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Alertan activistas sobre daños a mantos acuíferos; proponen ordenamiento ecológico

BCS: 36 mil hectáreas más de yacimientos a cielo abierto

La superficie concesionada a la minería a cielo abierto en Baja California Sur aumentó en más de 36 mil hectáreas de mayo de 2012 a marzo de 2013, lo que pone en riesgo las zonas de recarga de acuíferos, denunciaron las organizaciones civiles Agua Vale Más que el Oro (AVMO) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto.

En mayo del 2012 las concesiones para la minería metalúrgica, que comúnmente se realiza a cielo abierto, abarcaban 541 mil 271 hectáreas, pero en marzo de este año alcanzaron 581 mil 406, lo que representa 8 por ciento de la superficie de Baja California Sur.

 

No estamos contra la minería, pero la megaminería tóxica o minería metalúrgica a cielo abierto debe respetar las zonas de recarga de los acuíferos, más en una región desértica como Baja California Sur, donde existen acuíferos sobreexplotados o con intrusión salina, señaló el presidente de AVMO, Ariel Ruiz.

En el municipio de La Paz se concentra el mayor número de concesiones mineras, que abarcan 244 mil 843 hectáreas (12 por ciento del territorio municipal), las cuales se encuentran en zonas de recarga como las sierras de las Cruces, de las Trincheras y parte de la sierra de La Laguna.

Según las ONG, las áreas montañosas precipitación son las principales zonas de recarga de los acuíferos. Las rocas en estas sierras son poco permeables, pero en general presentan fracturas que forman sistemas que permiten la filtración y conducción del agua hacia zonas más bajas.

El coordinador regional del Cemda para la zona noroeste, Agustín Bravo Gaxiola, señaló que para no comprometer las zonas de recarga de agua con proyectos de minería a cielo abierto se requieren instrumentos de planeación como el programa de ordenamiento ecológico; de ahí la importancia de que La Paz y Loreto lo consideren urgente”.

El Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto surgió a partir de una iniciativa impulsada en 2009 por activistas mexicanos y canadienses.