Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.
(Foto: Archivo GEC)
Zenaida Condori Contreras, Colaboradora de El Comercio en Arequipa
15/01/2021
El conflicto social más antiguo en Arequipa es Tía María. Los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado más de 10 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas.

La primera semana de este año dos hechos incitaron las movilizaciones en el valle. Las banderas verdes de “Agro sí, mina no” se volvieron a agitar en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón. El pasado 6 de enero, en la sesión solemne del aniversario de Mollendo (capital de la provincia Islay), el alcalde provincial, Edgar Rivera, le entregó el “Diploma de la Ciudad” a la empresa minera Southern Perú por el apoyo que brinda durante la pandemia por la COVID-19.

Apenas los antimineros se dieron tiempo para asimilar este hecho, pues recibieron la noticia de la sentencia a sus dirigentes. El 7 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el adelanto de sentencia contra los dirigentes del Valle de Tambo por haber cometido diversos delitos durante las protestas del 2015.
Castigo

Los magistrados encontraron responsabilidad en tres dirigentes y otros 13 fueron absueltos. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien fue presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de extorsión contra Southern Perú, entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Como Gutiérrez ya cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva, solo será encerrado 13 años y tres meses.

Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quién en el 2015 fue alcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

Además, el Colegiado Penal dispuso que Jesús Cornejo pague una reparación civil de S/35.000 por entorpecimiento de los servicios públicos. Entre Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz tendrán que abonar S/500.000 a favor del Estado por los disturbios y entorpecimientos de los servicios públicos. Asimismo, entre los tres condenados deberán pagar adicionalmente S/100.000 por los motines.

De otro lado, el Colegiado absolvió de todos los cargos formulados por el Ministerio Público a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Roger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 29 de enero.
Reacciones

“Rechazamos el fallo del Poder Judicial porque ahora cualquiera que proteste puede ser sentenciado. Basta de la criminalización de la protesta social. No se condena a los luchadores sociales, ellos son defensores de los derechos. Los abogados han presentado un escrito para que cese la orden de captura. De igual manera rechazamos que una empresa asesina haya sido reconocida por el alcalde provincial de Islay”, declaró el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza.

En el Ministerio Público, por el contrario, hubo satisfacción por la sentencia. La fiscal María Alejandra Cárdenas, que investigó el caso cuando trabajaba en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, publicó en su cuenta de Facebook: “Después de tantos años acabó un proceso que trajo muchos sinsabores a mi carrera (…) Asumí porque tenía y debía servir a mi patria. La violencia, el caos, las restricciones de tránsito, el miedo de aquellos que no eran mayoría y que hizo que dejaran sus hogares (…). No se trataba de ‘agro sí y mina no’, sino de orden y respeto al derecho y la opinión (…). Gracias familia por no flaquear ante los insultos inmerecidos, falsos que recibía, ante las amenazas, hoy estoy contenta no por mí, sino por mi Arequipa”.

No obstante, los sentenciados se mantienen en la clandestinidad y las manifestaciones han retornado. Este último martes una caravana de agricultores del Valle de Tambo se movilizó pacíficamente desde Cocachacra hasta la ciudad de Mollendo. Los agricultores se transportaron en camiones hasta La Rotonda y luego caminaron más de cinco kilómetros para llegar a la capital de su provincia. Protestaron contra el alcalde Edgar Rivera por el reconocimiento a la empresa minera y contra la sentencia del Poder Judicial. Este jueves, un grupo de antimineros llegó hasta la sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa para mostrar su rechazo por el fallo.
El proyecto minero

Desde el 2009, la empresa Southern Perú busca desarrollar su proyecto minero que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año. Cada intento por llevarlo a cabo ha desatado un conflicto social. Entre el 2011 y 2015 los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han cobrado la vida de siete personas. En el 2019 se dio un paro que duró más de 100 días y que generó que los estudiantes estuvieran a poco de perder el año escolar.

Southern Perú tiene los permisos de ley para su proyecto. Tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 8 de julio del 2019 recibió la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si bien el proyecto fue suspendido por 120 días a raíz de las protestas y demandas legales de anti mineros, en octubre de ese mismo año el Consejo de Minería ratificó la licencia de construcción de Tía María. El proyecto que tiene una inversión de US$1.400 millones está paralizado hasta que obtenga la licencia social.

“No hay mayor avance. En su momento el Gobierno se pronunció de que no se iniciaba la construcción. Nosotros seguimos con el trabajo de socialización, aplicando todos los protocolos de seguridad, ya nos estamos posicionando. Desde el año pasado ya no usamos a Valle Unido para la relación con las autoridades y la comunidad. Ahora es Tía María. La inversión sigue disponible para iniciar el proyecto. Siempre tenemos la esperanza”, indicó a El Comercio el jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern Perú, Paul Lostaunau.
Acciones

Luis Zapata, vocero de Arequipeños por Arequipa, un colectivo que respalda la inversión en la región, lamentó que el proyecto se haya convertido en una “papa caliente” que las autoridades no quieren sacar adelante. Dice que, ante la crisis que se vive por la pandemia, Tía María sería una palanca para reactivar la economía. Zapata manifestó que si vuelven las paralizaciones y protestas violentas, su colectivo también actuará en pro del desarrollo.

El proyecto minero es de competencia nacional. El expresidente Martín Vizcarra dijo que sin licencia social no se puede empezar el proyecto. El sector empresarial, que espera la reactivación económica, está a la expectativa de la posición que vaya a tomar el nuevo presidente Francisco Sagasti. Asimismo, las autoridades regionales de Arequipa han hecho poco para impulsar el proyecto. La exgobernadora Yamila Osorio asumió una posición neutral y de diálogo que no rindió frutos.

El actual gobernador, Elmer Cáceres, ha tomado partido por los manifestantes y con la bandera verde de “Agro sí, mina no” se ha puesto en contra de la empresa minera. Por su accionar fue acusado de incitar protestas y bloqueo de vías.
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-el-conflicto-social-que-se-ha-reavivado-en-el-valle-de-tambo-arequipa-nczg-noticia/

Imagen: La República
15/01/2021
El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

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(VIDEO)
A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Además del rechazo a la sentencia, expresaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
14/01/2021 Pamela Zárate M. Regional Avatar

Un grupo de pobladores del valle de Tambo llegó hasta la ciudad de Arequipa. Ellos protestaron en rechazo a la sentencia contra dos de sus dirigentes, quienes lideraron las protestas en contra del proyecto minero Tía María en el 2015. La manifestación fue liderada por la esposa de Jesús Cornejo, el abogado Héctor Herrera Herrera, y el actual vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme.

Este último reiteró que con esta sentencia, Southern busca impones el miedo entre los pobladores, para evitar sus protestas. Consideró que como resultado del fallo judicial se criminalizarán las protestas sociales.

A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Quienes, a su vez, manifestaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
Conflicto social en Arequipa que dura 12 años

Las protestas en contra del proyecto minero Tía María cumple 12 años. Los enfrentamiento ocasionaron la muerte de seis pobladores y un policía. Aquí una breve cronología del conflicto social más álgido de Arequipa:

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto en Arequipa y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.

Pobladores del valle de Tambo llegan a Arequipa en rechazo a sentencia a dirigentes (VIDEO)

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 14 de enero de 2021
Foto: Servindi
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el pasado 15 de diciembre, el proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades exigen a las autoridades que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

Las autoridades de la provincia de Huancavelica se reunieron el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua. Asimismo, anunciaron que presentarán formalmente ante el Minem el pedido para anular dicha resolución.

La comisión que se presentó estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión, y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el Minem, observaciones en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones de Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al no considerar estos argumentos, el Minem no tomó en cuenta la autonomía del Gobierno Regional ni la de Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Pero eso no es todo, pues al aprobar la DIA, el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

Este memorial fue presentado el lunes 11 ante el Minem y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

Pedido formal

En tanto, la regidora Elsa Benavente informó que el pedido de nulidad de la resolución que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, se presentará formalmente antes del 22 de enero.

Dirigentes condenados a prisión por disturbios y motín, pasaron a la clandestinidad y anuncian apelación
10/01/2021 El Búho
Como un baldazo de agua fría cayó en el Valle de Tambo la noticia de condenas de cárcel efectiva para tres dirigentes de las protestas contra Tía María. Aunque la condena mayor es para el exdirigente principal, Pepe Julio Gutiérrez, la preocupación se centra en los dirigentes Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo; y Jaime de la Cruz Centeno, exalcalde de Deán Valdivia. Ellos fueron condenados a más de 7 y 12 años de cárcel, respectivamente, «por el hecho de ser dirigentes … lo que quieren es amedrentar a cualquiera que continúe nuestra lucha justa», se ha oído decir.

Así, los opositores al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú, anuncian una nueva protesta para el próximo jueves 14. La Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), la central sindical que agrupa a los principales sindicatos de la ciudad, ha anunciado su apoyo.

Por su parte, las organizaciones populares de Islay también han expresado su apoyo a los dirigentes y critican duramente la sentencia, según este pronunciamiento. Ellos anuncian una protesta para el día 29 de enero, fecha en que se dará lectura al íntegro de la sentencia.

Paso a la clandestinidad

Dado que el colegiado dictó órdenes de captura para que los condenados cumplan prisión provisional hasta que la sentencia quede consentida, han pasado a la clandestinidad. Así lo confirmó su abogado, Héctor Herrera Herrera, quien anunció que presentará un recurso de nulidad a la resolución. De no prosperar su pedido, anunció un Hábeas Corpus al considerar excesiva la medida de cárcel en tanto la sala superior, confirme o revoque la sentencia de primera instancia.

Herrera dijo que, normalmente, la orden de prisión se hace efectiva si la sentencia es confirmada en una segunda instancia, lo que no ha ocurrido en este caso. También criticó el hecho que los jueces sentenciaran a sus defendidos (Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz), por los delitos accesorios que planteó la fiscal; no así por los principales en los que centró su defensa, que quedaron desestimados: Asociación Ilícita para Delinquir y Extorsión.

protesta Tía MaríaMarcha de sacrificio de alcaldes del Valle de Tambo, en marzo 2015. Se ve a Jaime de la Cruz y Richard Ale, cuando arriban a la plaza de armas de Arequipa.

Añadió que los delitos de Entorpecimiento de los Servicios Públicos, disturbios y motín, no se han probado y solo existen testimonios en contra de sus defendidos. Al mencionar la figura de «no ejecutores», como se les ha calificado, comparó el conflicto con cualquier otra protesta. «Si es así, los líderes políticos que apoyaron o incentivaron las recientes protestas en el país deberían estar presos», dijo. «Los han sentenciado por ser dirigentes», concluyó.

Extorsión a Southern Perú
Pepe Julio Gutierrez.Pepe Julio Gutiérrez es detenido en mayo 2015 por 2 años y 9 meses, debido a los llamados «Pepeaudios».

En cuanto a Pepe Julio Gutiérrez, condenado a 16 años de prisión, Herrera Herrera aclaró que no patrocina su defensa; pero que siendo una actitud repudiable la que se refleja en los audios, el delito de extorsión que se le imputa, tampoco estaba probado.

Gutiérrez, quien ya purgó prisión preventiva por 2 años y nueve meses (que deberán descontarse de su pena) tampoco es habido. Su abogado, Vladimir Fuentes, dijo que no habla con él desde el día jueves, en que se dio lectura al anticipo de sentencia.

La fiscal del caso, María Alejandra Cabana Ocsa, tampoco está conforme con la sentencia y estudia una apelación. Insistiría en la tesis de la Asociación Ilícita para delinquir en la que comprendió a 17 personas. Catorce de ellas fueron absueltas, entre los que se incluye a los exalcaldes Richard Ale, José Ramos Carrera y Hélard Valencia. También al dirigente popular Jorge del Carpio Lazo y al propio abogado Héctor Herrera.

También fue absuelto del cargo de cómplice primario en el intento de extorsión a Southern, el abogado Jesús Gómez Urquizo, quien grabó conversaciones con Pepe Julio Gutiérrez que ahora sirven para incriminarlo.
Criminalizar la protesta

El abogado Herrera y los otros abogados de la defensa en esta causa, coincidieron en que la dura sentencia para los 3 dirigentes, estaría destinada a desalentar nuevas protestas contra Tía María. Según esta postura, los dirigentes no pueden ser responsables de todos los actos que ocurran en el transcurso de la protesta. En el caso concreto, señalan que no se ha probado la relación de los actos denunciados con los condenados. Es decir, rechazan la responsabilidad «no ejecutora», pues tendría qu probase objetivamente que ellos dieron las órdenes par la realización de disturbios o daños a la propiedad pública.

«Una protesta es un derecho y no quiebra la institucionalidad ni el Estado de Derecho», afirman.

Hitos del conflicto por Tía María

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.

Tía María: claves de un conflicto que dura 12 años y alista nuevas protestas

Norma tiene alcance nacional, e incluye registro oficial de personas afectadas
08/01/2021
El Ministerio de Salud aprobó una importante norma. Una directiva que estandariza el procedimiento en la atención integral de salud a las comunidades expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas

La norma tiene alcance nacional y contribuirá a mejorar el acceso y atención integral de salud a las comunidades expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas . Se prioriza a las poblaciones indígenas u originarias.

Se fortalecen las acciones de vigilancia ambiental y epidemiológica para la identificación de factores de riesgos; la promoción de la salud y gestión territorial; la atención de salud integral y especializada, que incluyen exámenes complementarios de acuerdo a criterio médico, seguimiento, consejería y comunicación de riesgos, dirigidos a la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

Un punto importante es que subraya la importancia de diálogo intercultural, el cual debe ser abierto y respetuoso, tomando en cuenta el aspecto linguistico. Ello promueve y practica la tolerancia.

La directiva enmarca claramente las responsabilidades y los ámbitos de competencia, por lo que se determina que el MINSA brindará asistencia técnica a las regiones para su implementación.

Otro aspecto de suma importancia, establece el seguimiento individual que deben realizar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), mediante el registro en el padrón nominal de personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

De igual manera se ordena el registro de las personas atendidas por el sistema de salud, algo importante para comenzar a dimensionar qué tan extenso es el tema.

Las atenciones de salud integral y especializada se brindarán mediante oferta de salud fija, móvil o telemedicina, de acuerdo a las necesidades y siguiendo los procesos de referencia y contrarreferencia establecidos.
https://cborrador.lamula.pe/2021/01/08/estandarizan-procedimiento-en-la-atencion-de-las-comunidades-expuestas-a-metales-pesados/cristinaluna/

07/01/2021
Después de casi 6 años de proceso judicial
Juzgado Penal Colegiado de Arequipa declara inocentes a 10 agricultores
y 1 abogado criminalizados por el simple hecho de ejercer legítimamente
su derecho fundamental a la protesta social
El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa leyó, el día de hoy, la
sentencia por la cual absuelve a 10 agricultores del Valle del Tambo (distrito de Cocachacra,
provincial de Islay, Región Arequipa) y 1 abogado injustamente acusados por la comisión de delitos
de asociación ilícita para delinquir, extorsión, disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de los
servicios públicos, motín y conspiración para motín (Expediente No. 2545-2015, Especialista Legal
Delbert Salas) y para los cuales la fiscalía solicitaba condenas de hasta 12 años de pena privativa de
la libertad; agricultores quienes, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social, se
manifestaron, nuevamente, entre marzo y mayo de 2015, en contra de la decision estatal de
autorizar el desarrollo del Proyecto Minero Tía María.
En efecto, en la antes referida sentencia se señala que oponerse a la realización de un Proyecto
minero no es un acto delictivo en sí mismo, citando la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha
2 de junio de 2020 (STC 0009-2018-PI/TC) y recogiendo los argumentos de la defensa proporcionada
por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ; precisa, además, que el derecho
a la protesta es un derecho fundamental con el que cuenta toda persona para oponerse a una
decision gubernamental con la que no está de acuerdo.
Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo,
en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de
manifestaciones públicas en contra la decision estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero
denominado Tía María que consideraban que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas,
así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su
derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado. Asimismo, protestaban en
forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27
de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto
minero y si a la agricultura.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represion indiscriminada contra los
agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y
la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diveros delitos a dichos agricultores que no
hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social.
Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decision de los agriculores del Valle del
Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y
una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso aldesarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en
desarrollar el Proyecto Minero Tía María.
En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a los agricultores de formar una asociación ilícita
para delinquir, a tráves del denominado Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo. Con relación
a ello, el Juzgado Colegiado sostuvo, en forma enfática, que si bien existió una organización con
vocación de permanencia no se acreditó en el desarrollo del Juicio Oral que dicha organización se
haya constituido para fines delictivos. Por el contrario, señaló el Juzgado Colegiado que lo que si se
había acreditado es que el fin de dicha organización era oponerse a la realización del proyecto
minero antes referido, lo cual no es un hecho ilícito en sí mismo, por lo que correspondía absolver
a todos los agricultores de dicho delito.
Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión del delito de extorsión, disturbios,
entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, motín y conspiración para motín por
parte de 10 de los agricultores 1 abogado acusados y juzgados, por lo que decidió absolverlos.
Precisando que, con argumentos absolutamente contradictorios, otros 3 agricultores si fueron
condenados.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no
gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que en este proceso
judicial asumió la defensa legal de 5 de los agricultores procesados que fueron exonerados de toda
responsabilidad penal, expresa su satisfacción con esta resolución, porque, reitera, fueron acusados
falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto en evidencia la condenable estrategia
estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos,
se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de
amedrentarlos y evitar que sigan protestando.
Sin perjuicio de ello, expresa su rechazo contra la misma sentencia en la parte que condena a 3
agricultores porque, considera que, para ello, el Juzgado Colegiado se equivocó, utilizando
argumentos contradictorios y señalando hechos que la fiscalía no logró probar en el juicio oral.

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11/01/2021
Imagen: Andina
Para propios y ajenos pero amantes del mango y limón del Valle de San Lorenzo, fue una sorpresa la publicación de los decretos supremos el pasado 8 de diciembre que otorgan 21 concesiones mineras y facultan a adquirir tierras y otros a la empresa canadiense Nuevo Arcoiris SAC.

El total de concesiones se superponen territorialmente a 16,300 hectáreas, que equivalen al 41% del total de extensión del Valle irrigado por el reservorio de San Lorenzo; 20 de las 21 concesiones se ubican en el distrito de Tambogrande, provincia de Piura. Sacudidos de la ingrata sorpresa, en pleno gobierno nacional de transición y emergencia del que no esperaban tal imposición y recordando el decreto supremo de 1999 en tiempos de Fujimori que otorgó derechos a la minera canadiense Manhattan Minerals Corp., el 18 de ese mes se dieron cita las principales organizaciones agrarias y sus autoridades municipales desarrollando en los hechos una Asamblea Distrital donde confluyeron en la defensa del Valle y acordaron la ruta para lograr la derogatoria de los D.S. 027-2020-EM y 028-2020-EM.

En esa ruta, este 12 de enero, la delegación de Tambogrande liderada por su Alcalde distrital se reunirá con la Presidenta del Congreso de la República a fin de avanzar en la gestión acordada por decisión social y municipal de defender el Valle y hacer respetar el resultado del Referéndum que determinó basar el desarrollo distrital en el agro y rechazar la minería. Así lo informa la nota de prensa municipal publicada: “Continuando con la agenda de Defensa del valle de San Lorenzo y Tambogrande ante pretensiones mineras. El alcalde Distrital de Tambogrande, Alfredo Rengifo Navarrete, sostendrá el día martes 12 del presente, una importante reunión con la presidenta del congreso de la república, Mirtha Vásquez Chuquilín” (Facebook municipal 10 enero 2021).

El primer paso avanzado ha sido el Acuerdo del Concejo 112-2020-MDT-CM, por unanimidad, publicado el 31 de diciembre en el diario La República. Entre los considerandos se asume la determinación de afirmación en el agro y el rechazo de la minería resultante del Referéndum del 02 de junio 2002 y la puesta en marcha del desarrollo alternativo productivo principalmente con el Proyecto “Bienestar Tambogrande”. Entre sus acuerdos principales está la defensa de los resultados del Referéndum en todas las instancias de la administración pública (Art. 1); exigir al Poder Ejecutivo la derogatoria de los D.S 027 y 028-2020-EM (Art.2); exhortar a los congresistas representantes de Piura la elaboración de un Proyecto de Ley que derogue dichos D.S (Art. 3); derogar y dejar sin efecto el Acuerdo de Proinversión que incorpora el proyecto referido a la explotación de las concesiones mineras integrantes del yacimiento minero TG-3 del proyecto Algarrobo (Art. 4).

El segundo paso avanzado ha sido la reunión con las Autoridades competentes del Poder Ejecutivo. Cumpliendo con el mandato social y municipal, la comisión liderada por el Alcalde Distrital de Tambogrande se reunió el 8 de enero con la primera ministra Violeta Bermúdez y el ministro de energía y minas Jaime Gálvez Delgado, donde el Alcalde les habría advertido que aún era tiempo de corregir esa medida, derogando los decretos en cuestión y les habría anunciado de la decisión expectante del pueblo de Tambogrande para hacer valer y defender la voluntad popular del 02 de junio del 2002 que rechazó la actividad minera en el distrito. Al final de la reunión, la premier les habría hecho saber que incorporaría esta petición de derogatoria de los decretos supremos en el pleno del Consejo de Ministros del 20 de enero.

¿En qué se basa la Municipalidad Distrital de Tambogrande para afirmar que se afectaría el próspero Valle?

En el conocimiento de los productores de las comisiones de regantes donde se ubican los predios y en los resultados de la georreferenciación municipal de las coordenadas de las 21 concesiones mineras publicadas en el Diario El Peruano cruzado con el mapa de predios y centros poblados ubicados en el distrito de Tambogrande. Desde el 16 de diciembre, las autoridades municipales estaban en capacidad de sustentar Mapa en mano, que el área de 20 concesiones del total (21) se ubican en el distrito de Tambogrande abarcando alrededor de 15,400 has (del total de 16,300 ha), las que se superponen a 20 centros poblados, 2 tramos de las quebradas San Francisco y Cruceta; y, 1,131 de predios agrícolas de propiedad privada, de posesionarios, de cooperativas; predios con recursos hídricos e infraestructura de riego; principalmente ubicados en las zonas Curvan y Cruceta, así como parcialmente ubicados en las zona de Malingas, de Tejedores, de Valle de los Incas y de Pedregal. Ver el detalle en el Cuadro adjunto.Cruceta, así como parcialmente ubicados en las zona de Malingas, de Tejedores, de Valle de los Incas y de Pedregal. Ver el detalle en el Cuadro adjunto.

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