Los asesores de Dominga ponen sus fichas en que el recién creado tribunal de Antofagasta dé cabida a sus quejas por un proceso mal hecho. A la instancia llegará poco después la nueva multa a Pascua Lama, que superó en primera instancia los 16 millones de dólares. En Santiago, abogados de SQM se defenderán de una millonaria sanción y Canelo, la central del empresario Juan Claro, espera su resolución, a fin de ver si podrá pasarle por entremedio a un convento de carmelitas (ACTUALIZADA y ACLARADA).
Más de tres años de retraso tuvo la creación del Tribunal Ambiental de Antofagasta. El organismo es clave para regular los asuntos que afectan a las regiones mineras del país, pues tendrá potestad en los reclamos sobre faltas al medio ambiente en proyectos hasta la Cuarta Región.
Su creación no se habría ajustado a los tiempos que tenía en mente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ello porque el secretario de Estado habría preferido litigar en Santiago. La lectura oficialista es que casi 9 de […]
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Agrupaciones aseguran que el nuevo encargado de la cartera de Economía es “hombre de confianza de empresas privadas transnacionales y nacionales, e impulsor de proyectos nocivos”.
Pese a la oposición de las comunidades, las empresas mineras que aspiran a desarrollar proyectos en el área cordillerana ratificaron hoy a las autoridades de Argentina y Chile el interés en avanzar en ellos según las condiciones jurídicas y ambientales dispuestas por ambos países y del Tratado sobre Integración y Complementación Minera que fue suscripto en el año 1997, un eufemismo para no hablar de la profundización del modelo extractivista altamente repudiado por los pueblos. La ratificación fue transmitida por las compañías mineras durante el plenario de trabajo del tercer Encuentro Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas que se realizó en la ciudad de Viña del Mar, en el que participó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
El comité de ministros encabezado por el titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, en conjunto con las carteras de Economía, Minería y Energía revisó hoy el proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”.
El sector minero fue pionero en Chile en establecer un sistema de evaluación ambiental de sus proyectos. En 1992, dos años antes de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente y cinco años antes de la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Sector Minero, en acuerdo con el Ministerio de Minería, decidió someter a todos sus nuevos proyectos a un proceso de Evaluación Ambiental, motivado por la necesidad de presentar garantías de viabilidad ambiental y social de estos proyectos para obtener el financiamiento por parte de instituciones financieras adscritas al International Financial Council (IFC).
La iniciativa de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.
La cita tiene como objetivo renovar un acuerdo binacional firmado hace dos décadas Jueves 31 de Agosto de 2017.- Los gobiernos de Chile y Argentina se reunirán en la primera semana de septiembre como parte de los esfuerzos de los dos países para renovar el acuerdo minero binacional de 20 años.
La presidenta chilena Michelle Bachelet nombró este jueves al cuarto ministro de Hacienda de su mandato, tras la salida de Rodrigo Valdés, titular de esta cartera, que renunció junto al ministro de Economía y al subsecretario de Hacienda.
Durante más de 20 años, Chile y su minería han sido envidiados por muchos países del continente, debido principalmente a un modelo económico que funcionaba con reglas claras para el inversionista y una política tributaria e institucionalidad que aseguraban y resguardaban la Inversión. Esto logró llevar a Chile a los primeros lugares como mejor plaza para invertir.
En el 2007 Luis Jara se compró el 25% de las 111 mil hectáreas que tiene la Hacienda Cancosa, en pleno Desierto de Atacama. Cuando recorrió el territorio se encontró con una comunidad aymara y decenas de pozos y estanques de la Compañía Minera Cerro Colorado. Desde entonces lleva más de una década intentando expulsar a la empresa, pero no ha conseguido nada. La minera, propiedad de la multinacional BHP Billiton, ha argumentado que ellos le arriendan la servidumbre a la comunidad aymara, mediante un contrato extrajudicial firmado en el 2008 donde se comprometieron a transferir cerca de US$ 500 mil al año para el desarrollo de proyectos y becas de estudios. Por primera vez, sin embargo, las denuncias de Jara llegaron al Ministerio Público.