Chile, Litio

Justicia confirma multa millonaria contra minera de litio por sobreextracción en el Salar de Atacama

La minera de litio Albemarle deberá pagar cerca de $4.056 millones por extraer salmuera sobre el límite permitido en el salar e incumplir su plan de alerta.
María del Mar Parra 30/09/2026
Minería del litio en el Salar de Atacama.
Foto: Agencia UNO.

El Primer Tribunal Ambiental confirmó la multa de 4.713 Unidades Tributarias Anuales (UTA) que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó a la minera de litio Albemarle por dos infracciones graves en el Salar de Atacama. A valores de septiembre de 2026, la sanción equivale a cerca de $4.056 millones.
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La resolución rechazó la reclamación de la compañía. Con ello mantuvo los cargos por extracción de salmuera por sobre el límite autorizado y por incumplir las medidas del plan de alerta temprana elaborado por la empresa.
¿Por qué fue multada Albemarle en el Salar de Atacama?

El proceso se originó en fiscalizaciones al proyecto de extracción de litio «EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama». Este se ubica a unos 80 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. La operación extrae salmuera desde un campo de pozos para producir sales concentradas en litio mediante evaporación solar.

En concreto, el primer cargo apunta a un caudal medio anual de salmuera de 452,3 litros por segundo entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, volumen que superó el límite ambiental autorizado. El segundo se relaciona con el PAT durante 2021. Según la SMA, la empresa no informó a tiempo la activación de uno de los indicadores del plan y tampoco redujo de inmediato sus extracciones en febrero y marzo de ese año.

La SMA formuló los cargos en marzo de 2022 y resolvió la multa en septiembre de 2025.
¿Qué argumentó la minera ante el tribunal?

Albemarle recurrió a la justicia ambiental para dejar sin efecto la sanción. Durante los alegatos, sostuvo que la extensión del procedimiento sancionatorio habría afectado su oportunidad y eficacia.

La empresa cuestionó el período usado para calcular el límite de extracción. La compañía defendió que debía considerarse un «año calendario», como se hizo históricamente en el seguimiento ambiental. La SMA, en cambio, sostuvo que la Resolución de Calificación Ambiental debía cumplirse desde el inicio de la operación. Además, afirmó que las superaciones existieron incluso bajo el criterio planteado por la minera.

Otra diferencia se produjo en torno al PAT. Albemarle planteó que el mecanismo se activaba tras tres mediciones mensuales consecutivas. La Superintendencia, por su parte, consideró que bastaban tres mediciones consecutivas, fueran mensuales o quincenales. La empresa también objetó la calificación de gravedad de las infracciones y los criterios para fijar la multa. Tras revisar los argumentos, el tribunal confirmó la sanción.
¿Se está hundiendo el Salar de Atacama?

El fallo se da en medio de la preocupación por los efectos de la extracción de salmuera sobre el ecosistema. Un estudio de la Universidad de Chile, publicado en 2024 en la revista IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, determinó que un sector del suroeste del salar registra un hundimiento de entre uno y dos centímetros por año. La investigación fue liderada por Francisco Delgado, académico del Departamento de Geología de esa casa de estudios, y utilizó datos satelitales recopilados entre 2020 y 2023.

«Las mediciones indican que en el salar de Atacama, el bombeo de salmuera rica en litio ocurre a una tasa mayor que la de recarga de los acuíferos», explicó Delgado. El área afectada mide aproximadamente ocho kilómetros de norte a sur y cinco de este a oeste.

Por último, la resolución se suma a una serie de fallos informados esta semana por la SMA. En ellos, la Corte Suprema y los Tribunales Ambientales ratificaron sanciones por un total de 9.874 UTA, equivalentes a unos $8.500 millones.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/justicia-confirma-multa-millonaria-contra-minera-litio-sobreextraccion-el-salar-atacama-n5462669

Chile

SEA suspende evaluación ambiental del proyecto de expansión de Minera El Abra por US$ 7.500 millones

La empresa solicitó la prórroga hasta diciembre de 2026 para responder más de 2.600 observaciones sectoriales y ciudadanas a su planta concentradora y desalinizadora.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió suspender hasta el 17 de diciembre de 2026 la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de continuidad operacional y expansión de Minera El Abra, faena que contempla una inversión de 7.500 millones de dólares en la Región de Antofagasta. La pausa administrativa fue requerida por la propia compañía —propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)— con el propósito de elaborar la Adenda complementaria, realizar adecuaciones ingenieriles y dar respuesta a 1.894 requerimientos de organismos técnicos y 738 observaciones ciudadanas.

La iniciativa contempla extender las operaciones del yacimiento por aproximadamente cuatro décadas mediante la construcción de una planta concentradora con capacidad de procesamiento de hasta 300 mil toneladas diarias de mineral sulfurado, la ampliación del rajo y un depósito de relaves espesados. En el ámbito hídrico, la empresa proyecta una planta desalinizadora al sur de Tocopilla y un acueducto de 146 kilómetros, infraestructura diseñada para sustituir gradualmente la extracción de agua industrial desde el Salar de Ascotán.

Desde la autoridad ambiental precisaron que la medida no constituye un rechazo del expediente y que los plazos de tramitación podrían reanudarse con anterioridad si la titular presenta el documento técnico antes de la fecha límite. La firma había solicitado originalmente aplazar el proceso hasta mayo de 2027, plazo que fue acotado por el SEA para garantizar la celeridad en la evaluación del mayor proyecto de inversión actualmente en revisión ambiental en el país.
https://www.reporteminero.cl/noticia/videos/2026/09/sea-suspende-evaluacion-ambiental-expansion-minera-el-abra-antofagasta

Chile

Desastre en Tribunal Ambiental: ministros se inhabilitan tras filtrarse decisión sobre Pascua Lama 2.0


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Yerko Roa Núñez 27/09/2026
En un hecho sin precedentes, los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron, luego de que en la misma página del órgano se anunciara el rechazo a las medidas cautelares solicitadas respecto del proyecto Prospección Minera El Alto —más conocido como Pascua Lama 2.0—. El artículo fue subido sin ninguna resolución conocida que lo respaldara y bajado horas después. Los litigantes también apuntan a un posible conflicto de interés del relator de las causas, quien trabajó para Minera Zaldívar, empresa de la cual Barrick Gold es dueña del 50%.

El proyecto pertenece a Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, y contempla 62 pozos de sondaje de diamantina sobre 43 plataformas en la alta cordillera de Alto del Carmen, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Con una inversión de US$35 millones, la prospección busca, según la propia declaración de impacto ambiental, “determinar la factibilidad técnica de una explotación minera” en los mismos terrenos del clausurado Pascua Lama.

La aprobación ambiental de El Alto fue impugnada ante el tribunal antofagastino mediante tres reclamaciones. La tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando las comunidades aún esperaban un pronunciamiento, el sitio web del Primer Tribunal Ambiental publicó sorpresivamente una nota sobre el rechazo de las solicitudes de medidas cautelares vinculadas a la prospección. En el expediente, sin embargo, no existía ninguna resolución en ese sentido.

Pero horas después la noticia fue bajada. Al día siguiente todos los ministros titulares se inhabilitaron.

EL FANTASMA DE PASCUA LAMA
El proyecto El Alto se ubica en los mismos terrenos en que Barrick Gold intentó llevar a cabo, a inicios de los 2000, el proyecto Pascua Lama. Esa iniciativa buscaba explotar un yacimiento de casi 18 millones de onzas de oro y 635 millones de onzas de plata durante alrededor de 25 años, pero en 2013 la autoridad ambiental detuvo la construcción: la firma no había terminado su plan de manejo de aguas, había realizado descargas contaminadas al río Estrecho y había ocultado información de monitoreo de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza.

En 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó la clausura total y definitiva del proyecto, lo que fue ratificado en 2020 por el propio Primer Tribunal Ambiental. Pese a ello, entre 2020 y 2021 la empresa realizó sondajes ocupando plataformas del mismo proyecto que se suponía debía cerrar, labores que la Corte Suprema declaró “ilegales y arbitrarias” en febrero de 2022:

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—Las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan al fin pretendido: la citada clausura —concluyó entonces el máximo tribunal, que dio por acreditado que la minera había utilizado “plataformas existentes del proyecto, incluso rehabilitándolas estructuralmente de ser necesario”.

Por eso, las comunidades sostienen que El Alto es un nuevo intento de Barrick de levantar un proyecto en la misma zona, que vulnera lo que resolvió la Corte Suprema. Con ese argumento, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos pidieron suspender los efectos de la resolución que aprobó la prospección antes del inicio de las obras, programado para septiembre.

La nota del tribunal que anunciaba el rechazo de esas cautelares fue replicada por el Portal Minería Chilena, que también la bajó después. Al día siguiente, en menos de dos minutos, entre las 18:53 y las 18:55 horas, el relator de la causa R-174-2026 certificó la inhabilidad de los tres ministros titulares: el juez presidente del tribunal, Alamiro Alfaro Zepeda, y los ministros Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas.

Todos invocaron la misma causal: haber “manifestado de cualquier modo dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de ella, vinculada con la solicitud de medida cautelar”.

—Llamamos al tribunal consultando por qué estaba esta noticia, si en ninguna parte constaba esa resolución, no aparecía en el expediente, no nos habían notificado. Entonces, por qué estaban publicando algo que todavía no era oficial ni constaba en ninguna parte. Nos dijeron que era muy raro, que era preocupante, y después bajaron la noticia —relata Bruno Barrientos, abogado de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera.

Por otro lado, Karinna Fernández, abogada que representó a vecinos de Alto del Carmen en una solicitud de cumplimiento estricto del fallo del recurso de protección —que fue rechazada—, opina que la filtración “no sólo erosiona gravemente la confianza pública en la administración de justicia, sino que vulnera los estándares mínimos de imparcialidad y el debido proceso”. A su juicio, la Corte Suprema tiene “el deber inexcusable de fiscalizar estas anomalías” y adoptar “medidas drásticas para garantizar que la justicia ambiental actúe libre de presiones y con absoluta transparencia”.

CINCO AÑOS EN BARRICK
El relator que certificó las inhabilidades fue Álvaro Funes Palacios, abogado titulado en la Universidad Católica del Norte que se desempeña en el Primer Tribunal Ambiental desde octubre de 2018. Según su perfil de LinkedIn, antes de llegar al tribunal fue durante cinco años jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en la Compañía Minera Zaldívar, en Antofagasta.

Para los reclamantes, la asignación de Funes a una causa en que está involucrada una filial de Barrick corona una serie de irregularidades, entre ellas que el tribunal contaba desde principios de agosto con los informes de Sernageomin y la Dirección General de Aguas que había pedido para resolver las cautelares, y finalmente nunca llegó a decidir el asunto. Mientras tanto, según las comunidades, ya hay movimiento de obras en el territorio.

—Se agrava cuando nos enteramos, por investigación propia, que el relator que tiene encargada la causa, habiendo otros relatores disponibles en el tribunal, es un abogado que antes de trabajar en el Tribunal Ambiental trabajó en Barrick cinco años —afirma Barrientos—. Eso solamente aumenta la sospecha que tenemos a esta altura, y los miedos de que toda la demora haya sido deliberada.

Barrientos añade que el viernes pasado estaba programada la vista de un recurso de protección presentado por las comunidades contra la Superintendencia del Medio Ambiente, por la demora de ese organismo en investigar y tramitar las denuncias contra el proyecto. La filtración de la noticia se produjo apenas dos días antes de esa audiencia, lo que para el abogado vuelve todo “preocupante” y “muy irregular desde el comienzo”.

El jueves, el secretario abogado del Primer Tribunal Ambiental, Gonzalo Vergara Araya, certificó el envío de las causas al Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, en aplicación del artículo 10 de la Ley N° 20.600, que regula los casos en que un tribunal ambiental no puede reunir a sus integrantes.

En esa sede podría ocurrir una nueva inhabilitación, ya que su jueza presidenta, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar, la misma firma en que trabajó Funes.

La Unidad de Investigación de Bío Bío contactó al juez presidente del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro Zepeda, para consultar sobre la filtración de la noticia, la inhabilitación de los ministros y la conexión del relator con Barrick. Luego de canalizar las dudas por los canales internos, desde el Primer Tribunal Ambiental enviaron una respuesta vía mail.

En dicho correo, mencionaron que el Colegiado de Ministros había acordado por mayoría que no correspondía “emitir pronunciamientos adicionales a aquellos que constan formalmente en los respectivos expedientes”, dado que las consultas “se encuentran vinculadas a causas judiciales actualmente en tramitación”:

–Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que esta judicatura ha reforzado sus protocolos y procedimientos internos asociados a la comunicación de decisiones jurisdiccionales y al debido resguardo de los deberes y garantías inherentes al ejercicio de su función jurisdiccional –señalaron.

Así las cosas, tras lo sucedido, los litigantes deberán seguir esperando hasta que el Segundo Tribunal Ambiental resuelva finalmente la disputa.
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2026/09/27/desastre-en-tribunal-ambiental-ministros-se-inhabilitan-tras-filtrarse-decision-sobre-pascua-lama-2-0.shtml

Internacional

Habitantes de Diyadin protestan contra la minería de oro: «Matar la naturaleza es matar la vida»

Un gran número de personas se manifestaron en Diyadín contra la minería de oro con cianuro. El Movimiento Ecologista, el Partido DEM y el DBP vincularon la protesta con las luchas más amplias contra la minería y la destrucción ambiental en todo Kurdistán.
ANF AĞRI 26/09/2026
Bajo el lema «Protegemos nuestra tierra», un gran número de personas se manifestaron en Diyadin, provincia de Ağrı, contra la minería de oro con cianuro. La protesta ambiental fue organizada por el Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) y el Movimiento Ecológico de Mesopotamia. Las personas manifestantes marcharon desde la oficina de correos, en la calle İnönü, hasta la terminal central de autobuses. Entre los cánticos se escuchaban «Bê ax jiyan nabe» [No hay vida sin tierra] y «Kurdistan nabe goristan» [Kurdistán no se convertirá en un cementerio]. Las pancartas y carteles portaban mensajes como «Kurdistán no es tu zona minera», «Matar la naturaleza es matar la vida» y «Manos fuera de mi aire, mi agua, mi tierra y mis bosques».

Entre las personas participantes en la manifestación se encontraban los copresidentes del Partido de las Regiones Democráticas (DBP) y del Partido DEM, Çiğdem Kılıçgün Uçar y Tuncer Bakırhan, respectivamente, así como representantes de diversos grupos ecologistas. La protesta se dirigió contra un proyecto de extracción de oro cerca de la aldea de Mollakara. Organizaciones ecologistas y municipios de la región han alertado, en particular, sobre el posible impacto del uso de cianuro en el río Murat y su cuenca.

«Estamos luchando por cada lugar que está siendo saqueado»

Alev Yılmaz, de la Plataforma Ecológica de Varto, recordó la resistencia contra los proyectos de extracción de energía y recursos en Varto, que lleva más de 140 días en marcha. Subrayó que la protesta no se limita a su región: «Estamos librando esta resistencia no solo por Varto, sino por todos los lugares que están siendo saqueados».

Rojhat Özgökçe, del Movimiento Ecológico de Mesopotamia, habló de la explotación histórica del medio ambiente natural del Kurdistán. Al mismo tiempo, señaló que las experiencias en Varto y Karlıova demostraban que, en respuesta, estaba surgiendo un movimiento ecologista organizado. «Debemos fortalecernos, organizarnos y emprender una lucha contundente contra el ecocidio», afirmó Özgökçe.

Uçar: La tierra es más valiosa que el oro

La copresidenta del Partido de las Regiones Democráticas (DBP), Çiğdem Kılıçgün Uçar, vinculó los proyectos mineros con la pobreza, la migración y la explotación económica de la región. «¿Por qué emigró la gente de Diyadin? Porque aquí quedó una pobreza extrema», declaró Uçar. Señaló que ahora se están realizando intentos para atraer empresas a la región y explotar Diyadin. «Por lo tanto, debemos proteger nuestra tierra. La tierra y la resistencia del pueblo de Diyadin son más valiosas que el oro».

Uçar rechazó las afirmaciones de que las empresas mineras traerían empleos a la región: «A nuestra gente se le ofrecen empleos tóxicos. Nadie acepta el saqueo de su aire, su agua y sus medios de subsistencia. Nosotros tampoco lo aceptaremos».

Uçar afirmó que la explotación se estaba produciendo desde Muş y Diyarbakır hasta Ağrı sin ningún respeto por los habitantes de la zona. «También queremos dejar una vida digna a los niños de siete años que hoy están aquí en esta plaza».

Uçar también hizo un llamamiento a la población local para que no venda sus tierras a las empresas mineras: «Están intentando comprar las tierras de los pueblos poco a poco. No vendan sus tierras».

Ecología y paz

En referencia al llamamiento de Abdullah Öcalan del 27 de febrero de 2025, Uçar vinculó la protección de los recursos naturales y los ecosistemas con el proceso de paz y democracia. «Quienes no protegen la naturaleza tampoco protegen la paz», afirmó la política. «Debemos empezar por proteger el agua y la naturaleza de esta tierra, especialmente la del Kurdistán». Añadió que las empresas están dispuestas a explotar los recursos naturales y sociales de la región. «Nos opondremos a ellas juntos en esta lucha».

Bakırhan: La población kurda se enfrenta a nuevos desplazamientos

Tuncer Bakırhan, copresidente del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), estableció una conexión entre los proyectos mineros actuales y el desplazamiento de la población kurda en décadas anteriores. Recordó que millones de kurdos se vieron obligados a abandonar sus aldeas, pastos, montañas y hogares como consecuencia de la guerra y la violencia en la década de 1990. «Ahora intentan desplazar a la población kurda por segunda vez a través de empresas mineras y especuladores», afirmó Bakırhan.

Según afirmó, la resistencia no se limitaba a Diyadin. «Desde Lice hasta Varto y Karlıova, y desde las montañas de Ida hasta el bosque de Akbelen, la gente se resiste a la destrucción ambiental y a los intereses lucrativos. Decimos: ¡No dinamiten nuestras montañas, no contaminen nuestras llanuras, no contaminen nuestra agua! El pueblo no entregará su tierra a empresas que quieren envenenarla, extraer un poco de oro y luego desaparecer».

«La verdadera paz es la paz con la tierra»

Bakırhan también contextualizó la lucha dentro del proceso de paz en curso. La paz, afirmó, debe significar que los kurdos puedan vivir con dignidad en sus propios territorios y tierras. «En cambio, cada vez se abren más zonas a proyectos mineros. La verdadera paz es la paz con la tierra. Es la paz con el agua de los kurdos, con sus montañas, con las llanuras de las que obtienen su sustento y con las personas y demás seres vivos que las habitan».

Bakırhan afirmó que las políticas actuales no son compatibles ni con la paz ni con su espíritu: «No toquen nuestros pastos, nuestra agua, nuestra tierra ni nuestra historia».

La ecología es una de las principales preocupaciones de Öcalan

Bakırhan también habló sobre sus conversaciones con Abdullah Öcalan. Durante una reunión de cuatro horas, explicó que la ecología fue uno de los temas centrales, junto con el idioma, la identidad y la igualdad de ciudadanía. Según Bakırhan, a Öcalan le preocupaba especialmente cómo los kurdos podrían encontrar trabajo y ganarse la vida en sus lugares de origen. Describió la postura de Öcalan contra la destrucción de la naturaleza como muy firme.

En este contexto, Bakırhan señaló el creciente número de licencias mineras que se otorgan en las regiones kurdas. «En Şırnak, Gabar, Besta y Cudi, apenas han dejado un solo árbol en pie. En Bitlis y Bingöl, intentan entregar prácticamente todas las montañas, todos los ríos y todas las llanuras a las compañías mineras. Ya se han otorgado cientos de licencias, mientras que miles más están pendientes de aprobación. ¿Por qué este saqueo? Esta región ya ha sufrido suficiente opresión y sufrimiento durante los últimos cien años».

Bakırhan afirmó que cualquiera que creyera que Kurdistán podía abrirse ahora a gran escala a la minería y a los intereses corporativos se enfrentaría a resistencia: «La gente de Diyadin no lo permitirá. La gente de Patnos no lo permitirá. Tampoco la gente de Hakkari y Şırnak permitirá que su entorno natural sea destruido por la minería».
La manifestación concluyó tras los discursos.
https://espanol.anf-news.com/noticias/habitantes-de-diyadin-protestan-contra-la-mineria-de-oro-matar-la-naturaleza-es-matar-la-vida-61043

Bolivia

El Alto: AJAM interviene y frena actividad minera ilegal cerca de la represa de Milluni

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intervino en una actividad de minería ilegal en la represa de Milluni.
21/09/2026

Actividad minera ilegal ubicada en inmediaciones de la represa de Milluni AJAM
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intervino y notificó el cese a una actividad minera ilegal ubicada en inmediaciones de la represa de Milluni, en el municipio de El Alto.

“Nos hemos constituido al lugar y hemos podido evidenciar que hay remociones de tierra, alguna maquinaria y también hemos visto dentro del agua cierto color peculiar”, informó el coordinador nacional de Minería Ilegal de la AJAM, Marcelo Cáceres.

Sobre el líquido elemento, señaló que será enviado a las instancias pertinentes para su correspondiente evaluación y análisis, a fin de establecer las acciones que deberán adoptarse de manera coordinada.

La entidad explicó que la intervención se realizó en un área próxima a un Actor Productivo Minero que cuenta con un derecho preconstituido, quien denunció que otra empresa estaría realizando actividades de explotación en el sector.

A partir de la verificación realizada en territorio, la AJAM procedió con la notificación de cese de la actividad minera.

Afirmó que continuará con el seguimiento del caso en Milluni y con las verificaciones técnicas y administrativas correspondientes, a fin de establecer las características de la actividad identificada y definir las medidas que correspondan conforme a la normativa minera vigente.
https://elpotosi.net/nacional/20260921_el-alto-ajam-interviene-y-frena-actividad-minera-ilegal-cerca-de-la-represa-de-milluni.html

Chile, Litio

Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

El ministerio de Minería tramita un Contrato Especial de Operación de Litio para el salar Ollagüe, donde la canadiense Wealth Minerals pretende desarrollar el proyecto Kuska. La compañía prevé tener todos sus permisos en tres años e iniciar la construcción el 2029, para producir litio entre el 2030 y 2031.
Matías Vera 21/09/2026

El ministerio de Minería reingresó el tercer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que gestiona el gobierno de José Antonio Kast a la Contraloría General de la República.

Se trata del contrato para el salar de Ollagüe, llamado Kuska, un proyecto liderado por la canadiense Wealth Minerals que pretende invertir US$ 749 millones. El trámite fue reingresado el jueves de la semana pasada, luego de que la cartera minera avanzara en la tramitación de otras dos iniciativas: Laguna Verde y Ascotán, salares relacionados a CleanTech Lithium y a una alianza entre Codelco y Quiborax, respectivamente.

La semana pasada, en el ChileDay, el ministro de Minería, Daniel Mas, sostuvo que esos dos contratos “entraron de vuelta a Contraloría después de vergonzosas cuatro iteraciones. Logramos simplificar el proceso, logramos darle claridad al proceso, y esperamos que hoy día esto fluya mucho más rápido, y que de aquí a los menos años posibles se hayan aprobado todos los mecanismos medioambientales para que esto se convierta en inversión y en empleo”.

Estos contratos corresponden a un permiso que entrega el Estado de Chile a una empresa para explorar y explotar yacimientos que contengan litio.

El ministerio ha estado trabajando en el reingreso de un total de cinco Ceoles, de los cuales tres ya están en manos de la Contraloría. Trascendió que estos cinco trámites no fueron inicialmente aceptados por el organismo contralor, por lo cual se tuvieron que reescribir, ajustar y reenviar. El objetivo ahora de Minería es que estos trámites se resuelvan expeditamente para no tener que volver a ingresarlos.

El que ingresó ahora es Ollagüe, ubicado en la Región de Antofagasta, un proyecto que cuenta con 10.500 hectáreas. Wealth Minerals señala en su sitio web que en enero de 2023 los recursos totales indicados ascendieron a 741 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) con una ley de 175 miligramos por litro de litio, en tanto los recursos totales inferidos llegaron a 701 mil toneladas de LCE, con una ley de 185 miligramos por litro.

Cercanos a la empresa plantean que están a la espera de que este trámite concluya para seguir avanzando e invirtiendo en la etapa de estudios de prefactibilidad que viene, con la cual Wealth Minerals ya podría levantar capital para el proyecto.

La firma prevé que la etapa de estudios y obtención de permisos -entre ellos el más relevante, que es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que otorga el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia)- se extienda por tres años. Así, iniciarían las primeras construcciones el 2029, y las primeras producciones entre el 2030 y 2031. La inversión estimada de la empresa es de US$ 749 millones, basada en una evaluación económica que se realizó en enero de 2024.

Desde el gobierno, el ministro Mas dijo a Pulso el miércoles pasado que están “avanzando. Lo que queremos en el litio es dar certezas jurídicas para explotar la inversión. Queremos que el mundo privado sea el que tire este carro, no el Estado. Y como país queremos aprovechar este ciclo de litio de precios altos”.
https://www.latercera.com/pulso/noticia/gobierno-reingresa-a-contraloria-ceol-para-proyecto-de-litio-de-wealth-minerals-por-us-749-millones/

Perú

Regiones tomadas por la minería ilegal: los candidatos bajo la lupa

Desde denuncias, investigaciones y sentencias hasta posiciones en contra de los proyectos mineros formales e inscripciones en el Reinfo, los postulantes en estas zonas arrastran diversos cuestionamientos

Elmer Cáceres Llica, Luis Otsuka Salazar, Fernando Meléndez y José Nenil Medina Guerrero arrastran cuestionamientos.
Elaboración Perú21.

Carlos Hinostroza Sánchez 21/09/2026
A 14 días de las elecciones regionales y municipales, el avance de la minería informal e ilegal sigue siendo un tema de principal preocupación en la ciudadanía y las autoridades. Y es que esta actividad no solo mueve más de US$12,000 millones al año, lo que la convierte en una economía ilícita diez veces mayor que el narcotráfico, sino que ha generado un impacto irreversible en el medioambiente.

De acuerdo con cifras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la minería ilegal ha dejado, hasta el momento, más de 140,000 hectáreas de bosques de la Amazonía depredados y al menos 225 cuerpos de agua contaminados por mercurio, principalmente en Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.

Ante este escenario, es vital la elección de las autoridades subnacionales en regiones tomadas por la minería informal e ilegal y que concentran una mayor cantidad de personas inscritas en el Reinfo, como La Libertad (Pataz), Ica (Nasca), Madre de Dios, Piura, Loreto, Cajamarca, Apurímac, Puno, Arequipa y Cusco.

Sin embargo, muchos de los postulantes en estas zonas del país arrastran una serie de cuestionamientos: desde denuncias, investigaciones y sentencias hasta posiciones en contra de los proyectos mineros formales e inscripciones en el Reinfo.

Perú21 identificó ocho casos de postulantes con estos antecedentes; no obstante, hay muchos más que tendrían vínculos con la minería informal. De acuerdo con el portal Territorio Tomado, 735 candidatos con reinfo vigente o suspendido participan en estos comicios: 43 postulan a gobiernos y consejerías regionales en 15 departamentos, mientras que 692 buscan llegar a alcaldías y regidurías en 22 jurisdicciones.

CARAS CONOCIDAS
El primer personaje en la lista es Luis Otsuka Salazar, quien postula a vicegobernador regional de Madre de Dios por Somos Perú. El empresario no es alguien nuevo en política, ya que se desempeñó dos veces como gobernador y ejerció como presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), desde donde lideró varias protestas contra los operativos de interdicción a la minería ilegal.

En su momento, enfrentó hasta nueve investigaciones fiscales por presuntos delitos ambientales, contra la administración pública, lavado de activos y trata de personas con fines de explotación laboral, según una investigación de Ojo Público.

Otsuka, desde el año 1999, es titular de la concesión minera —de 300 hectáreas— llamada K-1, en Tambopata. Esta concesión atraviesa parte de la comunidad nativa Tres Islas, ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata, y ha perjudicado una porción del bosque de la zona, denunció el portal Mongabay Latam.

El excongresista y exgobernador de Loreto Fernando Meléndez busca regresar al máximo sillón loretano. El candidato de APP afrontó denuncias e investigaciones por delitos como colusión, peculado, abuso de autoridad y contra los bosques o formaciones boscosas (tala ilegal); sin embargo, fue absuelto en este último proceso, según declaró en su hoja de vida.

En octubre del 2024, Cuarto Poder denunció que su esposa, la excongresista Rosio Torres, quien fue sindicada de recortar el sueldo a sus trabajadores, habría utilizado a los colaboradores de su despacho, así como los fondos y pasajes oficiales de la semana de representación, en la campaña electoral de Meléndez al GORE Loreto, en el 2022. Por estos hechos, la Fiscalía investigó y denunció constitucionalmente a Torres por el presunto delito de peculado doloso.

¿ANTIMINEROS?

Elmer Cáceres Llica, quien postula bajo la camiseta de APP, también busca retornar al GORE Arequipa. A fines del 2021, el exalcalde provincial de Caylloma y exgobernador fue recluido en el penal de Socabaya tras ordenarse 24 meses de prisión preventiva en su contra por el caso «Los Hijos del Cóndor».

Además, fue sentenciado a siete años de prisión efectiva en otro proceso tras ser hallado responsable del delito de colusión agravada; no obstante, en octubre de 2025 recuperó su libertad luego de anularse dicha condena. Registra otras tres sentencias penales -que fueron cumplidas- por delitos como falsa declaración en proceso, entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte e incumplimiento de deberes funcionales, según consignó en su hoja de vida.

Cáceres Llica es conocido por su posición en contra de la minería formal. Durante su gestión, se opuso férreamente al proyecto Tía María al argumentar que carecía de licencia social por parte de los pobladores del Valle del Tambo en Islay. Es más, no solo se negó a dialogar con el Ejecutivo, sino que lideró y azuzó las protestas en dicha zona.

Otro candidato que, al parecer, tiene una posición en contra de la minería formal es José Nenil Medina Guerrero, quien postula al GORE Cajamarca por JPP. Pese a que aún no ha sido elegido para el cargo, ya puso condiciones para dar viabilidad a tres proyectos mineros que se encuentran en espera: La Granja, El Galeno y Michiquillay.

“Todos los proyectos que cuenten con licencia social serán bienvenidos, siempre y cuando parte del canon minero se destine a agricultura, a mejoramiento de hospitales y, sobre todo, al beneficio de las comunidades adyacentes al proyecto y a la participación ciudadana”, indicó a la prensa en julio pasado.

“Nosotros no vamos a permitir situaciones y proyectos (mineros) de envergadura que se impongan prácticamente a sangre y fuego a nuestra ciudadanía. Nosotros vamos a estar en contra de ello”, añadió el también exalcalde de Anguía.

La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, indicó que La Granja, El Galeno y Michiquillay están en la lista de proyectos mineros que se buscan destrabar para que la economía peruana pueda crecer al 6%

VÍNCULOS MINEROS

El ingeniero civil Gerardo Cabrera postula al GORE Piura por Salvemos al Perú. Entre los años 2011 y 2015 trabajó como especialista en construcción y montaje de plantas mineras de las empresas Las Lomas Doradas, Empresa Carbocol. S.A.C., entre otras. Además, en la compañía Lima Mining and Trading Company S.A.C. se desempeñó como especialista en la gestión y tramitaciones para la compra, acopio, procesamiento, comercialización y exportación de metales y minerales, específicamente de oro, según indicó en su cuenta de la red social LinkedIn.

De acuerdo con el portal Territorio Tomado, no solo figura como excluido del Reinfo, sino que también se encuentra dentro del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) del Ministerio de Energía y Minas como comprador, vendedor y refinador de oro.

Una situación similar ocurre con Gustavo Gutiérrez, quien postula al GORE Apurímac bajo la camiseta de Acción Popular. El también exalcalde provincial de Chincheros se encuentra en la lista de excluidos del Reinfo, según el mismo portal. Su inscripción correspondía a una actividad ubicada en el distrito de Kishuara, provincia de Andahuaylas; sin embargo, Gutiérrez negó haber tenido una inscripción en dicho padrón minero y dijo que se trataría de un error.

Los dos últimos casos corresponden a los candidatos Juan Rodríguez, quien postula a la alcaldía distrital de Phara (Sandia-Puno) por la alianza Así-JPP, y José Sandoval, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía provincial de Nasca (Ica). Rodríguez se desempeña como gerente general de la empresa J & R Minera Purísima E.I.R.L., dedicada a la exploración de minas y canteras y a la venta por mayor de metales y minerales. Tiene acciones en dicha empresa, así como en Exploraciones Altamira S.A.C.

A su vez, registra un reinfo vigente en el distrito puneño de Alto Inambari. Su concesión minera se llama «Sagitario 2015». En su hoja de vida declaró tener otras seis concesiones mineras; sin embargo, tres de ellas fueron transferidas a otras personas y/o empresas.

En tanto, Sandoval se desempeñó como asistente legal de la Municipalidad Provincial de Nazca y ejerció como abogado de la empresa minera Oro del Sur E.I.R.L. hasta este año. En mayo pasado, se le adjudicó una concesión minera de 100 hectáreas denominada «Cerro Colleja», ubicada en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa.

ANÁLISIS

En diálogo con Perú21, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, recalcó que la elección de los futuros gobernadores, sobre todo en zonas tomadas por la minería informal e ilegal, es clave, tras recordar que estas autoridades subnacionales tienen competencia en la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal.

“Muchas veces las autoridades regionales y municipales tienen llegada directa al Congreso y se utiliza esa posición para llevar la agenda de los mineros informales a espacios de poder como el Ejecutivo y Legislativo, donde inciden sobre sus intereses particulares versus los intereses que deberían representar”, indicó.

Además, recordó que, en el pasado, muchos gobernadores regionales azuzaron a la población de sus jurisdicciones para levantarse y protestar contra los proyectos mineros formales, por lo que insistió en la necesidad de revisar los antecedentes de los postulantes.

«Si estos candidatos tienen procesos, sanciones o, en el pasado, representaron los intereses de la minería informal, debería generarnos preocupación en el sentido más amplio, porque su prioridad no será hacer obras, sino van a priorizar la agenda de la minería informal e ilegal», advirtió.

No obstante, precisó que una persona que tiene un reinfo vigente no está prohibida de participar en la vida política. «Obviamente genera preocupación que los candidatos tengan un reinfo, pero eso no es ilegal. Que nos genere preocupación o que éticamente sea cuestionable, bienvenido, pero no es ilegal», remarcó.

Por su parte, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, indicó que es importante la elección de autoridades idóneas en zonas tomadas por la minería informal e ilegal. Según dijo, esta actividad ilegal no solo ha ocupado una gran cantidad de espacio y territorio de estas regiones, sino que se viene enfrentando a la minería formal, al atacar sus instalaciones y campamentos.

«Ya hemos visto este problema en Pataz, con Poderosa, pero también en otras zonas donde hay proyectos mineros que están todavía en fase de exploración, como Michiquillay, en Cajamarca, o Haquira y Las Bambas, que tienen zonas ocupadas, campamentos incendiados y no les dejan avanzar con la exploración. Entonces, la minería informal e ilegal retrasan operaciones, lo mismo ocurre en Conga. Esto no es solo una responsabilidad del Ejecutivo, hay mucho que los gobiernos regionales tienen mucho que hacer», aseveró.

LAS CIFRAS DE LA MINERÍA ILEGAL

Un reciente estudio del IPE advirtió que la exportación de oro de origen ilegal desde Perú continúa expandiéndose. En el primer semestre del 2026, creció 19.4%, mientras que la de origen legal cayó 5.9%. Como resultado, en esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado.

«Para el cierre del 2026, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. Este volumen representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado por el Perú», señala el informe.

Se estima que, al cierre de este año, el valor exportado de oro de origen ilegal alcanzaría al menos los US$16,000 millones y podría superar los US$18,000 millones. Esto es, como mínimo, casi 9 veces más que lo registrado hace una década y 39% más que en 2025 (US$ 11,500 millones).

En paralelo, las denuncias por minería ilegal crecieron un 53%, según el IPE. Entre enero y abril de este año, las denuncias presentadas ante la Fiscalía llegaron a 1,025. Esto es 53% más que lo reportado en el mismo periodo del 2025.

Madre de Dios es la región con más denuncias por minería ilegal. Concentró el 35% de las denuncias nacionales (359 casos), más del triple que en el mismo periodo del 2025. Le siguen Áncash y Ucayali (55 casos), y Puno (47 casos). Otras regiones que duplicaron sus denuncias son Lambayeque y San Martín, mientras que en Puno los casos se triplicaron.
https://peru21.pe/politica/regiones-tomadas-por-la-mineria-ilegal-los-candidatos-bajo-la-lupa/?amp

Panamá

‘No hay nada sobre ese tema’: Mulino desmiente protestas indígenas por proyecto minero en Cerro Colorado

El presidente de la República, José Raúl Mulino Archivo | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles 20/09/2026
Mulino subrayó que actualmente no existe ningún plan minero en esa zona y calificó como infundadas las denuncias que han circulado en medios y redes sociales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó este domingo las versiones que circulan sobre supuestas manifestaciones indígenas vinculadas a un proyecto minero en Cerro Colorado, en la comarca Ngäbe-Buglé.

“He visto unas agrupaciones indígenas protestando por un proyecto minero en Cerro Colorado. ¡Absolutamente falso! No hay nada sobre ese tema”, afirmó el mandatario.

Mulino subrayó que actualmente no existe ningún plan minero en esa zona y calificó como infundadas las denuncias que han circulado en medios y redes sociales.

Reiteró que su administración mantiene una política de transparencia en torno a los proyectos extractivos y que cualquier iniciativa de este tipo debe cumplir con los requisitos legales y ambientales establecidos en el país.

Asamblea
Las reacciones del presidente se dan luego que el Congreso General Extraordinario de la comarca Ngäbe-Buglé rechazara recientemente la posibilidad de abrir un proceso de información y consulta sobre el proyecto minero Cerro Colorado, una iniciativa que Cobre del Istmo Corp., que busca impulsar uno de los principales yacimientos de cobre conocidos de Panamá.

La posición fue expresada de manera contundente por la cacica general Elena Cruz, quien durante la plenaria manifestó su oposición a permitir que el proceso avance.

“Es el único que nos queda y yo como autoridad digo que no va”, afirmó, al justificar su decisión en la defensa del territorio y de las futuras generaciones.

La cacica también hizo referencia a la historia de discriminación y violencia que, según sus palabras, ha sufrido el pueblo Ngäbe-Buglé y advirtió sobre los posibles efectos de una actividad minera sobre el territorio.

De fondo, el yacimiento de cobre de Cerro Colorado, ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé
Comunidad Ngäbe-Buglé rechaza consulta minera sobre Cerro Colorado y frena iniciativa minera
Prohibición
A esta postura, también reaccionó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien aseguró que no existen planes para desarrollar una mina en Cerro Colorado.

“Solo lo que he visto en los medios. Me llamó mucho la atención que se hiciera una reunión para ver temas de la mina Cerro Colorado porque esa mina, que yo sepa, no existe, nunca ha existido ni hay planes para que exista. Pero bueno, me llamó la atención y vi que hubo una consulta o algo por el estilo”, declaró.

Navarro también recordó que la legislación panameña prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.

¿Quién es Cobre del Istmo?
Cobre del Istmo Corp. se presenta como una empresa panameña filial de Russell Mining Corp., especializada en el desarrollo de proyectos mineros bajo un enfoque que la compañía denomina responsable, de acuerdo a lo detallado en su propio portal web.

Su principal interés en Panamá es el desarrollo del proyecto Cerro Colorado, ubicado dentro de la comarca Ngäbe-Buglé. La empresa sostiene que actualmente no ha iniciado ninguna actividad minera en el territorio y que cualquier proceso de información y consulta dependería de una autorización expresa del Pleno del Congreso General Ngäbe-Buglé.

La Estrella de Panamá realizó una búsqueda en el registro público, donde se detalla que Cobre del Istmo Corp. fue creado en 2023. Actualmente sus directivos son Andrew Joseph Russell, quien actúa como presidente; Cesar Luis Romero, de secretario y Nikolaos Paraskevas, de tesorero.

Este último también forma parte de St. Augustine Gold & Copper Ltd. como director ejecutivo. Esta empresa se dedica a la minería, específicamente a la extracción de oro y cobre en la isla de Mindanao en Filipinas, de acuerdo a información encontrada en la página web de la compañía dedicada a actividades extractivas.

Yacimiento
Cerro Colorado es un yacimiento de cobre localizado dentro de la comarca Ngäbe-Buglé con más de mil 400 millones de toneladas de roca mineralizada y constituye uno de los proyectos mineros que históricamente han generado mayor controversia en Panamá.

El yacimiento ya estuvo en el centro de los conflictos sociales durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009 – 2014) y a raíz del rechazo de la población originaria se aprobó la Ley 11 de 2012, que estableció un régimen especial de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales de la comarca.

La norma es particularmente clara: prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, sus áreas anexas y comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes. También dispuso la cancelación de concesiones mineras existentes en esas áreas.

A esta prohibición se suma la Ley 407 de 2023, que estableció una prohibición de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en todo el territorio nacional.

Este medio consultó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sobre la existencia de alguna solicitud, gestión o acercamiento de Cobre del Istmo ante la entidad. Hasta el momento, el ministerio no ha respondido. No obstante, al revisar el listado oficial de solicitudes y contratos de concesiones mineras metálicas, no figura el nombre de dicha empresa.
https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/no-hay-nada-sobre-ese-tema-mulino-desmiente-protestas-indigenas-por-proyecto-minero-en-cerro-colorado-BL25844317

Argentina, Litio

La provincia debuta como exportadora directa de litio

Será a través de la Aduana en Planta de Ganfeng Lithium Latinoamérica, en General Güemes.
El Tribuno 20/09/2026

La planta de Ganfeng Lithium permitirá gestionar las operaciones de exportación desde General Güemes.

La producción de litio atraviesa una etapa de crecimiento en Salta y, junto con ella, también se amplían las oportunidades para que la provincia participe de manera más directa en el circuito de comercio exterior. En este contexto, Litio Minera Argentina S.A. (LMA), subsidiaria de Ganfeng Lithium Latinoamérica, se convirtió en la primera empresa litífera de Salta en obtener la condición de «Aduana en la Planta», un reconocimiento que representa un nuevo hito para la actividad minera provincial.

La inauguración de este espacio se realizó el jueves pasado en la Planta de Cloruro de Litio de Ganfeng Lithium Latinoamérica, en el Parque Industrial de General Güemes, donde funcionará el servicio aduanero para las operaciones vinculadas a la exportación.

La posibilidad de contar con Aduana en las propias instalaciones productivas adquiere especial relevancia para una provincia que históricamente ha visto canalizada parte de sus operaciones de exportación a través de otros puntos de salida, generalmente mediante el puerto de Buenos Aires. Con este nuevo esquema, las operaciones vinculadas a la exportación de litio podrán gestionarse directamente desde Salta, fortaleciendo la participación provincial en el proceso y permitiendo contar con información precisa sobre el volumen y el valor de las exportaciones generadas desde el territorio.

La condición de «Aduana en la Planta» requiere un elevado nivel de confianza por parte de las autoridades aduaneras. Para acceder a este esquema, las empresas deben demostrar que sus operaciones se desarrollan de manera consistente, transparente y debidamente documentada, además de contar con procesos, controles, trazabilidad y procedimientos internos que respondan a los estándares establecidos.

La planta de cloruro de litio de Güemes obtiene el producto para procesar desde el salar Llullaillaco. Ambos son parte del proyecto Mariana.

En este sentido, la autorización obtenida por Litio Minera Argentina S.A. refleja el nivel de cumplimiento, organización y confiabilidad alcanzado en sus operaciones de comercio exterior. Para una empresa exportadora, contar con este esquema representa además una herramienta que puede contribuir a una mayor eficiencia en la gestión de sus operaciones.

El nuevo escenario se vincula también con la iniciativa «Exporta Salta», impulsada para promover las exportaciones provinciales y evaluar el aporte de las empresas al comercio internacional. La posibilidad de disponer de estadísticas precisas permitirá contar con datos concretos sobre la participación del litio en las exportaciones salteñas y dimensionar su contribución a la actividad económica provincial.

El antecedente adquiere una relevancia particular dentro del sector minero. Si bien existen empresas que ya operan bajo el esquema de Aduana en la Planta, como Mansfield, vinculada a la producción y exportación de oro, Ganfeng Lithium Latinoamérica, a través de LMA, es la primera empresa dedicada al litio en Salta en alcanzar esta condición.

El desarrollo de este esquema suma así un nuevo capítulo a la industria del litio en Salta, no solo por la capacidad de producir para los mercados internacionales, sino también por el avance hacia una mayor participación de la provincia en la gestión y registro de las exportaciones que se originan en su territorio.
https://www.eltribuno.com/mineria/2026-9-20-0-0-0-la-provincia-debuta-como-exportadora-directa-de-litio

Bolivia, Litio

La nueva pelea por el litio ya no se disimula

Bolivia posee enormes recursos identificados, pero le falta transformarlos en reservas certificadas, producción y valor agregado.
Vanessa Méndez Brun 19/09/2026
Animal Político
Durante buena parte de mi carrera cubriendo política, la gran disputa geopolítica global tenía nombre y apellido: petróleo, Medio Oriente. Era el tema con el que se explicaba prácticamente cualquier tensión entre grandes potencias. Hoy, cuando reviso la agenda internacional para preparar un análisis, noto que el tablero se ha movido a un lugar mucho más cercano de lo que imaginábamos hace apenas una década: el llamado “triángulo del litio”, formado por Bolivia, Argentina y Chile.

Pero conviene empezar por una precisión que, aunque pueda parecer técnica, cambia bastante la historia que contamos sobre Bolivia: tener recursos no es lo mismo que tener reservas. Y en el caso del litio boliviano, esa diferencia es fundamental.

Recursos y reservas
El U.S. Geological Survey (USGS) explica que los recursos identificados son concentraciones de minerales cuya existencia ha sido verificada mediante evidencia geológica. A medida que aumenta la información sobre su ubicación, calidad y cantidad, también aumenta la certeza de las estimaciones. Las reservas representan un escalón diferente: incluyen únicamente aquellos recursos que pueden recuperarse económicamente bajo las condiciones de mercado vigentes. Es, en otras palabras, la distancia entre saber que un mineral está allí y demostrar que puede convertirse, de manera económicamente viable, en una operación minera.

Esta distinción cambia la manera de mirar la posición de Bolivia. En su edición 2026, el USGS estima alrededor de 150 millones de toneladas de recursos de litio medidos e indicados en el mundo. Argentina concentra 28 millones de toneladas, Bolivia 23 millones y Chile 13 millones. En conjunto, los tres países reúnen unos 64 millones de toneladas: aproximadamente el 43% de los recursos mundiales.

Es una cifra extraordinaria. Pero la fotografía cambia cuando miramos las reservas y, sobre todo, la producción. El USGS registra 37 millones de toneladas de reservas de litio a nivel mundial. Argentina aparece con 4,4 millones y Chile con 9,2 millones. Bolivia, en cambio, no figura con reservas de litio en esa tabla. Tampoco aparece entre los países productores de 2025.

Ese contraste debería ser mucho más importante en la discusión pública boliviana que la repetida afirmación de que somos “el país con las mayores reservas de litio del mundo”. La frase es atractiva, pero no describe correctamente lo que muestran los datos del USGS. Bolivia tiene una de las mayores dotaciones de recursos de litio del planeta. Eso es distinto, y no es un detalle menor.

Una pugna global
La disputa internacional por el litio tampoco es imaginaria. El propio USGS señala que la seguridad del suministro se ha convertido en una prioridad para empresas tecnológicas de Asia, Europa y América del Norte. Las alianzas y empresas conjuntas para garantizar el abastecimiento de litio continúan expandiéndose mientras crece la demanda vinculada a baterías, vehículos eléctricos y almacenamiento energético.

Eso coloca al triángulo del litio en una posición particularmente relevante. Argentina y Chile no solo cuentan con una enorme dotación de recursos: ya participan en la producción mundial. Bolivia, en cambio, todavía debe resolver cómo transformar su potencial en una ventaja concreta. La diferencia entre ambas situaciones es la diferencia entre tener una posibilidad y tener una posición en el mercado.

El verdadero poder está en la capacidad de convertir recursos en reservas económicamente recuperables; reservas en proyectos viables; proyectos en producción; y producción en valor agregado, tecnología, empleo e ingresos sostenibles. También está en la capacidad de negociar con empresas y gobiernos extranjeros desde una posición que permita al país decidir qué parte de la cadena de valor quiere conservar.

Cada año importa porque el mercado tampoco se queda quieto. El USGS estima que la producción mundial de litio, excluyendo Estados Unidos, aumentó en 2025 hasta aproximadamente 290.000 toneladas, frente a 222.000 toneladas en 2024. La expansión de la capacidad productiva continúa en varios países. Al mismo tiempo, la demanda está impulsada por el crecimiento de los vehículos eléctricos y de los sistemas de almacenamiento energético.

El poder de la refinación
Esto no significa que Bolivia haya perdido su oportunidad. Significa algo más incómodo: que la oportunidad no es automática y que la ventana puede hacerse más difícil de aprovechar cuanto más avancen otros productores y cadenas de suministro. Tener recursos en el salar no garantiza que el mundo espere a que encontremos la fórmula perfecta para explotarlos.

El litio plantea una oportunidad diferente, pero el riesgo es conocido. Podemos repetir el viejo patrón de exportar materias primas o intentar utilizar el recurso como punto de partida para construir una cadena de mayor valor. La segunda opción es mucho más difícil, pero también es la que puede justificar que el litio sea considerado una oportunidad estratégica y no simplemente otro ciclo extractivo.

Los países que controlen no solo la extracción, sino también el procesamiento y las etapas de mayor valor de los minerales críticos, tendrán una influencia creciente sobre industrias enteras: vehículos eléctricos, almacenamiento energético, tecnología y sectores vinculados a la seguridad y la defensa. Por eso, la competencia internacional no se limita a quién posee el mineral bajo tierra. También importa quién controla las tecnologías, las cadenas de suministro y los mercados que convierten ese mineral en productos estratégicos.

La respuesta tampoco puede reducirse a elegir entre Estado o mercado. El desafío es construir una combinación capaz de aprovechar las fortalezas de ambos. El Estado puede definir objetivos estratégicos, proteger el interés nacional y establecer reglas. El capital y la tecnología pueden aportar capacidades que el país todavía no posee. El punto decisivo es si Bolivia logra negociar esa combinación desde una estrategia de largo plazo y no desde la urgencia del momento.

La promesa aún incumplida
Por eso, la posición boliviana dentro del triángulo del litio debería analizarse con más realismo. Somos centrales por nuestros recursos, pero todavía marginales en producción. Tenemos una ventaja geológica, pero no una ventaja industrial equivalente. Tenemos un recurso estratégico, pero todavía debemos demostrar que podemos convertirlo en poder económico y capacidad de negociación.

El litio, para América Latina, no es solamente otra oportunidad económica. Es una prueba de si la región puede finalmente sentarse a negociar como socio y no únicamente como proveedor. Para Bolivia, la prueba es todavía más urgente.
https://larazon.bo/politico/2026/09/19/la-nueva-pelea-por-el-litio-ya-no-se-disimula/