La región registra 21 conflictos sociales y continúa como la segunda región con mayor conflictividad del país, según el reporte 269 de la Defensoría del Pueblo. Tania Cáceres Ortega, jefa de la Oficina Defensorial de Puno, informó que 19 casos están activos y dos permanecen latentes.

Los conflictos socioambientales son los más numerosos, seguidos por los relacionados con minería ilegal y demarcación territorial. Los casos de minería ilegal se concentran principalmente en La Rinconada y zonas de la selva puneña, donde la Defensoría realiza monitoreo y labores de mediación.

La Defensoría informó que, también vigila el incremento del precio de los combustibles ante el riesgo de un alza en las tarifas de transporte, situación que podría generar reclamos y nuevos conflictos sociales.
Redacción: Patricia Cari

Puno suma 21 conflictos sociales y alerta por posibles protestas

La Comunidad Campesina de Tinco, en Yauyos (Lima), cumple su tercer día de paro indefinido y también mantiene bloqueada la vía hacia la mina Corona, en protesta por incumplimientos del grupo Alpayana sobre el uso de terrenos comunales, contratación con la empresa comunal y otros.
12/08/2026

La Comunidad Campesina de Tinco, en la provincia de Yauyos (Lima), mantiene desde el domingo 9 de agosto un paro indefinido con bloqueos de la vía Chupaca-Yauyos en protesta contra Sociedad Minera Corona, del grupo Alpayana, por una serie de compromisos que la comunidad considera pendientes desde hace más de un año.

Los pobladores colocaron piedras y otros obstáculos en la carretera de acceso a la operación minera para restringir el tránsito de vehículos vinculados a la compañía.

Pero el conflicto no comenzó con el bloqueo. La comunidad ya había formalizado sus reclamos ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y cuestionado las respuestas que recibió de Sociedad Minera Corona.

En una carta del 1 de julio, la Comunidad Campesina de Tinco y su empresa comunal ECOSEM Tinco expresaron su disconformidad con la posición de la minera y señalaron que, después de más de un año de reuniones y mesas de trabajo, no habían obtenido soluciones concretas.

La comunidad identificó como asuntos pendientes Cabecera de Vado, el proyecto Titimina, el Fondo de Responsabilidad Social, el Camino Real, el Plan de Relaciones Comunitarias, los monitoreos ambientales, su participación en el MEIA-d y las oportunidades laborales y servicios para ECOSEM.

Reclamo por terrenos comunales
La comunidad sostiene que Alpayana utiliza una faja de terreno de su propiedad por donde pasa la carretera de acceso a la operación minera y reclama el pago correspondiente por ese uso.

En su comunicación al MINEM, Tinco incluyó la falta de pago por el uso continuo de terrenos comunales entre los compromisos que considera incumplidos.

El comunero Wilmer Juan de Dios sostuvo que la comunidad ya delimitó el terreno y que la empresa habría reconocido su propiedad. Según afirmó, Alpayana considera que este asunto ya quedó solucionado, pero la comunidad mantiene su posición contraria.

“Ellos aducen que ya hemos arreglado, pero no es cierto”, señaló.

Juan de Dios explicó que por ese sector pasa la carretera hacia la mina y que la comunidad reclama una contraprestación por el uso de sus terrenos.

Cuestionan contratación de ECOSEM
Otro frente del conflicto involucra a ECOSEM Tinco, la empresa comunal que presta servicios a la operación minera. Según Juan de Dios, la comunidad ha pedido que Alpayana tome en cuenta a ECOSEM para la contratación de servicios y genere mayores oportunidades económicas para la población.

La carta remitida al MINEM detalla algunos de estos reclamos.

Uno de ellos corresponde al servicio de hotelería, lavandería y mantenimiento menor, que, según la comunidad, debía comenzar el 1 de mayo de 2026, pero no fue adjudicado a la empresa comunal.

Otro corresponde al servicio de camiones cisterna. Tinco señala que ECOSEM reajustó su propuesta económica y solicitó flexibilizar el requisito de antigüedad de sus unidades, pero finalmente el servicio fue otorgado a terceros. La comunidad cuestiona además que otras empresas operen con vehículos que aparentemente superarían los parámetros exigidos inicialmente a ECOSEM.

La comunidad también sostiene que ECOSEM continúa prestando algunos servicios a la operación minera pese a que existen contratos pendientes de regularización.

Más de un año de reuniones
La comunidad sostiene que durante más de un año participó en reuniones, coordinaciones y mesas de trabajo con representantes de la minera, pero que estos espacios no produjeron soluciones concretas.

En su carta, Tinco afirma que esta situación provocó una pérdida progresiva de confianza en los representantes de Relaciones Comunitarias de Alpayana. La comunidad incluso señala que no considera viable continuar negociando con los mismos funcionarios y pide que futuras conversaciones involucren a representantes de mayor nivel dentro del grupo empresarial.

La Asamblea General Extraordinaria de Tinco, realizada el 31 de mayo de 2026, acordó declarar su disconformidad con los incumplimientos atribuidos a la minera, considerar agotados los espacios de diálogo sostenidos durante más de un año, exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes y ejecutar las decisiones adoptadas por la comunidad.

Minera no acudió a reunión con el Minem
El Ministerio de Energía y Minas convocó este miércoles a una reunión entre representantes de la comunidad de Tinco y de Alpayana, y según informó Juan de Dios, los representantes de la empresa no acudieron a la convocatoria.

Dicha ausencia impidió el diálogo y los comuneros amenazan con radicalizar su medida de fuerza.

En ocasiones pasadas, la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana trasladó a Alpayana la respuesta presentada por Tinco y le pidió evaluar los planteamientos de la comunidad y entregar una respuesta con copia al ministerio para realizar el seguimiento institucional.

El MINEM también convocó a Alpayana a una reunión virtual para el 14 de julio, con el objetivo de abordar los reclamos planteados por Tinco y realizar las coordinaciones correspondientes.

La comunidad no se opone a la minería
Tinco sostiene que su protesta no busca impedir la actividad minera.

En su pronunciamiento, la comunidad señala que está a favor de una minería responsable, pero exige respeto a sus derechos territoriales, cumplimiento de los compromisos asumidos y oportunidades de desarrollo para la población y su empresa comunal.

También reclama atención a sus preocupaciones ambientales y plantea la intervención de entidades como el MINEM, MINAM, OEFA, SENACE, ANA y la Defensoría del Pueblo. En su carta al ministerio, la comunidad señala que continuará defendiendo sus derechos territoriales, ambientales, económicos y sociales ante estas instituciones.

Comuneros de Tinco bloquean vía Chupaca-Yauyos en protesta por incumplimientos de mina Corona

30/07/2026
Con un discurso que duró 54 minutos, Keiko Fujimori inició su mandato, anunciando que ofrecía método, disciplina, trabajo y una ruta clara. Lo cierto es que, con la lectura de un documento de 14 páginas, se iniciaron los 1826 días que va a durar su gestión. “Ni un día más”, ha dicho la nueva gobernante.

El discurso anuncia una serie de políticas y un conjunto de obras, en principio, organizadas en 7 objetivos: emergencias y seguridad ciudadana; la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos; apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, con calidad y disponibilidad de infraestructura; la construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos, que facilite la inversión y el desarrollo; garantizar la sostenibilidad fiscal; el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y las instituciones; el fortalecimiento de la política exterior, priorizando la construcción de alianzas para la integración.

Objetivos tan amplios que, en realidad, cada uno agrupa a más de uno y que están acompañados de un conjunto de iniciativas que terminan siendo una sumatoria de generalidades, con metas poco realistas, una lista de obras de infraestructura y varios otros ofrecimientos.

Pero más allá del discurso, lo que hay que comenzar a mirar con atención es el pedido de delegación de facultades que ha preparado el Ejecutivo para que, durante 120 días, pueda legislar en diversas materias.

En los documentos que han comenzado a circular desde el 29 de julio, las facultades solicitadas abarcan materias tan amplias como: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción y protección de la micro y pequeña empresa, fomento de la formalización, promoción del empleo y la protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, temas tributarios, reforma del Estado, facilitación del comercio, entre otros.

Por ejemplo, en minería se anuncia que se dictarían medidas para optimizar el marco normativo aplicable a todos los estratos y modalidades de este sector, incluyendo la promoción de la inversión, simplificación de requisitos, competitividad, en materia ambiental, formalización, otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones, catastro, permisos, autorizaciones y certificaciones, propiedades superficiales, trazabilidad, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.

De manera más precisa, en materia ambiental se pretendería aplicar el silencio administrativo positivo a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, incluso cuando un proyecto se ubique o se superponga con áreas naturales protegidas, territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos, así como cuando le corresponda un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). También se buscaría excluir de la obligación de contar con un instrumento de gestión ambiental a las intervenciones de reposición, mantenimiento o mejoramiento que se ejecuten sobre infraestructura existente. Las opiniones vinculantes deberán ser emitidas dentro del plazo máximo previsto y si este vence sin pronunciamiento, la opinión se tendrá como favorable.

Otra propuesta en materia ambiental apunta a permitir que la certificación ambiental se efectúe de manera diferenciada por tramos o componentes, según el nivel de impacto de cada uno, sin afectar la evaluación integral del proyecto y se incorporaría una excepción a la pérdida de vigencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos que todavía no hayan iniciado la etapa de ejecución física (¿Tía María?). En relación a los títulos habilitantes que correspondan a los gobiernos regionales y locales, se plantea la aprobación automática de los permisos, autorizaciones, licencias y demás títulos habilitantes. En suma, todo un paquete de desregulación ambiental que suena como música celestial para el empresariado minero.

En materia tributaria, se pretendería eliminar la posibilidad que la SUNAT demande una resolución del Tribunal Fiscal, en función de los intereses del Estado peruano. Según la fundamentación del texto de delegación de facultades, lo que se pretende buscar es la mejora la seguridad jurídica (de las empresas) y evitar la litigiosidad.

El discurso del 28 de julio y sus confusos 7 objetivos, pretenden materializarse en esta delegación de facultades que puede terminar siendo un tremendo paquetazo anti derechos ambientales, laborales, sociales y demás. Habrá que ver la capacidad de respuesta que tendrá la Cámara de Diputados que, en una primera instancia, deberá revisar el pedido del Ejecutivo.
Cooperaccion

Agustín de Vicente 15/07/2026
Estudio advierte sobre posibles protestas en zonas mineras si el gobierno acelera proyectos de cobre que afectan comunidades rurales con histórico rechazo electoral.
La estrategia acelerada de inversión minera que planea impulsar la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, desde su asunción el 28 de julio, enfrenta un escenario de alta conflictividad social en territorios productores, según advierte un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú divulgado esta semana.

El análisis señala que la mayoría de las principales regiones mineras del país votaron en contra de Fujimori en las elecciones, lo que incrementa el riesgo de tensiones si su gobierno acelera la aprobación de proyectos sin gestionar adecuadamente el rechazo comunitario y las preocupaciones ambientales.

Perú es el tercer productor mundial de cobre y concentra aproximadamente 64 mil millones de dólares en inversiones mineras planificadas, muchas de ellas localizadas en regiones rurales empobrecidas donde las comunidades locales reportan beneficios limitados e incremento de preocupaciones por degradación ambiental.

Proyectos en la mira: Tía María y Río Blanco
El proyecto Tía María de Southern Copper (NYSE: SCCO), con una inversión de 1.800 millones de dólares y aprobado para iniciar operaciones en 2027, figura como uno de los principales focos de potencial conflictividad, según David Velazco, defensor ambiental de la organización local Fedepaz.

Velazco también identificó posibles tensiones alrededor de Río Blanco, proyecto de cobre de la empresa china Zijin, que enfrenta resistencia comunitaria histórica en la región.

Promesas de redistribución y medidas aceleradoras
Fujimori ha comprometido acelerar la inversión minera mediante un sistema de aprobación rápida e incentivos tributarios. También propuso que 40% de los ingresos mineros se destinen a poblaciones locales, medida que busca reducir tensiones pero que requiere implementación clara para generar credibilidad.

La minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas, lo que hace crítica su continuidad para la economía nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha documentado cerca de 200 conflictos sociales activos, de los cuales 64 están vinculados a disputas mineras y ambientales.

Southern Copper y Zijin no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre el análisis del Observatorio.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/07/fujimori-mineria-peru-conflictividad-social-cobre

Foto: CooperAcción
Las promesas de desregulación se suman al crecimiento sostenido del área concesionada, que ya abarca 22.6 millones de hectáreas, el 17% del territorio del país.
La definición del futuro del Reinfo, cuyo plazo vence en diciembre, será una de las decisiones que marcará el primer semestre del gobierno de Keiko Fujimori.
Lima, 15 de julio. Un nuevo ciclo de conflictividad social se perfila en el Perú ante la aceleración de la agenda minera impulsada por el futuro gobierno. El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) advierte que la política de promover de manera prioritaria la inversión minera, en un contexto de expansión de concesiones y aumento de proyectos, podría reactivar patrones ya observados durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), cuando el intento de sacar adelante el mayor número de proyectos mineros coincidió con un fuerte incremento de conflictos sociales en los territorios.

El informe del OCM para el primer semestre de 2026 señala que la cartera de proyectos mineros activos asciende a 67, con un valor total de 64 000 millones de dólares. El 45.5% de estas inversiones se concentra en el sur del país, una región donde Fuerza Popular obtuvo escasa representación en la última elección presidencial. Este desbalance entre el peso del territorio minero y la representación política es considerado por el OCM como un factor de alto riesgo: los proyectos llegan a zonas que no respaldaron electoralmente al gobierno, lo que puede generar un clima de rechazo y tensión social.

Inversiones, empleo y concesiones: cifras récord, tensiones crecientes

José De Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, advierte que el crecimiento del sector minero responde a un discurso oficial y empresarial que insiste en facilitar la inversión mediante la reducción de regulaciones y controles ambientales y sociales. Según los datos del informe, la inversión minera en 2025 fue de 6228 millones de dólares, el nivel más alto desde 2015.

En el primer trimestre de 2026, la inversión subió 43.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones mineras alcanzaron 61 849 millones de dólares en 2025 y el empleo formal en minería llegó a 262 365 puestos, la mayor cifra histórica registrada, con el 71.6% de los trabajadores bajo modalidad de contratistas.

El informe también destaca que la superficie concesionada a la minería alcanzó los 22.67 millones de hectáreas, equivalentes al 17.6% del territorio nacional, con regiones como Apurímac donde el 76.5% de la superficie está bajo concesión. No obstante, solo una fracción de esas hectáreas está en operación efectiva, lo que alimenta el debate sobre el acaparamiento y la especulación territorial. A pesar de este auge, la recaudación fiscal minera aún no recupera los niveles previos al superciclo 2006-2011.

OCM: El peso de los 67 proyectos y los territorios bajo presión

En las regiones del norte, Marco Arana, representante de Grufides, alertó sobre la expansión de grandes proyectos mineros, como en el caso de La Granja que abarcaría territorios de la sierra y de la costa, con la extracción en Cajamarca y el pprocesamiento y depósito de relaves en Lambayeque.

Arana señaló que existe gran preocupación, en el contexto del futuro gobierno, sobre la independencia del Poder Judicial y el respeto a la autonomía de las instituciones ambientales. Ello, dado que muchos de los casos de conflictos mineros están judicializados, como el derrame de mercurio de Choropampa, donde tras 26 años, la Corte Suprema responsabilizó a Yanacocha y RANSA y ordenó el pago de indemnizaciones a una familia afectada. Un posible recorte de la autonomía judicial y la presión política pueden agravar el escenario de conflictividad. También señaló que la minería ilegal y la violencia asociada continúan avanzando en Cajamarca ante la debilidad institucional.

En Piura, el 23.8% del territorio regional está concesionado a la minería. David Velazco, director de Fedepaz, señala que proyectos como Río Blanco y El Algarrobo se vienen imponiendo a pesar del rechazo de la población, expresado en consultas públicas y movilizaciones de hasta 10 000 personas.

Velazco advierte que las futuras autoridades buscarían reducir aún más los plazos para la aprobación de estudios de impacto ambiental, lo que debilita los controles y pone en riesgo derechos fundamentales. Añade que se está utilizando el derecho penal para judicializar y perseguir a defensores ambientales, profundizando la criminalización de la protesta social.

David Velazco, director ejecutivo de FEDEPAZ – Foto: CooperAcción

En tanto, Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, sostiene que el país enfrenta una etapa decisiva. En diciembre vence el plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que convierte este semestre en un momento clave para definir la política frente a la minería informal, una de las primeras decisiones que deberá tomar el próximo gobierno.

¿Puede el modelo actual evitar una nueva ola de conflictos sociales?

El informe del OCM revela que la brecha entre oro producido y exportado supera las 100 toneladas, con un valor estimado de 15 000 millones de dólares, mientras la violencia y la criminalidad asociadas a la minería ilegal se intensifican en diversas regiones. Leyva alerta que la transición hacia un marco regulatorio más permisivo, sin resolver los problemas de fondo vinculados a concesiones ociosas, fiscalización ambiental y protección de defensores, puede desembocar en un nuevo ciclo de conflictividad social de gran alcance.

El Observatorio concluye que la presión por acelerar la ejecución de todos los proyectos mineros, sin atender las advertencias sociales y ambientales, coloca al país ante el riesgo de repetir crisis ya vividas, donde la falta de diálogo y la ausencia de respuestas institucionales generaron espirales de confrontación en los territorios mineros.
Cooperaccion

Radio Onda Azul 27/06/2026
Pobladores de la cuenca Ramis anuncian protesta
Dirigentes advierten que iniciarán una huelga indefinida y bloqueo de vías en julio si el Gobierno Regional de Puno no presenta medidas concretas para remediar la contaminación del río Ramis, que afecta la salud, la agricultura y la ganadería.
Los pobladores de la cuenca del río Ramis anunciaron que una medida de protesta, sino reciben una repuesta concreta de las autoridades del Gobierno Regional de Puno, la segunda quincena de julio, ante la persistente contaminación de sus aguas y la falta de respuestas de las autoridades regionales y nacionales.

Así lo informó Jesús Callohuanca Callohuanca, presidente de la Comisión del subsector Hidráulico Progreso -Asillo- Orurillo, en entrevista con Radio Onda Azul. El dirigente denunció que, la contaminación ocasionada por la minería informal e ilegal continúa afectando gravemente a las comunidades de la zona.

Según explicó, los pobladores han detectado que durante las madrugadas el río presenta altos niveles de contaminación, situación que atribuyen al vertimiento de relaves mineros. Asimismo, cuestionó la falta de avances en el proyecto de remediación de la cuenca Ramis, señalando que, únicamente se ha concretado la adquisición de terrenos, sin que exista financiamiento para su ejecución.

Callohuanca indicó que, una comisión de dirigentes llegará a la ciudad de Puno, para exigir una reunión con las autoridades del Gobierno Regional. De no obtener una respuesta concreta, advirtió que las organizaciones acordarán iniciar una huelga indefinida con bloqueo de vías como medida de presión. La movilización convocará a pobladores de los distritos de Potoni, Crucero, San Antón y Azángaro, entre otros sectores de la cuenca Ramis, quienes exigen acciones inmediatas, para frenar la contaminación generada por la actividad minera.

Finalmente, el dirigente sostuvo que, la contaminación viene ocasionando la muerte de ganado, afectaciones a la producción agrícola y presuntos problemas de salud en la población. Además, calificó como «pésima» la gestión del Gobierno Regional de Puno, en materia de remediación ambiental y desarrollo de infraestructura hidráulica, al considerar que no se han atendido las demandas de las comunidades afectadas.
https://radioondaazul.com/pobladores-de-la-cuenca-ramis-anuncian-protesta-indefinida-por-contaminacion-minera-y-falta-de-acciones-del-gore-puno/

Yuri Castro 26/06/2026
La oposición al proyecto de la planta de beneficio IGOR continúa creciendo en el distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco. Autoridades locales, dirigentes comunales y organizaciones sociales anunciaron nuevas acciones para buscar la paralización de la obra que se construye en el sector La Compasada, al considerar que representa una amenaza para las fuentes de agua que abastecen a diversas provincias de La Libertad.

El presidente del Comité de Defensa de Cabecera de Cuenca del Alto Chicama y alcalde de Huaranchal, Marco Castañeda Paredes, afirmó que presentarán nueva documentación ante las entidades competentes con el propósito de detener el proyecto, promovido por Igor Mining Exploration S.A.C.

Según indicó, la empresa cuenta con autorización para la construcción de la planta, pero sostiene que no dispone de los permisos necesarios para iniciar operaciones, por lo que cuestionó la legalidad de algunas autorizaciones obtenidas durante el desarrollo del proyecto.

Advierten riesgo para el agua y la agricultura
Los dirigentes sostienen que la ubicación de la planta en una cabecera de cuenca podría generar impactos sobre los recursos hídricos que abastecen a las provincias de Otuzco, Gran Chimú y Ascope, zonas cuya economía depende en gran medida de la actividad agrícola.

Marco Castañeda aseguró que continuarán impulsando acciones administrativas y legales para impedir que el proyecto avance mientras persistan cuestionamientos sobre los permisos otorgados y los posibles impactos ambientales.

La protesta más reciente reunió a autoridades locales, rondas campesinas y representantes de organizaciones sociales de Huaranchal y Gran Chimú, quienes recorrieron las principales calles del distrito portando pancartas y mensajes en defensa del agua y del medio ambiente.

Durante la movilización exigieron la paralización inmediata de la construcción de la planta de beneficio, al considerar que el proyecto podría afectar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico para miles de familias de la zona.

Huaranchal intensifica protestas para frenar planta minera en cabecera de cuenca
El presidente de la Ronda Campesina de Huaranchal, Waldir Segura Ávalos, señaló que la empresa habría alcanzado aproximadamente un 70 % de avance en la construcción de la planta.

El dirigente afirmó que la compañía no contaría con la licencia para el uso del agua ni con la denominada licencia social de las comunidades, por lo que pidió detener los trabajos antes de que la situación derive en un conflicto social.

Asimismo, sostuvo que la población continuará defendiendo el territorio y reiteró que la principal exigencia es el retiro del proyecto del sector La Compasada.

El proyecto minero mantiene dividido el escenario regional entre quienes respaldan el desarrollo de inversiones y quienes priorizan la protección de las cabeceras de cuenca y los recursos hídricos.

Mientras las organizaciones sociales anuncian nuevas acciones para lograr la paralización de la obra, esperan que las autoridades competentes evalúen los cuestionamientos planteados sobre las autorizaciones otorgadas y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Huaranchal intensifica protestas para frenar planta minera en cabecera de cuenca