Internacional, Latinoamerica

Fuentes de trabajo y automatización de minas

04/09/2021
El futuro de la minería es la automatización. La implementación de sistemas automatizados permitirá ejecutar varios dispositivos al mismo tiempo y controlar maquinarias a distancia es decir, transferir áreas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos.

Según evalúa Rumbo Minero Internacional “Mover toneladas de roca con maquinaria gigante requiere de una minuciosa precisión, porque cualquier error durante la ejecución puede tener graves consecuencias. Por ello, en la industria de la minería, la confiabilidad y el control de procesos son fundamentales para lograr operaciones seguras.”

La implementación de sistemas automatizados permitirá ejecutar varios dispositivos al mismo tiempo y controlar maquinarias a distancia, gracias a una conectividad inalámbrica estable y de alto rendimiento en las minas.

Las compañías mineras actualmente buscan digitalizar y automatizar sus operaciones para ser más eficientes, aumentando su productividad y disminuyendo costos y riesgos.

En Perú

En Perú ya se habla de la llegada de las minas automatizadas, y aunque todavía existen una serie de sistemas aislados que computan partes de las operaciones, el futuro dispone la integración de todo ello.

Para explicar qué involucra la automatización en minería primero debemos entender el concepto de automatización, el cual implica la transferencia de tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos.

En minería, al igual que en otros sectores, la tecnología llega velozmente y las tareas emprendidas con técnicas rústicas -en algunos casos poco seguras- son dejadas de lado. Y es que la automatización minera da cuenta de la mejora productiva y de costos de toda la operación, desde el manejo de una maquinaria, pasando por el uso de energía, hasta el eficiente trabajo de una planta minera, a través de la gestión operativa de un solo sistema.

En Chile

La mina de cobre y molibdeno Los Bronces, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, incorporó equipos de perforación autónomos que se controlan a 50km de distancia.

Cinco equipos de perforación remotos se activaron y manipulan desde el centro integrado de operación remota (en la foto) de Anglo American en Santiago a través de sensores y GPS, con mínima intervención humana. En la ceremonia estuvo presente el biministro de Energía y Minería de Chile, Juan Carlos Jobet.

Alrededor de 100 empleados trabajan en el centro integrado en el procesamiento de los datos recopilados por más de 700 cámaras ubicadas en la mina. El proceso de automatización comenzó en 2016 con el objetivo de reducir los costos y proteger a la fuerza laboral.

“Estos equipos mejoran la productividad, optimizan tiempos operativos y reducen costos, pero por sobre todo mejoran los niveles de seguridad”, señaló el presidente ejecutivo de Anglo en Chile, Aaron Puna, en un comunicado.

Se espera alcanzar la autonomía total de los equipos el próximo año.

El año pasado, la chilena Antofagasta Minerals comenzó a utilizar equipos de perforación autónomos en la mina de cobre Los Pelambres en la Región de Coquimbo, operados desde una sala de control dentro del campamento minero.

La promesa de empleo minero siempre fue una campaña de espejitos de colores.

Fuentes: BNaméricas – Rumbo minero internacional

Fuentes de trabajo y automatización de minas

Latinoamerica

Castigo y criminalización por la defensa del agua

Manuel Pérez Rocha Loyo 30/08/2021
La semana pasada fue importante para la lucha continental y global en defensa del agua ante la rapacidad de empresas mineras.

De acuerdo con el comunicado del 25 de agosto, «Las incongruencias de la Semarnat», de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA, https://bit.ly/38gb2uA), la dependencia “continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo –porque lo han hecho manifiesto– que es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud y la que genera más conflictos socioambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación”.

El manifiesto de REMA cita al doctor Jorge Zavala Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, que informó para BBC Mundo en mayo que «cerca de 87.5 por ciento del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades». REMA denuncia el ocultamiento y falta de información acerca de «los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México».

La semana pasada en Colombia el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán iniciaron la campaña «200 razones para la defensa de los territorios de agua y páramos», buscando que «la población se manifieste en defensa de la vida, el ambiente y el territorio, expresando creativamente que el agua es un bien común fundamental» (https://bit.ly/2USzrDo). Esta plataforma coincide con la celebración hoy, 30 de agosto, del bicentenario de la independencia de Colombia.

El Comité de Santurbán agrupa a organizaciones sociales y civiles de la región colombiana de Santander y lucha desde 2009 para defender la Estrella Hídrica de Santurbán de concesiones a la «locomotora minera». El Páramo de Santurbán es un ecosistema esencial y patrimonio natural para la humanidad, dada su riqueza biofísica y su función de captar CO2 para mitigar los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la vida en nuestro planeta. El comité ha logrado detener el proyecto de la empresa canadiense Eco Oro en sus intentos de explotar una mina de oro a cielo abierto, por atentar contra el agua de la región. Un factor para este logro fue la presión internacional para el retiro de la inversión da la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial en el proyecto minero. Sin embargo, Eco Oro demandó a Colombia en 2016 ante otro brazo del mismo Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi), por 736 millones de dólares, bajo su TLC con Canadá. Dicha reclamación está pendiente junto al menos otras siete demandas conocidas de empresas mineras contra Colombia, por astronómicas cantidades que superan 18 mil millones de dólares (información de Unctad).

Las empresas mineras no sólo castigan por medio de tratados de libre comercio e inversión a gobiernos. También instan a la criminalización de la resistencia pacífica por medio de litigios judiciales contra la participación pública para frenar a quienes se les oponen (https://cutt.ly/xWfX2Dl).

Ejemplo: el pasado 26 de agosto marcó el periodo dictado de dos años de prisión preventiva para los ocho defensores ambientales pertenecientes al Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Cmdbcp), Honduras, detenidos arbitrariamente en 2019. Los defensores enfrentan cargos por los delitos de «incendio agravado» y «privación injusta de libertad» como represalia por ejercer su derecho a la legítima protesta y la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol. Ese día, la Corte Suprema de Honduras resolvió prolongar seis meses la «prisión preventiva» de los defensores del agua de Guapinol.

La decisión de la corte de extender la prisión de los defensores del agua de Guapinol ha sido lamentada por instancias para los derechos humanos de la ONU (https://bit.ly/3zqr94D y https://bit.ly/2WBtGL2). ONG de derechos humanos, como Front Line Defenders, han expresado su preocupación por la criminalización basada en acusaciones falsas hacia los defensores de derechos humanos integrantes del Cmdbcp, ya que «el procesamiento judicial y la prolongada detención arbitraria son una represalia por su labor de defensa del ambiente». El Institute for Policy Studies, que otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt al Cmdbcp en 2019 se ha solidarizado con los defensores del agua de Guapinol y sus familiares que han sufrido durante dos años las implicaciones de su detención arbitraria. El Cmdbcp por su parte «lamenta y condena la decisión de los magistrados de la sala de lo penal al resolver favorablemente al Ministerio Publico / Inversiones los Pinares y Ecotek (las firmas mineras interesadas en la zona)» y hace un llamado a las «comunidades, familias, organizaciones del municipio, de la región del Aguan, del país y del campo internacional a sumar energías en la lucha por la libertad de los defensores junto a la libertad de los territorios conquistados por la corrupción y la violencia (del empresario) Lenir Pérez y del gobierno de Honduras» (https://bit.ly/3Bdxsci).

Los comités de Tocoa, en Honduras, de Santurbán, en Colombia, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería son importantes referentes para las luchas presentes y futuras en defensa del agua.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2021/08/30/opinion/019a1pol

Latinoamerica, Mexico

Mineras canadienses en México y América Latina: La Conquista del siglo XX que continúa

Las industrias mineras que han operado en México y América desde el siglo XX han causado conflictos en múltiples pueblos; su forma de ‘trabajo’ es similar a un proceso de ‘conquista’ a países tribales
La operación de las mineras canadienses en México y otros países América Latina perjudica a diversas comunidades
Por Cesar Tovar
22/08/2021
Sonora.- La industria minera canadiense y sus especuladores controlan la extracción de metales preciosos en México, y lo hacen ejerciendo presión a los gobiernos, amenazando a comunidades y aprovechándose de un marco legal laxo: extraen riqueza y solo dejan pesares, como si se tratase de conquistadores de un país tribal

Hace más de quinientos años dio inicio la conquista de América, en aquel tiempo fueron españoles, portugueses y, posteriormente, británicos y franceses quienes arrasaron con las riquezas del Nuevo Mundo para subsidiar sus guerras en Europa; hoy, cinco siglos después el conquistador no viene del otro lado del Atlántico sino desde el norte del mismo continente.

Las mineras canadienses llevan años sometiendo a las naciones del centro y sur de América, donde controlan activos por 67 mil 50 millones de dólares, producto de 80 proyectos desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Fue a principios de la década de los noventas, en el siglo XX, cuando, aprovechando la firma de tratados de comercio internacional, aterrizaron en las naciones latinoamericanas mediante un discurso que prometía riqueza, prosperidad y un cuidado absoluto por el medio ambiente.

La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo. Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían; por el contrario, han generado muchos problemas”, explica a la BBC César Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Mineras canadienses

En 2018, pueblos de Veracruz en México se manifestaron contra las mineras canadienses sin tener éxito.

No son pocos los expertos en el tema que atañen a las mineras canadienses una serie de conflictos graves en territorio latino, lo que incluye disputas comerciales, políticas, sociales, medioambientales e, incluso, violencia contra comunidades que interfieren con sus afanes de explotación.

De acuerdo con organismos internacionales, las mineras canadienses registraron más de trescientos conflictos en América Latina en la última década, de los cuales 29 se encuentran vigentes en México, el país que más casos acumula, muy por encima de la media. Lo dicho se refleja en el tema del riesgo medioambiental, pues de los 560 casos que la Secretaría del Medio Ambiente reconoce, 173 son causados por actividad minera.

La Organización Global Witness ha insistido en el último lustro que la actividad minera representa el mayor riesgo para cientos de comunidades y la relaciona con al menos una veintena de asesinatos.

Sin duda, un panorama oscuro.

Orígenes y ganancias

El problema está en la Ley Minera, que está hecha para beneficio de las grandes industrias mineras, quienes pueden utilizar sin el menor control, tierra, agua y demás recursos ambientales, además de no ser vigilados por autoridad alguna”, explica Julieta Lamberti de la ONG Poder.

La frase se ciñe a mayo de 1990, fecha en que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue pieza clave para que se aprobase una Ley Minera que hasta el día de hoy favorece a la industria por encima, incluso, de la salud y el bienestar de la ciudadanía

El problema está en que su contenido ha posibilitado violaciones a derechos humanos y privilegios de las empresas mineras”, explica Itzel Silva, abogada especializada en el tema, quien añade que la citada ley “viola convenios internacionales reconocidos por el Estado mexicano, además de que ha favorecido la entrega de territorios a empresas mineras”.

Las industrias mineras extranjeras controlan poco más de mil proyectos, equivalente a 1600 minas, siendo, además de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y China los países vinculados al sector, uno que, pese a controlar un flujo de más de 20 mil millones de dólares al año, sólo representan el 1% del PIB.

Particularmente, la industria minera canadiense ha ganado miles de millones de dólares desde 1992 que comenzó su arribo al país; el lobby canadiense minero, constituido originalmente por especuladores de capital y no por expertos en la materia, de acuerdo a reportes periodísticos y federales, convenció a todos los presidentes (desde Salinas hasta Peña Nieto) de otorgarles más y más concesiones, varias de ellas multimillonarias.

Tan sólo el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó en más de 7 mil millones de dólares las ganancias de las mineras del país norteamericano en México, dinero que no se ve reflejado en el país, pues la laxitud del marco legal les permite pagar tan sólo el 6% de impuestos sobre esos dividendos.

Estos números provienen de una extracción que supera las 70 toneladas anuales de oro, haciendo de México la décima veta más grande del mundo; de ese total, alrededor de 60 mil salen de las diez mineras más grandes, de las cuales seis son canadienses: Alamos Gold, Pan American Silver, First Majestic, Torex Gold, Agnico Eagle y Equinox Gold.
Monstruos capitalistas.

De acuerdo con Pierre Becauge, profesor emérito de la Universidad de Quebec, gran parte de la responsabilidad del impacto casi colonial que han tenido las mineras canadienses en América Latina y particularmente en México, se debe a la laxitud del gobierno y a la especulación de los grandes capitales, que, en la práctica, han convertido a Canadá en un paraíso fiscal para la industria.

Y no sólo eso, sino que el gobierno canadiense encubre operaciones de las mineras en el extranjero, por lo que es casi imposible enjuiciarlas por lo que hacen en otro lado del mundo. Canadá es una base de ensueño para las trasnacionales que explotan minas en otra parte del mundo», explica Becauge.

Los investigadores Alain Denault y William Sacher han identificado y documentado que prácticamente siete de cada diez sociedades de exploración y explotación minera en el mundo tienen su sede en Canadá, de las cuales el 60% cotizan en la Bolsa de Toronto; paradójicamente la mitad de éstas empresas nunca han invertido o explorado en su país de origen, sino que enfocaron sus pilas a Latinoamérica y África.

Hay una fiebre del oro para las mineras canadienses, y esto responde a la coyuntura favorable que ofrece el mercado y un marco jurídico sumamente permisivo tanto en Canadá como en México, en este último debido a que en su momento Carlos Salinas copio la ley minera canadiense y la aplicó en México, teniendo prioridad legal sobre otro uso de suelo”, argumenta Becauge.

Ante los señalamientos, Ben Chalmers, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá, aseguró a medios internacionales que sus estudios revelan que sólo el 20% de las mineras de su país tienen conflictos asociados a la actividad.

En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera», dijo.

Conflictos y amenazas

Para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales el principal problema de la minería canadiense es el alto impacto que tiene socialmente de forma negativa.

Hablamos de un impacto en el medioambiente, en el uso de recursos naturales, en la explotación de trabajadores y, por desgracia, hasta temas de violencia y acoso sistemático”, explica Rodrigo González, un sociólogo que ha hecho énfasis en investigar el tema en sus posgrados de la Universidad Iberoamericana.

La ONG Mining Watch Canada (MWC) calcula que cada gramo de oro extraído requiere 481 mil litros de agua, el equivalente al consumo total por mes de 38 personas adultas; además se necesitan 7 mil litros de diésel y 1864 kilogramos de explosivos, sin contar el momento de la separación del oro, proceso que utiliza por cada ocasión hasta 11 mil gramos de cianuro o mercurio, dos productos de alta toxicidad que terminan contaminando los mantos freáticos o las cuencas de agua cercanas.

Lamentablemente el tema medioambiental no es la única herida profunda que dejan las mineras en su conquista de México y América Latina: la situación, delicada de origen, las señala como desestabilizadoras de la paz social con fines económicos, y de financiadoras de movimientos anti derechos o de políticos voraces.

El periodista Jesús Lemus, especializado en cobertura de asuntos criminales, ha revelado en varias ocasiones los vínculos de las mineras con varios de los cárteles del narcotráfico más poderosos del país con la idea de “neutralizar a los opositores a sus proyectos económicos, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas”, escribió en un texto publicado en Los Ángeles Times.
AMLO

Mineras canadienses en México y América Latina: La Conquista del siglo XX que continúa

A su vez, reportes internacionales detallan que mientras el tráfico de drogas genera ganancias anuales por 25 mil millones de dólares, la minería lo hace por 200 mil, lo que abre el apetito del crimen organizado.

Para Lemus el dato no es menor, ya que “mediante la prestación de sus servicios como brazo ejecutor de las mineras o mediante su intervención directa en la explotación de yacimientos, se quede con el 10% de los recursos (como lo estima la Fiscalía General de la República), esos grupos ya están logrando la utilidad equiparable a lo que obtienen por el trasiego de drogas”.

Al tiempo, varios medios de comunicación han reportado que activistas y organizaciones sociales han recibido amenazas directamente de las mineras canadienses: comuneros de Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Zacatecas y, hoy Sonora, dan fe de ello en una lucha desigual por el intento de una nueva conquista del país, ayer por europeos, actualmente por los especuladores canadienses.
Fuente. Staff
https://www.tribuna.com.mx/sonora/2021/8/22/mineras-canadienses-en-mexico-america-latina-la-conquista-del-siglo-xx-que-continua-264827.html

Internacional, Latinoamerica

Webinar presentará lanzamiento oficial del Centro de Arbitraje y Mediación Minero

La actividad se realizará el miércoles 14 de julio a partir de las 12 del día, vía Zoom y Youtube.
12/07/2021
Minería Chilena

La Cámara Minera de Chile y el Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN, realizarán un webinar para realizar el lanzamiento oficial de este nuevo e innovador centro.

“Para la Cámara Minera de Chile es de suma importancia este webinar, donde se dará a conocer oficialmente el CAMMIN, Centro de Arbitraje y Mediación Minero, dedicado a los recursos naturales y que cuenta con grandes expertos y de larga trayectoria en el sector”, señaló Manuel Viera, presidente de la gremial.

En tanto, el presidente de CAMMIN, Christian Contador, destacó este encuentro que contará con importantes representantes nacionales e internacionales.

“Además cabe destacar que CAMMIN está integrado por expertos del sector minero de larga trayectoria tanto en el consejo asesor como los árbitros que están disponible”, agregó.

Asimismo, Contador sostuvo que esta actividad contará con exposiciones de Elisabeth Eljuri, quien es árbitro internacional, dedicada a diversos arbitrajes relacionados con Latinoamérica bajo las reglas de la CCI, ICDR, UNCITRAL y CIADI.

“Eljuri está incluida en el Listado de Árbitros de Energía (EAL) de la ICDR, los listados de la CCI, LCIA y varios centros de arbitraje de ciudades latinoamericanas como AmCham Perú. Adicionalmente a su rol como árbitro independiente, Eljuri presta asesoría en temas relacionados con recursos naturales y fusiones y adquisiciones (M&A) en diversas industrias. También participa en las juntas directivas de aquellas empresas donde figura como inversionista”, explicó el líder de CAMMIN.
En la oportunidad también presentará el Gerente Corporativo de Abastecimiento de Codelco, Ricardo Reyes y el abogado y Director Ejecutivo de CAMMIN, Jorge Castillo.

Webinar presentará lanzamiento oficial del Centro de Arbitraje y Mediación Minero

Latinoamerica, Litio

La ‘carrera’ por el nacionalismo del litio se apodera de Latinoamérica

América Latina es una región con más de la mitad de los recursos de este metal y ahora los políticos buscan aumentar su papel en la industria.

En México, el Gobierno está estudiando la posibilidad de nacionalizar prospectos de litio. (Bloomberg)
Por Bloomberg / Jonathan Gilbert y Daniela Sirtori-Cortinajunio 29, 2021

Los políticos de América Latina, una región que representa más de la mitad de los recursos de litio del mundo, buscan aumentar el papel del Estado en una industria que es crucial para alejar al mundo de los combustibles fósiles.

En Argentina, las empresas estatales de energía están entrando en el negocio del litio a medida que las autoridades hacen una oferta para desarrollar industrias downstream.

En Chile, un importante candidato presidencial quiere hacer algo similar justo cuando la nación redacta una nueva Constitución que puede conducir a reglas más estrictas para los mineros.

Sin duda, nadie en el poder está hablando de expropiar activos en producción y gran parte de la retórica antiinversores en Chile proviene de grupos de oposición. Aún así, al exacerbar las desigualdades y exponer las vulnerabilidades de la cadena de suministro, la pandemia está avivando el nacionalismo de los recursos que podría conducir a condiciones menos favorables para los productores justo cuando se expanden en un naciente boom de baterías de iones de litio.

“La confiabilidad del país y de los recursos es algo que las compañías automotrices y de baterías consideran”, dijo el analista de BTG Pactual, Cesar Perez-Novoa. “Así que es un riesgo”.

La perforadora de petróleo estatal de Argentina, YPF, confirmó este mes que explorará en busca de litio y se involucrará en la licitación para la producción de baterías a través de una nueva unidad, una estrategia similar a la que solía diversificarse en energía renovable.

Otra empresa estatal de energía, Ieasa, cuyo papel está revitalizando el presidente Alberto Fernández después de que el gobierno anterior buscara privatizar muchos de sus activos, ha dicho que incorporará el litio en su estrategia comercial, sin dar más detalles.

Los países productores de litio han tenido poco éxito en agregar valor a sus industrias de materias primas dada su distancia de los centros de demanda y, a veces, el entorno empresarial adverso. En el caso de Bolivia, los requisitos para invertir aguas profundas han sido una de las barreras para obtener litio del suelo en primer lugar.

Argentina apuesta por estrechos vínculos con China, su prestamista de última instancia, para abrir la puerta al sueño de las plantas locales de baterías y vehículos eléctricos. Funcionarios argentinos han estado en conversaciones con Gotion High-Tech y Ganfeng Lithium.

Echar más leña al fuego en Argentina es un proyecto de ley redactado el año pasado por legisladores del partido gobernante Frente de Todos que busca declarar al litio como un “recurso estratégico”. Aún así, el proyecto de ley no se está considerando actualmente, señaló una portavoz del partido.

En Chile, el principal proveedor de litio después de Australia, se espera que un proceso para reescribir la constitución incluya un debate sobre cómo capturar más ganancias del sector, requisitos de licencia más estrictos y la clasificación del agua como un bien nacional para uso público.

No está claro si una nueva Constitución podría alterar los derechos de propiedad dado que el Estado ya es propietario de los minerales, dijo Renato Garin , profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, quien fue elegido miembro de la convención que redacta la carta. Es probable que el cambio se base en las reglas ambientales a medida que aumentan las preocupaciones sobre el impacto de la minería de litio en el salar de Atacama.

“Lo que impulsará la nueva Constitución es un salto lejos del capitalismo minero para alentar más inversiones en tecnología”, explicó Garin, un miembro independiente de izquierda de la asamblea, en una entrevista. “Cómo producir sin destruir”.

Los comentarios más fuertes provienen de México, donde el gobierno está estudiando el control estatal de los activos. México aún no produce litio y, según los analistas de BTG Pactual, es poco probable que la retórica se convierta en acción. Pero aún aviva la incertidumbre.

Bolivia también está tratando de avanzar con un enfoque estatal para desarrollar sus vastos depósitos. Después de implementar una serie de pruebas piloto durante la última década, incluidos estanques de evaporación gigantes para replicar el método de extracción de salmuera utilizado en Chile y Argentina, la nación sin litoral está recurriendo a nuevas tecnologías.

Bolivia ha llamado a licitación para probar técnicas de extracción directa de litio, o DLE, y los ganadores están programados para anunciarse en las próximas semanas justo cuando la empresa estatal de litio y sus socios finalicen los trabajos en el procesamiento de prototipos y plantas de baterías. Aún así, los experimentos DLE y downstream de Bolivia no ofrecen garantías de un aumento significativo en la producción en el corto plazo.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/06/29/la-carrera-por-el-nacionalismo-del-litio-se-apodera-de-latinoamerica/

Argentina, Bolivia, Chile, Internacional, Latinoamerica, Litio

Una OPEP para el Litio

Estamos frente a una nueva oportunidad para Argentina, que hoy es la segunda reserva conocida del mundo después de Bolivia, y el cuarto productor mundial.
Por Mario Nallib Fadel
27/06/2021
Proyecto para la extracción del Litio

El principal objetivo para el que fue creada la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo), en el año 1960, fue garantizar precios justos y estables para los países productores de ese recurso estratégico.

Hasta entonces, sólo 7 empresas de EE.UU. y de Europa fijaban el precio del crudo, un precio que estaba fijado en función de los intereses de esas empresas y de la política energética de los países consumidores: el precio llevaba implícita una transferencia indebida de riqueza de los países pobres hacia los países ricos. Esta situación de desequilibrio distributivo del beneficio motivó inicialmente a 5 países a constituir la OPEP.

Con el litio, la nueva vedette energética, podría pasar la misma situación de desequilibrio, a menos que nos animemos a pensar alternativas para evitar que el precio sea fijado atendiendo sólo a los intereses de los países consumidores en detrimento de los países productores. En definitiva, son los habitantes de estos últimos países los que soportan el impacto que implica una actividad extractiva.

Estamos frente a una nueva oportunidad para Argentina, que hoy es la segunda reserva conocida del mundo después de Bolivia, y el cuarto productor mundial en el año 2020 detrás de Australia, Chile y China. Las reservas conocidas de litio en nuestro país se encuentran en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta y representan el 20% de las reservas mundiales.

La explotación en esas provincias, y en particular en Catamarca, se viene realizando desde hace más de dos décadas, y en estos tiempos observamos una fuerte aceleración en inversiones para multiplicar la extracción en línea con los avances del desarrollo de la electromovilidad. Junto a ello la explícita intención de los gobernadores de las tres provincias poseedoras de este recurso, de constituir una instancia supraprovincial para el tratamiento del negocio, y en el orden nacional, el ministerio de producción impulsa una legislación promotora de la electromovilidad. Como vemos son acciones en ambas puntas de la cadena (la explotación y su uso), ambas legítimas, oportunas y necesarias, pero a mi criterio insuficientes cuando se trata de un recurso estratégico.

Lo jugadores del negocio a nivel mundial ostentan tal envergadura que exigen de nosotros habilitar un debate sobre cómo, en nuestra condición de productores del recurso, generamos herramientas que garanticen que el impacto negativo que genera la actividad minera en el medio ambiente sea compensado con mejoras ostensibles en la calidad de vida, en particular de las comunidades de las provincias propietarias del recurso, y en general del país, garantizando la sustentabilidad en todas sus dimensiones, social, cultural, ambiental y económica.

En este sentido, se esbozaron públicamente algunas iniciativas en el ámbito de la política, como la idea de la creación de un Instituto Nacional del Litio o la YPF-Litio. Más allá de cuáles sean las herramientas propuestas que deben ser materia de profundas discusiones de las que surjan amplios acuerdos, lo importante en este momento es poner en discusión el tema de cara a la sociedad, dejando atrás prejuicios inconducentes para un debate de esta envergadura.

Algunas voces hablaron de “nacionalizar” el recurso, y no tardó la natural y legítima reacción en contra de la idea, de las provincias constitucionalmente propietarias de ese recurso.

Pensar en una “nacionalización” al modo chileno como lo hizo con el cobre (CODELCO), es institucional y políticamente inviable, pues el modelo chileno es el de un país unitario, lo opuesto al federalismo argentino.

Lo que de ninguna manera cierra la posibilidad de pensar en una YPF del litio, o en la creación de una instancia nacional, como paso previo para iniciar una articulación supranacional con otros países productores, que implique la construcción de una fuerza de negociación para modificar la tendencia que impone el hecho de que los países consumidores -que son principalmente los países centrales- fijen las condiciones, mientras que los principales poseedores de las mayores reservas somos países “no centrales”. Esta tendencia lleva indefectiblemente a que el precio del recurso esté fijado por empresas multinacionales y sus países de origen atendiendo sus propios intereses.

El conocido triángulo del Litio, Bolivia, Argentina y Chile, en ese orden, son las tres principales reservas conocidas de Litio del mundo sumando más del 50% de ellas. Considero importante proponerse el objetivo de constituir, en un futuro cercano, una instancia supranacional que sea para el litio lo que la OPEP es para el petróleo. Antes de la OPEP, el petróleo no valía nada: es decir, los productores del recurso recibían migajas en comparación con los daños que ocasionaba extraer un recurso no renovable (que algún día se acabaría sin beneficio para su población), mientras era el motor del desarrollo acelerado de las naciones compradoras. La asociación supranacional sirvió para detener, al menos en parte, semejante desequilibrio.

En definitiva, no hay excusas para no declarar recurso estratégico al litio y abrir un debate amplio en la búsqueda de herramientas institucionales, nacionales y supranacionales, que, preservando el derecho constitucional de las provincias sobre los recursos mineros, nos permitan obtener un precio justo.

*Ex senador nacional, ex diputado nacional y ex Auditor General de la Nación.
https://www.pagina12.com.ar/350900-una-opep-para-el-litio

Latinoamerica, Litio

Búsqueda por el litio latinoamericano

América Latina destaca por sus inmensas reservas de litio. Bolivia, Argentina y Chile son los tres países con mayores reservas de este material, conocidos como el ‘triángulo del litio’.
Tomado de: América Latina en movimiento
15/06/2021
La transición energética ha colocado al litio como un elemento crítico. En América Latina es un tema prioritario que cobró fuerza desde inicios de la segunda década del siglo XXI, durante la administración de Evo Morales. Bolivia, al ser la que mayor volumen de reservas posee, puede aprovechar la creciente demanda mundial de litio. Este artículo abordará la importancia actual que tiene este elemento para la región y los nuevos proyectos que se desarrollan en México y Perú.

La transición energética ha obligado a utilizar tecnología e insumos distintos a los relacionados con los hidrocarburos. El creciente consumo y desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos han creado una creciente demanda de litio. Actualmente, el principal uso del metal es en la producción de baterías recargables. En 2014, se estimó que el 29 % del litio a nivel mundial se utilizó en la producción de baterías recargables, este porcentaje aumentó a 71 % en 2021.

El litio ha ganado definitivamente un lugar importante en la disputa por la hegemonía mundial. Cuando se reconoció que el litio sería clave para transición energética del parque vehicular, el elemento comenzó a considerarse como un material estratégico. Desde el 2008, el Departamento de Energía de Estados Unidos considera al litio como 1 de los 16 elementos críticos.

El litio se comercializa en tres formas: concentrados minerales, compuestos minerales y metal refinado. Los minerales de litio, principalmente espodumena, petalita y lepidolita, se extraen de las pegmatitas (yacimientos de roca) y se utilizan principalmente como materia prima para vidrios y cerámica. La mayoría de los compuestos de litio (por ejemplo, carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio) se obtienen a partir de salmueras. El metal de litio se obtiene por electrólisis a partir de cloruro de litio.

Como se puede observar en los mapas anteriores, Argentina, Bolivia y Chile poseen la mayoría de los yacimientos en salares. En tanto que, recientemente, Brasil, México y el Perú han descubierto yacimientos importantes en pegmatita (roca). Los yacimientos de México y el Perú aún se encuentran en fase de exploración, aunque ya se proyecta que sean de los más grandes del mundo.

América Latina destaca por sus inmensas reservas de litio. Bolivia, Argentina y Chile son los tres países con mayores reservas de este material, conocidos como el «triángulo del litio». Durante 2019, en Bolivia la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos produjo apenas 400 toneladas métricas, una producción reducida para las reservas que posee, que representan el 21 % del total mundial. Argentina y Chile cuentan actualmente con proyectos de producción financiados con capital chino, alemán, estadounidense y canadiense.

Hasta marzo de 2021, en México se encuentran registrados 36 proyectos, según información oficial de la Secretaría de Economía. De estos, uno se realizará con una parte de capital mexicano. Destaca que 15 de los 36 proyectos pertenecen a Organimax, empresa de origen canadiense. El resto se realizará con capital británico, estadounidense, francés, español, australiano y canadiense. Sobresale que no existe ningún proyecto con capital chino, a diferencia del resto de la región.

El Perú no se había destacado por poseer grandes yacimientos ni ser un productor de litio hasta hace poco. A mediados de 2018 se encontró un importante yacimiento mientras se exploraba el territorio de Macusani, Puno, para la explotación de uranio. Esta reserva destaca del resto en la región ya que el elemento se encuentra en roca pegmatita, en vez de en salmueras, que es como se encuentran los grandes yacimientos del Triángulo. En 2021, la empresa canadiense Plateau Energy, la propietaria del proyecto, lo vendió en su totalidad a su connacional Lithium Americas, a través de la bolsa canadiense. Lithium Americas está centrada en el avance del proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy, Argentina, y del proyecto Thacker Pass en Nevada, Estados Unidos, hasta su producción.

El golpe de Estado boliviano realizado por injerencia extranjera, como la estadounidense y la británica, es uno de los ejemplos más claros del interés que hay por el elemento. EUA ha manifestado en diversas ocasiones lo crucial que es el elemento para los próximos años, y, por ende, la necesidad de asegurar su acceso para satisfacer su demanda, en la competencia tecnológica, donde la transición energética es crucial.

Los gobiernos de México y Perú han expuesto interés por seguir un camino similar al de Bolivia. Se ha planteado la opción de nacionalizarlo para que el Estado pueda explotarlo y probablemente procesarlo. Este último proceso se ha considerado como una parte necesaria para una política industrial activa, como la que se comenzó a desarrollar durante la administración de Evo Morales.

El destino del litio en el Perú podría definirse por quién gane las elecciones presidenciales en las próximas semanas. Mientras Castillo se ha decantado por la idea de nacionalizar diversas materias primas, como los minerales y el gas, Fujimori tiene establecido continuar con política de libre mercado, por lo que el elemento quedaría en manos de inversores extranjeros. En tanto que en México las cosas son inciertas, el presidente Andrés Manuel ha hecho público el interés por nacionalizar el elemento. En el congreso, por parte del partido líder y al cual pertenece el presidente, se comienza a plantear un proyecto de ley para promover un mercado regulado con inversores extranjeros.

El litio y su explotación en la región se presenta como un choque de intereses. Mientras que los propios países de la región buscan aprovechar la creciente demanda del litio para obtener recursos fiscales de su explotación, los países desarrollados aseguran su acceso para la producción de baterías recargables, indispensables en el cambio de matriz energética y del parque vehicular en la que están inmersos. El golpe de Estado en Bolivia fue una de las manifestaciones de este choque de intereses. Los países de la región deberán tomar acciones más firmes si es que buscan aprovechar sus recursos naturales y utilizarlos activamente en el desarrollo, en caso contrario, podrían seguir con el modelo primario exportador, sin llevar a cabo procesos de transformación y perder la oportunidad de aumentar el valor agregado a las exportaciones y al consumo interno.

Núm. 19, Año 2021, 11 de Junio

– Hiromi Iijima Cruz, Facultad de Economía, UNAM, miembro del obela.org.

– OBELA: Oscar Ugarteche (Coord.), Armando Negrete, Carlos de León, Jorge Zavaleta, Bertín Acosta.

https://www.alainet.org/es/articulo/212648

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Latinoamerica

“DESARROLLO VS. SUSTENTABILIDAD” LOS DESAFÍOS DESDE AMÉRICA LATINA

06/06/2021
“Desarrollo vs. sustentabilidad” los desafíos desde América Latina
“…como región y como país, tenemos un gran desafío y oportunidad para hacer una contribución crucial al principal problema político que afrontamos como especie: salirnos de la matriz extractivista heredada de la colonia es reducir nuestra cuota de subsidio ecológico a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Es la base para buscar otras alternativas al desarrollo; procurar matrices socioeconómicas, políticas y ecológicas donde sea posible conjugar salud de la Tierra, salud de los cuerpos y de la sociedad.”
Fuente: nodal
Imagen: Desde abajo
Por Horacio Machado Aráoz*
El 21 de febrero de 1972, meses antes de que la ONU convocara la I Cumbre sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo), un líder político del Sur global advertía que “ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, y la sobre-estimación de la tecnología […] El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente […] si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas” (Perón, 1972).

Hoy, casi 50 años después, vivimos la catástrofe. Somos habitantes de un mundo de destrucciones socialmente producidas, pero políticamente naturalizadas. El año que pasó –junto a temperaturas récord en el Ártico y la Antártida; descomunales incendios en la Amazonía, en el Oeste norteamericano, en Siberia y en Australia– los humanos sufrimos la primera pandemia verdaderamente global. Por primera vez, un virus –un elemento básico del
planeta– puso a toda la humanidad bajo la circunstancia de poder experimentar-nos como dad biótica: integrantes de una misma especie que comparten iguales requerimientos vitales e idénticos padecimientos y riesgos biológicos.

Irónicamente, en pleno siglo XXI, en la cumbre de una fenomenal carrera científico- tecnológica, las sociedades más avanzadas se han visto igualmente vulnerables; forzadas a recurrir a una tecnología medieval como único paliativo. Pero más irónico aún es “el origen industrial del virus”, vinculado a la producción agroalimentaria global y su expansión desproporcionada sobre los hábitats naturales que, a fuerza de monocultivos y mega granjas, han operado como una aplanadora biológica, generando las condiciones de esta y otras enfermedades zoonóticas (Wallace, 2016).

Vista en su etiología, la pandemia es fiel expresión del carácter contradictorio de nuestro curso civilizatorio: un modelo de “desarrollo” que, procurando construir las condiciones del bienestar humano, legitimándose en ideales que dicen querer poner fin a la escasez, al hambre y a la desprotección humana ante los riesgos naturales, ha pasado a funcionar como dispositivo estructural de degradación sistemática de la biósfera terrestre, justamente la que
provee las condiciones fundamentales de nuestra existencia.

Desde (por lo menos) 1970 a esta parte, las advertencias ambientalistas han sido desechadas; de Estocolmo a Madrid (2020), las sucesivas cumbres de la Tierra han trazado un sarcástico camino: de la negación a la oficialización e institucionalización de la crisis ecológica global; y de allí, a la fase actual de banalización y naturalización. Hoy, a diferencia de décadas atrás, “todo el mundo sabe” y, al mismo tiempo, “nadie hace nada” (realmente conducente).

Las preocupaciones ambientales siempre han terminado sucumbiendo ante la prioridad política excluyente del “desarrollo”. Y el problema del “desarrollo” es que, bajo la retórica “bienintencionada” de sus promesas, subyace una maquinaria de “destrucción creativa” (Joseph Schumpeter) diseñada para no parar; una maquinaria que no solo no tiene freno de emergencia (Walter Benjamin), sino que además entra en crisis cuando apenas se desacelera.
La idea de desarrollo supone, subrepticiamente, una dinámica inmanente de crecimiento incesante (de la producción y el consumo de mercancías) como condición sine qua non para el (supuesto) logro de todos los objetivos políticamente deseables (de allí que el PBI sea considerado acríticamente el medidor universal del grado de “desarrollo” de los países; acaso también, de “felicidad” de las poblaciones). Incluso el “cuidado del ambiente” implicaría como requisito la necesidad primero de “desarrollarse”.

Así, “el desarrollo ha llegado a ser una cuestión de vida o muerte”, pues “el crecimiento industrial tiene un carácter fatal si continúa su curso exponencial, […] tiende a aniquilar el ecosistema por una explotación insensata” (Morin, 1972: 61). En términos estrictamente racionales, sabemos que no es posible el crecimiento indefinido en un planeta con taxativos límites biofísicos. Crecimiento (ilimitado) y sustentabilidad son incompatibles; por tanto, “desarrollo sustentable” es un oxímoron. Sin embargo, siendo una idea absurda, el “desarrollo sustentable” sigue actuando como una política indiscutible. El crecimiento funciona en nuestras sociedades como dogma sagrado y la acumulación de riquezas (financieras), como su verdadera religión: lo que inmensas mayorías asumen y lo que determina el sentido de sus vidas.

Ahora bien, tal credo solo resulta eficaz a condición de restringir la noción de “riqueza” a meras formas abstractas, pues únicamente los valores financieros podrían crecer de forma indefinida. El economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen (también a inicios de los 70) señaló como un error grave confundir riqueza con dinero y pensar la economía abstraída por completo de los flujos de materiales y energía provenientes de los ecosistemas. Pues, el velo
del dinero encubre el empobrecimiento real que supone la destrucción y agotamiento de recursos bajo la fachada del crecimiento del PBI. Para el fundador de la economía ecológica, una economía centrada en el dinero no solo ocluye el costo ambiental del crecimiento, sino también su costo social: el hecho de que la expansión económica se logra a expensas del aumento de la tasa de explotación, de la naturaleza externa (suelo, agua, energía, minerales,
etcétera) y de la interna (cuerpos de trabajadores).1

Para ser más precisos, el crecimiento de la economía supone no solo el aumento de la tasa de explotación de los recursos, sino también la profundización de las desigualdades históricas en la apropiación diferencial de la naturaleza (incluido el trabajo humano). Esto es clave para nuestro país y para toda América Latina. El patrón de división internacional del trabajo (y de la naturaleza) que venimos arrastrando desde la época colonial funciona como un mecanismo estructural de transferencia sistemática de riquezas naturales hacia los países “industrializados”. Solo a condición de ese fenomenal subsidio ecológico, la maquinaria industrial del mundo ha podido seguir funcionando (hasta ahora).

Desde hace por lo menos 50 años sabemos que “las mal llamadas ‘sociedades de consumo’ son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo” que funcionan en “los paísestecnológicamente más avanzados mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo” (Perón, 1972). Cada ciclo de crecimiento de la economía mundial ha estado basado en lo que el historiador ambiental Jason Moore llama “apropiaciones de frontera”: mecanismos político-económicos a través de los cuales los países periféricos “envían vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global del capital” (Moore, 2013: 13).

Desde que iniciamos como pueblos nuestro camino en busca de la independencia, a principios del siglo XIX, lo hicimos por la senda equivocada de suplir el gobierno externo con élites internas, pero manteniendo y profundizando la misma plantilla económica y socioterritorial impuesta. Las ciencias sociales en América Latina nacieron de la crítica a esa historia, la de la conformación de sociedades fundadas en la apropiación oligárquica de la tierra para la organización y administración de economías primario-exportadoras. Para lxs economistas fue
la causa de nuestro subdesarrollo y dependencia; para lxs sociólogxs, las raíces de las desigualdades extremas y el autoritarismo.

La ecología política ve en ese modelo un esquema insustentable de depredación creciente, de injusticia y violencia (económica, política y socioambiental) estructural. Eso que llamamos “extractivismo” no es solo una cuestión ambiental; es un concepto político que da cuenta de las interrelaciones existentes entre sobreexplotación de recursos, concentración económica y autoritarismo político. Así, reconocer las ineludibles conexiones entre sustentabilidad, equidad y democracia implica que, si queremos apuntar a ellas, debemos empezar por abandonar el
extractivismo.

Desde esa óptica, como región y como país, tenemos un gran desafío y oportunidad para hacer una contribución crucial al principal problema político que afrontamos como especie: salirnos de la matriz extractivista heredada de la colonia es reducir nuestra cuota de subsidio ecológico a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Es la base para buscar otras alternativas al desarrollo; procurar matrices socioeconómicas, políticas y ecológicas donde sea posible
conjugar salud de la Tierra, salud de los cuerpos y de la sociedad.

En esa dirección parece oportuno retomar viejos consejos: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros […] De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. […] El problema básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular […] La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma”. En pleno siglo XXI no nos está permitido recaer en las necedades del XIX: no podemos seguir buscando la independencia ni profundizando lo que nos hace esclavos. No podemos continuar pensando el bienestar humano de espaldas a la Madre Tierra.

*Investigador del Conicet, coordinador del Grupo de Ecología Política del Sur (CITCA), director del Doctorado en Ciencias Humanas de la UNCa.

Notas:

1. El planteo de la economía ecológica no supone oponerse absolutamente al crecimiento de la
producción, ni a la innovación tecnológica, sino que plantea la necesidad de establecer límites
y regular el ritmo y sentido de los procesos productivos, tanto para adecuar las tasas de
extracción y consumo de materia y energía a las condiciones ecosistémicas, como para
orientarlos prioritariamente a la satisfacción universal e igualitaria de las necesidades vitales.
Bibliografía:
– Moore, J. (2013), “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.
– Morin, E. (1972), “Conciencia ecológica”. En Ecología y Revolución. Nueva Visión, Bs. As.
– Perón, J. D. (1972), “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo”.
– Wallace, R. (2016), “Big farms make big flu”. En Monthly Review Press.

“Desarrollo vs. sustentabilidad” los desafíos desde América Latina

Latinoamerica

Asesinatos, abusos y desalojos forzados: el lado B de la minería en Latinoamérica

27/05/Por: Juan Parrilla *¨
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 284 conflictos sociales por la megaminería. Reciente investigación detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados.
Protesta por líderes ambientales amenazados en Honduras.
Protesta por líderes ambientales amenazados en Honduras. / Fundación San Alonso Rodríguez

El 10 de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que desde hace más de una década se manifiestan todos los sábados a favor del medioambiente, siempre de manera pacífica. Pese a la falta de pruebas y a que todo indicaba que se trataba de “infiltrados”, una fiscal que trabajó para el sector minero ordenó la detención de 12 pobladores. La mayoría estuvo dos semanas en prisión.

El día de su liberación, a más de 5.000 kilómetros de allí, en Honduras, ocho personas cumplían entre 20 y 30 meses encarcelados. Permanecen detenidas luego de una serie de protestas contra un proyecto minero de Inversiones Los Pinares. Son parte de una causa en la que 32 pobladores, incluido un muerto, están siendo juzgados como parte de una asociación ilícita por los mismos tribunales que se crearon para investigar al crimen organizado.

Los dos casos muestran una de las caras más oscuras de la megaminería en América Latina. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social, la democracia se convierte en una ficción y la vida cambia para siempre.

El sector más peligroso

Según el último informe de la organización Global Witness, América Latina es la región con más defensores del medioambiente asesinados, con dos tercios de los casos en 2019. El triste ranking de ese año lo lideró Colombia, con 64 víctimas fatales. Cinco de los seis países que le siguen son de la zona: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). La minería fue el sector más peligroso, con 50 crímenes. (Le sugerimos: Colombia es el país más letal para líderes ambientales)

A la fecha, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 conflictos sociales por la megaminería. La mayoría, en México, Chile y Perú, seguidos por la Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de la frialdad de las cifras hay personas. Y detrás de ellas, una familia, una comunidad, una historia desconectada de los grandes centros urbanos y la vida democrática.

A pesar de la irrupción de capitales chinos y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de los emprendimientos mineros en la región siguen siendo de compañías de Canadá. Mientras su primer ministro Justin Trudeau impulsa sanciones junto a los Estados Unidos para los países con leyes climáticas débiles, los encargados de negocios de sus embajadas hacen lobby a favor de mineras ligadas a procesos de violencia, corrupción y contaminación.
Líderes ambientales asesinados.
Líderes ambientales asesinados. / Periodistas por el Planeta

Violaciones y abusos

Tal el caso de la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi. El conflicto desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN. Son los únicos procesos en los que juzgados de ese país aceptaron acciones contra una empresa local por violaciones a los derechos humanos en el extranjero.

La primera de esas demandas es por el abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad con ropa de la minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad de Lote Ocho.

Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, contó que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su marido y la violaron. Hoy, no puede tener hijos, posiblemente por las lesiones que sufrió. Entre las víctimas también hay embarazadas que perdieron sus bebés.
El Espectador en video:

En el marco del juicio, las mineras tuvieron que entregar unos 20.000 documentos internos a las demandantes. “Allí consta que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para realizar los desalojos”, subraya el abogado canadiense Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que colaboran con las comunidades afectadas.

Otra demanda es por el crimen del docente Adolfo Ich, el 27 de septiembre de 2009, en medio de nuevas amenazas de desalojos. Su esposa y denunciante, Angélica Chub, recuerda que el jefe de seguridad del proyecto, el excoronel Mynor Padilla, había convocado a su marido a conversar, pero un grupo de empleados de la empresa lo empezó a golpear y lo arrastró hacia el interior del predio de la minera. “Una vez allí, un miembro de las fuerzas de seguridad de Fénix lo atacó con un machete. Entonces Mynor Padilla se acercó y le disparó en el cuello”, repasa la denuncia.

Esa jornada terminó con otros siete pobladores heridos de bala. Uno de ellos es Germán Chub Coc, quien quedó parapléjico. Es el tercer demandante en los tribunales de Ontario.

Estrategia de desgaste

La también canadiense Pan American Silver es otra de las empresas emblemas en la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, entre ellos, La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la compañía. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona.

Tras dos años de amenazas, el 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver munido de armas largas obligó a 46 familias a desalojar los terrenos que su comunidad ocupaba desde hacía casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en viviendas de lámina que les dieron en comodato, dentro de un complejo habitacional que funciona casi como un gueto, a 200 metros del ingreso a la mina, entre los ruidos de las máquinas y los respiradores, y con un perímetro alambrado e iluminado las 24 horas del día, lo que dificulta el descanso. (Le puede interesar: Colombianos ayudan a esclarecer el asesinato de una ambientalista)

Los vecinos denuncian que todo es parte de una estrategia de desgaste para forzarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la minera echó a los empleados que vivían en la comunidad. La tortura psicológica se completa con un duro reglamento confeccionado por la empresa. Los pobladores aseguran que ni siquiera pueden festejar un cumpleaños fuera de sus hogares y que no están permitidos los ruidos después de las 23 horas. Tampoco pueden criar animales para alimentarse y hasta tienen regulados los tipos de mascotas que pueden tener. Si rayan un mueble, se les aplica una multa de 300 pesos. Les llegaron a cortar el agua por más de un mes.

¿Feliz Navidad?

A pesar de ese y otros antecedentes, como la contaminación en torno a la mina Quiruvilca en Perú, Pan American Silver intenta avanzar en el sur de la Argentina, en Chubut, con el proyecto Navidad, en un proceso cargado de avasallamientos a las instituciones democráticas. Eso incluye represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer congresal que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.

El proyecto Navidad, sin embargo, tiene un obstáculo: en la provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, tras una consulta popular en el pueblo de Esquel, en 2003. Fue la segunda consulta que se realizó en América Latina sobre megaminería y tomó como referencia la experiencia inédita en Tambogrande, en la provincia peruana de Piura, en junio de 2002.

En total, el OCMAL lleva contabilizadas 39 consultas populares en la región, pero concentradas en sólo seis países. Aunque no siempre los gobiernos han reconocido esas elecciones y algunas veces han usado artilugios legales para eludir sus resultados, muchas han conseguido modificar, retrasar y hasta frenar proyectos.

Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser una mera formalidad cuyos resultados no se tienen en cuenta. Una situación análoga ocurrió en Honduras, en torno a las concesiones ASP 1 y ASP 2 de Inversiones Los Pinares, uno de los casos que se narran al inicio de este artículo. El 29 de noviembre de 2019, hubo un cabildo abierto en el municipio de Tocoa, Colón, del que participaron unas 3.500 personas, según las actas oficiales, aunque los vecinos afirman que fueron muchos más. Pese a que los pobladores declararon a la comuna como libre de minería, la empresa informó que eso “no afecta en absoluto” sus operaciones.

“El agua parecía jugo de tamarindo”

El conflicto, como otros en la región, había empezado en el más absoluto secreto, cuando el Congreso impulsó, un año después de su creación, la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, para allanar el camino de la explotación de óxido de hierro.

“Nos topamos con un muro terrible en todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa y referente de la oposición al proyecto minero.

El detonante del capítulo más sombrío del conflicto se empezó a escribir en abril de 2018, durante la construcción de los caminos hacia el proyecto. No es una novedad: es habitual que los primeros efectos de la presencia de las mineras en un lugar se perciban al abrirse las rutas de acceso, por el polvo de las explosiones. Un antecedente conocido es el del proyecto binacional Pascua Lama, entre Chile y la Argentina, donde la justicia chilena frenó las obras porque acreditó la presencia de una capa de polvo sobre dos glaciares.

En el caso hondureño, la polvareda se visibilizó en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los vecinos. Eso movilizó a comunidades que hasta ese momento no habían protestado.

Los pobladores tomaron por dos semanas el edificio municipal. También cortaron la calle de acceso a la empresa y paralizaron la actividad. Pedían dialogar con el gobierno, pero las autoridades los llamaban a negociar con la empresa. Buscaban un acuerdo económico. “Nos llegaron a decir que el Estado no se responsabilizaba de lo que nos pudiera ocurrir”, recuerda López.

Criminalización de los defensores

Durante una de las tantas protestas, según el relato de los pobladores, desde un vehículo de la empresa salió un disparo que hirió a un manifestante. La reacción de los vecinos fue retener al jefe de seguridad de la mina, que fue entregado a la policía. Y la respuesta del Estado fue brutal: en septiembre de 2018, el Ministerio Público impulsó una acción penal contra 18 pobladores.

La criminalización estaba en marcha, pero la lección no había sido suficiente y en febrero de 2019 se imputó a otras 14 personas, 32 en total. Fueron acusadas de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita. Ocho de ellos permanecen detenidos y otros cinco están en riesgo de ser apresados.

La estrategia no es casual. Una reciente investigación de Mongabay detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería.

Uno de los acusados en Honduras es Juan Antonio López. Es considerado por el Ministerio Público como el jefe del grupo, una especie de capo narco al mejor estilo Pablo Escobar, pero que, en lugar de hacer negocios ilegales, pide que una minera no se instale en una zona protegida por ley, en la que hay 34 fuentes de agua de las que dependen miles de personas.

La versión de las mineras:

– Sobre el conflicto en La Colorada, Pan American Silver aseguró en su Reporte de Sostenibilidad de 2019: “Como parte de una expansión en la Colorada en 2015, construimos nuevas instalaciones en el campamento y reubicamos trabajadores, como también grupos de familias que no eran trabajadores, pero vivían en nuestra propiedad en condiciones precarias de vivienda. Hemos estado trabajando proactivamente con la ACNUDH y las familias afectadas para solucionar los temas”.

– Sobre las demandas contra Hudbay, la empresa señaló en un comunicado publicado por BNamericas que “carecen de fundamento”. En otra nota de prensa posterior, luego de que los juicios fueran aceptados en tribunales canadienses, la compañía señaló: “Tras tener una oportunidad para contrainterrogar a los demandantes, confiamos en que sus denuncias no son ciertas y los casos se resolverán favorablemente sobre los méritos del juicio”.

– En enero de 2020, Inversiones Los Pinares publicó un comunicado sobre el conflicto en Tocoa, Colón, Honduras. Dijo: “Como indican las leyes hondureñas y es del conocimiento general, la declaratoria que se realizó en el cabildo abierto del 29 de noviembre de 2019 en Tocoa, Colón, no tiene ninguna validez ni efecto en nuestro proyecto minero, y por tanto no representa ningún tipo de alteración en nuestra operación. Nuestro proyecto sigue más firme que nunca, a pesar de la desinformación que ha pretendido divulgar un pequeño grupo de personas y organizaciones malintencionadas e interesadas en crear el caos, sembrar odio y evitar el desarrollo en la zona”.

*Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina. Licencia Creative Commons, con mención del/los autor/es y la fuente (PxP).
https://www.elespectador.com/ambiente/asesinatos-abusos-y-desalojos-forzados-el-lado-b-de-la-mineria-en-latinoamerica/

Latinoamerica

Encuentro internacional analizará el rol de las mujeres en la construcción de economías más sostenibles

La actividad, que se desarrollará este jueves 20 de mayo, reunirá a representantes tanto del sector público como del privado, provenientes de Europa y América Latina.
17/05/2021
Una nutrida agenda que contará con la participación de expertas internacionales en la materia, es la que tendrá el diálogo intersectorial “El rol de las mujeres en la construcción de una economía más sostenible: experiencias desde los sectores de minería y energía”, que se desarrollará este jueves 20 de mayo (9:00 CO/EC/JM/PE, 10:00 BO/CL, 11:00 AR/BR/UY, 16:00 Europa).

Red de Ingenieras de Minas realizará conversatorio en el marco de su primer aniversario
El evento –online, abierto al público previa inscripción, y con traducción simultánea- dará inicio con un análisis del rol de las mujeres en la construcción de transición hacia la economía sostenible del futuro, la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres para la recuperación económica, y el rol de la transparencia en impulsar un crecimiento económico verde, donde María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile y Especialista de alianzas y movilización de recursos para América Latina; y Elisabeth Winkelmeier-Becker, secretaria de Estado del Ministerio de economía y Energía de Alemania, darán sus visiones al respecto.

Asimismo, María Cristina Güell, coordinadora de la Política Nacional Minera 2050 del Ministerio de Minería de Chile; Ege Tekinbas, asesora de Género del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF); y María Paula Moreno Torres, jefa de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Ministerio de Minas y Energía de Colombia, participarán en el panel de políticas públicas con enfoque de género en los sectores de minería y energía, que aportan de forma innovadora al desarrollo de soluciones verdes.

La instancia finalizará con un panel donde se analizarán experiencias desde el sector empresarial, y el rol que han tenido las mujeres en la promoción de soluciones innovadoras para transformar los sectores de minería y energía, y que contará con las presentaciones de Rosa María Soto, gerenta de Sostenibilidad Global de Acciona Energía; María Paz de la Cruz, gerenta general de H2 Chile A.G.; Verónica Nohara, gerenta general de Minera Don Nicolás de Argentina; y Loreto Acevedo, gerenta general de Indimin.

Este diálogo intersectorial, que contará con un documento de posición disponible al público durante el mes de junio, es organizado por el Programa Win-Win, implementado por ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y el respaldo financiero de la Unión Europea; y el Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus) implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).

Encuentro internacional analizará el rol de las mujeres en la construcción de economías más sostenibles