Chile, Litio

Cámara aprueba informe que pide anular acuerdo entre Codelco y SQM por explotación de litio

30/06/2025
Constanza Carrillo Silva, Periodista de Prensa en BioBioChile
Información de Nicolás Donoso

Esta jornada de lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora que indagó el acuerdo entre Codelco y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) para la explotación del litio refinado en el Salar de Atacama.

En concreto, el documento contó con 96 votos a favor, 2 en contra y un total de 17 abstenciones.

La instancia, que presidió el diputado Independiente-PPD, Cristián Tapia, redactó un duro informe de 45 páginas donde se pide que se deje sin efecto dicha alianza. Además, incluye 23 propuestas para el futuro de la explotación del litio.

Proponen proceso de licitación abierta
“Estamos muy contentos que la Sala haya aprobado por amplia mayoría este informe de la Comisión Investigadora sobre el convenio entre Soquimich y Codelco, que todavía no es contrato, y que abordó además la compra fantasma del Salar Blanco en Maricunga, donde se gastaron 236 millones de dólares. Este es un proyecto que todavía está en tribunales ambientales, es decir, puede ser que nunca se pueda ejecutar”, señaló el diputado Tapia.

El parlamentario agregó que “lo importante es que aquí se ha tomado conciencia porque todo esto se hizo a espaldas de la ciudadanía, con muchas mentiras en torno a la deuda que tiene Soquimich en el actual contrato con Corfo de más de mil millones de dólares por el concepto del impuesto específico a la minería, que aparecen recursos pagados a Morgan Stanley sin precisar el monto. Es decir, no se sabe cuánta plata pagó Codelco a esta empresa, que es una empresa internacional”.

“Lo que nosotros pedimos es que el presidente Gabriel Boric dé instrucciones para que este contrato definitivamente no se firme, y se vaya a un proceso de licitación abierta, donde el Estado pueda recibir aproximadamente cerca de 6.700 millones de dólares para poder invertirlo y gastarlo en lo que a Chile le parezca mejor: salud, seguridad, educación, vivienda. Hicimos un trabajo muy serio, más allá de lo que significa nuestra postura política, pusimos por delante los intereses de nuestro país y su gente”, concluyó Cristián Tapia.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/06/30/camara-aprueba-informe-que-pide-anular-acuerdo-entre-codelco-y-sqm-por-explotacion-de-litio.shtml

Chile, Internacional, Litio

La brutal caída de la economía del litio en las baterías de vehículos eléctricos

28/06/2025
La noticia de esta semana de que la segunda mayor minera de litio del mundo, SQM, comenzó a despedir al 5% de su fuerza laboral chilena no sería una sorpresa para quienes siguen el mercado de la materia prima para baterías.

Los precios de las baterías de litio se han desplomado desde que alcanzaron un pico hace menos de tres años, cayendo a 8.450 dólares por tonelada en junio de este año desde más de 80.000 dólares en noviembre de 2022.

Un fenómeno que se viene profundizando en los últimos años y que solo profundiza cierre de proyectos y despidos de trabajadores.

Sin esperanzas
Una actitud de esperar y ver los recortes de producción por parte de las empresas mineras de litio, particularmente en China, donde el apoyo del gobierno mantiene a las minas deficitarias con soporte vital, y un crecimiento de la demanda más lento de lo esperado de la industria de vehículos eléctricos ofrece pocas perspectivas de un retorno a los años de auge.

El valor de las toneladas terminales de litio utilizadas en vehículos eléctricos, incluidos los híbridos enchufables y convencionales, vendidos en todo el mundo entre enero y mayo ascendió a 2.150 millones de dólares.

La magnitud de la caída se ilustra con el consumo mensual de níquel en las baterías de vehículos eléctricos, que ahora es mayor que el de litio, a pesar del importante avance hacia baterías sin níquel, como las de fosfato de hierro y litio, y un enfriamiento de los precios del níquel al mismo tiempo.

Solo el valor del litio contenido en las baterías de los vehículos eléctricos vendidos en diciembre de 2022 alcanzó los 3.200 millones de dólares, a pesar de que las ventas unitarias globales fueron una fracción de lo que son ahora y los envíos se inclinaron hacia los híbridos, que tienen baterías inherentemente más pequeñas y, por lo tanto, contienen menos metal que los autos totalmente eléctricos.

En términos de consumo por vehículo eléctrico, la rentabilidad del carbonato e hidróxido de litio es aún peor.

Desde un pico de más de $1,900 por vehículo eléctrico promedio ponderado por ventas en diciembre de 2022, el litio instalado en lo que va de año solo promedia poco más de $200 por auto.
Minería & Desarrollo | Mining. Com

La brutal caída de la economía del litio en las baterías de vehículos eléctricos

Chile

Vecinos de El Molle buscan revertir aprobación de proyecto minero

19/06/2025
La comunidad alega que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental declaró inadmisible su solicitud de invalidación.

La Junta de Vecinos el Molle, en la Región de Coquimbo, presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para revertir la aprobación ambiental del proyecto Minero Arqueros, impulsado por la Compañía Minera Arqueros S.A., filial de la empresa japonesa Nittetsu Mining Co.
La comunidad alega que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible su solicitud de invalidación, basándose en que no habría existido un tiempo suficiente para resolverla, pese a que fue presentada dentro del plazo que establece la normativa. Plantean que la interpretación del SEA contraviene tanto el Acuerdo de Escazú como la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sostienen que su solicitud de invalidación se fundó en diversos vicios en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, en particular respecto de la fundamentación de la localización del proyecto y de su línea de transmisión (LTE), destacando que ésta última se ubica en sectores con bosques que contienen especies en estado de conservación, donde se alterará su hábitat y se producirá la eventual perdida de ejemplares de fauna de alta y baja movilidad.

Afirman que esto lo reafirma el que dicho proyecto haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un estudio justamente por la afectación significativa de la flora. Añaden que en la localidad de El Molle se identificaron seis cementerios indígenas de la cultura Molle, uno de los cuales se ubica al lado de la torre 13 de la línea de transmisión.

Asimismo, argumentan que se descartaron efectos sobre el valor ambiental del territorio de forma incorrecta, centrando el análisis sólo en el recurso hídrico, excluyendo la afectación de los servicios ecosistemas que presta éste para la comunidad. Plantean que el trazado de la LTE afectará la diversidad biológica.

Adicionalmente, aseveran que parte del proyecto se emplaza en una zona de interés turístico, pese a lo cual la autoridad descartó afectación significativa sobre el valor paisajístico y turístico. Afirman que en la localidad existen diversos hoteles y prestadores de servicios como excursiones y cabalgatas, entre otras, debido al paisaje intacto y sin líneas de alta tensión característico del lugar, reafirmando con esto que la LTE afectará el valor paisajístico asociado a la visibilidad panorámica del lugar.

Finalmente, la Junta de Vecinos alega que el SEA omitió un pronunciamiento respecto a la existencia de modificaciones sustantivas durante la evaluación de impacto ambiental, que habrían hecho procedente la apertura de un segundo periodo de participación ciudadana sobre la base de una supuesta infracción al principio de congruencia. Al respecto, indican que dicha interpretación es contraria con lo previsto en la legislación, que faculta a la autoridad para invalidar de oficio sus actos contrarios a derecho.

Finalmente, la Junta de Vecinos solicita se declaren nulas las resoluciones reclamadas y se ordene retrotraer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para que el titular ingrese un Estudio de Impacto Ambiental ajustado a la normativa vigente o, en su defecto, lo que el tribunal estime procedente.

El proyecto
El Proyecto Minero Arqueros consiste en la extracción y procesamiento de mineral de cobre mediante la operación de una mina subterránea, la construcción de una planta concentradora y un depósito de relaves, además de diversas obras complementarias necesarias para su funcionamiento, como sistemas de suministro de agua, energía y acceso vial. Sus principales componentes se agrupan en cuatro áreas: mina, planta concentradora, depósito de relaves y obras de apoyo que incluyen impulsión de agua, líneas y subestaciones eléctricas, y caminos.

La iniciativa contempla una vida útil de 21 años y una inversión de 200 millones de dólares.

Los siguientes pasos
Con la admisión a trámite se da inicio al proceso judicial de reclamación, dentro del cual el SEA deberá emitir un informe con los fundamentos que tuvo para declarar inadmisible la solicitud de invalidación de los reclamantes.
https://www.mch.cl/negocios-industria/vecinos-de-el-molle-buscan-revertir-aprobacion-de-proyecto-minero/

Chile

“Dominga no tiene permiso ambiental pero la empresa usa una estrategia comunicacional que trata de confundir”, explica abogada

María del Mar Parra 14/06/2025
¿Tiene luz verde el proyecto Dominga? A la espera de sentencias de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema sobre el polémico proyecto minero, la abogada ambiental, Antonia Berríos, aclara el complejo escenario legal del caso y acusa que la empresa se aprovecha de la desinformación.
Rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, el proyecto minero portuario Dominga sigue en titulares debido a la ardua batalla judicial que lleva adelante la empresa para construir el proyecto en una de las áreas marinas más biodiversas del país y con mayor relevancia para la pesca artesanal y el turismo marino en el norte de Chile: el Archipiélago de Humboldt.

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa data de 2013, y fue rechazado por primera vez en 2017, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como por el Comité de Ministros. El Primer Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el proceso y el proyecto fue calificado favorablemente en 2021 por la COEVA, pero rechazado por el Comité de Ministros en 2023.

Ante este rechazo del Comité, un fallo del Tribunal Ambiental obligó a los ministros a votar por tercera vez el proyecto, y la instancia lo volvió a rechazar en enero de 2025. El Tribunal Ambiental volvió a reclamar sobre el tercer rechazo del Comité de Ministros, ordenando que la secretaría regional del Servicio de Evaluación Ambiental se vuelva a pronunciar sobre la decisión del Comité.

¿Luz verde a Dominga?
Se han presentado diversas reclamaciones legales contra esta última decisión del tribunal. Entre ellas, una contienda de competencias llevada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta semana, el TC declaró que el procedimiento de contienda de competencias no era el adecuado para resolver el dilema, ya que se trata más bien de una contienda de legalidad, que debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones.

Así, está pendiente una respuesta de esta corte para conocer si la reclamación del Tribunal Ambiental es legal o no. Además, está pendiente un fallo de la Corte Suprema que, durante toda la evaluación, no se ha pronunciado sobre el fondo del caso Dominga.

Sin embargo, desde la empresa han tomado el pronunciamiento del TC como una victoria o una “luz verde” al proyecto. “El proyecto Dominga no tiene un permiso ambiental, pero la empresa usa una estrategia comunicacional que trata de confundir sobre cuál es la verdadera decisión habilitante, que tiene que venir del órgano público con competencia para hacerlo. En este caso, el Comité de Ministros”, explica la abogada de la fundación FIMA, Antonia Berríos.

Según declara, el proyecto no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y el rechazo del Comité de Ministros aún está vigente ya que no se ha impugnado su legalidad. La empresa ha difundido la calificación favorable de la COEVA en 2021 como una aprobación del proyecto, ignorando que tras ello hay un rechazo del Comité de Ministros.

Ahora, mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la legalidad o no de la última resolución del Tribunal Ambiental, que pide una nueva decisión sobre el proyecto, los ojos también están puestos en la Corte Suprema.

“Es importante declarar que la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre el fondo del caso, y nunca ha validado la teoría de Andes Iron de que el proyecto está suficientemente evaluado”, explica Berríos. “Hasta ahora, esta corte ha sido la gran ausente en este debate judicial”, agrega.

El actuar del Primer Tribunal Ambiental, cuestionando en reiteradas ocasiones la decisión del Comité de Ministros, ha sido clasificada como ilegal y excedente de sus competencias.
https://eldesconcierto.cl/2025/06/14/dominga-no-tiene-permiso-ambiental-pero-la-empresa-usa-una-estrategia-comunicacional-que-trata-de-confundir-explica-abogada

Chile

DGA sanciona a Minera Las Cenizas por contaminar aguas en Cabildo: deberá pagar multa de $51 millones

Alberto González 12/06/2025
Comunicado de Prensa | DGA
La Dirección General de Aguas (DGA) sancionó con dos multas que suman 51,2 millones de pesos a la minera Las Cenizas por la contaminación del río Ligua y la Quebrada Chinchorro en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso.

Según informó el organismo en un comunicado de prensa, las sanciones se emitieron un año después del derrumbe del relave en pasta de la minera.

Al respecto, se indicó que la primera multa a la Minera Las Cenizas, de 451 UTM (31 millones), corresponde a la afectación del río Ligua, mientras que la segunda, de 403 UTM (20,9 millones), es por daños en la Quebrada Chinchorro, cercana al sector de Peñablanca.

De acuerdo a la Dirección General de Aguas, en los análisis que se realizaron tras la contaminación, se confirmó la presencia de diversos compuestos contaminantes, como arsénico, plomo, cobre y cromo, entre otros.

Así también, encontraron calcio, magnesio, potasio, sodio, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, hierro y molibdeno.

En ese sentido, el organismo aseguró que mantiene un monitoreo activo de la situación y trabaja en medidas correctivas para resguardar la salud pública y los recursos hídricos de la zona.

“Desde el primer día estuvimos presentes en terreno, fiscalizando y estableciendo normas transitorias para garantizar la seguridad de la población a través de obras de contención, recirculación y comunicación constante con las autoridades”, afirmó el director regional de la DGA, Camilo Mansilla.

“Hoy, con los resultados de esta fiscalización, podemos confirmar la gravedad de la afectación sobre nuestros cauces. Esta situación pone en riesgo tanto a las personas cercanas a los cuerpos de agua como los usos vitales del agua en la región”, concluyó.

Mientras, el seremi de Obras Pública, Dennys Mendoza Castillo, apuntó que “la afectación al río Ligua y la Quebrada Chinchorro no solo compromete el ecosistema, sino también la seguridad hídrica de las comunidades”.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/06/12/dga-sanciona-a-minera-las-cenizas-por-contaminar-aguas-en-cabildo-debera-pagar-multa-de-51-millones.shtml

Chile

Revés judicial para minera Aclara: Corte Suprema revoca sentencia contra defensores ambientales

11/06/2025
La Corte Suprema revocó un fallo que favorable para la minera Aclara, marcando un revés judicial para la empresa luego que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara un recurso de protección interpuesto contra defensores ambientales de Penco que criticaban su proyecto de tierras raras.

Por J. Arroyo Olea
Este martes se hizo pública la resolución de la Corte Suprema ante el recurso interpuesto en defensa de Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, ambos vecinos de Penco a quienes la empresa Aclara apuntó como quienes gestionarían una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

Para esto, la empresa minera -que pretende instalar un proyecto extractivo de tierras raras en los cerros de Penco- ingresó en febrero de este año un recurso de protección contra ambos defensores ambientales, sobre el cual la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

Sin embargo, el máximo tribunal del país le ha dado un portazo al fallo de la Corte de Concepción. En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y, en esta línea, rechazó la acción constitucional.

Así, el fallo de la Suprema establece que considerando «los antecedentes acompañados en autos, no resulta posible tener por acreditado que los actos que se denuncian como ilegales o arbitrarios hayan sido cometidos por los recurridos, desde que en parte alguna existe referencia, mención o aparece algún elemento identificatorio de los mismos».

Esto, ante una cuestionada decisión de la Corte de Apelaciones, la cual no acreditó que los vecinos individualizados sean administradores de la página en cuestión, por lo que se interpretó como una decisión que limitaba la publicación y replicación de contenido que cuestionara al proyecto minero.

En contacto con RESUMEN, Camila Arriagada estableció como positiva la decisión de revocar el fallo «para dejar en claro que la empresa minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la comunidad de Penco al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero».

De igual forma, Arriagada planteó que esta resolución «deja en evidencia el mal funcionamiento de una Corte de Apelaciones, que da un fallo sin tener pruebas, de forma arbitraria, y que claramente todo intento de censura y de acallarnos a la oposición de este proyecto no tiene lugar».
https://resumen.cl/articulos/reves-judicial-para-minera-aclara-corte-suprema-revoca-sentencia-contra-defensores-ambientales

Chile

Ambientalistas llevan a minera Aclara a la Corte Suprema acusando vulneración a la libertad de expresión

06/06/2025
Vecinos de Penco, junto a sus abogados, apelaron ante la Corte Suprema en contra de la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por minera Aclara, acusando censura y vulneración a la libertad de expresión. La empresa, dueña del proyecto de tierras raras que busca instalarse en Penco, los vinculó a publicaciones críticas en redes sociales, pese a no existir pruebas directas de su autoría.
J. Arroyo Olea
A fines de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de un recurso de protección interpuesto por el representante legal de REE UNO SpA -filial propiedad de la empresa minera de tierras raras Aclara Resources- contra dos vecinos de Penco, luego que la empresa los apuntara como quienes gestionaran una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

El fallo ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones, como también por las partes acusadas. Esto, luego que la Corte de Concepción ordenara «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

En la práctica, esto limitaría la publicación o replicar contenido que cuestione el proyecto minero, señalando que «si existen elementos de juicio que ponderados bajo este tipo de acción constitucional, que han permitido establecer que los ó recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes que se á encuentran alojadas en la plataforma de la cuenta @Keuleresiste»

Aclara es llevada a la Suprema
Tras conocerse el fallo, los vecinos Arnoldo Cárcamo y Camila Arriagada apelaron a la Corte Suprema para revertir el fallo. En un punto de prensa realizado este miércoles, el hecho se dio a conocer públicamente en compañía de diversas personas, como también por su defensa jurídica.

En este contexto, Arriagada señaló que «esperamos que esta instancia revoque este fallo, y de en favor de nosotros para que no se atente a nuestros derechos de libre expresión y que pueda también corregir las incongruencias del fallo, en donde no tenemos derecho a defendernos y donde también injustamente se nos está censurando y hostigando por solo estar en oposición a este proyecto minero de larga data».

De igual forma, la exconsejera regional del Biobío y vecina de Penco enfatizó en que «esta empresa insiste en buscar recursos y figuras para poder acallarnos y para que no levantemos más las voces críticas del proyecto», caracterizando la decisión de la Corte como un fallo insólito y haciendo un llamado a que «sería prudente que se pronunciaran por los argumentos» tras no comprobarse los argumentos iniciales de la empresa.

Por su parte, en contacto con RESUMEN, Antonia Figueroa Parra, abogada representante de los vecinos, enfatizó en que estos «no tienen ninguna relación con esta cuenta de Instagram, y tampoco han hecho esas publicaciones, las cuales se les sindica como responsables, ante lo cual no se acompañó tampoco ninguna prueba que los vinculara».

En este sentido, la abogada planteó que se realizaron los alegatos y entregaron informes correspondientes para dar cuenta de esta situación, pero finalmente la Corte de Concepción «acoge el recurso de la minera sin esbozar mucha fundamentación», ordenando la eliminación de las publicaciones y, además, obliga a los vecinos involucrados a abstenerse de hacer publicaciones en línea crítica al proyecto.

Asimismo, Cristian Urrutia, también abogado representante de los vecinos, señaló que «de toda la prueba que existe, no hay prueba que pueda responsabilizar directa o indirectamente lo que se imputa a nuestros representados», quienes «son reconocidos dirigentes vecinales de la comuna de Penco, por ende consideramos que ante la falta de argumento y pruebas del recurso hay un abuso del recurso como tal e instrumentalización de las instituciones y el recurso para el objeto de silenciar la participación de dirigentes sociales en este tipo de legítimas causas contra proyectos de este estilo».

En esta línea, el abogado planteó que la oposición al proyecto de los vecinos «siempre se ha enmarcado dentro de lo que la Constitución misma garantiza, sobre la libertad de emitir opinión por cualquier forma y sin censura previa», como también de instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Por ende, enfatiza, «vamos a seguir adelante con la tramitación del recurso de apelación, y esperamos que ante la evidente falta de pruebas y el actuar de la minera se deje sin efecto la sentencia».
https://resumen.cl/articulos/ambientalistas-llevan-a-minera-aclara-a-la-corte-suprema-acusando-vulneracion-a-la-libertad-de-expresion

Chile, Litio

Chile: Tribunal Ambiental flexibiliza restricciones de inversión minera en el Salar de Surire

Rolando Alza 29/05/2025
La explotación se podrá realizar exclusivamente entre junio y noviembre de 2025 en seis polígonos ubicados fuera del Monumento Natural.

Entre los requisitos exigidos a Quiborax destaca la entrega de un Plan de Trabajo detallado que delimite con precisión los polígonos de extracción.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió modificar parcialmente la medida cautelar que regía desde septiembre de 2024 sobre las operaciones de Quiborax en el Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota. La nueva resolución autoriza la carga, retiro y transporte del material acopiado en el salar, así como una explotación limitada de ulexita fuera del Monumento Natural “Salar de Surire”, bajo estrictas condiciones ambientales y conforme a un Plan de Trabajo que deberá presentar y validar la empresa.

La decisión se tomó tras la audiencia de revisión celebrada el 13 de mayo, donde participaron las partes de la causa y terceros coadyuvantes. Con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal permitió extender la autorización excepcional para nivelación de áreas intervenidas en 2024 y el retiro de ulexita hasta noviembre de 2025. Además, se aprobó un régimen de explotación restringido en sectores definidos fuera del área protegida, siempre bajo condiciones técnicas, ambientales y de monitoreo ya establecidas.

Entre los requisitos exigidos a Quiborax destaca la entrega de un Plan de Trabajo detallado que delimite con precisión los polígonos de extracción, incluya estudios topográficos, caracterización ambiental y de fauna, e identifique impactos y riesgos. El plan también deberá contemplar el procedimiento técnico para la nivelación pos-extracción y un sistema de monitoreo de zonas de exclusión, priorizando la protección de especies sensibles como los flamencos y la preservación de los cuerpos de agua y la napa freática.

El fallo responde a un cambio de circunstancias respecto a las condiciones que motivaron la paralización total en 2024 y busca equilibrar el principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. El Tribunal consideró que, al estar acotada en tiempo y espacio, la propuesta de Quiborax permite reducir los riesgos ambientales, integrando exigencias de conservación compatibles con los objetivos del sitio Ramsar en el Salar de Surire.

La explotación se podrá realizar exclusivamente entre junio y noviembre de 2025 en seis polígonos ubicados fuera del Monumento Natural. La resolución impone medidas específicas como la restricción de profundidad de extracción a un máximo de 60 cm, la delimitación de zonas de exclusión alrededor de cuerpos de agua y nidos, la elaboración de inventarios de fauna y protocolos de paralización en caso de detectar especies sensibles, con el fin de minimizar los impactos ecológicos.

Cabe recordar que la medida cautelar original, decretada en septiembre de 2024, paralizó completamente las actividades de Quiborax dentro del sitio Ramsar del Salar de Surire. Aunque se permitió mantenimiento y conservación, la paralización se mantuvo hasta mayo de 2025. En la actualidad, sigue vigente la prohibición total de operaciones dentro del área protegida del Monumento Natural, mientras que toda actividad fuera de ella queda supeditada a la aprobación del plan exigido por el Tribunal.
https://www.rumbominero.com/chile/tribunal-ambiental-flexibiliza-restricciones-a-quiborax/

Chile

Vienen por todo, y les despejan el camino

26/05/2025
OLCA
Algo se ha acelerado en Chile, y no son solo los proyectos de inversión. Lo que hoy vemos en una “Crónica para el futuro” es una embestida del empresariado nacional y transnacional que busca no solo avanzar con su agenda extractivista, sino que también eliminar cualquier atisbo de democracia y justicia ambiental en el país. Sin embargo, estas ideas no son nuevas y tampoco es una ofensiva espontánea: está cuidadosamente dirigida por el gran empresariado —con El Mercurio como director de orquesta para sorpresa de nadie, y Ex Ante como el nuevo medio regalón para hacer sus descargos— y respaldada, incluso, desde el Gobierno y por una “oposición” que hace tiempo dejó de disimular su comodidad con los privilegios del modelo: una alianza público-privada en todo su esplendor

Este proceso, que comenzó con un pataleo de los grandes grupos económicos, terminó convertido en proyecto de ley por parte del Ejecutivo a inicios del año pasado. ¿Cuál es el eslogan? Permisología. ¿Qué busca? Darle coherencia a sus proyectos de inversión sin trabas. ¿Cuáles son las trabas? Los derechos ambientales de las personas. ¿Qué significa en la práctica? Expandir sus ganancias a costa de los derechos de las comunidades y la naturaleza, ensalzando los supuestos beneficios, caricaturizando a los que defienden lo que va quedando, es decir, a las comunidades y organizaciones que defienden sus formas de vida y territorios. Y todo esto transcurre a vista y paciencia de los que se abrazaban con la firma de Escazú, con el silencio cómplice de los que piensan que no vienen por sus derechos.

Pero, ¿Qué es la permisología? Dícese de la ficción empresarial que señala que las normas, instituciones y trámites ambientales para la evaluación y aprobación de proyectos de inversión son el mismo demonio, la burocracia en su máxima expresión. ¿Se les olvidó que estamos viviendo una crisis climática? ¿No recuerdan los vínculos del extractivismo con la corrupción? ¿Dónde quedó el discurso del Compliance y la ética empresarial? ¿Tienen todo para ganar y aún así quieren más? El discurso de la permisología es el recurso fácil del empresariado, con el cual pretenden abultar aún más sus anhelados maletines mercantilizando, incluso, la propia crisis climática.

No es tan difícil buscar en internet, pero no está demás hacer memoria de cómo se han ido diseñando las normas e institucionalidad ambiental a nivel mundial y nacional: a costa de contaminación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades, sequía, criminalización y asesinatos de defensoras/es ambientales, zonas de sacrificio, entre otros. Chile no es la panacea del estándar de protección ambiental, por supuesto que se puede mejorar, pero no a costa de los derechos de la ciudadanía para que terminen en manos del empresariado, sino que mejorando el estándar de participación ambiental, incluyendo realmente la consulta indígena, mejorando el sistema de información ambiental -que no entiende nadie-, sumando más recursos y personal para las instituciones que evalúan, aprueban y fiscalizan los proyectos de inversión, tomando decisiones que realmente consideren y prioricen la riqueza de Chile y su gente y no el bolsillo de algunos.

No es de extrañar, entonces, que hoy las empresas empiecen a señalar a los que suponen están detrás de la malvada permisología, que les impide aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos da el cambio climático, ¿se entiende la ironía?

Los derechos reconocidos a la ciudadanía, a las comunidades, a los pueblos indígenas, son las salvaguardas que nos van quedando frente al extractivismo voraz que no mira más allá de su ombligo, de sus rentas. Para las organizaciones territoriales, en un escenario adverso y con pocos recursos, no queda de otra más que seguir insistiendo. Es cosa de pensar en comunidades como la de Huasco y Elqui que llevan años defendiendo sus valles de Barrick; en quienes hoy tienen que defenderse del efecto sombra/parpadeante y ruido infernal de las eólicas; en quienes viven la amenaza que arrastra la ampliación de la explotación por parte de los añorados “minerales críticos”, en quienes están quedando debajo los “inocuos” paneles solares, de Magallanes frente a la ilusa industria del hidrógeno verde; en quienes han sido desplazados y visto sus territorios impactados por el negocio hidroeléctrico; en quienes el falso discurso de la desfosilización de la matriz energética les ha traído, a la puerta de la casa, más conflictos y menos políticas de reparación.

Caricaturizar los sistemas de vida de las comunidades, demonizar el trabajo de algunos, olvidarse de su posición favorable y la terrible asimetría en la que se encuentran organizaciones y defensoras/es ambientales, es muy bajo. Pero no es de extrañar en el contexto político mundial y nacional, que normaliza la violencia y la retórica de la derecha, y de sectores de la centro-izquierda que se suman al discurso desarrollista y de la industrialización a cualquier costo, sacando cálculos en año de elecciones.

La reconfiguración del Estado y la profundización del neoliberalismo no es solo irresponsable, es peligrosa, porque aquí no solo está en juego lo ambiental, está en juego la justicia, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la salud, el trabajo, la vida. El nuevo rostro de esta ofensiva es elegante, técnico, ambientalmente neutro y se apellida verde o sustentable, como el de minería sustentable, un oxímoron. Pero en el fondo se trata de lo mismo: hacer negocio, ahora con la crisis climática.

Esta estrategia no es distinta, pero está más articulada y es más riesgosa. Es una disputa estructural por el tipo de democracia y de economía que veremos en los próximos años. Hoy es lo ambiental, la permisología, el rol de las ONGs o defensoras/es ambientales, mañana será otra cosa. Hay que alistarse, poner las energías en las comunidades y no retroceder en materia de derechos y democracia, porque vienen por todo, y aquí les despejan el camino.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

Chile, Litio

El litio sin concurso: transparencia en sombras

Diego Del Barrio Vásquez 28/05/2025
La opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones.

El manejo del litio en Chile, particularmente la reciente adjudicación del Salar de Atacama, revela deficiencias significativas desde una perspectiva de economía institucional y gobernanza de recursos naturales. La ausencia de un proceso licitatorio competitivo representa una renuncia explícita a los principios de eficiencia y maximización del valor público. En mercados donde los recursos estratégicos atraen inversiones globales de alto calibre, la adjudicación directa limita la posibilidad de obtener mejores condiciones contractuales para el Estado, reduce incentivos para la innovación tecnológica y ambiental, y debilita los mecanismos de comparación técnica y financiera entre oferentes.

La exclusión de los accionistas minoritarios de SQM en decisiones de alto impacto constituye una vulneración a los estándares de buen gobierno corporativo. Los marcos regulatorios modernos enfatizan la importancia de la participación y la protección de los derechos de todos los accionistas, no solo de los controladores, para asegurar una gestión alineada con el interés colectivo y la sostenibilidad a largo plazo. Ignorar estas voces debilita la legitimidad de las decisiones y expone a la empresa a riesgos reputacionales y regulatorios.

Adicionalmente, la opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones. Este déficit de transparencia contradice las mejores prácticas internacionales en la administración de recursos naturales, donde la publicación íntegra de estudios y contratos es condición esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública.

Desde la teoría económica, una gobernanza eficiente de recursos estratégicos exige:

1. Procesos licitatorios abiertos que maximicen la competencia y el valor para el Estado.
2.Mecanismos de consulta y control interno que garanticen la participación de todos los grupos de interés.
3.Transparencia plena en la información relevante para permitir el escrutinio público y la toma de decisiones informada.

La ausencia de estos elementos no solo debilita la credibilidad institucional de Chile como gestor de sus recursos, sino que también compromete el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. Solo restableciendo la competencia, la participación y la transparencia se podrá proteger efectivamente el interés público y consolidar una gestión responsable del litio.
https://interferencia.cl/articulos/el-litio-sin-concurso-transparencia-en-sombras