El Salvador

Así convirtió el movimiento antiminero su causa en un éxito

Rose J. Spalding
Hay muchas cosas en las que a El Salvador le cuesta ponerse de acuerdo a la hora de aprobar leyes, la minería no fue una de ellas. En 2017 se convirtió en el primer país a nivel mundial en prohibir todas las formas de minería metálica. El camino para la aprobación de la Ley de Minería, tomó un poco más de 10 años, pero su mayor obstáculo no lo representó la oposición entre los partidos políticos, sino una demanda millonaria contra el Estado salvadoreño. El apoyo de la Iglesia católica fue determinante para que los partidos de derecha volcaran su apoyo a esta iniciativa.
ElFaro.net /16/10/2020

En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar una prohibición nacional de todas las formas de minería metálica. Este notable cambio en las políticas se produjo después de doce años de movilización antiminas. Mi estudio From the Streets to the Chamber: Social Movements and the Mining Ban in El Salvador, resalta los rasgos distintivos de esa campaña y analiza las formas en que esta movilización social se relaciona con instituciones formales y la formulación de políticas oficiales. Además, reúne dos campos de estudio que a menudo se mantienen separados en las ciencias sociales: el estudio de la política informal, no institucional, “a nivel de calle” de los movimientos sociales, y el estudio de la política formal e institucional y la formulación de políticas por parte de funcionarios gubernamentales. Utilizando técnicas de rastreo de procesos, el estudio mapea los vínculos directos, indirectos y mediados entre la movilización contra la minería y la adopción formal de la prohibición de la minería de parte de la Asamblea Legislativa.

El artículo se basa en 78 entrevistas con activistas, legisladores, funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y equipos legales. Combina la información de las entrevistas con una variedad de fuentes de archivo, incluyendo documentos e informes legislativos, datos de opinión pública, documentos legales de la demanda por conflicto de inversión -presentado contra el gobierno salvadoreño por Pacific Rim Cayman-, y blogs e información de sitios web compilados por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. El análisis de este texto presta especial atención a las características y la toma de decisiones estratégicas de los organizadores antimineros, fisuras y realineamientos situacionales de la élite política, y el uso estratégico de diversas aperturas institucionales (puntos de conexión o docking points), algunas de las cuales fueron adaptadas a nuevos propósitos por los activistas del movimiento (movement entrepreneurs).

Esta investigación contribuye al estudio de los movimientos sociales por medio del análisis de las formas en que la estructura de la red interna de un movimiento social afecta su resiliencia y capacidad, y examina los vínculos entre la red del movimiento y las instituciones políticas formales, particularmente los partidos y los legisladores.

Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).

Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).

La capacidad de los movimientos sociales para influir en las políticas públicas depende de su alcance espacial (spatial reach, capacidad para conectarse a nivel local y nacional) y su amplitud (breadth, capacidad para vincularse con otros sectores). Además del tamaño y la escala del movimiento, la influencia también depende del carácter de los vínculos que mantienen unida a una alianza. Las redes de un movimiento pueden difundir información a través de grupos interconectados construidos sobre identidades comunes y experiencias compartidas (bonding techniques, técnicas de vinculación), o pueden extender el tejido conectivo vinculando sectores a través de divisiones sociales y políticas (bridging techniques, técnicas de puente). Los procesos de creación de puentes pueden ser particularmente importantes si un cambio de política duradero requiere la construcción de alianzas que trascienden la polarización partidista.

En este estudio identifico las formas en que las organizaciones antiminas salvadoreñas recurrieron tanto a las técnicas de vinculación como a puentes para expandir la red del movimiento para ganar mayor influencia. Entre 2005 y 2017, los salvadoreños que se oponían a la minería construyeron una red multisectorial que incorporó tanto a comunidades locales como a organizaciones a nivel nacional, y concertó el liderazgo de la Iglesia católica para expandir la coalición más allá de los parámetros partidistas convencionales. A través de un proceso de negociación y colaboración interna, este movimiento logró un alto grado de acuerdo sobre la interpretación de la problemática (frame alignment), sobre cómo explicar la relación entre la vulnerabilidad ambiental del país y la minería metálica, y sobre las políticas que debían adoptarse para responder al desafío.

El cruce de la frontera entre la movilización y el cambio de políticas requiere la identificación de puntos de conexión, o espacios donde los activistas pueden insertar demandas públicas en los mecanismos formales de revisión de políticas. En el caso salvadoreño, las instituciones que absorbieron las propuestas de política de la oposición a la minería fueron los partidos políticos, particularmente el FMLN.

El movimiento antiminería logró que el debate se introdujera en el período de sesiones de la Asamblea Legislativa en 2006. En esa ocasión entró en vigor una moratoria informal sobre las licencias mineras mientras el gobierno reevaluaba el impacto político y sus propias limitaciones regulatorias. Los opositores a la minería enfrentaron muchos desafíos en su intento de asegurar un cambio de política formal. La injerencia empresarial en el proceso político interno tuvo un impacto directo en sus actividades, ya que un acuerdo político de posguerra a favor de la apertura del mercado obstaculizó los esfuerzos del movimiento para prohibir la minería.

Una demanda internacional por conflicto de inversión contra el gobierno salvadoreño, presentada por Pacific Rim Cayman, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, D.C., fue una limitante adicional. Esta acción representaba la amenaza de que El Salvador tuviera que pagar $314 millones por negar permiso a la compañía para extraer oro de la mina que tenía planeado explotar en Cabañas.

Para explicar cómo cambió esta situación en 2017, mi estudio indaga la forma en que estos obstáculos se fueron superando lentamente hasta que se aprobó la prohibición a la minería metálica. En última instancia, tres procesos contribuyeron a la adopción de la nueva Ley de Minería de El Salvador. En primer lugar, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica realizó una campaña de información y movilización focalizada en las comunidades donde se habían emitido licencias de exploración minera, logrando un descontento favorable de la opinión pública en contra de la minería. En segundo lugar, en 2016 se eliminó con éxito la presión externa cuando el CIADI resolvió a favor de El Salvador. Esto eliminó la sensación de vulnerabilidad nacional que había añadido urgencia a las deliberaciones. En tercer lugar, el movimiento antiminería reforzó su estructura de liderazgo, fortaleciendo mecanismos de puente para extender su alcance más allá de las alianzas partidistas y lograr una coalición amplia.

La UCA tomó la iniciativa en el desarrollo de un nuevo proyecto de ley para prohibir la minería, que prohibía la minería metálica tanto en la superficie como en el subsuelo, y estableció un plazo de dos años para dar término a las operaciones de extracción artesanal de oro. El arzobispo José Luis Escobar Alas acogió esta propuesta y, encabezando una delegación de autoridades católicas, presentó formalmente el anteproyecto de ley a la Asamblea. En cuestión de semanas, este documento fue revisado y aprobado, y finalmente obtuvo el apoyo unánime de los diputados.

El análisis en mi artículo se basa en la literatura académica sobre los efectos de cascada social (social cascade effects) y puntos de inflexión (tipping points) legislativos para interpretar la decisión de diputados de diferentes partidos, incluidos Arena y PCN, de votar a favor de prohibir la minería.

Aunque en El Salvador siguen existiendo obstáculos importantes para el desarrollo sostenible y la protección ambiental, este artículo identifica un conjunto de interacciones iterativas entre alianzas de activistas y actores institucionales que contribuyeron con éxito al cambio de políticas. En suma, el artículo es un análisis de los ingredientes de un movimiento social que, en medio de las complejidades de la política salvadoreña, logró cambiar políticas públicas para mejor. Este ejemplo exitoso ofrece material de reflexión para activistas que buscan cambios tanto en políticas ambientales como sociales.

*Rose J. Spalding, es profesora de Ciencias Políticas en DePaul University, Chicago. Esta entrega de El Faro Académico se basa en su artículo “From the Streets to the Chamber: Social Movements and the Mining Ban in El Salvador,” European Review of Latin American and Caribbean Studies (ERLACS) #108 (July-December 2018): 47-74.
https://elfaro.net/es/202010/ef_academico/24915/As%C3%AD-convirti%C3%B3-el-movimiento-antiminero-su-causa-en-un-%C3%A9xito.htm?st-full_text=all&tpl=11

Latinoamerica, Litio, Mexico

México descarta tener el yacimiento de litio más grande del mundo como se proyecta

Reuters 16/10/2020
Desde hace meses, los operadores de un proyecto en el norteño estado Sonora han advertido sobre la enorme capacidad del yacimiento, que contendría recursos equivalentes a las reservas totales que poseen países con grandes depósitos del mineral, como Bolivia y Chile.
La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, aseguró que los depósitos que se encuentran en el país tienen un «contenido muy bajo» del mineral, esencial para la fabricación de baterías de autos, computadoras y dispositivos móviles.

Ciudad de México. La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, descartó este jueves que el país latinoamericano posea uno de los mayores depósitos de litio del mundo, como se ha venido proyectando.

Desde hace meses, los operadores de un proyecto en el norteño estado Sonora han advertido sobre la enorme capacidad del yacimiento, que contendría recursos equivalentes a las reservas totales que poseen países con grandes depósitos del mineral, como Bolivia y Chile.

A principios de 2020, el subsecretario de Minería dijo a Reuters que potenciales inversionistas de al menos cinco países han manifestado su interés a México para incursionar en la naciente industria de extracción y producción de litio.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que los depósitos que se encuentran en el país tienen un «contenido muy bajo» del mineral, esencial para la fabricación de baterías de autos, computadoras y dispositivos móviles.

«México no tiene el yacimiento más grande de litio (del mundo)», afirmó Márquez durante una comparecencia en el Senado. «Es muy importante, y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio», agregó.

De acuerdo con información de las autoridades, en México existen actualmente tres proyectos de litio en etapa de exploración, incluida la mina de Sonora.

Un portavoz de sus operadores, la británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexico-descarta-tener-el-yacimiento-de-litio-mas-grande-del-mundo-como-se

Perú

LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITEN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN TERRITORIO INDÍGENA A PESAR DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Gretta Zegarra 16/10/2020
Imagen: CNA
En marzo de este año, el gobierno declaró al Perú en emergencia sanitaria debido a la propagación del COVID-19. Con el objetivo de establecer acciones para proteger a los pueblos indígenas, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo N° 1489 en mayo.

Este decreto tiene como líneas de acción estratégica para la protección y atención de los pueblos indígenas en situación de aislamiento [1] y contacto inicial [2] (en adelante, PIACI), la aplicación de protocolos y medidas para garantizar la salud, seguridad e integridad de dichos pueblos, así como para la atención de la población en situación de contacto inicial y su abastecimiento con bienes de primera necesidad.

De manera complementaria, el decreto señaló que el Ministerio de Cultura (en adelante, Mincul) es el responsable de (1) emitir los lineamientos técnicos para que las instituciones públicas brinden servicios y desarrollen acciones con pertinencia y adecuación cultural; y (2)dar la asistencia técnica requerida por las entidades públicas y privadas que prestan servicios o realizan actividades en áreas geográficas aledañas a Reservas Indígenas y/o Territoriales, o donde se ha identificado la presencia de PIACI.

En cumplimiento de ese mandato, el 30 de setiembre pasado, el Mincul publicó el Decreto Supremo Nº 014-2020-MC en el diario oficial El Peruano, y a través de esta norma aprobó los Lineamientos de actuación en ámbitos geográficos en los que el Ministerio de Cultura ha determinado la presencia o desplazamiento de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, así como en sus ámbitos colindantes o aledaños, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. El referido documento contiene pautas de actuación y medidas preventivas como las siguientes:

El personal de las entidades públicas y privados autorizados debe cumplir con el distanciamiento social, lavado de manos y uso obligatorio de mascarilla.
El personal de las entidades públicas y privados autorizados debe estar vacunado contra la Influenza, Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Sarampión, Difteria/Tétano y Neumococo.
Las entidades públicas y privados autorizados deben contar con medidas para evacuar, en el plazo más breve posible, al personal que manifieste síntomas de enfermedades de tipo respiratorio o gastrointestinal, así como prohibir su ingreso hasta que cuente con el esquema de inmunización obligatorio establecido por el Ministerio de Salud, a fin de descartar el COVID-19 u otra enfermedad contagiosa.
Las entidades públicas y privados autorizados deben coordinar previamente con las autoridades comunales, por los medios de telecomunicación disponibles en las comunidades o localidades indígenas, a fin de informar el objetivo y las acciones que se lleven a cabo.
En caso se produzca alguna contingencia PIACI [3], el personal de las entidades públicas y privados autorizados debe comunicar inmediatamente lo acontecido al/la representante del Estado, autoridad, líder u organización indígena más próximo, etc.

Asimismo, advertimos que en el concepto privado autorizado están comprendidas las personas naturales y jurídicas que cuentan con un título habilitante y autorizaciones emitidas por el sector correspondiente para el aprovechamiento de recursos naturales en áreas de Reservas Indígenas y/o Territoriales, solicitudes para la creación de Reservas Indígenas, Áreas Naturales Protegidas gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) donde se ha identificado la presencia de PIACI, y otras zonas identificadas por el Mincul mediante informes técnicos; así como en sus ámbitos colindantes o aledaños.

Consideramos que esta decisión del gobierno es imprudente, porque muchas empresas, entre ellas las dedicadas a actividades extractivas, vienen demostrando que a pesar de que el gobierno ha establecido lineamientos y protocolos para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19, el sector privado tiende a no acatar las normas. Este incumplimiento ha generado por ejemplo que, entre el 14 de julio y el 24 agosto (41 días),4634 trabajadores mineros hayan contraído el virus; es decir, la cantidad de contagiados se incrementó en más de 61% a comparación de lo informado al Ministerio de Energía y Minas en elreporte anterior [4].

El incumplimiento de las empresas de industrias extractivas y otros factores como la facilidad de la propagación del COVID-19, la vulnerabilidad inmunológica de los PIACI a enfermedades respiratorias, la poca o nula presencia del Ministerio de Salud en zonas habitadas por PIACI y el difícil acceso a dichos territorios, pueden poner en mayor riesgo a este sector de la población.

Debido a las razones expuestas, discrepamos con la decisión del gobierno de permitir, a pesar de la emergencia sanitaria,la realización de actividades extractivas en lugares en los que el Mincul ha determinado la presencia o el desplazamiento de PIACI, así como en sus ámbitos colindantes o aledaños, ya que desde nuestro punto de vista el gobierno estaría exponiendo irresponsablemente a esta población vulnerable al contagio de una enfermedad de alta letalidad.

[1] Artículo 2.- Definiciones

(…)

b) Pueblos en situación de aislamiento (PIA): Pueblo indígena, o parte de él, que en virtud de su derecho de autodeterminación no desarrolla relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, ha optado por descontinuarlas (Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 2006).

[2] Artículo 2.- Definiciones

(…)

c) Pueblos en situación de contacto inicial (PICI): Pueblo indígena, o parte de él, que en virtud de su derecho de autodeterminación se encuentra en un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional (Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 2006).

[3]En los lineamientos se explica que una contingencia PIACI es una situación imprevista que deviene en un hallazgo, avistamiento o contacto no deseado con un PIA o una situación de relacionamiento con PICI no autorizada por dichos pueblos.

[4]Pérez, L. (2020). Casos de COVID-19 en trabajadores de grandes mineras aumentaron un 61% en solo 41 días. https://convoca.pe/agenda-propia/casos-de-covid-19-en-trabajadores-de-grandes-mineras-aumentaron-un-61-en-solo-41-dias

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccio[email protected]

Latinoamerica

Aladyr desarrolla iniciativa para impulsar conocimiento sobre la huella hídrica de los productos

“Es importante que seamos conscientes de que el recurso hídrico es intrínseco a la productividad y a cualquier actividad humana”, recalcó Juan Miguel Pinto, presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y reúso de Agua.
16/10/2020
Minería Chilena
Con el fin de introducir espacios para el aprendizaje y difusión sobre la gestión hídrica sustentable y la incorporación de las tecnologías de tratamiento de agua y efluentes, la Asociación Latinoamericana de Desalación y reúso de Agua (Aladyr) emprendió una serie de dinámicas online en acuerdo con universidades y grupos académicos de toda Latinoamérica.

Uno de los principales temas incluidos en la agenda fue el de la Huella Hídrica (HH), lo que se define como el indicador que refleja la cantidad de agua que se usa, integra y contamina en la cadena de producción o servicios de cualquier industria hasta llegar a su consumidor, uso o destino.

El encargado de impartir esta dinámica fue el presidente de la Asociación, Juan Miguel Pinto, quien consideró de alta relevancia que las nuevas generaciones sean conscientes del recurso hídrico que subyace a cada elemento que compone su cotidianidad, como la alimentación, el aseo, el transporte, electrodomésticos, calzado, vestimenta, actividades académicas, esparcimiento y consumo energético, sólo por mencionar algunos.

“Es importante que seamos conscientes de que el recurso hídrico es intrínseco a la productividad y a cualquier actividad humana. Para reforzar esto usamos analogías que constituyan referencias tangibles en las vida diaria de los jóvenes y luego explicamos que existen los métodos y las tecnologías, como el reúso de agua, para hacer que cada actividad pueda llegar a la sostenibilidad hídrica”, explicó el profesional.

Las presentaciones que se han hecho mensualmente con instituciones de Colombia, Chile, Perú, Argentina y México, por mencionar a algunos, buscan ser un disruptor en la rutina de los estudiantes que continúan clases desde casa debido a las medidas de distanciamiento social que aún se mantienen a causa de la Covid-19. Por ello se prestó especial énfasis en hacer las dinámicas entretenidas con competencias, trivias y ejercicios que permitan generar recordación en los jóvenes y asistentes.
Para mayor información sobre estos encuentros o cómo participar, escribir a [email protected] .

Aladyr desarrolla iniciativa para impulsar conocimiento sobre la huella hídrica de los productos

Internacional

Rio Tinto promete reforma mientras legislador australiano acusa a la industria de genocidio cultural

Reuters 16/10/2020
CEO Jean-Sébastien Jacques ( Imagen: Rio Tinto a través de Flickr )
El presidente ejecutivo saliente de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, dijo el viernes que la minera estaba comprometida con la reforma después de que un legislador acusó a la industria de genocidio cultural incremental en una investigación australiana sobre la destrucción de una cueva antigua .

Hablando por segunda vez en una investigación parlamentaria sobre cómo la mayor minera de hierro del mundo destruyó un refugio rocoso de 46.000 años de antigüedad culturalmente significativo en Australia Occidental, Jacques repitió una disculpa y prometió que Río mejoraría sus esfuerzos.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR EL RESUMEN DE MINERAL DE HIERRO
«Nunca debería haber sucedido», dijo Jacques a la investigación sobre la destrucción de los refugios rocosos en Juukan Gorge como parte de la expansión de una mina de hierro en mayo, lo que causó una profunda angustia a la gente de Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP).

EL INCIDENTE HA PROVOCADO UNA REVISIÓN POR PARTE DE LOS MINEROS AUSTRALIANOS, INCLUIDOS SUS PARES BHP GROUP Y FORTESCUE, DE SUS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

La directora ejecutiva de Rio, la jefa de relaciones corporativas, Simone Niven, y el jefe de mineral de hierro, Chris Salisbury, enfrentaron la investigación después de entregar sus renuncias el mes pasado, y se inclinaron ante la protesta de los accionistas por la destrucción de los refugios rocosos y lo que se consideró una respuesta inicial inadecuada del minero.

“Cualquiera que haya estado escuchando objetivamente esta investigación … tendría que sacar la conclusión de que se trata de una forma de genocidio incremental”, dijo a Rio el senador Pat Dodson, un aborigen, durante la investigación.

Dodson se refirió a las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos mineros que restringen a los propietarios tradicionales de los comentarios públicos sobre sus preocupaciones patrimoniales, y las cláusulas que restringen su capacidad para utilizar leyes australianas más amplias para la protección del sitio.

También dijo que la industria minera se había aprovechado de las «leyes débiles» en Australia Occidental que permitían a los mineros solicitar la destrucción de sitios, pero que no otorgaban a los propietarios tradicionales el derecho de apelar. Las leyes del patrimonio se están reformando.

“Eres una empresa internacional. Has destruido un patrimonio importante para la humanidad … Pedir perdón es un asunto muy importante. Y me parece que su reputación futura variará mucho, al igual que la de otras compañías, en cómo se comportan con los pueblos de las Primeras Naciones ”, agregó Dodson.

Río ha tomado medidas para reformar sus prácticas de gestión del patrimonio cultural, incluido el cambio de líneas jerárquicas y responsabilidades, y la imposición de una moratoria minera de 57 kilómetros cuadrados (22 millas cuadradas) en las tierras afectadas del PKKP.

“Estamos totalmente de acuerdo y por eso estamos absolutamente comprometidos con el cambio, con la reforma. Hemos comenzado, ya hemos tomado medidas, hay más trabajo por hacer por todas las razones que acaba de mencionar ”, dijo Jacques, quien debe renunciar a fines de marzo.

Río se comprometió a modernizar sus acuerdos y crear una mayor protección del patrimonio en una carta a los 12 grupos aborígenes con los que tiene acuerdos en la región de Pilbara, firmada por el director interino de mineral de hierro Ivan Vella.

En la carta, proporcionada por Rio, dijo que no haría cumplir las cláusulas de confidencialidad que impiden que los grupos planteen preocupaciones sobre el patrimonio cultural, o aquellos que impidan las solicitudes de protección legal de cualquier sitio del patrimonio cultural.

El incidente provocó una revisión por parte de los mineros australianos, incluidos sus pares BHP Group y Fortescue, de sus prácticas de gestión del patrimonio cultural, y llevó a grandes inversores institucionales a centrarse en la gestión del patrimonio de las Primeras Naciones.

(Reporte de Melanie Burton; edición de Richard Pullin, Kirsten Donovan)

Rio Tinto vows reform as Australian lawmaker accuses industry of cultural genocide

Colombia

18 proyectos minero energéticos claves para Colombia

14/10/2020
Son 18 proyectos presentados por empresas del sector minero energético que están siendo evaluados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de Colombia. La aprobación operativa de algunos de estos proyectos sería fundamental para la reactivación económica del país.

De los 18 proyectos, siete pertenecen al sector de hidrocarburos, cinco son iniciativas mineras y seis del sector de energía. Además, se anunció que la Anla trabajará en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) para revisar las ofertas y desarrollar mayor capacidad técnica para atender las necesidades de las empresas.

Sector minero
En minería, los proyectos son liderados por la sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), Mineros S.A., Drummond y Cerro Matoso. Se espera que en 2021 se apruebe el polémico proyecto Quebradona, situado en el departamento de Antioquia y liderado por AGA. Algunos habitantes del suroeste antioqueño se han opuesto a esta iniciativa por posibles daños a la biodiversidad en el territorio. Cerro Matoso, en Córdoba, es otro de los macroproyecto que espera su licencia en los próximos meses.

Sector petrolero
Las empresas Maurel & Prom, ExxonMobil Exploration, Ecopetrol, Inverpetrol Limited, Noble Energy y Cenit fueron quienes enviaron las solicitudes de licencia ambiental. Según el Gobierno, los proyectos de hidrocarburos no solo son importantes para la reactivación económica, también son necesarios para aumentar las reservas de gas y petróleo del país, por lo cual el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, confirmó que Colombia realizará dos nuevos ciclos de contratación para bloques de exploración y producción de gas y petróleo entre 2020 y 2021.

Los dos proyectos de la petrolera estadounidense Noble Energy, al lograrse su aprobación, se llevarán a cabo en aguas del Mar Caribe. La misma empresa es la titular de proyectos en aguas de La Guajira y Magdalena. Por su parte, la gigante Exxon Mobil espera la licencia para continuar su exploración en el Magdalena Medio y la francesa Maurel & Prom espera el aval para perforar pozos en el departamento de Boyacá.

Sector energía
Las obras que se tramitan son Túnel Auxiliar de Desviación de Hidroituango, Modificación Subestación Nueva Esperanza, Termoeléctrica El Tesorito, Nueva Subestación El Río, modificación Línea de Transmisión Sogamoso – Porce III y la línea de transmisión Virginia Nueva Esperanza.
Fuente: El Portafolio

18 proyectos minero energéticos claves para Colombia

Internacional

Producción de oro de Barrick caerá casi un 11% en el tercer trimestre

15/10/2020
Barrick Gold estimó hoy (jueves 15) una caída del 10.8% en la producción de oro del tercer trimestre, ya que el proyecto de la minera Porgera en Papúa Nueva Guinea permaneció cerrado durante el período.

La minera informó que detuvo la producción en Porgera después de que el gobierno de Papúa Nueva Guinea se negó a extender el arrendamiento de la mina en abril debido a inquietudes comunitarias y preocupaciones por la contaminación. La interrupción de la producción también lo obligó a recortar su pronóstico de producción de oro atribuible para todo el año en mayo.

Más temprano en el día, Papua Nueva Guinea y Barrick acordaron sobre Porgera, determinando que Barrick Niugini Ltd seguirá siendo el operador del proyecto.

Barrick Niugini Ltd es una empresa conjunta entre Barrick y Zijin Mining Group de China.

Barrick Gold estimó una producción de 1.16 millones de onzas de oro para el trimestre que finalizó el 30 de setiembre, en comparación con los 1.3 millones de onzas del año anterior.

Los precios del oro han subido alrededor de un 25% este año debido a la fuerte demanda del activo refugio debido a la incertidumbre causada por la pandemia del covid-19.

Aun así, los ejecutivos conscientes de los costos están dando prioridad a la rentabilidad de los inversores sobre el crecimiento de la producción y dudan en gastar en proyectos costosos.

Barrick, que tiene programado informar los resultados del tercer trimestre el 5 de noviembre, también estimó hoy la producción de cobre del tercer trimestre en alrededor de 103 millones de libras, una caída del 8% respecto al año anterior.

Las acciones de la minera que cotizan en EE. UU. cayeron un 1.6% en las operaciones previas a la comercialización, ya que los precios al contado del oro cayeron.

Producción de oro de Barrick caerá casi un 11% en el tercer trimestre

Perú

Tía María: piden S/10 millones de reparación a dirigentes por protestas

Por su parte, la fiscalía pidió penas de más de 20 años durante la instalación del juicio realizado mediante videoconferencia. Los 14 procesados se declararon inocentes
12/102020
Ibón Machaca Judicial Avatar
El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Justicia de Arequipa instaló este lunes el juicio, de modo virtual, contra los dirigentes y agricultores que participaron de las protestas contra el proyecto minero Tía María, en el 2015.
Tía María: demandan S/10 millones a dirigentes por protestas en Arequipa y valle de TamboAudiencia virtual contra dirigentes del valle de Tambo que protestaron contra el proyecto Tía María. Foto: Referencial

Los abogados defensores hicieron repetidos reclamos por este modelo aplicado debido a la pandemia del coronavirus. Varios insistieron en que no se garantizaba el derecho de defensa, algunos incluso pidieron el quiebre del juicio. Sin embargo, el juzgado respondió que el proceso ya se había coordinado y estaban programadas audiencias interdiarias hasta fines de mes.

Además de las quejas, se sumaron los problemas tecnológicos que provocaron que más de un procesado tenga inconvenientes durante su participación en el juicio. Y es que, en este proceso hay 14 personas imputadas. La Fiscalía lo ha catalogado como un caso complejo, tanto por el número de procesados como por la cantidad de delitos inmersos.
El juicio por las protestas de Tía María

La fiscal contra el crimen organizado, María Alejandra Cabana Osca, afirmó que, detrás de las protestas sociales contra Tía María, se movió un interés particular. Los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo conformaron el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo e iniciaron protestas entre marzo y mayo de 2015 contra el proyecto minero de Southern Perú, para luego conseguir beneficios económicos y políticos.

Participaron el entonces alcalde provincial de Islay, Richard Ale (actual edil de Deán Valdivia) y el exalcalde de Punta de Bombón, José Ramos. Según la Fiscalía, integraban el aparato logístico del grupo al proporcionar comida y transporte a los manifestantes. Además, estaban los financistas como Julio Cornejo (actual alcalde de Cocachacra) y Juan Colquehuanca Chaiña, quienes entregaban víveres y frazadas.

Asimismo, contaban con un comité de prensa a cargo de Miguel Igme y un ala legal que lo constituía el abogado Héctor Herrera Herrera. Mientras que Martín Juares Bernedo, Nicomedes Pareja Prado, Alberto Justo Laredo, participaban directamente de las protestas. La magistrada alegó que Pareja y Justo pertenecían incluso al grupo de resistencia y ataque denominados “Los Espartambos”.
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Para la Fiscalía, los intereses del Frente Amplio salieron a relucir cuando el líder Pepe Julio Gutiérrez demandó 1.5 millones de dólares a la minera, por intermedio del exasesor externo Jesús Gómez Urquizo. El abogado grabó las conversaciones con el dirigente y luego lo hizo público, desvirtuando las protestas. Además, la fiscal Cabana Ocsa ha señalado que los dirigentes lograron conseguir cargos políticos tras las protestas.
Dirigentes afrontan altas penas por caso Tía María

El Ministerio Público ha señalado que las penas para los acusados bien pueden exceder los 20 años. Esto, debido a que se cometieron una serie de delitos durante las protestas violentas del 2015.

El mayor cargo que enfrentan los dirigentes es el delito de asociación ilícita para delinquir. Eso está relacionado con la conformación del Frente de Defensa del Valle de Tambo para cometer actos de violencia. Según la tesis de la fiscal, lo lideraban Pepe Julio Gutiérrez (presidente), Jaime de la Cruz (vicepresidente) y Jesús Cornejo (Vocal). Para los tres se ha pedido 12 años y 8 meses de cárcel efectiva. Mientras que para el resto de acusados se pidió 4 años y 2 años para el abogado Héctor Herrera.

Dirigentes del valle de Tambo negaron cargos y defendieron protestas contra Tía María. Foto: Captura

A los tres dirigentes también se les acusa de extorsión al Estado. Esto estaría comprobado con la toma del local de la Compañía de bomberos de Cocachacra y de la comisaría de La Curva en Dean Valdivia. Asimismo, obstaculizaron las vías e incitar a la destrucción y quema de un bus de la empresa del Carpio. Por tal razón, se pidió la condena de 8 años y 2 meses. El mismo cargo pesa sobre Richard Ale, pero se le rebajó la pena a 3 años y 8 meses al no tener antecedentes.

El Ministerio Público le atribuye a Pepe Julio Gutiérrez y el exasesor Jesús Gómez Urquizo el cargo de tentativa de extorsión en agravio de la empresa Southern Perú. El hecho se habría materializado cuando el dirigente le dijo a Gómez que “ardería troya” si la empresa no le pagaba los 1.5 millones de dólares que había pedido. Para ambos se demandó 10 años de prisión.

Mientras que por los delitos de disturbios y entorpecimiento se pidió 7 años y 4 meses para Jesús Cornejo. Y, 6 años y 8 meses para Jorge del Carpio, solo por disturbios.

Durante los meses que duró la protesta, la ciudad de Arequipa se vio paralizada y los hechos de violencia también se extendieron más allá del valle de Tambo.
Estado demanda millones de repación civil

Por su parte, el representante de la Procuraduría especializada en delitos contra el Orden Público, Luis Casaverde, demandó a los imputados el pago de 10 millones de soles como indemnización a favor del Estado.

La suma está compuesta por los diferentes delitos que imputa la Fiscalía. Por ejemplo, por el delito de asociación ilícita se pidió S/ 7 millones, de los cuales 4 millones son por daño patrimonial y 3 millones por daño extrapatrimonial.

En el caso del delito de extorsión al Estado, la Procuraduría demandó el pago de S/ 2 millones a cinco de los acusados. Por último, solicitó que Jesús Cornejo y Roger Ramos paguen S/ 600 mil y S/400 mil el médico Jorge del Carpio por cometer el supuesto ilícito de disturbios.

Sin embargo, los acusados han rechazado tales pagos al considerar que son inocentes.

Se declaran inocentes y piden ser absueltos

Los abogados de los acusados recalcaron una vez más que sus patrocinados no habían cometido ningún hecho ilícito y que se desenvolvieron en el marco de un pleno derecho que es el de protestar. Ninguno reconoció ser autor o haber promovido los actos de violencia que se desarrollaron en el valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa.

Asimismo, el abogado de Pepe Julio Gutiérrez, Vladimir Fuentes, manifestó que la empresa Southern Perú no respaldó la tesis de la fiscal respecto a la tentativa de extorsión. Indicó que el propio presidente de la compañía, Óscar Gonzáles Rocha, negó verse afectada o conocido la entrega de una dádiva al dirigente. Por último, señaló que ese entonces el dirigente no podía paralizar el proyecto pues no había empezado a construirse, recién en el 2019 se le otorgó la licencia de construcción.

Mientras que la defensa de los dirigentes Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz rechazaron pertenecer a una asociación ilícita y que por el contrario sus protestas eran para defender el valle de Tambo de una eventual contaminación ambiental. En esa misma línea se defendieron el resto de acusados, quienes pidieron ser absueltos de todos los cargos.

El caso apenas comienza y el Juzgado Penal Colegiado, que lo integran los jueces Juan Carlos Churata (ponente), Guiliana Pastor y Ronald Medina, ha hecho hincapié en acelerar el proceso. Se han programado audiencias para los días 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Se hará de 8am a 1pm, afirmaron los magistrados.

Tía María: piden S/10 millones de reparación a dirigentes por protestas

Chile

SMA formula cargos contra Puerto de Mejillones por episodio de derrame de concentrado de plomo

Denuncia se explica por la falla en la correa de embarque de concentrados que impidió el enclaustramiento total del plomo, además de no adoptar las medidas destinadas a hacerse cargo de los impactos generados al medio ambiente marino, entre otras faltas.
15/10/2020
Minería Chilena
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló tres cargos contra Puerto de Mejillones S.A., por el proyecto ubicado en el sector industrial de la comuna del mismo nombre, Región de Antofagasta, donde realiza labores de carga, descarga y transferencia de graneles líquidos y sólidos, tras el derrame de concentrado de plomo como consecuencia del incidente ambiental que ocurrió el 5 de marzo de 2020 y la implementación incompleta del plan de contingencias en el sector.

Los dos cargos clasificados como graves son, por un lado, la falla en la correa de embarque de concentrados que impidió el enclaustramiento total del plomo y, por otro, el incumplimiento al no adoptar las medidas destinadas a hacerse cargo de los impactos generados al medio ambiente marino de los que dan cuenta los Planes de Vigilancia Ambiental (PVA).

En tanto que el cargo leve, se refiere a la implementación incompleta del Plan de Contingencia desencadenado a principios de año, lo que se traduce en que la empresa no determinó la magnitud del derrame de concentrado de plomo; no remitió informe final a la SMA con el detalle de las medidas de mitigación implementadas y fotografías que acreditaran su ejecución; no se implementaron medidas vinculadas a la afectación directa o indirecta de avifauna; como tampoco se remitieron informes a la SMA y al SAG sobre medidas vinculadas a la afectación de la misma.

SMA formula cargos contra Puerto de Mejillones por episodio de derrame de concentrado de plomo

Honduras

Presentan Amparo a favor de ambientalistas de Guapinol criminalizados

12/10/2020
Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos y de los ambientalistas que han sido criminalizados por defender el río Guapinol, presentaron un recurso de amparo a fin de evitar la cárcel a Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.

Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

“La acción legal responde a las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional tomada en marzo, pero no notificada hasta en agosto de 2020 en donde se vulnera el derecho al debido proceso, a la asociación y reunión pacifica, un fallo revocó arbitrariamente sobreseimiento definitivo de cinco, altamente reconocidos defensores inicialmente otorgado en marzo de 2019”, recordó la defensa de los ambientalistas en la lectura del comunicado frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, siguió en la lectura, “la Corte revocó el auto formal procesamiento para ocho defensores encarcelados, sin fundamento razonable, mientras la criminalización continua contra los defensores del agua de Guapinol, las campañas de difamación han resurgido poniendo en peligro las vidas de los defensores y de su familia”.

Además de los dos fallos de la Corte de Apelaciones que se apelaron hoy, la Sala de lo Constitucional admitió un amparo en septiembre contra otro fallo de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de la medida cautelar de prisión preventiva que había sido copiada y pegada de un fallo completamente diferente, denunciaron como parte de las irregularidades en el proceso judicial que siguen las víctimas del sistema de justicia.

PERSEGUIDOS, ESPERAN PREMIO Y HAY INFORME INTERNACIONAL REVELADOR

A opinión de la defensa de los ambientalistas acusados, con estas acciones antes descritas, el sistema de justicia muestra una vez más, la naturaleza imprudente y arbitraria de las decisiones y procedimientos de los tribunales en este caso en donde la Sala de lo Constitucional, no ha admitido aún su sentencia final.

En ese contexto, con los amparos presentados se solicita que las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional, sean dejada sin efecto y que se garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos, la CSJ debe responder a la acción judicial en 48 horas.

Mientras eso acontece en el país con los protectores del medio ambiente, el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo propuso a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

En Septiembre, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el reporte denominado “Guapinol Resiste” en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
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