Bolivia

Agua e información

Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.

Por ejemplo, después de que se hiciese público este sombrío panorama, el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) descartó la paralización de la explotación minera en Potosí, en tanto los ingresos de las familias y del propio departamento dependen de la minería. Un argumento ciertamente veraz, pero que lejos de contribuir a la búsqueda de soluciones limita aún más las opciones para enfrentar el profundo desabastecimiento de agua que se cierne sobre la Villa Imperial, y que amenaza con mermar la salud, el bienestar y el desarrollo de la población potosina.

Ahora bien, como ocurre con todas las crisis, la que suscita este comentario ha tenido la virtud de poner en evidencia aspectos claves relacionados con la escasez de agua en el país en general, siendo uno de ellos el manejo de la información. Huelga recordar que las primeras voces de alarma respecto a la relación entre la minería y el desabastecimiento del líquido elemento en Potosí surgieron recién a mediados de julio, cuando el diputado oficialista Víctor Borda, alertado por un reportaje periodístico, realizó un inspección en la que pudo constatar varias tuberías instaladas en la red de distribución utilizadas para desviar agua a al menos ocho ingenios mineros. Esto pese a que desde finales de 2015 la provisión de agua se ha reducido en un 50% en la ciudad de Potosí, afectando a la mayoría de los barrios y en especial a las zonas altas, que reciben el líquido elemento solo una vez a la semana durante dos horas.

Frente a esta denuncia, el gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), Rolando Montesinos, se limitó a negar la existencia de conexiones clandestinas en favor de los ingenios, argumentando que el agua desviada era utilizada para el consumo de los mineros. A su vez, las autoridades locales aún no han respondido a la interpelación interpuesta por diputados de la oposición para saber qué acciones se están realizando desde la municipalidad para revertir esta situación.

Se trata de ejemplos concretos que ponen en relieve la ausencia de información relevante respecto a asuntos claves como la provisión de agua potable en ciudades como Potosí, así como deficiencias en la comunicación entre las instituciones estatales, organismos privados y la sociedad civil en general. Información que dicho sea de paso resulta esencial para encarar y evitar crisis como la que hoy atraviesa la Villa Imperial.

Fuente: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Agua-informacion_0_2790920882.html

Mexico

Amenazas por resistencia a minería en Chicomuselo

Amenazas de muerte, retiro de sus derechos ejidales son algunas de las presiones que los integrantes del comité para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz”, denunciaron por la resistencia que han realizado ante las nuevas intenciones de establecer una mina de extracción varita.
Estas acciones han sido denunciadas ante el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, cuyo integrante Francisco González Gutiérrez, denunció que incluso el párroco de esa localidad, Eleazar Juárez, ha recibido amenazas por apoyar a campesinos que se oponen a la actividad extractiva.
“Existe una preocupación por la desatención del ejecutivo del estado,  interno en el ejido Ricardo Flores Magón del municipio de Chicomuselo, la última agresión se dio el 14 de mayo, fue una amenaza de muerte en contra de quienes realizaban la una actividad”.
Fue Isidro López Alvarado quien amenazó con  arma de fuego, por lo que tuvieron que demandar penalmente, “aunque reconoció los hechos y se comprometió a respetar a las personas, existe aún temor por otras personas que están de acuerdo con la extracción minera” expuso.
Por su parte, Silvestre Hernández Sánchez, agente municipal y ejidatario de la colonia Ricardo Flores Magón, comentó que existe temor a que se repita una situación similar a la del 2009, cuando Mariano Abarca Roblero fue asesinado por defender los derechos de los comuneros y oponerse a la extracción minera.
“La insistencia de compañías mineras por reiniciar la actividad extractiva en distintas comunidades del municipio de Chicomuselo, sigue generando división en el tejido social. Estas empresas se aprovechan de la pobreza de nuestra gente ofreciendo dinero para que acepten el proyecto minero”, insistió.
Pese a que se ha dicho que la actividad minera se ha detenido en esa zona, la empresa Minera Barita de Chiapas, representada por Alfonso Alarcón ha negociado el reinicio de sus actividades negociando y engañando a comuneros del ejido Flores Magón y ejido Grecia para que en esa parte pase la extracción de barita.
En Chicomuselo existen 12 concesiones mineras con vigencia hasta el 2059, todas fueron otorgadas sin previo consenso de los comuneros.
Anunciaron que realización una mega peregrinación denominada “Movimiento contra la Explotación Minera y el Despojo de la Tierra” para protestar en contra del reinicio de la actividad minera.  Se prevé que sea el 02 de octubre de la comunidad Flores Magón a la cabecera municipal.

Fuente: http://www.diariodechiapas.com/landing/amenazas-por-resistencia-a-mineria-en-chicomuselo/

Chile

“Un avasallamiento mediático”

Referentes de pueblos originarios, académicos y periodistas alertaron sobre los discursos discriminatorios y estigmatizantes expresados desde los medios hegemónicos de comunicación respecto de la comunidad mapuche, en el marco del caso Maldonado.

“Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas. Siempre justificando su violencia con mentiras”, canta el grupo de rock mapuche Puel Kona y resume el sentir de comunidades indígenas, periodistas y académicos sobre la campaña mediática contra el pueblo mapuche. Cuestionaron a diarios, radios y canales porteños por su posturas “racistas” y que estigmatizan a los pueblos indígenas. El fondo de la represión y su justificación mediática: el extractivismo (minero, petrolero, forestal, hidroeléctrico) que intenta avanzar sobre la Patagonia.

“Violencia, anarquía y apoyo externo. Grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y Argentina” (Infobae). “Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC” (Perfil). “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina” (Clarín). “Violencia mapuche en Chubut” (La Nación). Sólo algunos ejemplos de artículos publicados por diarios y portales porteños. Radios y canales de televisión tuvieron abordajes similares, donde nunca se mencionan los derechos vigentes de los pueblos indígenas y siempre se los acusa de violencia.

Ailín Pirén es werken (vocera) del Lof Puel Pvjv, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Afirmó que es un momento de “gran preocupación por la represión y negación de derechos del Estado, pero también por el avasallamiento mediático” que legitima la avanzada contra los indígenas. “Es una práctica permanente de los medios de comunicación, en sintonía con el poder económico y político, contra los mapuches, pero ahora han redoblado una campaña de estigmatización y racismo”, afirmó la vocera.

Remarcó que se trata de una política de negación de derechos desde el Estado y que busca quedarse con los territorios indígenas. A modo de ejemplo, su comunidad, Lof Puel Pvjv, sufre la embestida del poder político (negación de personería jurídica) y del poder judicial (que ordena el desalojo por no contar con esa personería jurídica).

Ignacio Prafil es vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro y fue tajante: “Respetamos a los periodistas que nos respetan. Y en los grandes medios no hay muchos que respetemos”. Afirmó que a la mayor parte de la prensa comercial de la Patagonia y Buenos Aires le molesta el indígena que lucha, y en los últimos años “se hizo muy evidente el discurso racista y al mismo tiempo servil al poder económico y político”. También cuestionó que los periodistas escriben sin conocer la realidad de los territorios.

Entre los tópicos más comunes de los medios sobresale la supuesta chilenidad del pueblo mapuche. Desde hace décadas, distintas organizaciones indígenas aclaran que se trata de un pueblo preexistente a la conformación de los Estados nación. Y, de forma periódica, la academia intenta explicar lo ya sabido: “Los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. Los mapuches no son ‘indios chilenos’, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados”, precisaron una veintena de investigadores del Conicet en enero pasado.

Prafil destacó que lo prioritario es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aclaró que decenas de comunidades mapuches tomaron distancia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y apuntó al fondo de la represión y la campaña mediática: “El Presidente, sus ministros y empresas amigas quieren nuestros territorios. Pero que sepan que la lucha va a seguir, responderemos con más organización indígena”.

Adrián Moyano es periodista de Bariloche, licenciado en Ciencias Políticas y autor de tres libros de historia mapuche. “La mayoría de los medios evidencian un gran desconocimiento sobre las formas de organización mapuche y sobre la historia. Son un pueblo originario, no pudieron venir de Chile porque algunos grupos pertenecientes a la gran cultura mapuche ya estaban en la actual jurisdicción argentina”, explicó. Afirmó que en los medios masivos de la Patagonia es recurrente el tratamiento racista de la lucha mapuche, pero sí es novedad una cobertura similar (y sostenida durante semanas) de los diarios porteños.

Moyano alertó que la campaña mediática antimapuche responde a que “se avecina una profundización del modelo extractivista, de la mano de la ‘lluvia de inversiones’ a la que apuesta el actual gobierno nacional”. Citó el ejemplo con la reactivación del proyecto hidroeléctrico La Elena (sobre el río Corcovado, para abastecer a la industria del aluminio). “Si los medios logran instalar el concepto de ‘enemigo interno’ en relación con el pueblo mapuche, es obvio que probables situaciones de represión serán toleradas o inclusive avaladas por el conjunto de la opinión pública”, advirtió Moyano.

Recordó que en la Patagonia viven más de 260 comunidades mapuches y no le parece inocente que por el accionar de una organización (RAM) se intente cuestionar a todo el pueblo mapuche.

La vocera Ailín Pirén, de Neuquén, aclaró que la política represiva (tanto del Estado como de los medios de comunicación) “no comienza ahora, lo hicieron todos los gobiernos” y recordó que el Estado argentino “tiene una deuda histórica” con los pueblos indígenas (por el genocidio cometido).

Por contraposición al accionar de los medios masivos, Pirén destacó el rol de los medios comunitarios, alternativos, cooperativos: “Son periodistas a los que les interesa escuchar nuestra voz, aún quizá sin estar de acuerdo. Son medios comprometidos con la verdad y la justicia, no con los negocios del poder”.

En Chubut, ocho comunidades mapuche-tehuelche se congregaron para analizar y expedirse sobre la situación local. Exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado, repudiaron el accionar represivo del Estado y también apuntaron al rol de los medios de comunicación: “Nunca convalidaremos el silenciamiento, la desinformación, la negligencia, el miedo, el agravio a la vida, las mentiras”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/65228-un-avasallamiento-mediatico

Colombia

Los arhuacos, ubicados en el departamento del Cesar, ven amenazada su cultura y territorio con las excavaciones para megaproyectos mineros.

Además de los arhuacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta habitan los pueblos indígenas koguis, wiwas, kankuamos y wayúu en tres departamentos: Cesar, Magdalena y La Guajira.

Según este pueblo amerindio, las minas estarían afectando no solo sus territorios sino que ha ocasionado enfermedades y contaminado las fuentes hídricas. Para esta comunidad étnica, sus territorios son considerados sagrados, por lo que han pedido al Gobierno que retiren el proyecto minero dentro de la Sierra.

HispanoPost visitó la comunidad de Jimaín, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alrededor de la zona, se hacen excavaciones de materiales para construcción de manera ilegal.

Los más de 50 mil indígenas arhuacos hablan su propia lengua –Ica-; los hombres se dedican principalmente a cultivar café, caña, maíz y fríjol, y las mujeres tejen mochilas. Viven en las tradicionales casas de bahareque.

Fuente:http://www.hispanopost.com/indigenas-arhuacos-una-cultura-amenazada-por-la-mineria-ilegal

Ecuador

En Cuenca se pide que se incluya el tema minero en la Consulta Popular

En 19 artículos sustentó y aprobó –por unanimidad- el Concejo Cantonal de Cuenca el pedido de que se incluya en la consulta popular dos preguntas referentes a la actividad minera.

Por este tema, los ediles se convocaron en sesión este 25 de septiembre del 2017. En la capital azuaya existen los proyectos Río Blanco y Loma Larga, considerados estratégicos por el anterior Gobierno, ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y Reserva de Biósfera.

El primero está en etapa de construcción y Loma Larga en exploración avanzada. Desde hace más de cinco años grupos de comuneros, ambientalistas, sectores sociales, colectivos de defensa del agua, autoridades municipales y del Gobierno Provincial han cuestionado y mostrado rechazo a cualquier tipo de minería a gran escala en páramos y fuentes de agua.

Por esta razón, el concejal, Iván Granda, propuso que el Gobierno Nacional le consulte al pueblo sobre la decisión o no de realizar minería en estos territorios.

Al final se aprobaron dos opciones de preguntas que serán remitidas al presidente de la República, Lenín Moreno, para su análisis.

La primera tiene alcance nacional y dice: “Debe eliminarse y, en adelante, prohibirse las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, humedales y bosques nublados alto Andino, extinguiendo, además, las autorizaciones a las concesiones mineras metálicas en todas sus fases y declarando éstas como zonas intangible; mediante una enmienda Constitucional promulgada por la Asamblea Nacional que modifique el Artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y la ley reformatoria de Minería y los cuerpos legales nacionales? La otra se circunscribe para el cantón Cuenca y dice: “Deben eliminarse y prohibirse expresamente las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales en el cantón Cuenca.

Extinguiendo además las autorizaciones a las concesiones mineras metálicas en todas sus fases y declarando éstas como zonas intangibles; mediante una reforma a la Ley de Minería”. Para el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, esta decisión se basa en la invitación de dialogo nacional que impulsa el presidente Moreno.

“Nos preocupa que en los últimos meses se han entregado 2 309 concesiones en el área protegida de páramo, que Etapa tiene para conservar sus fuentes hídricas”. Cabrera dijo que con las comisiones de Medio Ambiente y Legislación prepararán toda la documentación para entregarle al Presidente Moreno y que harán todas las gestiones en Quito para que se incluyan las preguntas.

Para Granda, con esta decisión buscan preservar las fuentes hídricas en las zonas de páramo del macizo del Parque Nacional Cajas, frente a una eventual actividad extractiva.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca-propuesta-mineria-consultapopular.html

Brasil

Brasil anula permiso para explotación de minería en la Renca

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas.

El gobierno de facto de Brasil decidió derogar este lunes el decreto que extinguía la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un área amazónica de 46.000 kilómetros cuadrados (el tamaño aproximado de Dinamarca), tras desatar fuertes críticas dentro y fuera del país suramericano.

«Estamos esperando últimos contactos con el ministro para ofrecer más detalles, pero de momento podemos decir que el decreto será derogado hoy (este lunes)», informaron fuentes del Ministerio de Minas y Energía.

La extinción, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía en marzo, permitiría la concesión para también la explotación minera de aproximadamente cuatro millones de hectáreas en South border y suroeste con Amapá el Noroeste de Pará.

De acuerdo a fuentes oficiales, el decreto anulatorio será publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión.

La Renca está situada en el norte de Brasil, en una región de la Amazonía entre los estados de Amapá y Pará; se creó en 1984, a fines de la dictadura militar (1964-1985) para proteger sus importantes reservas de oro, hierro, manganeso y tántalo de los intereses extranjeros.

Desde entonces había permanecido intacta, al margen de algunas pequeñas explotaciones ilegales; sin embargo, en agosto el presidente de facto Michel Temer autorizó por decreto que se eliminara el nivel de protección de la reserva para facilitar las inversiones de la industria minera.

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas, que argumentaban que la extinción de la Amazonía aceleraría el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación. También denunciaron que la decisión del gobierno brasileño causaría uno de los mayores retrocesos ambientales de su historia, impulsado por intereses privados y políticos.

Fuente:https://www.telesurtv.net/news/Brasil-anula-permiso-para-explotacion-de-mineria-en-la-Renca-20170925-0062.html

Ecuador

Consulta popular revive el debate sobre minería

Mediante resolución, el Concejo Cantonal aprobó ayer enviar al presidente Lenín Moreno una solicitud para que en la consulta popular, propuesta por el actual régimen, se incluya una pregunta sobre la suspensión de la minería en ecosistemas andinos en Cuenca y en el país.

La resolución fue aprobada por unanimidad después de un debate que duró aproximadamente tres horas, en el que los concejales escucharon a activistas por el agua y a colectivos que presentaron argumentos contra la minería.
Los ediles coincidieron en que es potestad de la población decidir si quiere o no la minería en los páramos, a través de una decisión informada, por lo que votaron a favor de enviar la pregunta al ejecutivo.

Posiciones
Los representantes del Cabildo por el Agua sostienen que tienen razones suficientes como para asegurar que la actividad minera puede afectar las fuentes hídricas que nutren de agua potable a Cuenca. Así lo sostuvo Margarita Arias, representante del colectivo.

Esto es refutado por Julio Castro, uno de los estudiantes de ingeniería en Minas que recorre los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco, como parte del trabajo que ejecutan las universidades locales para dar un criterio imparcial a la ciudadanía sobre la minería metálica en el Azuay.

La posición también es rechazada por un grupo de comuneros de Cochapamba y Río Blanco. Humberto Ochoa dirigente de una de las comunidades, asegura que las empresas mineras les han brindado ayuda social y trabajo. “Si quieren que la minería se vaya, entonces que nos den trabajo digno a todos nosotros primero”, exige.

Proyectos
El proyecto Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada, según el Ministerio de Minas, cuyo principal, Xavier Córdova, explicó que por ahora no habrá intervenciones mayores en el sector. Su proyección es de 27 años.
El proyecto Río Blanco está en fase de explotación y se calcula que tendrá una duración de 11 años, con una producción estimada de 800 toneladas por día. En el sitio ya se trabaja en la apertura de bocaminas, pero existe resistencia por parte de un grupo de comuneros.

Julio Castro, quien cursa el quinto año de Ingeniería en Minas en la Universidad del Azuay, asegura que en todas las visitas efectuadas a los proyectos se ha constatado, al menos por ahora, que se cumplen los parámetros de responsabilidad social y ambiental.

“La minería con la que se compara a estos proyectos, la que se da en Nambija o en Zaruma, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en el Azuay. Aquí hay una minería técnica y que cumple estándares que nos demuestran que se están haciendo bien las cosas”, asegura.
Tanto Castro como parte de los comuneros de Cochapamba y Río Blanco piden que la actividad no se frene sin argumentos técnicos, ambientales y jurídicos que respalden dicha decisión. (JPM) (I)

Fuente:http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/421763/consulta-popular-revive-el-debate-sobre-mineria

Colombia

Consultas en Santander y Quindío ponen en juego 23 títulos mineros

El boom de las consultas populares en contra del sector minero energético no para. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los tres meses que quedan del año hay una consulta cada mes.

El próximo en ir a las urnas es el municipio de Sucre en Santander. Allí, la pregunta que tendrán que responder los habitantes el próximo domingo 1 de octubre es si está o no de acuerdo con que en el municipio se realicen actividades de exploración y explotación minera y petrolera. Posteriormente, el 5 de noviembre los pobladores de El Peñón (también en Santander) se harán esa misma pregunta.

Pero, ¿cómo es el panorama minero en Santander? De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), actualmente en Santander hay 570 títulos vigentes, los cuales representan 6,99% de superposición en el departamento.
Visto por etapas, hay 24 en exploración, 102 en construcción y montaje, y 444 en explotación. De hecho, la producción en Santander proviene principalmente de Los Santos, Villanueva y Zapatoca para el caso del yeso; El Carmen de Chucurí, Landázuri y Albania, para el carbón; Vetas y California para el oro y la plata; Barrancabermeja, Girón y Landázuri para la arcilla; Bucaramanga, Curití y Pinchote, para las calizas; y Betulia, Piedecuesta, Barrancabermeja y Cimitarra para materiales de construcción.

Precisamente, según la entidad oficial minera, en Sucre, actualmente hay 11 títulos mineros vigentes (seis de carbón, dos de cuarzo, uno de materiales de construcción, uno de barita y uno de roca o piedra caliza). mientras que en El Peñón hay ocho (siete de carbón y uno de cobre).

Silvana Habib, presidenta de la ANM, señaló que “municipios con importante potencial minero como Sucre y El Peñón no pueden quedarse sin esta importante fuente de desarrollo. No pueden perder esta oportunidad de empleo formal, encadenamientos productivos e inversión privada al igual que sin insumos para sus obras de infraestructura”.

Entre tanto, el 3 de diciembre los habitantes de Córdoba (Quindío), también se medirán frente a una consulta en donde responderán a la pregunta de si están o no de acuerdo con el desarrollo de proyectos y actividades de minería de metales.

Allí, de acuerdo con la información de la ANM, hay cuatro títulos vigentes: dos para materiales de construcción y dos para arcillas, e incluso se han solicitado tres títulos en metales preciosos.

Es importante recordar que de acuerdo con Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), hasta septiembre se tiene registro de 96 consultas o acuerdos municipales.

Granada irá a las urnas el 22 de octubre

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el próximo 22 de octubre, los habitantes de Granada (Meta) irán a las urnas para responder si están o no de acuerdo con las actividades de exploración, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el municipio. Al respecto, Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, dijo que además de que las consultas generan preocupación en el sector, “es importante que el Estado no espere a los resultados sino que llegue antes de la mano de las compañías para que la población se dé cuenta que son aliados del desarrollo”.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/consultas-en-santander-y-quindio-ponen-en-juego-23-titulos-mineros-2552171

Mexico, Perú

“El M4 existe porque resiste” Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Caceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • Cuarto. En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

    En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que

    ¡Del Perú a Canadá la minería no va!

    Fuente:http://movimientom4.org/2017/09/el-m4-existe-porque-resiste-declaracion-del-iv-encuentro-del-movimiento-mesoamericano-contra-el-modelo-extractivo-minero/

Argentina

¿Y qué pasa si se van los rusos de San Jorge?

El Gobierno tomó una decisión respecto al proyecto y los inversores miran con desconfianza todo el proceso. En el sector minero temen que ahora sí termine de sepultar la minería en Mendoza.

Mañana arranca el foro de los industriales de Mendoza con la participación de importantes funcionarios actores del sector y el Gobierno. En ese encuentro discutirán qué hacer en la provincia con una matriz productiva que se quedó en el tiempo y que no creó nuevas industrias en dos décadas.

Mientras eso ocurre, y como mencioné en la columna de la semana pasada, paralelamente se define qué sucederá con San Jorge, el manoseado proyecto minero que pretende extraer cobre en Uspallata y que se ha convertido en un símbolo de la disputa por la actividad en Mendoza.

La Provincia ya decidió que vuelva a «foja cero» para su proceso administrativo en -según dicen- un intento de sacar la discusión de los extremos pro y anti mineros. Sin embargo, la decisión genera ruido en los inversores rusos que analizarán detenidamente la resolución del Gobierno provincial para decidir qué hacer. En palabras simples, van a decidir si se quedan o se van.

¿Pero qué implica que los rusos se vayan? En el sector temen que se cierre una puerta que no podrán volver a abrir.

Lo que se teje en Casa de Gobierno

Para sacar la resolución que le indica a San Jorge que debe iniciar de nuevo el proceso de para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), descartando la posibilidad de actualizar la que tenían aprobada, hubo largas discusiones entre las secretarías Ambiente y Minería y otros actores del edificio de calle Peltier. La cuestión es que en la repartición que encabeza Humberto Mingorance querían que todo volviera a hacerse de nuevo (incluidos todos los estudios técnicos que demoran años y que significan grandes inversiones). En Minería, en tanto, les señalaron que no era necesario tirar todo a la basura, porque hay estudios -como por ejemplo los geológicos y sísmicos- que no es necesario que sean desechados.

Según fuentes del Ejecutivo, después de varias discusiones -en las que incluso se involucró a Asesoría de Gobierno- se le pedirá a los inversores iniciar nuevamente el proceso (especialmente la base social que incluye las audiencias públicas) para darle un nuevo tratamiento al proyecto. Esto implicaría una nueva dilación que, de entrada, no cae bien en los dueños del proyecto (los rusos de Solway y Aterra). Para calmar esa molestia, en el Ejecutivo le propondrán hacer un mix entre el proyecto biprovincial y el que se archivó en la Legislatura y que consignaba la obtención de concentrado de cobre a través de un proceso de flotación en la provincia.

Aún con esa propuesta -todavía informal- sobre la mesa, la idea no genera la confianza suficiente en la gente de San Jorge, especialmente por los tiempos que implicaría y porque incluso podría ir más allá del período de Gobierno que aún le resta por cumplir a la actual administración. Además, ya tienen experiencia con promesas como las que les hicieron en la administración anterior y que quedaron en nada.

¿Quién pierde si se van los rusos?

En el Gobierno insisten que la decisión de iniciar el proceso para una nueva DIA no es para echar a San Jorge, sino para darle otro perfil a la discusión sobre minería, ya con una política provincial y el Pacto Federal Minero como marco para hablar técnicamente sobre el tema. Es que -dándole el favor a la administración actual- desde que se intentó hacer el proyecto el tratamiento del tema no pasó de la presión que sentían los políticos por los cortes de rutas (Cobos) o la posibilidad de perder votos (Pérez). Nunca hubo una discusión técnica que permitiera hablar de lo realmente importante.

Lo cierto hoy es que el proyecto San Jorge es el único en Mendoza que es posible realizar desde el punto de vista técnico, legal y financiero, faltando sólo la decisión política. Es el único en la provincia y uno de los pocos del país, de ahí que muchos actores locales y también nacionales consideren que una eventual partida de los inversionistas rusos sería un verdadero funeral para la actividad en Mendoza y un revés importante para el plan nacional minero.

Es que en una industria en donde todos se conocen, estas noticias corren rápido y no son positivas para la imagen que quiere dar la Argentina al mundo minero, especialmente en un período que la Nación busca inversionistas en China y otros países.

Si la evaluación que hará San Jorge de la resolución del Gobierno es negativa, se irán, pero sin descartar acciones legales que podrían traer dolores de cabeza para la administración provincial. De ahí que no sea un tema menor avanzar con la decisión de «empezar de cero».

De paso, en el Gobierno nacional no caería bien que, mientras la administración de Macri quiere atraer inversores, un grupo de ellos se vayan del país contando la «mala experiencia» vivida en Mendoza.

Para bien o para mal, dependiendo desde el punto de vista que se tenga, lo que parece cierto es que finalmente habrá una resolución para el futuro de la minería en la provincia. Es que los ejecutivos de la empresa minera pretenden tomar una decisión antes de que se cumplan cuatro años desde que compraron el proyecto, o sea en diciembre.

San Jorge y no hay más

Una caída del proyecto San Jorge sería sepultar a la minería porque en Mendoza existe ese proyecto y no hay más. La otra opción que existía era Potasio Río Colorado (PRC), un sueño que se derrumbó y que está muy lejos de reconstruirse.

Vale aún no tiene inversor para poder «echar a andar» el yacimiento en Malargüe y la empresa Mosaic, que compró la parte de fertilizantes de la minera brasileña, no está convencida aún de hacerse también del proyecto sureño. Los números no cierran con la tonelada de potasio a 200 dólares o menos, y aunque las cifras pudieran cuadrar, no lo pondrían en producción en el corto plazo.

Por ahora es la única opción de compra y aunque se diera, Mosaic la guardaría como una posibilidad para cuando el mineral vuelva a estar a un precio atractivo. En la actualidad hay un sobre stock de potasio en el mundo y, a menos que todo cambie de manera radical, la posibilidad de ver producción a PRC está muy lejos de ser real.

De ahí que el sector minero y otras industrias, estén atentas a lo que ocurre con un proyecto en particular. Ahora queda esperar a ver si los interesados en el desarrollo de la minería en Casa de Gobierno son capaces de convencer a los inversores. La administración provincial tomó una decisión respecto al proyecto y ahora los rusos deben decidir si la aceptan o le dicen adiós a Mendoza.

Fuente:http://www.mdzol.com/nota/756283-y-que-pasa-si-se-van-los-rusos-de-san-jorge/