesinas originarias del distrito Llusco, provincia de Chumbivilcas, acudieron ante el Estado para denunciar la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Anabi SAC. Pese a múltiples pedidos, los dirigentes no fueron escuchados. Sin embargo, ante las movilizaciones desarrolladas posteriormente, el gobierno instaló una mesa de diálogo en enero del 2012. Esta mesa en la que estuvieron el presidente de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales, la empresa minera Anabi y la población, llegó al acuerdo de realizar monitoreos ambientales en la zona impactada, cuyos resultados serían presentados públicamente ante la población de Llusco; cosa que nunca pasó.

Debido al incumplimiento, la población volvió a la protesta, y en el contexto de las movilizaciones, la empresa denunció que el 05 de febrero del 2012 habían incendiado su campamento minero. Tras ese hecho, la empresa denunció a varios dirigentes por diversos delitos; y la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia contra nueve hombres y una mujer.

No hay pruebas

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, cabe señalar que en el transcurso de la investigación no se han presentado fotos, videos u otra prueba que demuestre que los dirigentes sociales fueron los responsables del incendio del campamento minero. Solamente se han presentado como prueba, las declaraciones de ex trabajadores de la empresa minera. Contradictoriamente la misma jueza no quiere aceptar como medio probatorio las declaraciones de los dirigentes sociales acusados.

Sentencia

Las y los defensores están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro. La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades; pues no existe evidencia de su participación en los actos.

Uno de los abogados de los 10 dirigentes acusados, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, miembro de la Red Muqui, lamenta que la jueza Yépez Provincia haya rechazado el Amicus Curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Amicus Curiae rechazado

El abogado relata que la jueza rechazó de plano el Amicus Curiae presentado por mesa de partes, señalando que el plazo para presentar aportes probatorios ya pasó. Confundiendo que el Amicus Curiae es un derecho constitucional que pretende aportar al razonamiento jurídico para la fundamentación de la sentencia y no un medio probatorio

La jueza no ha valorado el Amicus Curiae. “Están procesando a defensores del ambiente y el territorio. Ellos estaban ejerciendo derechos constitucionales y no estaban ahí para cometer delitos”, señala el abogado, sobre el contenido del Amicus Curiae.

Audiencia final

Finalmente, el abogado agregó que la jueza se ha mostrado reticente a valorar las declaraciones de 5 de los 10 dirigentes acusados, señalando que las declaraciones no tienen valor probatorio, ante la solicitud de que el día de mañana, además de los alegatos finales a presentarse, también puedan ser escuchados 5 dirigentes sociales acusados. A pesar de la actitud de la jueza, los dirigentes acusados hablarán en defensa propia y colectiva. ”Lo que tendría que hacer la jueza es demostrar que los dirigentes no están diciendo la verdad, no señalar que sus declaraciones no tienen valor probatorio”, finalizó Ramiro Llatas.

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/cusco-podrian-sentenciar-a-30-anos-de-prision-a-defensores-ambientales-de-chumbivilcas/

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Piura: Denuncian que minera Río Blanco quiere cambiar directivas comunales y genera violencia

A la denuncia por intromisión de los directivos chinos de empresa minera Río Blanco Copper en un taller interno de las rondas campesinas de Ayabaca el 09 de noviembre, de la que fueron retirados. Ahora, la Central Única de Rondas de Ayabaca – sede Huaylcuy y el colectivo por Ayabaca, denuncian que la empresa continúa su estrategia por lograr la viabilidad del proyecto minero en sus territorios a través de operadores en las comunidades que quieren forzar el cambio de directivas comunales sin respetar la ley de rondas y comunidades campesinas.

 

Denuncian que, a través de comuneros pagados por la empresa minera, están generando hechos de violencia con tal de lograr el cambio de directivas ronderas que, finalmente, aprueben la realización del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

 

 

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/piura-denuncian-que-minera-rio-blanco-quiere-cambiar-directivas-comunales-y-genera-violencia/?fbclid=IwAR0Kb5Jo6gj6ChZMsFP_lc_3cSJu-9gIq8Uj2LogchAyH_b1zdLd8YS2Uhc

Perú

Destruyen campamento minero ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán

Un campamento minero ilegal que operaba dentro del Parque Nacional Huascarán (Áncash) fue destruido en un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Ministerio del Ambiente (Minam) a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Durante la intervención, realizada en la provincia de Carhuaz, también se hallaron socavones, carros mineros, herramientas y equipos que eran utilizados para realizar la extracción ilegal de minerales en esta área natural protegida.

Durante el operativo no se hallaron a responsables de esta ilegal actividad, por lo que el personal policial y guardaparques del área protegida continúan realizando patrullajes permanentes en la zona a fin de evitar la presencia de mineros que trabajan al margen de la ley.

La intervención se realizó como parte de la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2017-2021) que se implementa de manera articulada con el objetivo de erradicar esta ilegal actividad en las áreas naturales protegidas. Según Sernanp, los primeros resultados de esta iniciativa han permitido erradicar la presencia de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal El Sira.

DATOS:

  • El Parque Nacional Huascarán abarca parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba en el departamento de Áncash. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas y es uno de los más emblemáticos del país ya que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú.
  • El área protegida alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar.
  • Fue creado en 1975 y en 1977 fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO; y en 1985 fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO.

 

Fuente:https://www.actualidadambiental.pe/destruyen-campamento-minero-ilegal-dentro-del-parque-nacional-huascaran/?fbclid=IwAR1iecsMFbJfF_Qf-Ec16OFqhvPmG7tlpm8agbTBivFdFQBphXVq7ON8S3s