Perú

Tía María: Nuevos debates y enfrentamientos en el sur del país

Como se había anunciado, hoy se han reanudado las protestas en el sur del país en contra del proyecto minero Tía María, mientras que en la misma ciudad de Arequipa se daba inicio a la Convención Minera (Perumin), en medio de fuertes medidas de seguridad.

Desde la madrugada de hoy se registró la llegada cientos de comuneros del Valle de Tambo a la ciudad de Arequipa. Del mismo modo, distintos gremios, sindicatos y agrupaciones sociales de las regiones de Cusco, Moquegua y Tacna, se movilizaron en medio del paro macro regional, en solidaridad con los pobladores del Valle de Tambo.

Ha trascendido que Perumin de este año presenta una caída de participantes. Según el sindicato hotelero de Arequipa, en comparación con otros años, se registra una baja sustantiva en la demanda de servicios de hospedaje en torno al evento. Además, Perumin competirá en esta edición con la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se desarrollará en paralelo en Arequipa el 18 al 19 del presente. En el encuentro paralelo, las comunidades afectadas, diversos intelectuales y organizaciones sociales, discutirán los problemas sociales ambientales que genera la minería en los territorios.

Cabe señalar que la lucha de los pobladores del Valle de Tambo viene teniendo eco en otras protestas sociales. Así, los estudiantes de San Marcos, los trabajadores mineros agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, los trabajadores de retail de Ripley, han manifestado su solidaridad con la lucha de los agricultores del Valle de Tambo.

En el propio Valle de Tambo el conflicto ha recrudecido en los últimos días. Ayer se registraron dos nuevos heridos por perdigones en un enfrentamiento de la población local con la Policía Nacional del Perú (PNP) en la carretera de Cocachacra, Islay. Se denuncia que uno de los heridos recibió un perdigón en la cara por lo cual debió ser trasladado a Arequipa de emergencia.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/16/tia-maria-nuevos-debates-y-enfrentamientos-en-el-sur-del-pais/?fbclid=IwAR2wqvxJHPRtG7Z1wzWU9sBNcuaM7W83zKMp0fMVF_TGPMKtMBO8h2sOF8I

Chile

Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero

Conversatorio: Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canadá, con el patrocinio de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, tienen el agrado de invitarle al Conversatorio: Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina.

En este encuentro participarán Yvonne Yánez de Acción Ecológica (Ecuador), Ana Leyva de CooperAcción (Perú), Jorge Muñoz Coca del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Atacama, Chile) y Oscar Campanini del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

¿Dónde? Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Marcoleta #250, Santiago Centro. A pasos de la estación de metro Universidad Católica.

¿Cuándo? Jueves 26 de septiembre desde las 19:00 a las 20:30 horas.

La minería, al igual que otros extractivismo como la obtención de hidrocarburos, es una de las actividades más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, sin embargo esta estrecha y directa relación no siempre es evidente y a menudo se invisibiliza. Pero pese a ésto la gran minería, e incluso la expansión de la frontera extractivista minera, pretende posicionarse como parte de la solución a la crisis climática en el marco de las soluciones promovidas a nivel internacional basadas en nuevas tecnologías y no en un cambio profundo al patrón global de producción y consumo.

A fines de este año en Chile se realizará el 41° encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) seguido por la 25 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP25). Estos espacios internacionales promueven soluciones a la crisis climática en base al capitalismo verde y una transición energética a través de la electromovilización, que requiere un alto nivel de “nuevos” minerales tales como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otros.

Esta reconversión a la electromovilidad ha agudizado aún más los conflictos socioambientales en los territorios donde son extraídos estos elementos y en donde ya existía una desregulada actividad minera. Las comunidades indígenas y campesinas que las habitan y resisten son quienes viven los perjuicios en sus quehaceres cotidianos y de sustento, así como en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Ésto en el marco de una advertida conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero.

Mexico

Buscan intervención del Congreso por afectaciones de minera

Miembros del MASH llevaron muestras del agua contaminada como prueba

 Miembros del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense (MASH) buscan la intervención del Congreso local para frenar las afectaciones ecológicas y de la salud que provoca la minera Autlán en la región.

Con muestras de agua del río Claro como prueba, habitantes de diversas comunidades de los municipios de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla dieron a conocer que buscan poner un freno a los problemas que ha traído la empresa desde hace años y que a la fecha no han sido atendidos.

En ese sentido, Griselda Bautista Paredes, representante del MASH, explicó que existen dos principales afectaciones: la ambiental en la contaminación a los ríos y su biodiversidad y la de salud, ya que cuando la minera hornea emite humos que afectan a las personas.

Por ello, los pobladores acudieron al Congreso local para pedir su intervención en el caso, ya que gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que terminen las afectaciones, así como la pérdida de especies, como el camarón de río.

Además, explicaron que ya pidieron la intervención de instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad de Chapingo para que analice la problemática ambiental y a la población que provoca la minera; mientras que llamaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a acudir a la región para atender la problemática.

De acuerdo con su página web, Autlán cuenta con la unidad minera Molango, en Hidalgo, la cual se encuentra al norte de la entidad.

  • Explicaron que el gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que termine la problemática, así como la pérdida de especies, como el camarón de río

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/buscan-intervencion-del-congreso-por-afectaciones-de-minera/?fbclid=IwAR1_WY9ukgRcc9EGExQcMcWMAgz9L8xNIfX3rsTTJiMKUPAf8tExsrfkhvM

Mexico

Lluvias habrían bajado tóxicos de mina en Ónavas

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”…

Las autoridades federales como Conagua, Profepa y Semarnat descartaron contaminación en el Río Yaqui a la altura de Ónavas; en tanto, vecinos del lugar consideran que la existencia de materiales tóxicos podría derivar de las lluvias de las últimas semanas.

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”.Las personas consultadas exponen que las autoridades federales ya realizaron estudios de laboratorio y determinaron que no existen concentraciones de materiales tóxicos que pudieran afectar la salud; sin embargo, solicitaron que les sigan suministrando agua en pipas.Además, pidieron a la sociedad sonorense apoyo para el suministro de agua purificada.

El jueves, se informó que “en seguimiento y atención a la preocupación de ciudadanos y autoridades del municipio de Ónavas, por la aparición de peces muertos en las márgenes del río Yaqui, Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de programas Integrales de Desarrollo en Sonora, del Gobierno de la República, coordinó una reunión con los responsables de las dependencias Semarnat, Conagua y Profepa para revisar las acciones y medidas de mitigación correspondientes”.

También se expresa que “en la reunión de trabajo, se informó que personal de Profepa y Conagua realizaron la visita de inspección al sitio, así como al lugar donde se encuentran las instalaciones de una empresa minera, descartando algún derrame debido a que dicha empresa tiene más de un año sin operar, y no se detectó ninguna fuente emisora de contaminación”.Por lo anterior, “los funcionarios federales acordaron mantener el operativo de distribución de agua en pipa a la población de Ónavas, hasta que se descarten afectaciones a las fuentes abastecimiento. Se instruyó a los encargados de Semarnat y Profepa a continuar vigilantes.

 

Fuente:https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=224035&relacion=dossierpolitico&categoria=292&fbclid=IwAR2p_zSrga2OcSt-ioHBUQhv8uzQcw_lXJJjIonerA_UgPdlKDRP_94Asf8#.XYA-vJaGaNs.facebook

Colombia

Tribunal del Cesar ordena frenar minería en la Serranía del Perijá

Autoridades de la etnia yukpa manifestaron que el fallo del Tribunal es trascendental para la conservación de los recursos naturales y supervivencia de esta comunidad.

Como una decisión trascendental para conservar los ecosistemas y la supervivencia del pueblo indígena yukpa, calificaron las autoridades de esta etnia, el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Cesar que ordena ‘frenar’ los proyectos mineros en la Serranía del Perijá.

La determinación la tomó el organismo considerando que estas actividades mineras además de generar una posible afectación de la naturaleza, también tendrían influencia en el territorio ancestral del pueblo yukpa.

La suspensión de licencias y proyectos de minería en este macizo, se mantendrá, según el fallo, hasta que se cumpla con la delimitación del territorio de esa comunidad indígena, tal como lo ordenó la Corte Constitucional a través de una sentencia, de la cual el Gobierno ha hecho caso omiso.

Edward Álvarez, asesor en temas territoriales y ambientales indígena, sostuvo que ellos instauraron una primera acción de tutela que terminó en sentencia, la T-713 de 2017, en la cual la Corte Constitucional ordenó al Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, delimitar y ampliar el territorio ancestral yukpa en el término de un año.

Explicó que este plazo venció el 7 de diciembre de 2018, por lo que han pasado más de nueve meses de haberse cumplido ese plazo y la Agencia Nacional de Tierras no ha comprado un solo predio, ni ha iniciado el proceso de delimitación.

Sostuvo que de la mano de ese fallo existe una sentencia de la misma Corte sobre el principio de precaución, que indica que cuando los territorios ancestrales están en proceso de delimitación toda actividad debería suspenderse cuando se trata de pueblos indígenas que están en exterminio físico y cultural como es el caso de esta comunidad, según Auto 004 de 2009.

“Aquí el Estado no solo no delimitó, ni amplió el territorio pero lo siguió afectándolo, es así como bajo ese principio de precaución el Tribunal Administrativo del Cesar tomó unas decisiones importantes para prevenir el despojo territorial, las afectaciones a la vida, la salud y la supervivencia cultural del pueblo yukpa”.

Según Álvarez, esta medida favorece además a una masa poblacional tanto de campesinos, como de otros habitantes en la serranía, porque “lo que ha demostrado la justicia colombiana que estas empresas carboneras han desviado cuatro ríos en el corredor minero de la Perijá, donde los yukpas y campesinos trabajaban y pescaban”.

En este orden de ideas la Corte Constitucional determinó revocar la sustracción de reserva forestal que se había hecho en el gobierno de Juan Manuel Santos, para darle paso al botadero El Palomo, del Grupo Empresarial Prodeco, ubicado según los indígenas en su territorio ancestral.

La decisión del Tribunal Administrativo del Cesar igualmente comprende suspender definitivamente la sustracción de reserva forestal del río Magdalena y el río Motilones en la serranía del Perijá en el Cesar, así como de todas las licencias ambientales, títulos mineros y proyectos de exploración de hidrocarburos hasta tanto se delimite el territorio ancestral Yukpa.

 

Fuente:https://www.elheraldo.co/cesar/tribunal-del-cesar-ordena-frenar-mineria-en-la-serrania-del-perija-665201

Mexico

Ecocidio en Samalayuca

No existe, no ha existido y no existirá una mina sustentable o ecológica. La naturaleza de la industria es la extracción de recursos naturales no renovables por medio de procesos invasivos y químicos. Los beneficios son mínimos y temporales para las comunidades que los albergan, pero sus efectos son para siempre.

Podemos entender que la minería sea un mal necesario para las comodidades de los tiempos presentes, incluso para las necesidades básicas de la vida moderna, sin embargo, esto no puede ser a cualquier costo y sobre lo que sea. El área de Samalayuca donde una mina canadiense pretende asentarse es una zona de relevancia histórica, arqueológica, natural y estratégica de recursos naturales para toda la comunidad juarense.

En el tema del agua se encuentra la problemática más seria de la región. Samalayuca está asentado sobre el sistema hídrico número 34, que es de donde se abastece una población de un millón y medio de personas. El agua subterránea que se encuentra en el área, explotada por décadas, se reduce en más de seis millones de metros cúbicos por año según la Comisión Nacional del Agua, e irremediablemente llegará el día que se acabará. Dicho acuífero abastece industria, agricultura, uso doméstico además de todo el desperdicio y mal uso, como fugas y albercas privadas.

Las señales son claras pero no las hemos querido atender. Los manantiales que hasta principios de los ochenta manaban naturalmente en esa región, se secaron completamente después de que se instalara una planta termoeléctrica, la cual 24 horas al día y 365 días al año se ha abastecido de ese acuífero por décadas. Diversos pozos que suministraban a la población de Samalayuca dejaron de funcionar y fue necesario en muchos casos buscar en mayores profundidades el vital líquido, según se deprenden de numerosas notas periodísticas de aquellos años. La salinidad del agua es otra muestra clara de la sobreexplotación, hoy casi nadie consume el agua de la red pública y llamada potable, por el alto contenido de minerales y que según estudios de la misma Junta Municipal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la UACJ incumplen la NOM-127-SSA1-1994, que establece los estándares mínimos que debe tener el agua para ser potable.

El Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2009 publicó la declaratoria de esa zona, por su flora, fauna y relevancia histórica como área natural protegida, en el mismo Diario Oficial el 2 de abril del 2013 se publicó el plan de manejo del área, el cual dejaba como encargado de su protección a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; mas como ya es costumbre fue mediante movimientos oscuros, tradición de ese nido de cuatreros que es el Poder Judicial de la Federación, donde lo más inverosímil se vuelve legal, que se le quitó el carácter protegido mediante supuesto amparo “promovido y pagado por ejidatarios” y que benefició a la minera canadiense, con lo cual se convirtió en una mina a cielo abierto. Casi nadie conoce en qué consistió o cómo se perdió un proceso donde se afecta tanta gente y beneficia a una mina canadiense. Quien conoce ese proceso por ser beneficiario directo, actual vocero de la minera canadiense y presunto presidente seccional del poblado es el Ingeniero Javier Meléndez, quien lleva años frotándose las manos con tan jugoso negocio.

Muy a pesar que el mismo presidente de la república anunciara que no se darían más concesiones a mineras, en el presente caso se mantiene un silencio convenenciero por la clase política a los que se les olvidó sus años de oposición y rápido aprendieron a hablar sin decir nada, tanteando en todo momento el beneficio político.

Esta lucha será una vez más de la sociedad organizada, los diversos colectivos y población en general que tenga conciencia social. Los últimos permisos aún deben pasar por distintas dependencias estatales y municipales quienes son la última barrera, pues el Gobierno federal y llamado “Cuarta Transformación” ya dio color de cuáles son sus inclinaciones.

Un área natural de gran belleza y con un potencial enorme para el desarrollo ecoturístico, el agua de la región y la calidad del aire, todo a cambio de unos cuantos empleos temporales y que no necesariamente serán para los pobladores de Samalayuca, una comunidad que se ha distinguido por la producción agrícola y no por la industria minera que es hoy en día un ramo altamente tecnificado por los riesgos que implica.

Humildemente les pido a cada uno y a cada una que adoptemos el tema, el cual está más allá de colores e ideologías y que desde nuestras trincheras promovamos, combatamos y concienticemos que no todo en la vida es dinero, demostremos que hay cosas que no se venden, porque hasta el momento existe la idea, no tan errada, de que al sur de la frontera todo está a la venta.

 

Fuente:https://diario.mx/opinion/ecocidio-en-samalayuca-20190913-1561958.html?fbclid=IwAR1n9YQfnEyPKzFwKYaeCRKsCFqdkLp8SXNpdrzfQV_nHfLO3V1_9j_aaPo

Perú

Huelga indefinida de trabajadores mineros en todo el Perú

Ante la negativa y la falta de diálogo de la Sociedad Nacional de Minería, respecto a la negociación colectiva por rama de actividad, y tras el rechazo al Pliego Nacional de Reclamos que contempla condiciones de seguridad y salud en el trabajo y condiciones y medioambiente de trabajo presentados por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) el gremio anunció para este 10 de setiembre una huelga nacional indefinida en todo el Perú.

Según Jorge Juárez, Secretario General de trabajadores mineros (FNTMMSP) la negociación por rama de producción se practica en el Perú, por ejemplo, en el sector construcción civil y el sector portuario. Sostiene que el sector minero necesita una negociación por rama de actividad donde se puedan establecer condiciones mínimas para los trabajadores de todas las empresas mineras. La negociación colectiva es de especial importancia en el sector minero dado que casi el 70% de sus trabajadores están tercerizados, lo que implica una mayor vulnerabilidad de sus derechos.

Según la estadística del Ministerio de Energía y Minas al año mueren alrededor de 30 trabajadores. Para Jorge Juárez, esta realidad se debe a las ineficientes condiciones de seguridad laboral en la mina. Asimismo, asegura que miles de trabajadores mineros de todo el Perú sufren problema de salud por la contaminación y las pésimas condiciones laborales que existen en el sector.

Pese al contexto de precariedad de los trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos el comité de Seguridad y Salud se vale del Decreto 023 que ha modificado a la ley 29783 que indica que son las empresas las que tienen la presidencia de este comité y con ello el voto dirimente. Entonces cuando los representantes de los trabajadores quieren que se discutan temas relacionados a las enfermedades laborales, accidentes o muertes, estos temas son desestimados y por votación se archivan, ya que la empresa argumenta que no son temas relevantes o que no corresponden a seguridad. Existe una parcialización por parte de los empleadores en cuanto a las condiciones de seguridad que establecen en su empresa.

A la fecha existen condiciones condiciones de trabajo que generan enfermedades del trabajo que son consideradas, por el Comité de Seguridad y Salud, como enfermedades comunes. Asimismo, se reportan constantemente accidentes de trabajo que también son desvirtuadas para que no sean considerados como accidentes de trabajo. Muchos trabajadores mineros están quedando en el desamparo al no poder desarrollar sus labores normales.

 

Jorge Juárez, Secretario General de la FNTMMSP, argumenta que el Pliego Nacional por rama de actividad, es un pedido legítimo por la reivindicación de los derechos laborales, la estandarización de condiciones mínimas para dar tranquilidad a los trabajadores en el sector minero.

Señala que el último proceso de negociación del sector minero fue el año 88’, que quedó truncado por  una Acción de Amparo que interpuso el empresariado y la persecución sobre los dirigentes obreros. Recién, después de 11 años, el Tribunal Constitucional emite una sentencia favorable a los trabajadores mineros, reafirmando que sí pueden llevar adelante una negociación por rama de actividad.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/06/huelga-indefinida-de-trabajadores-mineros-en-todo-el-peru/

Latinoamerica

De la riqueza a la protesta social: Una radiografía del aumento del conflicto minero en A. Latina

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años. Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera. 12 de Septiembre de 2019, 18:16

Con su abundancia y variedad de minerales, América Latina atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las reservas de litio.

Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.

«La falta de apoyo de las comunidades locales a los proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas mineras en la región”, dice a DW César Padilla, coordinador general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y desarrollo sostenible de Misereor, «la actividad minera tiene un alto impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.

El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas. No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes. Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo.

Defensores y representantes de las comunidades sufren las consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro, condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.

Bomba de tiempo. 

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años.

«En Perú, la minería es una de las actividades que más conflictos genera y como es muy abundante, va también acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.

Junto con la abundancia de minerales, Latinoamérica ofrece atractivas condiciones para las empresas. En el ranking del Instituto Fraser de los países más atractivos para la exploración y la inversión, por sus características geológicas y las políticas de sus gobiernos, Chile -único con sistema de concesión plena- figura en sexto lugar a nivel mundial y a la cabeza de los latinoamericanos. Perú escala año a año posiciones.

Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y suelo, y destrucción de zonas protegidas. «Las comunidades se quedan sin agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.

Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su medio de subsistencia. En Las Bambas, en la región del Cusco, Perú, las autoridades sanitarias no han respondido adecuadamente ante la grave situación de contaminación por metales pesados, alerta OCMAL.

La enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras que genera la minería es otra causa de rechazo. «Los desechos generan cada vez más problemas y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadinho, en Brasil, no son únicos. Hay muchos otros en que los desechos mineros se han convertido en una bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.

Friess observa además que «la mayoría las comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.

Una lucha desigual. 

«En América Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.

La experta explica que «junto con problemas por el acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice Friess.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo. Estudios de OCMAL registran un alza de la criminalización de la protesta, con los mayores casos en Perú, México, Guatemala, Ecuador y Colombia.

Capitales extranjeros y doble estándar.

 A excepción de Chile, que mantiene la empresa estatal Codelco, en la mayoría de los países las mineras han pasado a manos de empresas privadas transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, es el principal inversor en minería metálica y en los últimos años se observa la irrupción de capitales chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y México.

«Canadá mantiene un doble discurso de respeto a los derechos humanos, un discurso vacío, pues no se hace cargo de los efectos que producen sus empresas mineras y ha ido construyendo una deuda en términos ambientales y sociales”, dice Padilla.

Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opositor a la minera Blackfire en México, «quien pidió protección en la embajada canadiense y denunció las amenazas que estaba profiriendo una empresa minera de ese país, pero ni la embajada ni el gobierno hicieron nada y fue asesinado”, relata Padilla.

Según el experto, «lo que una empresa minera extranjera deja en un país, en términos de impuesto a la renta y otros, es muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo”.

El coordinador de OCMAL apunta también a la responsabilidad de los estados al firmar acuerdos y tratados comerciales que favorecen a las empresas por sobre el impacto que la extracción minera tiene en la sociedad y el ambiente.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/de-la-riqueza-a-la-protesta-social-una-radiografia-del-aumento-del-conflicto-minero-en-a-latina/

Mexico

En Zimapán mineras provocan tolvaneras contaminantes por remover jales

En Zimapán mineras provocan tolvaneras contaminantes por remover jales para reindustrializarlos, según activistas.

Sin tomar ninguna precaución, empleados de la empresa minera Sago, luego de remover con maquinaria pesada los jales o montañas de desechos producto de la actividad metalúrgica, ubicados a escasos metros de San Miguel y otras comunidades del municipio de Zimapán, transportan en camiones los desechos tóxicos si cubrirlos al momento de cruzar por la zona urbana de la cabecera municipal causando una grave contaminación según video grabado el pasado sábado por activistas de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ).

Los activistas defensores del medio ambiente denunciaron que empleados de las empresas mineras El Espíritu, La Purísima, Sago, Preissan, S de RL y otras que operan en la región del municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, provocan polvaredas contaminantes que afectan a las localidades aledañas al remover los cerros de jales colocando más polvo tóxico o bien para ’reindustrializar’ los desechos mineros.

Tras sostener una reunión de trabajo en el Congreso de Hidalgo con el diputado morenista por el distrito 01 local Víctor Osmind Guerrero Trejo y representantes jurídicos de las mineras, Alejandra Rojas integrante de la organización Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ) explicó que desde el año pasado trabajadores de la compañía Preissan, S de RL ’metieron maquinaria pesada en los jales ubicados en las orillas de la cabecera municipal para removerlos con el fin de reindustrializar sus desechos de hierro a la empresa Sago’.

Para transportar los desechos mineros, los empleados de Preissan ’usan camiones de carga llenos hasta el tope con jales sin siquiera ponerles una lona para que el polvo no se caiga y cruzan la cabecera municipal a lo largo de 3 kilómetros hasta ex Hacienda Santa María donde se encuentra la compañía Sago, de donde se extrae el hierro que aún queda en los jales’, agregó Rojas.

La activista explicó que al momento en que la maquinaria pesada remueve los jales ’se producen tolvaneras las cuales sabemos que son altamente contaminantes sobre todo porque muchas comunidades se encuentran a escasos metros tanto de los jales como de las minas’.

Lo mismo ocurre en la presa dos de jales, ubicada a escasos 30 metros de las viviendas de la localidad de San Miguel donde empleados de la minera Espíritu han metido maquinaria pesada para remover los desechos, lo que de acuerdo a los vecinos de esa localidad ha generado verdaderas ’nubes tóxicas’.

’A esto hay que agregar que hace algunos años, los responsables de la empresa El Espíritu hayan instalado un patio de secado de plomo casi pegado a las casas’.

Otras compañías llevan a cabo acciones similares con el fin de extraer el poco metal que aún queda en los jales que han formado verdaderos cerros en torno a las comunidades indígenas ubicadas en el corazón de la Sierra Gorda de Hidalgo.

’La comunidad de La Alberca es afectada directamente por la minera Sago; La Manzana La Sabina de Mezquite Primero por Carrizal Manning; y El Chapinque por las mineras La Purísima, El Espíritu y Preissan’ agregó Alejandra Rojas.

Hilario Encarnación Nieves, presidente del CUZ denunció que la empresa Purísima ’está haciendo un hoyo en un jale inactivo para colocar más desechos, provocando tolvaneras que afectan a la gente que vive en la comunidad de Santa María’.

Beatriz García Ibarra representante de la comunidad de Tolimán, municipio de Zimapán aseguró que su comunidad es afectada también por Sago, La Purísima y Preissan, cuyos jales han contaminado las aguas de un arroyo.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/en-zimapan-mineras-provocan-tolvaneras-contaminantes-por-remover-jales/

Chile

Proyecto de ley sobre protección de glaciares incluye excepción para explotación minera

El viernes pasado venció el plazo para ingresar indicaciones el proyecto de ley de que busca establecer normas de protección para los glaciares y su entorno, como reservas estratégicas de agua dulce, en la Comisión de Minería y Energía del Senado.

Las indicaciones del Ejecutivo impedirían la realización de proyectos que afecten a los cuerpos de hielo en regiones vírgenes y parques nacionales, además de su remoción, traslado y cubrimiento.

Sin embargo, habría una excepción que permitiría a la Dirección General de Aguas entregar un permiso sectorial que autorice proyectos en glaciares rocosos, como es el caso de la minería, en base a ciertas “condiciones técnicas”.

El presidente de la comisión, el senador socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que, más allá de las indicaciones en particular, el proyecto debe priorizar el resguardo de los glaciares, a la actividad económica.

En tanto, uno de los autores del proyecto y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Alta, el PPD Guido Girardi, acusó al Gobierno de favorecer los intereses industriales a través de resquicios legales.

La iniciativa debiera votarse, a más tardar, a mediados de octubre para luego volver a la Comisión de Medio Ambiente.

 

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/09/15/proyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-glaciares-incluye-excepcion-para-explotacion-minera.shtml