Se trata de la firma chileno-japonesa Atacama Kozan, perteneciente al segmento de la mediana minería.
16/04/2021
(El Mercurio) La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dio inicio a un proceso sancionatorio en contra de la compañía minera Atacama Kozan, faena de la mediana minería ubicada en la localidad de Tierra Amarilla.

Según el documento emitido por la entidad fiscalizadora, la firma chileno-japonesa habría incurrido en nueve infracciones, dentro de las que se incluye una de carácter “gravísimo”, asociada a incumplimiento al Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto en relación con aguas superficiales y subterráneas.

Sólo por esa falta, la compañía arriesga multas por más de US$8 millones, además del cierre definitivo de la faena.

A lo anterior se suman otras cinco faltas graves y tres leves, por lo que la empresa infractora se ve expuesta a multas totales por más de US$31 millones.

Dentro de esto se incluye la ocultación de información de parte de la minera, pero además, la intervención del cauce natural del río Copiapó.

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SMA levanta cargos contra minera, y arriesga multa sobre US$31 millones

El Mostrador 16/04/2021
Crédito: Archivo (Temática)
La resolución es el segundo fallo favorable del organismo ambiental a favor de Andes Iron, empresa controlada por la familia de Carlos Délano, pero no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, ya que las entidades ambientalistas y comunitarias agrupadas en la Alianza Humboldt anunciaron que acudirán a Corte Suprema para revertir el fallo. A a juicio de estos existe suficiente información y consenso científico sobre el daño irreversible que causaría en los ecosistemas marinos el proyecto Dominga. La resolución del tribunal determinó anular el rechazo del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, por lo que deberá volver a la instancia de decisión política. En cualquier caso, la presiones que tendrá el gobierno de Sebastián Piñera no serán menores, toda vez que bajo esta administración y a través del Ministerio de Medio Ambiente, Chile adhirió a dos compromisos internacionales de protección de los mares. El primero es The Blue Leaders, que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años. Y el segundo, más relevante aún, es su adherencia la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos (High Ambition Coalition for Nature and People-HAC), una coalición de alta ambición climática que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.

Un nuevo foco de conflicto en materia ambiental se reactivó este viernes con la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de acoger la reclamación en favor de Minera Dominga, que se ubica en la zona de La Higuera, región de Coquimbo, un proyecto minero portuario resistido por ambientalistas y comunidades locales de la zona por su impacto en el ecosistemas marinos de la zona.

Con esto, se determinó anular la resolución del Comité de Ministros -que en 2017 definió el rechazo del proyecto, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, entre otros aspectos- y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

En abril de 2018, el mismo tribunal falló que el proyecto de Andes Iron se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, determinando que el rechazo entregado por este organismo no había cumplido con las formalidades administrativas.

La resolución favorable este viernes para minera de hierro de propiedad de Andes Iron -empresa controlada por la familia de Carlos Délano, amigo personal del Presidente Sebastián Piñera- no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, sino que este se retrotrae a las instancias de decisión política en la región de Coquimbo y, posteriormente ante el Consejo de Ministros para la sustentabilidad.

Sin embargo, las partes opositoras al proyecto -como la ONG ambientalista Oceana- apelaron a esta resolución ante la Corte Suprema, instancia que estableció que el rechazo fue totalmente legal y ordenó al Tribunal Ambiental a revisar nuevamente el caso, pero esta vez, enfocándose solo en los aspectos técnicos y ambientales, resolución conocida esta jornada.

Compromisos internacionales de Chile con los océanos
En el caso que las decisiones vuelvan al terreno de lo político, la presiones que tendrá el gobierno de Sebastián Piñera no serán menores, toda vez que en esta administración gobierno, Chile -a través del Ministerio de Medio Ambiente- anunció a a mediados de 2020 que Chile se sumó a dos iniciativas de protección de los mares.

La primera es The Blue Leaders, que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años. Y la segunda, más relevante aún, que Chile se adhirió también a la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos (High Ambition Coalition for Nature and People-HAC), una coalición de alta ambición climática que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.

El último Informe Global de Evaluación sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizado por la ONU evidenció que el 66% de los ecosistemas marinos de todo el mundo han sufrido alteraciones drásticas por la acción humana.

Sigue judicialización ambiental
Tras esta decisión del Tribunal Ambiental, el tema sigue en la arena judicial, dado que las entidades agrupadas en la Alianza Humboldt anunciaron que acudirán a Corte Suprema para revertir el fallo. “Es lamentable que la interpretación que hizo el Tribunal Ambiental del ordenamiento jurídico ambiental no se haga cargo de la magnitud del impacto que podría generar Dominga, de llevarse a cabo, ni de la capacidad de regeneración de la naturaleza frente a tal mega impacto. Es además gravísimo porque desobedece lo ordenado por la Corte Suprema anteriormente, y por ese motivo lo que corresponde es recurrir ante ella para que defina si esta sentencia, que se desentiende de la orden del tribunal superior, se ajusta o no a Derecho”, explicó Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades de la zona.

Para la Alianza Humboldt, la resolución da cuenta de las debilidades que presenta la institucionalidad ambiental en Chile y representa “un grave retroceso en materia ambiental y un revés para las comunidades locales, la ciencia y la institucionalidad”, tomando en cuenta “las diversas instancias que decretaron su rechazo durante el proceso de evaluación ambiental y a la extensa evidencia científica que establece que la construcción del proyecto minero que incluye un megapuerto y una planta desaladora es incompatible con el ecosistema de esta zona y con las fuentes de trabajo sustentable que se desarrollan en el lugar”.

La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer afirmó que “no podemos dejar que el desarrollo del país siga cimentándose en el corto plazo, a costa del medio ambiente”, mientras Matías Asun, director de Greenpeace en Chile manifestó que “lo que ha ocurrido pone de manifiesto un problema estructural, pues un proyecto rechazado dos veces por ser técnica y ambientalmente nefasto siga a flote, luego de una campaña millonaria de presión y lavado de imagen. Pone, además, al Gobierno de Sebastián Piñera a decidir sobre el proyecto de un conocido cercano al Presidente para optar si quieren preservar o destruir la riqueza ambiental y social de esas costas”, dijo aludiendo a la amistad entre el Mandatario y Carlos Alberto Délano, de la familia dueña de Andes Iron.

“En innumerables ocasiones, destacados científicos han señalado que el Archipiélago Humboldt debe protegerse y que cualquier accidente que ocurra en el lugar provocaría un daño irreversible”, aseveró Max Bello, asesor ejecutivo de Mission Blue. En tanto, Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, explicó que “es urgente un ordenamiento de la zona costera y establecer áreas en las cuales no se puede ni debe intervenir con proyectos contaminantes, industrias extractivas, mega puertos u otras actividades que amenazan valiosos ecosistemas que deben permanecer sanos para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo”, sentenció.

Por su parte, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, abogada de Oceana afirmó que “es una decisión lamentable, por cierto”, pero subrayó que “en lo importante, el proyecto sigue estando rechazado y la Corte Suprema deberá resolver sobre este juicio”.

Amplio rechazo ambientalista a fallo de Tribunal Ambiental de Antofagasta que dio un nuevo respiro a Minera Dominga

Sentencia indicó que no hubo participación de los dirigentes sindicales y los hechos que se les imputaron no son constitutivos de delito alguno.
15/04/2021
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la sentencia dictaminada por el Tribunal de Garantía de Los Andes, que determinó el sobreseimiento definitivo de la querella que presentó la administración de la división Andina contra un grupo de dirigentes sindicales, en la que se les acusó de daños, desordenes y se les trató de aplicar la Ley de Seguridad interior del Estado en medio de las revueltas que dejó el estallido social.

“Esta sentencia no sólo ratificó lo dictaminado en el tribunal andino, sino que lo mejoró, ya que se señala que no hubo participación de los dirigentes sindicales y los hechos que se les imputaron no son constitutivos de delito alguno”, informó el Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL de Codelco a través de un comunicado.

En el escrito legal, a los dirigentes se les acusó que el 23 y 24 de octubre de 2019 se quemaron durmientes de la línea férrea, se apedrearon buses y hubo desordenes y daños, sobre lo cual nada de ello fue constitutivo de delito para la Corte de Apelaciones.

La querella había sido presentada el 15 de noviembre de 2019 y con esta resolución se dio la razón a los querellados, ya que todos los hechos que se señalaron no eran constitutivos de delitos.

Corte ratifica inocencia de dirigentes sindicales de División Andina por incidentes ocurridos en octubre de 2019

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile
14/04/2021
Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.

La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.

La jornada partió con una impresentable jugada del oficialismo. El Gobierno y sus senadores presentaron un informe vergonzoso que da cuenta de gran cantidad de faenas mineras medianas y pequeñas, tanto en ambiente periglaciar como permafrost. Dicho informe revela que estas faenas son más destructivas de estos ambientes que las grandes empresas. Cabe destacar que esta Coordinación maneja la información de que hay por lo menos 34 proyectos mineros e hidroeléctricos ubicados en glaciares, mientras que en el cuadro comparativo de Sernageomin solo da cuenta de 14. Sin embargo, los objetivos de esta sucia jugada fue sensibilizar y asustar a estos productores, azuzándolos contra la ley de glaciares para, con ello, contar con argumentos que sigan fortaleciendo la postura de la indefensión del ambiente periglaciar y permafrost, totalmente distinto a lo que proponía el proyecto original – símil a la iniciativa de Argentina– presentada por Girardi.

Interesante es constatar que Sernageomin y el Estado conocen todos los lugares donde hay zona periglaciar y permafrost. Esto revela lo falaz del argumento que usan para dilatar su protección, según el cual para resguardarlos es necesario conocer y delimitar sus ubicaciones. Gino Casassa, director del Departamento de Glaciología y Nieves y acérrimo detractor de una ley de glaciares y de su protección, se dio cuenta rápidamente del error político, objetó el informe y solicitó su revisión con datos de la DGA. Cuando la información se necesita para sus intereses, aparece.

Un segundo momento tuvo a Girardi como protagonista. En un monólogo vergonzoso se desdijo de todos los argumentos sostenidos en reuniones previas en defensa de su proyecto, llegando a decir que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sí protege los glaciares. Esto pese a que previamente coincidía con el análisis de las comunidades respecto a que es una falacia y que el Proyecto Pascua Lama es el ejemplo más claro: se permitió dicho proyecto con la condición de no afectar los glaciares, sin embargo, estos fueron afectados. Pero lo más grave de esta sesión fue que dejó su postura al descubierto: “Nosotros no vamos a establecer una protección absoluta al periglaciar y permafrost, como teníamos originalmente, y no va a ser la misma protección absoluta que tiene el glaciar tanto blanco como de roca, y establecimos un mecanismo de protección mediante el sistema de impacto ambiental”. “(…) los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, ha habido una flexibilidad basada en evidencia científica”.

Como coordinación venimos denunciando hace meses “una cocina” y la vuelta de chaqueta de Girardi y los senadores de oposición, quienes han sucumbido a las presiones de la minería como ha sucedido históricamente, desestimando la defensa de un proyecto que proteja realmente los glaciares en un contexto global y nacional donde urge hacerlo más que nunca.

Desoladora fue la primera intervención de la Senadora Allende, recién llegada a la Comisión en reemplazo de Elizalde. Su declaración de preocupación por los glaciares fue vacía y lo que realmente le inquieta son las consecuencias de la ley para la minería: “Entendiendo la importancia que tiene la protección para una región como Valparaíso, también necesito saber si los proyectos que son de mediano y largo plazo, digamos, quedan afectados o no afectados. Una cosa es prohibir y otra es obligarlos a una evaluación de impacto ambiental. (…)Tanto en la Región Metropolitana (Andina) como Valparaíso (CODELCO), existen proyectos en curso y ambos, minería pública y privada, tienen proyectos bastantes estratégicos. (…) Yo no sé si el Ministro de minería puede ayudarme.”

A lo que el ministro en sintonía contestó: “Hay que velar porque no sea una prohibición absoluta, y eso es un poco la gradualidad (…), es decir en los glaciares no se puede hacer nada, salvo actividades digamos científicas, o deportivas, etc. Y en el ambiente periglaciar y el permafrost hay que ir al Sistema de Evaluación Ambiental, eso es, en resumen”. Sincerando por fin lo que Piñera ha intentado ocultar todo este tiempo: ESTE GOBIERNO NO QUIERE PROTEGER LOS GLACIARES.

Por su parte, la Senadora Provoste, actual Presidenta del Senado, reiteró la defensa de su última indicación. Recordemos que esta comisión tuvo un escándalo a mitad de enero con Girardi como actor principal. Él se asesoró por el experto en glaciares Francisco Ferrando, y los senadores confiaron en que las indicaciones que ingresaron en conjunto en noviembre 2020 estaban visadas por él, pero no fue así. Ferrando nunca aprobó la permisividad de actividades en zona periglaciar y permafrost y Girardi ingresó las indicaciones con esas catastróficas flexibilidades. Provoste retomó el espíritu de las indicaciones de Ferrando y optó por proponer una “protección zonificada”, donde la intervención está prohibida en zonas de escasez hídrica, particularmente en Atacama: “…Queremos insistir en la necesidad de establecer un criterio de diferenciación en aquellos territorios, como particularmente en el caso de la región de Atacama, que exista una prohibición respecto de proyectos de inversión en el ambiente periglaciar, definiendo a este como desde el punto vista espacialmente, desde los límites de la cuenca glaciar que era algo que el profesor Ferrando también había señalado, salvo en caso de corredores trasnacionales, los cuales deberán presentar por cierto los correspondientes estudios de impacto ambiental. (…) es fundamental que exista una protección clara y que estén prohibidos los proyectos de inversión en el ambiente periglaciar en regiones como la nuestra”.

Este miércoles 14 de abril, se retomó la discusión sin mayor avance, quedándose en revisar como superar lo referido a ambiente glaciar y permafrost, se intento avanzar en las sanciones, que desde ya parecen insuficientes.

Como Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares afirmamos que la única alternativa es defender la protección de todos los glaciares y sus ambientes a nivel nacional. Si el área periglacial y permafrost no se protegen no se protegerán los glaciares ya que son parte de complejos ecosistemas interconectados. No podemos apoyar que unos territorios sí logren protección y otros no. La sequía avanza cada día hacia el sur. Un botón de muestra es el reciente decreto de escasez para las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno. Necesitamos políticas que prevean el futuro, no que lleguen tarde. Finalmente, debe haber sanciones claras y concretas.

Estos antecedentes son una pésima señal de lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde el proyecto seguirá su discusión. Compuesta por Girardi y Allende –la supuesta oposición–, resulta difícil esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes. Ponemos en alerta sobre esta situación a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadanía de lo que pase con esta ley y a no permitir su avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya, no política en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza.

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

Contactos: María Jesús Martínez 9 6397 0135 / Constanza San Juan 9 6241 3008/ Stefanía Vega 9 8441 0094

Video de sesión en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-de-mineria-energia/2021-03-30/224753.html

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Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Los terrenos ubicados en la Región de Magallanes, suman 17.597 hectáreas y en total se valorizan en aproximadamente US$8,1 millones.
14/04/2021

(El Mercurio) Hace justamente un año, el proyecto de extracción y comercialización de carbón Mina Invierno, ubicado en isla Riesco, Región de Magallanes -ligado a las familias Angelini y Von Appen-, realizaba su último embarque correspondiente a 72 mil toneladas de mineral que estaban en stock.

Esto en el marco del proceso de paralización programada que inició en el segundo semestre de 2019, luego de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia le impusiera a la firma restricciones para usar tronaduras en sus actividades.

Hoy, Mina Invierno está desprendiéndose de activos que ya no ocupará. La compañía puso a la venta cuatro estancias ganaderas en isla Riesco, mediante un proceso de comercialización directa a través de Tattersal GDA.

Se trata de cuatro estancias de entre 3.500 y 5.500 hectáreas ubicadas a aproximadamente 130 kilómetros de Punta Arenas y cercanas a las instalaciones de Mina Invierno.

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Mina Invierno se desprende de activos y pone en venta cuatro estancias ganaderas en isla Riesco

12/04/2021
Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet. / Cortesía Ministerio de Minería.
El biministro de Energía y Minería de Chile, Juan Carlos Jobet, dijo hoy -12 de abril- que el proyecto de ley para aumentar las regalías al cobre y litio, que actualmente están discutiendo los legisladores, era “inconstitucional”. Agregó que la administración de Sebastián Piñera se opondría.

La ley propuesta, presentada en 2018, busca agregar un impuesto ad valorem de 3% a la producción de más de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio y 12.000 toneladas anuales de cobre.

Los fondos del royalty minero deberían destinarse en un 50% a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo en las provincias y comunas, mientras que el otro 50% irá a reparar, mitigar o compensar los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las zonas donde se encuentren los yacimientos.

Jobet dijo en la Conferencia Mundial del Cobre de CRU y la Semana CESCO que el gobierno estaba afinando una propuesta de política minera nacional de amplio alcance, que se presentaría en el tercer trimestre.

El ministro dijo que la política sería más adecuada tanto para los inversores como para las prioridades del gobierno que un aumento de regalías.

Sistema actual “suficientemente bueno”

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) y exdirector general del gigante del cobre Codelco, ha defendido el sistema existente.

En su primer mandato hace una década, Piñera introdujo un complicado sistema de pagos que ahora cobra a los grandes productores una tasa variable sobre la utilidad operativa de hasta el 14%.

“Trae lo mismo o más (que un impuesto sobre las ventas) y no afecta fundamentalmente a las minas menos competitivas”, dijo Hernández a Reuters en marzo .

Los líderes de la oposición, que son responsables del proyecto de ley, creen que las regalías sobre el cobre y el litio producidos por empresas como BHP y Albemarle financiarían proyectos de desarrollo regional, respondiendo al creciente impulso social y ambiental de los inversores y las cadenas de suministro.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, posee aproximadamente el 52% de las reservas de litio conocidas del mundo. La nación apunta a hacer del metal blanco su segundo activo minero más grande. El litio es actualmente la cuarta exportación más importante del país .
Fuente: Reuters

Gobierno chileno no apoyará proyecto de regalías

Las iniciativas generarán más de 83 mil empleos en sus etapas de construcción y operación, según el último informe elaborado por el Departamento de Gestión de Proyectos del Ministerio de Minería.
13/04/2021
MINERÍA CHILENA
Un total de 100 proyectos mineros habían conseguido aprobar su tramitación medioambiental al primer trimestre de este año, de acuerdo al último informe elaborado por el Departamento de Gestión de Proyectos del Ministerio de Minería, correspondiente al mes de marzo.

Montos de proyectos de inversión visados por la autoridad ambiental llegó a US$4.958 millones y cae 24%
Las iniciativas totalizan una inversión de US$25.681 millones y contemplan la generación de más de 83 mil empleos: 57.282 en la etapa de construcción y 23.619 en la fase de operación.

Los proyectos en esta condición tienen mayor certeza de materializarse en el mediano plazo, ya que al tener aprobada la tramitación ambiental, las empresas pueden comenzar los trámites sectoriales para concretar su construcción.

“Esto es una señal de que, pese a las dificultades propias de la pandemia, las compañías mineras están apostando por sacar adelante sus proyectos, lo que reafirma el rol clave que está cumpliendo la minería en la reactivación económica no solo por su peso específico, sino por todo el encadenamiento productivo que genera y el efecto multiplicador en los empleos”, afirmó el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

Distribución por regiones
La región que registra un mayor número de iniciativas en esta etapa de tramitación es Atacama, que cuenta con 38 proyectos aprobados y una inversión de US$4.386 millones. Uno de ellos, proyecto Prospecciones Geológicas Geológicas Cortadera de la Sociedad Minera La FronteraSpA, por US$18,4 millones, recibió la aprobación ambiental en marzo.

A esta región le sigue Antofagasta, con 34 iniciativas, pero que en conjunto totalizan US$16.860 millones de inversión. Aquí también hubo un proyecto que obtuvo su aprobación en marzo: la actualización de la División Radomiro Tomic, de Codelco, por US$882 millones.

Más atrás está Coquimbo, con nueve proyectos por US$3.311 millones; Valparaíso, con seis y US$361 millones de inversión, y Tarapacá, con cuatro iniciativas y una inversión total de US$548 millones.

La Región Metropolitana tiene dos proyectos con aprobación ambiental que contemplan una inversión de US$102 millones; en O’Higgins hay 1 por US$74 millones, y Aysén y Magallanes tienen 4 y 1 por US$10 millones y US$5 millones, respectivamente. Además, hay un proyecto interregional que suma US$25 millones de inversión.

“La minería está viviendo un proceso de grandes transformaciones, avanzando en la incorporación de energías limpias a sus procesos, de agua desalada y de tecnologías de última generación. Esperamos que los proyectos que están aprobados y los que inician su construcción sigan este camino que ratifica la posición de liderazgo que Chile ostenta en la industria minera mundial”, agregó el biministro.

Por otro lado, el reporte consigna que actualmente hay 24 proyectos ya en fase de construcción —por US$25.532 millones— que contribuyen con 30.696 empleos en la etapa de obras y que una vez que estén operando generarán una dotación de 117.138 puestos de trabajo.

La información es obtenida directamente de los titulares de los proyectos, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Minería, de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de Cochilco.

Minería registra 100 proyectos con aprobación ambiental por más de US$25 mil millones al primer trimestre

09/04/2021
Cortesía de Codelco.
La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo este jueves que solicitó un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional contra Ecuador y la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) respecto del proyecto minero Llurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura, a 80 kilómetros de Quito.

La relación de Ecuador y Enami EP con Codelco se remonta a un convenio marco de carácter binacional suscrito entre Chile y Ecuador en 2008 que comprendía actividades en varias áreas de interés, y posteriormente en la firma de múltiples acuerdos entre Ecuador y Chile y las empresas de ambos países.

En 2015 Enami EP y Codelco suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. En 2016, Codelco notificó a Enami EP el cumplimiento de todos los hitos acordados y, luego de extensas negociaciones, en 2019 ambas empresas acordaron los términos definitivos para la asociación.

En noviembre de 2020, Codelco advirtió que su par ecuatoriana no había cumplido el acuerdo alcanzado en 2019 para desarrollar conjuntamente el proyecto, que se encuentra en etapa de exploración avanzada.

A la fecha, Codelco ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo, incluidas relevantes inversiones, en beneficio del mismo proyecto y de Ecuador.

Los acuerdos vigentes establecen un arbitraje con sede en París ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para la resolución de controversias, por lo que Codelco determinó ejercer su derecho ante dicha instancia en resguardo del proyecto y de las inversiones realizadas.

Codelco espera que el ejercicio de este proceso permita alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio entre las partes y que las encamine al desarrollo del proyecto Llurimagua.

Codelco solicita arbitraje contra Ecuador y Enami EP por proyecto Llurimagua

La reclamación se basa en que el SMA no debió haber aprobado un PdC que no se pronuncia sobre la totalidad de los cargos que fueron formulados en contra de la empresa minera.
09/04/2021
Para el miércoles 05 de mayo a las 10 horas fue fijada la audiencia de la reclamación interpuesta por la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó y diversas comunidades de aguas subterráneas, contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) de Minera Caserones de Lumina Copper.

Tribunal Ambiental ordena ingresar proyecto de acopio y embarque de concentrado a través de un EIA
La reclamación se basa en que el organismo fiscalizador no debió haber aprobado un PdC que no se pronuncia sobre la totalidad de los cargos que fueron formulados en contra de la empresa minera. Esto porque la SMA formuló18 cargos por infracciones a normativas ambientales, sin embargo, dejó fuera dos cargos considerados graves, al considerar que el programa de cumplimiento no es un instrumento idóneo para hacerse cargos de las infracciones causantes de un daño ambiental.

Respecto al PdC presentado por la empresa, se proponen 51 acciones que abordan 16 hechos constitutivos de infracción y no se consideran los cargos 11 y 12 que dicen relación con la construcción de zanja contrafuga ubicada aguas abajo del Depósito de Lamas (relaves) y del Depósito de Arenas, las que no cumplieron con las condiciones constructivas establecidas durante la evaluación ambiental.

Reclamación
Los reclamantes indican que existe un evidente vicio de legalidad porque no hay una habilitación legal expresa que le permita a la SMA desagregar el procedimiento administrativo sancionador.

En la reclamación también se establece que la “aprobación del PdC genera una serie de aspectos perjudiciales al medioambiente, especialmente en lo que dice relación con el ecosistema asociado al proyecto y sobre el recurso hídrico”.

En el documento, los reclamantes también hacen presente que la tramitación del PdC se demoró dos años, tiempo en el que la empresa “continuó, en ese período, utilizando sus pozos de remediación, fuera de lo establecido en su RCA, es decir, perpetuó esta infracción, entre otras más”.

En tanto, la SMA remitió su informe al tribunal en el que detalla el análisis efectuado para la aprobación del PdC. En lo referente a la exclusión de los dos cargos asegura que “la desagregación del procedimiento sancionatorio respecto de los cargos N°11 y N°12 no genera ningún perjuicio para las reclamantes; y la decisión de la SMA ha sido plenamente consistente con la práctica de este servicio al determinar la improcedencia del PdC ante hipótesis de daño ambiental, debiendo entonces ser desestimadas las alegaciones de las reclamantes”.

Ahora, el Primer Tribunal Ambiental deberá revisar los aspectos jurídicos y científicos planteados en la reclamación y establecer si corresponde o no anular la resolución que aprobó dicho programa de cumplimiento.

Agricultores presentan reclamación por aprobación de Programa de Cumplimiento de Minera Caserones

07/04/2021
Casi la totalidad de las faenas privadas tienen contratos vigentes que no permiten realizar cambios impositivos específicos para el sector de manera unilateral.
El proyecto de ley que avanza en la Cámara de Diputados y que busca establecer un royalty a la industria minera es una de las principales preocupaciones del sector, desde donde se han mostrado abiertos a discutir la carga tributaria a la que están afectos, pero poniendo todos los antecedentes sobre la mesa.

En esta línea, un reciente informe realizado por el Consejo Minero a partir de la información de sus empresas socias, detalló los sistemas de invariabilidad a los que están sujetos las faenas que hay en el país. Así, se detalla que faenas equivalentes al 70% de la producción de la minería privada (unas 2,9 millones de toneladas de cobre anual) tienen invariabilidad hasta el 2023, con tablas de Impuestos Específicos a la Actividad Minera de entre 5% y 14%, por lo que, eventualmente, no se podría modificar su régimen tributario hasta que se cumpla dicho plazo.

“Esto significa que a mayor precio del cobre, mayor es la tasa aplicable dentro de ese rango y, por lo tanto, más impuestos se pagan. También es bueno aclarar que la minería no tiene invariabilidad para los impuestos a la renta que son parte del régimen tributario general y que, de hecho, ha aumentado su pago de impuestos con los cambios de los últimos años. Entonces, el efecto concreto de la invariabilidad hasta el 2023 es que el Estado no puede modificar unilateralmente el rango de 5% a 14% del royalty ni crear o modificar otros gravámenes específicos para la minería”, explican desde el gremio, lo que echaría por tierra el proyecto de ley, ya que la única empresa que renunció a la invariabilidad fue Glencore, operadora de Lomas Bayas.

Por otra parte, faenas que representan el 30% restante de producción tienen invariabilidad hasta el período entre 2027 y 2032, y algunas más allá, cuando entren en operación, en su mayoría con tablas entre 5% y 14%. Este es el caso del proyecto Quebrada Blanca fase II, que entraría en operación en 2022. Su calendario en materia de royalty responde a que cuando se implementó el sistema actual, se dejó una ventana transitoria para acceder al régimen de invariabilidad para proyectos a futuro.

Según explican desde la industria, la invariabilidad ha jugado un rol preponderante en el impulso de inversiones no solo en la minería, régimen que consiste en que el Estado, a través de contratos-ley suscritos con los inversionistas, se compromete a mantener una tasa impositiva sin variaciones durante un período determinado, a cambio del pago de una tasa de impuestos generales más elevada. “En lo formal, la invariabilidad tiene una base contractual-legal, en primer lugar, con el Estado y luego en el cumplimiento de reglas explícitas establecidas en leyes aprobadas democráticamente.

En cuanto al fondo, el disponer de un régimen como este permite al inversionista extranjero internalizar, desde sus inicios, los elevados costos de inversión que representa el desarrollo de este tipo de proyectos”, aseguran desde el Consejo Minero, y añaden que este sistema permitió que la producción de cobre de las empresas privadas creciera 10 veces entre el año 1990 y 2020, desde 400 mil toneladas anuales a 4 millones de toneladas.

Fuente: El Mercurio

Royalty : 70% de la minería cuenta con invariabilidad tributaria al menos hasta 2023