30/06/2026
Decenas de manifestantes, principalmente de Arequipa, han instalado carpas en el lugar indicando su intención de permanecer por tiempo indefinido.

Una nueva protesta de mineros artesanales se desarrolla este lunes 30 de junio frente al Congreso en la avenida Abancay. Decenas de manifestantes, principalmente de Arequipa, exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación inmediata de la Ley MAPE.

Aunque el Ejecutivo oficializó la ampliación del Reinfo el último fin de semana; aún esta requiere debate en el Pleno del Congreso, cuya legislatura recién concluyó y genera incertidumbre entre los mineros.

Demandas «sin condiciones»

Los manifestantes reclaman que la ampliación del Reinfo se realice «sin condiciones», según consignan sus carteles. Este punto genera controversia, ya que el registro fue concebido inicialmente como un mecanismo transitorio vinculado a compromisos de formalización progresiva.

Dicha solicitud de mantenerlo sin exigencias es vista por sectores especializados como un retroceso en la regulación de la minería informal. Paralelamente, exigen la aprobación de la Ley MAPE, que busca establecer un marco normativo específico para la minería artesanal, aunque esta iniciativa enfrenta obstáculos técnicos y políticos.

Reclamos y movilización indefinida

Los mineros han instalado carpas en el lugar, indicando su intención de permanecer por tiempo indefinido y prolongado. Esta estrategia marca un cambio frente a protestas anteriores, donde los grupos se retiraban tras horas de movilización.
https://panamericana.pe/locales/446925-mineros-protestan-frente-congreso-exigen-ampliacion-reinfo-aprobacion-ley-mape

Cooperaccion 23/06/2025
En el Perú se confirma una tendencia que también se observa en otros países de la región, especialmente en territorios amazónicos: el avance de economías criminales que plantea hoy en día una disputa clara y abierta por el control de territorios y de diversas actividades ilícitas que van cambiando de peso o jerarquía a lo largo de los años.

Un informe elaborado por las instituciones Amazon Watch, InfoAmazonía, Amazon Under World y Global Iniciative, sobre economías criminales en la Amazonía -la mayor selva tropical del mundo (Amazon Underworld 2023)-, da cuenta de un entramado complejo de organizaciones que está en plena expansión, con el común denominador que cada vez ejercen un mayor dominio en varios territorios de los diferentes países de la cuenca amazónica.

Intervienen actores vinculados históricamente al narcotráfico, pasando por grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares, a los que en los últimos años se han sumado organizaciones criminales poderosas de Brasil, como el Comando Vermello, La Familia Do Norte o el Primeiro Comando da Capital. Las fronteras no son para nada un impedimento para estas organizaciones, es más, en varios casos las controlan y tienen establecidos corredores transfronterizos que desde Perú pueden llegar a puertos del Atlántico o a la zona del Arco Minero en el Orinoco en Venezuela.

A mediados del mes de mayo del 2025, en la Amazonía ecuatoriana, en Alto Punino, cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras, 11 militares ecuatorianos fueron abatidos en un enfrentamiento con el denominado Comando de la Frontera, una organización disidente de las FARC que controla esta zona y que tiene una fuerte presencia en la minería ilegal y otras actividades delictivas. Además, esta organización estaría vinculada a otra banda de crimen organizado del Ecuador, conocida como Los Lobos, especializada en el tráfico de drogas y el sicariato.

Todas estas organizaciones vienen librando “una batalla sin cuartel” por el control de la Amazonía, incluido el territorio peruano, los diversos corredores que existen, diversificando y ampliando actividades criminales, desplazando la atención hacia la minería ilegal de oro, aunque cada vez más conectadas entre sí. Por ejemplo, la frontera entre Perú y Ecuador (en el norte de Cajamarca y en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas); la zona de la triple frontera entre Ecuador, Perú y Colombia; o la otra triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en el denominado Trapecio Amazónico[1]; la de Ucayali con Brasil; Madre de Dios y Puno con Bolivia, son claros ejemplos de territorios en los que estas organizaciones ya están presentes, aunque con diferentes grados de intensidad.

“La minería ilegal de oro es también una actividad codiciada para blanquear los beneficios del narcotráfico, y genera los ingresos necesarios para financiar la violencia utilizada por los grupos criminales para controlar territorios y comunidades”

“Desde una perspectiva criminal, el oro ofrece una serie de ventajas que lo hacen atractivo: es fácil de transportar y más resistente a los daños que sustancias como la cocaína; es una inversión estable, ya que incluso pequeñas cantidades tienen un valor significativo que tiende a subir en épocas de incertidumbre económica; y se puede sacar fácilmente de un país”.

“Además, las consecuencias legales del tráfico de oro suelen ser menos graves que las del tráfico de drogas ilícitas”.

(Amazon Underworld 2023).

Más allá de la Amazonía

Se sabe que este tipo de minería también está presente en zonas andinas e incluso en la costa del Perú. En varios de estos territorios, sobre todo en las zonas con mayor explotación aurífera en provincias andinas también hay presencia de bandas que se disputan la producción minera, buscando controlar las operaciones de los miles de pequeños mineros e, incluso, desde hace unos años, incursionando en las concesiones y labores de grandes empresas mineras formales, como es el caso de Minera Poderosa.

El caso más notorio es el de la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, donde hay diversas bandas identificadas que se disputan el control de la producción de oro. Todas las versiones y testimonios recogidos coinciden en señalar que, en un primer momento, estos grupos llegaron a la zona contratados por los propios mineros para protegerse como respuesta al incremento de invasiones y los robos de los minerales extraídos, así como también para resolver disputas locales entre los propios mineros.

Sin embargo, rápidamente estas bandas vieron la oportunidad de controlar el negocio, en primer lugar, de la pequeña minería y la minería informal, para luego pasar a disputarle las concesiones y zonas de producción a la minería formal en el propio subsuelo. Un momento de expansión clave de estas bandas fue el período de la pandemia.

Entre las bandas identificadas más importantes que operan en esta provincia de La Libertad, se encuentran la denominada Gran Alianza[2], Los Pulpos y los Parqueros de Pataz[3], todas con presencia previa y una amplia acción delictiva en temas de narcotráfico extorsión, sicariato, en localidades como Trujillo, el valle de Virú y otras zonas de La Libertad. También hay otras bandas, como La Jauría, Los Ochenta, Los Malditos de Río Seco y, según algunas versiones también estaría el Tren de Aragua de Venezuela, que controlaría las actividades de extorsión. Ente estas organizaciones también se producen alianzas orientadas a mantener cuotas de poder en una compleja red territorial, con diferentes especialidades delictivas y ámbitos de influencia.

Si bien en el caso de Pataz predominan por el momento bandas nacionales, hay algunas evidencias de lazos con el crimen organizado de otros países de la región. Además de la las menciones a la posible presencia del Tren de Aragua, se puede señalar que uno de los líderes de la Gran Alianza, el peruano Josué Oliver Blas Lezama, fue asesinado en Colombia, país a donde había llegado escapando de una orden de captura en el Perú. Algo parecido ha ocurrido con Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, sindicado como el principal responsable del asesinato de las 13 personas en una galería minera en Pataz, en mayo de 2025 y que también huyó a Colombia, donde, aparentemente, cuenta con redes de apoyo.

Las economías ilegales son delitos: lo que corresponde es erradicarlos y evitar que se sigan expandiendo, más aún si operan conectados con el crimen organizado. ¿Existe en el Perú una política clara y decidida de lucha contra estas actividades ilícitas? En absoluto. Lo que encontramos es que el Estado atiende esta problemática desde dos líneas de acción, por un lado, intentos desarticulados y esporádicos para reducir la actividad y por otro, las acciones erráticas de formalizar la pequeña minería y minería artesanal que no han dado resultados. Además, los presupuestos destinados para combatir la minería ilegal son ridículos.

La presencia de organizaciones criminales, en varios casos con capacidad de operación en varios países de la región, representa todo un desafío que hasta el momento no tiene respuesta de parte del Estado peruano. Además, todo indica que las acciones nacionales serán insuficientes: cada país enfrentando de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional, es difícil que pueda obtener algún tipo de resultado. Todo indica que, por lo menos, se necesitaría un acuerdo entre todos los países amazónicos para enfrentar la minería ilegal y sus operadores transnacionales articulados en organizaciones criminales.

[1] Las localidades de San Rosa (PERU), Tabatinga (Brasil) y la de Leticia (Colombia) forman el Trapecio Amazónico que delimita a los tres países.

[2] Algunos informes dan cuenta que la Gran Alianza controla el 50% de la extracción de oro en Pataz.

[3] Algunas son divisiones de grupos mayores o ramas especializadas en determinadas actividades delictivas.

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06/06/2025
La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir en más de 2.300 km² la zona protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca ha generado una ola de rechazo. Aunque el gobierno asegura que la zona de los geoglifos reconocida por la Unesco no será afectada, la resolución ha despertado fuertes cuestionamientos sobre su sustento técnico y los intereses que estarían detrás de esta medida.
En su edición del 5 de junio, La Hora Verde, el programa de CooperAcción, reunió a Diana Cotaquispe (regidora de la Municipalidad Provincial de Nasca), Luis Huertas (arqueólogo y gestor cultural) y Rafael Mallco (arqueólogo), quienes coincidieron en que la reducción de la reserva es una medida apresurada, sin estudios de campo y que abre paso a la presión de grandes intereses mineros y económicos.

Diana Cotaquispe expresó la preocupación del gobierno local por la falta de información clara y la ausencia de consulta. Afirmó que la medida no responde a las necesidades urbanísticas de la provincia, sino a “presiones políticas y económicas” que han dado lugar, en pocos días, a más de 200 petitorios mineros en las zonas recién desprotegidas. “Esto no beneficia a los pequeños mineros ni al desarrollo urbano de Nasca. Son los grandes intereses los que se están imponiendo”, advirtió.

Por su parte, Luis Huertas explicó que la reserva no solo incluye los geoglifos más conocidos, sino un amplio conjunto de caminos, tambos y estructuras prehispánicas aún poco investigadas. “No todo el patrimonio es visible o monumental. Muchas de estas evidencias aún esperan ser estudiadas. Esta medida nos deja sin garantías para protegerlas”, señaló. Cuestionó además que la reducción se haya decidido “desde escritorio, sin estudios de campo y sin participación de las autoridades locales”.

Rafael Mallco fue enfático al señalar que no existe ningún informe técnico arqueológico que justifique el recorte. “No se ha hecho ningún proyecto de evaluación arqueológica que permita delimitar adecuadamente la reserva. Y lo que es más grave: el ministro cita estudios que no tienen como objetivo redefinir el área protegida, sino registrar nuevas evidencias. Está usando investigaciones ajenas para avalar una decisión política”, denunció. También alertó que esta decisión sienta un peligroso precedente para otras zonas patrimoniales del país.

Los tres invitados coincidieron en que esta resolución debe ser retirada y reevaluada con base en estudios técnicos independientes, participación local y criterios de sostenibilidad. “No estamos en contra del desarrollo, pero este no puede darse a costa de destruir el patrimonio. Nasca no puede dejar de ser un símbolo cultural para convertirse en un enclave minero”, concluyó Cotaquispe.

La Hora Verde dejó en claro que lo que está en juego no es solo una delimitación técnica, sino el futuro de un patrimonio cultural único en el mundo, cuyo valor trasciende fronteras y exige un compromiso real con su protección.

Si deseas ver el programa completo, ingresa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_Q-VA8WWFYY&t=1s

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30/05/2025
Con ocasión de la Asamblea General Anual de la transnacional minera Glencore realizada en la ciudad de Zug, Suiza, los accionistas de la empresa fueron recibidos por una protesta, con pancartas diciendo «Alto al carbón», «No más combustible para el genocidio», «Glencore tóxico», «Alto al ecocidio» y «No a la minería submarina».

El plantón fue parte de un día de acción mundial contra Glencore, con protestas descentralizadas también en Johannesburgo (Sudáfrica), Andalgalá (Argentina), Bogotá (Colombia), Londres (UK), Frankfurt (Alemania), y en los Países Bajos. En comparación con años anteriores, esta vez las manifestaciones han sido más grandes, especialmente en Bogotá y Johannesburgo, en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio, dado el rol clave que la empresa juega en el subministro de carbón térmico para la generación eléctrica en Israel.

Entre las criticas también destacaron las voces de personas afectadas por contaminación con metales tóxicos de Espinar (Cusco) y Áncash, donde Glencore tiene sus operaciones mineras en Perú. Participando en la asamblea de accionistas en Zug en representación de la organización de solidaridad Peru Support Group de Reino Unido, Sayuri Andrade interpuso una pregunta sobre la posición de Glencore con respecto a los informes de causalidad de OEFA, que comprobaron que la fuente de contaminación en Espinar son los botaderos, relaveras y operaciones mineras de Glencore Antapaccay.

Kalidas Madhavpeddi, presidente del consejo de administración, respondió:

“Espinar está fuertemente mineralizada, no sólo la mina, hay mineralización de bajo grado en todas partes. Y si nos remontamos a alrededor de 2013, el gobierno peruano en realidad hizo un análisis de eso y concluyó que no había relación entre la contaminación en todas partes y la mina. El estudio de la OEFA que usted citó, creo que contenía dos elementos: uno, OEFA sugirió que PM 10, que son partículas ligeramente más pesado, de mayor tamaño, puede quedar atrapado en la nariz de la gente. Esto se detectó sobre todo alrededor del propio pozo, e hicieron sugerencias para reducir ese tipo de impacto. Tomaron un montón de muestras, pero no pudieron llegar a una conclusión.”

Las afirmaciones del CEO de Glecore no se condicen con el texto de los informes de OEFA, que sí llegan a una conclusión muy clara: que la contaminación con metales tóxicos en aire, suelos, agua y ecosistemas se origina en diversos componentes de la operación minera. Un resumen de estos hallazgos puede encontrarse en el documento “Contaminación en Espinar: Causalidad comprobada”, que se puede revisar en: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/contaminacion-en-espinar-causalidad-comprobada/

El funcionario también aseguró que “Antapaccay contrató a un consultor medioambiental internacional y a dos universidades peruanas expertas en análisis químicos, que revisaron el informe completo de la OEFA y llegaron a la misma conclusión, que la contaminación no tenía nada que ver con Antapaccay”. Pero lo cierto es que de esos informes que Gencore dice haber realizado solo se tiene noticia por las palabras del CEO, pues nunca se ha comunicado por escrito de su existencia ni mucho menos han sido publicados para poder ser contrastados con la información oficial. La única información oficial que es de público conocimiento es la de los informes de causalidad de OEFA.

También, Andrade preguntó sobre los hallazgos de valores altísimos de arsénico en la sangre de niñas y niños en Huarmey, Áncash. Al respecto, Madhavpeddi señaló no tener conocimiento, pero ofreció dar seguimiento al asunto con el socio Antamina.

Las declaraciones de Madhavpeddi fueron recibidos con malestar y decepción por los integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que se encontraron reunidos en Lima. En su conferencia de prensa del 28 de mayo el presidente de la Plataforma, Anthony Oscátegui resaltó la urgencia de enfrentar la crisis de contaminación a nivel nacional, lo que requiere recaudar datos claros sobre las poblaciones afectados y actuar de manera acertada una vez que se confirme la causalidad o el origen de la emisión. Sin embargo, en realidad se ve todo lo contrario. “Mientras tanto, en lugares como La Oroya, Pasco o Espinar, la gente se muere en silencio”.

En Peru, Glencore opera la mina Antapaccay, donde actualmente está en curso un proceso de consulta para la expansión y prolongación de las operaciones en la zona Coroccohuayco. También, es dueña de una tercera parte de Antamina en Áncash. Y si bien ha vendido su participación mayoritaria en Minera Volcan, Glencore ha confirmado que sigue comercializando los minerales extraídos por las minas de dicha empresa; entre ellos, en Cerro de Pasco, donde recientemente falleció una niña de 12 años a causa de la intoxicación prolongada con metales pesados.

En medio de protestas, Glencore sigue negando responsabilidad por contaminación en Espinar y Ancash

27/05/2025
Comuneros exigen compensación por falta de agua de 2024 al 2052. Compañía pide evaluar caso del año pasado. Sobre el periodo restante dice que no puede compensar por supuestos daños de años que aún no ha transcurrido
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El conflicto entre la compañía minera Barrick Perú y los comuneros de Atupa y Anteurán, del distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz, región Áncash, se ha agudizado y, tras el intercambio de documentos que hubo ayer entre ambas partes, la posibilidad de que cese la protesta parece más lejana.

A tres días del inicio de la toma de la unidad minera Pierina, de propiedad de Barrick, y las protestas que se realizan en esa zona, ayer la compañía remitió un documento a los comuneros donde les invita a deponer de sus protestas y asistir hoy a una mesa de diálogo.

Respecto a su pedido de indemnización de 360 millones de soles, la empresa dijo que la exigencia de esa “enorme suma de dinero” por un supuesto incumplimiento en la entrega de dotación de agua para riego no puede ser atendido porque incluye un periodo que aún no ha transcurrido.

Barrick dijo que, de acuerdo con su compromiso, viene cumpliendo con la entrega de agua; no obstante, están dispuestos a la revisión conjunta, según los instrumentos antes usados, y si esta arroja que no han cumplido, no tendrían inconveniente en compensar, pero solo del año 2024, porque la compensación que piden por los años restantes —del 2025 al 2052— no se puede revisar, porque son a futuro.

“No se puede revisar, cuantificar ni compensar afectaciones por falta de entrega de agua de riego por los años que aún no han ocurrido, como es el caso de los años 2025 hasta el 2052, por el simple hecho de que no han transcurrido”, señaló la minera.

En tal sentido, invitó a las comunidades a retomar el diálogo en condiciones pacíficas. “No es posible dialogar y llegar a acuerdos bajo medidas de presión, amenaza y mucho menos bajo la situación actual de ingreso no autorizado, daños a la propiedad y permanencia no autorizada en la unidad minera Pierina, lo que constituye delito”, increparon.

Comuneros responden
La respuesta de ambas comunidades llegó ayer mismo. Sus dirigentes indicaron que el documento de Barrick “no es más que un vil remedo de las razones por la cual se rompió la mesa de diálogo del 22 de mayo, por lo que no merece mayor comentario, ya que Barrick no tiene ni la más remota idea de lo que es compensación”.

Agregaron que, la asamblea ha acordado que no dialogarán más “con funcionarios de bajo rango y nivel académico e intelectual nulo”, que son únicamente obedientes a los intereses de su empleador.

El documento señala que para retomar el diálogo las comunidades exigen la presencia de funcionarios con poder de decisión y que la reunión se lleve a cabo en el mismo lugar de protesta. (M.E. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/ancash-se-agudiza-conflicto-entre-comuneros-y-la-minera-barrick

EDITORIAL
28/05/2025
La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció en conferencia de prensa que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) llegará a su fin este año y que tendremos una nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE):

“No habrá Reinfos, por ende, esta disposición ya no estará vigente el próximo año, llega hasta donde llega el proceso de formalización con el Reinfo, máximo 31 de diciembre del año 2025, por lo tanto, se extingue el Reinfo y se extinguen todas las normas vinculadas al Reinfo, y esto sucederá en algún momento de este año, fecha máxima posible 31 de diciembre del 2025. El próximo año no habrá Reinfos, el próximo año tendremos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal”.

Lo que no ha dicho el ministro Montero es que ni la Ley MAPE ni la ampliación de la vigencia del Reinfo, en realidad, dependen él: dependen, sobre todo, del Congreso de la República. Y se sabe que, en este espacio ―sobre todo, en la Comisión de Energía y Minas― las presiones de los gremios de mineros y los cálculos políticos de las diferentes bancadas son lo que caracteriza el día a día. Por lo tanto, no se puede asegurar lo que va a pasar en el Congreso.

El ministro Montero tampoco ha aclarado que su despacho ha renunciado a presentar una nueva propuesta de Ley MAPE, pese a que la anunció cuando asumió el cargo. Cuando, en estos días, ha anunciado que el Minem ha presentado un proyecto de ley, en realidad se refiere a la propuesta de noviembre del año pasado y que, dicho sea de paso, le costó el puesto al entonces ministro Rómulo Mucho. A lo máximo que ha llegado el Minem es a entregar un informe con 15 recomendaciones relacionadas con la Ley MAPE.

El actual titular del Minem ha optado por la posición cómoda de que el Congreso elabore la nueva propuesta de ley, con todo lo que ello implica: no hay que ser adivino para pronosticar que es probable que de la Comisión de Energía y Minas salga una propuesta de ley que, en realidad responda a los intereses de los que quieren mantener el actual statu quo.

Tampoco se puede descartar que es posible que termine el año y que no se apruebe una nueva Ley MAPE y que, llegado el mes de diciembre, nuevamente se esté discutiendo una nueva ampliación del Reinfo. Si se presenta esta situación, habrá que ver qué fuerza política se va a animar a cerrar definitivamente el Reinfo en pleno proceso electoral.

Por lo tanto, hay que tener un poco de prudencia con lo que se afirma. El escenario de una posible nueva Ley MAPE y el destino final del Reinfo se encuentran muy lejos de una verdadera definición.
Cooperaccion

Representantes del gobierno de la presidenta Dina Boluarte sostendrán hoy una mesa de diálogo con alcaldes, ronderos y mineros artesanales de Pataz, que exigen la modificatoria de la norma que suspende las labores mineras en esa provincia. De no obtener una respuesta positiva, anuncian protestas
Alan Benites Guillen Alan Benites Guillen 29/05/2025
Día clave. Autoridades y ronderos de la provincia de Pataz advirtieron que la única forma de que no inicien una serie de protestas es que hoy, durante la reunión que sostendrán con los ministros del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se apruebe la modificatoria del Decreto Supremo N°060-2025, que suspende las actividades mineras durante 30 días en esa provincia.

En pie de lucha
La cita que reunirá a los titulares de las carteras de Energía y Minas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda y Construcción; Salud; Desarrollo Agrario; Producción; Desarrollo e Inclusión Social; Trabajo y Educación se realizará a las 11 de la mañana en la biblioteca municipal El Gran Pajatén del distrito de Pataz.

Ayer, tras una marcha pacífica desarrollada en el anexo de Vista Florida, las autoridades de la provincia indicaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) les confirmó la llegada de los representantes del Ejecutivo.

Durante una reunión con ronderos, mineros artesanales y organizaciones sociales de base, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que se mantendrán en pie de lucha hasta que se retomen las actividades mineras en esa jurisdicción.

“Lucharemos hasta que se nos devuelva el derecho al trabajo. Lucharemos firmemente hasta el final (…). Jamás podrán apagar nuestra voz, jamás podrán callarnos, no habrá decreto que desaparezca a un pueblo, ese decreto que favorece a la minería grande, ese decreto en donde el Gobierno Central se pone de rodillas a la minería grande, eso da asco”, indicó.

Sobre la reunión con los ministros, el burgomaestre detalló que la PCM le informó que solo dejarán participar de la mesa de trabajo a los alcaldes de la provincia y a dirigentes de las rondas de Pataz, Parcoy y Tayabamba, excluyendo a los representantes de la minería artesanal.

Por ello, anunció que ofició a la PCM para que incluyan en la lista a los dirigentes mineros. Incluso, advirtió que si no permiten el ingreso de estos últimos no participará de la reunión.

“Yo no les daré la espalda como lo hacen otros parásitos, yo estoy de su lado”, aseveró.

Para Aldo Carlos Mariños, la intención de no dejar ingresar a los mineros artesanales sería un pedido de la gran minería que opera en Pataz.

Calma
El alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, por su parte, llamó a la calma a los pobladores de su jurisdicción, para evitar que la reunión de hoy pueda ser saboteada.

La autoridad edil reconoció que es probable que no encuentren una solución en esta mesa de diálogo. Sin embargo, dijo que la misma les permitirá conocer cuál es la posición del Gobierno respecto a su pedido para que se retomen las labores mineras. Luego, tomarán decisiones.

“Nuestros representantes, nuestras de organizaciones de base, van a tomar decisiones (si acatan o no alguna paralización) después de los resultados de esta reunión”, agregó.
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-ministros-se-reuniran-en-pataz-para-evitar-protestas-peru-noticia/

26/05/2025
Acusan a la minera de haber usado y generado la desaparición de un manantial que los abastecía de agua para riego y consumo humano
Desde la madrugada del sábado los comuneros de los sectores de Atupa y Anteurán, del distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz, región Áncash, se encuentran en protesta en contra de Barrick Misquichilca, una de las importantes mineras extractoras de oro en el Perú.

Los hombres y mujeres que llegaron hasta las instalaciones de la minera señalaron que es la responsable de la desaparición del manantial denominado Yarcok. Tiempo atrás la compañía había indicado que el uso de ese manantial estaba contemplado en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por el Estado peruano.

“Hasta que nos repongan el agua, cierre de mina”, sentenciaron los pobladores en su protesta. Ellos, además, exigen una indemnización de 360 millones de soles por haberlos dejado sin agua para sus cultivos y para consumo humano.

Los manifestantes señalaron que venían sosteniendo reuniones con la empresa, pero el último 22 de mayo esta rompió el diálogo y abandonó la mesa de trabajo, por lo que ellos respondieron con una protesta en busca de paralizar las actividades de la minera.

Tenían autorización del Estado
Esta no es la primera vez que la población de estos sectores protesta contra la minera Barrick. Entre octubre y noviembre del año pasado ocurrió lo mismo, hasta que la minera accedió a conversar sobre el manantial y en diciembre, con la facilitación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se instaló una mesa de diálogo para determinar responsabilidades y posibles compensaciones por daños.

De acuerdo con el Observatorio para Conflictos Mineros en el Perú, producto de las reuniones en febrero se firmó un acta en la cual Barrick reconoció su responsabilidad en la desaparición del manantial, pero también aclaró que tenía autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para ello.

En el curso de esas reuniones se acordó, señala la misma fuente, realizar un estudio técnico, financiado por la empresa, para implementar obras que permitan reponer el caudal de agua perdido en la zona.

Ahora los pobladores acusan a la minera de no haber respondido con una contrapropuesta su pedido de indemnización de 360 millones de soles y de haber roto el diálogo, por lo que ellos se mantienen en protesta. (M.E. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/ancash-comuneros-protestan-contra-minera-barrick-y-exigen-indemnizacion-de-s360-millones