Uruguay

El Estado uruguayo le gana millonario juicio a la empresa minera Aratirí

7/8/2020
El Estado uruguayo ganó el juicio internacional que en 2017 le iniciara la minera Aratirí, con una demanda inicial de 3.500 millones de dólares.

Aratirí denunciaba a Uruguay por incumplir el acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones con el Reino Unido. Este tratado internacional fue invocado por la empresa de origen indio cuando en Uruguay se aprobó una nueva legislación sobre la minería a cielo abierto, en medio del proceso de prospección de Aratirí.

La empresa acusó al Estado uruguayo de modificar las normas legales que se aplicaban a su negocio y con ello, aseguró, se afectó su millonaria inversión en el país.

Ahora Aratirí deberá pagarle a Uruguay 4 millones de dólares, que fue el costo de los abogados que representaron al Estado.

La inversión de Aratirí fue promovida en el gobierno de José Mujica (2010-2015) y la demanda fue presentada durante el segundo período de Tabaré Vázquez (2015-2020).

El comunicado

«Uruguay gana juicio internacional: el Tribunal Arbitral rechaza los reclamos presentados contra Uruguay en relación al proyecto minero Aratirí.

En el día de la fecha se notificó el laudo dictado por el Tribunal Arbitral en el caso iniciado en el 2017 por Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal contra Uruguay en relación al proyecto de explotación de mineral de hierro a través de la Minera Aratirí, bajo el Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital, firmado el 21 de octubre de 1991 (Caso CPA No. 2018-04).

El monto reclamado por los demandantes era de US$ 3.536 millones. En dicho laudo, el Tribunal Arbitral hizo lugar a la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral ordenó a los demandantes que reembolsaran a Uruguay US$ 4.097.149,25 en costos».

Por qué ganó Uruguay

Fuentes del anterior gobierno (que llevó adelante la defensa de Uruguay en el juicio) dijeron al portal de Canal 10, Subrayado, que Aratirí perdió «por una razón de jurisdicción».

La jurisdicción -explicaron- fue el primer argumento que utilizó Uruguay en su defensa, con el objetivo de que el Tribunal desestimara la acción presentada por Aratirí. El Tribunal ahora le dio la razón a Uruguay en este punto.

Según la defensa que esgrimió el anterior gobierno en el juicio, Aratirí apeló al Tratado de Inversiones con el Reino Unido porque la India no había aprobado un acuerdo similar con Uruguay.

El actual gobierno de Luis Lacalle Pou emitió un comunicado en el que informa del resultado del juicio y señala además que el Tribunal no reconoció a los demandantes la legitimidad para reclamar una indemnización del Estado uruguayo.
República

El Estado uruguayo le gana millonario juicio a la empresa minera Aratirí

Bolivia

Apacheta se declara en emergencia ante intento de avasallamiento minero

Los indígenas en un acto ritual frente a la minera. Foto: Radio Peñas.
06/08/2020
Fuente: Cejis
Los pobladores del territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras por parte de un operador minero, que la pasada semana movilizó maquinaria y personal en el sector, a pesar de tener conocimiento de que el territorio se declaró netamente productor agrícola y ganadero.

La decisión se asumió durante el primer cabildo virtual que celebraron este domingo 2 de agosto, las autoridades junto a los habitantes del territorio, quienes participaron y tomaron la palabra a través de la radio local que también transmitió el encuentro.

En Oruro, indígenas buscan garantizar la soberanía y seguridad alimentaria con la construcción de galpones forrajeros
Durante el cabildo, las autoridades informaron a la población que el miércoles 29 de julio recibieron la llamada de algunos comunarios de Ticaña que alertaron de la presencia de volquetas y retroexcavadoras, por lo que en la tarde el Consejo de Autoridades se movilizó hasta el lugar, donde verificaron el avance de un camino que se abría por la parte superior del cerro.

El territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta se ubica en los municipios de Pazña y Antequera, en el departamento de Oruro. Las 54 comunidades que integran la marka se dedican a la producción de leche y sus derivados como: queso, yogurt, flan y otros; a la crianza de ganado lechero, la venta de carne, cultivo de habas, papas, hortalizas, cebada y alfa alfa. Estos productos son comercializados en las ferias de Challapata, Huanuni, Bolívar, Totoral y Oruro; incluso, su producción de queso llega hasta los mercados de Potosí, Yacuiba, Villamontes y Cochabamba.

En el cabildo, las autoridades recordaron que el 2019, la marka determinó “cero minería”, razón por la cual el día que se enteraron del avasallamiento, se dirigieron al lugar donde se encontraba la minera para ejercer sus derechos como pueblo indígena, a través de un acto ritual y una ch’alla, para luego dialogar con el personal responsable de la empresa minera.
Fruto de este encuentro, las autoridades y la empresa acordaron un cuarto intermedio durante el cual la empresa iría a la oficina de las autoridades originarias a presentar los documentos que demuestren la legalidad de sus operaciones; sin embargo hasta la fecha no se hicieron presentes, según informaron las autoridades de la marka al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

El conflicto se viene arrastrando desde hace más de dos años, cuando la empresa también ingresó a la misma comunidad a realizar trabajos mineros y las y los comunarios también lo impidieron; por esta primera situación, los pobladores realizaron un cabildo donde tomaron la decisión de no permitir el trabajo de ninguna empresa minera, por la naturaleza productora de la región.

A pesar de la pandemia por el COVID-19, en Bolivia las actividades extractivas continúan amenazando a los territorios correspondientes a los pueblos indígenas, las cuales suman cada vez más impactos al medio ambiente y a la salud de la población indígena, quienes en algunos casos contrajeron el Covid-19 producto del ingreso de empresas a sus comunidades sin las medidas básicas de bioseguridad.
http://www.erbol.com.bo/gente/territorio-ind%C3%ADgena-tapacar%C3%AD-c%C3%B3ndor-apacheta-se-declara-en-emergencia-ante-intento-de

Perú

CATERIANO Y TAMBOGRANDE: UNA POSVERDAD GEOGRÁFICA CON TUFO LIBERAL EXTRACTIVISTA

Imagen: Radio Nacional
Por: Dionel Martínez, Camila Delgado e Iván López[1]
COOPERACCION, 05/08/2020
El ahora ex Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en su presentación para el pedido del voto confianza ante el Congreso de la República, hizo la siguiente mención sobre el distrito de Tambogrande y la supuesta presencia masiva de la minería ilegal:

“Contra lo que sí debemos combatir con energía es contra la minería ilegal. El uso de microextractores prohibidos como el mercurio y otros productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio ambiente. Para ello, voy a mostrar imágenes de Tambo Grande, en la región Piura, captadas por el satélite Perú SAT-1. Fíjense cómo era esta zona en 2017 y lo es tres años después. Este desastre ecológico que ha destruido nuestro medio ambiente no solo ocurre en Madre de Dios. Todavía estamos a tiempo de detener esta catástrofe que es una verdadera amenaza para el país”.

Imagen N°1

Fuente: Presentación del ex Primer Ministro Pedro Cateriano.

En el presente artículo, por el interés público y la salvaguarda de la reputación del análisis espacio-temporal que nos ofrece la geografía -a través de la teledetección- ponemos bajo la lupa las declaraciones vertidas con tanta vehemencia por el señor Cateriano. Queremos dejar en claro que de ninguna manera pretendemos defender la minería ilegal. Por el contrario, estamos completamente de acuerdo en que debemos combatir con todos los medios posibles esta actividad que destruye miles de hectáreas de ecosistemas cada año en el Perú. Dicho esto, lo correcto es tomar los datos de la realidad, a través del uso de herramientas que permiten la detección y evolución de información en el tiempo y, sobre todo sin ajustarla con la finalidad de favorecer intereses o argumentos particulares.

Al parecer, al ex Presidente del Consejo de Ministros no solo le faltó un buen asesoramiento para referirse al tema minero[2], sino que debemos señalar que faltó claramente a la verdad al presentar información que no se ajusta a lo que ocurre en el territorio al que hacía referencia. Al presentar dos imágenes satelitales de los años 2017 y 2020 (ver imagen N° 1) de una zona de Tambogrande (provincia y departamento de Piura), alertó que en este distrito se había consumado un desastre ecológico, haciendo alusiones tendenciosas comparativas a lo que viene sucediendo en Madre de Dios.

Al hacer un análisis espacio-temporal de las imágenes satelitales a las que hizo referencia, pudimos corroborar que éstas efectivamente corresponden a la zona central del distrito de Tambogrande y la supuesta actividad minera ilegal está circunscrita a un predio de 10 hectáreas. Por lo tanto, resulta grotesco equiparar la magnitud del predio con el de otras zonas devastadas por minería ilegal en Madre Dios que superan las 100 mil hectáreas. Además, en la zona mencionada por Cateriano no existe minería ilegal; el predio al que hace referencia no se sobrepone a ningún área natural protegida; tampoco hay indicios de un desastre ecológico y mucho menos hay un dinamismo acelerado del cambio del uso del suelo en grandes extensiones como suele suceder en zonas impactadas por minería ilegal.

Imagen N° 2

Sobre este tema el actual alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, ha sido tajante al señalar[3] que el ex premier ha mentido y que en la zona señalada, no existe ninguna excavación de minería artesanal. La imagen satelital del año 2017 que mostró el ex premier Cateriano, presenta una sospechosa combinación de bandas (filtros) que le dan un “verdor” particular a la zona, haciendo notar un contraste en el predio para el año 2020. Al analizar otras imágenes satelitales (Google Earth Pro) anteriores a este último año, se puede corroborar que ya existían intervenciones de remoción de cobertura de suelo en dicho predio. Es más, estos cambios ya eran notorios a finales del año 2012 y se acentuaron a finales del 2017 (ver imagen N° 2). Dentro del mismo predio ha habido remoción de la cobertura a lo largo de los años, pero no se ha desbordado hacia otros predios.Al contrario, las imágenes muestran parcelas agrícolas contiguas con cultivos rebosantes.

Lo que tampoco verificó Cateriano es que la zona que presentó en imágenes, registra interés minero[4]formal desde el año 1977 (Ingemmet, 04/08/2020). Actualmente está concesionada a la empresa Activos Mineros S.A.C (Ingemmet, 04/08/2020), quienes incluso muestran en su página web[5] a Tambogrande, como un proyecto en promoción. Además, es importante señalar que las concesiones mineras tituladas y en trámite, según Ingemmet, ocupan el 39.5 % (58 861. 95 hectáreas) del total del distrito. Las presiones de la gran minería (sector al que aparentemente busca representar Cateriano), tienen data histórica[6]. La resistencia democrática del pueblo tambograndino también.

Este caso no solo debería quedar en el factcheck geográfico, sino que debería haber una pública enmienda del señor Cateriano, con la misma vehemencia que propaló la información en el Congreso. Su intervención en este tema lleva a pensar que el sector al que representa, está dispuesto a recurrir al maquillaje de la realidad y que desvían la atención de zonas que necesitan con urgencia el control de las actividades ilícitas.

Por otro lado, los profesionales dedicados al ejercicio de la geografía en el país, deberían hacer un llamado de atención a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), para que cumpla con rigurosidad científica y ética las funciones que le han sido conferidas y no se preste a la distorsión de la realidad haciendo uso de los recursos y herramientas tecnológicas (PerúSAT-1) que pertenecen a todos los peruanos.

[1] Dionel Martínez es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Y Camila Delgado e Iván López son miembros del equipo de geógrafos de CooperAcción.

[2] Ver Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2014). Diferencias entre minero informal e ilegal [infografía]. Recuperado de https://spda.org.pe/wpfb-file/diferencias-entre-mineros-jpg/.

[3] Municipalidad Distrital de Tambogrande (04/08/2020). Ing. Alfredo Rengifo Navarrete, Alcalde del distrito de Tambogrande [Video file]. Recuperado de https://www.facebook.com/watch/?v=599265344034502.

[4]Ver Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (04/08/2020). Sistema de Derechos Mineros y Catastro (Sidemcat). Recuperado de https://www.ingemmet.gob.pe/sidemcat?CodDM=12610070Z08&TipoDoc=0.

[5] Activos Mineros S.A.C. (04/08/2020). Promoción de la inversión privada. Recuperado de https://www.amsac.pe/objeto-social/promocion-de-la-inversion-privada/#Objetivos-Principales.

[6] Ver CooperAcción (04/03/2020). Tambogrande: ¿Viejo conocido con nuevo nombre? CooperAcción Informa. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/tambogrande-viejo-conocido-con-nuevo-nombre/.

Colombia

Este jueves, Congreso debate proyecto de minería en Santurbán

Santander
Laguna La Barrosa
Paramo Santurban
Vetas
Foto Victor Galeano
Mayo 10 2015

Lo motivaron las declaraciones de la viceministra de Minas sobre los beneficios del proyecto que no cayeron bien en algunos sectores, empezando por el alcalde de Bucaramanga y algunos ambientalistas. Habitantes del páramo, a su vez, defienden la actividad.

La posible entrega de la licencia ambiental por parte de la Anla a Minesa, encendió las alarmas de los ambientalistas que se oponen al proyecto minero cerca al Páramo de Santurbán. Foto: Semana. La posible entrega de la licencia ambiental por parte de la Anla a Minesa, encendió las alarmas de los ambientalistas que se oponen al proyecto minero cerca al Páramo de Santurbán. Foto: Semana.
Al rojo vivo se encuentra el debate sobre el proyecto minero subterráneo para la extracción de oro y cobre denominado Soto Norte, que viene promoviendo la Sociedad Minera de Santander (Minesa) desde el 2015.

La viceministra de Minas, Carolina Rojas, fue la encargada de encender de nuevo la polémica. En una entrevista a Noticias Caracol la funcionaria señaló que el desarollo de esta iniciativa en inmediaciones del Páramo de Santurbán se podía realizar no solo de manera responsable, sostenible, con todas las de la ley y cumpliendo con todos los estándares de calidad, sino que, además, constribuiría a la reactivación economica del país, fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus.

Le sugerimos: Estudio advierte sobre impactos que traería proyecto minero en Santurbán

«El oro es un mineral que tiene un comportamiento diferente a otras materias primas en la medida en que en momentos de crisis como los que estamos viviendo, aumenta considerablente su precio y en esta pandemia no ha sido la excepción. El oro está en los niveles más altos de casi los últimos siete años y es una gran oportunidad para la recuperación sostenible de Colombia porque el país tiene una geología donde existe este mineral y hay unos proyectos que están en unas fases muy adelantandas de licencimiento que nos permitirían aprovechar estas condiciones favorables para incrementar los ingresos», mencionó.

El Páramo de Santurbán es la principal fuente de agua en el nororiente colombiano. Foto: archivo/Semana.

La funcionaria agregó que dichos proyectos eran los que le iban a permitir al país, de aquí a 10 años, duplicar la producción de oro, que está actualmente en 35 toneladas al año. «Podríamos alcanzar casi 70 toneladas con esos proyectos que están en la fila y que, además, cumplen toda la modernidad y requisitos para aprovechar estos reursos de forma responsable», apuntó.

Frente a la iniciativa de Minesa sostuvo que la legislación colombiana no permite la minería en áres protegidas y que ese proyecto no estaba dentro del páramo.

Recalcó que la zona donde se desarrollaría ha sido tradicionalmente minera. «La provincia de Soto Norte lleva prácticamente 450 años ejerciendo minería y este proyecto, que está en proceso avanzado de licenciamiento, hace una propuesta de minería moderna, con todos los requisitos, y será la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la que se encargará de revisar y garantizar que se desarrolle con todos estándares para poder aprovechar ese recurso natural (oro)», afirmó.

Sus palabras plantearon, según varios ambientalistas y activistas, la inminente entrega a Minesa de la licencia ambiental que se encuentra en trámite desde hace varios meses ante la Anla.

Varios trinos publicados por Rojas a través de su cuenta de Twitter terminaron de acrecentar la controversia. En uno de estos dijo: «Reactivar la minería es apostarle a un sector #ConTodasLasDeLaLey, que atrae inversión, genera regalías, empleos, impuestos y recursos para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial. Y que hoy necesitamos para la #ReactivaciónSostenible de Colombia», recalcó.

Como respuesta, varias organizaciones y activistas que vienen luchando para que en el Páramo de Santurbán no se adelante este proyecto adelantaron una tuiteratón el pasado 28 de julio, usando el hastag #ConMinesaMásPobreza en señal de protesta, a la que se unieron varios actores, líderes de opinión, influenciadores, políticos, académicos, ambientalistas y ciudadanos del común. La iniciativa fue tendencia nacional con más de 50.000 trinos.

«Hemos llenado las calles de dignidad en defensa del Agua, ahora lo hacemos en las redes. No descansaremos hasta que @IvanDuque le niegue licencia ambiental a Minesa», señalaron desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, promotor de la tuteratón.
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/este-jueves-congreso-debate-proyecto-de-mineria-en-santurban-i-colombia-hoy/53534

Internacional, Latinoamerica

“Feminismos territoriales y ecologismos diversos en el Abya Yala»

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Jubileo Sur Américas y el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo han organizado los Encuentros “Feminismos territoriales y ecologismos diversos en el Abya Yala» como un espacio para tejer entre organizaciones fraternas con reflexiones, resistencias, emociones y alianzas.

Más de 80 mujeres poderosas y colectivos de diferentes lugares del Abya Yala y de África y Asia nos juntamos para intercambiar las luchas para defender los cuerposterritorios desde una mirada feminista y ecologista. Estos encuentros son fundamentales, en el contexto marcado por una nueva pandemia, ante el avance del extractivismo y de la violencia contra las mujeres y contra el medio ambiente.

La conjunción de la diversidad geográfica, cultural, y de estrategias que llevan a cabo las organizaciones y colectivos presentes hacen de estos Encuentros una oportunidad para conocer más e intercambiar ideas y prácticas, para incidir en políticas públicas, acciones de solidaridad en escenarios regionales y globales, nuevos escenarios de formación y comunicación, o propuestas artísticas.
Mas información sobre los encuentros en: https://bit.ly/3i92Xee
Agenda: https://bit.ly/3kmQXYu

Chile, Litio

Reguladores chilenos desechan plan ambiental de SQM

3/8/2020
Los reguladores chilenos rechazaron el plan de cumplimiento ambiental de USD25 millones de SQM para el salar de Atacama, y ​​solicitaron que la minera comience nuevamente desde cero.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó el plan de cumplimiento de SQM a principios de 2019, después de que una investigación de varios años descubriera que SQM había extraído salmuera rica en litio del salar.

Sin embargo, el pasado 30 de julio, la SMA dijo que comenzaría nuevamente el proceso para cumplir con una decisión de un tribunal ambiental regional, que en diciembre invalidó el plan de la minera de litio, calificándolo de “insuficiente”.

Cabe destacar que tanto SQM como el regulador apelaron esa decisión ante la Corte Suprema de Chile, pero el tribunal inferior dijo que los reguladores ambientales deben cumplir con su orden incluso cuando la Corte Suprema reflexiona sobre una posible revocación.

SQM aceptó voluntariamente continuar con algunas medidas de protección del plan, ahora rechazado, mientras espera una decisión del tribunal superior.

El proceso no afecta inmediatamente la capacidad de SQM para operar, pero es probable que pruebe ser otro dolor de cabeza para la minera, que busca expandir sus operaciones en Atacama.

La región suministra aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de litio, un ingrediente clave en las baterías que alimentan los teléfonos celulares y los vehículos eléctricos.
Fuente: Reuters

Reguladores chilenos desechan plan ambiental de SQM

Perú

Lupaka obtiene financiamiento para arbitraje contra Perú

5/8/2020
La minera canadiense Lupaka informó este martes que ha firmado un acuerdo de financiación de arbitraje con Bench Walk Advisors para respaldar el reclamo de arbitraje de la compañía contra Perú en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Perú del 2009.

El acuerdo incluye hasta USD 4.1 millones para respaldar el arbitraje y los costos relacionados. Todos los fondos que BWA adelantará no tienen aval y solo son reembolsables al completar una demanda exitosa donde se recuperan los fondos. Como tal, el monto del financiamiento no se diluye a los actuales accionistas de Lupaka.

De acuerdo con la minera, la disputa surge de ciertos actos y omisiones de Perú en violación del TLC y el derecho internacional relacionados con la inversión de la compañía en el proyecto de oro Invicta.
Proyecto de Oro Invicta

Invicta se encuentra en la provincia de Huaura, aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Lima. Para Lupaka, la comunidad indígena de Parán erigió un bloqueo ilegal en octubre de 2018 al impedir el acceso a la mina.

“La compañía había comenzado sus envíos planificados desde la mina a plantas de procesamiento de terceros en el tercer trimestre del 2018, pero tuvo que suspender dichos envíos como resultado del bloqueo ilegal de Parán”, recordó la firma.

Sin acceso al sitio del proyecto Invicta, Lupaka Gold no pudo continuar extrayendo, enviando y procesando el material extraído. A pesar de las numerosas solicitudes de asistencia de la fuerza policial y de los funcionarios locales, estatales y federales del Gobierno peruano, la asistencia solicitada no se brindó y el bloqueo ilegal continuó.

“Sin la capacidad de enviar y vender su producto, Lupaka no pudo pagar el préstamo adquirido para completar el desarrollo e inicio de la producción comercial, el prestamista ejecutó la garantía del préstamo y Lupaka finalmente perdió el proyecto (Invicta)”, agregó.

El 12 de diciembre del 2019, Lupaka entregó al Ministro de Economía y Finanzas (MEF) del Perú una Notificación de Intención para Presentar una Reclamación de Arbitraje de conformidad con el TLC.

La presentación de la notificación de intención inició un período de consulta de seis meses entre las partes durante el cual deben intentar resolver la disputa de manera amigable.

Las reuniones entre los representantes del Gobierno peruano, Lupaka y sus abogados de arbitraje, LALIVE, han tenido lugar durante este período de seis meses, pero no se ha presentado ninguna resolución. La compañía ahora está en condiciones de iniciar procedimientos de arbitraje internacional contra el Perú de conformidad con el TLC.
Fuente: Gestión

Lupaka obtiene financiamiento para arbitraje contra Perú

Chile

Publican informe sobre impactos de minería canadiense en territorio ancestral colla

4/8/2020
La Coipa Fase 7 – Kinross

El estudio se centra en proyectos impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro. Identifica derechos afectados, formula recomendaciones a la empresa y los estados de Chile y Canadá.

El 28 de julio recién pasado el Observatorio Ciudadano dio a conocer el informe “Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: El Caso de Kinross y la comunidad Pai-Ote“, realizado por los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, coordinadores del Programa Globalización y Derechos Humanos y del Área Jurídica de la organización, respectivamente.

Dicho estudio identifica y hace evaluación de los diversos impactos que tienen los proyectos mineros desarrollados por empresas canadienses en el territorio de ocupación tradicional del Pueblo Colla, esto en la Región de Atacama en el norte de Chile, en particular sobre los derechos humanos de este pueblo y sus miembros.

Para la investigación, sus autores utilizaron la metodología Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos (EIDH, Oxfam y Federación Internacional de Derechos – FIDH, 2011), basada en el aporte y trabajo con la comunidad afectada, y tomando como referencia para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos, tomando como marco de referencia los derechos humanos y los Principios Rectores (PR) de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 2011).

Esta metodología, además, permite la elaboración de recomendaciones que pueden servir como base e insumo para promover diálogos horizontales entre las comunidades y los agentes públicos y privados implicados en los proyectos de inversión, los cuales, generalmente, se desarrollan en contextos de asimetría de información.

Kinrros y la comunidad de Pai-ote

Al menos seis proyectos mineros se encuentran actualmente en desarrollo en el territorio Colla, tres en fase de explotación y tres en fase de exploración, optando los investigadores por el análisis en profundidad de los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7 y su impacto en los derechos humanos de la comunidad Colla de Pai-Ote, puesto que estos conforman una unidad productiva. Proyectos que son impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation de Canadá, a través de su filial chilena Compañía Minera Mantos de Oro.

“La decisión de abocarnos al estudio en profundidad de este proyecto minero en particular, surgió a requerimiento de la propia comunidad, que durante décadas ha debido convivir con esta iniciativa y soportar las graves consecuencias socioambientales que ha tenido para sus territorios de uso y ocupación tradicional”, aclara Felipe Guerra.

Derechos vulnerados

Entre algunas de las conclusiones a las que arriban los autores del informe tras analizar la información del caso, es que al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote, así como de las demás comunidades collas que hacen uso del territorio hoy impactado por los proyectos mineros La Coipa y La Coipa Fase 7 de Kinross.

Lo anterior, porque no ha cumplido con su obligación de proteger a esta comunidad frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, siendo el Deber del Estado de Proteger uno de los pilares de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (Pilar 1.1 PR).

En efecto, el Estado otorgó a terceros ajenos a las comunidades collas las concesiones mineras que dieron origen a los proyectos que hemos analizado en este informe. Lo mismo ha sucedido con los derechos de agua para sus faenas, otorgándoles preferencia sobre las comunidades, en este caso la Comunidad Colla de Pai-Ote, desconociendo así el derecho de propiedad sobre las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado o que son fundamentales para la conservación de otros recursos que tradicionalmente ocupan, como son las vegas y bofedales, conforme al derecho nacional e internacional aplicable.

Por otro lado, este otorgamiento por parte del Estado fue realizado sin respetar el derecho de consulta, ni de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, así también su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, al evaluar bajo la modalidad de simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a ambos proyectos, lo que no garantizó que la Comunidad fuese debidamente consultada previo a la aprobación ambiental. Tampoco cumplió con su obligación de asegurar que esta comunidad pudiese participar de los beneficios que reportan las actividades mineras de la empresa, así como ser compensadas por los daños que les han sido provocados como consecuencia de ellas.

Otro incumplimiento grave, probablemente el que más señalan los autores, es que los órganos del Estado si bien documentaron en los noventa las tierras de ocupación tradicional de las comunidades collas, incluyendo la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre las cuales se asientan los proyectos mineros La Coipa y la Coipa Fase 7, no desarrollaron la acción necesaria para su reconocimiento y titulación. Ello a diferencia de otras comunidades collas cuyas tierras de ocupación tradicional, sí han sido reconocidas por el Estado.

Asimismo, resulta grave que no se evaluaran los impactos sinérgicos que tienen las extracciones de aguas realizadas por diversas empresas sobre los acuíferos que alimentan los sistemas de vegas y bofedales que hacen parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, los que son utilizados desde tiempos inmemoriales por diversas comunidades collas.

Por todo lo anterior, “este informe viene a corroborar que la gran minería en Chile se sigue desarrollando con grave vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, en particular aquellos como la tierra, el agua, la consulta y el consentimiento que han sido reconocidos por instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT que Chile ha ratificado”, agrega José Aylwin.

“También viene a demostrar que, además de la responsabilidad que tiene el Estado de Chile al no proteger los derechos de estos pueblos en el contexto de proyectos mineros como la Coipa y La Copia y La Coipa Fase 7 en territorio de la Comunidad Colla Pai Ote, tanto las empresas, como Kinross en este caso, y el Estado de Canadá, incumplen estándares de derechos humanos al desarrollar y/o apoyar esos proyectos con evidente afectación de los derechos de estos pueblos”, concluyó.

Fuente: El Desconcierto

Publican informe sobre impactos de minería canadiense en territorio ancestral colla

Chile

Sobre los «controles» a la minería

2/8/2020
El discurso de los controles estatales adquiere su justa dimensión cuando la realidad pone en evidencia su imposibilidad ¿De qué sirve un control posterior a la infracción? Cuando ya se contaminó o, como en este caso, cuando ya se consumió el agua, hablar de controles es una burla.

La empresa operada por la australiana BHP Billiton, «pese a comprometerse a bajar los niveles de extracción de agua en el ‘sector de Tilopozo’ superó el nivel máximo permitido desde el año 2005, llegando a triplicar dicho umbral el 2019», dijo el regulador.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo grave contra Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, debido al impacto por exceder niveles de extracción de agua desde 2005.

«La empresa, pese a comprometerse a bajar los niveles de extracción de agua en el ‘sector de Tilopozo’ superó el nivel máximo permitido desde el año 2005, llegando a triplicar dicho umbral el 2019», dijo el regulador.

El regulador ambiental de Chile aclaró que este tipo de falta puede ser sancionado con revocación del permiso ambiental, clausura o una multa contra la minera operada por la australiana BHP Billiton.

Tras la notificación, la minera tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivamente, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.

El caso provino de una denuncia del regulador de agua que encontró «descensos de los niveles de agua subterránea» y no se realizaron los ajustes que correspondían de acuerdo con un plan de alerta temprana para el acuífero, detalló la SMA.

«La gravedad del cargo se asocia a que las medidas incumplidas son la única forma establecida en la evaluación ambiental para minimizar el efecto generado por el proyecto sobre las vegas de Tilopozo», destacó el jefe de la División de Sanción y Cumplimiento (S) de la Superintendencia, Emanuel Ibarra.

En febrero de este año, Escondida desistió de su petición de extender sus derechos para usar agua fresca del acuífero altoandino Negrillar-Monturaqui-Tilopozo, en medio de cuestionamientos sobre el impacto del uso del recurso.

El agua en torno al vasto Salar de Atacama, tanto fresca como de salmuera, ha sido por mucho tiempo un punto de conflicto para las mineras que operan en el desierto más árido del mundo.

Cabe recordar que días atrás, el juez del Tribunal Ambiental de Antofagasta Mauricio Oviedo exhortó a que se complete un estudio sobre agua respaldado por el Estado para resolver las dudas acerca de la sostenibilidad en la extracción de recursos que afectan al salar.

Fuente: El Mostrador

Sobre los «controles» a la minería

Perú

LA INFLUENCIA DE LAS EMPRESAS EN LOS CAMBIOS EN EL REGLAMENTO AMBIENTAL DE EXPLORACIÓN MINERA

Ana Leyva V.  – Cooperaccion
03/08/2020
Imagen: Tecnología minera
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) acaba de publicar en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica 13 artículos y una disposición complementaria transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 042-2017-EM). A continuación se describen los cambios más importantes y sus implicancias en la reducción de estándares ambientales.

Artículo 6: en esta modificación se hace un añadido a la redacción inicial del artículo. La parte que se mantiene vigente es de por sí bastante irregular y establece un beneficio arbitrario para los intereses de las empresas mineras. Señala que si en una zona existen proyectos del mismo titular minero o de titulares asociados o vinculados (por manejo financiero, dirección, control, capital, derechos de voto o cualquier mecanismo que le diera a uno influencia dominante sobre el otro), se consideran como uno a efectos de la presentación del instrumento de gestión ambiental (Ficha técnica Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental). Esto supone que el titular o los titulares de todos ellos pueden presentar un solo instrumento de gestión ambiental, y si uno de los proyectos ya tiene un estudio aprobado, los otros pueden presentar solo modificatorias a ese estudio y no uno nuevo como correspondería y se exige en cualquier parte del mundo. Esto hacía suponer que se aplicaba a proyectos contiguos o muy próximos.Respecto a ello esta nueva norma nos deja implícito (nos dan a entender) que los proyectos que se consideraran como si fueran uno, no tienen que estar juntos, que basta que se ubiquen en el mismo ámbito de una microcuenca, que sus yacimientos tengan características geológicas similares, o que entre ellos se generen impactos sinérgicos o acumulativos. Para entender mejor esta figura, hagamos una analogía. Es como si una persona que compra varios terrenos dispersos en San Isidro, se le exigiera solo una licencia de construcción para todos con el argumento de que se trata del mismo dueño y del mismo distrito. Esta “gran idea” que debilita el sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene como antecedente un pronunciamiento del Servicio Nacional de Evaluación de las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que aprueba los EIA detallados, para el caso del proyecto de explotación Coroccohuayco. Este proyecto inicialmente fue pensado como independiente del proyecto Antapaccay y la empresa titular estuvo inicialmente elaborando un nuevo EIA. SENACE le dijo que no tenía que hacerlo, que bastaba una modificatoria del EIA de Antapaccay porque ambos proyectos compartían componentes mineros y por ello se les podía considerar como una sola unidad productiva, a pesar de ocupar juntos 20,000 has. Como la osadía es premiada en el Perú, ahora solo basta que los proyectos de exploración tengan un solo dueño o socios para considerarlos como si fueran una solo unidad, relativizando su ubicación.
Artículo 21: antes de su modificación, este artículo establecía que si en las labores exploratorias se intersectaban aguas subterráneas, el titular debía registrar y comunicar el hecho por vía informática, dentro de las 48 horas, a la autoridad competente(MINEM),al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(INGEMMET). Para el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la obligación del titular era el aviso inmediato, bajo responsabilidad. Estas obligaciones se han relativizado. Ahora basta que el titular del proyecto dentro de las 48 horas comunique a la autoridad competente, y ella debe encargarse de correr traslado de la información recibida a las otras entidades. Uno se pregunta por qué el cambio, si era importante la comunicación directa para una pronta actuación. No lo sabemos.
Artículo 39: anteriormente, este artículo señalaba que el titular del proyecto de exploración podía ampliar el cronograma de sus actividades por seis meses, por única vez, comunicando por vía informática a la autoridad competente y a OEFA. Ahora puede ampliar su cronograma, más de una vez, siempre y cuando las modificaciones sumen seis meses.
Artículo 40: antes de su modificación, este artículo señalaba que todas las aprobaciones y modificaciones de estudios ambientales estaban sujetas al silencio administrativo negativo. Es decir, si no se daba el pronunciamiento explícito de la autoridad evaluadora, en el plazo establecido, se entendía que el estudio había sido desaprobado. La modificatoria ahora establece que para los casos de evaluación de fichas técnicas ambientales (FTA) se aplica el silencio administrativo positivo. Es decir, podemos considerar aprobada la FTA, sin necesidad de pronunciamiento de la autoridad competente. Cabe precisar que la FTA, es un instrumento de gestión ambiental para proyectos de exploración minera que, dada su ubicación y características, tienen impactos negativos no significativos[1]. Consideramos que la exploración minera es una actividad siempre riesgosa que puede afectar aguas subterráneas o que puede dejar desechos, y que, por lo tanto, requiere siempre que se evalúe con detenimiento las afectaciones que puede producir, lo cual conlleva un pronunciamiento explícito de la autoridad competente sobre los impactos o afectaciones que se pueden producir.
Artículo 44: Respecto a los requisitos para la presentación de un FTA, el artículo 44 señalaba que se debía acreditar la realización de un taller participativo. En la modificatoria se dice que cuando el proyecto se ubica en terrenos eriazos o de propiedad de la empresa, el taller se puede remplazar por otro mecanismo de participación ciudadana. Además, se añade que, si el taller participativo se suspende por caso fortuito o fuerza mayor, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) puede reprogramarlo o remplazarlo por otro mecanismo de participación ciudadana.
Artículo 56: antes de esta modificatoria, este artículo establecía la posibilidad de que, mediante una comunicación previa, de manera virtual se realice la reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados, siempre y cuando esas reubicaciones no infringieran lo dispuesto en las categorías de clasificación anticipada y no modificara el área de uso y actividad minera previamente aprobada. La norma precisaba que esas reubicaciones no debían modificar el programa de monitoreo ambiental y que, si bien era posible la reducción del número o dimensión de los componentes, esto no incluía a los componentes relacionados al manejo ambiental. Además, precisaba que no se podía reubicar componentes en áreas que estuvieran a menos de 50 metros de una fuente de agua, o menos de los 100 metros de distancia de nevados, de tierras de protección y bosques primarios. El actual contenido del artículo 56 permite no solo reubicaciones sino también otro tipos de cambios, que incluyen el programa de monitoreo. Tiene dieciséis tipos de cambio realizables y la lista es abierta pues pueden incorporarse otros más si el MINEM, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM), lo cree conveniente. Uno de esos cambios es la posibilidad de variar la capacidad de almacenamiento e insumos químicos dentro de las instalaciones o la variación del número, longitud, azimut (ángulo) e[M1] inclinación de los sondajes dentro de las plataformas. Las reubicaciones sin modificación de estudio ambiental solo se prohíben en la propia fuente de agua, nevados, tierras de protección o bosques, no en sus áreas cercanas, como decía la anterior redacción de este artículo.
Artículo 58: este artículo anteriormente indicaba que, cuando se quiere presentar un nuevo estudio ambiental o su modificatoria en áreas donde se ejecutaron actividades de exploración, la nueva solicitud debe considerar también las actividades contempladas en el anterior estudio, salvo que el titular declarara haber cerrado total o parcialmente las plataformas o componentes aprobados. Además, señalaba que en proyectos de hasta 700 plataformas se debía exigir el cierre de por lo menos el 60% de las plataformas aprobadas previamente o su no ejecución. En esta última modificatoria se establece que en este último supuesto, es necesario que se hayan cerrado o no ejecutado las plataformas aprobadas, salvo que el titular esté en tránsito a la explotación, con un EIA detallado aprobado. Cuando ello ocurre, dicha condición no es exigible.
Artículo 60: anteriormente, este artículo exigía al titular rehabilitar las áreas afectadas por su actividad exploratoria, salvo aquellas a las que daría un uso futuro. En este caso, debía compensar esa área con la reforestación de otra con una especie nativa. Con la modificatoria, solo se le exige al titular que proponga una medida compensatoria, es decir, aquella que mejor le parezca. La modificatoria de este artículo también establece que, cuando se están cerrando las labores exploratorias, se pueden dejar en pie (además de componentes auxiliares, como las oficinas administrativas o caminos) las plataformas de exploración si la comunidad campesina, gobierno local, regional o nacional lo pide para usarlo con fines de interés público o cuando un tercero lo solicita. Es decir, la empresa puede ir dejando en el territorio plataformas, un componente principal que anteriormente era inaceptable o impensable dejar.
Artículo 68: este artículo establecía que el OEFA tenía la obligación de verificar el cumplimiento de las labores de cierre contenidas en los informes de cierre de proyectos presentados por los titulares. Con la modificatoria, la fiscalización priorizará los casos de proyectos que por sus características requieren de un plan de cierre de minas con garantías para su cumplimiento, por el nivel de sus impactos o aquellos que se encuentran en zonas de conflicto socio ambiental. Es decir, ya no lo tiene que hacer en todos los casos.
Finalmente, es importante señalar que en este periodo de pandemia se vienen haciendo una serie cambios en el sistema de gestión ambiental para facilitar la reactivación. Se ha establecido la posibilidad de líneas de base para estudios ambientales sin trabajo de campo, participación ciudadana y fiscalización ambiental principalmente virtuales, la suspensión de entrega de informes de monitoreo y otros.

Creemos que este debilitamiento del sistema de gestión ambiental y principalmente del sistema de evaluación del impacto ambiental apuesta por una promoción de la inversión y reactivación económica a cualquier costo. Este comportamiento irresponsable de las autoridades reguladoras nos pasará factura en unos años y hará que los daños, que pueden terminar siendo cuantiosos, tengan que ser asumidos por el Estado y todos los peruanos, como ha ocurrido siempre. Además, pone en evidencia, la enorme influencia que tiene el sector minero, en el MINEM y MINAM, ya que uno aprueba las normas sectoriales ambientales y el otro le da su visto bueno.