OCMAL

Quienes somos
Organizaciones que componen OCMAL hoy:
Qué hacemos
Cómo hacemos lo que hacemos
Como vemos nuestra labor
El motivo de la articulación
Surge una esperanza común
El mismo modelo y sus particulares países de desarrollo
Estrategias para enfrentar el modelo minero y buscar alternativas
El proyecto “articulación” apoyado por Broederlijk Delen
Estructura OCMAL
Planes de trabajo y desafíos futuros
Soporte financiero
Actividades y herramientas

I. ¿Quiénes Somos?

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nace formalmente en marzo del año 2007 en un encuentro realizado en Oruro, Bolivia. Fue la materialización de un anhelo ampliamente esperado por diversas organizaciones que llevaban tiempo colaborándose para establecer estrategias de resistencia y alternativas a la minería en América Latina. Aunque la decisión política de creación de OCMAL se tomaba en octubre de 2006 y la pagina web funcionaba desde diciembre del mismo año.

OCMAL fue un logro colectivo que surgió de diversos esfuerzos e intentos que se venían haciendo desde fines de la década del 90 al ver el avance de la industria minera y el extractivismo a nivel latinoamericano y los enormes efectos para el ambiente y las comunidades.

OCMAL estableció como principal objetivo la defensa de las comunidades y poblaciones que, ejerciendo sus actividades locales como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo, vivienda y cultura, son afectadas por los impactos de la minería en la región.

Además, instituyó la profundización de métodos e instrumentos de coordinación y articulación entre las organizaciones involucradas para enfrentar mejor los desafíos y necesidades planteadas por los efectos de las industrias extractivas y la explotación de los recursos naturales o bienes comunes.

Asimismo, busca vencer en conjunto la hostilidad de las políticas públicas, creando propuestas concretas basadas en la capacidad de construcción y alianza de los movimientos sociales que tienen pensamiento y reflexiones propias desde sus territorios y experiencias únicas.

También intenta formalizar espacios de coordinación y articulación con actividades concretas y calendarios establecidos colectivamente, junto con producir material de investigación y entregar múltiples servicios.

Con todo, OCMAL es un espacio de investigación y exploración de nuevas oportunidades para lograr mayor efectividad en el trabajo conjunto, en las campañas y en las acciones de intercambio de información y acciones que forman parte de las actividades de defensa de las comunidades y protección ambiental, incorporando tareas que persigan la integración en la acción global con otros actores, incidiendo políticamente en los foros internacionales que influyen en las decisiones que afectan a nuestros países.

Con más de seis años de vida, OCMAL tiene nuevos desafíos que buscan ampliar lo realizado hasta ahora identificando nuevos temas, métodos y espacios para articularse y coordinarse mejor e intercambiar información dirigida y especializada a cada una de las demandas y necesidades de las organizaciones involucradas en este proyecto.

Las actividades, objetivos y visión de OCMAL se ven fortalecidas con la diversidad  de las organizaciones que componen la actual red latinoamericana, y enfrentan el desafío de limitar o eliminar los impactos de la minería.
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II-. Organizaciones que componen OCMAL hoy

Algunas organizaciones que impulsaron desde un comienzo la creación y el fortalecimiento de OCMAL han sido Cooperaccion y Grufides (Perú), Olca (Chile), Acción Ecológica (Ecuador) y Censat Agua Viva (Colombia), con la premisa que la construcción de un mayor proceso de fortalecimiento en desarrollo.

Lista de organizaciones que actualmente integran el OCMAL se puede ver aquí.

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III-. Qué hacemos

Para cumplir los objetivos propuestos, OCMAL sistematiza información disponible entre las organizaciones, identifica necesidades particulares de cada organización, y propone y ejecuta tareas para satisfacer dichas necesidades. Busca fuentes de información para que las diversas organizaciones puedan utilizarlas, y nuevos espacios -como otras iniciativas o redes- que permitan fortalecer el trabajo de las organizaciones involucradas y así, darles mayor perfil.

OCMAL también elabora propuestas y sugerencias de actividades en conjunto para satisfacer necesidades y proyectar de mejor manera el trabajo conjunto. Compromete publicaciones periódicas con los aspectos más relevantes para las organizaciones involucradas, e identifica oportunidades financieras para apoyar el trabajo de articulación y coordinación dirigido especialmente a las organizaciones que no cuentan con suficientes recursos.

Asimismo, apoya y mantiene una página web donde se encuentra información sobre conflictos mineros, la Base de Datos de los conflictos y, el Mapa de la Criminalización en Latinoamérica.

OCMAL apoya el trabajo dirigido a la incidencia política en foros internacionales y promueve campañas conjuntas a nivel Andino y donde sea posible. Una de ellas es la Campaña contra el Uso del Cianuro en la minería.
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IV-. Cómo hacemos lo que hacemos

En general las consecuencias de la minería se refieren al impacto social y ecosistémico o territorial: agotamiento, disminución y contaminación de agua, destrucción irrecuperable del ecosistema y el territorio, efectos adversos en las comunidades tanto en el tejido social (cooptando dirigentes y dividiendo las comunidades con diversas estrategias), como en su propia salud llegando incluso al desplazamiento forzado producto de la destrucción de sus territorios. Militarización de las zonas donde se emplazan los proyectos mineros, presencia de delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución. A nivel económico hay un despojo de los recursos de la tierra debido a que las empresas no pagan regalías o royalies, y en definitiva, hay un debilitamiento de los sistemas democráticos de los países de la región. También, y cada vez con mayor frecuencia, se criminaliza la oposición a la minería como estrategia para acallar la protesta social por parte de los Estados y las transnacionales apoyados con el aparato Estatal.

Por lo anterior, OCMAL estableció una serie de principios que guían las diversas acciones que realiza. Primero, todas ellas tienen un enfoque basados en la defensa de los derechos humanos de las comunidades que se ven afectados, violentados o, derechamente violados por la minería y sus impactos.

OCMAL se enfoca en solidarizar con las comunidades y organizaciones que se ven afectadas por la industria minera.

Las decisiones que OCMAL determine, se realizan con el consenso de sus organizaciones miembros garantizando así, la participación de todos y todas respetando la autonomía de cada institución, organización o colectivo.

OCMAL y sus miembros no acepta ni aceptará financiamiento de organizamos multilaterales, de empresas de la industria minera o de sus instituciones vinculadas.

Las principales actividades de OCMAL son la difusión e intercambio de información, el apoyo a campañas, acciones de solidaridad y articulación de las actividades desarrolladas por las mismas organizaciones.
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V-. Como vemos nuestra labor

En el escenario latinoamericano se apuesta a la extracción de recursos naturales como una forma de incrementar los ingresos nacionales, pagar de allí la deuda externa o la deuda social acumulada, dependiendo de la orientación del gobierno de turno. Tradicionalmente, el modelo primario exportador ha determinado las economías en la región latinoamericana pero no ha sido sino hasta el desarrollo de la conciencia ambiental y de derechos humanos que se han ido masificando los conflictos producidos por la resistencia comunitaria a esas actividades.

Al mismo tiempo, el aumento de las inversiones mineras -principalmente canadienses- en la década del 90, da inicio al surgimiento de procesos de oposición comunitaria a la minería en la región. La forma de enfrentar esos conflictos por parte de los diferentes gobiernos se ha visto determinada por los compromisos estatales adquiridos vía Consenso de Washington u otros mecanismos de regulación de inversiones extranjeras, como el CIADI o, simplemente, producto de las presiones directas de los países de procedencia de las inversiones mineras.

Las comunidades percibieron con gran decepción el debilitamiento sus derechos formales y optaron en muchos casos por desarrollar acciones ciudadanas marginadas de las estructuras legales, sin antes probar los intrincados senderos de la formalidad legal. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, dio cada vez más fuerza y sustento -aunque más moral que legal- a las demandas de las comunidades indígenas y campesinas.

La situación actual marca una tendencia a la presentación de conflictos ambientales por extracción de recursos naturales, cada vez más álgidos.

Los enfrentamientos como los de Bagua en la Amazonía peruana, es una voz de alerta respecto del posible desenlace de conflictos entre comunidades y Estados, que se producen por la forma contumaz de intentar profundizar el modelo primario exportador a costa de lo que sea necesario. De estas posiciones no se libran los gobiernos progresistas en la región.

Debe ser tarea permanente de redes como OCMAL buscar vías alternativas para evitar este tipo de confrontaciones que no hipotequen los derechos de las comunidades. Aquellos derechos adquiridos y esos que se encuentran en proceso de recuperación y construcción deben servir como herramientas en la búsqueda por un modelo que no deprede los bienes comunes, los recursos, los territorios, ni menos, las comunidades.
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El motivo de la articulación

Durante los últimos quince años la explotación de minerales en la región andina ha sufrido un proceso de aceleración creciente. Con Chile a la cabeza, la industria minera cada vez más en manos de empresas transnacionales, ha ido abandonando definitivamente su rol de aporte a las arcas fiscales, convirtiéndose en una actividad de exclusiva explotación en beneficio de industrias extranjeras. Aparejado a ese proceso, se reducen las empresas nacionales hasta desaparecer, con esto también disminuyen los beneficios tributarios.

La industria minera ha ido ocupando cada vez menos empleos debido a la incorporación de nuevas tecnologías que usan cada vez menos mano de obra. En tanto, la empleada se sustenta en precarias condiciones en sistemas de subcontrato o “trabajo precario”. Esto crea una falta de protección y derechos de los trabajadores, donde se aumentan los riesgos y la inseguridad a quienes laboran en la industria.

La minería es una de las actividades industriales que más contaminación acarrea en el planeta. Los graves impactos ambientales están asociados al uso de grandes volúmenes de sustancias químicas de alta peligrosidad como el cianuro de sodio y el ácido sulfúrico. A lo que se agrega, la liberación de arsénico y generación de drenajes ácidos.

En términos latinoamericanos, las legislaciones en los diferentes países tienen como tarea facilitar la actividad extractiva en desmedro de la defensa de los derechos de comunidades agrícolas e indígenas, pescadores artesanales, de quienes viven del turismo, o que se ven obligadas a competir por el acceso al agua (cantidad y calidad) enfrentadas a la amenaza de un proyecto minero en su territorio.

Es más, mecanismos de comercio como el ALCA y los acuerdos comerciales de diversa índole, tienen como efecto la protección de las inversiones por sobre el derecho de las comunidades locales. Esto ha perpetuado las situaciones de contaminación, injusticia, desplazamiento de comunidades y desaparición de actividades económicas preexistentes.

El desarrollo de enclaves mineros, gasíferos y petroleros que dejan un legado de pobreza y destrucción ambiental se han ido transformando en los íconos más importantes de los acuerdos comerciales. También se denota un paulatino y peligroso traspaso de las empresas de servicios de primera necesidad como agua potable, saneamiento y energía, así como de embalses, cárceles, hospitales e infraestructura caminera, portuaria y aeroportuaria. La firma de estos acuerdos ata de manos a los gobiernos y condena a las comunidades a desaparecer debido a que sus actividades, en la mayoría de los casos, no son compatibles con la invasión de estas inversiones mineras.

Por otro lado, la propaganda minera de que la misma empresa es capaz de autorregularse y cumplir altos estándares de calidad y seguridad debido a que utilizan tecnología moderna de última generación, se ha ido extendiendo riesgosamente en la región. Los Estados latinoamericanos han ido aceptado esta premisa, transformándose paulatina y peligrosamente en un salvoconducto para la contaminación y la destrucción ambiental.
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Surge una esperanza común

Ante este esquema de saqueo latinoamericano y a medida que se han ido presentando problemas similares donde los intereses transnacionales son los mismos, se han desarrollando coordinaciones y articulaciones entre organizaciones, comunidades, organizaciones ambientales e indígenas, entre otros.

Trabajando de forma colaborativa, las experiencias vividas en un país, han servido para anunciar procesos similares en otros. Así es como en el caso del petróleo, se observa que la experiencia ecuatoriana es de gran utilidad para conocer las prácticas de las empresas petroleras. Identificando esas prácticas se pueden desarrollar estrategias más eficaces en otros lugares donde la industria de los hidrocarburos busca instalrse. Lo mismo sucede con el gas.

Respecto a la industria minera las experiencias de Bolivia, Chile y Perú sirven para alertar a organizaciones y comunidades de Ecuador, un país que tiene una incipiente pero progresiva actividad extractiva.

En síntesis, en los diferentes países se visualizan similares impactos de las actividades extractivas en el medioambiente y las comunidades. Así también, las estrategias empresariales se parecen. El discurso es uno solo: “nos podemos autorregular”, “somos los mejores controladores de nuestros procesos productivos”, “cuidamos el medioambiente”, “somos buenos vecinos”, “aportamos al desarrollo de las comunidades”, “damos muchos y buenos empleos”, “desarrollamos y aportamos al dinamismo económico regional y local”, entre muchos otros discursos que han ido afinando para penetrar de mejor forma.

Sin embargo la realidad es muy diferente: eluden la legislación y la fiscalización, manipulan, cooptan, presionan a comunidades y a autoridades locales, regionales y nacionales. No aportan al desarrollo regional ni local y, al no pagar impuestos a la renta tampoco resultan ser regresivas al desarrollo nacional. Además, traen corrupción, prostitución, desempleo, alcoholismo, delincuencia, desarticulación y división social.

Frente a este panorama es que surge la urgencia de las coordinaciones y articulaciones de parte de organizaciones preocupadas por los derechos de las comunidades afectadas por la industria extractiva. Así se han aunado esfuerzos para enfrentar la creciente amenaza que hoy implican dichas industrias.
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El mismo modelo y sus particulares países de desarrollo

Cada país latinoamericano vive su propia realidad en materia de extracción de recursos naturales y profundización de las políticas económicas basadas en el modelo primario exportador. Con esto, por ejemplo, podemos hablar de países mineros y países petroleros. Pese a esa diferencia, es indudable que esos países comparten realidades similares, pero siempre diferentes.

Uno de los bastiones de la industria minera en la región ha sido Bolivia. No obstante, la forma de extracción se basa en las cooperativas y el fenómeno de la explotación minera transnacional es relativamente reciente. Pese a que la gran industria minera ha absorbido en algunos casos a mineros cooperativizados, el fenómeno del cooperativismo tiene un enorme peso en ese país. Se habla de “minería social” o “minería de subsistencia” en Bolivia, llegando a ser más de 50 mil cooperativizados en todo el occidente altiplánico.

Partiendo de esa realidad, las organizaciones que se ocupan de los impactos de la minería en Bolivia, comparten su quehacer entre la remediación de los pasivos históricos de la minería y los impactos actuales de las cooperativas y de las empresas transnacionales.

Sin embargo, un nuevo escenario se ha presentado con la renacionalización de la mina Huanuni y la refundación de la empresa estatal COMIBOL (Cooperativa Minera de Bolivia). Esto transforma el escenario y genera nuevos desafíos, aunque siempre centrados en una crítica diferenciada tanto a la minería transnacional, a la minería social o cooperativizada y a la minería estatal. La enorme deuda social que tiene el Estado boliviano con la población más pobre y la larga tradición minera no permite posiciones radicales antimineras como sucede en otros países.

Así ha surgido una visión de desarrollo social y controlado de la minería que permite establecer un modelo de desarrollo que prescinda de la minería.

En países mineros donde no existe el fenómeno de las cooperativas la situación es diferente. Perú, Chile, México y Brasil enfrentan una deuda socioambiental materializada en los pasivos ambientales de décadas de explotación del subsuelo. Sin embargo, también hay diferencias entre dos exponentes de la minería en la región.

Mientras que Perú eliminó casi por completo su sector minero estatal y traspasó activos y pasivos a transnacionales del rubro, Chile ha mantenido una decreciente participación estatal (en términos relativos) en la extracción de Cobre. La Corporación del Cobre (Codelco) sigue siendo la empresa de cobre más grande del mundo con exportaciones por sobre las cinco mil toneladas anuales que satisfacen el 30% del consumo anual del planeta.

En estos países las demandas principales son por antiguos pasivos mineros que han dejado transnacionales y empresas medianas luego de instalarse en zonas ecológicamente frágiles o simplemente impactando ampliamente a las comunidades locales. Adicionalmente, se cuestiona el sistema extractivo debido a los bajos o nulos aportes que deja la minería al erario nacional.

Finalmente, están los países que no tienen aún industria minera desarrollada, pero que incursionan en el desarrollo de la actividad. Es el caso de Ecuador, Colombia y algunos países de Centroamérica como Honduras. Por ejemplo, Colombia se ha autodenominado “la locomotora minera” como un ejemplo del sueño a tener un país dorado en el futuro.

Pero los conflictos que generan los nuevos proyectos mineros, hacen presagiar un dificultoso desarrollo de la actividad en dichos países. Así, en el caso de Ecuador por la obstinada posición del ejecutivo de desarrollar la minería a cualquier costo, o en Honduras y El Salvador por las limitaciones que el Estado ha impuesto a la actividad.
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Estrategias para enfrentar el modelo minero y buscar alternativas

El suscribir los principios de OCMAL y trabajar con objetivos comunes como condición de pertenencia, ha permitido ir más allá de las diferencias y encontrar espacios comunes de articulación y coordinación.

Estas diferencias que devienen de la génesis y objetivos de las organizaciones, no pierden de vista las metas de largo plazo o, si preferimos llamarlo como objetivo político centrados en la defensa de las comunidades y el ambiente frente a los impactos negativos de la minería.

La gran mayoría de las organizaciones de OCMAL ponen sus esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades de las propias comunidades en la defensa de sus derechos. Aquellas actividades que no están al alcance de las comunidades en conflicto con actividades mineras eventualmente son realizadas por ONGs miembros.

Un fenómeno cada vez más recurrente y de creciente preocupación, es la afectación de los derechos indígenas por las actividades mineras, que tiene que ver con formas de organización y con estrategias de lucha particulares, pero que se suman a otras demandas históricas legítimas e importantes. Esto obliga a incorporar formas de trabajo acordes con esta realidad.

En este sentido, las organizaciones incorporan esta fundamental dimensión a la hora de discutir y poner en práctica las acciones en el marco de esta iniciativa tomando en consideración que se ha avanzado en la coordinación con organizaciones indígenas de Perú, Bolivia y Ecuador, conformándose así la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Los sucesos de Bagua en la Amazonía peruana muestran la importancia de prestar especial y urgente atención a estos casos.
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VI-. El proyecto “articulación” apoyado por Broederlijk Delen.

Los desafíos de protección ambiental de los derechos de las comunidades enfrentados coordinadamente en varios países se ha ido teniendo algunos impactos interesantes en la medida que se han ido transformando en una herramienta para presionar a empresas y gobiernos a tener límites en la explotación de recursos naturales. En algunos casos los límites que exigen las comunidades, son impedir el desarrollo de actividades mineras, incluso en donde hay minería preexistente. Los casos más llamativos son Tambogrande y Cerro Quilish (Perú), y Pascua Lama en el Valle del Huasco (Chile).

Al participar en espacios internacionales de cuestionamiento a las actividades extractivas surgen interesantes resultados. Así el “bloque” andino ha logrado el reconocimiento a las actividades de oposición y defensa del ambiente, y las comunidades, sus métodos y estrategias han logrado posicionarse en redes e iniciativas internacionales como el Global Mining Campaign, Mines and Communities, entre otros.

La información es uno de los elementos que juegan un rol importante es estas coordinaciones. Por ello es que se ha puesto énfasis en el intercambio de información y la respuesta a pedidos de información y solidaridad entre las organizaciones de la región. Esto ha sido algo que ha resultado hasta el momento más viable en las acciones de coordinación y articulación.
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VII-. Estructura OCMAL

A medida que OCMAL avanza, se va consolidando su estructura interna. Haciendo una síntesis de la historia, nos remontamos al primer Encuentro de Oruro el año 2007, donde se opta por carecer de estructura y funcionar en torno a una coordinación ejecutiva.

En el Segundo encuentro realizado en Santiago de Chile en 2008, se crea una estructura funcional que responda a las necesidades de la red. Así nace como acompañamiento a la coordinación ejecutiva, un Consejo Articulador y Consultivo.

En el Tercer Encuentro realizado en Quito, Ecuador, se plantean nuevos desafíos a la red y se exige un rol más comprometido de los integrantes del Consejo Consultivo. Su transformación en Consejo Directivo es inminente.

El Cuarto Encuentro realizado en Ibagué, Colombia permitió afianzar las orientaciones y fortalecer las posiciones frente a los desafíos crecientes.

Pese a todas las necesidades existentes, muchas urgentes, es necesario mencionar que una red con tan pocos recursos financieros, como hasta ahora lo es OCMAL, no se puede permitir una estructura muy compleja o pesada, sino más bien una funcional y ágil.
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Planes de trabajo y desafíos futuros:

Los encuentros realizados por OCMAL han determinado planes de trabajo ambiciosos. Más bien han respondido a las necesidades que a las posibilidades de desarrollar y articular el trabajo sobre minería y sus impactos en la región, así como el fortalecimiento de las organizaciones que luchan contra la minería.

El tercer encuentro realizado en julio del 2009 permitió enfatizar las posibilidades por sobre las enormes necesidades de las organizaciones y la red.

Con dos ejes de trabajo generales y cuatro temas en cada uno de los ejes, OCMAL pretende avanzar en la articulación y desarrollo de trabajos que permitan mayor impacto y efectividad en cada unos de los ejes y los temas definidos. A continuación se presenta un resumen del trabajo de planificación del Tercer encuentro de OCMAL:

Ejes:

  • 1-. Institucionalidad y soporte de la actividad minera: Evidenciar las condiciones de asimetrías y vulneración de derechos que generan los marcos legales en la región, las políticas de los organismos internacionales y los mecanismos empresariales que están al servicio de la minería. A partir de la reflexión y análisis, generar propuestas alternativas que busquen modificar el escenario actual.
  • 2-. Estrategias de la sociedad civil frente a los conflictos: Establecer la articulación para defender la vida, visibilizando los impactos negativos y los conflictos que provoca la minería y diseñando estrategias de incidencia para la protección del patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos y territorios en América Latina.
  • 3-. Proyectos transfronterizos y tratados mineros: Fortalecer las luchas de las comunidades afectadas y promover articulaciones binacionales y regionales, aportando con información de proyectos transfronterizos.
  • 4-. Acuerdos comerciales y minería: Generar las condiciones dentro de OCMAL para que, a partir de la reflexión y análisis sobre los impactos de los acuerdos comerciales y las tendencias de las inversiones mineras en la región, se generen propuestas alternativas al escenario actual, que levanten la agenda de derechos de las comunidades afectadas.

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Soporte financiero

El soporte financiero para el desarrollo del trabajo planificado se basa en aportes en tiempo y recursos humanos de las propias organizaciones de OCMAL. Además, se ha contado con colaboración solidaria solicitada a Broederlijk Delen de Bélgica, Misereor de Alemania, CORDAID de Holanda, CCFD de Francia y GGF de Estados Unidos, a lo largo de estos mas de 6 años de trabajo.

 

OCMAL tiene un servicio de información que se envía a través de internet semanalmente que contiene noticias sobre conflictos mineros de América Latina.

Realiza acciones de solidaridad enviando comunicados, declaraciones, pronunciamientos y cartas, que se difunden cuando es necesario un pronunciamiento de la red en relación a un tema urgente.

Además, en su página web tiene una base de datos sobre conflictos mineros en la región que contiene información sobre los conflictos, proyectos, actores y empresas que está a disposición de las organizaciones que pertenecen a la red y al público interesado.

Finalmente, está desarrollando un Mapa de la Criminalización de la protesta social por oposición a la minería en Latinoamérica y realiza talleres de capacitación en protección de criminalizados en la región.