Argentina

DESARCHIVO DE DENUNCIA Y PETITORIO

03/03/2021
La Justicia hizo lugar al pedido de desarchivo de la causa por la denuncia penal que vecinos realizaron contra el Gobernador Mariano Arcioni por falsedad ideológica el año pasado.

La denuncia había sido archivada por el fiscal Heiber oportunamente pero los vecinos pidieron que fuera desarchivada. Ahora, el fiscal Rivarola da lugar a ese pedido y resuelve que se investigue la denuncia por falsedad ideológica.

Si bien el Fiscal Rivaarola comparte parcialmente las conclusiones del Fiscal General, entiende que el archivo es prematuro y que deben agotarse otras instancias probatorias y alega que hay otros antecedentes a tener en cuenta y que han sido presentados por los denunciantes ante el Ministerio Público Fiscal.

Se puede leer la Revocatoria completa aquí. REVOCACION DEL ARCHIVO

Por otro lado, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses presentó ayer, 2 de marzo de 2021, un petitorio solicitando el tratamiento y aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular (proyecto 129/20) en la Legislatura Provincial . Hoy, miércoles 3 de marzo, un grupo de vecinos hizo lo propio ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquel.

El petitorio tiene cuatro puntos centrales:

1° – Pedido de tratamiento y aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular (proyecto 129/20)

2° -Se exige el retiro del proyecto 128/20 de Zonificación Minera, presentado en Legislatura por el gobernador Arcioni.

3° – Se sostiene que los 27 diputados ocupen sus lugares de trabajo, con los protocolos correspondientes y sesionar en el lugar que corresponde “para hacerse cargo de las decisiones que toman”.

4° – Se haga efectiva, en tiempo y forma, la divulgación de la minuta y el orden del día de todas las sesiones legislativas que van a estar comprendidas durante el año.

Foto: eqsnotas

Desarchivo de denuncia y Petitorio

Perú

CUSCO: COMUNEROS DE CHUMBIVILCAS FUERON REPRIMIDOS POR PROTESTA CONTRA MINERA HUDBAY

Alerta informativa
Los conflictos en el Corredor Minero del Sur siguen vigentes. Foto: Redes Sociales

El último sábado, una manifestación de comuneros del distrito de Livitaca, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas terminó en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. Durante la protesta, los manifestantes se acercaron al campamento minero de la empresa minera Hudbay lo que desencadenó una dura represión policial.

La protesta contra Hudbay convocó a unos 350 comuneros, quienes se concentraron en el sector de Chilloroya. La población se movilizó hasta el campamento minero para exigir la reformulación de Convenio Marco entre el distrito de Livitaca y la compañía. Este requerimiento se viene negociando desde noviembre del año pasado, sin embargo, hasta hora las partes no llegan a un acuerdo, y el contexto de la pandemia y crisis sanitaria no agiliza el diálogo.

De acuerdo a información preliminar de la Policía Nacional, los manifestantes intentaron ingresar al tajo minero por la fuerza, lo que desencadenó represión policial. Los hechos dejaron como consecuencia tres heridos, situación que fue denunciada inmediatamente a través de las redes sociales y medios locales.

Al respecto, se conoció que Nilton Díaz Martínez, jefe de Relaciones Gubernamentales de Hudbay, conversó con los manifestantes para explicarles que la compañía tiene programado el reinicio del diálogo con representantes del Ejecutivo para el próximo jueves 04 de marzo, de manera semipresencial.

Además, la empresa minera y el Ministerio de Energía y Minas han publicado comunicados en el que aseguran harán prevalecer el proceso de diálogo para evitar que el conflicto social se agudice.

Denuncian uso desmedido de la fuerza

Por su parte, como lo señalan diferentes medios de comunicación, las y los comuneros denunciaron el abuso de parte de la Policía Nacional al ser atacados con bombas lacrimógenas, perdigones y haber sido maltratados con golpes, incluso a mujeres, personas de tercera edad y niños, quienes resultaron con impacto de perdigones. Asimismo, los agentes policiales propinaron golpes en diferentes partes del cuerpo, tras la marcha pacífica que realizaban cerca a las instalaciones de la minera.

Además, los comuneros denunciaron que los efectivos policiales sustrajeron a la fuerza objetos como celulares y billeteras de los pobladores, por lo que exigieron la devolución de dichos bienes.

Los comuneros difundieron fotos de la represión policial que sufrieron. Foto: Redes Sociales.

Cirilo Meléndez Arias, Alcalde del Centro Poblado de Totora, uno de los heridos del enfrentamiento, declaró en una conferencia de prensa que realizaron en Cusco el 01 de febrero que han ‘sido atacados con bombas lacrimógenas en la cara, con perdigones en el cuerpo, y que raro, que cuando estábamos adentro, los funcionarios no han tenido capacidad para dialogar. La Fiscalía llegó inmediatamente, pero cuando el pueblo lo demanda ni la policía ni la fiscalía se aparecen. Yo soy una persona discapacitada, y aun así me han agredido, por eso los voy a denunciar’, declaró Meléndez a la prensa.
www.conflictosmineros.org.pe

Colombia, Perú

Colombia y Perú buscan centralizar la compra de oro para combatir el crimen y la informalidad

Duque afirmó que el Gobierno presentará este mes al Congreso un proyecto de ley para fortalecer las sanciones por delitos ambientales, en la que también se endurezcan las penas por la extracción ilegal de minerales.
02/03/2021
Bogotá. Los Gobiernos de Colombia y Perú consideran la posibilidad de centralizar las compras de oro, en un esfuerzo por combatir la extracción ilegal e informal, anunciaron este martes funcionarios de ambos países.

El presidente colombiano Iván Duque dijo que su Gobierno estudia la medida además para evitar que la minería ilegal continúe alimentando un conflicto interno armado de más de cinco décadas.

«Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central, para que volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro», afirmó Duque durante la conferencia regional de minería ELAMI, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Banco Central de Colombia fue el único comprador de la producción de oro en el país hasta 1991, cuando se abrió el mercado.

Duque aseguró que se requiere un esfuerzo regional para combatir la minería ilegal. Es «justamente esa extracción ilegal de minerales, la que termina acumulando los mayores vertimientos de mercurio, es esa la que termina haciendo deforestación, es esa la que termina afectando comunidades, y es la misma que se enlaza con fenómenos de criminalidad, como el narcotráfico u otras formas de violencia».

Duque afirmó que el Gobierno presentará este mes al Congreso un proyecto de ley para fortalecer las sanciones por delitos ambientales, en la que también se endurezcan las penas por la extracción ilegal de minerales.

Las ventas de monedas de lingotes de oro de Estados Unidos aumentaron un 258% en 2020, dijo el mes pasado la Casa de la Moneda de ese país, y la gran demanda continuó este año, lo que redujo los suministros afectados por los confinamientos del coronavirus.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, destacó cómo un gramo de oro suele ser más fácil de transportar para los grupos armados que un gramo de cocaína.

Mineros de Perú piden reglas claras. Colombia, en donde la producción de oro aumentó un 58% interanual en el tercer trimestre a 14,2 toneladas, lanzó la semana pasada el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), una unidad del Ejército que además de combatir los cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína, enfrentará la minería ilegal y los grupos armados ilegales que se financian de esas actividades criminales.

A su turno, los mineros informales en Perú están pidiendo al Gobierno que implemente reglas claras para la comercialización del oro, dijo el ministro de minería de ese país, Jaime Gálvez.

«Creemos que es algo que de alguna manera debemos retomar, aunque no sea el Estado directamente, sí el Estado controlando el proceso de comercialización del oro de la pequeña minería», dijo el funcionario.

«Es la única manera para tener la trazabilidad del recurso y sin la trazabilidad del recurso lo que vamos a tener es que la minería informal va a seguir siendo la predominante», agregó.

Perú produjo 87.302.970 gramos finos de oro en el 2020, una caída de 32% frente al 2019, según el Ministerio de Energía y Minas.

Las ventas de monedas de lingotes de oro de Estados Unidos aumentaron un 258% en 2020, dijo el mes pasado la Casa de la Moneda de ese país, y la gran demanda continuó este año, lo que redujo los suministros afectados por los confinamientos del coronavirus.

Los déficits de producción fueron parcialmente compensados ​​por precios más altos, dijo el ministro de minería de Argentina, Alberto Hensel.

«La caída podríamos decir que fue de un 40% en los volúmenes de producción, pero en el valor de exportaciones, debido al incremento del precio, representan una caída del 20%», precisó Hensel.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/colombia-y-peru-buscan-centralizar-la-compra-de-oro-para-combatir-el-crimen-y-la

Mexico

Minera canadiense First Majestic solicita arbitraje internacional contra México

El conflicto inició porque el Servicio de Administración Tributaria de México acusó a la minera de Canadá de evadir el pago de 11 mil millones de pesos en impuestos
Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
02/03/2021 Ivette Saldaña

La empresa canadiense del sector minero, First Majestic, inició un arbitraje internacional por una disputa fiscal en contra del gobierno de México.

El conflicto inició porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México acusó a la minera de Canadá de evadir el pago de 11 mil millones de pesos de impuestos.

Por lo que, basados en el capítulo 11 de solución de controversias inversionista-estado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente hasta junio de 2020, First Majestic pidió la intervención del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones (Centre for Settlement of Investment Disputes).

En un comunicado, la empresa minera explicó a la bolsa que “a pesar de los intentos repetidos de la compañía por alentar al gobierno de México a realizar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se ha negado ha participar”.

Desde mayo de 2020, semanas antes de que se diera por terminado el TLCAN y entrara en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), First Majestic informó al gobierno mexicano de su intención de iniciar una disputa comercial, porque un requerimiento fiscal que se le hizo a pesar de que existe un convenio para evitar la doble tributación.

La firma minera afirmó que el gobierno federal ha tomado “acciones ilegales y posibles violaciones en relación con incautaciones, embargos, congelamiento de cuentas bancarias, revocación de licencias en el sector minero, confiscaciones de otros activos de Primero México, no obstante que existen procedimientos judiciales pendientes de resolución en México contraviniendo la Constitución mexicana y las leyes aplicables en México”.

Firts Majestic, que opera en México a través de Primero Mining y Primero Empresa Minera, llamada (Primero México), aseguró en su planteamiento de mayo de 2020 que hubo tácticas de aplicación e intimidación excesivamente duras que interfirieron la operación de la empresa.
cev/lsm
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/minera-canadiense-first-majestic-solicita-arbitraje-internacional-contra-mexico

Internacional, Litio

Prevén que la cantidad de litio necesario para las baterías bajará a la mitad en diez años

Redacción 01/03/21
La organización europea Transport & Environment (T&E) ha asegurado que los automóviles eléctricos necesitan «mucha menos materia prima» que los modelos de combustión interna, y esta brecha aumentará a medida que los avances tecnológicos reduzcan a la mitad la cantidad de litio necesario para fabricar una batería de un coche ‘cero emisiones’ en la próxima década.

«Cuando se trata de materias primas, simplemente no hay comparación. Durante su vida útil, un automóvil de combustible fósil promedio quema el equivalente a una pila de barriles de petróleo de 25 pisos de altura (17.000 litros). Si se tienen en cuenta el reciclaje de los materiales de la batería, solo se perderían alrededor de 30 kilos de metales», ha reivindicado el analista de Transporte y Movilidad eléctrica de T&E, Lucien Mathieu.

En la próxima década, T&E prevé que la cantidad de litio necesaria para la fabricación de una batería caiga hasta la mitad, mientras que el cobalto necesario bajará en más de tres cuartos y el níquel en alrededor de un quinto.

Además, en 2035 una quinta parte del litio necesario y un 65% del cobalto podrían provenir del reciclaje, algo que nunca podría ocurrir con el petróleo que queman los coches de combustión.

Entre otros aspectos, T&E también ve «probable» que Europa produzca suficientes baterías para abastecer su mercado de vehículos eléctricos a partir de 2021 ya que se planean hasta 22 gigafábricas de este componente para la próxima década.

«Esto está muy lejos de la situación actual en la que la flota de automóviles de Europa depende casi por completo de las importaciones de petróleo crudo. El aumento de la eficiencia y el reciclaje de las baterías dejará a la UE significativamente menos dependiente de las importaciones de materias primas», ha añadido Mathieu.

En general, según la ONG, los vehículos ‘cero emisiones’ requieren un 58% menos de energía que un automóvil de gasolina durante toda su vida útil y emiten menos dióxido de carbono (CO2) incluso en países como Polonia, que tiene uno de los sistemas eléctricos menos renovables de Europa, donde este tipo de modelos baja un 22% sus emisiones.

Prevén que la cantidad de litio necesario para las baterías bajará a la mitad en diez años

Perú

Cusco: se reaviva conflicto minero con Livitaca

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28/02/2021
La Republica
Se registró enfrentamiento entre comuneros y Policía.
Protesta. Comuneros intentaron tomar campamento minero de Hudbay. De acuerdo a lo informado, se reportaron siete heridos y la Policía tuvo que hacer empleo de gases lacrimógenos.
Cusco. Una manifestación que se suponía pacífica terminó en un violento enfrentamiento entre comuneros del distrito de Livitaca en la provincia de Chumbivilcas y la Policía. Los protestantes intentaron tomar el campamento minero de la empresa Hudbay.

Aproximadamente 350 pobladores se concentraron en el sector de Chilloroya para iniciar su movilización en demanda de la reformulación del Convenio Marco entre el distrito de Livitaca y la Hudbay, un hecho que se negocia desde noviembre del año pasado.

Sin embargo, a promediar las 14.00 horas de ayer, los manifestantes intentaron ingresar al tajo minero suscitándose una violenta gresca con la Policía. De acuerdo a lo informado, se reportaron siete heridos y la Policía tuvo que hacer empleo de gases lacrimógenos para controlar la manifestación.
Nueva convocatoria

Nilton Díaz Martínez, jefe de Relaciones Gubernamentales de la minera, pudo conversar con los protestantes y explicar que se tiene programado el reinicio del diálogo con integrantes del Ejecutivo para el próximo jueves, de manera semipresencial.

En respuesta, pobladores rechazaron dicha convocatoria y exigen que se presenten inmediatamente representantes de Hudbay y del Gobierno central.

Al caer la tarde la calma llegó, no obstante, no se descartan más protestas.

El Ejecutivo suspendió las reuniones presenciales para tratar conflictos haciéndose por la vía virtual, sin embargo, la población insiste que se hagan de manera física. Livitaca exige a la minera la asignación económica de 250 millones de soles por año. El conflicto en el corredor minero no se cierra. Ayer se anunció un acuerdo entre Hudbay y la provincia de Chumbivilcas que recibirá aporte de S/ 11 millones.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/28/cusco-se-reaviva-conflicto-minero-con-livitaca-lrsd/

Chile

Pensar en un buen vivir desde la minería

Lucio Cuenca Berger
01/03/2021
Se escuchan voces de optimismo y hasta de una especie de satisfacción por el alza en el precio del cobre que ha marcado la pauta noticiosa de los últimos días, pero desde nuestra candidatura es importante señalar algunas cosas que nos llaman mucho la atención y de las cuales necesitamos reflexionar en conjunto.

Según se explicó el pasado lunes 22 de febrero, el precio del cobre estaría alcanzando la barrera de los US$4 la libra (US$3,9 libra, y se calcula llegará en los próximos tres meses sobre los US$4, incluso 5, dicen los más “optimistas”). Los ministros chilenos y diferentes actores del rubro minero extractivista mencionan esto como sumamente positivo para el país, ya que, de acuerdo a los cálculos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, “por cada centavo que sube el precio del cobre se adicionan unos US$20 millones a los ingresos fiscales”.

Explican que los motivos para esta racha alcista serían el mayor optimismo con respecto al control de la pandemia dado los planes de vacunación, también los estímulos fiscales en Estados Unidos, las presiones inflacionarias, y la evolución del dólar. También la demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados occidentales claves. En definitiva, esto quiere decir que el control del precio, tal como se lee en los análisis de los “especialistas”, tiene que ver con las decisiones que se toman en otros lugares como: Estados Unidos, Londres o China.

Siendo Chile un territorio que concentra un 40% del cobre, no tiene mecanismos para el control del precio, ni de la cantidad de cobre y otros minerales que se extraen. Esto ha derivado en un descontrol de la planificación territorial que tiene como consecuencia a territorios devastados. Baste ver Andacollo.

Las supuestas buenas noticias para las arcas fiscales y, en consecuencia para el país, se ven contrastadas por la realidad derivada de la alta concentración de megaminería privada y transnacional que opera en Chile, donde Codelco representa la mínima parte de la extracción. Tanto así que los años 2018 y 2019 el aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales fue tan solo del 6%.

Desde nuestra perspectiva socioambiental por un buen vivir, pensamos que debemos ir más allá y no quedarse en estos cálculos macroeconómicos que no logran captar lo que ocurre con la minería que solo consigue contratar a menos del 1% de la fuerza laboral del país. Debemos entender que son “recursos” no renovables, minerales que requieren de muchos químicos para su explotación (lo que deriva de contaminación de los territorios), y sobre todo, energía y agua. Esto quiere decir, que para seguir creciendo en estos términos del “falso desarrollo”, Chile debe continuar ampliando su oferta energética para abastecer la mayor cantidad de proyectos mineros, pero también agotando la poca agua que va quedando en los territorios. Esto presiona territorios en distintas partes del país tanto por el vital elemento como por la defensa territorial.

Por eso, nuestra invitación es a pensar en otro país posible. En otro modelo lejos del extractivismo que ponga en cuestión esta política entreguista de minerales que se transan en Londres y que no controlamos, pues pensamos que la economía debe estar al servicio de nuestras comunidades, los objetivos de desarrollo país deben ser democratizados, lo explotado debe ser no sólo en beneficio directo de los territorios que habitamos, sino decididos por éstos, y no por el mercado mundial. También debemos priorizar los derechos de la naturaleza por sobre el interés transnacional extractivista, poniendo en primer lugar el agua para consumo humano y de los ecosistemas.

Debiésemos comenzar con poner una moratoria a la gran minería, hacer reparaciones a la naturaleza y a las comunidades que han visto secarse y contaminarse los territorios que habitan tanto en lo ambiental como en lo social. Es hora de poner al centro la discusión sobre el beneficio de una minería de este tipo que incluya diferentes miradas plurinacionales, feministas y socioambientales, y que incluyan el beneficio económico, pero también comunitario, de los bienes comunes, y otros que deberemos discutir en la Convención Constitucional.

Estamos en el momento de repensar cómo el Estado puede asegurar un buen vivir para todas las comunidades.

El autor es Director de OLCA y candidato Constituyente por el Distrito 12

Pensar en un buen vivir desde la minería

Argentina

Contrabando minero y agrícola

02/03/2021
“Entre el contrabando minero y el agrícola, se fugan 30.000 millones de dólares por año”. La socióloga y exlegisladora del movimiento Proyecto Sur, Alcira Argumedo, denunció que la minera canadiense La Alumbrera está fugando más de 8.000 millones de dólares al año en minerales preciosos, sumado a los varios cargamentos de soja ilegales decomisados en los últimos meses que se dirigían a Paraguay y Brasil.

Entrevista exclusiva de Elizabeth Pontoriero para la AGENCIA PACO URONDO.

Durante los últimos meses se han decomisado varios cargamentos ilegales de soja que se dirigían presuntamente a la República del Paraguay y a Brasil, con el objeto de evitar el pago de las retenciones. Hace unos días, la socióloga y ex diputada nacional del Movimiento Proyecto Sur, Alcira Argumedo, denunció que la Minera canadiense La Alumbrera, responsable de la explotación de oro, plata y molibdeno en nuestro país, está fugando más de 8.000 millones de dólares al año en valiosos minerales de las “tierras raras” y que, además, no sería la única empresa que lo hace.

La fuga de divisas por contrabando, tanto en el sector minero como el agropecuario, le generan al país pérdidas millonarias que perjudican notoriamente a la economía nacional. Sobre estos temas, se explayó en una entrevista con AGENCIA PACO URONDO.

Agencia Paco Urondo: En la denuncia sobre el contrabando de minerales que realizó en las redes sociales, usted dice que el monto que se pierde de una sola minera es de 8.267 millones de dólares por año. ¿De dónde provienen esos datos, existe alguna investigación que lo avale?

Alcira Argumedo: Los geólogos tucumanos Miguel Gianfrancisco y Guillermo Amilcar Vergara, realizaron un estudio regional sobre metalogénesis del Grupo Farallón Negro – Aconquija. Entre las áreas evaluadas plotearon Bajo de la Alumbrera (“mina en explotación rentable y eficiente”), descubriendo una cuantiosa exacción a la Nación Argentina, al Gobierno de Catamarca y a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio – YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca), presentando la correspondiente denuncia al Fiscal Federal en el mes de febrero del año en curso (2012). La Empresa minera declara exportar oro, cobre y molibdeno, olvidando declarar las exportaciones de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, lutecio, columbio, níquel, escandio, tantalio, terbio, torio, uranio, tungsteno, ytrio e iterbio, obtenidos (por la empresa) en la explotación de los tres primeros y únicos declarados con fines tributarios.

Los mencionados geólogos estimaron las cantidades exportadas, el precio en dólares estadounidenses por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y a YMAD. Además, determinaron el “Valor Bocamina” de la mineralización y el valor de los metales mencionados en el párrafo anterior, no declarados como exportaciones, no obstante que constituyen el mayor ingreso de esa mpresa, ya que estimaron que el “Valor Anual del Producido No Declarado” asciende a U$S 8.266.337.500. La investigación se realizó en 2010 y se dio a publicidad en 2012. La causa está paralizada. El 16 de febrero de 2012, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional. Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.

APU: Además de la Minera La Alumbrera, qué otras empresas participan de este hecho y a cuánto ascenderían, entonces, las pérdidas.

AA: No hay investigaciones equivalentes en otras mineras. Sin embargo, es posible deducir que tienen un comportamiento similar por otros indicadores: por ejemplo, según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación, en 2018 y 2019 (los últimos datos analizados) todas las mineras exportan solamente 3 metales (oro, plata y plomo); es decir, al igual que La Alumbrera, solamente declaran 3 metales y es poco creíble que del conjunto de las minas del país solamente extraigan eso. Los cálculos probables indicarían que los montos de contrabando del resto de las mine-ras (incluyendo el contrabando de oro de la Barrick Gold por tierra o aire hacia Chile y similares) sería equivalente al contrabando de la Alumbrera: entre 7.000 y 8.000 millones de dólares/año.

APU: ¿Desde hace cuánto tiempo sucede el contrabando de estos “valiosos minerales” y por qué nadie la ha denunciado?

AA: Es de suponer que este desfalco no comenzó en 2010/2012; pero no podría dar razones del por qué no se ha denunciado. Carezco de elementos y recursos como para dar respuesta a esta pregunta.

APU: Durante los últimos años se ha incrementado el transporte ilegal de cargamentos de granos, especialmente de soja, hacia la República del Paraguay, supuestamente para evitar el pago de retenciones, algo que le ocasiona al Estado la fuga de millones de dólares. Sin embargo, por estos delitos, se han realizado varias denuncias y el Gobierno, que se ha mostrado preocupado, ha tomado las medidas necesarias para combatirlos. Con respecto a las Mineras, ¿ha hecho lo mismo, implementó algún tipo de estrategia o no lo considera tan grave como lo que sucede en el sector agropecuario?

AA: El contrabando de granos es igualmente grave y tiene dos caminos principales: por una parte, los camiones por tierra hacia Paraguay, Bolivia y Brasil, junto a lanchones que van río arriba; por otra, el contrabando en la línea de flotación de los buques: en los depósitos de lastre donde debiera haber agua para establecer la línea de flotación de los buques, el agua se reemplaza por granos de contrabando: se estima que a través de esta trampa cada buque puede llevar como mínimo entre 1.000 y 1.500 toneladas de granos. No puedo estimar si este contrabando es mayor que el minero, pero bajo toda evidencia la suma de ambos -si se consideran además las trampas en las exportaciones de carne y otros rubros como los combustibles- es posible afirmar que superan los 30.000 millones de dólares por año. Al respecto, recomiendo el artículo “Tráfico ilegal de granos y narcotráfico” de Esteban Rodríguez Alzueta, en El Cohete a la Luna. Es el otro gran problema de los puertos privatizados, junto a la destrucción industrial, el desempleo y el crecimiento expo-nencial de la pobreza en Rosario, es el crecimiento del narcotráfico y el papel de los puertos privados.

APU: Los distintos Gobiernos, incluido el actual, ¿han tomado conciencia de la importancia que, para nuestra economía, significa el control sobre la explo-tación de los minerales de las denominadas “tierras raras”, sobre todo si se tiene en cuenta que Argentina es uno de los pocos países privilegiados que cuenta con ellas?

AA: El principal problema adicional con las mineras -sea el metal que sea- es el carácter gravemente depredador de la mega-minería a cielo abierto con utilización de cianuro y ácido sulfúrico. En 2016 por 556 votos a favor y 8 en contra, el Parla-mento Europeo prohibió esta minería en todo el territorio de Europa por considerar que tiene “consecuencias catastróficas e irreversibles”. Considero que habría que evaluar muy rigurosamente en cada caso costos y beneficios, pero de ninguna ma-nera puede dejarse a criterio de empresas privadas.

Contrabando minero y agrícola

Republica Dominicana

El proyecto La Manaclita de Falcondo en República Dominicana fracasa

01/03/2021
Se esperaba que el nuevo proyecto Loma Miranda proporcione una nueva área minera de mayor grado. / Foto: Falcondo

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana rechazó la solicitud de Falconbridge Dominicana (Falcondo) para desarrollar el proyecto de ferroníquel La Manaclita en la provincia centro-norte de La Vega.

El mes pasado, Falcondo – filial de Americano Nickel- dijo que buscaba acceder al área La Manaclita, en la montaña Loma Miranda (de 46 km), para ampliar sus operaciones en el país durante 20 años más.

“Dentro de esa gran área de 46 kilómetros cuadrados, hay una pequeña área de 4.6 kilómetros cuadrados. Esa pequeñita área fue la que se propuso de operación, un área que fue un aserradero en los años 50 por lo que no es un bosque primario”, dijo en febrero pasado el vicepresidente de Falcondo, Edwin Deveaux,

La idea de Falcondo era presentar una nueva evaluación de impacto ambiental para La Manaclita, que ampliaría su depósito existente Loma Ortega conectándolo con Loma Miranda para prolongar la vida útil de la mina. Falcondo estima que los recursos del área explotada actualmente se agoten en unos cuatro o cinco años.

Sin embargo, el área que busca explotar la minera se considera una “cortina verde” que sirve como una esponja natural para contrarrestar los vientos alisios, absorbiendo y recolectando la humedad de las nubes que golpean la vegetación, provocando un fenómeno único conocido como precipitación horizontal.

La propuesta para llevar a cabo dicho plan fue recibida por el Ministerio de Medio Ambiente pero fue rechazada. Cabe destacar que el plan de Falcondo desde un inicio se consideró controvertido y los grupos ambientalistas se opusieron abiertamente.

“Nuestra posición es cumplir con lo expresado durante los procesos judiciales (relacionados con el proyecto) y valoraciones técnicas que preceden al escenario actual, así como con el principio de prevención establecido en el artículo 8 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, dijo el ministro Orlando Jorge Mera en un comunicado en video .

Según el funcionario del gobierno, tras la decisión de su oficina, la gerencia de Falcondo envió una comunicación formal diciendo que habían decidido retirar la solicitud.

“Nuestro compromiso, basado en la Constitución y el estado de derecho, es defender el medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas de República Dominicana”, dijo Mera.
Fuente: Mining Dot Com

El proyecto La Manaclita de Falcondo en República Dominicana fracasa

Colombia

Minesa volverá a solicitar licencia ambiental en Colombia

01/03/2021
Páramo de Santurbán, el entorno del proyecto Soto Norte. / Cortesía de Minesa.

Sociedad Minera de Santander (Minesa), una empresa propiedad del gobierno de Abu Dhabi a través de su brazo de inversión Mubadala Investment Company, anunció que presentará una nueva solicitud de licencia ambiental para su proyecto de oro Soto Norte en Colombia.

El anuncio se produce cinco meses después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del país decidiera archivar la solicitud de licencia para el proyecto diciendo que no pudo tomar una decisión porque había demasiadas preguntas sin respuesta sobre el impacto ambiental de Soto Norte.

Entre los elementos cuestionados se encuentran la definición de ‘área de influencia’, aspectos técnicos relacionados con la instalación de relaves del proyecto, consideraciones relacionadas con la geotecnia, la caracterización de impactos en la hidrología e hidrogeología de la región, y el plan de gestión de riesgos y valoración económica del proyecto.

La propuesta de Minesa es una operación de USD 1.2 mil millones que se ubicará en el departamento centro-norte de Santander, a las afueras del Páramo de Santurbán. La ubicación del proyecto ha demostrado ser controversial ya que el paisaje natural que lo rodea es un área protegida de la Cordillera de los Andes cubierta de bosques subalpinos por encima de la línea continua de árboles pero por debajo de la marca de nieve permanente, donde el agua se almacena naturalmente durante la temporada de lluvias y liberado durante la estación seca.

Si bien el punto más alto de Soto Norte se encuentra fuera del área protegida del páramo, Minesa dijo que dadas las preocupaciones expresadas por la autoridad ambiental, se deshará de sus planes previos y trabajará en una nueva solicitud de licencia ambiental que tome en consideración los requisitos técnicos adicionales propuestos por la ANLA.

Minesa estima que todo el proceso de preparación y presentación de una nueva EIA tomará más de un año, lo que significa que la administración tendrá que implementar algunos recortes de personal.

“A pesar de que Minesa pudo mantener a todo su equipo de 250 empleados directos e indirectos durante el cierre impuesto por el gobierno debido a la pandemia, la decisión de ANLA significa que tenemos que ajustar nuestras operaciones”, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Si encuentra la manera de seguir adelante, se espera que la operación subterránea propuesta de Soto Norte produzca más de 400,000 onzas de oro por año durante unos 20 años y cree 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos.
Fuente: Mining Dot Com

Minesa volverá a solicitar licencia ambiental en Colombia