Perú

La dictadura de las empresas mineras en el Perú

En los últimos días el tema minero nuevamente se ha puesto en agenda pública; en especial, a partir de los conflictos sociales generados en Las Bambas en Apurímac, pero también por el incremento de la conflictividad a nivel nacional.

Los 10 años de lucha frente a la imposición del proyecto minero Tía María conmemorados el 23 de marzo en Cocachacra, Arequipa; las articulaciones en las provincias andinas de Piura que impulsan una próxima paralización en rechazo al proyecto minero Río Blanco; las protestas de las poblaciones y comunidades en Moquegua; Cajamarca; Pasco; Junín; por el impacto de la contaminación y de los pasivos ambientales mineros en la salud de las personas, en particular de los niños; son sólo algunas de las protestas sociales que van incrementándose. Todas esas luchas generadas o por incumplimientos de acuerdos de las empresas y el Estado con las poblaciones afectadas, o por falta de decisión, o más bien por decisiones políticas que ha tomado el gobierno para no responsabilizar a las empresas mineras a fin de no afectar el negocio minero.

En necesario abrir los ojos y percatarse qué sucede en el gobierno y tener claro quién gobierna hoy en día para mantener ésta situación de impunidad. El caso Las Bambas ha desnudado públicamente lo que era un secreto a voces: son las empresas, fundamentalmente mineras, y los gremios empresariales, que en el caso de la CONFIEP tiene como su presidente al empresario minero Roque Benavides, los que toman las decisiones en materia de política económica y social en el país. Esto se ha agudizado desde la asunción de Kuczynski en el gobierno y con la continuidad Vizcarra.

Luego de dos días de discusión en Lima con el Ministerio de Energía y Minas y otras instancias de gobierno; y como fue público, cuando ya se había avanzado el diálogo para llegar a acuerdos con la población afectada, que exigía a la empresa que cumpla acuerdos y al Estado que haga respetar sus derechos, como nos confirmara el Viceministro de Minas Incháustegui; se produjo la detención del presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo.

Hemos planteado desde la Red Muqui en un comunicado que se debe investigar y establecer las responsabilidades de dichos abogados, si las hubieran; pero lo que sí se evidencia es que en el gobierno hay al menos dos puntos de vista muy diferentes sobre las estrategias a seguir para abordar los conflictos. Una estrategia que busca diálogo y acuerdos y, otra; confrontacional, presionado por las empresas y sus gremios, que pareciera tener como figura emblemática al nuevo flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, que busca sí o sí llevar adelante los proyectos sin evaluar las consecuencias de dicha decisión.

En su momento el propio Presidente Vizcarra y el Ministerio de Energía y Minas planteaban públicamente que impulsaban llegar a un acuerdo dialogado en el caso Las Bambas. ¿De dónde llegó la orden de aplicar en éste momento la estrategia de criminalización de la protesta? ¿Fue por encima de la disposición de Vizcarra? ¿Qué papel juega actualmente el Premier Del Solar en el gobierno? ¿Quién puso a Del Solar en la PCM, el Presidente Vizcarra o se lo impusieron las empresas mineras y los gremios empresariales?

Durante el gobierno del Fujimorismo fue el momento más álgido de la cooptación del poder por parte de intereses fácticos. Los diversos gobiernos no han estado exentos de ello, pero éste momento del gobierno actual ha mostrado no tener respuestas a dicha presión, y más bien ha sido servil a la toma del poder de parte de las empresas; que genera una verdadera dictadura, que se puede comprobar con marcos normativos y políticas como la Política Nacional de Competitividad y Productividad con el D.S. N° 345-2018-EM; la flexibilización de estándares ambientales y sociales; y con la “Visión Minería al 2030”, que plantea un enquistamiento en el poder por lo menos hasta el 2030.

Es urgente tener clara la situación para ejercer una defensa del Estado de Derecho, porque el Estado debe recuperar su rol garante de derechos de las peruanas y peruanos, según lo establece la Constitución, y no puede seguir en manos de intereses que sólo buscan su propio beneficio.

 

Fuente:Red Muqui.org

Mexico

Municipio de Ocotlán ¡Declarado Territorio Libre de Minería!

Hermanas y hermanos de Ocotlán, Oaxaca hemos recibido el comunicado que con motivo del 100 Aniversario de Emiliano Zapata han distribuido, en el que dan a conocer, que a través de un acta de Sesión Solemne de Cabildo el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, el Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales y la comunidad de Magdalena Ocotlán declararon al Municipio como “Libre de Minería”.

En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería nuestros corazones están de fiesta y les hacemos llegar una felicitación, un gran abrazo y nuestro agradecimiento por este logro y por la lucha ejemplar que han venido dando con el firme propósito de defender su tierra, sus bienes naturales comunes, su autonomía, su libre determinación y su cultura zapoteca. Nuestras luchas se hermanan en contra del modelo extractivo que hoy como nunca amenaza con más fuerza.

Este acto se suma a la defensa por la vida que a lo largo y ancho del país se viene realizando por declarar “Territorios Libres de Minería”, por evitar que los consorcios mineros de capitales de privados mexicanos y extranjeros sigan saqueando y devastando nuestros bienes comunes naturales; por defendernos del despojo de la tierra, el agua, el aire, el ambiente sano, de los procesos identitarios ancestrales. La minería nos arranca todo, todo lo que somos como pueblo, como comunidad, como nación.

Nos unimos a su demanda de cancelación de todas las concesiones mineras en sus comunidades y por la salida del consorcio minero Fortuna Silver Mines-Cuxcatlán que desde 2009 impacta gravemente su territorio.

¡POR MÁS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡Cancelación Total a las Concesiones Mineras en México!
¡No Más Proyectos de Muerte!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/municipio-de-ocotlan-declarado-territorio-libre-de-mineria/

Mexico

No a la mina (II) -La Última Trinchera

La Paz,  (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social.

La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

 

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que:

“EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

 

Fuente:http://www.culcobcs.com/educacion-y-sociedad/no-a-la-mina-ii/?fbclid=IwAR3PDb0tZf3YCKM8O3fxQRs8RXpbxeepidlJr6hXJsZSp8xrg-PDd0l2uXI

Brasil

Brumadinho 70 días después: Infinitas realidades de un mismo crimen

Más de dos meses pasaron desde el 25 de enero. Hace más de dos meses que la vida de las personas de la región de Brumadinho (MG), se estacionó en el crimen cometido por la minera Vale do Rio Doce, de la represa Córrego do Feijão. Dos meses después del  “alboroto” de la prensa tradicional y su cobertura cuantitativa: Número de muertos, desaparecidos, supervivientes, inversiones que cayeron, “dineros” perdidos.

De acuerdo con el informe de la SOS Mata Atlántica, divulgado en el último día 22 de marzo, el rompimiento colocó casi 13 millones de metros cúbicos de desechos de minería en el río Paraopeba, dejando el ecosistema local devastado, muerto.

Se detectó la concentración de hierro, manganeso, cromo y cobre, además del nivel de turbidez del agua sobrepasando los límites legales establecidos por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama).

Alzira de Fátima, residente de la región cuenta que en los primeros días después de la ruptura, era posible ver pedazos de cuerpos humanos y muchos animales pasando por el curso del río. Ahora pregunta lo que será de ella, que cocinaba para los pescadores y se quedó sin ninguna renta. Al mostrar el cultivo de mandioca que tiene en el patio, pregunta: ¿Crees que puedo comer eso? No tengo el coraje… Está tan cerca de ese río contaminado. Debe estar contaminado también”.

En el caso del río Paraopeba, hay muchas personas cuyo sustento dependía de él. Pescadores, habitantes del lecho del río que vivían de la economía local generada por la pesca o plantaban su propio alimento, ahora aguardan los desdoblamientos.

Por medio de un Fondo de Respuesta Rápida de ACT Alianza, desde finales de abril el Foro Ecuménico ACT Brasil (FEACT), con la coordinación de KOINONIA, está actuando junto al Movimiento de Afectados por Represas (MAB), con apoyo psicosocial, distribución de agua y alimentos para familias afectadas.

Además, el trabajo también se dio en alianzas con el Ministerio Público (MPF), la sección local de Minas Gerais de la oficina del Defensor del Pueblo (DPU), la Iglesia Católica y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC-MG).

Débora Matte es psicóloga de formación y actuó como orientadora y monitora de los equipos de atención psicosocial de la articulación MAB/FEACT – KOINONIA.

En cuanto a la naturaleza, Débora cuenta como se sintió al ver aquellos árboles de guayaba en el patio de una de las casas que fue a visitar durante el trabajo del grupo del apoyo psicosocial, “será que la gente no va a acabar comiendo esa guayaba en alguno tiempo? ¿Tiene una huerta llena de lechuga en el patio, ellas no van a nunca más poder tomar una hoja para colocar en el plato? “.

El MAB acompaña, denuncia y auxilia a las personas afectadas por el crimen en Brumadinho desde el 25 de enero, por medio de los equipos de voluntarios/as que se desplazaron a toda la cuenca del río Paraopeba y lo largo del río São Francisco, donde el lodo y la contaminación comienzan a llegar, dos meses después de la ruptura.

Desde enero, cerca de 760 familias están siendo acompañadas con apoyo psicosocial por medio de visitas a las casas; en el amparo a los habitantes en necesidades de emergencia, como para mantener la unidad de las comunidades y ayudar a la acción de los comités comunitarios locales; apoyo en asambleas para acceder a informaciones sobre desaparecidos, entre otras demandas específicas.

En la distribución de alimentos y agua potable fue posible alcanzar un número de 1390 familias atendidas, sumando las alianzas con las iglesias.

Considerando lo que sucedió en Mariana, es fundamental la presencia de organizaciones sociales, entre ellas las ecuménicas, para sumar y garantizar que la población no quede desamparada y vulnerable a los acuerdos propuestos por la Vale. La presencia de las Iglesias, del Movimiento de Afectados por Represas, Foro Ecuménico, entre otras, garantiza un equilibrio en la región y un apoyo para el protagonismo de las personas afectadas luchando por reparaciones y compensaciones.

Una de las conquistas fue la negociación junto a las comunidades y al Ministerio Público para indemnizaciones y medidas compensatorias por la Vale en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Después de la decisión judicial, Vale deberá pagar:

  • Para las personas del Municipio de Brumadinho, mensualmente por 12 meses

– Un salario mínimo para cada adulto;

– Medio salario mínimo ( sm) para cada joven o adolescente;

– y 1/4 de salario mínimo para cada niño/niña.

  • Para las personas a lo largo del Paraopeba, que viven en un radio de 1 km, a cada lado del canal de río:

– Las mismas indemnizaciones provisionales decididas para Brumadinho: 1 s.m. por adulto, 1/2 s.m por joven o adolescente y 1/4 s.m. por niño, mensualmente por 12 meses.

Los crímenes como lo que ocurrió en Brumadinho no son aislados ya que la lista de impactos y amenazas provocadas por grandes empresas en relación al uso de bienes comunes no es pequeña en Brasil ni en otros países de América Latina. Mientras estos países sean tratados y legitimados como quintal de empresas como la Vale, crímenes como Brumadinho y Mariana, continuarán ocurriendo.

¿Y las vidas que quedan?

Débora y otros socios relataron que se hizo común en la región oír historias de niños dibujando cuerpos, sangre y helicópteros, en una señal clara de la experiencia vivida. La moradora Sara de Souza Silva cuenta sobre el trauma en sus hijos, que ya no pueden dormir solos.

“Para mí, Vale tenía que sacar todo el mundo de aquí. ¿Cómo los niños van a crecer con ese recuerdo? ¿Cómo va a quedar la cabeza de ellas en medio de ese fango? “.

La región presenta escenarios distintos y complejos. En el centro de Brumadinho, la vida intenta mantener una normalidad, y las familias de la región de la Córrego do Feijão piensan en cómo seguir de aquí en adelante.

La relación con el gobierno local y la compañía Vale hace las cosas más difíciles, ya que ambos demostraron intereses mutuos en el debilitamiento de las negociaciones de mitigación. La población afectada está participando en comités (10 comités con una media de 100 familias cada uno) formados con la ayuda de la articulación del MAB/FEACT – KOINONIA desde la primera semana después del desastre.

Se comprobó que la minera responsable se infiltró con falsas víctimas en comités familiares, utilizó control digital ilegal, movilizó móviles donde había un trabajo del equipo psicosocial con niños y contrataron profesionales psicosociales. Ocasionando un flujo de voluntarios externos muy grande, con la propia comunidad relatando incomodidad con la situación.

La articulación MAB/FEACT – KOINONIA no sólo mejora la acción de coordinar las listas de familias atendidas y servicios de abogacía libre, pero también procura garantizar una contribución más sostenible a largo plazo, ya que con la experiencia adquirida en casos semejantes, la reconstitución y garantía de derechos puede tardar años.

Débora cuenta que se conocieron como “el personal de la casita”, pues se acabó estableciendo un círculo de confianza con la comunidad. “La gente acaba creando un vínculo con las personas. Las familias querían que la gente fuese en los velorios con ellas, se sentían seguras cuando veían al personal con nuestra camiseta. Llamaban a la gente a ir en las casas. Entonces ellos ven a la gente y ya saben que son personas con quienes ellos pueden conversar”.

Es necesario oír el dolor de las personas, y nosotros estamos allí para eso

Escuchar con empatía. Este es el verbo más utilizado por Débora cuando cuenta sobre el trabajo realizado por el equipo del apoyo psicosocial. Un dolor que no puede medirse, pero puede ser escuchado.

“Y cuando las operaciones terminen y la gente se olvide?, era una pregunta que Débora dice haber escuchado con frecuencia. No sólo ella, sino otras personas del equipo.

El apoyo psicosocial del MAB está allí para oír y dejar que aquellas personas sientan ese dolor. El momento es de dolor, y ellas necesitan sentir eso, estamos allí para sentir eso con ellos. Si no va a convertirse en un síntoma psíquico en algún momento después, no tiene como abrazar ese momento. Estamos allí para animar a la gente a hablar de sus dolores, ¿como ellos, como comunidad pueden organizarse para enfrentarlo juntos? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las demandas?

Incomoda aquel discurso que dice que la persona tiene que dar gracias a Dios porque no murió. Ella no murió, pero su vida está destruida. Perdió prima, tío, abuela, perro, la casa, la tierra. No es sólo dar “gracias a Dios”.

Nuestro papel es dar protagonismo a lo alcanzado. Porque normalmente son personas que no están acostumbradas a ser protagonistas. Es el mayor apoyo psicosocial que podemos colaborar con ellos. Hay muchas entidades que quieren colocar a esas personas en el papel de débiles. Y ese papel no favorece a la persona, ella necesita hablar y entender lo que está pasando.

La ciudad respira, despierta, duerme, almuerza y cena el crimen

El centro de operaciones de rescate está en la ciudad de Brumadinho. Entonces no tiene pausa, los helicópteros no paraban, usted estaba en la misa y los cuerpos sobrevolaban sobre usted; usted estaba hablando con las personas en la calle y pasabs otro cuerpo volando. Porque aunque estén en las bolsas, sabes lo que es. Y la gente está a la sombra de eso.

Otra cosa frecuente allí eran las sirenas. De madrugada, llovía, tocaba una sirena. Y nadie sabía el motivo de la sirena, no tiene ningún tipo de preparación para huir si otra cosa sucediera, no tiene entrenamiento de ruta de fuga, por otra parte, la otra minera vecina, de la MIB, continuó funcionando hasta que la justicia bloqueó su operación.

Hubo una noche que fui a conversar con un bombero, yo y un periodista, porque la gente escuchó un ruido extraño. Y la población allí,  a la merced de las otras represas, de la falta de información. Es lo que me parece más cruel, la falta de información de Vale para con las personas.

Familias que perdieron cuatro, cinco personas. Es una situación que no tiene pausa. La vida de las personas hoy es la ruptura. Se detuvo el día 25. Todo el mundo conoce a alguien que murió. De dos a cinco velorios al día. El olor de la muerte está allí, aquel olor de pudrición.

Usted se lava el pelo y el pelo no se limpia

El agua que llega a la casa de la gente, nadie sabe de dónde viene. La Vale daba una noticia, pero de ahí nadie tenía confirmación de qué tipo de agua estaba siendo distribuida. Nadie veía el tal del camión abastecer.

No sabía si el agua era buena o mala, entonces el pedido era no beber ni cocinar, para eso sólo con agua mineral.

Yo me ensucié una parte de mi piel con el fango en uno de los días, y no salía. Me quedé tratando de sacar la mancha por más de 4 días. ¿Y quién vive allí? Eso está en el patio de su casa. Incluso tiene familia en el Córrego do Feijão que está viviendo sobre el lodo. Porque no quiso salir de allí, y es un derecho de ella. ¿Usted toma una familia entera y pone en un hotel, y después? El hotel es para una situación provisional. No es una cosa para que te quedes un mes, dos meses.

Las raíces de las personas fueron invadidas por el lodo, es el bien material e inmaterial

Para la Vale, quien es alcanzado es el agricultor. O las personas que perdieron un familiar o las que perdieron una casa. Pero hay alcanzados visibles y también los invisibles. Por ser una comunidad de interior, las personas viven mucho de subsistencia.

Prácticamente todas las casas tienen gallinas, huertas, frutas, y todo eso queda prohibido para el consumo. ¿Y cómo quedan esas familias y esos alimentos que son de ellas y ellas ya no pueden consumir? Porque eso es un tipo de renta que no es posible de ser comprobado.

Por ejemplo, un señor vino a buscar a la gente porque estaba teniendo problemas en el trabajo. El jefe estaba amenazándolo porque no estaba consiguiendo ir a trabajar por la falta de transporte.

Con el rompimiento de la represa, la carretera que conecta el Córrego do Feijão al centro de Brumadinho quedó prohibida. La gente tardaba dos horas en llegar al centro. Se quedaron aislados. No tenía autobuses, y no todo el mundo tiene coche.

Y tuvo una pelea en la justicia para que Vale suministrara transporte a la población. Siempre decimos a las personas que pueden exigir este tipo de cosas. Es un derecho de ellas. Porque en la cultura brasileña tiene una cosa que parece que la gente no conoce sus derechos. Entonces la persona se queda a merced.

Incluso explicarles que no necesitan un abogado, pueden contar con la defensa pública. Ellas pueden hacer una comisión, recurrir colectivamente, porque el colectivo tiene más fuerza que el individual. Y eso acaba protegiendo.

 

Fuente:http://alc-noticias.net/es/2019/04/12/brumadinho-70-dias-despues-infinitas-realidades-de-un-mismo-crimen/?fbclid=IwAR1A5vAHbCWPUgn6TdEVvqouP9d9h85s6tVVUvsp8JUgUmY78ByygllnU-Q

Perú

Las Bambas: demandan que se archivan denuncias contra comuneros

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, en la región Apurímac, Gregorio Rojas, advirtió un nuevo bloqueo de vías de no archivarse las denuncias penales efectuadas contra los comuneros que participaron en protestas durante los últimos años contra Las Bambas. Según Rojas, 500 comuneros se encuentran en esta situación.

“El primer ministro, Salvador del Solar, se comprometió a dar soluciones. El primer punto de los nueve es el archivamiento de las denuncias penales de la provincia de Cotabambas, sobre todo de la comunidad de Fuerabamba. Hasta hoy no tenemos ninguna solución, ni del Estado ni de la empresa”, dijo la autoridad comunal.

“El 24 deben estar también los señores del Poder Judicial, para que nos den solución y expliquen la manera de archivar las denuncias. Son gente mayor los denunciados, no somos terroristas”, añadió Rojas.

Frente a estas declaraciones, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante, dijo estar sorprendida por las declaraciones de Gregorio Rojas, pues el diálogo ha continuado y se están cumpliendo los acuerdos, entre ellos la instalación de la Mesa Técnica de Justicia de Derechos Humanos.

“Nos sorprende las declaraciones del presidente de la comunidad de Fuerabamba, ya que el diálogo ha continuado y venimos cumplido todo aquello a lo que nos hemos comprometido, como el acuerdo del 6 de abril. Hay acuerdos del 11 (de abril) con el primer ministro en Challhuahuacho, y parte de esos acuerdos fue instalar la Mesa Técnica de Justicia de Derechos Humanos en Challhuahuahco en la provincia de Cotabambas”, dijo Bustamante. Asimismo, recordó que la comunidad pidió que en la Mesa de Justicia de Derechos Humanos participe el Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Se tuvo un diálogo el martes, el miércoles continuó y se programó para el 24 de abril. Nos solicitaron que invoquemos al Poder Judicial y al Ministerio Público (asistir a la reunión). Se han suscrito las cartas, están en proceso de entrega y esperaríamos que producto de la solicitud puedan participar”, detalló la ministra.

Recordemos que el pasado martes 16 de abril la mesa instalada terminó de manera accidentada debido a que no habían sido considerados varios dirigentes de comunidades como Fuerabamba y los asistentes reclamaron que la encargada de la mesa, la ministra Paola Bustamante estuviera ausente.

El miércoles 17, representantes del Ejecutivo y los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca y Antuyo, se reunieron en Nueva Fuerabamba, en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, para acordar la instalación de la mesa de justicia y derechos Humanos.

Ese día, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, dijo que las comunidades “han insistido mucho” en que los representantes del Poder Judicial y Ministerio Público lleguen a Cotabambas para explicar la situación de los casos de los comuneros denunciados.

Bustamante dijo también que hay una presión muy fuerte por la liberación de los ex asesores legales de Fuerabamba, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, detenidos en Cusco tras un mandato de prisión preventiva por 36 meses. Por último, recordó que se mantiene el compromiso del diálogo y anunció que este lunes estarán en Cusco y el martes en la provincia de Espinar para continuar con el cronograma de acuerdos.

Del Solar sobre Las Bambas

Por su parte el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, pidió a los comuneros de Challhuahuacho no hablar con amenazas y continuar apostando por el diálogo para solucionar el problema del proyecto minero Las Bambas. Aseguró que en la reunión del próximo miércoles con los comuneros de Challhuahuacho estará presente el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien les explicará lo que su sector puede realizar en el caso de los comuneros con denuncias penales que participaron en las protestas contra Las Bambas.

22 de abril de 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/22/las-bambas-demandan-que-se-archivan-denuncias-contra-comuneros/

Chile

Relaves Mineros, una amenaza durmiente

Comunidades de Santiago y sus alrededores temen el potencial derrumbe de relaves mineros, mientras la empresa Anglo American quiere agrandar los suyos en El Soldado y Los Bronces, a pesar de cuestionamientos de vecinos y la advertencia de servicios públicos.

El 28 de marzo recién pasado se cumplieron 54 años desde que ocurriera, a 132 kilómetros al norte de Santiago, uno de los peores desastres mineros en la historia de Chile. Ese día, tras el terremoto grado 7.4, con epicentro en La Ligua, un relave de desechos tóxicos de la mina El Soldado arrasó con el campamento minero El Cobre, sepultando el poblado con barro tóxico. Murieron entre 200 y 800 personas -dependiendo de a quién se pregunte- cuyos cuerpos en su gran mayoría nunca pudieron ser rescatados. Como todos los años, la semana pasada los vecinos conmemoraron el evento, con una preocupación más actual que histórica: otro tranque de relaves, El Torito, parte de la misma mina, está a punto de ser autorizado a aumentar significativamente el volumen de sus operaciones, a pesar de la tragedia de 1965 y a pesar de graves irregularidades detectadas en 2013 por Sernageomin.

En la capital, en el Cajón del Arrayán y el Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, los habitantes más antiguos recuerdan que en 1987, tras fuertes lluvias, numerosas casas tuvieron que ser evacuadas por el inminente colapso del relave Pérez Caldera ubicado aguas arriba y operado por la minera Disputada de Las Condes (actualmente conocida como Los Bronces), en ese entonces propiedad de Exxon y hoy en manos de Anglo-American, la misma empresa que controla El Soldado (legalmente, llamada Anglo-American Sur).

Uno de los preocupados por la amenaza aún vigente es Armando Aldunate Herrera, vocero de la Asamblea Ciudadana Salvemos Camino a Farellones, quien, curiosamente, a los 17 años, cuando era estudiante del Liceo Manuel de Salas, hizo trabajos voluntarios en la zona del desastre de El Cobre. “No quedó nada”, relata y afirma que tampoco el caso de los relaves de Pérez Caldera, que se ubicaban arriba de su casa, en el camino a Farellones.

MÚLTIPLES ACCIDENTES

Los relaves corresponden al residuo -mineral molido, agua y otros compuestos- que resulta después de la extracción del mineral del material sólido. Se estima que por una tonelada de mineral, sobran 30 toneladas de residuos, que normalmente son transportados por canaletas o cañerías hasta los “tranques”. El manejo de las aguas que se depositan en los relaves (y que pueden contaminar, por ejemplo, las napas subterráneas) y de sus barros, que pueden derramarse, son cruciales para proteger a la población.

El desastre de El Cobre no es único en la historia de Chile. Hay registros de entre 10 a 20 incidentes graves con relaves mineros, entre los que destacan el derrumbe del Tranque Barahona, del mineral El Teniente, que el 1 de diciembre de 1928 cedió arrojando 314.000 metros cúbicos de agua y cuatro millones de toneladas de material sólido sobre la localidad Estación Barahona, que provocaron la muerte de 55 personas. Todo esto antes de los cinco incidentes con relaves ocurridos en el terremoto de 2010, uno de los cuales mató a cuatro personas en Pencahue. Este relave se encontraba inactivo, pero no adecuadamente protegido.

Es más, ni siquiera se conoce cuántos relaves existen en realidad en Chile, la mayoría inactivos o abandonados (como el de Pencahue) y muchos peligrosamente cerca de casas habitadas, centros urbanos y cauces fluviales. Ciertamente ha habido avances, como la creación del Departamento de Depósitos de Relaves que se creó en 2014 en Sernageomin y que sigue catastrándolos (de 450, el 2010 la cifra aumentó a 651 en 2015, y a 740 en marzo de 2018). Registrar los relaves abandonados es vital. De hecho, muchos de los relaves peligrosos -entre ellos el causante de las cuatro muertes en Pencahue para el terremoto de 2010- son antiguos o están abandonados, y no están regulados por la Ley de Cierre de Faenas Mineras, que entró en vigencia el 11 de noviembre del 2014, pero que sólo se aplica a las operaciones mineras posteriores a esa fecha.

Pero aún aún aquellos activos y de operaciones mineras recientes pueden sufrir inesperadas y peligrosas fallas. Así sucedió nada menos que en El Torito, de la mina El Soldado, unos 37 años después de la tragedia del 65.

EL TORITO QUE ACECHA

Jorge Ramírez nació en El Melón hace 43 años. Hasta los doce años corría y jugaba entre el campos y la Carretera aledaña, la 5 Norte. En su adolescencia comenzó a alzarse frente a su casa un enorme muro en que hoy se depositan 181 millones de toneladas métricas de desechos tóxicos de El Soldado. Técnico en electricidad y electrónica, Jorge trabaja en la industria lechera Sopraval y es dirigente del Grupo Ambientalista El Melón, que por años ha intentado evitar que se siga ampliando la operación de El Soldado y El Torito.

Si pudiera, Ramírez se cambiaría de casa, pero el bolsillo no da y no puede vender la suya, porque nadie compra una casa a los pies de un relave. Ramírez y su grupo por años han dicho que El Torito es peligroso y que las operaciones afectan al frágil ecosistema cordillerano de Nogales. Han hecho ver su parecer en múltiples instancias administrativas y legales (una historia detallada de esa lucha se reproduce en carta enviada al Diputado Giorgio Jackson, el pasado 14 de Marzo de 2017).

Una confirmaron de que sus temores son fundados la recibieron Jorge y su grupo nada menos que del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin): “Ese informe me costó como un año conseguirlo”, relata Ramírez. “La empresa llegó a la justicia para impedir que me entregaran el informe técnico de inspección”.

Pero los tribunales le dieron la razón al vecino de Nogales y así pudo tener constancia de las graves irregularidades sucedidas en el embalse El Torito el 3 de Junio del 2013:

“No le avisaron a nadie (de lo sucedido). Estaban todos desesperados”, cuenta. “Por ejemplo, empezaron a sacar relave de la pata del muro para echarlo arriba de lo que se llama coronamiento; o sea, para subirle el nivel al muro de contención y que el agua no fuera a rebalsar”, (como muestra la fotografía).

En lenguaje, técnico el informe reafirma lo señalado por el dirigente ambiental:

“Entre otras, se apreciaron las siguientes desviaciones o deficiencias con respecto a las características del proyecto: “4.1 La geometría del coronamiento del muro no está acorde al diseño aprobado y se evidencia falta de arena en éste. “4.2 La altura de la revancha en algunos sectores del tranque es menor al mínimo de 3 metros, como lo establece la Resolución Aprobatoria. “4.3 Construcción de un pretil o montículo de contención del material de la cubeta de 0,8 metros de ancho, sobre el coronamiento del tranque, no contemplado en la Resolución Aprobatoria. “4.4 Diferencias de cotas en nuevo muro de coronamiento y un desnivel con fuerte pendiente de hasta 41 grados en algunos puntos del espaldón del muro (continuación de la línea del coronamiento). “Además, se aprecia una remoción de material en el pie del muro exterior del tranque, modificando el ángulo del talud externo de diseño del depósito de relaves. “4.5 Un evidente depresión en el talud del muro, en el sector ‘nudo N 10’”.

El informe detectó otra falla, incluso más grave:

“Se observó la presencia de agua cerca del muro interior del tranque a la altura del sector ‘nudo N72, con lo cual se infringe lo dispuesto en el artículo 49 del decreto supremo 248, dado que las aguas siempre deben mantenerse lo más alejado posible del muro de contención. Esta circunstancia constituye una falta gravísima”.

Tras conseguir este informe, los vecinos siguieron peleando contra los nuevos intentos de ampliación de la mina, y de El Torito, por supuesto, aunque en procesos separados. Pero no les ha resultado. La posición del propio Sernageomin ha sido errática: el 30 de enero de 2017, ese servicio emitió la resolución exenta n° 0234/2017 que rechazaba el proyecto “Actualización Explotación rajo abierto” de la faena minera El Soldado, que se había presentado a evaluación en 2014. La resolución acusaba graves problemas de seguridad, entre ellos el “ desprendimiento de 7.250 toneladas de material, ocurrido el día 13 de diciembre de 2016 (que), dejó en evidencia la fragilidad del sistema de monitoreo y reacción, debido a que el centinela desestimó la existencia de riesgo inminente de fallamiento de bancos”. Esa vez, el Sernageomin concluyó que “el proyecto ‘Actualización Proyecto Explotación Rajo Abierto El Soldado’ no da cumplimiento al artículo N° 237 del Reglamento de Seguridad Minera”.

Sin embargo, un par de semanas después, Anglo-American reaccionó a este rechazo paralizando las operaciones de esa mina. Poco después, los planes de la empresa fueron aprobados. Testimonios de empleados de ese servicio acusan de “presiones indebidas” a la multinacional, según se revela en un reportaje de Radio Biobío.

En cuanto a la ampliación de El Torito, el proceso de cuestionamiento, que avanza por un carril separado, todavía no culmina. Como parte de ese proceso y gracias a insistentes peticiones de la comunidad se llevaron a cabo estudios sobre los impactos que produciría el derrumbe del relave (ver gráfico ) y se elaboró un plan de emergencia que se ha dado a conocer en reuniones informativas con la comunidad, con quienes a fines de noviembre se haría un simulacro del colapso del relave.

MIEDO EN EL ARRAYÁN

En el Arrayán la tragedia estuvo a centímetros de desatarse el 14 de Diciembre de 1987, cuando, tras unas fuertes lluvias y una falla geológica provocada por el terremoto de 1985, los tranques de relave Pérez Caldera 1 y 2 estuvieron a punto de colapsar: “Se llegó a estar a 50 cm. de la cota superior de los tranques, lo que habría significado su colapso total”, afirma Armando Aldunate, en un escrito de Agosto del 2013.

El casi colapso de los relaves obligó al desalojo apresurado de decenas de personas, muchas de las cuales subieron a los cerros. “Las familias de pequeños agricultores y obreros de caminos estaban en los cerros desde tempranas horas, alertados por la policía uniformada mediante altavoces”, relataba El Mercurio, el 15 de diciembre de 1987.

De haberse visto sobrepasados los relaves, según Aldunate, habría afectado a amplios sectores de Santiago.

“Los estudios realizados posteriormente, destacaron que el alud de relave habría tenido una altura de 14 m. en la entrada del camino a Farellones, afectado gravemente a las comunas de Las Condes, Vitacura y Ñuñoa”, afirma el escrito del denunciante. “Las autoridades de la época exigieron a Exxon el año 1989, el retiro total de los tranques de relave de la cuenca del Río San Francisco, dado el grave riesgo que significan, indicando que se había dado ‘un plazo de 25 años para ésto, que vence el año 2015’”.

Pero el traslado de la totalidad de los relaves, aún no se completa. Se habría paralizado producto de los escasez de agua de los últimos años pero, según Aldunate, también debido “a los programas de expansión de la mina Los Bronces, que utiliza cantidades mayores de este recurso”. Además, dice Anglo-American habría “llegado a un acuerdo con la exjunta de vecinos del Arrayán, para prorrogar el plazo de evacuación del Tranque Pérez Caldera 2, por 20 años más”, acuerdo que Aldunate estima es improcedente y que se habría mantenido oculto.

La empresa sólo reconoce haber firmado un “avenimiento judicial con Junta de Vecinos El Arrayán” en 1989, cuyo plazo de remoción fue “de aproximadamente 20 años”, sin mencionar las condiciones en que se acordó esta prórroga.

“Sernageomin jamás consultó a las comunidades el parecer respecto a esta prórroga, que no está contenida en el Estudio de Impacto ambiental presentado el año 2006 por esta minera”, escribió Aldunate. “Se supone que los compromisos se cumplen, más aún cuando la vida de muchas personas está en peligro.”

Aldunate, así como otros miembros del grupo Salvemos el Camino a Farellones, conoce al dedillo la RCA 3.519/2007 que autorizó diversas obras de ampliación de la minera, evaluadas en 2006. De hecho, el 30 de marzo de 2015 solicitó a las autoridades ambientales que se revisara la autorización ambiental debido a “la presencia de grandes cantidades de vehículos asociados al Proyecto; buses de transporte de personal, tales como camiones de gran tamaño que impiden subir y bajar simultáneamente por la ruta; ruidos molestos, emisiones de polvo y accidentes en la ruta”.

Uno de estos vehículos, que transportaba cal a la mina Los Bronces, se volcó el lunes 4 de julio de 2012 dando muerte al joven Eduardo Frazier, miembro de Salvemos Camino a Farellones. Una semana después, unas 60 personas se tomaron durante cuatro horas el camino en señal de protesta. “A pesar de lo abrupto y trágico que fue el accidente, se esconde un misterio, una belleza y una fuerza que hoy la familia Frazer Aguilar toma para salvar camino Farellones”, dijeron sus familiares en esa ocasión.

El 11 de Febrero recién pasado, tras casi cinco años de ajetreo administrativo y judicial, el Segundo Tribunal Ambiental falló a favor de Aldunate y sus amigos del camino, y exigió a las autoridades ambientales revisar la RCA otorgada en 2007.

Respecto a los relaves que acechan en los valles cordilleranos, aún no se completa el proceso de traslado.

“La compañía ha trabajado intensamente en los últimos años y ya hemos logrado remover un porcentaje relevante de material”, respondió Anglo-American, ante consultas de este medio, y agrega que estarían “evaluando varias alternativas para acelerar la remoción del material y nos hemos reunido con la comunidad para informar sobre estas iniciativas, así como sobre los controles que se aplican al tranque para garantizar su seguridad.”

Por lo menos cuatro han sido las reuniones denominadas Diálogos de Sustentabilidad de Lo Barnechea. que ha organizado la empresa y la municipalidad con los vecinos, en que, entre otros temas, han mostrado un detallado Power Point con el avance en la remoción parcial de los relaves Copihue, Pérez Caldera 1 y Pérez Caldera 2.

Pero lejos de calmar los ánimos, y dado acontecimientos recientes tales como los desastres de los relaves mineros que colapsaron en Brasil, la persistente disminución del agua en el sector, las permanentes molestias y accidentes provocados por los camiones de la empresa, y la inminente expansión de la operación minera, la comunidad está enardecida.

LO QUE VIENE

Así como en El Soldado, Anglo-American también tiene planes de expandir sus operaciones en la alta cordillera sobre Santiago lo que, según informes de prensa, los llevaría a aumentar su producción desde los 365 mil toneladas de cobre fino hasta 500 mil toneladas en pleno funcionamiento. “No es un proyecto de expansión”, dice la empresa a la pregunta de The Clinic, respecto de cuándo ingresarán a evaluación ambiental la ampliación de sus operaciones. “Se trata de un proyecto de reemplazo, que utilizará la misma capacidad de plantas, de depósito de relaves y optimizará el uso de energía, agua e insumos y que no requerirá solicitar nuevos derechos de agua”.

Expansión o reemplazo, lo cierto es que los planes tienen en pie de guerra a los vecinos del Arrayán y en una fuerte campaña defensiva y de relaciones públicas -incluídos ofertas de viajes en helicóptero a sus detractores, que finalmente se desplazaron en buses- por parte tanto de la empresa, como de Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, quien está en la mira de sus votantes, por los miles de millones de pesos que ha recibido su comuna y el municipio de parte de la empresa.

Los cálculos de los montos donados por Anglo-American para “aportar activamente al desarrollo de las comunidades cercanas” se calculan en entre los 3 mil a 4 mil millones de pesos. La compañía aclara a The Clinic que los “aportes son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos y por los controles internos que aplica la compañía para asegurar que los recursos sean utilizados en los proyectos definido.”. La empresa, aunque en principio se rehusó a precisar los montos, ante la insistencia reconoció un aporte aporte promedio, entre 2014 al 2018, de U$1,125 millones anuales a diversos proyectos en la comuna.

La desconfianza que provoca la historia de las relaciones entre la administración de Felipe Guevara se hace evidente en la reunión entre unos 50 vecinos de una de cinco juntas de vecinos afectadas y el alcalde Guevara, que tuvo lugar el pasado lunes 1 de Abril, en las dependencias de la una iglesia en la calle El Cajón de Barnechea.

“El tema del relave es algo para nosotros realmente preocupante. No nos sentimos protegidos ni cuidados por la alcaldía respecto a los perjuicios gravísimos que esa extracción minera puede producir en El Arrayán”, planteó en ese encuentro, con fuerza, pero mucha clama, un joven abogado. “Lo que nos interesa saber cual es la postura de fondo (de la alcaldía). El tema de fondo es: ¿La favorezco, la apoyo, la rechazo, me uno a los vecinos para rechazarla?¿Qué debemos hacer para que esa actividad minera no prospere?”.

El Alcalde insistió en que su posición “va a ser siempre de defensa de la naturaleza, como hicimos con los Cerros Islas, como lo hicimos con los glaciares”, recordando también su oposición pública al proyecto Andina 244 de Codelco. “En segundo lugar nuestra posición va a ser siempre técnica. Se habla mucho, pero dónde están los papelitos”, pregunta con dureza, agregando, enojado, al ser presionado respecto a la necesidad de mayor fiscalización por parte del Municipio a la minera y sus impactos en los glaciares y el agua: “No estoy en contra de una actividad que es lícita ¡No soy partidario de lo que hizo la Unidad Popular de ir a estatizar la actividad minera, no estoy por eso!”, afirmó el edil, que ya cumple su tercer período al mando de una de las comunas más ricas del país. Hacia el final de la reunión el Alcalde y los vecinos acuerdan complementar sus esfuerzos para participar en la evaluación ambiental del proyecto de expansión que se decía se presentaría en marzo y que ahora se plantea para alguna fecha del primer semestre.

 

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=60

Mexico

Incendio en Alto Lucero evitaría desarrollo de Caballo Blanco y El Cobre: Pronatura

Elisa Pérez Barbosa, directora de Pronatura-Veracruz dijo que esperará los resultado de las investigaciones sobre si el incendio en donde se ha afectado a 800 hectáreas en Alto Lucero, fue provocado o fue accidental ya que se encuentra en el espacio de los proyectos mineros Caballo Blanco y El Cobre, pero ante los daños ocasionados, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico, las mineras no podrán utilizar esos cerros porque no se puede hacer un cambio de uso de suelo y por ley las autoridades pueden emitir una declaratoria de sitio para restauración ecológica.

La zona del incendio queda exactamente en el sitio en donde se ubican los proyectos mineros, pero los expertos en incendios, con el recorrido en campo, de satélite, las fotografías aéreas pueden definir si fue un accidente, fue natural o fue provocado, esperaremos a que den los dictámenes, sostuvo Pérez Barbosa.

La directora de Pronatura comentó que ante un incendio los ecosistemas tienden a regenerarse de manera natural, si se les deja y no se interviene, el ecosistema va a tomar su tiempo pero va a regresar, además por ley cualquier lugar que haya sido afectado por un incendio, tiene prohibido hacer un cambio de uso de suelo forestal, tiene que esperar hasta 20 años.

El artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que impide que se cambie el uso de suelo y por otra parte la legislación considera que cuando la zona está afectada, cuando se presentan importantes signos de degradación, cuando es un ecosistema único, las autoridades pueden emitir una declaratoria de sitio para restauración ecológica y eso solicitaremos a las autoridades, dijo Pérez Barbosa.

La zona que se está quemando, al parecer –comentó–, es la zona de encinales tropicales, ese ecosistema es único en el Golfo de México, hay cícadas que están en peligro de extinción y es una zona de corredor migratoria de aves y con el incendio se pierde habitad para las aves y muchas especies que encontraban allí refugio y de parada de aves migratorias, como águilas, halcones, entre otras.

Fuente:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190417_074321_740&fbclid=IwAR2_UzzrvcwJph0ARwkuDjd3Lk6bbHj28ruvSc_BbRDoP9I3Qy4s8vHAG90
Perú

Gobierno no da garantías para diálogo en Las Bambas

Después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas en el corredor minero sur de la provincia de Cotabambas, Apurímac; el día de hoy se frustró el inicio del diálogo en el distrito de Challhuahuacho.

Durante el desarrollo inicial de la mesa de “Diálogo y cumplimiento de compromisos” que tenía que tocar el tema de justicia y derechos humanos y abordar la constitución de las otras mesas técnicas en base a los 9 puntos de la plataforma de lucha señalados por las comunidades, municipalidades y gobierno regional, que el gobierno aceptó el viernes 12 de abril; los presidentes de las comunidades de Cotabambas y autoridades locales, se dieron con la sorpresa de la ausencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue la ministra designada por Salvador del Solar y la PCM, para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos arribados el viernes pasado. El representante del ejecutivo que dirigió la reunión fue Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, quién se encontraba junto al viceministro de Justicia.

Asimismo, los dirigentes de las comunidades denunciaron que el Decreto Supremo N° 075-2019 PCM, emitido el día de hoy a través del diario El Peruano, que conforma la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, restringe la participación de los representantes de las comunidades en el desarrollo de las mesas técnicas al limitar la participación de sólo una persona en representación de las más de 50 comunidades que han realizado las protestas por diversas afectaciones que la actividad minera ha generado en sus pueblos, y designa la participación de 5 representantes del ejecutivo, señalando la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el vice ministro de Gobernanza Territorial y un representante del Ministerio de Justicia, Salud y Transportes y Comunicaciones; que no es lo que demandaba la gente al solicitar la presencia de los ministros para llegar a soluciones efectivas y no pase lo que ha sucedido con anteriores mesas de diálogo en que se han firmado actas pero al final no se han implementado los acuerdos arribados. La conformación de La Comisión Multisectorial la observamos en el artículo 4.

Por estas razones y porque los representantes del ejecutivo, a través de la policía, no dejaron ingresar a los representantes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Tunanmarca a la mesa de diálogo; en palabras de Gregorio Rojas, denunciaron lo que ellos llamaron un atropello. Los diversos dirigentes que se encontraban dentro del local comunal donde se llevaba a cabo la reunión, señalaron:”nos retiraremos de esta mesa de diálogo, mejor que participe solo el gobierno con su Decreto Supremo por que no considera a las organizaciones sociales”, increpó el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincias de Cotabambas, Victor Limaypuma. Otro dirigente,David Huamani, remarcó: “no queremos más discriminación por parte del gobierno central”.Allison Abarca, de la organización de mujeres de la provincia de Cotabambas. agregó: “queremos respeto a todos los distritos de la provincia, no vemos representantes del ministerio, queremos al ministro de justicia”

Los representantes de las 3 comunidades que no dejaron ingresar a la mesa de diálogo, estaban a la expectativa de tocar el tema de justicia y derechos humanos por los cientos de criminalizados a través de diversas denuncias que ha entablado la empresa y la fiscalía por las diversas protestas en los últimos años.

La dirigente comunal Lisbeth Abarca señaló: “Queremos desarrollo de la provincia de Cotabambas. También somos denunciados. Queremos a los representantes de gobierno central no queremos a los funcionarios”

Desde Red Muqui señalamos que el diálogo es fundamental, pero debe darse en equilibrio con la participación de los representantes de las comunidades sin restricciones; comunidades que han mostrado organización y voluntad de diálogo para dar solución a los problemas que ha desencadenado la actividad minera. Asimismo, el gobierno del presidente Vizcarra debe ser responsable con la participación de los ministros designados para dar seguimiento y cumplimiento al desarrollo de las mesas; en especial la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue designada públicamente en la asamblea del viernes en Challhuahuacho y también está designada oficialmente en el Decreto Supremo. También deben participar los ministros implicados en los ejes de Salud, Transporte y Justicia, que son las principales afectaciones que tienen las comunidades por el desarrollo de la actividad minera y el abandono del Estado.

Por estos motivos desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:

  • La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenido de las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y, así, tomen decisiones informadas.
  • Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres. Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
  • Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo, pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo.
  • Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.

Finalmente, desde Red Muqui planteamos nuestra preocupación ante lo acontecido el día de hoy y frente al Decreto Supremo que restringe la participación de los representantes de las diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas y de los alcaldes municipales.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/872-gobierno-no-da-garantias-para-dialogo-en-las-bambas

Mexico

Ambientalistas dicen no a la instalación de minerías

En la jornada de resistencia, que este martes se realizó en Palma Sola, a la que se sumó la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Nautla, Bobos y Tecolutla.

La Alianza de Comunidades en Defensa del Río Nautla, Bobos y Tecolutla estuvo presentes en la jornada de resistencia, que este martes se llevó a cabo en Palma Sola, del municipio de Alto Lucero, donde se reunieron más de dos mil ambientalistas para pronunciarse en contra de la instalación de minas, informó el presidente de la asociación civil, Rene Belin Capitaine.

Detalló que uno de los acuerdos que se tomaron en la asamblea, es solicitar al gobierno estatal y federal la cancelación de las concesiones que en administraciones anteriores fueron autorizadas.

“Acudimos a Palma Sola, un poco más de 80 personas de la defensa del río Bobos para respaldar a los compañeros de Alto Lucero, por la afectación que tendrían por las minas a cielo abierto que pretenden haya empresas extranjeras llevar a cabo, lo cual sería una gran contaminación tanto ambiental como del agua, estuvimos más de mil 500 personas de los que se anotaron, pero pudimos observar que habían más de dos mil personas.

El acuerdo principal es poner una carta de exigencia a Andrés Manuel López Obrador y a nuestro gobernador, Cuitláhuac García Jiménez para que se cancelen las concesiones, porque una cosa es que ya lo haya anunciado nuestro gobernador en varios videos que se opone a las minas, pero falta que lo ponga por escrito, en ese sentido se está pidiendo que se intervenga, se tiene que revisar cómo se dieron los permisos, si se dieron de forma correcta o hubo anomalías y por otro lado legislar para que se echen abajo dichos permisos”.

Dijo que estos proyectos representan un riesgo para todo el estado, debido a las afectaciones que podrían generar a los recursos naturales.

“Exigirle al gobierno que se cancelen las concesiones mineras, pero la petición viene siendo a nivel nacional puesto que tenemos afectación de minas por todos lados, mucha concesión por los gobiernos anteriores y estamos en riesgo, nosotros mismos en los ríos Bobos, Nautla, Tecolutla y Misantla nos veríamos afectados por las minas a cielo abierto que también hay concesiones en la parte alta, en el territorio poblano, entonces es importante la suma de esfuerzos a nivel nacional para poder para este tipo de proyectos de muerte que causa muchos daños al medio ambiente y a la salud”.

Advirtió que las organizaciones continuarán con la lucha ambiental, para que estos y otros proyectos no sean autorizados.

 

Fuente:https://www.msnoticias.com/news/241872?fbclid=IwAR2dYHZCVzlydphGXMOt2BLJBBYvIN5lruWjDzJsi1DECUSo2BeDN9wvawg

Perú

Detectan otros 26 niños con arsénico en el cuerpo en Moquegua

Alcalde del distrito de Chojata pide a las autoridades de Salud intervenir para determinar causa de contaminación. De acuerdo al informe, de los 27 escolares  sometidos a la prueba, solo uno resultó con bajo nivel de este mineral en el cuerpo.

Los padres de familia del centro poblado de Pachas, distrito de Chojata, provincia de Sánchez Cerro, están preocupados. Otro estudio médico, realizado en esa localidad, arrojó que 26 niños, cuyas edades oscilan entre seis y 15 años, tienen arsénico por encima del valor referencial. Las muestras se recogieron en octubre de 2018. Estas fueron analizadas en el Instituto Nacional de Salud (INS).

De acuerdo al informe, de los 27 escolares de primaria y secundaria —del único colegio del centro poblado— sometidos a la prueba, solo uno resultó con bajo nivel de este mineral en el cuerpo. El límite permisible es de 0.20 As/ug/l (microgramos por litro de sangre). La mayoría de ellos superan ese nivel. Por ejemplo, un menor de seis años tiene 129.48 As/ug/l. El resultado de este análisis fue notificado al Centro de Salud de Pachas; así como al alcalde distrital de Chojata, Priscilio Mamani Eugenio.

Ante el resultado, la autoridad municipal hizo un llamado al Gobierno, así como a las autoridades de Salud, para que se trasladen a la zona y realicen exámenes integrales de sangre. Mamani explicó que no se descarta que esto sea como consecuencia del uso de agua del río Coralaque. Los pobladores de la zona toman el recurso hídrico de esta cuenca para sus animales y la agricultura.

Esta hipótesis no deja de tener razón porque el resultado de monitoreos, efectuados en 2017 por personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA), determinó que los tributarios del río Coralaque fueron alterados por el ingreso de residuos minerales de la mina Aruntani.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1452582-detectan-26-ninos-arsenico-cuerpo?fbclid=IwAR2BIc9lOfSFUPPcVqqL7Ie_1MJbVcaJZskuqFZ0dboxuh0FYmSAnH22QOM#.XLoj64gJAmk.facebook