“La reclamante no entregó la información solicitada por Serneageomin, lo que impidió el ejercicio de sus facultades de fiscalización, en particular respecto de la suficiencia de la garantía del plan de cierre de la Faena Candelaria”, señaló el falló.
25/09/2020
Minería Chilena
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado por la Compañía Minera Candelaria, en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que la sancionó al pago de una multa de 750 UTM por incumplimientos de plan de cierre de relaves mineros.
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En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, rechazando, con costas, la reclamación de la empresa minera.

“En consecuencia la reclamante no entregó la información solicitada por Serneageomin, lo que impidió el ejercicio de sus facultades de fiscalización, en particular respecto de la suficiencia de la garantía del plan de cierre de la Faena Candelaria, ya que como la boleta otorgada a la DGA no iba a ser renovada, la tabla de garantías debía ser ajustada, para poder cumplir con la suficiencia requerida por la ley para asegurar al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno del plan de cierre”, razona el tribunal de alzada.

Revisa el fallo de la Corte: https://www.pjud.cl/documents/396729/0/CANDELARIA+PLAN+CIERRE+CORTE.pdf/da6000b8-06b6-4c81-b6a4-431adca50a08

Corte de Santiago confirma sanción a Minera Candelaria por incumplir plan de cierre de faena

23/09/2020
Como OLCA, a una semana de conocida la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego de 20 años de acompañamiento a las diversas organizaciones de la comuna de Alto del Carmen en su inclaudicable proceso de defensa del Valle del Huasco, creemos que hay cuestiones que deben ser relevadas de cara al despertar social y ecológico de las comunidades y a la agenda de reactivación extractivista que promueve el gobierno y la élite político empresarial del país.

1. La megaminería no es Sustentable. Cuando las comunidades hacen seguimiento acucioso de las condicionantes de las autorizaciones ambientales, se demuestra que éstas no pueden ser cumplidas. El hábito de comprometer lo que sea para lograr la autorización y después hacer lo que se puede, total no hay fiscalización, termina cuando las comunidades no bajan los brazos ante las aprobaciones y despliegan mecanismos comunitarios de fiscalización, cuestiones que sin duda afectan los vínculos y socaban las bases del tejido social.

2. Aquello de que la Justicia tarda pero llega, debe ser comprendido en todos sus alcances, el proceso fallado recientemente se inició en el 2013 y fue imprescindible persistir en su monitoreo. No basta con presentar las acciones, hay que darles seguimiento, permanecer alertas, hay demasiados intereses en juego como para buscar los descuidos y archivar las causas o modificar sus rumbos.

3. Estas luchas solo se ganan logrando la solidaridad y articulación con otras y otros. Es imposible pensar en un triunfo en solitario, de ahí la necesidad de diseñar estrategias multinivel y multiactoral. En este sentido destacamos las coordinaciones y articulaciones con otras organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, con la colaboración de organizaciones canadienses se pudo monitorear el accionar de Barrick Gold en su país de origen; los lazos con organizaciones argentinas permitieron coordinar la gestión del conflicto al otro lado de la cordillera del primer proyecto binacional del mundo. Por otra parte, la colaboración de grupos voluntarios en diversos medios de comunicación comunitarios o más formales, de organizaciones vecinales y locales, de organizaciones ambientales, feministas, estudiantiles o poblacionales; los procesos de conexión con la raíz diaguita y todas las conexiones, acciones y posibilidades que aquello trajo consigo; la información brindada por funcionarios de la administración del Estado; el asesoramiento de diversas y diversos académicos, científicos, técnicos y profesionales, todo esto puesto en el concierto fiscalizatorio y agitativo se tradujo en aportes invaluables para la estrategia territorial.

4. La permanente difusión de las acciones y movilizaciones sociales y territoriales, se logró por un consistente trabajo de prensa, pero también por la enorme red de afectos y protagonismo colectivo que se tejió durante los 20 años, procurando involucrar significativamente diversas capacidades. A nuestro entender esta es una manera acertada de enfocar el activismo.

5. La trascendencia socioambiental y política de este proceso de resistencia va más allá del valle del Huasco y la región de Atacama. Desde este conflicto comenzaron las primeras articulaciones comunitarias por la protección y defensa de los glaciares; desde aquí se expandió la preocupación y conciencia por los ecosistemas hídricos amenazados por la megamineria química, entendiendo cada parte de ellos como una unidad integrada pese a la dispersión y a la fragmentación del abordaje institucional. Las primeras movilizaciones callejeras masivas por temas ambientales tienen su origen en este proyecto. Es decir, esta lucha es sin duda emblemática en la comprensión del rol del protagonismo comunitario para frenar los proyectos letales que se quieren imponer. En definitiva, este triunfo pone en cuestión la proclama de ser Chile por naturaleza “un país minero” y más aún que la “minería es el sueldo de Chile”, expresiones que la élite política financiada por la industria extractivista ha inoculado desde hace décadas. Poner esto en cuestión en el marco del proceso constituyente, resulta del todo relevante.

6. La lucha no termina. Ciertamente, el fallo que decretó la clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama es histórico y la lógica administrativa y judicial subyacente es esperanzadora, pero la presión social, ambiental y política debe continuar. Hay que fiscalizar el plan de cierre, hay que bregar porque se inviertan en acciones e iniciativas reparatorias de los daños ocasionados a las comunidades y al medio ambiente, partiendo por recuperar el agua que en su momento fue otorgada gratuitamente a la transnacional, y que ahora debe ser asegurada para la vida de uno de los valles más amenazados por la desertificación y la sequía, demostrando de paso lo aberrante e insostenible del modelo hídrico y el Código de Agua que nos rige y la necesidad imperiosa de una ley que proteja todos los glaciares.

7. Estamos contentas, contentos y sentimos orgullo de todo lo aprendido y compartido. Éste, quizás más que otros procesos comunitarios que hemos acompañado, por su extensión en el tiempo, el cuestionamiento al extractivismo y la convergencia multiactoral lograda, nos reafirma la certeza de que pese a la asimetría, al abuso institucionalizado, a la fragilidad de nuestros tejidos sociales, al hábito de delegar en los expertos, cuando las voluntades se articulan en la defensa de la vida, la vida triunfa.

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES, OLCA

Fuente: ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
“Festejamos con alegría pese al indebido hostigamiento policial”

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Este domingo 20 de septiembre recién pasado dos caravanas bajaron por los valles de El Tránsito y San Félix con el fin de juntarnos en la Plaza de Alto del Carmen a celebrar merecidamente la Clausura Definitiva del Proyecto Pascua Lama. Las comunidades del Valle del Huasco sufrimos injustamente esta condena durante más de 20 años y ahora por fin podemos pensar en cómo ir reparando el daño y la destrucción dejada por Barrick, tanto en nuestro tejido social como en los ecosistemas.

Al momento de reunirnos, la alegría y la emoción era a ratos difícil de contener puesto que son muchos años y tres generaciones las que están involucradas en esta hazaña. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar la indebida intervención policial, que comenzó a hostigarnos desde el inicio de la manifestación, deteniendo la caravana dos veces en el Valle de El Tránsito y una vez en San Félix; y luego nuevamente en Alto del Carmen, intentando negar nuestro derecho a reunirnos con los debidos resguardos sanitarios que nosotros ya habíamos tomado (disposición sanitaria que nos rige actualmente, distanciamiento físico y mascarillas). En todas esas ocasiones, mintieron sobre los motivos de la detención, pasaron un parte por razones nimias, asustaron a algunos adultos mayores que decidieron regresar y anotaron los datos de algunos conductores en una abierta intención de amedrentar. Una vez más, queda claro cuáles son los intereses que defienden; ciertamente no los derechos de la ciudadanía que quiere manifestar su alegría por haber recibido, por fin, justicia.

Pese a todo eso y sin duda porque los sobrepasamos con nuestra alegría y decisión, después de algunos diálogos la policía entró en razón y pudimos continuar nuestra ruidosa y animada manifestación frente a la plaza. Con gritos, cánticos, banderas blanquiverdes al viento, abrazos y arengas, nos pusimos en la escalinata y frente al hermoso mural que se mantiene desde 2005 como testigo silencioso de lo que siempre hemos querido para este Valle: Proteger la Vida y la Creación.

Fueron muchos los testimonios que se dieron a viva voz y en las distintas transmisiones en vivo que hicimos por redes sociales, y emociona sobre todo la presencia de niños y niñas. Todos y todas quienes nos reunimos el domingo, sin importar el género, la edad y la procedencia, coincidimos en la alegría de haber dado una lucha justa y valedera, donde, como dijo una vecina: “ha imperado el valor de la conciencia y no de la ambición”, deseando que “ojalá sean más lo que se sumen a esta causa porque es la única forma de sobrevivir en la Tierra. Si bien esta celebración quedará para la historia, como dijo otro vecino: “no podemos olvidar que esto no termina aquí y que seguimos en pie, para que se una más gente a la defensa de este Valle, por los glaciares y por la vida”.

En definitiva, una de las lecciones que se deben sacar de todo esto es que nunca más se dejé de escuchar a las comunidades ante estos megaproyectos que son en sí inviables. Que no tengan que pasar otros 20 años para ponerle fin a la megaminería y a todos los proyectos que amenazan las nacientes de las aguas, comprendiendo que el AGUA SIEMPRE VALDRÁ MÁS QUE EL ORO. Del mismo modo, confirmamos que el poder está en el pueblo organizado, por lo que felices podemos gritar ahora más que nunca: ¡SÍ SE PUEDE!, ¡SI SE PUDO!

Video celebración: https://www.youtube.com/watch?v=FcJLGxUlOfc&feature=youtu.be y https://www.youtube.com/watch?v=XKVYl3reuk0&feature=youtu.be

Vea transmisión en vivo:

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
Contacto: Constanza San Juan +56962413008/[email protected]

www.sumaajayu.cl 22//09/2020
Un gran triunfo lograron las comunidades aymaras el pasado lunes 21 de septiembre en el conflicto que mantienen con la Minera Plata Carina por la ejecución del Proyecto “Cerro Márquez”, ubicado en la Región de Arica y Parinacota.

En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en la causa Rol Nº 2608-2020, de manera unánime revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica y, en consecuencia, acogió el recurso de protección presentado por las Comunidades Aymaras de Timar, de Cobija, y miembros de la Comunidad de Ticnamar, ordenando a la minera ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El equipo interdisciplinario que asesoró a las comunidades indígenas estuvo integrado por el abogado Luis Jiménez Cáceres, el geógrafo Juan Jofré Cañipa y la antropóloga Joselin Leal.

Cabe recordar que el Proyecto “Cerro Márquez” consistía en la construcción y habilitación de 38 sondajes de prospección o exploración minera ubicados en el Cerro Márquez, uno de los “Mallkus” o cerros sagrados de mayor significado cultural entre los pueblos indígenas de la zona, y próximo a las comunidades recurrentes.

Mientras las comunidades afectadas argumentaron que el Proyecto debía ser consultado según el Convenio N° 169 e ingresado al SEIA por ubicarse en un Área de Desarrollo Indígena (ADI) y en sus territorios ancestrales, Plata Carina respondió que la legislación ambiental exige un mínimo de 40 sondajes para su ingreso al SEIA y para la aplicación de la consulta indígena, y tales criterios fueron refrendados por el Servicio de Evaluación Ambiental y por la Superintendencia de Medio Ambiente.

La Corte Suprema, entre otras argumentos, señaló que “sobre la base de los principios preventivo y precautorio que rigen la institucionalidad ambiental, aparece como conclusión irredargüible que el proyecto de la recurrida, debido a su gran envergadura y riesgo para las comunidades indígenas afectadas, debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al ser susceptible de causar impacto ambiental, puesto que aun cuando los sondajes exploratorios totalizan 38 en lugar de 40, es un hecho inconcuso que tales actividades se desarrollaron en tierras indígenas de ancestral ocupación por la Comunidad Indígena Aymara de Ticnamar, sin perjuicio de su proximidad con las tierras de las Comunidades Indígenas Aymaras de Timar y Villa Vista Alto Cobija”.

El abogado Luis Jiménez señaló que “se trata de una sentencia muy importante, ya que marca nuevos hitos en materia ambiental e indígena. Por ejemplo, pone límites a las llamadas consultas de pertinencia ambiental, que suelen ser usadas como verdaderas “patentes de corzo” para evadir al SEIA, ya que son las mismas empresas interesadas quienes entregan los antecedentes usados por la autoridad ambiental en sus respuestas, sin mayor contraste de información. Además, fija una jurisprudencia que resultará muy útil para los pueblos indígenas afectados por proyectos extractivos, ya que la Corte Suprema es clara en señalar que las ADI y los territorios ancestrales pueden ser considerados áreas protegidas para efectos del ingreso de los proyectos al SEIA, y así permitir el inicio de una consulta indígena dentro de la evaluación ambiental. Es una sentencia compatible con los estándares internacionales, que establecen que los proyectos extractivos en cualquiera de sus fases, incluida la concesional, debe ser previamente consultada y evaluada ambientalmente. Así lo ha señalado invariablemente la Corte Interamericana desde el caso Saramaka”.
https://www.sumaajayu.cl/post/comunidades-aymaras-paralizan-sondares-mineros-en-el-cerro-marquez-ante-la-corte-suprema?fbclid=IwAR1VSrICIlmtztRFhY8yUDGorvT0XuT3w1U219332dFVmacjr1BTir6daqk
Visitar sitio web para ver sentencia de la Corte

Comunicado comunidad Valle del Huasco ante decisión de Barrick de aceptar el fallo y no recurrir a la Corte Suprema.
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1. Nos sentimos enormemente satisfechos por la decisión de Barrick Gold de no apelar a la Corte Suprema y lo consideramos un triunfo más de esta comunidad que se negó a morir. No podía ser de otra manera considerando lo contundente de las pruebas en su contra y ratifica que Pascua-Lama es un proyecto inviable que ya ha dejado muchísimo daño a su paso. Barrick no se quiso arriesgar a una tercera derrota segura.

2. Manifestamos nuestro total rechazo a la insistencia de la empresa de calificar este proyecto como importante y a “que está en curso un trabajo para reevaluar su potencial”. Declaramos con decisión que la comunidad del Valle no aceptará ninguna versión reformada. Deben irse lo más pronto posible y para siempre.

3. En ese sentido, nos preocupa enormemente que Barrick siga insistiendo en buscar “nuevas oportunidades en Chile”. Para nosotros, el cierre definitivo al proyecto Pascua Lama implica dar un portazo en la cara a cualquier megaproyecto que pretenda instalarse en las nacientes/cuencas/sistemas glaciares en todo nuestro país. Como comunidad, hemos tenido 20 años para comprender a cabalidad cuáles son las “oportunidades” que ofrece la megaminería a los territorios, particularmente Barrick: oportunidades para enfermarse, para perder la posibilidad del sustento basado en actividades económicas tradicionales, para contaminar aguas y destruir los ecosistemas glaciares y para destruir el tejido social de las comunidades, entre una larga lista.

4. Denunciamos que Barrick sigue faltándole el respeto a toda la comunidad de Atacama, y sobre todo a la Provincia del Huasco, cuando declara que ve un gran potencial en una región “que siempre fomento el desarrollo de proyectos mineros sustentables”. Aparte de ser una mentira aberrante (algo que esta empresa sabe hacer muy bien), pretende dejar a las comunidades de ignorantes: nosotros sabemos que la minería sustentable no existe y por eso nos oponemos a cualquier proyecto contaminante que apunte a crear acá una zona de sacrificio. ¿Qué más señales quieren? ¿No les basta con todos los proyectos que han sido rechazados por las comunidades? Algunos ejemplos son Castilla, Punta Alcalde, Agrosuper en Freirina, El Morro, Nueva Unión y ahora Pascua Lama. Queremos vivir bajo un modelo que respete la naturaleza y la vida humana como parte integral de ella, y ahí definitivamente no caben ni las mineras ni los megaproyectos de ningún tipo.

5. La declaración de Barrick de “ser una empresa muy diferente” y de tener un enfoque distinto es una serenata que ya hemos oído muchas veces y la experiencia siempre ha demostrado lo contrario. Barrick es una empresa criminal, cuestión que se reconfirmó en Chile. Exigimos que no se permitan más inversiones ni proyectos de esta trasnacional genocida y ecocida en nuestro país, puesto que está comprobado de sobra que terminarán de la misma manera, solo que con nuevos pueblos afectados. No al proyecto Alturas en el Valle del Elqui y no a Arroyo Blanco y El Encierro que están en exploración en nuestra comuna.

6. Nos llama la atención que Barrick cierre su comunicado diciendo que “ninguna de las infracciones ha causado un daño irreparable”. ¿A Barrick le parece reparable que tres generaciones de este Valle hayan vivido con una sentencia de muerte sobre sus cabezas durante 20 años? ¿Se puede reparar la destrucción del tejido social producto de su injerencia nefasta? ¿Son reparables los daños a los glaciares o la contaminación en los cauces de ríos por años con metales pesados? ¿O el deterioro de la salud por consumir esa agua durante muchos años? ¿O las hectáreas de flora nativa que tarda siglos en desarrollarse? Para estas empresas es muy fácil determinar qué es daño irreparable o no cuando toman decisiones sobre los hogares y la vida de personas que están ubicadas a miles de kilómetros de distancia de la comodidad de sus propias oficinas.

7. Reiteramos que como comunidad nos mantendremos muy atentos y alertas para fiscalizar que el cierre suceda como es debido y con la premura necesaria. Tras 20 años de haber convivido con esta empresa nefasta conocemos sobradamente sus malos manejos y artimañas y no queremos sorpresas en el momento en que tengan que pagar la multa y abandonar nuestro territorio.

8. Llamamos a la opinión pública a rechazar cualquier proyecto megaminero que quiera instalarse en su territorio, pues el caso Pascua Lama dejó claro que la megaminería no puede controlar sus efectos nocivos, menos cuando está sobre nacientes y ecosistemas glaciares. Por lo mismo, llamamos también urgentemente a la protección y desprivatización del agua y a la defensa decidida de todos los glaciares y sus ambientes. En este contexto de calentamiento global y daño generalizado al tejido natural que sustenta la vida, es urgente hacer cambios drásticos y tomar conciencia de que EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
Contacto: Constanza San Juan +56962413008/[email protected]

18/09/ 2020
El Tribunal Ambiental de Chile confirmó ayer, jueves 17, la clausura “total y definitiva” del proyecto minero Pascua Lama, propiedad de la minera canadiense Barrick Gold a la que multó con 7.000 millones de pesos (USD9 millones) por los daños ambientales provocados durante la construcción del mencionado proyecto en la frontera entre Chile y Argentina.

El fallo también confirma la decisión que anunció en 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de cancelar este proyecto por no cumplir con la licencia ambiental que se le había otorgado, según informó la agencia de noticias AFP.

“La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población”, indicó el fallo del tribunal.

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El proyecto minero (a cielo abierto) tenía por objetivo explotar oro, cobre y otros minerales durante más de 20 años en la región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, con una inversión de unos USD 8,000 millones y que según su planificación original debía entrar en producción a fines del 2014. Tenía previsto producir unas 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de plata.

Pascua Lama estaba ubicado a unos 4.500 metros de altitud en una zona de glaciares en la Cordillera de Los Andes, en la frontera norte entre Chile y Argentina.

Según el ente regulador chileno, Pascua Lama violaba 33 normativas medioambientales y causó daños a especies de fauna y flora nativa por el monitoreo incompleto de glaciares y la descarga de aguas ácidas en un río cercano que abastecía a comunidades de la etnia diaguita.

Desde Greenpeace señalaron que la sentencia “confirma la destrucción del proyecto Pascua Lama denunciada por años por las comunidades y diferentes organizaciones ambientales y sociales del país, reclamo que ha sido ampliamente apoyado a lo largo de los años por la ciudadanía”.

Chile confirma cierre del proyecto minero Pascua Lama por daños ambientales

Fuente: Ámbito

Agencia Uno
Por Ladera Sur
15 de Septiembre, 2020
Científicos examinaron 1035 artículos periodísticos publicados entre 2004 y 2018, e identificaron 238 proyectos industriales, relacionados mayormente con minería y energía, que amenazan a los ecosistemas naturales y bienestar humano. El estudio, que reveló una disociación entre conservación biológica y políticas públicas, también generó un ranking con los 10 proyectos más conflictivos, siendo Pascua Lama el primero de la lista. Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad nos cuentan los detalles a continuación.

Un verdadero mapeo y análisis de conflictos socioambientales a lo largo de Chile, que abarca 15 años de exploración, es el que realizó un equipo de ecólogos y estudiantes de postgrado de la Región de Coquimbo.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Science and Policy, analizó 1035 artículos periodísticos, divulgados entre 2004 y 2018, que abordaron esta temática. Utilizando como frase clave “conflicto ambiental”, los investigadores identificaron 238 proyectos industriales que aparecieron en artículos de prensa y que documentaban los conflictos surgidos entre éstos y las comunidades circundantes. Estos relatos, generalmente, involucraban zonas y población afectada por la contaminación generada por los proyectos -mayormente del área minera y energética-, o bien, abordaban la alarma ocasionada por iniciativas en vías de aprobación o ejecución.

©Cortesía Fundación Terram

La investigación, realizada por científicas y científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, Universidad Católica del Norte (Coquimbo), Universidad de La Serena, y Núcleo Milenio ESMOI, buscó entender si estos proyectos constituían no sólo una amenaza al bienestar humano, sino también a la biodiversidad de nuestro país.

“En este trabajo, realizado con nuestro equipo de biología de la conservación, también quisimos ver si esas percepciones tenían una relación con las Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile (AAVC), es decir, áreas protegidas o lugares reconocidos por su alta biodiversidad. Y ahí estuvo la sorpresa. Vimos que uno de cada tres proyectos estaba dentro de éstas. Por otro lado, nos percatamos que la mayoría de los conflictos medioambientales se referían a zonas de sacrificios, donde las personas son directamente afectadas”, explica Francisco Squeo, investigador del IEB.

Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool
En ese contexto, el documento señala que los impactos directos e indirectos de las actividades industriales sobre la biodiversidad, afectan los sistemas naturales, generando destrucción de hábitat, el arribo de especies invasoras, enfermedades, contaminación y mayor liberación de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático.

De acuerdo a ello, el trabajo también advierte la existencia de una disociación entre la actividad económica y los esfuerzos de conservación del país, lo que según los autores es un desafío fundamental a resolver.

Puntos críticos y top 10

Los proyectos pesquisados a través de la prensa -en curso, paralizados o considerados a futuro-, también fueron clasificados por sector productivo – 14 en total- y origen del financiamiento, nacional, internacional o mixto. Además, se estableció un ranking para definir las zonas de Chile con mayor presencia de proyectos en Áreas de Alto Valor para la Conservación. Asimismo, se determinó cuáles iniciativas productivas específicas eran las más mencionadas y divulgadas por los medios.

Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga
Las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Lagos concentraron el mayor número de proyectos dentro de las Áreas de Alto Valor para la Conservación, seguido por las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En tanto, se estableció que el polémico proyecto minero Pascua Lama -situado en Atacama y clausurado el año 2018 por la Superintendencia de Medioambiente-, era el número uno de lista, con un total de 68 artículos que lo mencionaban. Enseguida, se ubicó el proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, con un total de 65 apariciones.

Debajo de éste, se identificó a Hidroaysén, con 48 publicaciones, y luego los siguientes: Minera Los Pelambres (Coquimbo), Parque Industrial Quintero – Puchuncaví (Valparaíso), Mina Invierno (Magallanes), Planta de Cerdos Freirina (Atacama), Alto Maipo (RM), Planta Celulosa Valdivia (Los Ríos), y la Planta de tratamiento de residuos industriales de Til Til (RM).

Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB

“Tanto Pascua Lama como Hidroaysén son proyectos que se ubican en lugares más bien remotos. Sin embargo, éstos son percibidos por la comunidad como problemas ambientales serios. En el caso de Dominga, que es el único proyecto marino -terrestre, vemos que éste sí afecta directamente a la población que habita el territorio. Por otro lado, cuando cruzamos la información, también observamos que la presencia en medios de comunicación también es mayor cuando las iniciativas si se sitúan donde hay más cantidad de población, como es el caso de la Región Metropolitana y la de Valparaíso”, comenta el investigador del IEB.

Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com

¿Cuáles son las principales contribuciones que esperan lograr con esta investigación? Francisco Squeo señala que, pese a los esfuerzos y creación de estrategias y políticas medioambientales, como país aún no estamos cumpliendo con los estándares internacionales de conservación y que, en muchos casos, la compensación para ello es crear áreas de sacrificio, un tema altamente conflictivo. Es por ello que para el ecólogo, una de las alternativas es darle prioridad a las Áreas de Alto Valor para la Conservación que estén cercanas a zonas de conflictos socioambientales. “Pero para esto, es necesario que se puedan resolver esos conflictos”.

Los impactos en la biodiversidad

El estudio señala que la mayor cantidad de proyectos generadores de conflictos se ubicaron en la región de Antofagasta, con un total de 42, seguida por Valparaíso, con 36 proyectos. Ambas regiones estuvieron dominadas por conflictos de la industria energética y minera. Las regiones que siguieron con el mayor número, fueron Bío Bío y Los Lagos (9,5% cada una), la Metropolitana (9,2%) y Coquimbo (8,5%).

Del resto de los sectores productivos, se destacaron la pesca y la acuicultura, los puertos, las instalaciones de fabricación y las de saneamiento ambiental. También, se estableció que el 46% de los proyectos eran propiedad de empresas de capital chileno y que de éstos, el 77% era de origen privado.

En ese contexto, Squeo también destaca los conflictos medioambientales que afectan principalmente a población indígena del sur de Chile, asociados mayormente al sector forestal, y la instalación de plantas de celulosa.

Tala para plantación forestal ©Matías Barceló

Respecto al impacto de las actividades extractivas sobre la biodiversidad, el estudio explica que todas éstas generan algún tipo de residuo que no siempre recibe un tratamiento adecuado, siendo esta “basura”, una amenaza transversal tanto en ecosistemas terrestres como marinos. El sector energético, que incluye centrales térmicas e hidroeléctricas, afecta los ciclos migratorios de especies acuáticas y ocasiona la muerte de muchos organismos, debido a cambios de temperatura del agua u otros factores. Estas instalaciones también promueven la liberación de sustancias tóxicas al agua y la atmósfera, y facilitan el desarrollo de lluvias ácidas.

En tanto, la minería elimina especies de flora, degrada los suelos, y contamina aguas y glaciares con metales pesados y otras sustancias tóxicas, que también afectan la salud humana. El ruido de perforaciones y tronaduras también tiene efectos negativos, ya que puede ahuyentar a los animales y degradar hábitats.

Con todos estos antecedentes, los autores del estudio enfatizan en que la reducción de la deuda ambiental también requiere de la voluntad política para implementar soluciones adecuadas, a partir del análisis de los sistemas socioecológicos, y una eficaz gobernanza ambiental que incluya una mayor vigilancia, fiscalización y participación ciudadana. Todo esto, considerando la demanda ciudadana por el bienestar, el acceso equitativo a la naturaleza y sus servicios, y los valores intrínsecos de la biodiversidad.

Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad

16/09/2020
Legisladores de oposición buscan que la iniciativa se ponga en votación la primera semana de octubre.

Pese a que lleva varios meses detenido el proyecto de ley con el que se busca definir la protección de los glaciares que hay en el país, sigue existiendo movimiento alrededor de la moción. La comisión de Minería del Senado dio inicio a las reuniones de los asesores de cada uno de los congresistas, con el objetivo de llegar a acuerdos que destraben la situación.

Dichos encuentros se dieron por una solicitud del senador Alejandro GarcíaHuidobro (UDI), buscando aunar criterios, luego del nulo avance que existió cuando se intentó tramitar el proyecto. En la instancia, si bien participan asesores de cada uno de los senadores de la comisión de Minería, también se sumó el exsubsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal, quien trabaja con GarcíaHuidobro. También se suma el presidente de la comisión de glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, Jaime Illanes.

Los demás senadores son representados por el abogado Matías Ortiz en el caso de Guido Girardi (PPD); Leonardo Contreras, con el senador Rafael Prohens (RN); Alejandro Sánchez, por el senador Álvaro Elizalde (PS); y Rodrigo Vega, con la senadora Yasna Provoste (DC). Mientras que por el Ejecutivo, está el jefe del Departamento de Asuntos Legislativos de Minería, Felipe Curia. La idea del Gobierno es que se logre una normativa que proteja a estos depósitos, pero que sea compatible con la actividad económica, especialmente la minería, industria que se vería afectada de prosperar un proyecto como el original.

Por otra parte, senadores de oposición buscan medidas más restrictivas, estando en disputa la protección de la zona periglaciar, que incluye a las cercanías de los depósitos, pero que incluso puede extenderse por varios kilómetros. Según trascendió, el principal eje en discusión de las primeras sesiones ha estado sobre los objetos de protección, enfocados en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost. Sin embargo, no ha habido consensos.

Según cuentan fuentes conocedoras, en un inicio hubo acercamientos respecto a que se iba a detallar tanto la protección de glaciares, permafrost y ambiente periglaciar como objeto de protección independiente, pero durante las últimas sesiones hubo un retroceso, luego de que se cuestionó si se pueden fijar esos tres objetos de manera genérica, sin tener estrategia de protección específica para cada uno.

“Esta es una prioridad absoluta, porque estamos entrando en una etapa de colapso hídrico desde Copiapó al sur, y el escenario que viene por el cambio climático es malísimo. Los glaciares hoy no están protegidos y el Gobierno busca mantener una lógica de intervención de glaciares”, sostiene el senador Girardi, uno de los impulsores de la iniciativa, quien confirmó que enviarán una carta al presidente de la comisión para que el proyecto sea votado durante la primera semana de octubre.
Fuente: El Mercurio

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares