Colombia

Mina Cerrejón de Colombia reinicia operaciones

5/5/2020
En Colombia, la mina de carbón térmico Cerrejón comenzó ayer (lunes 04) a restablecer gradualmente sus operaciones que había reducido preventivamente para evitar la expansión del coronavirus, informó la empresa.

En medio de la cuarentena que decretó Colombia, las compañías mineras habían reducido desde el 24 de marzo sus actividades para contener la expansión del Covid-19 que hasta el momento deja más de 7.600 personas contagiadas y 340 muertas.

“Hemos planteado la reactivación gradual y progresiva de nuestras operaciones bajo estrictas medidas de seguridad y control”, dijo en un comunicado Juan Carlos Consuegra, vicepresidente de Cerrejón y líder del equipo de contingencia.

Con la emergencia sanitaria el 80% del personal de Cerrejón tuvo acceso a vacaciones colectivas y, posteriormente, las personas que no formaban parte del equipo de contingencia y que no podían trabajar desde la casa disfrutaron de permisos remunerados, reveló la empresa.

Cerrejón, que exportó 26,3 millones de toneladas de carbón en 2019, anunció que la operación se restablecerá paulatinamente, tajo a tajo, con el personal más cercano a cada uno de estos.

La mina, que pertenece en partes iguales a BHP Group, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.800 trabajadores.

Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en el departamento de la Guajira, al noreste de Colombia, que incluye una mina a cielo abierto, una línea de ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto marítimo sobre el Mar Caribe.

Aunque Colombia está en un aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, las actividades de minería pueden continuar al ser considerada como una actividad esencial para el desarrollo del país. Previamente en abril Drummond, otro de los principales productores de carbón térmico, había restablecido sus operaciones.

Fuente: Minuto 30

Mina Cerrejón de Colombia reinicia operaciones

Colombia, Criminalización de la protesta

Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía

3/5/2020
Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio*
Hoy en el Día de la Libertad de Prensa, presentamos la investigación realizada por Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio, por la que la inteligencia del Ejército Nacional inició seguimientos en contra de sus autores y los incluyó en las «Carpetas Secretas».

Rutas del Conflicto y La Liga Contra El Silencio desarrollaron el proyecto ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, una herramienta que busca ofrecer información organizada y detallada sobre estos acuerdos de colaboración, los municipios donde están vigentes y las empresas involucradas. Cortesía.
En septiembre de 2018, en Castilla la Nueva, Meta, el líder ambiental Gustavo Carrión, fue aprehendido por la Policía y señalado de múltiples delitos, entre ellos el de terrorismo. Carrión había protestado junto a su comunidad por la supuesta contaminación del agua en la zona por cuenta de Ecopetrol. Quince días más tarde fue puesto en libertad porque, según una juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes.

En enero de ese mismo año, Ecopetrol firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, por más de 17.000 millones de pesos. Este acuerdo estuvo vigente hasta diciembre del mismo año y abarcó varios departamentos, entre ellos el Meta. El objeto del acuerdo era reforzar la “capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa, sus grupos empresariales y asociadas”, y que corresponden a delitos como aquellos por los que fue señalado Carrión.

En Castilla la Nueva y otros municipios, Ecopetrol firmó otro convenio de cooperación, esta vez con las Fuerzas Militares, por más de 14.000 millones de pesos. De ese monto, más de 2.800 millones fueron destinados al ‘bienestar personal’ de miembros del Ejército, según el anexo 2 del documento.

En zonas de actividad extractiva, donde las comunidades se organizan para protestar por sus derechos, la relación económica que suponen estos convenios plantea a las instituciones públicas un dilema ético, pues de ellas se espera imparcialidad. Mientras que empresas como Ecopetrol consideran que no existe un conflicto de intereses, la abogada de derechos humanos, Liria Manrique, y el director de Indepaz, Camilo González afirman que los convenios pueden dar lugar a una asimetría jurídica.

Lo cuestionable
Después de revisar 200 convenios de cooperación, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio encontraron aspectos cuestionables en la forma como las empresas entregan dinero a las Fuerzas Militares y a la Policía. La resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa advierte que los convenios de colaboración entre privados y estatales sólo son posibles cuando favorecen la seguridad nacional. “Esta asociación irá dirigida al desarrollo conjunto de actividades que tengan relación con la defensa y seguridad nacional”, dice el documento. En los contratos, en cambio, el Ministerio de Defensa puede acordar un pago por algún servicio.

Sin embargo, los documentos disponibles en esta base de datos muestran que los dineros fueron invertidos en actividades que no se relacionan directamente con proteger el territorio, ni con la seguridad nacional, ni con el accionar de la empresa estipulado en los objetos de los 200 convenios.

Entre los acuerdos de colaboración encontrados, algunos destinan una parte del presupuesto para el “bienestar personal de los funcionarios”. En las actas de liquidación de los convenios es evidente que el “bienestar” de militares y policías no está relacionado con sus actividades dentro de la institución, sino que consiste más bien en estímulos. Por ejemplo, el convenio 12- 031, entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, gastó 470.749.660 de pesos en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea.

El Ministerio de Defensa no solo destinó dinero de los convenios para el bienestar personal de los funcionarios; también invirtió en el ‘bienestar espiritual’: la construcción y mantenimiento de capillas. Así lo refleja el convenio 13- 047, celebrado entre la Compañía Española de Petróleos, Cepsa y el Ministerio de Defensa, que incluye un gasto de 45 millones de pesos en la construcción de la capilla de la Octava División del Ejército. Esta misma empresa firmó el convenio 14- 016, que dispuso 20 millones de pesos para el mantenimiento la capilla de la Séptima Brigada.

La investigación también arrojó que los dineros están siendo invertidos por fuera de los territorios donde el convenio dice tener vigencia. Es el caso del convenio 12-031, para los departamentos de Arauca, Putumayo y Nariño, que destinó 3.700 millones de pesos a la construcción de la Escuela de Helicópteros CACOM 4 en Flandes, Tolima.

Ese mismo convenio, vigente entre el 4 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, firmado por Ecopetrol y el Ministerio de Defensa, también menciona que se invirtieron 1.430.005.515 de pesos en el “mejoramiento infraestructura de alojamientos de la guarnición militar de Bogotá”.

Además se identificaron casos donde la empresa manifiesta no tener soporte de algunos gastos por parte de la entidad pública. Un ejemplo es el convenio 006 -2016, suscrito entre Amerisur Exploration y el Ministerio de Defensa. En el acta, la empresa manifiesta irregularidades en los documentos de gastos por 639 millones de pesos, y solicita Inspección General del Ejército porque no hay soportes de algunos gastos.

¿Convenios para qué?

En Colombia, más de 70 empresas nacionales e internacionales, principalmente del sector minero-energético, celebran convenios de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, integrado por las Fuerzas Militares; con la Policía e incluso con la Fiscalía General de Nación.

Estos convenios existen desde 1996, pero solo fueron regulados por el Ministerio de Defensa en 2014, mediante la resolución 5342. Cuando se hacen con la Fuerza Pública contemplan aportes en dinero y especie a las instituciones a cambio de que presten seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas.

Cuando se trata de acuerdos con la Fiscalía, todas las partes que firman aportan recursos. A su vez, la Fiscalía se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de las empresas, como está registrado en el convenio entre las Estructuras de Apoyo y Ecopetrol.

La Fiscalía cumple su compromiso a través de las llamadas Estructuras de Apoyo, EDA, divisiones destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos. Desde 2013, las Fiscalías EDA en Arauca, Casanare y Meta ampliaron su campo de acción para investigar delitos de terrorismo, secuestro, violación de la libertad de trabajo, concierto para delinquir y obstrucción a vías que afecten el orden público.

Según la resolución que regula los convenios, estos se celebran solo cuando están dirigidos a la defensa y la seguridad nacional, en un contexto donde el sector minero-energético, sobre todo el de hidrocarburos, ha sido por décadas blanco de grupos armados ilegales. Las voladuras de oleoductos, el secuestro o la extorsión de miembros de algunas de estas empresas son algunos ejemplos de esa situación.

Ante este escenario, el propósito de los convenios es proteger la infraestructura de las empresas y judicializar de manera prioritaria a quienes atenten contra ellas. Todo por la seguridad nacional.

Los convenios, sin embargo, se desvían de su propósito inicial e incluso sirven para financiar otras prácticas. El senador Iván Cepeda; la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus; y el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, se muestran preocupados ante aspectos de estos convenios que pueden derivar en la violación de derechos humanos. González critica episodios cuando cualquier ciudadano “quiere entrar a la empresa y es atendido por la Fuerza Pública. Es la militarización de las organizaciones”, dice.

Activistas ambientales y sindicales de territorios donde hay convenios vigentes, como el Meta y el Casanare, dicen haber sido víctimas de abusos de fuerza y persecuciones por parte de la Fuerza Pública. Además, líderes sociales han sido judicializados como supuestos terroristas, tras criticar las actuaciones de las empresas.

Algunos ejemplos son las historias que documentaron Rutas del Conflicto y La Liga sobre Héctor Sánchez y Gustavo Carrión, ambos líderes por la defensa del territorio en el Meta, quienes fueron señalados y judicializados por supuesto terrorismo. Sin embargo, en los procesos la Fiscalía no pudo demostrar la relación entre los delitos y los líderes.

Estos dos casos son una muestra de cómo operan los convenios de cooperación entre instituciones y empresas. Por una parte, las compañías financian al Ministerio de Defensa y la Fiscalía; y por la otra, fungen como víctimas en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas. Para la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus, los líderes y las empresas no están en igualdad de condiciones jurídicas cuando hay convenios vigentes. “Estos convenios son una excusa para privatizar la justicia y deslegitimar los procesos organizativos de los líderes en región”, dice.

Para algunos expertos, estos convenios formalizan un trato entre las empresas y las entidades del Estado. La situación es mucho más compleja si se tiene en cuenta que varias de las empresas, registradas en la base de datos, ya tienen señalamientos por violaciones de derechos humanos. Es el caso de las mineras Drummond y Prodeco. Ambas empresas fueron señaladas por presuntamente financiar a paramilitares entre 1996 y 2006, según el informe ‘El lado Oscuro del Carbón’ de Pax Christi, un movimiento católico internacional por la paz. Además, en octubre de 2018, la Fiscalía inició una nueva investigación contra los directivos de la Drummond por, presuntamente, entregar dinero a paramilitares a cambio de seguridad.

De igual modo, la empresa Ecopetrol es denunciada en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Con licencia para desplazar, por haber trasladado al jefe paramilitar Mancuso en un helicóptero de la compañía.

En la revisión de los 200 convenios de cooperación entre instituciones públicas y empresas, Rutas del Conflicto y La Liga registraron acuerdos por sumas entre 220 millones y 61 mil millones de pesos. Para el senador Iván Cepeda, quien en 2015 convocó a un debate de control político en el Congreso sobre estos convenios, estos montos hacen que “las empresas puedan volverse de facto los jefes de las unidades del Ejército y la Policía”, pues dan los recursos para que los Batallones Energéticos y Viales les presten sus servicios.

Para responder estas interrogantes, el 13 de febrero de 2019, a través de un derecho de petición, se consultó al Ministerio de Defensa sobre su responsabilidad en los convenios, pero no hubo respuesta. El 1 de abril de 2019 se instauró una tutela y fue entonces cuando el Ministerio se comprometió a enviar la información a través del Departamento de Logística del Ejército. Esta respuesta nunca llegó.

Por la misma vía se le preguntó a Ecopetrol e Isagen, empresas de capital mixto registradas en la base de datos, si consideraban que los convenios podrían derivar en un trato preferencial de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Isagen respondió que “periódicamente actualiza el análisis de riesgos e impactos en derechos humanos con el objetivo de lograr una operación atenta y responsable que puedan presentarse con sus centros productivos”. (Consulte la respuesta al derecho de petición aquí).

Por su parte, Ecopetrol consideró que ese análisis está incorporado en el objeto de los convenios suscritos con la Fiscalía, en la parte que dice: “Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad investigativa y judicialización, dentro del marco de las funciones constitucionales y legales de estas entidades, adoptando criterios de priorización de situaciones y casos relacionados con conductas delictivas cuyas consecuencias las sufra Ecopetrol, las empresas de su grupo empresarial y/o las empresas asociadas.”

¿Conflicto de intereses?
Durante esta investigación se analizaron cinco convenios de colaboración entre Ecopetrol y la Fiscalía. Los documentos explican que cada uno de los firmantes aportará recursos para el funcionamiento de la Estructura de Apoyo, EDA, de la Fiscalía. Un ejemplo es el convenio 3011412 , vigente entre el 24 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por 17 mil millones de pesos. Ecopetrol entregó 8.680 millones de pesos que se destinaron al “sostenimiento de las Estructuras de Apoyo [de la Fiscalía]: pagos de servicios públicos, mantenimiento equipo electronicos pasajes terrestres, servicio de correspondencia, servicio de telefonía celular, suministro de alimentación y servicios generales”. La Fiscalía aportó 7.244 millones de pesos para salarios de los funcionarios judiciales.

Para la abogada Liria Manrique, defensora de algunos de los líderes judicializados por la EDA, estos convenios “permiten una asimetría judicial a la hora de defender a quien se opone a la industria que más ingresos genera al país”. La abogada cuestiona la entrada de capital privado al aparato judicial y se pregunta cómo esto no es calificado como un conflicto de intereses, cuando procesan a un líder que abiertamente se opone a la empresa que financia, en parte, la estructura de la Fiscalía.

Fuente: Convenio 3011412. Objeto del contrato entre Fiscalía y Ecopetrol

Se consultó Ecopetrol, vía derecho de petición, si considera que existe un conflicto de intereses cuando mantiene un convenio con la Fiscalía EDA, a la que apoya económicamente, y ésta a su vez lleva un proceso judicial contra una persona que es juzgada por presuntamente atentar contra la empresa. Esto, según Ecopetrol, “no atenta contra la independencia, imparcialidad y autonomía en la toma de decisiones dentro de las investigaciones que adelanta esta entidad (la Fiscalía), en las cuales Ecopetrol no tiene ninguna injerencia y su intervención especial se limita a lo que permiten las reglas del derecho penal en su calidad de víctima de estos ilícitos”, respondió la petrolera.

El 28 de mayo de 2019 se le preguntó a la Fiscalía, a través de un derecho de petición, sobre el funcionamiento y los criterios que adoptan las EDA para la identificación de los individuos que supuestamente pertenecen a organizaciones criminales. El 30 de mayo respondieron que pasaban la solicitud a la Dirección de Políticas Estratégicas. Esta dependencia respondió el 16 de julio que necesitaban mayor plazo para dar una respuesta. (Ver respuesta).

En medio de este silencio institucional, lo poco que se ha dicho públicamente sobre estos convenios parece indicar que todo marcha bien. El 17 de octubre de 2013, la Fiscalía describió, a través de un comunicado de prensa, los ‘buenos resultados’ de los convenios. Se estima que hasta ese año, la EDA realizó 813 imputaciones, que permitieron presentar a 934 detenidos ante un juez de control de garantías. Dentro del derecho de petición que Rutas del Conflicto y La Liga enviaron a la Fiscalía, se preguntó cuántos de esos casos terminaron en una condena. Tampoco hubo respuesta.

El sector de los hidrocarburos también ve con buenos ojos los convenios. En 2013, Alejandro Martínez, de la Asociación Colombiana del Petróleo, afirmó que “el sector petrolero miraba con enorme complacencia estos convenios porque se está llegando a unas mejores condiciones de orden público y seguridad a la industria, que hoy en día tiene el país para acelerar su desarrollo económico”.

Convenios de Fuerza y Justicia

Después de 23 años de vigencia, se sabe tan poco sobre estos acuerdos. Aunque la ley colombiana establece que toda la contratación con entidades estatales debe ser pública a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), acceder a la documentación sobre estos convenios es una tarea difícil. Para buscar un convenio en el Secop es necesario contar con el número de radicado, un dato que solo se puede encontrar en el mismo convenio. A esa dificultad se suma que la navegación de la herramienta web no es amigable con el usuario, y que estos documentos tienen un grado de confidencialidad y secretismo dado por el Ministerio de Defensa.

Para contribuir a la transparencia de la información pública, Rutas del Conflicto y La Liga Contra El Silencio desarrollaron el proyecto ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, una herramienta que busca ofrecer información organizada y detallada sobre estos acuerdos de colaboración, los municipios donde están vigentes y las empresas involucradas.

A través de un mapa interactivo, el usuario podrá consultar información sobre 136 municipios donde hay o hubo convenios vigentes, sobre más de 70 empresas involucradas y el detalle de 200 convenios de colaboración suscritos entre 2004 y 2019. La información sobre el contexto de violencia en las regiones, los conflictos ambientales, los recursos destinados, las fechas de ejecución y algunos aspectos relevantes de cada documento están disponibles también para la consulta en este portal. Además, los preámbulos y algunas actas de liquidación de cada convenio están disponibles para la descarga.

Link de la base de datos: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/#herramienta

*Esta investigación fue publicada originalmente el 24 de julio del 2019 por los medios Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio. Colombia2020 la replica hoy, luego de haberse conocido que Rutas del Conflicto aparece entre los medios y periodistas espiados y «perfilados» por el Ejército Nacional mientras adelantaban este reportaje. Esto según las revelaciones de la Revista Semana en su investigación: «Carpetas Secretas».

https://www.elespectador.com/colombia2020/petroleras-y-mineras-financian-la-fuerza-publica-y-la-fiscalia-articulo-917617

Colombia

Drummond reinicia operaciones en Colombia

14/04/2020
Drummond, productor de carbón térmico de Colombia, reinició parcialmente operaciones en sus minas al norte del país el viernes pasado.

Las principales empresas mineras que operan en el país redujeron desde el 24 de marzo sus actividades en medio de la cuarentena que decretó el Gobierno para contener la expansión del Covid-19.

“Se hace imprescindible retomar progresivamente nuestras operaciones bajo los más estrictos controles de bioseguridad y con la activa participación y autocuidado de nuestros trabajadores, para seguir contribuyendo con el desarrollo del país”, dijo Drummond en un comunicado.

La empresa detalló que el equipo que empezó operaciones el viernes pasado incluye dos turnos de alrededor de 400 trabajadores que se sumarán al personal que ha estado trabajando en el plan de contingencia.

Drummond opera las minas Pribbenow y El Descanso, ubicadas en departamento del Cesar, al norte de Colombia, y el carbón que extrae es transportado por un ferrocarril de 193 kilómetros hasta un puerto de aguas profundas en el Mar Caribe, desde donde se exporta.

La empresa cuenta con alrededor de 10.000 trabajadores directos y contratistas y en 2019 su producción alcanzó 32,7 millones de toneladas de carbón.

Aunque Colombia está en un aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril, las actividades de minería pueden continuar al ser considerada como una actividad esencial para el desarrollo del país.
Fuente: Reuters

Drummond reinicia operaciones en Colombia

Colombia

Una explosión en una mina de carbón deja al menos 11 muertos en Colombia

El accidente ocurrió en el departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá. También hay cuatro heridos
5/4/2020
La explosión de una mina de carbón en Cundinamarca, Colombia, dejó 11 muertos y 4 heridos.
La explosión de una mina de carbón en Cundinamarca, Colombia, dejó 11 muertos y 4 heridos.GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA (NOMBRE DEL DUEÑO)
Una explosión en una mina de carbón rompió la cuarentena obligatoria de los habitantes de Cucunubá (Cundinamarca), en cercanías a Bogotá, y enlutó a las familias de 11 mineros este sábado. Después de varias horas de permanecer atrapados, los organismos de socorro confirmaron también que hay otros cuatro mineros heridos que están siendo atendidos en hospitales cercanos de la población.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la explosión se provocó por “la acumulación de gases” donde se encontraban trabajando 22 mineros. “La actividad minera estaba comprendida en las excepciones que permite el decreto del Gobierno nacional”, dijo a EL PAÍS el gobernador sobre la presencia de los trabajadores en la mina. El decreto que reglamentó el aislamiento preventivo obligatorio por el coronavirus en Colombia exceptúa a las actividades “estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas del sector público o privado que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente”.

Pero la muerte de los 11 mineros no es la única que ha ocurrido en el país durante la cuarentena. Este viernes, otros seis mineros fallecieron tras una explosión en una mina en Norte de Santander, en frontera con Venezuela. Solo uno sobrevivió y fue trasladado a la ciudad de Cúcuta.
https://elpais.com/internacional/2020-04-05/una-explosion-en-una-mina-de-carbon-deja-al-menos-11-muertos-en-colombia.html

Colombia

Gigante minero británico South32 solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel

By Redacción @CIAR_Global · On 30 marzo, 2020

La compañía minera británica South32 SA Investments Limited ha solicitado un arbitraje de inversiones conta Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La demanda de arbitraje fue registrada el 27 de marzo de 2020 y la minera invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-Reino Unido de 2010.

A raíz de un comunicado en la página web que South32 posee en relación con el proyecto de minería de níquel Cerro Matoso, podríamos inferir que el conflicto puede estar relacionado con: “el inicio de una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de La República por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012 y en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012”.

En el comunicado fechado el 19 de febrero de 2020 South32 explica que esta investigación atenta contra la “seguridad jurídica” que protege la inversión extranjera en Colombia y que “carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

También alega en el comunicado que: “La cifra mencionada por la Contraloría es desproporcionada e injustificada, ya que desconoce la fórmula contractual y adicionalmente incluye el cobro de regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar según la ley y los contratos. Además, pretende un cobro retroactivo de regalías por contratos finalizados, lo cual es inconstitucional, y cuya liquidación está en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, quiere cobrar sobre períodos ya auditados y cobrados por la misma entidad. Este último pago que se hizo a la Contraloría se encuentra también demandado ante los jueces de la República.”

South32 está siendo representada por Freshfields Bruckhaus Deringer US (Washington), Dechamps International Law (London) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá)

Gigante minero británico South32 solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel

Colombia

Mi protesta por Santurbán está evitando una guerra en Santander: David Guerrero

17/03/2020
El joven completa más de 125 horas protestando en un árbol frente al Ministerio de Ambiente.
Por:Daniel Arias Bonfante
@AriasBonfante

Joven en árbol
RCN Radio
David Guerrero, un joven santandereano que decidió subirse a un árbol del centro de Bogotá para protestar contra la minería en el páramo de Santurbán, en Santander, completó más de 125 horas de manifestación frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente.

Guerrero decidió subirse al árbol para pedir que se frene cualquier tipo de proyecto minero en ese ecosistema resaltando su importancia para la naturaleza nacional y asegura, desde allí, que está evitando una guerra que pueda generarse por el páramo.

Lea también: Trepado en un árbol, joven protesta ante Minambiente por minería en Santurbán

“Todos sabemos de la berraquera de los santandereanos y santandereanas y lo he escuchado de mucha gente en Santander que si la ANLA le aprueba la licencia ambiental a Minesa, el departamento se va a volcar al territorio de Santurbán”, expuso.

La gente “va a dar la vida por defenderlo y no va a permitir el ingreso de maquinaria que se joda en la montaña y en el agüita de todos los santanderenos”, agregó el joven quien dio a conocer que está en buen estado de salud, a pesar de las horas que lleva allí.

Por otro lado, Guerrero dijo que ha tenido comunicación con funcionarios de la ANLA, pero dice que no es suficiente para terminar su protesta por medio de la cual busca que nadie intervenga en esa zona de Santander.

Finalmente, el joven convocó a un plantón en las próximas horas que no supere los máximos definidos por el Gobierno Nacional para reuniones de personas en medio de la alerta mundial generada por la expansión del coronavirus.

Afirmó que espera el apoyo de la gente siempre y cuando no se violen las normas establecidas por las autoridades para evitar efectos de crecimiento de la pandemia que tiene en vilo a cientos de países y que ha dejado miles de muertos alrededor del mundo.

Fuente
Sistema Integrado de Información
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/mi-protesta-por-santurban-esta-evitando-una-guerra-en-santander-david

Colombia

Trepado en árbol hombre rechaza licencia para minería en Santurbán

David Guerrero entró en huelga de hambre para exigir que se niegue la licencia a Minesa para explotación en Santurbán.
Minería en Páramo de Santurbán: Trepado en árbol hombre rechaza licencia para minería en Santurbán
Karen Rozo Galán: @Krozo5
12/03/2020 – 18:34 COT

El estudiante de derecho David Guerrero, quien vive en Bucaramanga, se trasladó hasta Bogotá con el objetivo de visibilizar su rechazo contra la licencia de explotación minera de la empresa Minesa en el Páramo de Saturbán.

Según reportaron varios usuarios en redes sociales, Guerrero se subió a un árbol frente a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Allí pegó un cartel donde explica las razones de su protesta y que inició una huelga de hambre.

En el transcurso de la tarde, varios funcionarios han tratado de convencer al joven para que se baje del árbol. Inicialmente, una periodista de la entidad, luego una señora de talento humano y finalmente gestores de convivencia.

Días atrás, varios activistas y artistas convocaron a un movilización para rechazar la explotación minera. La marcha está programada para el próximo 16 de marzo, sin embargo ante las alarmas de precaución frente al coronavirus aún no se conoce con exactitud sí se realizará.

Colombia

«Jericó no necesita de minería para su sostenibilidad»

21/02/2020
Entrevista > Fernando Jaramillo | coordinador general de la mesa ambiental de Jericó

En el marco del foro ‘La minería como palanca del desarrollo sostenible’, la compañía AngloGold Ashanti destacó que su proyecto generaría 3.000 empleo; ante ello la comunidad jericoano rechazó el pronunciamiento y afirmó que «que no necesitan de minería para la subsistencia económica del municipio».

Según el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia en su último informe sobre la producción de los municipios del departamento, Jericó ejecuta al año $13.805.335, de un aporte sustentado en más de un 50% por la agricultura; lo que lo hace el segundo municipio mas productivo de Antioquia.

Fernando Jaramillo coordinador general de la mesa ambiental de Jericó, declaró que la afectaciones producto de esta intervención serían catastróficas, «los jericuanos tienen una situación de vida muy buen, la tasa de desempleo es baja, entonces no se cosible pensar más allá de unos interese económicos la propuesta de la empresa. «.

Y añadió que Jericó es un pueblo patrimonio general de la nación, y un atractivo turístico nacional e internacional, «el turismo, junto con nuestra herencia cafetera y campesina ha permito por años podamos vivir de manera estable y tranquila, sin conflictos entre nosotros».

«La implementación le dará la tranquilidad a las comunidades de que el proyecto cumplirá su propósito de convertir la riqueza mineral del territorio en progreso social, económico y ambiental”.
Felipe Márquez Robledo, presidente de AngloGold Ashanti Colombia

Dentro de las acciones presentadas por la multinacional están planes de reclutamiento, capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional «que permitan potencializar y generar valor en Jericó y sus alrededores». (Le puede interesar: https://www.contagioradio.com/por-medio-de-mentiras-minesa-pretende-desacreditar-el-movimiento-social/)

Ante esto Jaramillo, afirmó que Anglo Gold crea expectativas a los campesinos de una mejor vida, «una iniciativa de mentiras, que revela una verdad cruda que es la que ya están viviendo los pueblo mineros de nuestro país, ya sea minera legal o ilegal, estos pueblos viven una cantidad de miseria y violencia«

Según la empresa son 50 mil millones de pesos los que serán asignados al plan de manejo ambiental, donde se contempla también la recuperación de los ecosistemas de bosque seco tropical y bosque de alta montaña. (Le puede interesar: https://www.contagioradio.com/nuevo-mineria-en-jerico/)

«La empresa llega ofrece salarios mínimos o un poco más arriba de estos, paga con prestaciones, entrega uniforme y prestamos, lo que da ciertos símbolos de poder», para el Coordinador eso rompe toda la tradición campesina y cafetera, creando una expectativas de que es «mejor emplearse y tener un dinero seguro que trabajar las tierras».

Jaramillo finalizó enfatizando «no queremos que nuestro pueblo entre en un proceso de decadencia producto de las afectaciones en la agricultura, mano de obra, fuentes hidrias y turismo productos de la explotación».

«Jericó no necesita de minería para su sostenibilidad»

Colombia

Colombia será demandada por multinacionales por impedir minería en Páramos

Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburos en las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá, haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.

Tan pronto la minería se volvió un factor de crecimiento acelerado, el estado colombiano entregó títulos mineros a diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos, se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional Eco Oro Mineral Corp entabló una millonaria demanda, por tratarse de una falla en los contratos establecidos en los tratados de libre comercio, la multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes criticas ambientalistas que recibieron por estas practicas irresponsables en terreno colombiano, y con la probación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Para el año 2016, debido a la intervención del polo democrático y sus ponentes, Alberto castilla y Jorge robledo y otras bancadas del partido en compañía de sectores ambientalistas, cumbre agraria, y la corte constitucional se logro fallar a favor de los paramos y las zonas de reserva protegidas. Con este fallo los multinacionales con títulos mineros en zonas de paramos y áreas protegidas debían sin reprocho alguno abandonar el país.


Luego de fuertes criticas presentadas por el sector agrario y campesino en contra de los tratados de libre comercio y que el estado hizo caso omiso a estas denuncias, será el pueblo quien de su bolsillo pague las indemnizaciones a multinacionales por los descuidos de la clase política a los intereses reales de Colombia.

«Esta medida a favor de los paramos no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, mas de tres millones de personas se benefician del agua que emana Santurban, páramo que se encuentra en disputa con la compañía demandante, no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales»; fueron las palabras de Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.
http://www.libertadypensamiento.com/2016/04/colombia-sera-demandada-por-multinacionales-por-impedir-mineria-en-paramos.html?spref=fb&fbclid=IwAR1if-PDK44OYhiJlUodM_cGO1f5RLWa0kkFi66XfMYlWOe5CRMqK9gq_XU

Colombia

Suspenden licencia de proyecto minero sobre el río Magdalena con influencia en Coello


EL NUEVO DÍA Los habitantes de las zonas afectadas recogieron más de 6 mil firmas en contra del proyecto.

23/02/2020
Luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) indicara que la licencia para realizar minería en el río Magdalena estaba suspendida, el alcalde de Coello, Evelio Caro Cañizares, afirmó que desde un inicio el municipio se manifestó en contra de esa posibilidad.

“Nosotros en el 2016 nos reunimos con quienes están solicitando esa licencia en el Concejo de Coello. Fuimos enfáticos y claros en que nos íbamos a oponer a esa licencia”, dijo el mandatario municipal.
La polémica, que alcanzó resonancia nacional, se generó cuando se conoció que la CAR le había otorgado un permiso de concesión en el río Magdalena para la explotación de materiales de construcción a las empresas Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y Proacol.

Las personas que viven en los municipios ribereños, entre los que se encuentra Coello, aseguran que la licencia fue entregada sin la participación de las comunidades que viven en los sectores que se verían afectados.

Como protesta ante esa medida, se recogieron cerca de 6.700 firmas en contra del proyecto.
La CAR informó que, por ahora, no hay autorización de ningún tipo de extracción hasta que no se resuelva un recurso de reposición interpuesto por uno de los 130 terceros intervinientes en el proceso, dentro de los que se encuentran comunidades indígenas, campesinos y autoridades municipales.

“La misma Corporación pondrá en conocimiento de la decisión respectiva a la Procuraduría delegada ambiental, así como a los municipios respectivos y a las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, para lo que estimen pertinente y garanticen la legalidad del proceso”, manifestó la CAR en un comunicado de prensa.

Ahora la Corporación constituirá un equipo especial de expertos que analizarán tanto la parte técnica, como la social y la legal, en relación con los argumentos que se presenten, y hecho el análisis respectivo se pronunciará en relación con una eventual confirmación, modificación o revocatoria de la decisión adoptada.

Los pobladores de las zonas en donde este proyecto tendría incidencia afirman que afectaría la pesca, además de estar preocupados por la decisión que se tome una vez sea analizado el recurso de reposición.

Dentro de las afectaciones que el proyecto tendría los habitantes resaltan que no solo quedarían residuos de materiales tóxicos, “sino que se afectarían las dos únicas playas que tiene el río Magdalena, las cuales son utilizadas con fines turísticos y recreativos”, afirmaron pobladores de Girardot, el otro municipio que se vería afectado.

“Ahora tenemos que ponernos en la tarea de investigar y de mirar si se cumplen con los requisitos o si con el impacto del proyecto se beneficia la comunidad o no. Llamaremos a los jurídicos para que nos comencemos a poner en órbita con ese tema”, dijo el alcalde.

“El río Coello hasta hace dos años tenía 17 licencias expedidas y no estamos de acuerdo con ese tema porque eso es acabar con los ríos y lo que tenemos que hacer es preservar las fuentes hídricas porque a futuro tenemos que buscar que nuestros hijos gocen de unas fuentes hídricas en buenas condiciones”, finalizó.
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