“En Canadá nunca toleraríamos estos abusos…”, fueron las palabras de Murray Klippenstein, abogado de 13 guatemaltecos que acusan a la empresa minera canadiense HudBay de asesinato y violación. “Ahora tendrán que enfrentar juicio en una Corte situada a pocas cuadras de sus oficinas”. Klippenstein dijo que las mineras aprovechan la situación de países como Guatemala, donde el sistema judicial está afectado de serios vicios, para actuar de maneras que jamás se atreverían a emplear en su país. Por esta razón, ser enjuiciados en sus propias Cortes, es un avance crucial para la defensa de los derechos humanos frente a corporaciones que, por razones diversas y complejas, gozan de privilegios en países como el nuestro.
La victoria obtenida me es particularmente grata debido a que en junio del año pasado, la oficina de Klippenstein me contrató como uno de los abogados guatemaltecos que debíamos rendir expertaje dentro del proceso. Las principales cuestiones a debatir eran la competencia del tribunal (¿Guatemala o Canadá?) y la idoneidad de los tribunales guatemaltecos para conocer este caso.
El tema de la competencia resulta interesante, pues con afán de proteger a sus propias empresas transnacionales, países como Estados Unidos utilizan la doctrina denominada forum non conviniens, para rechazar las demandas con base en el argumento de que “el foro no es conveniente”, a sabiendas que en países como el nuestro, las empresas tendrán una ventaja considerable.
En cuanto a la idoneidad de los tribunales, los cuestionamientos giraban en torno a si existe o no auxilio judicial gratuito para casos civiles de reparación de daños. Si el sistema judicial contaba con una estructura adecuada para las personas que no hablan español. Si la situación de poder económico y político podrían afectar el reclamo.
Para los guatemaltecos afectados por las compañías mineras canadienses resulta un avance importante, que lejos de rehuir el caso utilizando la doctrina de forum non conviniens, el tribunal canadiense aceptara conocer la demanda. Esto sienta un precedente que podrá ser empleado en futuros reclamos y, por ello, constituye un poderoso límite para el comportamiento de estas empresas en nuestro país. Penosamente, la realidad de la justicia en Guatemala es tal que, frente a adversarios poderosos, la gente vulnerable pierde el acceso a la justicia. Prueba de ello es la anulación de la sentencia de genocidio y la suspensión indefinida del caso. La existencia de un sistema judicial independiente y fuerte es fundamental frente a los abusos del poder. Mientras no lo tengamos, los guatemaltecos agredidos por intereses extranjeros tendrán que acudir a tribunales foráneos para obtener justicia.