Ecuador, Latinoamerica

PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ECUATORIANO, EL FIN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y LA REPRESIÓN

Nosotras, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales,
mujeres de diversos países del Abya Yala, entre ellos Ecuador, que vivimos en carne propia lo
que significa la violencia en nuestros cuerpos, territorios y organizaciones entendemos el
despojo de nuestros territorios, de nuestra cultura, nuestra seguridad alimentaria, de nuestra
salud. Protestamos porque sabemos lo que significa la desigualdad, nos organizamos para
resistir y denunciar las violaciones de nuestros derechos en este sistema patriarcal y opresor,
nos pronunciamos a favor del pliego de reclamos de los millones de ecuatorianas y ecuatorianos
que en este momento están siendo cobardemente reprimidos/as, criminalizados/as,
perseguidos/as, asesinados/as, golpeados/as por un gobierno que juró protegerlos y velar
porque sus derechos sean mantenidos, sin embargo ha hecho todo lo contrario.
La crisis ambiental, económica, política y social en nuestro hermano país de Ecuador, ha
generado la serie de movilizaciones legítimas y el paro nacional convocado por organizaciones
sociales (indígenas, campesinas, feministas y de mujeres, estudiantiles, de la salud, barriales, de
las diversidades sexo-genéricas, sindicales, etc.), las mismas que han sido respondidas con
represión y criminalización por parte del gobierno de Lasso.
El gobierno ecuatoriano se muestra a favor de la transición ecológica y de manera paralela
define a los territorios comunales como zonas de explotación y saqueo de sus recursos naturales
dejando a su paso más pobreza, destrucción, contaminación de agua, tierra y aire , evitando que
nuestras hermanas y hermanos puedan asegurar su alimentación en medio de una vida digna.
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, exigimos
al gobierno del presidente Lasso lo siguiente:
1) La derogatoria inmediata del decreto ejecutivo N° 455, y posterior 459, que declaran
Estado de Excepción en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua,
Chimborazo y Pastaza

2) Dar solución concreta y real a los 10 puntos de la Agenda Nacional de Lucha de las
hermanas y hermanos ecuatorianos.

3) Cese inmediato de los actos de represión, criminalización y persecución de los
compañeros y compañeras que, de manera libre, ejerciendo su derecho a la protesta,
se están movilizando ya sea individualmente o colectivamente.

4) Libertad inmediata para los presos políticos.

Asimismo, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que
solicite un informe al estado ecuatoriano sobre las medidas que viene adoptando para asegurar
la vida e integridad de todas y todos los manifestantes en este Paro Nacional Ecuatoriano.
Manifestamos nuestra solidaridad con las compañeras y hermanas movilizadas, con la CONAIE,
FENOCIN; FEINE; FENOC, y todas las organizaciones autoconvocadas.
Un abrazo lleno de fuerza, pero al mismo tiempo de amor y consuelo en estos momentos
difíciles.
¡Fuerza compañeras ecuatorianas! ¡Viva el Paro Nacional! ¡Viva la resistencia!
Cajamarca 21 de junio del 2022.

Latinoamerica

En América Latina se intensificó la explotación minera durante la pandemia

02/06/2022
Un informe de varias organizaciones internacionales analizó el avance de la extracción de minerales en nueve países de la región durante la crisis sanitaria mundial.

Protestas de comunidades afectadas por la explotación minera.

Protestas de comunidades afectadas por la explotación minera. Esta situación que se estaba produciendo antes de la pandemia, se agudizó durante la crisis sanitaria mundial.

Desde México hasta Argentina, el informe‘Sin Tregua – Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera’ muestra el avance de la minería durante la pandemia en la región. A partir de estudios de caso de nueve países latinoamericanos, entre los que se encuentran algunos de los que fueron más afectados por la COVID-19, además de grandes inversiones mineras, el reporte examina la resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades ante la extracción de minerales como oro, plata, hierro, carbón, litio, cobre y uranio de sus territorios.

«Desde el momento en que se declaró la pandemia global de COVID-19 hace dos años, podíamos observar desde diferentes geografías señales cada vez más claras de intentos por parte de la industria minera, de aprovechar la situación para avanzar con sus procesos de licenciamiento y sus operaciones”, explica a DW Guadalupe Rodríguez, Referente de Latinoamérica de Rettet den Regenwald (Salva la Selva), una de las organizaciones que integra la Coalición contra la Pandemia Minera, que ha elaborado el reporte.

Según el informe, los gobiernos de México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, y empresas mineras aprovecharon el periodo de la pandemia para impulsar la expansión minera como «esencial” para la reactivación económica y la transición energética.

«Esta transformación de las matrices energéticas requiere de muchísimos metales para la construcción de la infraestructura necesaria para su implementación. Hablamos de eólicos, paneles solares, pero también de vehículos eléctricos. Todo eso se fabrica a base de metales y minerales. Y estos procesos de cambio no siempre están planificados con una mirada de justicia ambiental”, agrega recalcando que «todos estos planes ya existían desde mucho tiempo atrás. La pandemia ha ayudado a acelerarlos”.
Protesta contra la explotación minera en Ecuador.


Protesta en Quito. «Ecuador, que es un país donde existe una gran resistencia a la megaminería, también permitió su avance aprovechando los confinamientos que impedían la movilización social», afirma Rodríguez.
El poder de los lobbies

«Los lobbies mineros intentaron que algunas leyes restrictivas a sus operaciones se relajaran, que se desregularan impedimentos a nuevos permisos”, asegura Rodríguez haciendo referencia a los resultados del análisis. De este modo, apunta el caso de Panamá donde «el gobierno impulsó planes específicos para reactivar la minería en el país y proyectos mineros que llevaban años sin operar” y el de Argentina donde «en diciembre de 2021, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería de casi dos décadas”.

Asimismo, subraya que en «Colombia las empresas y el gobierno continuaron negándose a respetar una decisión de la Corte Constitucional de 2017 que reconocía las violaciones de los derechos comunitarios relacionadas con el plan de expansión de la mina de carbón Cerrejón”, mientras que «en Chile, la empresa canadiense Andes Copper, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias para su proyecto minero de cobre. Anteriormente venía realizando perforaciones sin los permisos necesarios. La comunidad afectada, Putaendo, es la primera municipalidad chilena que se declara «territorio libre de minería».

Lago contaminado en Chubut, Argentina.

Lago contaminado en Chubut, Argentina. “El movimiento popular promueve ahora un proyecto de ley que busca ampliar la prohibición para incluir las fases de prospección y exploración de la minería”, explica Rodríguez.
La resistencia de los afectados

El avance de la minería perjudicó a los afectados en varios sentidos. «En las comunidades donde los proyectos mineros ya están operando, tuvieron mayores desventajas para enfrentar la pandemia dado que, en la mayoría de los casos, cuentan con escasez de agua, además contaminada”, explica a DW Leny Olivera, de la organización Terra Justa.

«La mayoría de las comunidades afectadas por proyectos mineros vivieron una intensificación de la violencia. Como consecuencia eso ha significado mayor criminalización”, critica la portavoz de esa organización boliviana, que trabaja con grupos colombianos y peruanos, entre otros.

Un ejemplo de ello se encuentra en el estado brasileño de Maranhao. «La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias…”, denuncia Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de dicho estado.

Además, las comunidades también vieron restringidos sus derechos. «Las organizaciones sociales no pudieron llevar a cabo su normal actividad de reunión, denuncia y protesta. Al mismo tiempo, había dificultades para acceder a las instituciones, pues muchas oficinas en las que pedir información o llevar a cabo reclamaciones permanecieron cerradas”, lamenta Rodríguez.

A pesar de que, en el caso argentino, la decisión de anular la prohibición de la minería fue retirada, después de una semana de protestas, las comunidades originarias Mapuche-Tehuelche y residentes de toda la provincia siguen en lucha. «Consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño; una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera”, critica Iván Paillalaf, miembro de la comunidad indígena Mapuche-Tehuelche de Laguna Fría Chacay Oeste.

Los responsables del informe avanzan las presiones que seguirán recibiendo estas comunidades. “La llamada transición energética solo sirvió como una justificación para expandir las actividades mineras”, critica Olivera asegurando que la misma “no debe ser a costa de las comunidades del sur global”. “Los países del norte global deben replantearse que la transición energética implica desmontar el patrón de producción de consumo y producción que provoca la crisis climática actual”, concluye.
(cp)
https://www.dw.com/es/en-am%C3%A9rica-latina-se-intensific%C3%B3-la-explotaci%C3%B3n-minera-durante-la-pandemia/a-62016775

Latinoamerica

Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera

24/05/2022
Comunicado de prensa, para su publicación inmediata
Nuevo Informe

Un nuevo informe elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera – América Latina desenmascara el avance desmedido de la minería durante la pandemia, que obligó a que las comunidades y pueblos en América Latina no pudieran bajar la guardia mientras tomaban medidas para protegerse de COVID-19.

El informe “Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera”, se elaboró en base a estudios de caso de nueve países de América Latina – México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como “esencial” para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana.

La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas: socio-económica, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse, y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este período. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la represión, violencia, y control social que ejercen gobiernos y empresas.

A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias al modelo minero, que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos dos años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible “quedarse en casa”, mientras todo eso está en riesgo.

La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de una investigación colaborativa global, lo cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base de 23 países. A inicios de junio, la Coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte.
Fin del comunicado.

ENLACES DE DESCARGA DEL INFORME:

Español: https://bit.ly/38b6aKX

Inglés: https://bit.ly/3NuXhL1

 

Ver abajo citas y datos relevantes

Para más información o para organizar una entrevista:

Jen Moore, Investigadora Afiliada, Instituto de Estudios Políticos – Programa de Economía Global, [email protected]

Kirsten Francescone, Coordinadora del programa con América Latina, Alerta Minera Canadá, [email protected]

Leny Olivera Rojas, Director, TerraJusta, [email protected]

Guadalupe Rodríguez, Salva La Selva, [email protected]

Latinoamerica, Litio

Nace Cámara Latinoamericana del Litio

16/05/2022
Imagen referencial./ Crédito: Pixabay.
La nueva Cámara Latinoamericana del Litio está integrada de momento por representantes de Argentina, Chile y Perú y luchará por la creación de un mercado “transparente” que permita la formación del precio del litio a nivel regional.

“Esta cámara fue creada para desarrollar el proceso de formar precios e impulsar el desarrollo de un mercado de litio”, dijo en el presidente de la recientemente constituida Cámara Latinoamericana del Litio, el argentino Pablo Rutigliano.

La nueva entidad está integrada por profesionales técnicos y empresarios pymes del sector de Argentina y Perú, además de la Cámara Minera de Chile, y busca sumar a socios de Bolivia, México y Brasil.

Su objetivo es poder definir de forma transparente los precios del litio mediante la conformación de un mercado, un índice del valor del litio y modelos de contratos presentes y futuros en Latinoamérica.

La producción de litio en la región tiene su corazón en el denominado “triángulo del litio” integrado por los salares andinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que, de acuerdo a los últimos datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, concentran el 55.9% de los recursos mundiales conocidos de este metal. Si se suman los recursos identificados en México, Perú y Brasil, Latinoamérica, con un total de 52.8 millones de toneladas, acapara el 59.3% de los recursos globales, mientras que las reservas en la región son bastante menores, aunque igualmente representan el 52.2% de las reservas mundiales.

Rutigliano apuntó que en la región la minería de litio es dominada por multinacionales que dejan “poco espacio” a pymes y proyectos “embrionarios”.
El Dato

A inicios de 2021 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE) valía USD 6.750. Hace un año, USD 9.000. Y actualmente ya ronda los USD 75.000
Fuente: Gestión

Nace Cámara Latinoamericana del Litio

Latinoamerica

INFLACIÓN VERDE: LA DISPUTA POR LOS RECURSOS NATURALES

3d illustration of oil barrels and dollars stack

Eduardo Gudynas
09/05/2022
Imagen: Vanguardia
La actual crisis de inflación que sacude al mundo es distinta a las anteriores. Un grupo de grandes economías está intentando dejar atrás los combustibles fósiles para evitar el cambio climático. Ese viraje tuvo una incidencia determinante en los mercados globales de carbón e hidrocarburos, en muchos minerales y en la agricultura, y todos ellos contribuyeron a la inflación. Al mismo tiempo esa alteración climática que se quiere contener, ya tiene consecuencias, tales como sequías o inundaciones, que producen mayor volatilidad y precios en algunos alimentos, contribuyendo a la inflación. La invasión de Rusia a Ucrania aceleró y acentúo todas estas problemáticas, y sus repercusiones llegan a nuestra América Latina.

Estamos ante reordenamientos y cambios en el uso de las materias primas. Unos cambios que no siempre son comprendidos por los economistas convencionales, pero que los inversores y analistas de mercado advirtieron desde el año pasado. Entendieron que el concepto de estanflación, esa combinación entre una alta inflación y bajo crecimiento económico o estancamiento, no era el más apropiado (1). Propusieron calificarla como una verdeflación, una inflación verde. Lo confirma el Banco Mundial, que acaba de advertir que nos encaminamos a los más altos precios de las materias primas en los últimos 50 años.

El proceso estaba en marcha desde hace más de un año, y se debe a distintos factores, varios de ellos operando en oposición. Muchos países industrializados, y en especial los de la Unión Europea, con el propósito de evitar el cambio climático impusieron planes de transición energética que pasan por abandonar los combustibles fósiles, como carbón o hidrocarburos.

En paralelo a esa intención, y en parte alimentada por ella, los precios de esos energéticos aumentaron, y en ello operaron varios factores. Los petróleos más accesibles y de mejor calidad se están agotando, y los que los reemplazan son más caros y difíciles de extraer y procesar. Los grandes inversores están abandonando ese sector sabiendo que tiene los días contados. Los países petroleros reaccionaron aprovechando sus condiciones de oligopolios pujando por los mayores precios posibles antes que se universalice la despetrolización. El propio gobierno Ruso reconocía hace un año atrás que sus yacimientos habían traspasado el pico de petróleo, y por ello esperaban escalar su extracción y comercialización antes que no fuera posible (2). Al mismo tiempo, ciertos sectores que queman combustibles fósiles se encarecen, en unos casos porque deben pagar tasas por emitir gases invernadero y en otros por la inminencia de impuestos transfronterizos como los que está anunciando la Unión Europea.

La guerra en Ucrania entreveró más la situación dadas las medidas europeas que comenzaron bloqueando la importación de carbón ruso, le siguieron las coordinaciones para abandonar la compra de crudo, y entretanto se reducen las de gas. Todo esto generó más convulsiones y alzas en los mercados de hidrocarburos.

Esa misma transición energética apostó a otras fuentes de energía, tanto en Europa como en Norteamérica. Además aprovecharon la caída en los costos; en la generación de electricidad esos modos alternativos ya son más baratos que las plantas convencionales que queman combustible fósil. De todos modos debe tenerse presente que el consumo de energía es tan alto, y permanece tan dependiente de los hidrocarburos, que el ritmo y escala del reemplazo hacia molinos de viento o cualquier otra alternativa de ese tipo, llevará unos cuantos años.

De todos modos, esos cambios alimentaron la demanda por minerales que son esenciales para los molinos de viento, los paneles solares o las baterías. La voracidad por el cobre, litio, cobalto, níquel y otros minerales, hicieron subir sus precios; por ejemplo, en el litio el alza fue de aproximadamente un 1 000 % en los dos últimos años. A la inversa de lo que sucede en los hidrocarburos, donde hay inversores que se retiran y obstáculos que se suman, aquí el alza de precios se debe a la llegada de más inversores y la avidez de los gobiernos.

En muchos casos esa minería se hace en América Latina y otros países del sur, donde enfrenta una creciente resistencia ciudadana por sus impactos ambientales y sociales, lo que aumenta los costos de operación o vuelve a algunos yacimientos inexplotables. Entretanto, no pocos gobiernos quieren disputar una tajada más grande de esas ganancias y elevan las regalías. El resultado de todos los factores es que los precios de casi todos los minerales se dispararon, y ello también alimenta la inflación.

El aumento del precio de los hidrocarburos afecta directamente a los sectores agropecuarios, desde los fertilizantes a los costos de operación de la maquinaria. Esos incrementos están teniendo efectos muy severos en varios países, como ocurre en Perú con pequeños agricultores y campesinos que no tienen acceso a fertilizantes o no los pueden pagar, y por ello abandonarán cultivos claves como el arroz. Los cultivos que se abandonan o reducen obligarán a algunos países a importar alimentos, y por una vía u otro, sus precios aumentarán.

El cambio climático que se quiere evitar ya tiene consecuencias que golpea a la producción agropecuaria, encareciendo los precios de algunos alimentos. Basta recordar la sequía que afectó a Paraguay y distintas áreas de Brasil y Argentina, impactando sobre sus cosechas. Hay productores rurales en el Cono Sur sudamericano que podrían festejar los altos precios por ejemplo de la soya que exportarán, pero los costos de sus insumos y combustible también se elevaron; sus márgenes de rentabilidad se estrechan, y cualquier problema climático podría tener consecuencias nefastas. Algunos decidirán no sembrar, por ejemplo trigo, ya que requiere más fertilización y es más sensible al clima, y se volcarán a la soya. Si eso sigue su marcha, la diversidad de cultivos se estrechará más, y se agravarán los problemas con los precios de los alimentos.

La guerra en Ucrania acentúo estos problemas, y ahora encontramos que el precio del trigo aumentó proporcionalmente más que el del petróleo, y los fertilizantes más que cualquiera de ellos. Son incrementos encadenados que responden a distintas causas, y entre ellas la escasez de recursos naturales.

Aumentos en los precios de energía, alimentos y fertilizantes entre 2020 y 2022, y proyecciones para 2023-24. Basados en un índice 100 para los precios de 2010. Redibujado del Commodity Outlook, Banco Mundial, abril 2022.

Esto hace que la verdeflación sea distinta a las anteriores. Se mezclan restricciones en la oferta, por ejemplo en hidrocarburos, con las consecuencias de mayor inversión, como ocurre con la expansión en la producción de baterías. El Banco Central Europeo lo reconoce, pero advierte que no solo no renuncia a la transición energética sino que desea acelerarla (3). Contemplan medidas adicionales, tales como limitar el endeudamiento que pueden tener emprendimientos contaminantes o favorecer más a las inversiones en energía renovables.

En cambio, en América Latina estas cuestiones casi no se discuten, y es una incógnita si nuestras autoridades financieras las conocen. Pero entretanto hay síntomas de descontento social y los antecedentes históricos muestran que pueden escalar en protestas muy intensas. Téngase presente que el aumento de los precios de los combustibles que ya está en marcha en varios países tiene consecuencias que se expanden en otros sectores, y muchas de ellas alimentan aún más la inflación. Esa situación es delicada porque en América Latina existen antecedentes de protestas ciudadanas intensas en reacción a los aumentos de los combustibles, que ocurrieron por ejemplo en México, Bolivia, Ecuador y en Brasil. En este último país, en 2018, el paro de los camioneros fue de enorme intensidad, y fue aprovechado por quien entonces era un desconocido legislador, Jair Bolsonaro.

En los últimos meses, bajo el contexto generado por la guerra en Ucrania, ya se han disparado protestas contras las alzas en los combustibles en Chile, por ese motivo pero también por los costos de los alimentos y fertilizantes, tuvieron lugar paros y movilizaciones en Perú, y en parte por desarreglos con los combustibles, los agricultores argentinos se manifestaron en pleno centro de Buenos Aires.

Como la verdeflación es una crisis de otro tipo, los ministros de economía y directores de bancos centrales no podrán solucionarla por sí solos. No está en sus manos resolver la guerra en Ucrania ni pueden decretar que mágicamente habrán mas yacimientos de cobre o litio. Esas son condicionalidades políticas a su vez insertadas en contextos y límites ecológicos inamovibles. Para abordarlas es indispensable pensar la economía de un modo radicalmente distinto. El primer paso es comprender que esta inflación es distinta a las anteriores.

Notas

1. ‘Greenflation’ threatens to derail climate change action, R. Sharma, Financial Times, 2 agosto 2021, https://www.ft.com/content/49c19d8f-c3c3-4450-b869-50c7126076ee

2. Russia may have passes peak oil output – Government, The Moscow Times, 12 abril 2021, https://www.themoscowtimes.com/2021/04/12/russia-may-have-passed-peak-oil-output-government-a73558

3. Es la posición por ejemplo de I. Schnabel, integrante de la commisión ejecutiva del Banco Central Europeo; véase A new age of energyinflation: climateflation, fossilflation and greenflation, I. Schnabel, presentación del 17 marzo 2022, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317_2~dbb3582f0a.en.html

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social. Una primera versión de este artículo se publicó en distintos medios y es un adelanto de una sección en el libro “Muy lejos está cerca”, sobre los impactos de la guerra de Ucrania en América Latina que publicará la Red Peruana por una Globalización con Equidad con el auspicio de Cooperacción. Redes: @EGudynas

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Latinoamerica, Litio

Qué es la ‘OPEP del litio’ y cuáles son los planes de los gobiernos latinoamericanos para la explotación del ‘oro blanco’

Los gobiernos latinoamericanos quiere crear un cártel de productores estatales para controlar los precios, del litio pero la iniciativa pasa por alto las complejidades de su extracción.
Fuente: Bloomberg
Michael Stott
14/02/2022
El litio es el nuevo ‘oro blanco’ por su papel clave en las baterías de los autos eléctricos. Su precio se quintuplicó el año pasado. América latina cuenta con las mayores reservas y produjo el año pasado cerca de un tercio del litio mundial. ¿Una nueva bonanza para la región?

No necesariamente. El ‘triángulo del litio’, donde se encuentran la mayoría de los recursos probados de América Latina, ofrece algunas lecciones reveladoras. De sus tres naciones, Chile y Argentina están muy por delante, mientras que Bolivia tiene dificultades para arrancar.

«Argentina está destacando definitivamente por encima de sus pares en la atracción de grandes inversiones en la extracción de litio», dice Emily Hersh, directora ejecutiva de Luna Lithium en Nevada y especialista en minería en Sudamérica. «Argentina ha tenido múltiples transacciones e inversiones cercanas a los mil millones de dólares… en los últimos ocho a 12 meses».

La inflación en América latina podría durar más de lo esperado, advierte el ministro de Economía de Chile

Los mineros de litio se vieron atraídos por las políticas favorables a los inversores de la Administración de Mauricio Macri de 2015 a 19 y los gobiernos provinciales favorables a la minería también ayudaron, dicen los ejecutivos.

Al otro lado de la frontera, en Bolivia, la historia es radicalmente diferente. El país tiene potencial: el mayor salar de litio del mundo y las mayores reservas probadas.

Pero los sucesivos gobiernos socialistas han otorgado al Estado un papel central en la explotación del litio, las empresas privadas se han ido con las manos vacías y las comunidades locales han rechazado la autoridad del gobierno central para negociar. A pesar de años de promesas, la producción a gran escala aún no ha comenzado.

«Bolivia tiene una relación traumática con los recursos naturales», dice Roberto Laserna, economista de Cochabamba, refiriéndose a la historia de la minería de plata bajo el dominio colonial español. «La gente aquí cree que nuestras reservas minerales exponen al país a la voracidad de los extranjeros».

Las charlas entusiastas de algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda sobre una ‘OPEP de litio’, un cártel de productores estatales para controlar los precios, ignora la realidad de que el ‘oro blanco’ es una propuesta muy diferente a la del petróleo o los metales preciosos.

El litio es difícil de explotar. Altamente reactivo, no se extrae en estado puro. Es complejo y costoso extraerlo (de salmueras, como en América latina, o de rocas, como en Australia) y convertirlo en productos químicos para baterías. Aunque es abundante en todo el mundo, pocos yacimientos son comercialmente viables. La mayor parte de la producción proviene de Australia, Chile, China y Argentina, y la mayoría del procesamiento se realiza en China.

Para América latina, el crecimiento es el gran desafío

«Una nueva mina suele tardar entre seis y ocho años en ponerse en marcha», afirma PJ Juvekar, jefe de investigación de materiales de Citi. «Lo que las empresas quieren ver es una estructura estable de cánones que sea transparente».

Chile ha disfrutado de un régimen estable y es, por lejos, el mayor productor de litio de América latina. Las dos empresas de ese país, la estadounidense Albemarle y la chilena SQM, están aumentando sus inversiones.

SQM está gastando u$s 400 millones en Chile en 2021-22 y comprometió para 2021-2024 otros u$s 700 millones en Australia, donde el régimen fiscal es más amigable. «Chile es mucho más duro que Australia y Argentina en cuanto a las regalías del litio», dice Stefan Debruyne, director de asuntos externos de SQM. «Nuestro acuerdo de arrendamiento allí se acerca a un reparto del margen bruto al 50% con el Estado y las comunidades locales».

El nuevo presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, quiere crear una empresa estatal de litio, pero SQM y Albemarle creen que esto no les perjudicará.

«No vemos ningún impacto material en nuestras operaciones como resultado del gobierno de Boric», dice Ellen Lenny-Pessagno, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y comunitarios de Albemarle. «Ha dejado muy claro que no va a afectar a los dos operadores existentes».

La experiencia pasada en América latina sugiere que una política de litio exitosa implica un régimen estable con un reparto justo de los ingresos que proporcione un incentivo a las empresas privadas.

El veterano presidente nacionalista de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene otras ideas. «Vamos a crear una empresa (estatal) mexicana para el litio», dijo la semana pasada. » . . .En México se trata de nuestra soberanía. Se acabó eso de ‘hay una concesión minera’… la concesión del litio es especial y ya se decidió que el litio se va a explotar en beneficio de los mexicanos».

Cuatro senadores estadounidenses ya han escrito al presidente Joe Biden quejándose de que la política de litio de López Obrador «exacerbaría las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la escasez de minerales críticos».

El riesgo a largo plazo puede ser que el litio de México nunca llegue a explotarse. El gobierno de Biden está ofreciendo incentivos para producir litio en Estados Unidos y, si los precios globales se mantienen altos, habrá un impulso para diversificar la producción. «Con los precios al contado actuales, la producción de litio a partir de agua de mar podría ser incluso viable», afirma Debruyne, de SQM.

Esto será de poca ayuda para Bolivia, sin salida al mar y atrapada en su modelo minero centrado en el Estado. «Parece que Bolivia está condenada a ser prisionera de su identidad nacionalista y esto impedirá que se produzca litio», dice Laserna.
https://www.cronista.com/financial-times/que-es-la-opep-del-litio-y-cuales-son-los-planes-de-los-gobiernos-latinoamericanos-para-la-explotacion-del-oro-blanco/

Latinoamerica

Extractivismo y soberanía en América Latina

rt| 18/01/2022|
Conversatorio con Michael Löwy, Sabrina Fernandes, Eduardo Gudynas y René Ramírez. ¿Cuál es la lectura del tipo de desarrollo emprendido durante el “ciclo progresista”?

Los gobiernos progresistas de las últimas décadas han hecho algunos importantes avances en materia de «políticas soberanistas»: de la banca, del gasto público, de la política externa, etc. Sin embargo, en materia socio-ambiental han sido cuestionados desde variados ángulos. Tal vez el asunto más espinoso es qué tipo de soberanía han podido –o pretendido– promover con un modelo económico centrado en la extracción y exportación de materias primas, es decir, en una base productiva que, como se ha señalado, conduce más a la profundización de la dependencia que a una ampliación de la soberanía.

Michael Löwy

El principal logro de los gobiernos progresistas ha girado en torno a la redistribución de la renta, con medidas sociales a favor de las capas mas pobres de la población. Aquí es necesario distinguir entre dos tipos de gobiernos progresistas: los «social-liberales» (como Brasil y Uruguay), que desarrollaron una importante política social pero sin cambiar el modelo neoliberal, y los antimperialistas (Venezuela y Bolivia), que se han enfrentado con la oligarquía y el imperialismo buscando alternativas soberanistas. En ambos casos nos encontramos, sin embargo, con un modelo de desarrollo basado en la extracción y la exportación de materias primas, que ha llevado a una nueva forma de dependencia en relación al mercado internacional.

Además, el extractivismo es negativo desde otros puntos de vista: en primer lugar, es contradictorio con la soberanía alimentaria, que exige una producción de alimentos para el mercado interno y no productos de exportación. En segundo lugar, muchas veces tiene consecuencias ambientales sumamente negativas para las poblaciones locales indígenas o campesinas. Y tercero, en el caso de la extracción de energías fósiles –en particular el petróleo– contribuye al catastrófico proceso planetario de cambio climático.

Los gobiernos progresistas sin dudas han adoptado medidas sociales importantes en términos de redistribución social. Pero no han cuestionado el modelo económico capitalista exportador. Cierto, es difícil para países como Ecuador, Venezuela o Bolivia cesar de un solo golpe la producción de petróleo o gas. Pero existen medidas intermedias, como la propuesta del Parque Nacional Yasuni impulsada por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador (aunque después la abandonó): en una región de bosques de alta biodiversidad, dejar el petróleo bajo tierra exigiendo una indemnización a los países ricos.

Este proyecto era el símbolo de una opción radical: preferir la naturaleza al mercado, la vida a la ganancia. Los países capitalistas industriales no se entusiasmaron por el proyecto, no solo porque nada tiene que ver con los «mecanismos de mercado» donde tienen su preferencia, sino porque temían el efecto estimulante de esta iniciativa: otros países podrían plantear propuestas similares…

Eduardo Gudynas

La evaluación de las estrategias de desarrollo del progresismo está demostrando no ser sencilla. Al interior de los países se las reclama, pero a la vez hay muchos protagonistas de ese ciclo que las entorpecen, sea por su sincera convicción de haber hecho lo correcto como por la intención de ocultar errores. Las recientes campañas electorales, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador, las condicionaron aún más, porque las energías estaban puestas en volver a ganar el gobierno. Pero sobre ello se superpone un entramado de opiniones y analistas transnacionalizados, tanto desde dentro de América Latina como desde fuera, que abusan de simplificaciones y eslóganes.

Por ejemplo, me dices que los progresismos lograron «políticas soberanistas» en la banca y en otros sectores. Ese tipo de dichos son muy comunes, en especial en el Norte Global. Pero están algo equivocados. En realidad, bajo los progresismos la banca privada vivió un paraíso: aumentó su cobertura sobre la población y se diversificó la financiarización. Esto ocurrió bajo los gobiernos de Correa en Ecuador, de Lula da Silva en Brasil o del Frente Amplio en Uruguay, entre otros. Así se explica la bancarización obligatoria en Uruguay o la expansión de la financiarización a sectores como el consumo popular, la educación o la salud en Brasil.

En realidad, los progresismos estuvieron repletos de claroscuros. Tuvieron avances, estancamientos y retrocesos dentro de cada sector. Hay que celebrar que redujeron la pobreza y la marginalidad, porque eso dio alivio a millones de familias; pero no por ello hay que dejar de reconocer las limitaciones que tuvieron en su marcada dependencia de las ayudas monetarias condicionadas a los más pobres o del crédito para el consumo popular. También hay que felicitar sus inversiones en infraestructura, que por ejemplo en Ecuador son evidentes en sus carreteras y puentes. Pero al mismo tiempo debemos comprender que mucho dinero se perdió dentro de los laberintos estatales, sea por medios lícitos pero ineficientes como también por la corrupción.

Esas contradicciones se debieron a que los progresismos –en términos generales y muy esquemáticos– se orientaron hacia una variedad de capitalismo que buscó capturar una mayor proporción de excedente para intentar una redistribución económica. Pero apeló a prácticas concretas que, como los extractivismos y el consumo de masas, requerían su subordinación al capital. Y ello ocurrió por varias vías: blindaron al sector financiero, profundizaron la exportación de materias primas, captaron la inversión extranjera y se adhirieron plenamente a la institucionalidad global (como la Organización Mundial del Comercio).

Tal funcionamiento se dio por medio de delgados equilibrios en los que los Estados progresistas buscaban, por un lado, regular al capital, y por otro debían ceder ante él. Esos equilibrios eran inestables, pero mientras los precios de las materias primas fueron altos el excedente apropiado pudo sostener las medidas de compensación y amortiguación. Cuando cayeron los precios de los commodities, tal cosa dejó de ser posible. Y, peor aún, ello ocurrió al mismo tiempo que la capacidad de renovación política del progresismo se agotó.

René Ramírez Gallegos

La superación del modelo extractivista, y con ello de la acumulación como tal, siempre ha sido el horizonte. Pero lo fundamental es no perder la noción de temporalidad: primero, porque es un debate que no puede dejar de lado la subjetividad; segundo, porque hay reformas del presente y reformas transicionales que apuntan al cambio cuantitativo (como la satisfacción de las necesidades) y al salto cualitativo (como la trasformación hacia la sociedad del «buen vivir»).

Bajo esta perspectiva, es necesario señalar que «otra acumulación» (que incluye la «no acumulación» como horizonte) implica y requiere que exista mucha acumulación el día de hoy (obviamente, con fines ecosociales). Esto no es algo que le guste oír a cierta izquierda. Pero vivimos dentro del capitalismo, y si bien el horizonte es superarlo, debemos pensar la «gran transición» para esa «gran transformación estructural». No pensar el puente temporal es escribir ciencia ficción.

La opción de trasformación social debe ser sostenible en el tiempo, porque acumular para el beneficio social a gran escala toma décadas, pero dilapidar la acumulación para beneficio de pocos es muy fácil (y así se vio o se ve en los gobiernos neoliberales de Bolsonaro, Macri o Moreno). La opción que tenían los gobiernos progresistas para esa acumulación eran los recursos naturales. Y aquí hay que preguntarse al menos dos cosas: ¿la acumulación que obtuvieron de la explotación de recursos naturales sirvió para la redistribución de ingresos y la democratización de derechos? Claramente, sí.

Según la CEPAL, bajo los gobiernos progresistas hubo una clara reducción de la pobreza, la desigualdad y la cobertura de derechos sociales. En segundo lugar, cabe preguntarse si los recursos que obtuvieron se destinaron para un cambio en la matriz productiva (el modo de producción). Desde mi punto de vista, no lo suficiente. En ciertos países, incluso, ni siquiera se discutió la necesidad de una transformación de este tipo.

Más allá de la coyuntura política, todas las economías latinoamericanas siguen compartiendo ciertas características centrales: los sectores económicos predominantes se basan en la extracción de recursos, la agricultura de monocultivo y la manufactura de bajos salarios; en términos de empleo, la región está marcada por un gran sector informal, así como por la práctica arraigada de precarización y tercerización, lo que resulta en una clase obrera que trabaja en la precariedad extrema sin una red de seguridad social; y en cuanto a su inserción en el sistema mundial, la región se encuentra en un lugar de dependencia caracterizado por las exportaciones de bajo valor agregado, la plena integración a los mercados globales y altos niveles de deuda soberana.

¿Qué ha revelado la pandemia y la crisis económica respecto al modelo de acumulación de la región? ¿Qué enfoque debe orientar la recuperación latinoamericana y a qué escala debe concebirse e implementarse?

Sabrina Fernandes

La pandemia ha revelado que las clases capitalistas del continente no tienen ningún pudor en su ánimo de maximizar sus lucros cuando la población más pobre vive el riesgo diario de morir, sea de hambre o de COVID. Con el aumento de la informalidad del empleo y de la pobreza, esperamos que las organizaciones de izquierda en todo continente perciban de una vez por todas que el actual modelo de desarrollo nos mantiene vulnerables y que no es posible derrotar a la derecha sin políticas más radicales.

Nuestra historia es una historia de golpes e intervenciones imperialistas. La memoria del ataque a Salvador Allende, por ejemplo, sigue viva a modo de aviso melancólico de que «no podemos demandar mucho». Ese es un camino peligroso de aceptación del sistema capitalista. Pero entonces, ¿qué hacer? Primero, comprender que la burguesía se fortalece cuando puede gobernar tanto con la derecha como con la izquierda. El golpe contra el gobierno de Dilma Rousseff, en ese sentido, fue un golpe doble: vino de afuera (como sabemos, por la influencia de EEUU) pero también de dentro, de los mismos grupos aliados de los gobiernos de Dilma y de Lula un poco antes.

Por otro lado, es necesario convencernos de que los gobiernos de izquierda deben invertir mucho más en un proyecto de cambio ecológico como fuerza para la creación de nuevos empleos, en una red lo más autónoma posible de energía, así como en los caminos para una reforma agraria agroecológica. Las inversiones deben ser públicas, estatales o comunitarias: muy diferentes de los acuerdos desarrollistas, que estimulaban proyectos de 20 o 30 años de lucro para corporaciones que ni siquiera aseguran un buen servicio.

Para que la recuperación no sea más que un nuevo paquete de estímulos económicos en el capitalismo, las organizaciones sindicales deben ser incluidas en el proceso de planeamiento, así como la comunidad de profesores e investigadores deben opinar sobre cambios importantes en los contenidos de las universidades y de la dirección de investigación y desarrollo tecnológico. Y esa inversión con dinero público debe incluir también a las comunidades, ya que ellas son más aptas para saber si el problema local de hambre se soluciona mejor con jardines comunitarios o más comida en la escuela de los niños.

EG

La crisis actual se superpone sobre varias crisis que ya estaban en marcha en 2019 y antes. A su vez, si bien hay semejanzas, también las diferencias entre los países son muy importantes. No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, que lo que sucede en Chile, en México o en Colombia. Tras esa advertencia, puede decirse que se observan distintos grados de colapso, derrumbe o miserias en la política y en el papel de los gobiernos. En unos casos eso es extremo, como se observa con la inacción y autoritarismo de Jair Bolsonaro en Brasil. Sin llegar a ese nivel, otras situaciones son también dramáticas; es el caso, por ejemplo, de Perú, en donde mientras avanzaban los contagios se derrumbaba la política de partidos.

Los progresismos estuvieron repletos de claroscuros. Tuvieron avances, estancamientos y retrocesos dentro de cada sector. [Eduardo Gudynas]

En esa desesperación, los gobiernos recurren otra vez a los extractivismos como vía para paliar la crisis económica. Todos los países de América del Sur, sin excepción, intentan aumentar sus exportaciones de materias primas y al mismo tiempo sumar nuevos sectores (como la minería de litio o la expansión de los monocultivos transgénicos).

RRG

La pandemia del COVID-19 exige un cambio radical en los sistemas alimentarios de carácter agroindustrial, única manera de reducir o eliminar la posibilidad de nuevas zoonosis. Esto fue advertido hace mucho tiempo por los movimientos ecologistas. Asimismo, la importancia del rol de las mujeres en la reproducción de la vida ha sido parte de las luchas de los movimientos feministas. Más aún: todo el modelo de relación entre los seres humanos y la naturaleza debe transformarse, porque es el imperativo de la acumulación el que ha conducido a la depredación del entorno y a los desequilibrios ecológicos que permiten la pandemia actual.

Si bien la región tiene que consolidar un Estado de bienestar que ponga por delante lo público y lo común frente a lo privado o lo mercantil, conseguirlo no conduce a superar los problemas que plantea la pandemia. Dejar de ser «periferia» y conseguir ser parte del «centro» no es la solución para los países de nuestra región. Europa, siendo el continente con mayores niveles de bienestar del mundo, no ha escapado a los impactos de la pandemia.

El objetivo debe pasar por construir alternativas al desarrollo. Porque el desarrollo tal cual lo conocemos nos lleva a profundizar la crisis sanitaria, y este tipo de amenazas se volverán cada vez más frecuentes en el mundo.

Más allá del momento de la recuperación, ¿cuál es el horizonte político de la izquierda? Si entendemos la pandemia del COVID-19 como la primera gran crisis ecológica a escala mundial, ¿será que llegó la hora de un paradigma que aborde de manera más explícita los problemas –entrelazados– de la extracción de recursos, el daño ecológico y el cambio climático? En otras palabras, ¿es hora de avanzar del «socialismo del siglo XXI» hacia la discusión sobre el ecosocialismo, sobre un nuevo pacto ecosocial, una economía democrática verde o alguna otra formulación? ¿Cómo definen su visión de una alternativa radical al modelo económico imperante, y cómo creen que se podrían articular las conexiones fundamentales entre la economía y la naturaleza?

SF

Vivimos en un momento frágil de la izquierda revolucionaria, y la derecha sigue avanzando sobre nuestro continente. No podemos simplemente esperar al momento de la revolución, porque el riesgo de llegar demasiado tarde es grande. Un gran pacto eco-social o un nuevo acuerdo verde, cualquiera sea el nombre de un proyecto serio de descarbonización arraigado en la justicia social, debe ser parte de la construcción del ecosocialismo en América Latina.

Pero un pacto no será suficiente, y los ecocapitalistas lo saben e intentan apropiarse de las discusiones sobre la inversión y las políticas alrededor de ello. Entonces la tarea es empujar medidas de descarbonización enfocadas en el sector público junto con un proyecto de autonomía energética e inversión tecnológica. Un nuevo ciclo progresista podría ser capaz de hacerlo. La izquierda más radical debe partir de esa base para trabajar sobre las consciencias de la clase trabajadora rumbo a una ruptura secular. Y solo el ecosocialismo presenta la posibilidad de una síntesis entre los debates del posextractivismo, la descarbonización, el derecho a la ciudad, al buen vivir, el ecofeminismo, la soberanía y el internacionalismo, el antirracismo y el decrecimiento, para que el socialismo del siglo XXI sea más que una expresión y se transforme en una realidad concreta.

RRG

Los paradigmas no nacen de grandes think tank, sino de luchas históricas, de procesos democráticos, de resistencias creativas. Pero se necesitan marcos de análisis que acompañen y otorguen herramientas para esas grandes disputas civilizatorias. En Ecuador, en un movimiento constituyente entre 2007 y 2008, el pacto social que se denominó «del buen vivir» o Sumak Kawsay surgió del intelecto social colectivo. Desde mi perspectiva, esta propuesta va más allá del denominado «socialismo del siglo XXI» e incluso del ecosocialismo: es una propuesta nacida de un amplio proceso constituyente.

Se trata de una propuesta de cambio social epistémico y es, retomando lo anterior, una alternativa social al desarrollo. No surgió de ninguna cabeza, de ningún think tank. Tiene sus raíces en un frente social antineoliberal que fue canalizado en un proceso constituyente, el cual se nutrió de los saberes ancestrales de pueblos originarios, del feminismo, de la economía social y solidaria, del ecologismo, de las luchas de los estudiantes, de las clases medias, de los pobres, etc. Este marco analítico plantea que el concepto del «buen vivir» o vivir bien debe ser leído desde lo que consagra el pacto de convivencia firmado por los ecuatorianos en la Constitución de 2008. Algo similar sucedió en Bolivia, en tanto se construyó un proceso constituyente con paradigmas alternativos.

Las políticas públicas, por supuesto, no surgen en el vacío ni son concedidas libremente por élites políticas. Los Estados son condensaciones de la lucha de clases, y las políticas que promulgan reflejan el equilibrio de poder imperante en la sociedad en general. Dadas sus respuestas anteriores, ¿cómo podría producirse tal cambio de paradigma? ¿Qué actores colectivos, fuerzas de clase y movimientos sociales están preparados para actuar como protagonistas en la próxima batalla por el modelo de recuperación económica y social, y más allá? ¿Qué alianzas y bloques podrían reunir a grupos distintos en una fuerza con potencialidad hegemónica, capaz de transformar el modelo de acumulación imperante?

RRG

Un problema gravitante en estas dos décadas del siglo XXI es que en América Latina se ha dado un proceso de desindustrialización con la transición a una sociedad centrada en el sector de servicios, muchas veces deslocalizados (esto en el marco de una economía heterogénea, informal, con altos niveles de subempleo). Esto complejiza mucho más la lógica de acción colectiva alrededor de las luchas por un trabajo digno.

Hace un par de semanas leí un tuit que, siguiendo a Chico Mendes, decía: «el ecologismo sin lucha de clases es jardinería; el feminismo sin lucha de clases es la guerra de los sexos; el anticolonialismo sin lucha de clases es (potencial) fascismo». Claro está que la lógica también debe ser leída al revés; es decir, no se debería pensar lucha social sin lucha feminista, ecologista o poscolonial, como tampoco ecologismo sin lucha feminista, etc. Lo que se necesita es la convergencia de todas estas luchas sociales. La forma que adopte la convergencia depende de cada contexto: en Argentina, por ejemplo, viene protagonizada por los trabajadores y las mujeres; en Ecuador, ahora, por el movimiento indígena. Y estos sectores deberán articular con los movimientos políticos que disputan electoralmente el Estado, porque la contienda debe ser tanto en el ámbito social como estatal.

ML

Actualmente, pienso que las fuerzas mas activas en la lucha por un cambio de paradigma en América Latina son la juventud, las mujeres, los campesinos y las comunidades indígenas. Movimientos como Vía Campesina cumplen un papel muy importante, porque procuran asociar la lucha campesina por la tierra con una perspectiva ecológica. Y las comunidades indígenas están en la primera línea del combate al extractivismo, en defensa de los bosques y los ríos. «¡Agua sí, oro no!» es la consigna de campesinos e indígenas de Perú en contra de la minería de oro que envenena los ríos. Muchas veces son las mujeres las más activas en estas movilizaciones, incluso a costa de sus propias vidas, como Berta Cáceres en Honduras.

Sin embargo, no lograremos crear una fuerza hegemónica capaz de romper con el modelo dominante sin el apoyo de la clase trabajadora, del proletariado del campo y de la ciudad. Necesitamos también incluir a los intelectuales, a los artistas, a los cristianos de la liberación y a la masa del «pobretariado», los excluidos del sistema. La tarea fundamental de la izquierda socialista es organizar este bloque de clases y capas sociales. Y hacerlo desde abajo: en los barrios, las fábricas, las escuelas, el campo, los bosques. Comenzando por demandas concretas e inmediatas, como el no al pago de la deuda externa, la reforma agraria, etc., pero tratando de dar impulso, en el mismo movimiento, a una dinámica antisistémica, anticapitalista.

Por último, ante la posibilidad de un nuevo súper-ciclo de commodities y con el retorno de varios gobiernos progresistas, ¿qué consejo ofrecerían a los gobiernos de izquierda o centroizquierda –tanto actuales como futuros– de la región? ¿Cómo deberían orientarse en un contexto de crisis multidimensional, en el que otro auge de los commodities puede traer consigo una mayor presión para expandir la frontera agrícola y extractiva? ¿Cómo podrían cambiar sus economías nacionales para hacer una transición hacia la energía renovable, una mayor protección social, una agricultura regenerativa y otras alternativas económicas al extractivismo? ¿Se podría financiar una transición de este tipo? ¿Es posible forjar un camino en este sentido sin la coordinación de los gobiernos de todo el Sur Global para poner fin al régimen de deuda y austeridad impuesto por las instituciones financieras?

SF

Si no hay socialismo en un solo país, tampoco puede haber ecosocialismo, dado que este reconoce que para la naturaleza no hay fronteras. Por otro lado, es peligroso que el progresismo vea un nuevo superciclo de commodities como una ventana de posibilidad para más inversión en los sectores extractivistas, en colaboración con los grandes capitalistas.

No debemos abandonar nunca la lucha por distribución justa de la propiedad de tierra y los derechos originales y tradicionales a los territorios. Los gobiernos de izquierda deben comenzar por arreglar la enorme desigualdad en el acceso a la tierra si realmente quieren evitar que el superciclo resulte en más concentración de riquezas y bienes. Y eso también se relaciona con la discusión sobre el mercado financiero y el papel que cumple en garantizar ganancias con las commodities, cuando las diferencias en el precio y las barreras de competición ponen a los trabajadores rurales en riesgo.

Pero hay otra cosa que necesitamos discutir: por qué la transición hacia energías renovables es tan importante. Toda producción energética a gran escala tiene impactos ambientales y sociales. Nuestra tarea es minimizar los impactos atendiendo a las demandas de las comunidades amenazadas. No es posible pensar –como creen algunas de las grandes potencias económicas hoy– que se trata simplemente del crecimiento y desarrollo económicos, pero ahora con renovables. Así se olvidan los impactos que el sistema extractivista industrial tiene incluso cuando se trata de inversiones en tecnología verde.

Para algunos de esos gobiernos, la búsqueda de litio y otros minerales ya es vista como una nueva oportunidad de crecimiento. En Bolivia, Luis Arce ha dicho desde su campaña que aspira a hacer del país una gran potencia solar con su propio litio. Declaraciones como esas no tienen en cuenta los límites del litio boliviano, las demandas de protección ambiental en el área y el gran desafío de transferencia tecnológica. Explotar el litio y exportarlo sin acceso directo a la tecnología no redunda en el desarrollo verde de Bolivia sino en el de los otros, sea la Unión Europea o China.

ML

No hay «receta milagrosa» para salir de los impases de la crisis actual. Pero hay algo que queda en claro: los gobiernos progresistas no tomarán el camino de un cambio de paradigma si no hay una presión social y política «desde abajo» que los conduzca a hacerlo. Es por eso que la tarea prioritaria de los ecosocialistas pasa por la organización del movimiento, la alianza de clases y grupos sociales interesados en un cambio radical.

Pero para eso no podemos sentarnos a esperar que se unan todos los gobiernos del Sur Global. Con uno o dos gobiernos más avanzados, que sirvan de ejemplo y estimulen otras experiencias, ya habremos dado un gran paso hacia el objetivo final: una agenda latinoamericana de cambio de paradigmas, capaz de crear una relación de fuerzas a nivel continental.

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NOTA

Sabrina Fernandes es doctora en Sociología por la Universidad de Carleton (Canadá). Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Michael Löwy es director de investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). René Ramírez Gallegos es economista, fue Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa.

Fuente: Lahaine.org

Latinoamerica

Estrenan libro y mapa digital «Mujeres defensoras contra el extractivismo minero en Abya Yala»

Trabajo consiste en un tejido polifónico que busca visibilizar las voces y los aportes de las mujeres en defensa del territorio, de la naturaleza y de la vida, evidenciando las condiciones de vida de sus comunidades en situación de extractivismo minero.
Opazo
Tras meses de trabajo, las organizaciones que conforman la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales han finalizado la publicación y el mapa titulado «Mujeres contra el extractivismo minero en el Abya Yala», un esfuerzo colectivo que busca visibilizar la histórica lucha de las mujeres ante un proceso profundamente anclado en América Latina como lo es el extractivismo liderado por la minería.

El trabajo consta en un «tejido polifónico que busca visibilizar las voces y los aportes de las mujeres en defensa del territorio, de la naturaleza y de la vida, evidenciando las condiciones de vida de sus comunidades en situación de extractivismo minero», acorde a lo que plantea en su resumen ejecutivo.

En este sentido, a través de la sistematización de experiencias de mujeres afectadas por el extractivismo minero, se logran visibilizar formas específicas de violencia patriarcal que dialogan con dimensiones coloniales y capitalistas. Aspectos como el territorio cuerpo, territorio tierra, territorio organizativo y estrategias de resistencia forman parte del trabajo.

De esta manera, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras se plantea como una propuesta de articulación regional, siendo «un espacio de lucha y resistencia, nos unimos y tejemos entre estas voces de mujeres para denunciar juntas los escenarios de despojo y asimismo juntas, reconocer y construir modos de vida diferentes en cada uno de los territorios en resistencia».

La actividad será transmitida por el Facebook de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras este miércoles 24 de noviembre en los siguientes horarios:

– Centroamérica y México (17:00 horas)
– Colombia, Ecuador y Perú (18:00 horas)
– Bolivia (19:00 horas)
– Argentina, Brasil y Chile (20:00 horas)

Información nota: Equipo OLCA

Estrenan libro y mapa digital «Mujeres defensoras contra el extractivismo minero en Abya Yala»

Internacional, Latinoamerica

Fuentes de trabajo y automatización de minas

04/09/2021
El futuro de la minería es la automatización. La implementación de sistemas automatizados permitirá ejecutar varios dispositivos al mismo tiempo y controlar maquinarias a distancia es decir, transferir áreas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos.

Según evalúa Rumbo Minero Internacional “Mover toneladas de roca con maquinaria gigante requiere de una minuciosa precisión, porque cualquier error durante la ejecución puede tener graves consecuencias. Por ello, en la industria de la minería, la confiabilidad y el control de procesos son fundamentales para lograr operaciones seguras.”

La implementación de sistemas automatizados permitirá ejecutar varios dispositivos al mismo tiempo y controlar maquinarias a distancia, gracias a una conectividad inalámbrica estable y de alto rendimiento en las minas.

Las compañías mineras actualmente buscan digitalizar y automatizar sus operaciones para ser más eficientes, aumentando su productividad y disminuyendo costos y riesgos.

En Perú

En Perú ya se habla de la llegada de las minas automatizadas, y aunque todavía existen una serie de sistemas aislados que computan partes de las operaciones, el futuro dispone la integración de todo ello.

Para explicar qué involucra la automatización en minería primero debemos entender el concepto de automatización, el cual implica la transferencia de tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos.

En minería, al igual que en otros sectores, la tecnología llega velozmente y las tareas emprendidas con técnicas rústicas -en algunos casos poco seguras- son dejadas de lado. Y es que la automatización minera da cuenta de la mejora productiva y de costos de toda la operación, desde el manejo de una maquinaria, pasando por el uso de energía, hasta el eficiente trabajo de una planta minera, a través de la gestión operativa de un solo sistema.

En Chile

La mina de cobre y molibdeno Los Bronces, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, incorporó equipos de perforación autónomos que se controlan a 50km de distancia.

Cinco equipos de perforación remotos se activaron y manipulan desde el centro integrado de operación remota (en la foto) de Anglo American en Santiago a través de sensores y GPS, con mínima intervención humana. En la ceremonia estuvo presente el biministro de Energía y Minería de Chile, Juan Carlos Jobet.

Alrededor de 100 empleados trabajan en el centro integrado en el procesamiento de los datos recopilados por más de 700 cámaras ubicadas en la mina. El proceso de automatización comenzó en 2016 con el objetivo de reducir los costos y proteger a la fuerza laboral.

“Estos equipos mejoran la productividad, optimizan tiempos operativos y reducen costos, pero por sobre todo mejoran los niveles de seguridad”, señaló el presidente ejecutivo de Anglo en Chile, Aaron Puna, en un comunicado.

Se espera alcanzar la autonomía total de los equipos el próximo año.

El año pasado, la chilena Antofagasta Minerals comenzó a utilizar equipos de perforación autónomos en la mina de cobre Los Pelambres en la Región de Coquimbo, operados desde una sala de control dentro del campamento minero.

La promesa de empleo minero siempre fue una campaña de espejitos de colores.

Fuentes: BNaméricas – Rumbo minero internacional

Fuentes de trabajo y automatización de minas

Latinoamerica

Castigo y criminalización por la defensa del agua

Manuel Pérez Rocha Loyo 30/08/2021
La semana pasada fue importante para la lucha continental y global en defensa del agua ante la rapacidad de empresas mineras.

De acuerdo con el comunicado del 25 de agosto, «Las incongruencias de la Semarnat», de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA, https://bit.ly/38gb2uA), la dependencia “continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo –porque lo han hecho manifiesto– que es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud y la que genera más conflictos socioambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación”.

El manifiesto de REMA cita al doctor Jorge Zavala Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, que informó para BBC Mundo en mayo que «cerca de 87.5 por ciento del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades». REMA denuncia el ocultamiento y falta de información acerca de «los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México».

La semana pasada en Colombia el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán iniciaron la campaña «200 razones para la defensa de los territorios de agua y páramos», buscando que «la población se manifieste en defensa de la vida, el ambiente y el territorio, expresando creativamente que el agua es un bien común fundamental» (https://bit.ly/2USzrDo). Esta plataforma coincide con la celebración hoy, 30 de agosto, del bicentenario de la independencia de Colombia.

El Comité de Santurbán agrupa a organizaciones sociales y civiles de la región colombiana de Santander y lucha desde 2009 para defender la Estrella Hídrica de Santurbán de concesiones a la «locomotora minera». El Páramo de Santurbán es un ecosistema esencial y patrimonio natural para la humanidad, dada su riqueza biofísica y su función de captar CO2 para mitigar los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la vida en nuestro planeta. El comité ha logrado detener el proyecto de la empresa canadiense Eco Oro en sus intentos de explotar una mina de oro a cielo abierto, por atentar contra el agua de la región. Un factor para este logro fue la presión internacional para el retiro de la inversión da la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial en el proyecto minero. Sin embargo, Eco Oro demandó a Colombia en 2016 ante otro brazo del mismo Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi), por 736 millones de dólares, bajo su TLC con Canadá. Dicha reclamación está pendiente junto al menos otras siete demandas conocidas de empresas mineras contra Colombia, por astronómicas cantidades que superan 18 mil millones de dólares (información de Unctad).

Las empresas mineras no sólo castigan por medio de tratados de libre comercio e inversión a gobiernos. También instan a la criminalización de la resistencia pacífica por medio de litigios judiciales contra la participación pública para frenar a quienes se les oponen (https://cutt.ly/xWfX2Dl).

Ejemplo: el pasado 26 de agosto marcó el periodo dictado de dos años de prisión preventiva para los ocho defensores ambientales pertenecientes al Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Cmdbcp), Honduras, detenidos arbitrariamente en 2019. Los defensores enfrentan cargos por los delitos de «incendio agravado» y «privación injusta de libertad» como represalia por ejercer su derecho a la legítima protesta y la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol. Ese día, la Corte Suprema de Honduras resolvió prolongar seis meses la «prisión preventiva» de los defensores del agua de Guapinol.

La decisión de la corte de extender la prisión de los defensores del agua de Guapinol ha sido lamentada por instancias para los derechos humanos de la ONU (https://bit.ly/3zqr94D y https://bit.ly/2WBtGL2). ONG de derechos humanos, como Front Line Defenders, han expresado su preocupación por la criminalización basada en acusaciones falsas hacia los defensores de derechos humanos integrantes del Cmdbcp, ya que «el procesamiento judicial y la prolongada detención arbitraria son una represalia por su labor de defensa del ambiente». El Institute for Policy Studies, que otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt al Cmdbcp en 2019 se ha solidarizado con los defensores del agua de Guapinol y sus familiares que han sufrido durante dos años las implicaciones de su detención arbitraria. El Cmdbcp por su parte «lamenta y condena la decisión de los magistrados de la sala de lo penal al resolver favorablemente al Ministerio Publico / Inversiones los Pinares y Ecotek (las firmas mineras interesadas en la zona)» y hace un llamado a las «comunidades, familias, organizaciones del municipio, de la región del Aguan, del país y del campo internacional a sumar energías en la lucha por la libertad de los defensores junto a la libertad de los territorios conquistados por la corrupción y la violencia (del empresario) Lenir Pérez y del gobierno de Honduras» (https://bit.ly/3Bdxsci).

Los comités de Tocoa, en Honduras, de Santurbán, en Colombia, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería son importantes referentes para las luchas presentes y futuras en defensa del agua.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2021/08/30/opinion/019a1pol