Chile

Relave de minera Las Cenizas dejó a Peñablanca sin agua potable tras lluvias de julio

En Cartas a Resumen, Opinión
24 ago 2026
Relave de minera Las Cenizas dejó a Peñablanca sin agua potable tras lluvias de julio

En la comuna de Cabildo, ubicada en la Región de Valparaíso, provincia de Petorca, los 700 habitantes de la localidad de Peñablanca están desde fines de julio sin disponer del agua de sus pozos de uso masivo, ya que ahora deben recibir el agua potable que aporta el sistema de APR (Agua Potable Rural) de otras comunidades. Durante los temporales hubo un escape de desechos tóxicos del Tranque 4, ubicado en la ladera norte de la quebrada Chinchorro. Se trata de un relave, un sumidero de pasta proveniente del proceso que genera cobre concentrado por flotación. La minera Las Cenizas, dueña del relave, afirmó que el escape nocturno era un “despiche”, una maniobra de vertimiento coordinada con SERNAGEOMIN para evitar el derrumbe de sus muros.

El vertido tóxico que los vecinos vieron deslizarse por sus calles en forma de pasta, agua turbia y otros materiales llegó a la quebrada Chinchorro y de ahí al río La Ligua, que es la fuente de agua de la APR de Peñablanca. Se repetía así este año lo ocurrido el 13 de junio de 2024. En esa oportunidad la Superintendencia del Medio Ambiente confirmó que los relaves sobrepasaron las piscinas de emergencia y alcanzaron la citada quebrada Rincón del Chinchorro. Por ello en 2025 la Dirección General de Aguas aplicó a Minera Las Cenizas multas por más de 51 millones de pesos.

Cinco Infracciones y un Plan de Cumplimiento hasta fin de 2026

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) anunció que ha abierto esta temporada una nueva investigación. El año pasado, la entidad estableció en el expediente D 176 – 2025, cinco infracciones graves de la minera Las Cenizas y le exigió cumplir con lo legal. Entre las infracciones destacamos una: “la piscina de aguas recuperadas de la planta de espesado (el tranque 4) presenta menores dimensiones, volumen total y efectivo respecto de lo contemplado en la evaluación ambiental, operando con una menor revancha que la establecida ambientalmente”. Asimismo el manejo de las aguas de lluvia no correspondía a lo declarado en el proyecto ambiental. El análisis de las aguas del río La Ligua mostró, según la SMA que al contrario de lo que afirmaba la minera, se habían excedido temporalmente los límites máximos permitidos para aluminio, cobre, manganeso y plomo, tal como denunciaron los vecinos organizados en No Más Relaves. La minera debió agrandar el muro y prometió contar con protocolos de emergencia y otras medidas de cumplimiento a lo largo de 2026. Sin embargo ahora se vio que igualmente la piscina se desbordó. Sigue en curso una demanda por daño ambiental interpuesta en 2024 por dos familias del sector contra la minera Las Cenizas.

Cuatro sistemas de APR en riesgo

Mientras desde la Seremi de Valparaíso presidida por la doctora Mariol Luan Rivas no se dé a conocer un análisis que descarte la temida contaminación de las aguas subterráneas y por tanto de los pozos de la localidad, como las aguas del río La Ligua, los usuarios de la APR de Peñablanca deben usar el agua que llega por cañerías instaladas años atrás por el proyecto Aducción del sector Alicahue, que alimenta otras APR, de cuya calidad de agua no tienen pruebas. Igualmente afectadas están las APR de las localidades La Higuera, El Carmen y Valle Hermoso, todas de la provincia de Petorca. Recibir el agua generada por el proyecto Aducción significa un gasto importante para los vecinos de Peñablanca y podría ocasionar más problemas si la situación se prolonga. El alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga, no ha tomado medidas al respecto.

Este relave abandonado hace tres años, habría empezado a funcionar alrededor de 2007 y contiene una pasta proveniente de los desechos de la explotación de cobre sulfurado para convertirlo en concentrado de cobre, constituyendo un peligro inminente por los contenidos tóxicos no retirados.

Dueños del relave 4 Las Cenizas

Pocos habitantes de Peñablanca conocen a la empresa dueña del Tranque 4. El directorio de la Minera Las Cenizas está presidido por Juan Ignacio Langlois, fundador de la financiera Tyndle, y tiene como vicepresidente a Rodrigo del Fierro. Tiene faenas mineras en Cabildo y Taltal. La minera ha repartido donaciones logrando que tanto la junta de vecinos de Peñablanca como algunas personas se encarguen de lavar la imagen de la empresa, restándole importancia al peligro en que viven.

Los hechos relatados configuran una situación de sumo estrés para la mayoría de la población. Ante ello el movimiento local “No más relaves” está realizando gestiones para denunciar y exigir el retiro del material. En el ámbito municipal sólo el concejal y docente Sebastián Carvajal los apoya y es sensible al tema. También lo hacen la Fundación Humedales y la diputada por el distrito Sofía González. La parlamentaria plantea que debe generarse un amplio radio de protección de estas familias. Además del daño ya producido hay una posible afectación a la agricultura y daño a los animales, así como las consecuencias para sus vidas, si reventara el relave, especialmente dada la presencia de personas mayores con inmovilidad o enfermas, que sería muy difícil de evacuar en una catástrofe de ese tipo.

El MAT, Movimiento por el Agua en los Territorios, expresa su apoyo y solidaridad quienes enfrentan la situación y exige a las autoridades de la región competentes en el tema, adoptar en forma urgente las medidas necesarias para proteger a la población. Al igual que lo que ocurre en otros territorios con relaves, la organización local no cuenta con recursos que le permitan fortalecer la defensa de Peñablanca que tuvo una buena calidad de vida hasta la instalación de los relaves de la Minera Las Cenizas.

Movimiento por el Agua en los Territorios (MAT)
https://resumen.cl/articulos/relave-de-minera-las-cenizas-dejo-a-penablanca-sin-agua-potable-tras-lluvias-de-julio

Chile

DGA confirma grave contaminación de aguas por derrame de Minera Tres Valles


Conflicto Relacionado: Tres Valles-Choapa

El mostrador.cl

Un informe de la Dirección General de Aguas (DGA), elaborado junto con la Superintendencia del Medio Ambiente, vinculó las filtraciones del proceso de lixiviación de Minera Tres Valles con el deterioro de las aguas superficiales de la quebrada Quilmenco, en la cuenca del río Choapa. Las muestras registraron una caída del pH de 7,88 a 4,68 y concentraciones de aluminio, hierro, manganeso, cobre, arsénico y sulfatos superiores a las normas para riego o consumo humano. La autoridad concluyó que el agua analizada presenta una limitación absoluta de uso y no es apta para consumo, agricultura ni actividades pecuarias.

Los resultados fueron obtenidos tras las gestiones de fiscalización impulsadas por la Municipalidad de Illapel ante diversos organismos públicos. Frente a los antecedentes, el municipio anunció que mantendrá activo su plan de resguardo hídrico y solicitará ampliar el monitoreo a las aguas subterráneas, realizar reuniones informativas con las comunidades y comités de agua potable rural, determinar las responsabilidades ambientales y adoptar medidas que impidan nuevos escurrimientos desde las instalaciones de la minera.

Republica Dominicana

Crece la tensión en Villa González, Santiago, por rechazo a la minería

Residentes de Las Lavas realizan marchas y vigilias tras denunciar polvo, ruido y vibraciones que afectan viviendas, escuelas y la salud respiratoria de la comunidadGuías locales y de ciudades
Redacción CDN 30/07/2026

Santiago.— La oposición a las actividades mineras continúa fortaleciéndose en el municipio de Villa González, donde autoridades del Ministerio de Interior y Policía encabezaron una mesa de diálogo con comunitarios que rechazan las operaciones extractivas en la zona.

El encuentro se produjo en medio de marchas, vigilias y otras manifestaciones organizadas por residentes. Los mismos expresaron su preocupación por los presuntos impactos ambientales y de salud que atribuyen a la actividad minera.

Durante la reunión, el alcalde de Villa González, César Álvarez, afirmó que las empresas señaladas no cuentan con permisos de uso de suelo emitidos por el ayuntamiento, aunque reconoció que algunas poseen autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Comunitarios de Las Lavas denunciaron que las operaciones generan grandes cantidades de polvo, ruido y vibraciones. Esto según afirmaron, afecta viviendas, centros educativos y la calidad de vida de los residentes.

Una de las denunciantes aseguró que su hijo recibe tratamiento médico por una neumonía. Misma que, a su juicio, estaría relacionada con las condiciones ambientales de la zona. Asimismo, otros comunitarios expresaron su preocupación por el aumento de enfermedades respiratorias.

“Nosotros tenemos una problemática grave. Los niños se nos están enfermando, hay personas de la comunidad que tienen procesos muy delicados de los pulmones”, manifestó uno de los residentes.

Por su parte, representantes del Ministerio de Interior y Policía reiteraron su compromiso de continuar promoviendo el diálogo entre las comunidades, las autoridades y las empresas involucradas. Explicaron que el objetivo es alcanzar una solución consensuada al conflicto.
https://cdn.com.do/nacionales/protestas-contra-la-mineria-en-villa-gonzalez-crecen/

Perú

MENSAJE PRESIDENCIAL Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

30/07/2026
Con un discurso que duró 54 minutos, Keiko Fujimori inició su mandato, anunciando que ofrecía método, disciplina, trabajo y una ruta clara. Lo cierto es que, con la lectura de un documento de 14 páginas, se iniciaron los 1826 días que va a durar su gestión. “Ni un día más”, ha dicho la nueva gobernante.

El discurso anuncia una serie de políticas y un conjunto de obras, en principio, organizadas en 7 objetivos: emergencias y seguridad ciudadana; la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos; apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, con calidad y disponibilidad de infraestructura; la construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos, que facilite la inversión y el desarrollo; garantizar la sostenibilidad fiscal; el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y las instituciones; el fortalecimiento de la política exterior, priorizando la construcción de alianzas para la integración.

Objetivos tan amplios que, en realidad, cada uno agrupa a más de uno y que están acompañados de un conjunto de iniciativas que terminan siendo una sumatoria de generalidades, con metas poco realistas, una lista de obras de infraestructura y varios otros ofrecimientos.

Pero más allá del discurso, lo que hay que comenzar a mirar con atención es el pedido de delegación de facultades que ha preparado el Ejecutivo para que, durante 120 días, pueda legislar en diversas materias.

En los documentos que han comenzado a circular desde el 29 de julio, las facultades solicitadas abarcan materias tan amplias como: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción y protección de la micro y pequeña empresa, fomento de la formalización, promoción del empleo y la protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, temas tributarios, reforma del Estado, facilitación del comercio, entre otros.

Por ejemplo, en minería se anuncia que se dictarían medidas para optimizar el marco normativo aplicable a todos los estratos y modalidades de este sector, incluyendo la promoción de la inversión, simplificación de requisitos, competitividad, en materia ambiental, formalización, otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones, catastro, permisos, autorizaciones y certificaciones, propiedades superficiales, trazabilidad, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.

De manera más precisa, en materia ambiental se pretendería aplicar el silencio administrativo positivo a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, incluso cuando un proyecto se ubique o se superponga con áreas naturales protegidas, territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos, así como cuando le corresponda un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). También se buscaría excluir de la obligación de contar con un instrumento de gestión ambiental a las intervenciones de reposición, mantenimiento o mejoramiento que se ejecuten sobre infraestructura existente. Las opiniones vinculantes deberán ser emitidas dentro del plazo máximo previsto y si este vence sin pronunciamiento, la opinión se tendrá como favorable.

Otra propuesta en materia ambiental apunta a permitir que la certificación ambiental se efectúe de manera diferenciada por tramos o componentes, según el nivel de impacto de cada uno, sin afectar la evaluación integral del proyecto y se incorporaría una excepción a la pérdida de vigencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos que todavía no hayan iniciado la etapa de ejecución física (¿Tía María?). En relación a los títulos habilitantes que correspondan a los gobiernos regionales y locales, se plantea la aprobación automática de los permisos, autorizaciones, licencias y demás títulos habilitantes. En suma, todo un paquete de desregulación ambiental que suena como música celestial para el empresariado minero.

En materia tributaria, se pretendería eliminar la posibilidad que la SUNAT demande una resolución del Tribunal Fiscal, en función de los intereses del Estado peruano. Según la fundamentación del texto de delegación de facultades, lo que se pretende buscar es la mejora la seguridad jurídica (de las empresas) y evitar la litigiosidad.

El discurso del 28 de julio y sus confusos 7 objetivos, pretenden materializarse en esta delegación de facultades que puede terminar siendo un tremendo paquetazo anti derechos ambientales, laborales, sociales y demás. Habrá que ver la capacidad de respuesta que tendrá la Cámara de Diputados que, en una primera instancia, deberá revisar el pedido del Ejecutivo.
Cooperaccion

Chile

Tribunal Ambiental exige informe por Pascua Lama tras rescate de trabajadores aislados en Atacama


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

La resolución busca reunir antecedentes técnicos sobre el proceso de cierre del proyecto luego del rescate de 39 trabajadores aislados por el temporal.
Cristian Neira 30/07/2026

Pese a que se ordenó el cierre de Pascua Lama en el año 2018, aún sigue operando

El Primer Tribunal Ambiental solicitó nuevos antecedentes técnicos en torno al proceso de cierre del proyecto Pascua Lama, luego del rescate de 39 trabajadores que permanecieron aislados por varios días debido al intenso sistema frontal que afectó la cordillera de la Región de Atacama.

La decisión judicial ocurre mientras persisten cuestionamientos sobre las labores que se desarrollan en la faena minera, cuyo cierre definitivo fue ordenado tras un prolongado proceso sancionatorio por incumplimientos ambientales. Según Biobío, hay dudas respecto del alcance de esos trabajos y del seguimiento realizado por los organismos fiscalizadores en la empresa de Barrick Gold.
Tribunal busca establecer si existen riesgos asociados al cierre de Pascua Lama

El Primer Tribunal Ambiental resolvió solicitar antecedentes técnicos para evaluar las condiciones actuales del proyecto y los eventuales riesgos asociados a las actividades que continúan ejecutándose en el marco de su plan de cierre.

La resolución pretende reunir información suficiente para determinar si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del seguimiento judicial del cierre de la faena, un proceso que continúa bajo supervisión de las autoridades competentes.
Atención sobre las labores que continúan en la faena

Existen inquietudes respecto de las actividades que siguen desarrollándose en el proyecto, pese a que este se encuentra en etapa de cierre definitivo.

Precisamente por esa razón, el tribunal decidió requerir antecedentes que permitan conocer el estado actualizado de la faena y verificar si las labores autorizadas se ajustan a las obligaciones establecidas durante el proceso de clausura.
Rescate de 39 trabajadores volvió a poner el proyecto bajo escrutinio

La resolución judicial se conoce pocos días después del operativo que permitió evacuar con éxito a 39 trabajadores que permanecían aislados en Pascua Lama debido a las intensas nevadas registradas en la cordillera atacameña.

La emergencia volvió a instalar el debate sobre las condiciones operacionales del proyecto y la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos, mientras continúan las acciones de seguimiento del proceso de cierre.

Por ahora, el objetivo del tribunal es contar con antecedentes técnicos actualizados antes de resolver si corresponde adoptar nuevas medidas dentro de la causa relacionada con Pascua Lama.
https://eldesconcierto.cl/actualidad/tribunal-ambiental-exige-informe-pascua-lama-rescate-trabajadores-aislados-atacama-n5460892

Chile

Decreto de Kast simplifica control del Estado sobre seguridad minera y deja responsabilidad en propias empresas

Un decreto reemplaza 21 autorizaciones previas de Sernageomin por declaraciones juradas y cambia el rol del servicio hacia una fiscalización posterior.
Álvaro Marchant Cuevas y María del Mar Parra
29/07/2026
El Ministerio de Minería modificó el Reglamento de Seguridad Minera para reemplazar decenas de autorizaciones previas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por declaraciones juradas suscritas por los propios titulares de las faenas.

El cambio quedó establecido en el Decreto Supremo N° 30, al que tuvo acceso El Desconcierto, firmado el 13 de julio por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Minería, Daniel Mas Valdés. El decreto modifica el DS N° 132 de 2002, vigente desde hace 24 años, e implementa en el sector minero la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770), publicada en septiembre de 2025.

La norma introduce lo que la propia ley define como «técnicas habilitantes alternativas» (THA) : instrumentos que permiten desarrollar un proyecto o ejecutar una actividad sin que exista de por medio un acto administrativo favorable previo. En la práctica, la empresa certifica bajo su responsabilidad que cumple la normativa vigente, y esa declaración —no una resolución de Sernageomin — habilita la actividad desde al día siguiente a su suscripción.

El abogado de Fundación Terram, Diego Rojas, explica que el decreto incorpora una modificación del esquema cambiando el rol de Sernageomin desde un «control ex ante de las actividades o proyectos, que exige el análisis y autorización respectiva por parte de la Administración, hacia a un control ex post, en el cual el rol del Estado se supedita a verificar el cumplimiento de la normativa por parte del particular».

«En términos simples, se traslada el análisis de los riesgos desde la Administración a los particulares, bajo el supuesto de una fiscalización posterior. Lo anterior, considerado abstractamente, es cuestionable, por eso en el caso de las modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera se debe identificar los ámbitos modificados», explica el abogado.

Qué materias quedan sin autorización previa

El decreto sustituye por declaración jurada las autorizaciones contempladas en 21 artículos del reglamento: 89, 119, 128, 154, 164, 228, 239, 250, 254, 313, 329, 330, 365, 480, 485, 504, 518, 527, 539, 589 y 643.

Entre las materias afectadas: construcción de chimeneas con equipos Raise Borer o Blind Hole, perforación en seco en minas subterráneas, instalación de transformadores eléctricos en cámaras herméticas, sistemas de fortificación y sostenimiento de labores, reglamentos de emergencia, tronaduras y uso de explosivos, transporte de explosivos y detonadores, altura de conductores de trole, y el Programa de Mejoramiento del Ambiente de Trabajo para exposición a arsénico en fundiciones.

Para Rojas, entre los puntos más importantes a considerar debido a que son reemplazados por declaraciones juradas, tiene relación con el uso de explosivos. Sin embargo, agrega que «esta flexibilización esta complementada con una exigencia reforzada de documentación técnica, la exigencia de co-firma obligatoria de un ingeniero civil de minas o profesional afín, la posibilidad de configurarse responsabilidad penal en caso de presentación de antecedentes falsos u omisión de antecedentes esenciales».

El decreto deroga además, de forma directa, 16 artículos completos del reglamento: 24, 59, 96, 110, 136, 168, 172, 203, 209, 222, 229, 243, 259, 271, 285 y 290. Su contenido se consolida en un nuevo artículo 22, que crea la figura del «Proyecto Minero (PM)», con un plazo de 50 días hábiles para que Sernageomin se pronuncie sobre faenas de más de 10.000 toneladas mensuales, siendo este un punto cuestionable dado que, actualmente, el promedio de los plazos se extiende considerablemente más.

Una fuente al interior de Sernageomin comenta que este punto es relevante debido a que, por la cantidad de documentos que deben solicitarse y ser analizados, los tiempos de aprobación en promedio superan los 50 días hábiles que establece el decreto, lo cual podría desencadenar imprecisiones en las tramitaciones.

La nueva situación de las RCA en la minería

Otra de las aristas importantes del decreto es lo establecido respecto a las Resoluciones de Calificaciones Ambientales (RCA) en la industria minera. En concreto, junto con enviar la presentación de un proyecto de explotación, la empresa debe enviar a Sernageomin la copia de la RCA que ratifique la aprobación del proyecto en materia ambiental cuando sea exigible.

Sin embargo, y una de las modificaciones más considerables, es que si la titular del proyecto no cuenta con dicho permiso aun así puede presentar el proyecto a Sernageomin y no impide que la misma entidad resuelva respecto al mismo.

Ante esto el abogado Diego Rojas comenta que esto merece especial atención «pues antes la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) era un requisito fundamental para la aceptación del proyecto, no pudiendo Sernageomin emitir una resolución aprobatoria mientras la empresa minera no la presentara».

«Ahora la empresa minera debe enviar la RCA cuando corresponda y su ausencia no impedirá la presentación, tramitación ni resolución del proyecto ante SERNAGEOMIN. Entonces, en la redacción actual no es necesaria la aprobación ambiental para obtener una autorización minera, desacoplando un mecanismo que exigía acreditar la aprobación ambiental antes del pronunciamiento favorable del Servicio», afirma el abogado.
El rol de Sernageomin cambia de aprobador a fiscalizador posterior

El nuevo artículo 686 del reglamento aclara que el Servicio conserva «facultades de fiscalización posterior» sobre las materias habilitadas por declaración jurada, y puede ordenar medidas correctivas o sanciones. El artículo 687 fija que las infracciones se sancionan conforme al decreto ley 3.525 de 1980 —que crea Sernageomin— y al artículo 590 del propio reglamento, con multas de hasta 100 Unidades Tributarias Anuales por infracción.

El mismo artículo establece que, si Sernageomin constata que un titular presentó información falsa o alterada en su declaración jurada, debe remitir los antecedentes al Ministerio Público.

El considerando 14 del decreto sostiene que la sustitución de autorizaciones por declaraciones juradas «no genera impactos significativos que requieran de una evaluación exhaustiva» y que mantener las autorizaciones «no resulta una medida costo-efectiva y proporcional al riesgo involucrado».
Umbral de pequeña minería sube a 10.000 toneladas

El decreto también modifica el artículo 594, elevando de 5.000 a 10.000 toneladas mensuales el umbral que define la pequeña minería para efectos del método de explotación regulado en el artículo 22. El considerando 9 argumenta que el límite anterior «resulta insuficiente para reconocer lo que hoy en día se considera pequeña minería» y que generaba «desincentivos para el crecimiento» de las empresas del sector.

Con el nuevo umbral, más faenas acceden al régimen simplificado de Declaración Minera (DM), que reemplaza al Proyecto Minero (PM) para operaciones de menor escala.

«El aumento en el umbral de la categoría de pequeña minería desde las 5.000 toneladas/mes a las 10.000 toneladas/mes, cuestión que amplia considerablemente el universo de faenas que podrían acceder a los tramites simplificados», sostiene Rojas.

El decreto entra en vigencia el primer día hábil del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Las solicitudes de autorización que estén en trámite a esa fecha seguirán rigiéndose por la normativa anterior, salvo que el interesado desista y opte por acogerse al nuevo régimen de declaración jurada.
https://eldesconcierto.cl/reportajes/decreto-kast-simplifica-control-del-estado-seguridad-minera-y-deja-responsabilidad-propias-empresas-n5460758

Chile

SMA abre investigación por posible derrame de relave en Minera Las Cenizas en Cabildo

28/07/2026 Foto autor
Gloria Bahamondez
Tras el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió una investigación por el posible derrame de relave registrado en la Minera Las Cenizas, en Cabildo, y que obligó a suspender la captación de agua en cuatro sistemas de agua potable rural de la provincia de Petorca.

La investigación busca establecer si existió algún impacto ambiental tras la descarga de aguas contactadas desde una piscina de la faena minera hacia la quebrada Rincón del Chinchorro. Las autoridades mantienen monitoreos y medidas preventivas en la zona.

La Superintendencia del Medio Ambiente inició una investigación luego de que Minera Las Cenizas reportara que, debido a las intensas lluvias del 17 y 20 de julio, se produjo la descarga de aguas contactadas desde la piscina número cuatro hacia la quebrada Rincón del Chinchorro, en Cabildo, al alcanzar su máxima capacidad las piscinas de decantación y el sistema de circulación. La indagatoria considera un requerimiento de información al titular y un trabajo coordinado con Sernageomin, la Dirección General de Aguas y Directemar.

La contingencia ocurrió mientras la autoridad sanitaria prohibía preventivamente el funcionamiento de los APR de Peñablanca, La Higuera, El Carmen y Valle Hermoso, en la provincia de Petorca, ante una eventual afectación de las fuentes de captación ubicadas en la caja del río La Ligua.

Manuel Millones, delegado presidencial regional, informó que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, restablecerá los pozos afectados mediante reubicaciones, profundizaciones o extensión de tuberías. Añadió que la SMA investiga la contingencia y que la Seremi de Salud mantiene muestreos para descartar contaminación.
Minera Las Cenizas envió muestras a laboratorio

Minera Las Cenizas afirmó que mantiene plena disposición para colaborar con la investigación y señaló que, durante un monitoreo realizado el 24 de julio en la desembocadura del río La Ligua, en Longotoma, no se observaron sedimentos asociados a relaves. Agregó que las muestras de agua fueron enviadas a laboratorio para analizar metales y que los resultados serán informados por la autoridad.

Ruth Morales, vecina e integrante del movimiento No Más Relaves de Peñablanca, valoró que la SMA iniciara la investigación, pero afirmó que la comunidad espera que se determinen las responsabilidades y el eventual nivel de contaminación que, asegura, afecta al sector desde hace años.

La Superintendencia del Medio Ambiente informó que la investigación continuará mientras se analizan los antecedentes técnicos y los resultados de los muestreos; además, evaluará la adopción de nuevas medidas conforme avance el proceso.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2026/07/28/sma-abre-investigacion-por-posible-derrame-de-relave-en-minera-las-cenizas-en-cabildo.shtml

Chile

Grupo de agricultores presenta recurso para impugnar aprobación ambiental de proyecto minero


Conflicto Relacionado: Tres Valles-Choapa

24/07/2026
Reclamación se funda en que la iniciativa corresponde a una modificación sustantiva de una faena previamente aprobada mediante EIA, por lo que debió someterse nuevamente a evaluación a través del mismo instrumento.

El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite la reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel Ltda. y un grupo de agricultores, en contra de la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazó sus recursos administrativos y mantuvo la calificación favorable del proyecto “Continuidad Operacional Minera Tres Valles”, cuyo titular del proyecto es Compañía Minera Tres Valles SpA.

La reclamación se funda en que la iniciativa corresponde a una modificación sustantiva de una faena minera previamente aprobada mediante Estudio de Impacto Ambiental, por lo que debió someterse nuevamente a evaluación a través del mismo instrumento y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Asimismo, en la acción se reclama que las observaciones ciudadanas que plantearon durante la evaluación ambiental no fueron debidamente consideradas. Entre los principales cuestionamientos, los reclamantes sostienen que el proyecto podría afectar los recursos hídricos y los sistemas de agua potable rural de la Quebrada de Cárcamo. Asimismo, objetan la extensión de la operación minera hasta 2037, el cambio del método de explotación, la falta de una evaluación conjunta de los impactos acumulados y la exclusión del área de influencia de comunidades, actividades agrícolas y otros usuarios del territorio.

También afirman que existían antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas que no permitían descartar la generación de efectos ambientales significativos. Además, cuestionan la forma en que el Servicio de Evaluación Ambiental tramitó y resolvió las reclamaciones administrativas presentadas contra la aprobación del proyecto.

Solicitud

En la reclamación se solicita, principalmente, que el Tribunal deje sin efecto tanto la resolución del SEA que rechazó los recursos administrativos como la RCA que aprobó el proyecto, y que declare que su Declaración de Impacto Ambiental debió ser rechazada. En subsidio, los reclamantes piden que el proyecto sea sometido a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, con una línea de base completa y actualizada y considerando los impactos acumulados. Como tercera alternativa, solicitan que el SEA vuelva a resolver los recursos administrativos, pronunciándose sobre todas las materias planteadas e incorporando los antecedentes del procedimiento sancionatorio seguido por la SMA.

Junto con la reclamación, solicitaron medidas cautelares destinadas a suspender los efectos de los actos impugnados.

Con la admisión a trámite, el tribunal solicitó al SEA la presentación de un informe con los motivos de su decisión, junto con los antecedentes del procedimiento administrativo. En cuanto a las medidas cautelares, estas se encuentran en análisis del tribunal y serán resueltas próximamente.

El proyecto

El proyecto se emplaza en las comunas de Salamanca e Illapel, provincia de Choapa, Región de Coquimbo. El área de explotación minera se ubica en las quebradas de Manquehua y Cárcamo, aproximadamente a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Salamanca, mientras que las instalaciones destinadas al procesamiento del mineral se localizan en la quebrada de Quilmenco, a cerca de 7 kilómetros al noroeste de la misma comuna.

La iniciativa tiene por objeto dar continuidad operacional a la producción de cátodos de cobre mediante la extracción de mineral desde la mina subterránea Papomono y el procesamiento de mineral proveniente de terceros.

Para ello contempla el uso de las instalaciones actualmente existentes, las que fueron evaluadas ambientalmente mediante las Resoluciones de Calificación Ambiental N° 264/2009 y 148/2019. El proyecto considera una vida útil de 11 años y una inversión de US$30 millones.
https://www.mch.cl/agricultores-buscan-impugnar-aprobacion-ambiental-de-proyecto-minero/?shem=dsdf,sharefoc,agadiscoversdl,,sh/x/discover/m1/4

Argentina

Nuevo libro: Tierra y Dignidad. Luchas ancestrales, voces de futuro

Treinta localidades. Dieciséis provincias. Ciento cincuenta entrevistas. «Tierra y Dignidad» es una foto de las últimas tres décadas, que busca dar cuenta de lo que sucede en los territorios del país y sobre todo reflejar el hacer de comunidades indígenas, movimientos campesinos y asambleas socioambientales que construyen caminos donde lo colectivo, la vida y la solidaridad son lo prioritario. Territorios que se organizaron para enfrentar la injusticia, tierras de comunidades que dicen “no” ante un modelo depredador y, al mismo tiempo, construyen alternativas, lejos de los reflectores mediáticos y de los espacios de poder, organizaciones que crecen con autonomía, dificultades y alegrías. Se trata de territorios de dignidad, donde se siembra presente y futuro. Un libro publicado por Editorial Sudestada.
Por Darío Aranda
Desde Eldorado hasta Esquel. De Las Lomitas a Loncopué. De Andalgalá a Guadalupe Norte. Son personas que no aparecen en redes sociales ni en grandes medios de comunicación. No aspiran al “éxito” que ofrece el sistema ni se acercan al poder de turno. Participan de espacios colectivos que priorizan el cuidado del agua, el aire, el territorio, la vida. Y están empecinadas en construir alternativas al capitalismo que depreda la tierra. Son familias campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de base y asambleas socioambientales.

Desde hace décadas afirman que el modelo de país –a base de agronegocio, petróleo, minería, forestales, megarepresas y energía nuclear– es un nuevo capítulo de los espejitos de colores que lleva 500 años, una trampa no solo económica, sino (y sobre todo) política, con amplias consecuencias sociales,ambientales y sanitarias.

Un modelo extractivo que fue (y es) piedra basal de todos los gobiernos. Protagonizado por grandes empresas y presidentes, gobernadores, legisladores e intendentes, jueces y fiscales, que no aceptan alternativas a la de exprimir territorios y vidas. “Los supuestos representantes del pueblo no son gobernantes, son gerentes ejecutores de las grandes empresas y de los terratenientes”, denuncia Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tafí del Valle (Tucumán).

***
Las pruebas, voces y estudios de las consecuencias del modelo extractivo son contundentes. Solo a modo de ejemplo: la concentración de la tierra se supera año a año. El 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 por ciento de la tierra; y el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) cuenta con solo el 2 por ciento de la tierra. Argentina experimenta una reforma agraria pero al revés, donde muy pocos tienen casi todo, y muchos no tienen casi nada. Las zonas de megaminería, como Andalgalá y Jáchal, son de las regiones más pobres del país. En las localidades donde se explota Vaca Muerta, “las mayores reservas” de hidrocarburos no convencionales, no hay gas natural para la población, y hasta se siguen calefaccionando con leña. En Añelo, epicentro petrolero, existen más prostíbulos que escuelas: es el “desarrollo” que brinda el extractivismo.

Las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos aumentaron exponencialmente en las regiones del agronegocio. “Epidemia de cáncer en zonas sojeras”, denuncian los pueblos fumigados, desde Avia Terai (Chaco) a Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), de Ituzaingó Anexo (Córdoba) a San Jorge (Santa Fe). Desastre sanitario también confirmado con cientos de estudios científicos. “Es un experimento masivo a cielo abierto. No pueden tapar el sol con la mano”, había alertado el científico Andrés Carrasco en 2009.

En un país donde las pruebas son irrefutables, igual se reproducen discursos mediáticos, desde grandes medios de comunicación hasta los inefables “influencers”, que llaman a explotar la naturaleza o, en el mejor de los casos, a hacerlo con “cuidado”, como si se pudiera desmontar millones de hectáreas o detonar montañas de forma “sustentable”.

Cuando la realidad está alterada de forma extrema es necesario buscar otras categorías de análisis para poder pensar el presente, luego accionar y transformar la realidad. Con una pobreza del 50 por ciento, con un millón de niños que no pueden cenar cada noche (datos de Unicef), con jubilaciones que condenan a la miseria y una política que, con complicidad judicial, arrasa territorios, no alcanza con decir que se trata solo de un modelo económico. Otra categoría posible para pensar la realidad: “Nos han declarado la guerra”, explicaron en numerosas oportunidades los zapatistas, en referencia a las políticas económicas, sociales y represivas que padecen.

Es explícito el desprecio, la crueldad y el cinismo del poder, la violencia de los de arriba contra los de abajo.

El lonko mapuche Mauro Millán resumió la situación actual: “Nuestra lucha es por la existencia de los pueblos”. Desde hace años que en Catamarca y San Juan se denuncia la “dictadura minera”, donde las asambleas plantean con claros ejemplos cómo las multinacionales extractivas manejan a su antojo a gobernadores, legisladores y al Poder Judicial.

A quienes viven en ciudades, y a quienes no salen de la realpolitik (esa forma de actuar, con más pragmatismo que coherencia ideológica) ni traspasan la Avenida General Paz, les parece exagerado hablar de “dictaduras mineras” y de “guerras” por la vida. Quizá unos días en Andalgalá, Salinas Grandes (epicentro de la disputa por el litio), Las Lomitas (Formosa), Aristóbulo del Valle (Misiones) o Las Lajitas (Salta) hagan cambiar de parecer. Lugares donde el poder económico hace lo que quiere, con total complicidad política y judicial.

“Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato”, resume con precisión el diaguita Marcos Pastrana.

En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, se hizo “normal” ver personas en busca de alimentos en la basura –cuerpos sumergidos en contenedores olorosos–, familias enteras viviendo en plazas y bajo autopistas, cajeros bancarios como refugio de personas sin casa. “Daños colaterales”, como llaman en las guerras, para contentar a los especuladores internacionales y al FMI.

“La verdadera división que hay que hacer es entre quienes están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega”, afirmaba el histórico dirigente sindical Agustín Tosco.

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El extractivismo no es un modelo nuevo. Toda la ingeniería legal moderna fue sancionada en la década menemista. E implementada en los territorios durante todos los gobiernos siguientes. Pero también es un modelo que lleva 200 años, desde la conformación de los Estados, y un modelo de cinco siglos.

Tiempos de guerra contra los de abajo, contra quienes defienden la tierra. Y en la primera trinchera están las comunidades indígenas, pueblos milenarios que –a pesar de los siglos de represión– saben lo que es resistir y construir futuros.

La invitación es sencilla. Con la herramienta básica del periodismo: recorrer cerros, estepas y montes, escuchar a quienes viven en los lugares, observar sin intermediarios, escribir sobre esas realidades, dar cuenta de las injusticias y sueños de esa Argentina tan castigada como hermosa, sufrida y alegre, tierra arrasada donde –a pesar de todo– se siembra todos los días.

El periodista solo como puente entre las personas y realidades para ser conocidas en otras latitudes. El periodismo como un oficio, como un carpintero que talla y lija una madera que luego será compartida.

Son 31 crónicas desde los lugares de los hechos. Porque mantiene vigencia la frase “la cabeza piensa según donde andan los pies”. Y el periodismo es contar lo que pasa, desde el lugar de los hechos, priorizando esas voces que dicen acá estamos, así somos, esto padecemos, esto soñamos.

En tres décadas pasaron ocho gobiernos, avanzó el modelo extractivo, se multiplicaron las resistencias, crecieron las hectáreas con agroecología, las organizaciones tuvieron cambios (algunas muy críticas pasaron a ser oficialistas), las corporaciones se unieron, el periodismo profundizó su decadencia, la casta política y judicial se volvió más servil al poder. Y la construcción de un mundo mejor sigue siendo motor de miles que no se quedan callados ni quietos ante tanta injusticia.

Tierra y dignidad es una foto de las últimas tres décadas, que busca dar cuenta de lo que sucede en los territorios del país, pero también reflejar el hacer de comunidades indígenas, movimientos campesinos y asambleas socioambientales que construyen caminos donde lo colectivo, la vida y la solidaridad son lo prioritario. Territorios que se organizaron para enfrentar la injusticia, de comunidades que dicen “no” ante un modelo depredador y, al mismo tiempo, construyen alternativas, lejos de los reflectores mediáticos y de los espacios de poder, organizaciones que crecen con autonomía, dificultades y alegrías. Se trata de territorios de dignidad, donde se siembra presente y futuro.

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*Tierra y Dignidad se puede conseguir en este link (https://www.libreriasudestada.com.ar/productos/tierra-y-dignidad-dario-aranda-17hmm/). Y se presentará el viernes 31 de julio en Librería Sudestada (Tucumán 1559, de Capital Federal, a las 19 horas).

Bolivia

Informan que reportaron casi 200 denuncias por minería ilegal

26/07/2026
En los últimos tres años se reportaron 195 denuncias por minería ilegal, informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, quien comprometió desestructurar este tipo de mecanismos.
Según la autoridad, la minería ilegal es un problema histórico del Estado que anteriormente había sido tolerado a través de documentos físicos; sin embargo, señaló que la política del Gobierno es digitalizar estos servicios.
“No se trata de un caso, en los últimos años se han reportado 195 denuncias que comprometen la integridad de estas instituciones (AJAM y Senarecom), por lo que estamos trabajando en poder desestructurar este tipo de mecanismos que en el pasado ocurrían y sin que se enteren ni la población ni las instituciones”, afirmó García.
La cantidad de casos presentados surge luego de conocerse que el 22 de julio cuatro maletas con 189,5 kilos de oro pretendían salir en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru hasta Dubái con documentación falsa.
Sobre ese caso, García recordó que el Estado forma parte de la querella y que se pide que la investigación alcance no solo al portador, sino también a otras personas que se encuentran implicadas.
“El Estado, a través de sus diferentes instancias, ha impedido que este hecho, de exportar ilegalmente el oro, se haya consumado”, indicó.
Reportajes de medios ambientalistas denunciaron en varias oportunidades la situación lamentable que viven los habitantes del norte paceño por actividades minerales ilegales, que no sólo explotan, sino que afectan al medio ambiente y a los habitantes del lugar, por el uso de químicos, en especial el mercurio para la explotación de oro.
En las últimas horas, un juez determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola por 150 días para Adrián L. R., de 22 años de edad, luego de haber sido sorprendido cuando intentaba salir del país con los lingotes del metal precioso.
https://www.eldiario.net/portal/2026/07/26/informan-que-reportaron-casi-200-denuncias-por-mineria-ilegal/