Internacional

Aun hay necesidad de un Defensor del Pueblo en Canadá para investigar casos de minería, no un asesor del Ministro de Comercio Internacional u otro Consejero de RSE

El 8 de abril de 2019, el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional nombró a Sheri Meyerhoffer funcionaria pública, en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público [1], y «asesora especial del Ministro de Comercio Internacional». [2]

Posición de MiningWatch Canada

El Gobierno de Canadá ha incumplido, tanto su promesa electoral de 2015 como su compromiso de fecha 17 de enero de 2018, de crear un Defensor del Pueblo : independiente tanto del gobierno como de la industria; con poderes suficientes de investigación que le permitan requerir documentos y testigos, cuando sea necesario, en el curso de la investigación sobre denuncias presentadas contra empresas mineras canadienses por abusos de derechos humanos perpetrados en el extranjero; y la capacidad de determinar la responsabilidad de compañías canadienses en relación con la posible vulneración de los derechos humanos. [3] Quince meses después de que se adoptara, en 2018, el compromiso de crear un Defensor del Pueblo con poderes suficientes, el gobierno ha creado un puesto de asesoría para el Ministro con un mandato defectuoso e inadecuado.

Promesas incumplidas

Promesa incumplida – Sin poderes para requerir documentos y testigos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a otorgar al Defensor del Pueblo las facultades necesarias para investigar y requerir documentos y testigos.

Para tener el poder requerir testigos y documentos, en los casos en que las empresas no presenten la información necesaria, la figura del Defensor del Pueblo debería haber sido establecida mediante una Orden en el mandato del Consejo amparada por la Ley de Investigación (Inquiries Act).

El Gobierno de Canadá y el Ministro de Comercio Internacional fueron informados de este extremo. En su lugar, el asesor especial del Ministro fue creado bajo la Ley de Empleo de Servicio Público, norma que no otorga poderes suficientes para requerir documentos o testigos. El Ministro Carr afirma que ha encargado una revisión legal adicional para analizar la cuestión acerca de cuál es la mejor manera de otorgar al asesor del Ministro el poder suficiente para obligar a las empresas a que divulguen documentos y respondan a las preguntas que se les planteen. Esta revisión se realizará a principios de junio.

Dado que el Gobierno de Canadá, pasados 15 meses desde su anuncio de creación del Defensor del Pueblo, no ha logrado establecer una figura capaz de requerir documentos y testigos, MiningWatch es muy escéptico sobre el compromiso del gobierno de cumplir esta promesa.

El 29 de abril de 2019, la Presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Surya Deva, dijo: “No seamos ingenuos. Las empresas, no solo en Canadá, en todo el mundo, no comparten documentos fácilmente. Es un hecho bien establecido. De hecho, no entregan los documentos, incluso si hay un caso judicial en curso, y el demandante los está solicitando «, […]» Me sorprendería mucho si las compañías canadienses se desviaran de esta línea de actuación. Este es el motivo por el que se necesita este poder, de lo contrario, estaríamos ante un [Punto de contacto nacional], y ¿cuál es el sentido de tener otro PCN? ”[4]

El 30 de abril de 2019, el profesor Deva señaló que: “si el gobierno se conforma con algo que no disponga del poder suficiente para obligar a las empresas a presentar testigos y documentos en las investigaciones de Meyerhoffer, esto afectará a la reputación de Canadá como líder en derechos humanos. «Si van a dar marcha atrás a esa promesa, no se estará enviando una buena señal a la comunidad internacional». [5]

Promesa incumplida: no hay posibilidad de recomendar la imposición de sanciones a las empresas que han causado o contribuido a abusar contra los derechos humanos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo con capacidad para recomendar que el gobierno niegue o retire el apoyo y promoción comercial, así como el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía que haya causado o contribuido a abusos en materia de derechos humanos.

El mandato de la Orden del Consejo sobre el asesor del Ministro solo permite a esta figura recomendar la denegación y la retirada del apoyo a la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía «si la compañía canadiense no ha actuado de buena manera fe durante el transcurso o el seguimiento del proceso de revisión «. [6]

El incumplimiento de esta promesa rota está estrechamente relacionado con el incumplimiento del compromiso de otorgar poderes suficientes para poder requerir los documentos y testigos que se consideren oportunos. Para poder determinar fehacientemente un hecho, y poder informar públicamente acerca de la responsabilidad de una compañía en materia de derechos humanos, el Defensor del Pueblo tiene que poder tener acceso a documentos o testimonios críticos con la compañía en cuestión respecto de un caso determinado. Únicamente si el Defensor del Pueblo dispone de los elementos necesarios para evaluar la posible responsabilidad de una compañía respecto de la vulneración de derechos humanos, el Defensor del Pueblo podrá recomendar que el Gobierno de Canadá niegue o retire la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía sobre la base de haber causado o contribuido a vulnerar los derechos humanos.

No se ha establecido un Defensor del Pueblo con poder suficiente. En este sentido, el Gobierno de Canadá ha creado un asesor para el Ministro que podría no disponer de las herramientas necesarias para determoinar sin lugar a dudas si una empresa ha causado o contribuido a un abuso en materia de derechos humanos.

Promesa incumplida – Falta de independencia

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo independiente. [7]

Al crearse un asesor para el Ministro en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público, y declararse en el mandato de la Orden del Consejo que todos los informes preparados por el asesor para el Ministro deben enviarse, antes de su publicación, al Ministro de Comercio Internacional, [8 ] el Gobierno de Canadá no ha establecido un Defensor del Pueblo independiente, sino un funcionario público cuya actuación dependerá en última instancia de la aprobación de su informe por el Ministro. Dado que los ministros pueden ser presionados por las mismas compañías bajo investigación, este requisito se constituye en un obstáculo para la independencia de esta figura. Cabe asimismo señalar que, el ex Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tenía la misma obligación de presentar los informes a los Ministros con anterioridad a su publicación.

Además, cuando el informe del asesor del Ministro hace referencia a las empresas de los sectores de la minería, el petróleo o el gas, el informe debe ser presentado también al Ministro de Recursos Naturales antes de poder ser publicado. No se ha proporcionado ninguna explicación acerca de por qué dos ministros deben conocer con anterioridad los informes relativos a las empresas de minería, petróleo y gas, pero no a las empresas del sector de la confección. Esto muestra claramente la excesiva influencia que tiene el sector extractivo en la política canadiense y el éxito de su grupo de presión.

¿Por qué la figura del «asesor del Ministro» es tan similar al ineficaz ex Consejero de RSE y al desacreditado Punto de Contacto Nacional (PNC)?

Tanto la Orden del Consejo sobre el mandato del asesor del Ministro, como la gran cantidad de preguntas y respuestas (Q&A) en la página web del Gobierno de Canadá [9], que se modificaron el día que se anunció la creación del asesor del Ministro, no habiendo sido modificadas desde que se anunció el Defensor del Pueblo en enero de 2018, han tenido como resultado que el mandato y los procedimientos del asesor del Ministro estén muy en línea con el desacreditado ex Consejero de RSE y el criticado Punto de Contacto Nacional para las Directrices de la OCDE. [10]

Ejemplo:

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de 17 de enero de 2018 hablaban sistemáticamente de que el Defensor del Pueblo emprendía «investigaciones», la página de Preguntas y Respuestas revisada en fecha 8 de abril de 2019 habla de «revisiones» de casos. Este es el lenguaje utilizado por el NCP y por el ex Consejero de RSE, ambos organismos que no llevan a cabo, ni realizaron, investigaciones.

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo del 17 de enero de 2018 mencionaron las «sanciones» [11] que podrían incluir la retirada de ciertos servicios gubernamentales, como la promoción comercial y el posible apoyo de Export Development Canada, para las empresas con mala praxis. La palabra “sanción” ha sido eliminada de la página de Preguntas y Respuestas revisada el 8 de abril de 2019, y la retirada del apoyo político o financiero a una empresa por parte del Gobierno de Canadá solo se describe como una posible respuesta a la falta de cooperación de un Empresa en el proceso de investigación. Este es también el caso para el NCP.

Se ha eliminado una sección completa que se encontraba en las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de fecha 17 de enero de 2018. Esta sección cubría: “¿Qué sanciones se aplicarán a las empresas si el Defensor del Pueblo descubre irregularidades en el extranjero? / ¿Qué remedio pueden esperar los reclamantes?  ”Ni el ex Consejero de RSC ni el PNC existente aplican sanciones o penalizaciones sobre la base de la determinación de abusos en materia de derechos humanos. Tampoco aumentan las expectativas de resarcimiento para aquellos que han sido perjudicados.

En las preguntas y respuestas eliminadas que se publicaron en la página web del Gobierno en el momento en que el Gobierno de Canadá anunció la Defensoría del Pueblo (17 de enero de 2018), la figura del Defensor del Pueblo se presenta como «independiente». Esa descripción ha sido eliminada de la versión revisada de las Preguntas y respuestas publicadas el 8 de abril de 2019. Todavía se menciona la posibilidad de que el asesor del Ministro realice una investigación independiente.

En la sesión de preguntas y respuestas de fecha 17 de enero de 2018, se dio a entender que el Defensor del Pueblo podría “hacer recomendaciones al Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de Canadá en materia de derechos humanos, y la implementación y el desarrollo efectivo de sus leyes, políticas y prácticas relacionadas con la conducta comercial responsable de las compañías canadienses que operan en el extranjero en todos los sectores. Este texto se ha eliminado. Además, todas las recomendaciones que el asesor del Ministro desee implementar están ahora limitadas a casos específicos bajo revisión. [12] Este es el caso para el NCP, así como también lo era en la OIC para el Consejero de RSE al estipularse que «[el] consejero de RSE no hará recomendaciones políticas o legislativas al Gobierno de Canadá». [13]

Preocupaciones adicionales

Hay otras inquietudes relacionadas con el asesor establecido por la Orden del Ministro en el mandato del Consejo.

1) Uno de los aspectos más llamativos de la asesoría establecida por la Orden del Ministro es el hecho de que puede «examinar una queja presentada por una compañía canadiense que considere que es objeto de una acusación infundada en materia de abusos de derechos humanos cuando el abuso supuestamente se hubiera producido el día siguiente en que se nombró al primer Defensor del Pueblo o, si supuestamente ocurrió antes de ese día, continúa en el momento de la denuncia». [14] Esta inclusión del derecho de las empresas a presentar quejas ante el asesor del Ministro contra quienes los acusan de abusos en materia de derechos humanos también era posible en la OCI del Consejero de RSE. Este hecho pone en evidencia una falta de comprensión alarmante de los Principios Rectores de la ONU, por los cuales el asesor del Ministro debe guiarse [15]. El reconocimiento de una “brecha de gobernabilidad”, que deja a las personas vulnerables cuyos derechos humanos han sido objeto de abuso por las actividades de las multinacionales con poco o ningún acceso a la justicia, es fundamental para las recomendaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. En estas se incluye la recomendación de crear mecanismos para mejorar el acceso a la justicia de las personas perjudicadas por las actuaciones de las multinacionales. Es por este motivo que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los académicos de Canadá trabajaron durante más de una década en la creación de un Defensor del Pueblo que pudiera ayudar a abordar la necesidad de acceso a la justicia para los perjudicados por las multinacionales canadienses que operan en el extranjero. Las corporaciones, por su parte, disponen de amplios medios para reclamar justicia por los errores producidos en su contra. Además, el asesor del Ministro puede desestimar cualquier caso que considere frívolo o vejatorio, en virtud del artículo 8 de la Orden del mandato del Consejo [16].

2) Resulta problemático que el asesor del Ministro pueda negarse a considerar los casos y recomendar que las cuestiones se remitan a las autoridades policiales u organismos reguladores [17] cuando, por diferentes razones, incluidos los factores que caracterizan la brecha de gobernabilidad reconocida por el Principios rectores de la ONU, esto puede conllevar que las víctimas de algunos delitos penales o de incumplimientos normativos, nunca tengan acceso a la Justicia. En muchos casos, las denuncias presentadas ante un Defensor del Pueblo es el único medio del que disponen los afectados de acceder a la justicia.

3) Es igualmente problemático que el asesor del Ministro pueda rechazar una denuncia en base a que «está siendo revisada, o ha sido revisada, en otro foro». La Guía de Procedimientos de las Directrices de la OCDE (párrafo 26) establece claramente que los PNC no deben rechazar un caso simplemente porque están en curso procedimientos paralelos. [18]

4) El asesor de la OIC del Ministro realiza una interpretación vaga sobre las compañías canadienses que se escinden de empresas que cotizan en las bolsas de valores canadienses y que se benefician del apoyo financiero a través de las corporaciones de la corona canadiense, departamentos gubernamentales u otras agencias. Esta definición no está alineada con los Principios Rectores de la ONU, que definen la obligación corporativa de respetar los derechos humanos como una extensión de las «relaciones comerciales» de una corporación, lo que incluye a sus empresas subsidiarias y contratistas sin excepción. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales también contienen una definición amplia de corporación con el fin de alentar las mejores prácticas de todos. [19]

Fuentes:

[1] Vease Order in Council mandate p. 4.

[2] Ibid., p. 1

[3] El Defensor del Pueblo tenia que haber recibido los poderes investigativos para investigar a casos contra los sectores mineros, petroleros, gaciferos y de maquilas y se espero de que podrían ser expandidos a otros sectores en el primer año de operación.

[4] Hill Times, https://www.hilltimes.com/2019/04/29/canada-must-walk-the-talk-give-corporate-ombudsperson-more-powers-and-budget-un-expert/198285

[5] Canadian Broadcasting Company, https://www.cbc.ca/news/politics/un-watchdog-carr-corporate-ethics-1.5116399

[6] Véase Order in Council mandate p. 7.

[7] En la version original de Preguntas y Respuestas del sitio web sobre el Defensor del Pueblo del gobierno de Canada on fecha 17 de enero, 2018, se hace referencia repetitiva a que la oficina sera una entidad «independente». Esta descripción fue cambiada el 8 de Abril, 2019. Ahoa no hay ninguna referencia a que el Defensor pueda indagar una investigación de forma independiente.

[8] Véase Order in Council mandate pp. 8-9.

[9] Véase Responsible business conduct abroad – Questions and answers.

[10] Para ver su crítica de MiningWatch Canada’s  del anterior oficia del Consejero de RSE véase: MiningWatch Canada: https://international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/publications/2011-arp-rap.aspx?lang=eng; y para el anterior proceso del RSE véase: https://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/review_process_inbrief-processus_examen_enbref.aspx?lang=eng

[11] Cabe notar que ambos terminos, «Sanccionar» y «Reparación» son conceptos claves para los «Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de la ONU que se suponia iba a formar la base del mandato del Defensor del Pueblo. Véase Order in Council mandate p. 5. En los principios rectores reparación puede incluir: «disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.» (p.34)

[12] Order in Council mandate p. 6-7.

[13] Véase la critica que tuvo MiningWatch Canada’s critique del anterior Consejor de RSE.

[14] Ibid., p. 5.

[14] Ibid., p. 5.

[16] Ibid., p. 6.

[17]  Ibid., p. 6.

[18] Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2011.

[19] Ibid., pp.17-18.

Fuente: https://miningwatch.ca/es/blog/2019/5/13/aun-hay-necesidad-para-un-defensor-del-pueblo-en-canad-para-investigar-casos-de-miner

Internacional

La resistencia de las mujeres contra la minería: articulando, fortaleciendo y construyendo solidaridad

“Nuestros abuelos les dijeron que tenían que garantizar buenos caminos, electricidad y hospitales. Pero no cumplieron con ninguna de esas condiciones. Acá no hay electricidad. Desarrollo… ni siquiera sabemos qué es eso realmente porque no podemos sentirlo”.

Pascaline, República Democrática del Congo (RDC)

A lo largo y ancho de los continentes africano, asiático y americano, no escasean historias de comunidades que han sido forzadas a abandonar sus tierras para dar paso a la extracción de recursos naturales impulsada por corporaciones y aprobada por el gobierno. No hace falta hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar áreas donde dichos proyectos se llevan a cabo en nombre del desarrollo y del progreso. En esas áreas, las comunidades se ven obligadas a vivir bajo condiciones cada vez más inseguras y sus principales fuentes de vida y de sustento—el acceso a las tierras comunales, el agua y los bosques—así como su protección y seguridad son amenazadas por las industrias extractivas y sus megaproyectos.

Mujeres Defensoras del Medio Ambiente en Resistencia ante la Minería

Las mujeres son las que más sufren las consecuencias del extractivismo, tales como la devastación social y ambiental. Las acciones y omisiones del estado y la empresa privada destruyen el medio ambiente, amenazan las leyes y afectan y restringen el ejercicio de los derechos de las mujeres.

“Pensé en mi comunidad y cómo era antes, cómo vivíamos a las orillas del lago, pescando y viviendo de la pesca. Sentí mucha tristeza al recordar a los grupos indígenas y comunidades que han desaparecido porque ahora no tenemos agua ni lagos. Se han secado debido a la minería. Y sentí el agua que las empresas mineras han contaminado, y cómo esta agua contaminada está en mi cuerpo, y me sentí triste porque no podemos hacer nada al respecto. Me sentí impotente y furiosa, con ganas de luchar contra el gobierno extractivista que nos pone en peligro”.

Margarita Aquino—RENAMAT, Bolivia, [en Mujeres Protegiendo sus Territorios (Tierra y Cuerpo), Tercera Reunión de Subvenciones Estratégicas de la UAF-LAC para Mujeres Defensoras del Medio Ambiente. Paraguay, noviembre de 2018]

A pesar de estas realidades, las mujeres están levantando su voz en contra de los impactos negativos y destructivos de la minería en sus vidas y su entorno. Sin embargo, los espacios para el disentimiento y la auto-representación corren cada vez más riesgos debido a las amenazas de la empresa privada, el estado y el ejército, que impulsan políticas y toman decisiones sobre la explotación de los recursos. Hoy, en todos los continentes, las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo perseguidas, amenazadas, criminalizadas y asesinadas, ya que sus declaraciones públicas y su activismo para proteger los bienes comunales representan una amenaza para las grandes corporaciones.

Las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo penalizadas por “oponerse al progreso”, y en algunos países, el sistema judicial las acusa de terrorismo para limitar su movilización. En aquellos lugares donde prevalecen la violencia y la impunidad, el número de mujeres asesinadas por defender los derechos humanos incrementa constantemente, sobre todo cuando su lucha se centra en conflictos ambientales. Los gobiernos no se preocupan por llevar un registro oficial de la violencia contra las mujeres defensoras del medio ambiente; la mayoría de estos crímenes permanecen impunes y en la oscuridad [“Impunidad de las Violencias: Contra Mujeres Defensoras de Los Territorios, los Bienes Comunes y la Naturaleza en América Latina”, 2018, Fondo de Acción Urgente América Latina y el Caribe].

Asimismo, el lenguaje y la terminología de género en torno a los derechos de las mujeres y el impacto de los proyectos mineros también se están volviendo parte del discurso de aquellos actores que promueven las industrias extractivas, incluidas las instituciones financieras internacionales. Estos actores están promoviendo e influenciando las políticas públicas, las salvaguardas y prácticas con la aparente intención de promover la equidad de género y la salud del medio ambiente, sin embargo, en la práctica, están lejos de hacer eso.

Las mujeres son cada vez más conscientes de las frivolidades de estos actores y sus políticas, así como de las deficiencias de la industria extractivista. Los megaproyectos mineros multinacionales conducen a conflictos y situaciones de violencia, despojando así a la gente de los recursos necesarios para llevar una vida digna y saqueando la tierra y las arcas del estado. Aun así, son respaldados por el estado a través de leyes, la protección del ejército, y el poder judicial. Después de haber sido testigos del fracaso de los gobiernos con respecto a la defensa de las garantías constitucionales y los principios internacionales de derechos humanos para, por el contrario, impulsar una agenda y economía extractivistas, las mujeres de todos los continentes se están uniendo más allá de las fronteras para construir plataformas colectivas que las representen, abran espacios de solidaridad mundial, apoyen su resistencia en contra de la minería y promuevan modelos sostenibles alternativos.

Fortaleciendo las voces colectivas y construyendo la solidaridad

Debido a los diferentes tipos de violencia y las restricciones a los derechos que experimentan día a día en sus territorios, las mujeres se están reuniendo y organizando. Están fortaleciendo sus conocimientos y desarrollando capacidades en materia de derechos territoriales y de las mujeres, las transformaciones de distintas formas de violencia, los principales enfoques feministas, el uso de herramientas digitales y de comunicación, y mecanismos legales para hacer valer sus derechos. Esto está facilitando la apertura de espacios de participación para las mujeres—espacios donde ellas pueden adueñarse del análisis de sus contextos, y fomentar el uso de sus voces y habilidades para responder a estos retos de manera individual y colectiva.

“Desarrollar nuestras capacidades nos ayuda a defendernos y a resistir. Conocer los temas nos permite responder de la manera más adecuada. Crear respuestas colectivas. Ser actores sociales y políticos en lugar de víctimas”.

[Mujer participante del “Taller / Reunión: El cuido personal y colectivo; una posición política para la protección y seguridad de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas en América Latina”. Perú, septiembre de 2016.]

Dado que racionalizaciones colonialistas y racistas persisten en nuestras sociedades, las mujeres están trabajando para fortalecer sus estructuras y vínculos comunitarios: honran y reconocen sus tradiciones y ascendencia y preservan el conocimiento de las abuelas y la espiritualidad como elementos vitales de su fuerza interior y protección colectiva. Además, las mujeres, particularmente las indígenas, las afrodescendientes y las campesinas, están dando a conocer diferentes perspectivas sobre la economía global actual y presentando propuestas comunitarias para contrarrestar los modelos de desarrollo extractivo que les imponen—sembrando sus propios alimentos, asegurando las fuentes de agua y cuidando sus territorios para una vida mejor. Enfrentadas con un sistema económico y cultural en decadencia, las mujeres han decidido ser intrépidas, elevar sus voces, encontrar fuerza colectiva, acuerparse y tejer con sus manos un futuro de empatía y solidaridad.

En el camino hacia la articulación y el fortalecimiento de las voces y demandas de las defensoras del medio ambiente, la Women and Mining Network in Asia (WAMA – Red de Mujeres y Minería en Asia), WoMin de África, el Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe y el Colectivo CASA, aúnan esfuerzos en el marco de la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) para demostrar el poder de las mujeres y reconocerlas como autoras de la lucha por el desmantelamiento de modelos económicos y políticos que perjudican la sostenibilidad humana y el bienestar del medio ambiente.

Fuente: https://mailchi.mp/20829ab4f05b/boletin-gagga-la-resistencia-de-las-mujeres-contra-la-mineria?fbclid=IwAR12Pgmbdyxxdbh9ULmdZcYki6OxHd03VuDRhP6OFYulP89D6XnhePWc5OY

Brasil, Internacional

“Paren de deforestar”, el reclamo de 600 científicos a los negocios mineros de Brasil y la Unión Europea

Un grupo científicos europeos, junto a 300 organizaciones indígenas, han instado a la Unión Europea (UE) que modifique las actuales negociaciones comerciales con Brasil para que su presidente Jair Bolsonaro respete el medio ambiente y los derechos humanos.

“La UE gastó más de 3.000 millones de euros en hierro brasileño en 2017, a pesar de los peligrosos estándares de seguridad y la extensa deforestación provocada por la minería”, afirmaron los investigadores a través de una carta abierta, publicada el 25 de abril en la revista Science.

Brasil uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo y el que alberga la mayor parte de la selva amazónica. Solo en 2011, según los firmantes, el viejo continente importó del país sudamericano cantidades de carne y alimento para el ganado asociadas a una deforestación de más de 1.000 kilómetros cuadrados, una superficie “equivalente a más de 300 campos de fútbol al día”.

“Los consumidores europeos no tienen manera de saber cuánta sangre hay realmente en sus hamburguesas. La UE tiene la oportunidad de hacer de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil”, señaló el comunicado, que fue encabezado por la ecóloga Laura Kehoe, de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Kehoe es una joven investigadora postdoctoral en Oxford que ha trabajado en proyectos medioambientales en Bolivia, Sudáfrica, Guinea, Canadá y México. Según los estudios que impulsó, “la UE gasta más de 2.000 millones de euros cada año en alimento para el ganado comprado en Brasil, pese a no saber si proviene de tierras deforestadas”.

La finlandesa Heidi Hautala, vicepresidenta del Parlamento Europeo y política del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha respaldado públicamente el llamamiento de los investigadores. Los eurodiputados españoles Jordi Solé, de Esquerra Republicana de Catalunya, y Florent Marcellesi, de Equo, también han apoyado a los firmantes.

Kehoe ha llegado a asegurar que “el genocidio es una posibilidad real si no se hace nada para proteger a los pueblos indígenas y sus tierras”.

El ultraderechista Bolsonaro alcanzó la presidencia de Brasil proclamando que acabaría con “el activismo ambiental” y con la “industria de demarcación” de tierras indígenas. Pese a que finalmente descartó quitar a Brasil del Acuerdo de París, como prometido durante la campaña electoral, logró que el país desista de la realización de la próxima Cumbre del Clima, que finalmente se llevará a cabo en Chile.

Fuente: https://www.foroambiental.net/paren-de-deforestar-el-reclamo-de-600-cientificos-a-los-negocios-mineros-de-brasil-y-la-union-europea/?fbclid=IwAR2spzVsR5mFy9jbcS0xLYD9hVgGBaM-pWRCyRQ_kSGlbNCfgwN1mDS1S5I

El Salvador, Internacional

Historias de lucha contra el extractivismo

Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.

También se exhibirá la colección de fotografías que compone la exposición Mujeres en la defensa del territorio y los Derechos Humanos y ruptura de estereotipos,una muestra fotográfica de la visión global-local en la lucha feminista. Una parte de las imágenes son el resultado del proceso de aprendizaje de un grupo de mujeres defensoras de El Salvador. Y para conocer cómo fue ese proceso nos acompañará Deisy Otilia Rivas, también miembro de ADES y dinamizadora del proyecto de fotografía.

Y el viernes 17 de mayo tendrán lugar las Jornadas Defensoras del territorio que están organizando Berdinak Gara y Lumaltik, en la que diversas mujeres nos compartirán sus luchas y resistencias en la defensa de los derechos humanos. Estas mujeres son: Yolanda Oquelí, activista feminista de la comunidad la Puya en Guatemala; Rosy Pérez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas; Marixela Ramos de Radio Victoria en El Salvador; y María Olga Coronado del Consejo de los Pueblos Mam de Guatemala.

Fuente: https://www.isf.es/2019/05/13/historias-de-lucha-contra-el-extractivismo/?fbclid=IwAR0GOiAcTHHYklNyl4IUjflwBokA82FGyIc9bsP_vAWVYEcFgkEsnfUn8v0

Internacional, Mexico

México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros

De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.

Y para Canadá, Mexico parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.

Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).

“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Mexico Mining Day”

En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.

En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.

Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.

“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.

México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.

Consulten la plataforma aquí: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.

Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?

El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.

El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.

“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.

El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera

A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.

“En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas”, señala el desechamiento de la iniciativa.

“No se establece un procedimiento preciso para la determinación de ‘Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo’; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales”, advierte el argumento contra la propuesta de ley.

La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.

Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos

Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.

Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.

Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: “Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.

En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.

Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”.

Fuente: https://avispa.org/mexico-y-canada-continuan-colaboracion-para-imponer-mas-proyectos-mineros/?fbclid=IwAR0WjmrlYt-jM0iMo7GING18siXSWaLLaNVlDfFSvfxA92C97z-ty5d4NrE

Brasil, Internacional

Dizer que povos indígenas estão sentados sobre imensas reservas minerais é racismo puro e simples.

No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o pesquisador informa que o Canadá, assim como o Brasil, tem “uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do Ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas ‘Primeiras Nações’ (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país”, e que os dois países “comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas” e “buscaram, por métodos diferentes, ‘integrar’ suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora”.

Leonardo Barros é autor da tese “(Un)changing Indigenous land claims: evidences from a cross-national comparison between Canada and Brazil” ((I)mutáveis reivindicações de terras indígenas: evidências de uma comparação transnacional entre Canadá e Brasil – tradução livre), que apresenta um estudo comparativo acerca de como indígenas canadenses e brasileiros têm participado das políticas indigenistas de seus países e atuado em suas terras, e de como empresas e instituições federais têm se envolvido nos processos de extração mineral em terras indígenas. Entre as diferenças que envolvem o reconhecimento das terras indígenas nos dois países, Barros pontua que “os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileirassão reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações”.

De acordo com ele, embora do ponto de vista legal as terras indígenas canadenses estejam “mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras”, não há consenso entre as comunidades canadenses sobre o tema. “Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas”, conta. Já os que são contrários à atividade mineral em terras indígenas “apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos”, afirma.

Ao comentar a discussão sobre a possibilidade de legalizar a atividade minerária em terras indígenasdo lado brasileiro, Barros frisa que “o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda hápovos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos”. Na avaliação dele, a experiência indígena no Canadá “ajuda apenas em parte”, porque “olhar para o Canadá como um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto”.

Leonardo Barros Soares é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral em 2017 na Université de Montréal junto ao Centre de recherche sur les politiques et le développement social – CPDS. É membro do Réseau d’études latino-américaines de Montréal – RÉLAM e desenvolve pesquisas na área de democracia participativa, instituições participativas, teoria deliberacionista, política urbana, etnopolítica, política indigenista comparada, povos indígenas americanos, movimentos sociais e associativismo étnico e políticas de reconhecimento territorial indígena.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Brasil e Canadá comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas. Ambos os países buscaram, por métodos diferentes, “integrar” suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora e, ainda hoje, oscilam entre aproximações produtivas e distanciamentos genocidas com suas populações tradicionais.

Dito isso, cabe ressaltar que, assim como o Brasil, o Canadá é um país com forte dependência de commodities extrativistas e com forte atividade minerária em seu território e em outros países, inclusive no Brasil, por meio de empresas tais como a Yamana Gold e a Lundin Mining, para ficarmos em apenas dois exemplos. Como não poderia deixar de ser, estas atividades impactam sobremaneira os povos tradicionais por lá também.

Mineração no Canadá

Não há uma legislação federal sobre a mineração no Canadá e a matéria é largamente regulada pelas províncias, que gozam de maior autonomia que suas contrapartes brasileiras. Assim, diversos tipos de licenças e procedimentos são requeridos a depender da província, do metal a ser explorado e do porte do empreendimento. Em todo caso, há um interesse comum entre governos provinciais e governo federal para a exploração mineral no território canadense, e a atividade conta com gordos subsídios, além de diversas facilitações para que os empreendimentos ocorram.

A maioria dos povos indígenas canadenses só teve maior contato com a mineração a partir da década de 1970, com algumas exceções de povos que convivem com a atividade há gerações. Até aquela época, os povos indígenas canadenses pouco ou nada podiam fazer quando da determinação de um empreendimento minerário em seus territórios. No entanto, a partir de 1975, com a edição do primeiro tratado de reconhecimento territorial indígena moderno, o James Bay and Northern Quebec Agreement, os povos CreesInuit e Naskapi ganharam um maior controle sobre decisões relacionadas à mineração em seus territórios. Esse entendimento foi reforçado em 1978, a partir do relatório Berger recomendando a não instalação do Mackenzie Valley Pipeline sem a consulta prévia aos indígenas afetados. De lá para cá, artigos regulando atividades de mineraçãoforam incluídos em diversos tratados territoriais.

Mineração em terras indígenas canadenses

mineração em terras indígenas canadenses também é limitada por sucessivas decisões da Suprema Corte Canadense, tais como a Haida/Taku ou a recente decisão Ross River Dene Council, da corte de apelação do Território Yukon, que estabelecem a obrigatoriedade de uma consulta esclarecida com os povos indígenas para sua participação na definição da melhor alocação dos recursos naturais presentes em suas terras. Na prática, no entanto, há alguns grupos que se queixam de que os governos provinciais e federal não protegem seus interesses, o que os deixa desamparados frente às propostas feitas pelas grandes empresas de mineração.

Por outro lado, há também lideranças de alguns povos tradicionais que entendem que as companhias estão mais bem posicionadas para avaliar os impactos sobre os povos indígenas e são mais flexíveis em negociações diretas do que os governos. Essa negociação direta entre companhias e povos indígenas é que é a regra por lá.

IHU On-Line – Em artigo recente o senhor disse que existem “modelos bem-sucedidos de parceria entre mineradoras e povos indígenas” no Canadá. Pode nos contar como são feitas essas parcerias, que áreas as mineradoras exploram e por que, na sua avaliação, elas são bem-sucedidas?

Leonardo Barros – Para entender a “parceria” entre mineradoras e povos indígenas por lá, é relevante saber que desde meados do século XIX, após uma forte intervenção do governo nas estruturas tradicionais de organização dos povos indígenas, hoje muitos deles se organizam em “conselhos” que assumem uma forma “quase-municipal” com eleições regulares, estrutura administrativa, assessorias, departamentos, critérios de membresia, jurisdição sobre alguns assuntos etc. Assim sendo, não é de se estranhar que essas estruturas administrativas considerem, muitas vezes, os royalties da mineração como uma importante fonte de renda.

Diante das precárias situações de qualidade de vida experimentadas por muitos povos indígenas canadenses, incluindo altos índices de desemprego, a mineração pode aparecer, no melhor cenário, como uma oportunidade de aumento da renda coletiva e eventualmente da melhoria da infraestrutura comunitária. Além disso, a estratégia de resistência de qualquer grupo social subalternizado pode passar pela ideia de que se a mineração, ou qualquer outro empreendimento de grande porte é inevitável, que ao menos se possa, então, garantir o melhor aproveitamento possível para o grupo atingido.

Quando falo de parcerias bem-sucedidas, me refiro exatamente ao fato de que, diante do empreendimento, povos indígenas politicamente mais organizados e coesos foram hábeis em negociar acordos mais benéficos para si. Estes acordos, chamados de forma geral de “IBAs” (Impact and Benefit AgreementsAcordos de Impacto e Benefício, em tradução livre) ou ainda de “SEPAs” (Socio-economic Participation Agreements, terminologia utilizada pela Aboriginal Mining Corporation e que significa Acordos de Participação Socioeconômica, em tradução livre), contratualizam a relação entre mineradoras e povos indígenas e já passam de cem acordos firmados, hoje em dia, em diversas regiões do país. Os governos provinciais e federal entram como responsáveis fiduciários.

Entre os exemplos mais notáveis está o caso do acordo que deu origem ao reconhecimento do imenso território de Nunavut, que prevê, em seu artigo 26, do IBAs, que “promovam os objetivos culturais Inuit e aumentem seu padrão de vida”. O acordo sobre a mina Raglan, realizado entre os Inuit e a Societé Minière Raglan du Québec Ltée em 1995, também previa a contratação prioritária de Inuits qualificados para trabalhar na mina, o estabelecimento de um comitê para a supervisão contínua do empreendimento, um representante do povo tradicional no conselho de direção da empresa e uma indenização de 60 a 100 milhões de dólares canadenses, mais a distribuição de royalties e de lucros e dividendos. Outro exemplo de sucesso é a parceria entre o Grande Conselho dos Crees e a Goldcorp Inc. em 2011 para o desenvolvimento e operação do chamado Éléonore Gold Project.

Além disso, poderíamos citar a comunidade Moose Cree, na província de Ontário, que se tornou parceira de negócios da Ontario Power Generation na construção de uma hidrelétrica no rio Mattagami. A comunidade de Fort McKay, em Alberta, se beneficiou dos empregos gerados pela exploração do xisto betuminoso na região. Aliás, a indústria da mineração é potencialmente o maior empregador de indígenas por lá. Os exemplos são múltiplos, mas ainda não há uma apreciação de conjunto sobre a questão de forma mais aprofundada. A pesquisa acadêmica sobre o assunto ainda é inicial por lá, ao passo que é virtualmente inexistente por aqui.

IHU On-Line – De outro lado, quais são os conflitos existentes no Canadá entre os povos indígenas e as mineradoras?

Leonardo Barros – Os povos indígenas canadenses têm uma longa história de movimentos de resistência contra governos e corporações, potencializados a partir de 1960 e recentemente reeditados no chamado movimento Idle No More em 2013. Diga-se de passagem, um dos desencadeadores desta que foi uma das maiores mobilizações indígenas em todo o mundo foi, justamente, a proposta de mudança na legislação ambiental e na de águas navegáveis do Canadá, o que beneficiaria enormemente empresas de exploração de recursos naturais em detrimento das formas tradicionais coletivas de gestão dos territórios e das águas indígenas.

A resistência aos projetos de exploração de recursos minerais no Canadá assume várias formas, desde os tradicionais protestos de rua até formas mais complexas, como o recente caso em que os Kw’alaams rejeitaram, por meio de um referendo, um projeto em parceria com a multinacional Petronas para a construção de um terminal de exportação de gás liquefeito na costa noroeste da Colúmbia Britânica no valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses.

O repertório de ação coletiva dos grupos é variado, indo desde forte presença midiática até ações mais diretas, tais como bloqueio de estradas ou confronto direto com forças de segurança, passando por lobby organizado sobre parlamentares, marchas e atividades de cunho simbólico, como rodas de dança e cantos tradicionais.

IHU On-Line – Como os indígenas canadenses têm se pronunciado sobre a extração de minério em suas terras? O que dizem os indígenas que são favoráveis a essa prática e os que são contrários?

Leonardo Barros – Não há uma voz unificada dos povos indígenas e demais povos tradicionais sobre esse tema, como também não há, diga-se de passagem, no Brasil. O que há é a organização em associações mais ou menos representativas, tais como a Assembleia das Primeiras Nações (Assembly of First Nations) e os conselhos de líderes de cada povo, variando de região para região. Em resumo, o panorama político é complexo e resiste a uma generalização.

Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas. Historicamente, o governo canadense apresenta fortes déficits de investimento em infraestrutura e geração de renda e emprego nas comunidades indígenas, que observam nas parcerias a possibilidade de virarem o jogo a seu favor.

Os que se pronunciam de forma contrária apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos, algo que pode ser visto facilmente aqui, no Brasil, em muitas cidades do interior. Por fim, chamam a atenção para a deficiência do Estado canadense em sua capacidade de fazer cumprir sua legislação ambiental e de direitos humanos em situações de violações destes direitos por parte das mineradoras.

Internacional, Sin categoría

El Papa: La minería sin límites es un peligro para el planeta

El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019. 

El Papa invitó a “analizar, interpretar, discernir lo que conviene o no de las actividades extractivas en los territorios y así, proponer, planificar, actuar para transformar nuestro propio estilo de vida, incidir en las políticas mineras – energéticas de estados y gobiernos, y en las políticas y estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, con miras a alcanzar el bien común y un auténtico desarrollo humano, sostenible e integral”. 

¿Qué es el extractivismo? 

Por “extractivismo” – afirmó – entendemos una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza. 

La acción de “extraer”, la mayor cantidad de materiales en el menor tiempo posible, para convertirlos en materias primas e insumos que la industria utilizará, se transformarán en productos y servicios que otros comercializarán, la sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos contaminantes, es el circuito consumista que se está generando cada vez con mayor celeridad y riesgo”.

¿Economía o vida?

Una casa común que está en condiciones precarias, sostuvo el Papa, debido principalmente a un modelo económico que se ha seguido durante demasiado tiempo. 

“Es un modelo voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado”.  “Aunque a menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de las personas, todavía nos resistimos al cambio (…)Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”.

Después, destacó que “la minería, como cualquier actividad económica, tendría que estar al servicio de  toda la comunidad humana… Este es un pilar de la enseñanza social de la Iglesia”.

El papel de las comunidades locales

Desde esta perspectiva, “la participación de las comunidades locales es importante en cada fase de los proyectos mineros”, afirmó. 

“Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas”. 

“Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.

La sabiduría de los indígenas

En este sentido se refirió al próximo Sínodo sobre Amazonía para enfatizar que es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. “Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos”. 

“Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”, destacó. 

Economía circular

Asimismo, insistió en la promoción de una economía circular y el enfoque de “reducir, reutilizar, reciclar” también están en gran medida en consonancia con el consumo sostenible y los modelos de producción promovidos en el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además, las tradiciones religiosas siempre han presentado la sobriedad como un componente clave de un estilo de vida ético y responsable”.

El Papa instó a “denunciar y evitar esta cultura del descarte”. Pues, el sistema industrial, “al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos”.

“Todavía – añadió – no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.

Dejar un planeta habitable

“Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. ¡No pierdan nunca de vista este gran horizonte!”, exhortó el Papa. 

“La industria minera para el bien común” es el título del encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que participan tanto representantes de las comunidades mineras como de la industria junto con exponentes de diversos credos. 

“Esta reunión es importante porque estáis tratando cuestiones que conciernen el futuro de  nuestra casa común y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones futuras”, expresó. El Papa definió el encuentro “como ecuménico, ya que invita a pensar y a actuar como miembros de una casa común”. 

Fuente:https://es.aleteia.org/2019/05/03/el-papa-discernir-lo-que-conviene-o-no-de-las-actividades-extractivas/

 

Internacional

Una docena de maneras de resistir a la minería

 Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.

A continuación, algunas formas en las que comunidades alrededor del mundo afrontan el problema que les la minería que otras comunidades pueden imitar.

  1. No aceptar la idea impuesta de que todo es un bien de mercado y que todo es susceptible de ser comprado y vendido.
  2. Esto implica una crítica profunda y total del modelo económico capitalista neoliberal y la necesidad de un cambio profundo de modelo, por otro centrado en un modo de vida mucho más sencillo, menos material, y más acorde y respetuoso con la naturaleza.
  3. Para ello, las personas o comunidades afectadas pueden organizarse en diferentes niveles y analizar la situación que enfrentan, así como cuestionar la gestión política, la competencia técnica y/o la veracidad de las informaciones que se les proporcionan.
  4. Mirar más allá: cuando nos dicen que un determinado proyecto minero es de «interés general» y que por eso va a ser priorizado por sobre todas las cosas. ¿Quién establece las prioridades? Muy posible que no responda realmente a tal interés general, sino mucho a los intereses privados de empresas mineras y arreglos extraoficiales con los políticos de turno.
  5. Poner en evidencia el modelo de desarrollo basado en el crecimiento sin fin, pro-extractivista, hambriento de recursos mineros y dependiente de la minería; y denunciar el rol de los países del norte global como los de Europa y las consecuencias que implican las políticas basadas en su Estrategia Europea de Materias Primas.
  6. Fomentar e incidir en el cumplimiento e implementación de las políticas y normativas internacionales, europeas y nacionales que obligan la gestión de residuos, el reciclaje y la recuperación de materias primas, no solo en los países industrializados, sino en todas partes.
  7. Generar un debate público amplio y exhaustivo sobre la minería y sus consecuencias sociales y ambientales. Campañas para informar de los impactos de la minería en la sociedad y compartir las preocupaciones al respecto son cada vez más numerosas y visibles.
  8. A mayores, promover campañas de incidencia y solidaridad con las personas afectadas por proyectos extractivos, difundiendo ampliamente sus denuncias, así como formar un lobby ciudadano, que actualmente está en clara desventaja con los lobbies de la industria minero-extractiva en cuanto a atención mediática, respuesta política, presencia pública.
  9. Aprender y enriquecernos de la experiencia de resistencia, lucha y dignidad de otros pueblos, de países de América Latina, Asia o África que tengan una larga trayectoria en esta temática. De allí precisamente llegan interesantes propuestas como la de otorgar derechos propios a la naturaleza (recogida en la Constitución ecuatoriana de 2008); o iniciativas para dejar los recursos extractivos bajo tierra. Esta propuesta se inspira en la iniciativa Yasuni, que en su caso propone dejar intocadas bajo tierra las reservas de petróleo de un área de alto valor de conservación. Puede estudiarse su aplicación a otras áreas y otros recursos extractivos como los mineros.
  10. Estudiar casos judiciales que han llevado a empresas transnacionales a juicio, por los desastres causados en países diferentes a aquellos en los que tienen sus sedes. La denuncia a la petrolera estadounidense Chevron por los derrames ocasionados en Ecuador, o a la petrolera holandesa Shell por los derrames ocasionados en Nigeria, constituyen importantes precedentes, puesto que estas empresas fueron condenadas por la contaminación que dejaron atrás.
  11. Analizar opciones y formas de decrecimiento, una corriente política, social, económica y ecológica emergente en Europa. También hay grupos que estudian y trabajan en la exigencia del reconocimiento de una deuda ecológica con los países del Sur global.
  12. Recordar que resistir da frutos. Muchas comunidades locales logran defender sus territorios e impedir que la maldición de estar asentadas sobre o cerca de recursos estratégicos signifique su destrucción.

Tenemos que seguir estudiando y denunciando públicamente cada caso para detener el extractivismo y el modelo energético concomitante como modelo de desarrollo impuesto, insustentable y destructivo del medio ambiente, asociado a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la participación de las comunidades afectadas.

Fuente: https://medium.com/@ecologistadelno/una-docena-de-maneras-de-resistir-a-la-miner%C3%ADa-dde0f690dd5a?fbclid=IwAR3FeEUFi711WHmgUo6o1ySygYxGNTzktRCmGDqYRUotvmtCsRGl9jjGYu0

Internacional

Minera de Luksic realiza polémica donación de equipos a policía local en Minnesota

En un intento por generar buena voluntad en la localidad de Ely, en las cercanías de uno de sus grandes proyectos mineros en Minnesota, Twin Metals, sucursal estadounidense de Antofagasta Minerals, aportó equipos de seguridad a la policía local. Lo hizo a través de una ONG cristiana ultraconservadora, según reveló el medio The Intercept.

El 19 de febrero pasado, siete oficiales de la policía de Ely en Minnesota, Estados Unidos, posaron detrás de una mesa junto a siete juegos de armaduras y equipos de primeros auxilios. Los oficiales y los demás miembros que se encontraban presentes, inclinaron sus cabezas y profirieron en tono de oración: «¡Nuestro agradecimiento a Twin Metals Minnesota por su generosa donación para equiparnos con el equipo Shield616!», cuenta un artículo dedicado al tema de The Intercept, un periódico digital estadounidense de investigación.

Twin Metals, es la sucursal estadounidense de la minera Antofagasta plc, controlada por el grupo Luksic, que en estos momentos se encuentra tramitando la construcción de un proyecto minero subterráneo para extraer cobre, níquel y platino de las orillas del refugio medioambiental Boundary Waters Canoe (BWCA) y el Parque Nacional Voyageur, zonas consideradas de las últimas áreas silvestres de Estados Unidos, las que cuentan con más 450 mil kilómetros cuadrados de lagos y bosques protegidos por la ley desde 1926.

La comunidad y los activistas medioambientales -cuenta The Intercept– están preocupados ya que las faenas de procesamiento del mineral estarán cerca de la orilla del lago Birch y del río Kawishiwi del Sur, cuyas aguas fluyen hacia zonas silvestres. El ácido sulfúrico liberado en el proceso minero podría filtrarse en el agua, dañando la vida acuática.

De acuerdo a la publicación, las sospechas de lobby por parte de Twin Metals se incrementaron cuando se supo que la minera del grupo Luksic donó miles de dólares en equipo a la policía de Ely a través de una organización cristiana poco conocida, llamada Shield616, cuya misión es proteger a los policías, dotándolos de elementos protectores de última tecnología.

Shield616 es una organización sin fines de lucro fundada por el ex oficial, Kke Skifstad, tiene su sede en Colorado Springs, y es de tendencia cristiana ultraconservadora. Como ejemplo de ello, en su página incluye el testimonio de Rajeev Shaw, un activista de The Focus on the Family, organización que ha sido una voz clave en la oposición a los derechos reproductivos y  LGBTQ.

Skifstad explica que la idea de formar Shielfield616 surgió luego de su participación en dos tiroteos mientras trabajaba como oficial activo del Departamento de Policía de Colorado Springs. En la actualidad, la fundación ha entregado equipamiento en más de 19 estados, cada kit tiene un valor de US$1.500 y trae un chaleco antibala, un casco y un equipo de primeros auxilios.

Según The Intercept, la donación de Twin Metals refleja lo poco observada que está la alianza entre la policía y las industrias extractivas en las comunidades de Estados Unidos, país que ha experimentado un ascenso en los conflictos socioambientales derivados de la gran minería y la industria petrolera.

Con las protestas en auge, los gobiernos locales han tenido que reforzar al contingente policial. En Duluth, Minnesota, por ejemplo, el Departamento de Policía compró recientemente un equipo antidisturbios por un valor de US$ 84.000; la comprá en sí provocó una protesta.

Trump, el salvavidas de Twin Metals

Tal como informa en su página web en enero de 2015, Antofagasta Minerals adquirió el 100% de Twin Metals Minnesota, una compañía minera enfocada en el diseño, construcción y operación de un proyecto subterráneo de extracción de cobre, níquel, platino, paladio, oro y plata en la región de Iron Range en el noreste de Minnesota.

Tras un prometedor inicio, los avances para explotar la mina se empantanaron cuando en 2016, hacia el final del gobierno de Barack Obama, la Oficina de Administración de Tierras de Minnesota (BLM, pos sus siglas en inglés) le negó la renovación de dos concesiones mineras contempladas en el proyecto.

La decisión fue ratificada por el Servicio Forestal Federal de Estados Unidos y en diciembre de 2016 Twin Metals presentó una denuncia en la corte distrital de Minnesota en contra de los organismos de la administración federal, para recuperar sus licencias mineras. Posteriormente, a fines de 2017, la administración de Donald Trump revirtió la decisión y la sucursal de Antofagasta Minerals pudo recuperar sus permisos.

En enero de 2018 Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, comentó los avances del proyecto a La Tercera: “De acuerdo a nuestro programa, esperamos poder presentar a tramitación ambiental el proyecto el año 2019. Dado lo anterior, debiésemos tener los permisos ambientales hacia el año 2024 y comenzar posteriormente su construcción”.

A la fecha de las declaraciones, de acuerdo al mismo periódico, la minera había invertido US$ 400 millones, proyectando un presupuesto que contempla un gasto del orden de US$ 20 millones anuales, hasta llegar a la etapa de construcción, cuando se estima una inversión de US $ 1.000 millones.

Como dato de contexto, tal vez anecdótico, Andrónico Luksic en 2016 donó 670 dólares a la campaña de Donald Trump, conforme a datos oficiales de la Comisión Federal Electoral. Luego de que se supo esa información, el empresario chileno-croata dio su versión, diciendo que se trataba de una compra de merchandising, realizada en su calidad de coleccionista de objetos de campañas políticas, y que habia hecho lo mismo con Hillary Clinton, con lo que el asunto quedó ahí.

Conflicto de intereses

Mediante un correo electrónico, el portavoz de Twin Metals en Estados Unidos, David Ulrich, señaló a The Intercept que la compañía ha realizado donaciones por más de US$ 400 mil al interior de Minnesota, incluidos US$ 20 mil para United Way, una organización de caridad dirigida a comunidades locales con sede en Virginia, además de fondos para implementos técnicos para emergencias médicas, excursiones escolares, grupos de scout y clubes deportivos.

«Nuestra donación al Departamento de Policía de Ely no fue la primera y es parte de nuestro compromiso continuo con la comunidad de Ely», dijo Ulrich. «Esta donación en particular fue a solicitud del departamento, a la luz de los muchos incidentes relacionados con la seguridad en las escuelas de todo el país», prosiguió.

El jefe de la policía de Ely, John Lahtonen, quien desestimó las preocupaciones sobre el cambio del equipo Shield616 defendió los vínculos con Twin Metals. «Seamos claros aquí», dijo Lahtonen a The Intercept, «Twin Metals ha estado aquí durante varios años y han sido buenos con las comunidades».

En contraparte, Jason Zabokrtsky, propietario y operador de Ely Outfitting Company, una empresa dedicada al turismo, opina que las donaciones ayudan a las empresas a limpiar su imagen: «Es bueno que Twin Metals esté donando a la comunidad, pero esa es su estrategia de marketing. Es una forma de intentar y convencer a las personas para que apoyen un proyecto que es malo para la comunidad», dijo a The Intercept.

Para Radley Balko, autora del libro Rise of the Warrior Cop: La militarización de las fuerzas policiales de Estados Unidos, las cuestiones éticas planteadas por la donación de Twin Metals van más allá del equipo entregado: “Si se llama a la policía para protestar contra la compañía y la compañía les ha comprado este equipo, ¿dónde están sus lealtades? Tenemos que preguntarnos si el regalo afecta las políticas».

Jane Kleeb, fundadora de Bold Alliance, una red de grupos activistas que se oponen a proyectos de explotación de combustibles fósiles en áreas rurales, dijo que ha observado un fenómeno similar en Nebraska, donde la compañía de energía, TransCanada, busca construir el polémico oleoducto Key Sands.

«TransCanada durante la última década ha ido de comunidad en comunidad comprando equipos”, afirmó Kleeb en el reportaje mencionado, explicando que ha visto la entrega de camiones de bomberos y vehículos todo terreno para la policía, pero algunas comunidades han rechazado las donaciones.

«Ha habido algunos departamentos de policía que han dicho que no», afirmó Kleeb, citando al condado de Holt, Nebraska, que rechazó las ofertas de TransCanada debido a preocupaciones por conflicto de intereses. Pero muchos gobiernos locales descartan esas preocupaciones y se llevan los regalos. Las donaciones más pequeñas, como el regalo de Twin Metals a la policía de Ely, son cada vez más comunes, explicó The Intercept.

“Si tenemos una necesidad de equipos se debe llamar la atención de los gobiernos locales, estatales y federales para asegurarse de que nuestros socorristas estén equipados adecuadamente para hacer frente a emergencias. No deberíamos recurrir a las corporaciones para equiparlos y, al mismo tiempo, comprar su lealtad «, remató Kleeb,

Nota de la Redacción: El título y la bajada de este artículo fueron modificados de su versión original publicada el lunes 22 de abril para reflejar mejor el contenido original del reportaje de The Intercept.

 

Fuente:https://interferencia.cl/articulos/minera-de-luksic-dona-equipos-policiales-para-reprimir-ambientalistas-de-minnesota?fbclid=IwAR3kR6OZt9lq8nJCVDVxY2M8IDmwNgpGKbdcy7NGPaic82hw-8FbWS1tXlw

Internacional

El gobierno de Canadá incumple su promesa de crear mecanismo de control independiente sobre derechos humanos con relación a empresas

El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.

Este tipo de empresas se ha visto vinculado a abusos generalizados y graves de los derechos tales como trabajo forzado, violaciones y asesinatos.

Hace quince meses, el gobierno anunció que crearía un cargo independiente dotado con la autoridad para investigar. En su lugar, dio a conocer un cargo para asesoría que carece de autoridad, similar al que existe desde hace años.

Es evidente que Canadá requiere una ombudspersonpara ayudar a prevenir la complicidad canadiense en el abuso por parte de las empresas y ayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos en los ámbitos canadienses de la minería y las cadenas de suministro de la industria de la confección.

Mediante ese cargo, se opera independientemente del gobierno y se dispone de la competencia para exigir la presentación de documentos y el testimonio bajo juramento de quienes se esté investigando. El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades.

«Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. «Un ombudspersonque sólo lleva el nombre no lo es en realidad. Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están demostradas.»

El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor la facultad de realizar investigaciones.

«A quince meses de haberse comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas le han pedido a Canadá responsabilizar a las empresas de ese país por sus acciones. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un cargo de ombudspersonen Canadá para ayudar a poner un alto a los abusos.

«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará independientemente del gobierno – libre de toda interferencia política o empresarial», dijo Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir.»

Fuente:https://elcomunista.net/2019/04/08/el-gobierno-de-canada-incumple-su-promesa-de-crear-mecanismo-de-control-independiente-sobre-derechos-humanos-con-relacion-a-empresas/