Mexico

Buscan intervención del Congreso por afectaciones de minera

Miembros del MASH llevaron muestras del agua contaminada como prueba

 Miembros del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense (MASH) buscan la intervención del Congreso local para frenar las afectaciones ecológicas y de la salud que provoca la minera Autlán en la región.

Con muestras de agua del río Claro como prueba, habitantes de diversas comunidades de los municipios de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla dieron a conocer que buscan poner un freno a los problemas que ha traído la empresa desde hace años y que a la fecha no han sido atendidos.

En ese sentido, Griselda Bautista Paredes, representante del MASH, explicó que existen dos principales afectaciones: la ambiental en la contaminación a los ríos y su biodiversidad y la de salud, ya que cuando la minera hornea emite humos que afectan a las personas.

Por ello, los pobladores acudieron al Congreso local para pedir su intervención en el caso, ya que gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que terminen las afectaciones, así como la pérdida de especies, como el camarón de río.

Además, explicaron que ya pidieron la intervención de instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad de Chapingo para que analice la problemática ambiental y a la población que provoca la minera; mientras que llamaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a acudir a la región para atender la problemática.

De acuerdo con su página web, Autlán cuenta con la unidad minera Molango, en Hidalgo, la cual se encuentra al norte de la entidad.

  • Explicaron que el gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que termine la problemática, así como la pérdida de especies, como el camarón de río

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/buscan-intervencion-del-congreso-por-afectaciones-de-minera/?fbclid=IwAR1_WY9ukgRcc9EGExQcMcWMAgz9L8xNIfX3rsTTJiMKUPAf8tExsrfkhvM

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Lluvias habrían bajado tóxicos de mina en Ónavas

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”…

Las autoridades federales como Conagua, Profepa y Semarnat descartaron contaminación en el Río Yaqui a la altura de Ónavas; en tanto, vecinos del lugar consideran que la existencia de materiales tóxicos podría derivar de las lluvias de las últimas semanas.

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”.Las personas consultadas exponen que las autoridades federales ya realizaron estudios de laboratorio y determinaron que no existen concentraciones de materiales tóxicos que pudieran afectar la salud; sin embargo, solicitaron que les sigan suministrando agua en pipas.Además, pidieron a la sociedad sonorense apoyo para el suministro de agua purificada.

El jueves, se informó que “en seguimiento y atención a la preocupación de ciudadanos y autoridades del municipio de Ónavas, por la aparición de peces muertos en las márgenes del río Yaqui, Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de programas Integrales de Desarrollo en Sonora, del Gobierno de la República, coordinó una reunión con los responsables de las dependencias Semarnat, Conagua y Profepa para revisar las acciones y medidas de mitigación correspondientes”.

También se expresa que “en la reunión de trabajo, se informó que personal de Profepa y Conagua realizaron la visita de inspección al sitio, así como al lugar donde se encuentran las instalaciones de una empresa minera, descartando algún derrame debido a que dicha empresa tiene más de un año sin operar, y no se detectó ninguna fuente emisora de contaminación”.Por lo anterior, “los funcionarios federales acordaron mantener el operativo de distribución de agua en pipa a la población de Ónavas, hasta que se descarten afectaciones a las fuentes abastecimiento. Se instruyó a los encargados de Semarnat y Profepa a continuar vigilantes.

 

Fuente:https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=224035&relacion=dossierpolitico&categoria=292&fbclid=IwAR2p_zSrga2OcSt-ioHBUQhv8uzQcw_lXJJjIonerA_UgPdlKDRP_94Asf8#.XYA-vJaGaNs.facebook

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Ecocidio en Samalayuca

No existe, no ha existido y no existirá una mina sustentable o ecológica. La naturaleza de la industria es la extracción de recursos naturales no renovables por medio de procesos invasivos y químicos. Los beneficios son mínimos y temporales para las comunidades que los albergan, pero sus efectos son para siempre.

Podemos entender que la minería sea un mal necesario para las comodidades de los tiempos presentes, incluso para las necesidades básicas de la vida moderna, sin embargo, esto no puede ser a cualquier costo y sobre lo que sea. El área de Samalayuca donde una mina canadiense pretende asentarse es una zona de relevancia histórica, arqueológica, natural y estratégica de recursos naturales para toda la comunidad juarense.

En el tema del agua se encuentra la problemática más seria de la región. Samalayuca está asentado sobre el sistema hídrico número 34, que es de donde se abastece una población de un millón y medio de personas. El agua subterránea que se encuentra en el área, explotada por décadas, se reduce en más de seis millones de metros cúbicos por año según la Comisión Nacional del Agua, e irremediablemente llegará el día que se acabará. Dicho acuífero abastece industria, agricultura, uso doméstico además de todo el desperdicio y mal uso, como fugas y albercas privadas.

Las señales son claras pero no las hemos querido atender. Los manantiales que hasta principios de los ochenta manaban naturalmente en esa región, se secaron completamente después de que se instalara una planta termoeléctrica, la cual 24 horas al día y 365 días al año se ha abastecido de ese acuífero por décadas. Diversos pozos que suministraban a la población de Samalayuca dejaron de funcionar y fue necesario en muchos casos buscar en mayores profundidades el vital líquido, según se deprenden de numerosas notas periodísticas de aquellos años. La salinidad del agua es otra muestra clara de la sobreexplotación, hoy casi nadie consume el agua de la red pública y llamada potable, por el alto contenido de minerales y que según estudios de la misma Junta Municipal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la UACJ incumplen la NOM-127-SSA1-1994, que establece los estándares mínimos que debe tener el agua para ser potable.

El Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2009 publicó la declaratoria de esa zona, por su flora, fauna y relevancia histórica como área natural protegida, en el mismo Diario Oficial el 2 de abril del 2013 se publicó el plan de manejo del área, el cual dejaba como encargado de su protección a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; mas como ya es costumbre fue mediante movimientos oscuros, tradición de ese nido de cuatreros que es el Poder Judicial de la Federación, donde lo más inverosímil se vuelve legal, que se le quitó el carácter protegido mediante supuesto amparo “promovido y pagado por ejidatarios” y que benefició a la minera canadiense, con lo cual se convirtió en una mina a cielo abierto. Casi nadie conoce en qué consistió o cómo se perdió un proceso donde se afecta tanta gente y beneficia a una mina canadiense. Quien conoce ese proceso por ser beneficiario directo, actual vocero de la minera canadiense y presunto presidente seccional del poblado es el Ingeniero Javier Meléndez, quien lleva años frotándose las manos con tan jugoso negocio.

Muy a pesar que el mismo presidente de la república anunciara que no se darían más concesiones a mineras, en el presente caso se mantiene un silencio convenenciero por la clase política a los que se les olvidó sus años de oposición y rápido aprendieron a hablar sin decir nada, tanteando en todo momento el beneficio político.

Esta lucha será una vez más de la sociedad organizada, los diversos colectivos y población en general que tenga conciencia social. Los últimos permisos aún deben pasar por distintas dependencias estatales y municipales quienes son la última barrera, pues el Gobierno federal y llamado “Cuarta Transformación” ya dio color de cuáles son sus inclinaciones.

Un área natural de gran belleza y con un potencial enorme para el desarrollo ecoturístico, el agua de la región y la calidad del aire, todo a cambio de unos cuantos empleos temporales y que no necesariamente serán para los pobladores de Samalayuca, una comunidad que se ha distinguido por la producción agrícola y no por la industria minera que es hoy en día un ramo altamente tecnificado por los riesgos que implica.

Humildemente les pido a cada uno y a cada una que adoptemos el tema, el cual está más allá de colores e ideologías y que desde nuestras trincheras promovamos, combatamos y concienticemos que no todo en la vida es dinero, demostremos que hay cosas que no se venden, porque hasta el momento existe la idea, no tan errada, de que al sur de la frontera todo está a la venta.

 

Fuente:https://diario.mx/opinion/ecocidio-en-samalayuca-20190913-1561958.html?fbclid=IwAR1n9YQfnEyPKzFwKYaeCRKsCFqdkLp8SXNpdrzfQV_nHfLO3V1_9j_aaPo

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En Zimapán mineras provocan tolvaneras contaminantes por remover jales

En Zimapán mineras provocan tolvaneras contaminantes por remover jales para reindustrializarlos, según activistas.

Sin tomar ninguna precaución, empleados de la empresa minera Sago, luego de remover con maquinaria pesada los jales o montañas de desechos producto de la actividad metalúrgica, ubicados a escasos metros de San Miguel y otras comunidades del municipio de Zimapán, transportan en camiones los desechos tóxicos si cubrirlos al momento de cruzar por la zona urbana de la cabecera municipal causando una grave contaminación según video grabado el pasado sábado por activistas de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ).

Los activistas defensores del medio ambiente denunciaron que empleados de las empresas mineras El Espíritu, La Purísima, Sago, Preissan, S de RL y otras que operan en la región del municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, provocan polvaredas contaminantes que afectan a las localidades aledañas al remover los cerros de jales colocando más polvo tóxico o bien para ’reindustrializar’ los desechos mineros.

Tras sostener una reunión de trabajo en el Congreso de Hidalgo con el diputado morenista por el distrito 01 local Víctor Osmind Guerrero Trejo y representantes jurídicos de las mineras, Alejandra Rojas integrante de la organización Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ) explicó que desde el año pasado trabajadores de la compañía Preissan, S de RL ’metieron maquinaria pesada en los jales ubicados en las orillas de la cabecera municipal para removerlos con el fin de reindustrializar sus desechos de hierro a la empresa Sago’.

Para transportar los desechos mineros, los empleados de Preissan ’usan camiones de carga llenos hasta el tope con jales sin siquiera ponerles una lona para que el polvo no se caiga y cruzan la cabecera municipal a lo largo de 3 kilómetros hasta ex Hacienda Santa María donde se encuentra la compañía Sago, de donde se extrae el hierro que aún queda en los jales’, agregó Rojas.

La activista explicó que al momento en que la maquinaria pesada remueve los jales ’se producen tolvaneras las cuales sabemos que son altamente contaminantes sobre todo porque muchas comunidades se encuentran a escasos metros tanto de los jales como de las minas’.

Lo mismo ocurre en la presa dos de jales, ubicada a escasos 30 metros de las viviendas de la localidad de San Miguel donde empleados de la minera Espíritu han metido maquinaria pesada para remover los desechos, lo que de acuerdo a los vecinos de esa localidad ha generado verdaderas ’nubes tóxicas’.

’A esto hay que agregar que hace algunos años, los responsables de la empresa El Espíritu hayan instalado un patio de secado de plomo casi pegado a las casas’.

Otras compañías llevan a cabo acciones similares con el fin de extraer el poco metal que aún queda en los jales que han formado verdaderos cerros en torno a las comunidades indígenas ubicadas en el corazón de la Sierra Gorda de Hidalgo.

’La comunidad de La Alberca es afectada directamente por la minera Sago; La Manzana La Sabina de Mezquite Primero por Carrizal Manning; y El Chapinque por las mineras La Purísima, El Espíritu y Preissan’ agregó Alejandra Rojas.

Hilario Encarnación Nieves, presidente del CUZ denunció que la empresa Purísima ’está haciendo un hoyo en un jale inactivo para colocar más desechos, provocando tolvaneras que afectan a la gente que vive en la comunidad de Santa María’.

Beatriz García Ibarra representante de la comunidad de Tolimán, municipio de Zimapán aseguró que su comunidad es afectada también por Sago, La Purísima y Preissan, cuyos jales han contaminado las aguas de un arroyo.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/en-zimapan-mineras-provocan-tolvaneras-contaminantes-por-remover-jales/

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Pobladores con altos índices de manganeso en la sangre

El presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad Chiconcuac, perteneciente a este municipio, Wenceslao Cruz Hernández, señaló que varios de sus vecinos, al realizarles pruebas de laboratorio, salieron con altos índices de manganeso en la sangre, debido presuntamente a la grave contaminación que genera la Minera AutlánUnidad Otongo.

Cruz Hernández mostró a El Sol de Hidalgo los resultados de los documentos que se le practicaron a Gabriel Verón Hernández, Petra Hernández Ávila, Hermenegilda Ostoa González y a él.

Las muestras indican un exceso de este mineral en su cuerpo y por esta situación tienen diferentes efectos en la salud, como dolor de huesos, pérdida de la vista y mucho cansancio.

Además, refirió que desde 1965 esta compañía explota esta mina y no hace nada para cuidar el ambiente, mucho menos a las comunidades de Chinconcuac y Tolago, las cuales son las más cercanas a esta empresa que a la fecha hace detonaciones de dinamita y desprende un polvo que, afirma, daña rápidamente los techos de las viviendas que son de lámina.

Para el delegado de la comunidad Cuxhuacan, perteneciente a Tepehuacán de Guerrero, Hermilo Vázquez Bautista, en el río que pasa por su localidad la variedad de peces, como el bobo, mequiun, chalberena, anguila, acamaya y cozoles, ya desaparecieron totalmente de su afluente, por lo que la gente desde hace varios años dejó de pescar por el fuerte olor a pizarra.

Explicó que también se ha dejado de extraer material pétreo de su caudal, lo que ha originado pérdidas económicas para su centro poblacional, debido a que están contaminadas la grava y arena, lo que ha originado que los camioneros hayan dejado de adquirirla desde hace varios años por esta misma situación que no se ha podido frenar.

De igual manera el delegado de Acuimantla, Reyes Acosta Martínez, denunció que la Minera Autlán les trajo más perjuicios que beneficios para su localidad.

El único Centro Ecoturístico que recibía turistas por lo menos tres veces al año, hoy se encuentra sin recibir a ninguna persona, pues un polvo negro ha invadido por completo su río.

Acosta Martínez aseguró que en varias ocasiones han solicitado por escrito el apoyo de esta compañía minera, pero siempre les han negado su respaldo. Ahora solo buscan que les puedan resarcir el daño ecológico originado por la sobreexplotación de su único afluente que tenían para la realización de diferentes actividades.

Julia Cruz Hernández y Juvencia González Cruz, ambas vecinas de la comunidad Tamala, advirtieron que por bañarse en el río que pasa por su centro poblacional, les salieron varias ronchas en la piel que hasta el momento no han podido controlar, pues ya acudieron a un centro de salud pero la comezón continúa.

Las autoridades delegacionales de Tolago, Chiconcuac, Cuxhuacan, Tamala y Acuimantla exigen a la Minera Autlán la construcción inmediata de plantas tratadoras de aguas residuales, la limpieza total del río Claro, la reconstrucción de viviendas dañadas por los explosivos y sobre todo médicos especialistas para revisarlos.

Los mismos pobladores de estas localidades enclavadas en la Sierra Alta afirmaron que cuando llueve fuerte en toda esta zona, los trabajadores de la mina abren las compuertas para descargar toda clase de desechos y residuos tóxicos que arrojan los pozos de Otongo, lo que implica una grave contaminación del río Claro.

 

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/pobladores-con-altos-indices-de-manganeso-en-la-sangre-4165987.html

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Megaproyectos mineros en Wirikuta ¿desarrollo para el bien común o etnocidio?

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta.

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.


Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3293-articulo-megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-para-el-bien-comun-o-etnocidio

Mexico

Interponen amparo contra proyecto minero en Samalayuca

Activistas de diversas agrupaciones interpusieron un amparo contra la intención de un pequeño grupo de ejidatarios del poblado de Samalayuca de operar una mina de cobre a cielo abierto, asociados con la empresa canadiense VVC Exploration Corp. Afirmaron que ese método de explotación es preocupante, debido al impacto ambiental y a la grave escasez de agua en esta zona.

El catedrático y abogado Santiago González explicó que la empresa canadiense pretende, desde hace varios años, sacar cobre de la zona conocida como ejido Ojo de la Casa, ubicado a menos de 40 kilómetros de Ciudad Juárez y de la franja fronteriza, la cual la semana pasada anunció la apertura de Gloria, la primera mina a cielo abierto de Samalayuca Cobre SA de CV.

Señaló que el promotor del yacimiento es el ex candidato a diputado por el PAN y ex perredista Javier Meléndez Cardona, quien ha declarado que es un hecho que se explotará y los trabajos podrían empezar a la brevedad.

Luis Castro, vecino de Samalayuca, señaló que la mayoría de los habitantes y de otros ejidos están en contra de la mina, y solamente el comisariado ejidal apoya esta medida junto con una veintena de incondicionales, incluso hace poco estuvo negociando en Canadá.

El grupo de opositores a la veta explicó que esa mina provocaría una grave contaminación en la zona, sobre todo en el agua. Además de la explotación de los recursos naturales en los alrededores. Apoyamos lo que él (abogado) hace, y esperamos que se sumen más amparos, y en determinado momento proyectos de ese tipo no vuelvan a amenazar a nuestra comunidad, expresó una de las manifestantes

Empresa invertirá 4 mmdd

La empresa VVC Exploration Corp. en próximos meses invertirá 4 mil millones de dólares para la creación de lo que será Samalayuca Cobre SA de CV, la cual será una mina a cielo abierto, de donde se extraerán metales. Además, generará más de mil 200 empleos directos, adelantó el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona.

Aseguró que tras ocho años de investigaciones, estudios, trámites y demás requisitos para la apertura de la mina en Chihuahua, inversionistas canadienses y mexicanos concretaron su apertura para trabajar en los próximos 20 años consecutivos en la extracción de metales pesados.

Mélendez Carmona argumentó que la comunidad tiene dos fuentes de empleo: turismo y producción de hortalizas, por lo que no será afectada con el ingreso de la minera en esta zona, al contrario, dijo, podría expandir los ingresos de todos los ciudadanos.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró más de 63 mil 182 hectáreas de ese ejido como zona protegida por ley desde 2012, y la instalación de una mina que utiliza ácidos para extraer metales sería nociva para la flora y fauna endémica, así como para los habitantes y los mantos freáticos, recordaron los activistas.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/estados/028n2est

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Mujeres defensoras contra el extractivismo

En México, cientos de mujeres han tenido que aprender a ser sus propias abogadas, a defenderse, a estudiar cuestiones técnicas, jurídicas, ambientales, pero sobre todo a no bajar la voz ante aquellos que buscan despojarlas de su terriorio en donde ha transcurrido su vida y la de sus familiares; sin embargo, el miedo que sentían, se convirtió en rabia.

 

Con la justificación de que “el desarrollo” llegaría a cada región de nuestro país muchos son los megaproyectos que se han construido -o pretenden construirse- por encima de las necesidades de los pueblos y sus habitantes; por ello, hay muchos pobladores que luchan por no quedar bajo el agua de una presa; por no ser fumigados con agroquímicos o por no desplazados por grandes carreteras o vías ferroviarias; todos estos proyectos, a decir de los empresarios, necesitan “el sacrificio” de comunidades enteras.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, señaló que México registra más de 500 conflictos ambientales. Buena parte de ellos se debe a la proliferación de megaproyectos ligados a los sectores de minería, hidrocarburos, termoeléctricas, y otros que han generado desequilibrios locales y regionales (La Jornada, 17 de julio del 2019).

A pesar del discurso en pro del medio ambiente de los gobiernos, de acuerdo con el Anuario de Actividades Extractivas 2018 de Fundar, Centro de Análisis y Distribución A.C.: “los impactos sobre el ambiente y los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios situados alrededor de estos proyectos extractivos siempre han quedado al margen de las prioridades de los gobiernos”.

Quienes han sacado más la casta en esta lucha por su territorio en contra del llamado extractivismo son las mujeres de cada uno de los pueblos afectados; son ellas quienes participan en la toma de decisiones y en la defensa de sus tierras en condiciones de igualdad.

“Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio, además nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental en las luchas”, dice parte del pronunciamiento que tuvo como resultado del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.

Este Encuentro Nacional se llevó a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. En éste, 69 mujeres de 16 estados del país, se reunieron para intercambiar experiencias y compartir la diversidad de estrategias que han construido contra proyectos extractivos de minería, gasoductos, oleoductos y fracking; presas, acueductos y termoeléctricas; carreteras y vías ferroviarias; pero también de proyectos vinculados a la agroindustria.

Desde Quintana Roo hasta Baja California Norte, las mujeres concuerdan que la participación igualitaria que buscan, comienza desde la repartición justa de responsabilidades. Hay quienes realizan trabajo doméstico, tienen un empleo para percibir ingresos y se encargan del cuidado de sus hijos; por ello, el defender su territorio, no debe ser una jornada extra, sino que se debe construir: “un piso parejo entre mujeres y hombres”.

Además, saben que sólo en condiciones de igualdad, las mujeres podrán llegar a ocupar parte de los cargos de toma de decisiones en sus comunidades. Tal como lo dice el artículo 37 de la Ley Agraria:

“Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres”.

Lo que las mujeres defensoras del territorio tienen muy claro, es que su unión es lo que las hace más fuertes.
Después del Encuentro Nacional de Mujeres, las asistentes recalcaron su apoyo y solidaridad ante las diversas luchas que se llevan a cabo en todo el país, ya que saben que si hacen alianza, difícilmente, podrán quebrarlas.

“Ya no sólo nos sobamos el hombro, eso es para políticos. Aquí nos “hermandamos”, tu lucha es mi lucha. Te joden a ti, me joden a mí. El pueblo salva al pueblo”, dijo Margarita Juárez, defensora de Temacapulín, Jalisco contra la presa El Zapotillo y participante del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.

A continuación, presentamos tres de las diversas luchas que se están desarrollando en México por la defensa del territorio, y el papel fundamental que las mujeres llevan a cabo en ellas.

Choréachi, Chihuahua

Los más de 20 años de lucha de Choréachi, son un ejemplo de la discriminación y el constante desconocimiento que sufren los pueblos indígenas en México. Esta comunidad rarámuri, está ubicada en la sierra Tarahumara, específicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo al sur de Chihuahua. Durante mucho tiempo se ha enfrentado a la violencia mortal contra quienes defienden su existencia y reconocimiento legal.

La distancia de 15 horas entre Choréachi y la capital de Chihuahua siempre ha dejado al pueblo en aislamiento y constante contacto con el narcotráfico, pero el despojo de sus bienes naturales y territoriales comenzó en el año 2000, cuando el ejido Pino Gordo, reclamó como suyas las tierras en las que se encuentra hoy la comunidad rarámuri.

De acuerdo con el Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara 2016, fue en aquel entonces cuando 162 indígenas demandaron al ejido Pino Gordo ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5) de Chihuahua, alegando posesión ancestral. La sentencia fue favorable, sin embargo, fue impugnada por el ejido y quedó sin efecto.

Sin haberse solucionado el conflicto con Pino Gordo, en 2007, se ejecutaron resoluciones de ampliación del territorio a favor de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, sobreponiéndose esta última ante la superficie de Choréachi.

El conflicto se acentuó con la autorización de permisos de explotación forestal otorgados por la Semarnat a favor de Coloradas de los Chávez, sin una consulta previa e informada a la comunidad indígena.

Aunque el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dice: “Cuando una autorización pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad”, la Semarnat autorizó los permisos de explotación forestal en la Sierra Tarahumara, bajo el argumento de que la comunidad indígena es inexistente.

Pasaron 11 años, y hasta el 23 de octubre el 2018, el Tribunal Superior Agrario reconoció el derecho de territorio de Choréachi, al demostrar su preexistencia al ejido Pino Gordo y la comunidad agraria Coloradas de los Chávez. En total se reconocieron 32 mil 832 hectáreas.

La celebración duró poco, pues horas después fue asesinado el líder y defensor del municipio, Julián Carrillo, quien vivía en Coloradas de la Virgen, una comunidad aledaña a Choréachi.

Este acto de violencia contra defensores indígenas, no ha sido el único en Choréachi, pues en 2016 y 2017, también fueron asesinados Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros.

Ante este panorama, la participación de la mujeres en la defensa de Choréachi también es riesgosa. Catalina García Ruíz es una de las defensoras de la comunidad rarámuri, y en el Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo, compartío la situación de no reconocimiento que sufren las mujeres sobre sus tierras. Señaló que a pesar del reconocimiento del Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se amparó para seguir sin reconocer la existencia de comunidades indígenas como propietarias de sus tierras.

“En Chihuahua, una mujer no es dueña de su tierra, si se muere su esposo, ella tiene que regresar de donde viene, porque no puede ser dueña de su territorio”, explicó Catalina.

Así lo confirma el Anuario 2017, Las actividades extractivas en México, de Fundar: “En buena medida, las mujeres no son dueñas de la tierra que suelen defender cuando ésta se encuentra amenazada por proyectos extractivos”.

Hopelchén, Campeche

A lo largo de 30 años, los sectores de inmobiliaria, turístico, agroindustrial y energético, se han expandido más allá de las necesidades de la población de la península de Yucatán, afectando los ecosistemas, territorios e incluso la salud.

En el 2013 con la Reforma Energética, y en el 2016 con la subasta eléctrica, fue impulsada la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera, ocupando hectáreas de territorio maya.

Por otro lado, en el 2011 se creó el Proyecto Transversal Trópico Húmedo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), con el objetivo de incrementar la superficie cultivable. Y a su vez se fomentaron los cultivos agroindustriales como la soya transgénica.

Para Angélica María defensora de la comunidad Hopelchén, el reto principal que enfrentan en la península es el extractivismo, en el que las siembras de soya transgénica o el Tren Maya en Calakmul, están acabando con todo lo que tienen.

“Duele que los proyectos están acabando con todo lo que tenemos. En el caso de la soya transgénica: la deforestación y el uso excesivo de agroquímicos, que con avionetas están fumigando nuestros niños”, reiteró Angélica María.

En la comunidad de Hopelchén su fuente de ingreso principal es la apicultura; sin embargo, el uso de agroquímicos ha llegado a afectar en su producción, desde el envenenamiento de abejas hasta el riesgo de contaminar con polen transgénico su miel.

“Los pueblos no queremos soya transgénica en nuestro municipio y las autoridades no nos están tomando en cuenta”, agregó.
Además, expuso las altas consecuencias de contaminación que dichos megaproyectos podrían tener en nuestra agua, provocando a su vez enfermedades; e insistió en la importancia de unirse a la lucha porque todos consumimos de la misma agua.

“Nosotras defendemos la tierra porque la tierra es nuestra madre, nos da de comer. […] Y es algo que nos llena de valor, de seguir luchando y decirle a más mujeres que debemos unirnos, alzar la voz y decir que aquí estamos, porque nosotras defendemos lo que es la vida y damos vida”, enfatizó.

Huexca, Morelos

Desde el 2011 con el ex presidente Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsó la Central de Ciclo Combinado (CCC Centro), uno de los proyectos con más ambición en Morelos.

Parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) incluía la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, la cual busca llevar energía al oriente de Morelos donde se encuentran diversas empresas trasnacionales.

En el 2012, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, prometió respeto a la voluntad del pueblo ante la pugna entre defensores del territorio que buscaban detener el territorio, sin embargo, tiempo después la Policía, bajo órdenes del dirigente, disolvieron un plantón.

Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reactivar las obras por medio de una revisión a pesar de que en el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya dado por concluido el PIM por ser violatorio de los derechos humanos de la gente.

Para Teresa Castellanos Ruiz, defensora de Huexca, ahora es el momento de que el presidente cumpla, “él dice que cumple con su palabra, que él no nos falla a los pueblos. Es momento de que cumpla cuando dice que está en contra de la minería, los gasoductos y todos aquellos”.

 

Fuente:https://www.zonadocs.mx/2019/09/09/mujeres-defensoras-contra-el-extractivismo/?fbclid=IwAR3Lu90ZpAUJ8nJeIa-pRtPJ8SLKTULp7krqElobPvlHvlUZKo2LQ3Fje0o

Mexico

Cerro de San Pedro no se olvida

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis

 

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3284-articulo-cerro-de-san-pedro-no-se-olvida

Mexico

Niños con ronchas y granos en la piel por contaminación

Presuntamente ocasionadas por la Minera Autlán, donde se procesa manganeso y se utiliza dinamita para derribar cerros

El Comisariado Ejidal de la comunidad de Chinconcuac-Tolago, Faustino Romero Silva, señaló a El Sol de Hidalgo que la contaminación que están generando las calderas de la Minera Autlán, han provocado que los menores de una institución educativa de esta misma localidad respiren diariamente olores desagradables.

Romero Silva recordó que por esta situación los menores de edad desde hace varios meses padecen de ronchas y granos en la piel, ya que esta compañía minera que procesa manganeso no ha hecho nada al respecto, sobre todo para frenar este problema de salud que podría extenderse a otras comunidades de la Sierra Alta.

De igual manera, los habitantes de la comunidad de Cuxhuacan, perteneciente al municipio de Tepehuacán de Guerrero, denunciaron que desde la llegada de la Minera Autlán el Río Claro está completamente contaminado por las descargas de líquidos y químicos, lo que ha generado la muerte de toda clase de peces y algunos animales vacunos por beber esta agua.

Fortunato Romero Silva, vecino del municipio de Lolotla, aseguró que hace falta urgentemente la construcción de plantas tratadoras de aguas, o en su defecto cerrar definitivamente la explotación de los cerros que han hecho durante más de 25 años y que solo ha generado mas perjuicios que beneficios para todos los serranos.

Uno de los manifestantes de la protesta que mantienen en el acceso principal a la Minera Autlán, Israel Bautista Paredes, confirmó a El Sol de Hidalgo, que esta compañía sigue utilizando dinamita para derribar los cerros, y esto ha provocado que decenas de viviendas estén completamente agrietadas, así como varios espacios públicos.

Cabe destacar que los inconformes de las diferentes comunidades de Lolotla y Molango, aseguraron que los directivos de esta empresa durante varios años solo han engañado a los habitantes y delegados, pues han prometido la pavimentación de calles y dotar de médicos en las casas de salud, lo que a la fecha no ha sucedido.

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/ninos-con-ronchas-y-granos-en-la-piel-por-contaminacion-4156471.html