Chile

Balance Medioambiente 2021: Cobre es el sector que más electricidad consume en el país

Así lo señala el reporte del Ministerio del ramo, donde también se da a conocer la evolución de la oferta total de energía primaria y la participación de las energías renovables en el consumo final total de energía.
18/01/2022
Minería Chilena
El consumo de energía final en Chile llegó a 2019 a 301.629 teracalorías, donde el sector industrial y minero se llevan el 38%, seguido por el transporte, con 37%, según indica el Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio del ramo, en que se dan a conocer 130 indicadores de desempeño ambiental.
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La minería del cobre es una de las principales demandantes energética del país, llevándose por sí sola el 13,7%, siendo también el sector productivo más electrificado, pues cerca del 60% de su consumo es con energía eléctrica, seguida de petróleo diésel, gas natural y petróleo combustible.

Otros sectores que tienen el segundo mayor consumo eléctrico para sus procesos productivos, con alrededor del 40% son industrias varias y el sector energético de auto consumo. Después viene el sector comercial, público y residencial y el de papel y celulosa.
Energía

El balance del Ministerio también aborda la participación de las energías renovables en el consumo final de energía, señalando que se ha mantenido estable desde 2010: «La proporción de energías renovables en el consumo final total alcanza su mayor valor el año 2014, representando un 23,2% del consumo final total. Luego, se observa un decaimiento para los años 2015 y 2016, para posteriormente el 2017 y 2018 experimentar un alza, alcanzando un 22,2% y 23% . El año 2019, el porcentaje de participación equivale a 22,2% donde los tipos energéticos predominantes son biomasa (13%) y energía hídrica (1,8%)».

Además, el documento indica que la oferta total de energía primaria en 2019 llegó a 345.647 Teracalorías (TCal), cifra encabezada por el petróleo y sus derivados, seguida por la biomasa y el carbón.

«Por otro lado, la energía eólica y solar presentan un incremento desde el 2013, en el cual se ofertó 333 TCal a partir de energía eólica, y 5 TCal de energía solar, mientras que para el 2019 la energía eólica cuenta con 4.210 TCal y la energía solar con 5.519 TCal, sin embargo, la participación de estas energías en la oferta total es solo de un 3% al 2019», se precisa.

Balance Medioambiente 2021: Cobre es el sector que más electricidad consume en el país

Perú

ANIVERSARIO DE LIMA, LOS RIESGOS AMBIENTALES Y EL AGUA

Imagen: El popular
18/01/2022
Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, ha cumplido su 487 aniversario en medio de varias controversias ambientales. Para los limeños y limeñas, los principales riesgos ambientales se siguen agravando por la contaminación que produce el transporte, la falta de árboles y espacios verdes, el manejo de los residuos sólidos, el ruido y, por supuesto, la calidad y los problemas de abastecimiento de agua.

Apenas hace unos días, se produjo el derrame de petróleo frente a las playas de Ventanilla, como consecuencia de un proceso de descarga del crudo de una embarcación. Como ha señalado la jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Miriam Alegría Zevallos, el impacto que reportó la Refinería de la Pampilla, de propiedad de la empresa Repsol, no coincide con el daño causado en las playas: se calcula que unos 18 mil metros cuadrados de playas del Callao y de Lima han sido contaminados.

Otro grave problema es el abastecimiento de agua para la ciudad capital que corre grave riesgo en la medida que la principal cuenca (la del Rímac) está amenazada por temas de contaminación, relaveras, como la de Tamboraque (que se ubica en el distrito de San Mateo, a 90 kilómetros de Lima y que contiene 630 mil toneladas de residuos tóxicos) y proyectos mineros, como el de Ariana, que se viene construyendo, precisamente, en la zona donde se ubica toda la infraestructura hídrica de la empresa Sedapal.

Sobre este proyecto, Sedapal ha expresado serios cuestionamientos: “en el planteamiento del Proyecto Minero Ariana, nunca se ha detectado (nadie se ha dado cuenta) que todas los componentes del proyecto minero se encuentran en las cuencas de colección de Marca V, y que están aguas arriba del canal de colección-conducción que conducen agua desde el norte”. En otra parte del mismo documento se señala que “se ha generado una legítima y comprensible preocupación por parte de SEDAPAL en relación a los riesgos potenciales que cualquiera de las instalaciones del Proyecto Minero Ariana, ya sea Mina, Planta, Relavera u otros, pudiesen tener a lo largo de la operación del mismo sobre la confiabilidad del suministro de agua a la ciudad de Lima, es decir, no sólo sobre la infraestructura física del Sistema Marca, sino también sobre la cantidad y calidad del agua trasvasada a la ciudad de Lima” (términos de referencia de estudio recomendado por Sedapal).

Como se sabe, el año 2019 ha sido presentada una demanda en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objetivo de preservar el derecho fundamental de acceso al agua potable de más de 10 millones de personas. Se espera que la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, emita sentencia cuanto antes y que los derechos de los pobladores de Lima sean preservados.

Celebrar este nuevo aniversario de Lima no debe quedarse solo en los recuerdos de su historia, en resaltar la belleza de sus calles y plazas, o en les festividades. Celebrar a nuestra ciudad implica también el preocuparse por sus principales problemas y atender los riesgos que se ciernen sobre ella, como los graves casos que hemos mencionado que hacen peligrar un bien tan preciado como el agua potable, de la que dependemos todos y todas para nuestra subsistencia.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Las Bambas: Líderes de comunidades peruanas rechazan propuesta del Gobierno peruano

18/01/2022
Proyecto Las Bambas en Perú. / Crédito: MMG.
Líderes de un grupo de comunidades en los Andes de Perú rechazaron este lunes una propuesta del gobierno para evitar futuros bloqueos que afecten a la controvertida mina de cobre Las Bambas, una de las mayores del país sudamericano.

Dirigentes del distrito de Ccapacmarca dijeron que analizarían la propuesta durante 15 días antes de decidir si bloquean la ruta minera que utiliza Las Bambas para transportar su cobre a un puerto marítimo.

La vía ha sido bloqueada por muchas comunidades locales desde que Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd, comenzó a operar en 2016. Los bloqueos han sumado más de 400 días intermitentes desde entonces y más recientemente obligaron a la mina a suspender operaciones en diciembre.

La negativa a firmar la propuesta, que habría comprometido a Las Bambas a apoyar financieramente a Ccapacmarca, es un duro golpe para el gobierno de izquierda de Pedro Castillo, que ha tratado de priorizar las necesidades de las comunidades marginadas y depender también de las ganancias mineras.

Su primera ministra, Mirtha Vásquez, ha viajado otras dos veces para disipar posibles bloqueos de carreteras desde octubre, pero esta es la primera vez que una comunidad local rechaza una propuesta entregada personalmente por ella.

Las Bambas es una de las minas de cobre más grandes de Perú. La nación andina es el segundo productor de cobre del mundo y la minería es una fuente clave de ingresos fiscales para el país.
Fuente: Reuters

Las Bambas: Líderes de comunidades peruanas rechazan propuesta del Gobierno peruano

Chile, Litio

La discusión olvidada del litio: informe describe los problemas que SQM ha causado al pueblo lickanantay

Joaquín Riffo B.18/01/2022
Protestas de las comunidades lickanantay en el contexto de la firma de acuerdos CORFO-SQM, enero 2018
INTERFERENCIA conversó con Marcel Dieder, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

El trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la región de Antofagasta.
En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio.

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria.

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo.

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”.

SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones.
Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”.

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”.

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”.

“Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”
Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”.

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”.

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”.

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.
https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al

Latinoamerica

Extractivismo y soberanía en América Latina

rt| 18/01/2022|
Conversatorio con Michael Löwy, Sabrina Fernandes, Eduardo Gudynas y René Ramírez. ¿Cuál es la lectura del tipo de desarrollo emprendido durante el “ciclo progresista”?

Los gobiernos progresistas de las últimas décadas han hecho algunos importantes avances en materia de «políticas soberanistas»: de la banca, del gasto público, de la política externa, etc. Sin embargo, en materia socio-ambiental han sido cuestionados desde variados ángulos. Tal vez el asunto más espinoso es qué tipo de soberanía han podido –o pretendido– promover con un modelo económico centrado en la extracción y exportación de materias primas, es decir, en una base productiva que, como se ha señalado, conduce más a la profundización de la dependencia que a una ampliación de la soberanía.

Michael Löwy

El principal logro de los gobiernos progresistas ha girado en torno a la redistribución de la renta, con medidas sociales a favor de las capas mas pobres de la población. Aquí es necesario distinguir entre dos tipos de gobiernos progresistas: los «social-liberales» (como Brasil y Uruguay), que desarrollaron una importante política social pero sin cambiar el modelo neoliberal, y los antimperialistas (Venezuela y Bolivia), que se han enfrentado con la oligarquía y el imperialismo buscando alternativas soberanistas. En ambos casos nos encontramos, sin embargo, con un modelo de desarrollo basado en la extracción y la exportación de materias primas, que ha llevado a una nueva forma de dependencia en relación al mercado internacional.

Además, el extractivismo es negativo desde otros puntos de vista: en primer lugar, es contradictorio con la soberanía alimentaria, que exige una producción de alimentos para el mercado interno y no productos de exportación. En segundo lugar, muchas veces tiene consecuencias ambientales sumamente negativas para las poblaciones locales indígenas o campesinas. Y tercero, en el caso de la extracción de energías fósiles –en particular el petróleo– contribuye al catastrófico proceso planetario de cambio climático.

Los gobiernos progresistas sin dudas han adoptado medidas sociales importantes en términos de redistribución social. Pero no han cuestionado el modelo económico capitalista exportador. Cierto, es difícil para países como Ecuador, Venezuela o Bolivia cesar de un solo golpe la producción de petróleo o gas. Pero existen medidas intermedias, como la propuesta del Parque Nacional Yasuni impulsada por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador (aunque después la abandonó): en una región de bosques de alta biodiversidad, dejar el petróleo bajo tierra exigiendo una indemnización a los países ricos.

Este proyecto era el símbolo de una opción radical: preferir la naturaleza al mercado, la vida a la ganancia. Los países capitalistas industriales no se entusiasmaron por el proyecto, no solo porque nada tiene que ver con los «mecanismos de mercado» donde tienen su preferencia, sino porque temían el efecto estimulante de esta iniciativa: otros países podrían plantear propuestas similares…

Eduardo Gudynas

La evaluación de las estrategias de desarrollo del progresismo está demostrando no ser sencilla. Al interior de los países se las reclama, pero a la vez hay muchos protagonistas de ese ciclo que las entorpecen, sea por su sincera convicción de haber hecho lo correcto como por la intención de ocultar errores. Las recientes campañas electorales, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador, las condicionaron aún más, porque las energías estaban puestas en volver a ganar el gobierno. Pero sobre ello se superpone un entramado de opiniones y analistas transnacionalizados, tanto desde dentro de América Latina como desde fuera, que abusan de simplificaciones y eslóganes.

Por ejemplo, me dices que los progresismos lograron «políticas soberanistas» en la banca y en otros sectores. Ese tipo de dichos son muy comunes, en especial en el Norte Global. Pero están algo equivocados. En realidad, bajo los progresismos la banca privada vivió un paraíso: aumentó su cobertura sobre la población y se diversificó la financiarización. Esto ocurrió bajo los gobiernos de Correa en Ecuador, de Lula da Silva en Brasil o del Frente Amplio en Uruguay, entre otros. Así se explica la bancarización obligatoria en Uruguay o la expansión de la financiarización a sectores como el consumo popular, la educación o la salud en Brasil.

En realidad, los progresismos estuvieron repletos de claroscuros. Tuvieron avances, estancamientos y retrocesos dentro de cada sector. Hay que celebrar que redujeron la pobreza y la marginalidad, porque eso dio alivio a millones de familias; pero no por ello hay que dejar de reconocer las limitaciones que tuvieron en su marcada dependencia de las ayudas monetarias condicionadas a los más pobres o del crédito para el consumo popular. También hay que felicitar sus inversiones en infraestructura, que por ejemplo en Ecuador son evidentes en sus carreteras y puentes. Pero al mismo tiempo debemos comprender que mucho dinero se perdió dentro de los laberintos estatales, sea por medios lícitos pero ineficientes como también por la corrupción.

Esas contradicciones se debieron a que los progresismos –en términos generales y muy esquemáticos– se orientaron hacia una variedad de capitalismo que buscó capturar una mayor proporción de excedente para intentar una redistribución económica. Pero apeló a prácticas concretas que, como los extractivismos y el consumo de masas, requerían su subordinación al capital. Y ello ocurrió por varias vías: blindaron al sector financiero, profundizaron la exportación de materias primas, captaron la inversión extranjera y se adhirieron plenamente a la institucionalidad global (como la Organización Mundial del Comercio).

Tal funcionamiento se dio por medio de delgados equilibrios en los que los Estados progresistas buscaban, por un lado, regular al capital, y por otro debían ceder ante él. Esos equilibrios eran inestables, pero mientras los precios de las materias primas fueron altos el excedente apropiado pudo sostener las medidas de compensación y amortiguación. Cuando cayeron los precios de los commodities, tal cosa dejó de ser posible. Y, peor aún, ello ocurrió al mismo tiempo que la capacidad de renovación política del progresismo se agotó.

René Ramírez Gallegos

La superación del modelo extractivista, y con ello de la acumulación como tal, siempre ha sido el horizonte. Pero lo fundamental es no perder la noción de temporalidad: primero, porque es un debate que no puede dejar de lado la subjetividad; segundo, porque hay reformas del presente y reformas transicionales que apuntan al cambio cuantitativo (como la satisfacción de las necesidades) y al salto cualitativo (como la trasformación hacia la sociedad del «buen vivir»).

Bajo esta perspectiva, es necesario señalar que «otra acumulación» (que incluye la «no acumulación» como horizonte) implica y requiere que exista mucha acumulación el día de hoy (obviamente, con fines ecosociales). Esto no es algo que le guste oír a cierta izquierda. Pero vivimos dentro del capitalismo, y si bien el horizonte es superarlo, debemos pensar la «gran transición» para esa «gran transformación estructural». No pensar el puente temporal es escribir ciencia ficción.

La opción de trasformación social debe ser sostenible en el tiempo, porque acumular para el beneficio social a gran escala toma décadas, pero dilapidar la acumulación para beneficio de pocos es muy fácil (y así se vio o se ve en los gobiernos neoliberales de Bolsonaro, Macri o Moreno). La opción que tenían los gobiernos progresistas para esa acumulación eran los recursos naturales. Y aquí hay que preguntarse al menos dos cosas: ¿la acumulación que obtuvieron de la explotación de recursos naturales sirvió para la redistribución de ingresos y la democratización de derechos? Claramente, sí.

Según la CEPAL, bajo los gobiernos progresistas hubo una clara reducción de la pobreza, la desigualdad y la cobertura de derechos sociales. En segundo lugar, cabe preguntarse si los recursos que obtuvieron se destinaron para un cambio en la matriz productiva (el modo de producción). Desde mi punto de vista, no lo suficiente. En ciertos países, incluso, ni siquiera se discutió la necesidad de una transformación de este tipo.

Más allá de la coyuntura política, todas las economías latinoamericanas siguen compartiendo ciertas características centrales: los sectores económicos predominantes se basan en la extracción de recursos, la agricultura de monocultivo y la manufactura de bajos salarios; en términos de empleo, la región está marcada por un gran sector informal, así como por la práctica arraigada de precarización y tercerización, lo que resulta en una clase obrera que trabaja en la precariedad extrema sin una red de seguridad social; y en cuanto a su inserción en el sistema mundial, la región se encuentra en un lugar de dependencia caracterizado por las exportaciones de bajo valor agregado, la plena integración a los mercados globales y altos niveles de deuda soberana.

¿Qué ha revelado la pandemia y la crisis económica respecto al modelo de acumulación de la región? ¿Qué enfoque debe orientar la recuperación latinoamericana y a qué escala debe concebirse e implementarse?

Sabrina Fernandes

La pandemia ha revelado que las clases capitalistas del continente no tienen ningún pudor en su ánimo de maximizar sus lucros cuando la población más pobre vive el riesgo diario de morir, sea de hambre o de COVID. Con el aumento de la informalidad del empleo y de la pobreza, esperamos que las organizaciones de izquierda en todo continente perciban de una vez por todas que el actual modelo de desarrollo nos mantiene vulnerables y que no es posible derrotar a la derecha sin políticas más radicales.

Nuestra historia es una historia de golpes e intervenciones imperialistas. La memoria del ataque a Salvador Allende, por ejemplo, sigue viva a modo de aviso melancólico de que «no podemos demandar mucho». Ese es un camino peligroso de aceptación del sistema capitalista. Pero entonces, ¿qué hacer? Primero, comprender que la burguesía se fortalece cuando puede gobernar tanto con la derecha como con la izquierda. El golpe contra el gobierno de Dilma Rousseff, en ese sentido, fue un golpe doble: vino de afuera (como sabemos, por la influencia de EEUU) pero también de dentro, de los mismos grupos aliados de los gobiernos de Dilma y de Lula un poco antes.

Por otro lado, es necesario convencernos de que los gobiernos de izquierda deben invertir mucho más en un proyecto de cambio ecológico como fuerza para la creación de nuevos empleos, en una red lo más autónoma posible de energía, así como en los caminos para una reforma agraria agroecológica. Las inversiones deben ser públicas, estatales o comunitarias: muy diferentes de los acuerdos desarrollistas, que estimulaban proyectos de 20 o 30 años de lucro para corporaciones que ni siquiera aseguran un buen servicio.

Para que la recuperación no sea más que un nuevo paquete de estímulos económicos en el capitalismo, las organizaciones sindicales deben ser incluidas en el proceso de planeamiento, así como la comunidad de profesores e investigadores deben opinar sobre cambios importantes en los contenidos de las universidades y de la dirección de investigación y desarrollo tecnológico. Y esa inversión con dinero público debe incluir también a las comunidades, ya que ellas son más aptas para saber si el problema local de hambre se soluciona mejor con jardines comunitarios o más comida en la escuela de los niños.

EG

La crisis actual se superpone sobre varias crisis que ya estaban en marcha en 2019 y antes. A su vez, si bien hay semejanzas, también las diferencias entre los países son muy importantes. No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, que lo que sucede en Chile, en México o en Colombia. Tras esa advertencia, puede decirse que se observan distintos grados de colapso, derrumbe o miserias en la política y en el papel de los gobiernos. En unos casos eso es extremo, como se observa con la inacción y autoritarismo de Jair Bolsonaro en Brasil. Sin llegar a ese nivel, otras situaciones son también dramáticas; es el caso, por ejemplo, de Perú, en donde mientras avanzaban los contagios se derrumbaba la política de partidos.

Los progresismos estuvieron repletos de claroscuros. Tuvieron avances, estancamientos y retrocesos dentro de cada sector. [Eduardo Gudynas]

En esa desesperación, los gobiernos recurren otra vez a los extractivismos como vía para paliar la crisis económica. Todos los países de América del Sur, sin excepción, intentan aumentar sus exportaciones de materias primas y al mismo tiempo sumar nuevos sectores (como la minería de litio o la expansión de los monocultivos transgénicos).

RRG

La pandemia del COVID-19 exige un cambio radical en los sistemas alimentarios de carácter agroindustrial, única manera de reducir o eliminar la posibilidad de nuevas zoonosis. Esto fue advertido hace mucho tiempo por los movimientos ecologistas. Asimismo, la importancia del rol de las mujeres en la reproducción de la vida ha sido parte de las luchas de los movimientos feministas. Más aún: todo el modelo de relación entre los seres humanos y la naturaleza debe transformarse, porque es el imperativo de la acumulación el que ha conducido a la depredación del entorno y a los desequilibrios ecológicos que permiten la pandemia actual.

Si bien la región tiene que consolidar un Estado de bienestar que ponga por delante lo público y lo común frente a lo privado o lo mercantil, conseguirlo no conduce a superar los problemas que plantea la pandemia. Dejar de ser «periferia» y conseguir ser parte del «centro» no es la solución para los países de nuestra región. Europa, siendo el continente con mayores niveles de bienestar del mundo, no ha escapado a los impactos de la pandemia.

El objetivo debe pasar por construir alternativas al desarrollo. Porque el desarrollo tal cual lo conocemos nos lleva a profundizar la crisis sanitaria, y este tipo de amenazas se volverán cada vez más frecuentes en el mundo.

Más allá del momento de la recuperación, ¿cuál es el horizonte político de la izquierda? Si entendemos la pandemia del COVID-19 como la primera gran crisis ecológica a escala mundial, ¿será que llegó la hora de un paradigma que aborde de manera más explícita los problemas –entrelazados– de la extracción de recursos, el daño ecológico y el cambio climático? En otras palabras, ¿es hora de avanzar del «socialismo del siglo XXI» hacia la discusión sobre el ecosocialismo, sobre un nuevo pacto ecosocial, una economía democrática verde o alguna otra formulación? ¿Cómo definen su visión de una alternativa radical al modelo económico imperante, y cómo creen que se podrían articular las conexiones fundamentales entre la economía y la naturaleza?

SF

Vivimos en un momento frágil de la izquierda revolucionaria, y la derecha sigue avanzando sobre nuestro continente. No podemos simplemente esperar al momento de la revolución, porque el riesgo de llegar demasiado tarde es grande. Un gran pacto eco-social o un nuevo acuerdo verde, cualquiera sea el nombre de un proyecto serio de descarbonización arraigado en la justicia social, debe ser parte de la construcción del ecosocialismo en América Latina.

Pero un pacto no será suficiente, y los ecocapitalistas lo saben e intentan apropiarse de las discusiones sobre la inversión y las políticas alrededor de ello. Entonces la tarea es empujar medidas de descarbonización enfocadas en el sector público junto con un proyecto de autonomía energética e inversión tecnológica. Un nuevo ciclo progresista podría ser capaz de hacerlo. La izquierda más radical debe partir de esa base para trabajar sobre las consciencias de la clase trabajadora rumbo a una ruptura secular. Y solo el ecosocialismo presenta la posibilidad de una síntesis entre los debates del posextractivismo, la descarbonización, el derecho a la ciudad, al buen vivir, el ecofeminismo, la soberanía y el internacionalismo, el antirracismo y el decrecimiento, para que el socialismo del siglo XXI sea más que una expresión y se transforme en una realidad concreta.

RRG

Los paradigmas no nacen de grandes think tank, sino de luchas históricas, de procesos democráticos, de resistencias creativas. Pero se necesitan marcos de análisis que acompañen y otorguen herramientas para esas grandes disputas civilizatorias. En Ecuador, en un movimiento constituyente entre 2007 y 2008, el pacto social que se denominó «del buen vivir» o Sumak Kawsay surgió del intelecto social colectivo. Desde mi perspectiva, esta propuesta va más allá del denominado «socialismo del siglo XXI» e incluso del ecosocialismo: es una propuesta nacida de un amplio proceso constituyente.

Se trata de una propuesta de cambio social epistémico y es, retomando lo anterior, una alternativa social al desarrollo. No surgió de ninguna cabeza, de ningún think tank. Tiene sus raíces en un frente social antineoliberal que fue canalizado en un proceso constituyente, el cual se nutrió de los saberes ancestrales de pueblos originarios, del feminismo, de la economía social y solidaria, del ecologismo, de las luchas de los estudiantes, de las clases medias, de los pobres, etc. Este marco analítico plantea que el concepto del «buen vivir» o vivir bien debe ser leído desde lo que consagra el pacto de convivencia firmado por los ecuatorianos en la Constitución de 2008. Algo similar sucedió en Bolivia, en tanto se construyó un proceso constituyente con paradigmas alternativos.

Las políticas públicas, por supuesto, no surgen en el vacío ni son concedidas libremente por élites políticas. Los Estados son condensaciones de la lucha de clases, y las políticas que promulgan reflejan el equilibrio de poder imperante en la sociedad en general. Dadas sus respuestas anteriores, ¿cómo podría producirse tal cambio de paradigma? ¿Qué actores colectivos, fuerzas de clase y movimientos sociales están preparados para actuar como protagonistas en la próxima batalla por el modelo de recuperación económica y social, y más allá? ¿Qué alianzas y bloques podrían reunir a grupos distintos en una fuerza con potencialidad hegemónica, capaz de transformar el modelo de acumulación imperante?

RRG

Un problema gravitante en estas dos décadas del siglo XXI es que en América Latina se ha dado un proceso de desindustrialización con la transición a una sociedad centrada en el sector de servicios, muchas veces deslocalizados (esto en el marco de una economía heterogénea, informal, con altos niveles de subempleo). Esto complejiza mucho más la lógica de acción colectiva alrededor de las luchas por un trabajo digno.

Hace un par de semanas leí un tuit que, siguiendo a Chico Mendes, decía: «el ecologismo sin lucha de clases es jardinería; el feminismo sin lucha de clases es la guerra de los sexos; el anticolonialismo sin lucha de clases es (potencial) fascismo». Claro está que la lógica también debe ser leída al revés; es decir, no se debería pensar lucha social sin lucha feminista, ecologista o poscolonial, como tampoco ecologismo sin lucha feminista, etc. Lo que se necesita es la convergencia de todas estas luchas sociales. La forma que adopte la convergencia depende de cada contexto: en Argentina, por ejemplo, viene protagonizada por los trabajadores y las mujeres; en Ecuador, ahora, por el movimiento indígena. Y estos sectores deberán articular con los movimientos políticos que disputan electoralmente el Estado, porque la contienda debe ser tanto en el ámbito social como estatal.

ML

Actualmente, pienso que las fuerzas mas activas en la lucha por un cambio de paradigma en América Latina son la juventud, las mujeres, los campesinos y las comunidades indígenas. Movimientos como Vía Campesina cumplen un papel muy importante, porque procuran asociar la lucha campesina por la tierra con una perspectiva ecológica. Y las comunidades indígenas están en la primera línea del combate al extractivismo, en defensa de los bosques y los ríos. «¡Agua sí, oro no!» es la consigna de campesinos e indígenas de Perú en contra de la minería de oro que envenena los ríos. Muchas veces son las mujeres las más activas en estas movilizaciones, incluso a costa de sus propias vidas, como Berta Cáceres en Honduras.

Sin embargo, no lograremos crear una fuerza hegemónica capaz de romper con el modelo dominante sin el apoyo de la clase trabajadora, del proletariado del campo y de la ciudad. Necesitamos también incluir a los intelectuales, a los artistas, a los cristianos de la liberación y a la masa del «pobretariado», los excluidos del sistema. La tarea fundamental de la izquierda socialista es organizar este bloque de clases y capas sociales. Y hacerlo desde abajo: en los barrios, las fábricas, las escuelas, el campo, los bosques. Comenzando por demandas concretas e inmediatas, como el no al pago de la deuda externa, la reforma agraria, etc., pero tratando de dar impulso, en el mismo movimiento, a una dinámica antisistémica, anticapitalista.

Por último, ante la posibilidad de un nuevo súper-ciclo de commodities y con el retorno de varios gobiernos progresistas, ¿qué consejo ofrecerían a los gobiernos de izquierda o centroizquierda –tanto actuales como futuros– de la región? ¿Cómo deberían orientarse en un contexto de crisis multidimensional, en el que otro auge de los commodities puede traer consigo una mayor presión para expandir la frontera agrícola y extractiva? ¿Cómo podrían cambiar sus economías nacionales para hacer una transición hacia la energía renovable, una mayor protección social, una agricultura regenerativa y otras alternativas económicas al extractivismo? ¿Se podría financiar una transición de este tipo? ¿Es posible forjar un camino en este sentido sin la coordinación de los gobiernos de todo el Sur Global para poner fin al régimen de deuda y austeridad impuesto por las instituciones financieras?

SF

Si no hay socialismo en un solo país, tampoco puede haber ecosocialismo, dado que este reconoce que para la naturaleza no hay fronteras. Por otro lado, es peligroso que el progresismo vea un nuevo superciclo de commodities como una ventana de posibilidad para más inversión en los sectores extractivistas, en colaboración con los grandes capitalistas.

No debemos abandonar nunca la lucha por distribución justa de la propiedad de tierra y los derechos originales y tradicionales a los territorios. Los gobiernos de izquierda deben comenzar por arreglar la enorme desigualdad en el acceso a la tierra si realmente quieren evitar que el superciclo resulte en más concentración de riquezas y bienes. Y eso también se relaciona con la discusión sobre el mercado financiero y el papel que cumple en garantizar ganancias con las commodities, cuando las diferencias en el precio y las barreras de competición ponen a los trabajadores rurales en riesgo.

Pero hay otra cosa que necesitamos discutir: por qué la transición hacia energías renovables es tan importante. Toda producción energética a gran escala tiene impactos ambientales y sociales. Nuestra tarea es minimizar los impactos atendiendo a las demandas de las comunidades amenazadas. No es posible pensar –como creen algunas de las grandes potencias económicas hoy– que se trata simplemente del crecimiento y desarrollo económicos, pero ahora con renovables. Así se olvidan los impactos que el sistema extractivista industrial tiene incluso cuando se trata de inversiones en tecnología verde.

Para algunos de esos gobiernos, la búsqueda de litio y otros minerales ya es vista como una nueva oportunidad de crecimiento. En Bolivia, Luis Arce ha dicho desde su campaña que aspira a hacer del país una gran potencia solar con su propio litio. Declaraciones como esas no tienen en cuenta los límites del litio boliviano, las demandas de protección ambiental en el área y el gran desafío de transferencia tecnológica. Explotar el litio y exportarlo sin acceso directo a la tecnología no redunda en el desarrollo verde de Bolivia sino en el de los otros, sea la Unión Europea o China.

ML

No hay «receta milagrosa» para salir de los impases de la crisis actual. Pero hay algo que queda en claro: los gobiernos progresistas no tomarán el camino de un cambio de paradigma si no hay una presión social y política «desde abajo» que los conduzca a hacerlo. Es por eso que la tarea prioritaria de los ecosocialistas pasa por la organización del movimiento, la alianza de clases y grupos sociales interesados en un cambio radical.

Pero para eso no podemos sentarnos a esperar que se unan todos los gobiernos del Sur Global. Con uno o dos gobiernos más avanzados, que sirvan de ejemplo y estimulen otras experiencias, ya habremos dado un gran paso hacia el objetivo final: una agenda latinoamericana de cambio de paradigmas, capaz de crear una relación de fuerzas a nivel continental.

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NOTA

Sabrina Fernandes es doctora en Sociología por la Universidad de Carleton (Canadá). Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Michael Löwy es director de investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). René Ramírez Gallegos es economista, fue Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa.

Fuente: Lahaine.org

Chile, Litio

¿Un estado de bienestar hecho de litio y cobre?

Alejandra Mancilla 18/01/2022
Cuando los noruegos descubrieron petróleo costa afuera, a fines de los años sesenta del pasado siglo, lo usaron para construir uno de los estados de bienestar más generosos del mundo. Ante la demanda disparada de litio y cobre que se espera a nivel mundial en las próximas décadas, es tentador pensar que Chile podría hacer lo propio si el Estado aprovecha la riqueza derivada de estos. Sin embargo, hay importantes diferencias entre ambos casos. Más que a un estado de bienestar, quizás a lo que debiéramos aspirar en el siglo XXI es a un estado de “buen vivir”.

Lykkeland (Tierra de felicidad) es una popular serie del canal público noruego NRK que cuenta la historia de cómo, en pleno boom petrolero a nivel mundial, se descubrió unos de los mayores pozos de petróleo en el Mar del Norte en los años sesenta del pasado siglo, y de cómo los noruegos decidieron que este sería el motor principal de desarrollo y prosperidad a mediano y largo plazo.

Si fueron empresas privadas como Philips las que iniciaron la prospección y explotación, ya que contaban con la tecnología y el know-how, rápidamente el Estado noruego fundó su propia empresa, Statoil (hoy Equinor, de capitales mixtos), y comenzó a usar los ingresos del petróleo para financiar un estado de bienestar que está entre los más exitosos de Europa. En 1990, además, el Parlamento estableció el Fondo de Pensiones noruego con los excedentes de riqueza derivados de la extracción del mineral, constituidos principalmente por los impuestos a las empresas petroleras (¡78 por ciento!), pagos de licencias para exploración, y dividendos de la empresa estatal –que hoy cuenta con un 33 por ciento de participación de privados–.

A junio de 2021, el “Fondo del Petróleo” era uno de los más ricos del mundo, tanto que alcanzaba para repartirle unos 200 millones de pesos a cada ciudadano. Constituido solo con inversiones extranjeras, su objetivo es proteger a la economía de los cambios bruscos en los ingresos derivados del petróleo y ser una reserva financiera para las generaciones presentes y futuras –sobre todo considerando que los años dorados del oro negro ya pasaron, y que su extracción irá en descenso en las próximas décadas–. Como se resume en su página web, el fondo busca “asegurar que ocuparemos nuestro dinero de manera responsable, pensando a largo plazo, y que aseguraremos el futuro de la economía noruega”. Noruega se convirtió, en breve, en un estado de bienestar hecho de petróleo.

En su reporte de 2021, titulado “El rol de minerales críticos en las transiciones a energías limpias”, la Agencia Internacional de Energía estima que, si los países se esfuerzan por cumplir con el Acuerdo de París, la demanda de minerales necesarios para la construcción de energías limpias se cuadruplicará de aquí al 2040, principalmente para la construcción de vehículos y baterías eléctricas. La demanda de litio aumentará 40 veces según el reporte. Se estima que la construcción de nuevas líneas eléctricas, en tanto, hará aumentar la demanda de cobre a más del doble. Chile es el primer productor mundial de cobre y posee las mayores reservas a nivel mundial, mientras que es el segundo productor mundial de litio y cuenta con la mitad de las reservas mundiales. La pregunta obvia, entonces, es: ¿podría convertirse Chile en un estado de bienestar hecho de litio y cobre?

Desde 2007, Chile cuenta con un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), formado a partir de los ingresos del cobre, cuyo fin es financiar déficits fiscales y amortizar la deuda pública. Desde 2006, además, existe el Fondo de Reserva de Pensiones, a través del cual el fisco financia las obligaciones previsionales hacia los más desposeídos. Fue a esos fondos soberanos a los que el Gobierno recurrió durante la pandemia, para financiar la ayuda social entregada a familias y pymes.

En un contexto donde el Presidente electo aspira a dar una mejor calidad de vida a toda la población –y debe buscar los medios para hacerlo–, y donde la Convención Constitucional tiene entre sus misiones fundamentales repensar el marco normativo para ciertos recursos naturales clave, es tentador pensar que las arcas fiscales podrían seguir llenándose y creciendo si, como país, trazamos una estrategia para la explotación del litio (y revisamos la del cobre) –así como Noruega trazó la suya para el petróleo–.

Hay, sin embargo, al menos tres diferencias importantes que no hacen fácil simplemente trasponer la experiencia escandinava a Chile. Estas diferencias, a mi juicio, deberían llevar a nuestro país por un camino propio en lo que se refiere a la explotación de minerales en su territorio.

En primer lugar, mientras el petróleo noruego se ubica costa afuera y su explotación no afecta directamente a poblaciones humanas, las externalidades negativas que genera la gran minería sobre las comunidades circundantes están bien documentadas. Estos costos tienen que tomarse en cuenta si el camino que se quiere seguir –como sugirió en una entrevista reciente el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet– es convertirse en el primer productor mundial de litio. La voz y el voto de quienes se ven más afectados por la industria debería ser así una consideración fundamental a la hora de normar su extracción (lo que han sugerido José Aylwin y Marcel Didier en una columna en este medio).

En segundo lugar, cuando Noruega comenzó a extraer petróleo en los años sesenta del siglo pasado, el cambio climático generado por el uso de combustibles fósiles no era tema aún, y los derrames de petróleo eran considerados daños colaterales, si bien con el tiempo las regulaciones ambientales fueron haciéndose más estrictas. En la actualidad, cuando ya no es posible escudarse en la ignorancia de sus efectos, unos de los temas de debate recurrente en ese país es si es éticamente aceptable seguir extrayendo petróleo y haciendo nuevas prospecciones. Algunos incluso han sugerido que se debiera compensar a quienes salen dañados por dicha extracción; por ejemplo, a los habitantes de países cuyas costas serán inundadas por el aumento en el nivel del mar, causado por el cambio climático antropogénico.

En el caso de las energías llamadas “limpias”, en cambio, ya sabemos que su “limpieza” se mide en término de emisiones directas de CO2, pero la evaluación se complica si se consideran los costos ambientales de extraer los materiales que se necesitan para producirlas. En el caso del cobre, el sobreúso de agua para los procesos de producción y la contaminación provocada por los relaves son solo dos ejemplos. En el caso del litio, este se encuentra en salares ubicados en las cercanías de parques nacionales. Extraerlo requiere perforar dichos salares y luego evaporar el agua contenida en la salmuera, lo que se hace en piscinas de evaporación de hasta un millón de metros cuadrados (el equivalente a unas 150 canchas de fútbol profesional). Otras tecnologías para extraerlo usan ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (soda cáustica) y requieren reinyección de salmuera al salar. En suma, de minería verde, poco.

Por último, y conectado con los dos puntos anteriores, cabe preguntarse si el modelo de estado de bienestar noruego desarrollado a partir de la explotación de un recurso natural puede replicarse en el siglo XXI, y si es deseable de replicar. Mientras los estados de bienestar del siglo XX fueron de la mano de la Gran Aceleración económica posterior a la Segunda Guerra Mundial y se basaron en la premisa de crecimiento económico infinito y en el aumento exponencial en la explotación de la naturaleza, hoy se ha hecho obvio lo problemático de esto. En este contexto, en lugar de correr para satisfacer la demanda de litio o de cobre antes que otros, los chilenos tenemos la oportunidad de preguntarnos antes qué tipo de sociedad queremos, en qué relación con la naturaleza y a qué costo. Quizás, en lugar de un estado de “bienestar” medido por índices económicos estrechos, valdría más la pena enfocarse en construir un estado de “buen vivir” (como ya lo han hecho, al menos en el papel, Bolivia y Ecuador), tomando en serio la necesidad de transitar a otro modelo social, ético, político y económico.

Con una nueva Constitución ad portas y un nuevo Gobierno que ha reconocido al menos en principio la necesidad de hacerse estas preguntas más de fondo, lo que está claro es que estamos en un punto de inflexión, y que tenemos una oportunidad única para sacudir la inercia y convertirnos en un ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas de otra manera: con una mirada de Estado de largo plazo, que integre a actores públicos, privados y civiles, y que no dependa de los gobiernos de turno, sino que se mantenga por sobre las alternancias de poder.
https://www.elmostrador.cl/opinion-newsletter/2022/01/18/un-estado-de-bienestar-hecho-de-litio-y-cobre/

Chile, Litio

Diputadas del Norte categóricas sobre licitación del litio: “Es muy grosero lo que se pretende hacer”

Daniela Cicardini (PS) y Catalina Pérez (RD) valoraron la orden de no innovar de la Corte de Copiapó, y aseguraron que se continuará con otras medidas para evitar que el Gobierno logre el objetivo planteado.
Eduardo Andrade
16/01/2022
Son diez los días que la Corte de Copiapó otorgó al Gobierno para responder por el recurso de protección presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Díaz, y que pone en pausa adjudicación del litio a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Al respecto, este domingo, el titular de Minería, Juan Carlos Jobet, se mostró confiado en tener los argumentos suficientes para llevar a cabo este proceso, lo cual ha producido algunas reacciones dentro de la oposición, desde donde sí se ha valorado haber obtenido una al menos una pausa en la licitación a través de un proceso judicial.

Así lo manifestó, por ejemplo, la diputada del Partido Socialista, Daniela Cicardini, quien aseguró que lo manifestado por el Gobierno no es “ninguna novedad”.

“Nadie ha dicho que el proceso de licitación ha terminado, pero sí es importante que un tribunal haya acogido a trámite este recurso junto a una orden de no innovar hasta evitar el fondo. Para mí es tremendamente significativo que este recurso que ha permitido esta suspensión del proceso de adjudicación haya nacido en mi región, en Atacama, a partir de lo que hizo el gobernador regional con comunidades indígenas de quienes estuvimos hablando antes de su ingreso a la Corte”, señaló la diputada.

Por su parte, la diputada de RD, Catalina Pérez, dio cuenta de otras iniciativas llevadas a cabo desde la oposición y que también buscar prolongar el debate respecto de la utilización del litio.

“En la oposición vamos a seguir todas las vías administrativas mediante, una reclamación en Contraloría; las vías judiciales, mediante recursos de protección, y también las vías legales. Hoy día existen dos proyectos impulsados, uno de ellos de mi autoría, que busca suspender el proceso. Eso tiene que seguir su curso, el presidente de la comisión de Minería ha respaldado la continuidad de esta tramitación, veremos las modificaciones necesarias en su idea matriz, pero nos parece importante que el Congreso continúe con un pronunciamiento férreo respecto de la negativa de vender el litio”, explicó.

Finalmente, Pérez criticó la postura del Gobierno en este proceso, asegurando que “es muy grosero lo que se pretende hacer”, tomando en cuenta de que se trata de una administración que está de salida, además de la discusión por los recursos que se viene llevando a cabo en la Convención Constitucional.

“No puede ser la necesidad del Presidente de dejar amarradas al final de su mandato medidas tan graves como éstas. No puede ser el ego del Presidente lo que prime a la hora de generar una política pública, sino más bien la responsabilidad fiscal, con nuestros ecosistemas, en el diálogo con las comunidades de pueblos indígenas y por las regiones afectadas por la lógica extractivista que este gobierno se ha impuesto profundizar”, sentenció.

Diputadas del Norte categóricas sobre licitación del litio: “Es muy grosero lo que se pretende hacer”

Perú

Retoman protestas en el sur tras incumplimiento de acuerdos

15/01/2022
Conflicto minero en el sur de Ayacucho.
Frank Tacuri
[email protected]
Diversas comunidades del sur de la región retomaron sus protestas contra las operaciones de las unidades mineras Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada, luego de que el Ejecutivo dispusiera la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Los representantes del Comité de Lucha contra la contaminación minera en el sur de Ayacucho están disconformes porque esperaban la creación de una comisión ejecutiva, en donde se aborde el cierre de las minas en las cabeceras de cuenca.

Se sabe que el gobierno emitió la Resolución Ministerial N° 010-2022-PCM en la que brinda 180 días a este grupo de trabajo para presentar un informe final.

No obstante, para los pobladores “no cumple con los requisitos acordados” durante la mesa de diálogo realizada en Coracora el pasado 19 de noviembre.

Bajo ese contexto, insistieron en la creación de una “comisión ejecutiva” que cumpla con los 90 días ofrecidos por el Ejecutivo para el cierre de las cuatro minas, y no de un “grupo de trabajo” para el desarrollo ambiental y social.

Vale recordar que en la última reunión la premier Mirtha Vásquez indicó que los cuatro yacimientos no gozarían de extensiones de sus licencias de operación, debido a supuestos indicios de contaminación.

Sin embargo, a la fecha, habría dado marcha atrás al aclarar que este proceso de cierre no se daría de forma unilateral. El acuerdo ha tenido posiciones divididas por aquellos que están a favor o en contra de la minería.

Lo cierto es que la situación es tensa en las provincias del sur, a razón de que no se viene respetando los acuerdos plasmados en el acta.

En noviembre del año pasado dirigentes de diversas comunidades del sur emprendieron un paro de 72 solicitando el retiro inmediato de estas cuatro minas. En esos días se reportaron múltiples incidentes, incluso, dejando daños a la salud tras el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
https://www.jornada.com.pe/regional/item/6425-retoman-protestas-en-el-sur-tras-incumplimiento-de-acuerdos

Panamá

Escuela Itinerante de Ecologismo Popular

16/01/202| Alternativas Socioecológicas, COVEC, Panamá

Los actuales conflictos a raíz del extractivismo de bienes ecológicos a favor de la economía nacional y el libre comercio, representan otra escena en la región donde se vulneran derechos humanos, áreas protegidas, sitios históricos, territorios ancestrales y culturas. Sin reparaciones, indemnizaciones y justicia socioambiental.

Para los pueblos rurales de Panamá —originarios, afros y campesinos— su modo de vida histórico ha estado arraigado a la supervivencia debido a las amenazas de la explotación territorial que conlleva grandes impactos negativos sociales y ambientales.

A partir de marzo del 2008, en el marco del asentamiento neoliberal, los bienes ecológicos con mayor auge, forman parte de la libre oferta y demanda del mercado internacional, sin importar las leyes nacionales. Las concesiones para la extracción de minerales, fuentes hídricas, acaparamiento de suelos son notables por el cuestionamiento ciudadano y su sistematizada violación a los derechos de los pueblos y su territorio.

Actualmente colectivos, comunidades y ciudadanos hemos emprendido una permanente lucha por otro modelo de vida solidario. ecológico y justo.

Razones que nos llevan a lanzar, la Escuela Itinerante de Ecologismo Popular, como un medio de participación comunitaria rural para la formación y divulgación sobre el pensamiento crítico, Ecología Política, diálogo de saberes y herramientas de comunicación popular (inmediatas). Cuyo objetivo principal, es exigir una real justicia socioambiental.

Esta iniciativa colectiva tiene sus raíces en los talleres y encuentros populares por la defensa de los ríos y tierras en áreas campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro continente. Y para el contexto panameño se realizó bajo tres ejes temáticos:

1. Justicia climática

2. Justicia social

3. Herramientas de comunicación popular (inmediatas)

Además, enfatizó la importancia de la gobernanza socioambiental desde las comunidades rurales de Panamá.

La Escuela Itinerante de Ecologismo Popular se realizó en los meses de marzo y abril de 2021. Logrando capacitar a 24 personas, priorizando la igualdad de género y la diversidad generacional de los siguientes pueblos:

• Pueblo originario Naso Tjër Di

• Pueblo originario Gunayala

• Pueblo originario Emberá-Wounaan / comunidad campesina de Darién

• Comunidad campesina veragüense

• Comunidad campesina coclesana

• Comunidad de moradores azuerense

En esta versión, se implementó la Cartografía Popular, una herramienta para interpretar los hechos, luchas, resistencias, transformaciones, y propuestas de producción de las comunidades rurales que persisten ante las políticas extractivas.

La cartografía se construye y es entendida como una estrategia procesal que otorga a las prácticas colectivas del tercer sector un componente metodológico participativo, dialógico, comunicativo, sistemático, público, inacabado, visible y por tanto político: comprometido con la transformación y abierto a la recreación de nuevos territorios. En Panamá como en Mesoamérica o Abya Yala, esta herramienta constituye una técnica popular para que las comunidades se apropien de conceptos, diseños de estrategias y acciones por su territorialidad y vida.
Cartografía de la Resistencia. Otra forma de ver los conflictos socioambientales

En la misión por la defensa ambiental en Panamá, el Feminismo Comunitario forma parte del quehacer de las comunidades rurales (Producción agroecológica, cuidado de los ríos, etc). Y la participación de las mujeres rurales se ha intensificado con apoyo de otras herramientas como la educación y comunicación popular (Cine comunitario). Y la escuela itinerante intercambio saberes, en el marco del debate global por la defensa de la integridad de la mujer y los derechos de las mujeres, ante las circunstancia que acecha el capitalismo, y neocolonialismo.

Desde el equipo organizador, extendemos nuestro apoyo solidario a los pueblos de Abya Yala que luchan por la justicia social y ambiental. Invitamos a otras comunidades rurales y organizaciones populares del país, a promover estas formas de organización, de educación popular y decrecimiento, como un proceso hacia modelos de vida autónomos, libres y soberanos.

Agradecemos a diversas comunidades rurales del interior de Panamá que han compartido diversas travesías de pedagogía popular y lucha por una justicia socioambiental, es decir el rechazo a proyectos extractivos. También a organizaciones civiles nacionales e internacionales que empeñan su voluntad, solidaridad y apoyo a este proyecto de vida colectiva. En especial a la red Jubileo Sur Américas JSA por la gestión y cooperación para emprender esta escuela de todas y todos.

Agradecemos a comunicadorxs populares y medios de comunicación por el respaldo en la divulgación de nuestros productos, y de hacer eco la voz campesina e indígena que aspiran al derecho humano a la comunicación y frecuencia de radios comunitarias.

Para este año 2022, retomamos con esta propuesta liberadora, enlazando a otras comunidades del campo a través de nuestro caminar, tejiendo el conocimiento desde la trinchera del campesinado y del indómito originario que lucha en su diario por la justicia socioambiental.

Colectivo Voces Ecológicas COVE

Panamá

Mega minería sus Explosiones horadan las rocas hasta 1,000 m. de profundidad, causan ecocidio

Jorge Macías Jaramillo
Los químicos tóxicos utilizados en la minería incluyen: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena. ácido nítrico. nitrato de amonio y petróleo combustible (ANFO) utilizado para la voladura de túneles. metales pesados tales como el mercurio uranio y plomo. gasolina, diesel y humos de escape de los vehículos y el equipo, acetileno .

Algunos Hitos en la lucha por el cierre de minera petaquilla.

12 Abril 2004. El Ecologista e Internacionalista Julio Yao después de enterarse que Japoneses hicieron un estudio, concluyeron: en Panamá no debe realizarse mega minería por su estrechez Ístmica, prevenir daños irreparables a la exuberante biodiversidad, con gran flora y fauna exclusive nativa en Panamá, para no dañar las cuencas hidrográficas y prevenir conflictos sociales con campesinos que habitan Petaquilla y alrededores. El 22 de Abril 2004 “Día de la tierra” Julio Yao campesinos y población originaria de las provincias de Coclé y Donoso en Colon fundan el Comité pro cierre de mina petaquilla. Por su activismo anti minería Julio Yao fue objeto de al menos tres atentados de los cuales resultó ileso gracias.

“Durante su gobierno el Presidente Martinelli promovió la megaminería en Panamá en todo foro de comercio internacional que pudo. Creó el programa migratorio Crisol de Razas: proceso de regularización migratoria extraordinaria” muy probablemente para atraer trabajadores extranjeros a esta actividad”

19 Sep. 2014 grupos ecologistas entregan a la Asamblea Nacional de Panamá el proyecto de Ley que prohíbe la megaminería. No fue cabildeado. Gobierno de Juan Carlos Varela

4 de Junio 2021 grupos ecologistas entregan a la asamblea Nacional proyecto de Ley que solicita moratoria de la megaminería. Estos tres acontecimientos demuestran más 18 años de lucha para el cierre de la megaminería en Panamá. Gobierno de Laurentino Cortizo.

Todos han sido infructuosos porque nuestros gobiernos privilegian la mega minería.

Ya lo había pronosticado Omar Torrijos Herrera “Tenemos que asegurar que aquellos tiburones de la flora y fauna panameñas no vengan a devorarnos”. Esta Depredadora mega minería llegó por la complicidad de los malos gobernantes y ahora nos toca expulsarla de nuestros bosques para evitar la destrucción. La contaminación de ríos y mares.

Los Gobiernos Panameños que han permitido la megaminería Violan el Régimen Ecológico de la Constitución y esto es Corrupción

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

RÉGIMEN ECOLÓGICO.

Artículo 114. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

Artículo115. El Estado y todos los habitante del territorio Nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevéngala contaminación del ambiente, Mantenga el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los ecosistemas.

Artículo 116. El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación renovación y permanencia.

Artículo 117 La Ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a fin de evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales.

Los Panameños han realizado múltiples manifestaciones o protestas et, solicitan la moratoria y expulsión de la megaminería y los diferentes gobiernos voltean la mirada en sentido opuesto y no nos hacen caso. Le solicitamos al Presidente Laurentino Cortizo que muestre vocación ecologista, se haga eco de esta solicitud noble auténtica de los panameños en lugar de apadrinar a los empresaurios extranjeros mineros haga causa común con el pueblo panameño y dicte la moratoria y suspensión definitiva de esta industria rechazada por la gran mayoría de panameños. Esperamos rectifique, con su sensatez responsabilidad evite el estallido social.

Le solicitamos Decrete Protegido el 100% del territorio y 100% de nuestros Océanos.

(*) Panameño. Ecologista. Médico Pediatra post Sub Especialidad Medicina de Adolescentes.