Organizaciones ambientales y referentes locales advierten sobre los riesgos para el agua, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Recordaron antecedentes de resistencia y conflictos previos en la zona.
Claudia Alvarez Ferreyra 15/09/2026

Reunión en el Concejo Deliberante Reunión en el Concejo Deliberante gentileza
Vecinos de Metán preocupados por la posible reinstalación de un proyecto de minería a cielo abierto se reunieron con concejales y con los diputados provinciales Sergio López (LLA) y Rodrigo García (Por Salta). El proyecto, denominado Macacha, contempla tareas de exploración minera que la empresa Ajax Resources, con su subsidiaria argentina Ajax Salta SA, prevé desarrollar en la zona serrana.

De la reunión con los legisladores participaron integrantes de Vecinos Autoconvocados por un Ambiente Sano (VAPUMAS), la Fundación Árbol en Pie, militantes de derechos humanos, docentes y otros vecinos y vecinas. También asistió una representante de Vecinos de la Cuenca del Río Juramento.

El principal reclamo fue el acceso al estudio de impacto ambiental y la convocatoria a una audiencia pública.

“Todavía no tenemos el informe de impacto ambiental, es lo que estamos pidiendo, porque ellos tienen que presentarlo al público, al pueblo, porque eso hay que leerlo y estudiarlo. Tenemos nuestro plazo para poder ver qué es lo que dicen”, explicó a Salta/12, Graciela Rivadeo, integrante de VAPUMAS.

La vecina sostuvo que la comunidad se enteró del proyecto por noticias sobre una charla de la empresa en Río Piedras y Lumbreras. “Nosotros no sabíamos absolutamente nada”, afirmó.

“Es la segunda vez que vamos al Concejo, a través de una nota que presentó VAPUMAS, para que nos reciban. Obviamente que son nuestros representantes y nos tienen que escuchar”, agregó.

Más de 20 años de resistencia
El actual proyecto retoma el área del proyecto León, que generó un fuerte conflicto en Metán a mediados de la década de 2000. Los antecedentes citados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) identifican a Alexander Gold Group Limited como la empresa vinculada al proyecto.

“La minera estaba apostada en el cerro, en nuestro río Juramento, y luchamos casi diez años para sacarla”, recordó Rivadeo. Según relató, el primer estudio de impacto ambiental presentado por la empresa señaló “el 90% de impacto negativo”.

En 2007, los Concejos Deliberantes de Río Piedras, Metán y El Galpón aprobaron ocho declaraciones, ordenanzas y resoluciones vinculadas al rechazo de la actividad minera y a favor de la protección ambiental. Entre ellas, una ordenanza de Metán prohibió la explotación a cielo abierto de uranio, cobre, plata y oro.

El 25 de junio de 2008, Alexander Gold confirmó la suspensión por tiempo indeterminado de las actividades de exploración en León. La empresa atribuyó la decisión a la falta de claridad política, la ausencia de seguridad jurídica y las retenciones impositivas. En paralelo, las organizaciones que participaron de la resistencia cuestionaron el estudio ambiental y señalaron que el estudio ambiental había recibido 115 observaciones de la autoridad provincial.

Ignacio Roberto Nieva, integrante histórico de VAPUMAS y especialista en gestión de riesgos, recordó una frase que atribuyó al entonces gobernador Juan Manuel Urtubey: “no se va, la echamos”.

Además, Nieva denunció que cuando se retiró, la empresa Alexander Gold Group no hizo el cierre de la mina.

Según los registros citados por OCMAL, el proyecto incluía la exploración de uranio, cobre y plata.

Yungas y agua
Asimismo, Nieva cuestionó la ubicación del proyecto Macacha: “No existe ningún proyecto minero en Argentina en cerros con selva de montaña, en yunga. Si se mira en fotos satelitales dónde están ubicados los proyectos mineros, están todos sobre precordillera y cordillera”, explicó.

La zona del emprendimiento está también a 70 kilómetros del Parque Nacional El Rey, creado en 1948 para proteger ambientes de Yungas y de transición hacia el Chaco serrano.

El agua es otro de los principales puntos de conflicto. Ante los bajos niveles de las fuentes superficiales, la empresa había planteado extraer agua subterránea mediante pozos de bombeo.

En el departamento Metán, seis ríos y numerosos arroyos contribuyen al sistema del Juramento. El agua se utiliza para consumo humano y animal y para el riego de unas 15.000 hectáreas en Metán y 40.000 en Anta.

Nieva sostuvo que el método de lixiviación que la empresa pretendía utilizar había sido prohibido en Inglaterra años antes. La afirmación corresponde a su interpretación de los antecedentes del proyecto.

Rivadeo advirtió sobre las consecuencias que, según los vecinos, podría tener una eventual afectación de la cuenca: “va a afectar a todos los pueblos aledaños, como J. V. González, y va para el Paraná,} esa agüita, y del Paraná va al océano, contaminando todas las cuencas, porque van a ocupar el agua del Juramento”.

También comparó el riesgo con el conflicto generado por la planta de nitrato de amonio de Austin Powder en El Galpón: “Estamos ante el mismo riesgo que implicaba Austin para lo que es la cuenca, pero peor, porque Austin es una bomba de tiempo en una fábrica de nitrato de amonio, y acá (la minera) es una bomba de tiempo igualmente, porque dinamitan todos los cerros”.

“Yo como madre, abuela y defensora del medio ambiente, no puedo decir sí, vengan porque hay trabajo. Porque no. Porque no vamos a vivir más. Yo ya viví, pero a mis futuras generaciones, ¿qué les dejo? ¿Qué les dejamos a los pueblos aledaños que toman el agua de nuestros ríos, que nuestros cerros nos bañan con cinco ríos en Metán, que tenemos los afluentes debajo de los cerros? Es terrible”, expresó.

De León a Macacha: el negocio minero
Según información corporativa de Ajax Resources, su subsidiaria argentina Puna Metals SA obtuvo una opción para adquirir el 100% del proyecto León por US$3 millones. La opción puede ejercerse durante 36 meses después de la aprobación del estudio de impacto ambiental de exploración y extenderse otros 12 meses mediante el pago de US$1 millón.

Ajax acordó, además, invertir al menos US$1 millón en exploración y, si el proyecto llega a producción, el vendedor conservaría una regalía del 0,5% sobre los ingresos netos de fundición.

La empresa informó un recurso mineral estimado bajo el estándar JORC 2004 de 6,6 millones de toneladas, con 0,62% de cobre y 18 gramos por tonelada de plata.

El proyecto había sido explorado anteriormente por Alexander Mining plc, que, según Ajax, invirtió unos US$25 millones entre 2005 y 2010. Los trabajos históricos incluyeron pruebas de extracción a cielo abierto y recuperación mediante lixiviación en pilas.

Ahora el proyecto se llama Macacha, y para los vecinos el cambio también expresa una dimensión cultural del extractivismo. “Es una falta de respeto total por el nombre, porque sabemos quién es Macacha. Es la hermana del general Martín Miguel de Güemes”, sostuvo Rivadeo.

El proyecto comprende los depósitos El Plomo y El Cobre. Ajax Salta SA habría presentado el estudio de impacto ambiental y social del proyecto en abril, y esperaba que se lo aprobaran en un plazo de 60 a 90 días. Sin embargo, para los vecinos metanenses, ya con el estudio de impacto ambiental y social del proyecto León, quedaron demostrados los riesgos ambientales y consideran imposible que la empresa pueda argumentar lo contrario porque, entre otras cosas, el método extractivo sería el mismo.

Además, Ajax negocia con Madero Minerals SA un canje de activos que contempla la transferencia de El Salto, en Salta, y Rachaite, en Jujuy, mientras Madero adquiriría las acciones de Puna Metals, titular de otros proyectos. El Salto es contiguo a Macacha.

Intereses empresariales
En la reunión con los legisladores intervino Diego Pestaña, dueño de AGV Servicios Mineros y vinculado a Madero Minerals. Se presentó como asesor del diputado López y negó tener relación con el proyecto.

Nieva sostuvo que Pestaña figura en registros de la Secretaría de Minería como responsable de permisos de prospección. Una investigación del semanario Cuarto Poder señaló además que controla al menos 16 empresas mineras en Salta.

Rivadeo contó que el diputado López “dijo oficialmente, delante de todos, que él sí está de acuerdo con la minería”.

Los vecinos cuestionaron también los argumentos utilizados para promover la actividad. “Mienten, informan cosas a la gente que nosotros ya aprendimos de memoria”, dijo Rivadeo.

Y frente a las promesas de beneficios para la comunidad, respondió: “Zapatillas a las escuelas, la ambulancia para el hospital… pero hagamos una rifa en el pueblo y compremos una ambulancia. Les compramos zapatillas nosotros en la escuela, pero déjennos vivir en nuestro pueblo”.

Ambiente, riesgos y reclamos
Los vecinos también advierten sobre el riesgo sísmico. “Tenemos una línea geográfica en común entre Rosario de la Frontera, Metán, Libertador General San Martín y Orán, de una zona sísmica tres, de alto riesgo sísmico. Es una isla dentro de la zona dos. Se pretende hacer un emprendimiento minero donde hay dique de cola dentro de una zona sísmica de alto riesgo”, señaló Nieva.

Mencionó además que la zona tiene relevancia en cuanto al patrimonio cultural, ya que allí había vestigios de cementerios de los pueblos indígenas. Dijo que estos fueron hallados durante exploraciones anteriores y que incluso VAPUMAS hizo denuncias.

Maltrato libertario
Rivadeo también cuestionó el trato recibido de parte de los legisladores libertarios: “Nos tratan mal el diputado López con sus concejales. Nos dijeron que si somos ambientalistas, ¿por qué no vamos a levantar la basura que hay por todos lados, en los canales, en los basureros?”.

“¿Por qué nos tienen que tratar así? No podemos levantar la basura nosotros, para eso están los municipales o quien sea. Nosotros estamos defendiendo toda una serranía”, respondió.

El reclamo central de los vecinos y vecinas es que se convoque a una audiencia pública en Metán y que el estudio de impacto ambiental sea puesto a disposición de la comunidad antes de que avance cualquier nueva etapa del proyecto.
https://www.pagina12.com.ar/2026/09/15/metan-vecinos-rechazan-un-proyecto-de-megamineria-a-cielo-abierto-y-advierten-sobre-el-peligro-ambiental/

El gobernador aseguró que no le teme a discutir el desarrollo de la actividad y destacó su potencial para generar empleo. Sin embargo, advirtió que cualquier avance deberá contemplar el impacto ambiental y evitar los errores de 2021.
jueves 13 de agosto de 2026

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a referirse al debate sobre el desarrollo de la minería en la provincia y planteó una postura favorable a discutir nuevas alternativas productivas, aunque con una condición central: que cualquier proyecto cuente con licencia social.

“No le tengo miedo a esa discusión”, afirmó Torres durante el encuentro de AmCham Energy, donde se refirió al potencial minero de Chubut y a la necesidad de abordar el tema desde distintas perspectivas.

El mandatario sostuvo que la actividad representa una oportunidad para generar empleo y ampliar la matriz productiva de la provincia, aunque remarcó que el debate no puede limitarse al aspecto económico.

“Hay un potencial muy importante y es trabajo”, señaló, y agregó que también deben analizarse el impacto ambiental, el destino de los recursos que se exploten y las consecuencias sociales que eventualmente pueda generar la actividad.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, durante el encuentro de AmCham. (La Opinión Austral)
“Soy pro desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien”
Torres recordó que Chubut mantiene vigente una legislación que prohíbe el uso de cianuro en determinadas actividades vinculadas a la minería metalífera, pero aclaró que existen distintas modalidades de explotación minera y que la discusión debe contemplar cada una de ellas.

En ese sentido, destacó el potencial de los recursos ubicados en la Meseta chubutense y sostuvo que se trata de una oportunidad que la provincia debe analizar con seriedad.

Sin embargo, el gobernador tomó distancia de cualquier posibilidad de repetir el escenario que se produjo en diciembre de 2021, cuando la aprobación de la zonificación minera derivó en fuertes protestas y graves incidentes en distintos puntos de la provincia.

“Por dar mal esa discusión en su momento la Casa de Gobierno terminó prendida fuego y se perdió una oportunidad muy importante porque se hizo a oscuras, en una votación a las tres de la mañana, sin dar las discusiones que se tenían que dar”, recordó.

A partir de aquella experiencia, Torres aseguró que no está dispuesto a repetir el mismo camino. “Yo no voy a cometer los mismos errores del pasado, yo soy pro desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien”, sostuvo.

Ávila también reclamó retomar la discusión
Las declaraciones del gobernador se producen en medio de nuevos pedidos para reabrir el debate sobre la minería en Chubut.

Uno de ellos fue formulado por el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, quien planteó la necesidad de que la dirigencia política discuta alternativas productivas para la provincia.

El dirigente sindical sostuvo que existe temor dentro de la política a asumir el costo de abordar una cuestión que genera posiciones enfrentadas y consideró que se trata de una discusión que debería involucrar al conjunto de la sociedad chubutense.

En esa línea, Ávila puso como ejemplo a Santa Cruz, donde la actividad minera tiene un desarrollo significativo, y cuestionó que Chubut continúe postergando el debate sobre el aprovechamiento de sus recursos.

El planteo vuelve a poner a la minería en el centro de la agenda provincial, mientras el Gobierno sostiene que cualquier eventual avance deberá surgir de una discusión abierta, con participación social y controles ambientales, y no de una decisión tomada a espaldas de la comunidad.
https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2026/08/13/160615-torres-no-le-tengo-miedo-a-discutir-la-mineria-pero-debe-tener-licencia-social

Treinta localidades. Dieciséis provincias. Ciento cincuenta entrevistas. «Tierra y Dignidad» es una foto de las últimas tres décadas, que busca dar cuenta de lo que sucede en los territorios del país y sobre todo reflejar el hacer de comunidades indígenas, movimientos campesinos y asambleas socioambientales que construyen caminos donde lo colectivo, la vida y la solidaridad son lo prioritario. Territorios que se organizaron para enfrentar la injusticia, tierras de comunidades que dicen “no” ante un modelo depredador y, al mismo tiempo, construyen alternativas, lejos de los reflectores mediáticos y de los espacios de poder, organizaciones que crecen con autonomía, dificultades y alegrías. Se trata de territorios de dignidad, donde se siembra presente y futuro. Un libro publicado por Editorial Sudestada.
Por Darío Aranda
Desde Eldorado hasta Esquel. De Las Lomitas a Loncopué. De Andalgalá a Guadalupe Norte. Son personas que no aparecen en redes sociales ni en grandes medios de comunicación. No aspiran al “éxito” que ofrece el sistema ni se acercan al poder de turno. Participan de espacios colectivos que priorizan el cuidado del agua, el aire, el territorio, la vida. Y están empecinadas en construir alternativas al capitalismo que depreda la tierra. Son familias campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de base y asambleas socioambientales.

Desde hace décadas afirman que el modelo de país –a base de agronegocio, petróleo, minería, forestales, megarepresas y energía nuclear– es un nuevo capítulo de los espejitos de colores que lleva 500 años, una trampa no solo económica, sino (y sobre todo) política, con amplias consecuencias sociales,ambientales y sanitarias.

Un modelo extractivo que fue (y es) piedra basal de todos los gobiernos. Protagonizado por grandes empresas y presidentes, gobernadores, legisladores e intendentes, jueces y fiscales, que no aceptan alternativas a la de exprimir territorios y vidas. “Los supuestos representantes del pueblo no son gobernantes, son gerentes ejecutores de las grandes empresas y de los terratenientes”, denuncia Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tafí del Valle (Tucumán).

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Las pruebas, voces y estudios de las consecuencias del modelo extractivo son contundentes. Solo a modo de ejemplo: la concentración de la tierra se supera año a año. El 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 por ciento de la tierra; y el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) cuenta con solo el 2 por ciento de la tierra. Argentina experimenta una reforma agraria pero al revés, donde muy pocos tienen casi todo, y muchos no tienen casi nada. Las zonas de megaminería, como Andalgalá y Jáchal, son de las regiones más pobres del país. En las localidades donde se explota Vaca Muerta, “las mayores reservas” de hidrocarburos no convencionales, no hay gas natural para la población, y hasta se siguen calefaccionando con leña. En Añelo, epicentro petrolero, existen más prostíbulos que escuelas: es el “desarrollo” que brinda el extractivismo.

Las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos aumentaron exponencialmente en las regiones del agronegocio. “Epidemia de cáncer en zonas sojeras”, denuncian los pueblos fumigados, desde Avia Terai (Chaco) a Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), de Ituzaingó Anexo (Córdoba) a San Jorge (Santa Fe). Desastre sanitario también confirmado con cientos de estudios científicos. “Es un experimento masivo a cielo abierto. No pueden tapar el sol con la mano”, había alertado el científico Andrés Carrasco en 2009.

En un país donde las pruebas son irrefutables, igual se reproducen discursos mediáticos, desde grandes medios de comunicación hasta los inefables “influencers”, que llaman a explotar la naturaleza o, en el mejor de los casos, a hacerlo con “cuidado”, como si se pudiera desmontar millones de hectáreas o detonar montañas de forma “sustentable”.

Cuando la realidad está alterada de forma extrema es necesario buscar otras categorías de análisis para poder pensar el presente, luego accionar y transformar la realidad. Con una pobreza del 50 por ciento, con un millón de niños que no pueden cenar cada noche (datos de Unicef), con jubilaciones que condenan a la miseria y una política que, con complicidad judicial, arrasa territorios, no alcanza con decir que se trata solo de un modelo económico. Otra categoría posible para pensar la realidad: “Nos han declarado la guerra”, explicaron en numerosas oportunidades los zapatistas, en referencia a las políticas económicas, sociales y represivas que padecen.

Es explícito el desprecio, la crueldad y el cinismo del poder, la violencia de los de arriba contra los de abajo.

El lonko mapuche Mauro Millán resumió la situación actual: “Nuestra lucha es por la existencia de los pueblos”. Desde hace años que en Catamarca y San Juan se denuncia la “dictadura minera”, donde las asambleas plantean con claros ejemplos cómo las multinacionales extractivas manejan a su antojo a gobernadores, legisladores y al Poder Judicial.

A quienes viven en ciudades, y a quienes no salen de la realpolitik (esa forma de actuar, con más pragmatismo que coherencia ideológica) ni traspasan la Avenida General Paz, les parece exagerado hablar de “dictaduras mineras” y de “guerras” por la vida. Quizá unos días en Andalgalá, Salinas Grandes (epicentro de la disputa por el litio), Las Lomitas (Formosa), Aristóbulo del Valle (Misiones) o Las Lajitas (Salta) hagan cambiar de parecer. Lugares donde el poder económico hace lo que quiere, con total complicidad política y judicial.

“Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato”, resume con precisión el diaguita Marcos Pastrana.

En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, se hizo “normal” ver personas en busca de alimentos en la basura –cuerpos sumergidos en contenedores olorosos–, familias enteras viviendo en plazas y bajo autopistas, cajeros bancarios como refugio de personas sin casa. “Daños colaterales”, como llaman en las guerras, para contentar a los especuladores internacionales y al FMI.

“La verdadera división que hay que hacer es entre quienes están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega”, afirmaba el histórico dirigente sindical Agustín Tosco.

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El extractivismo no es un modelo nuevo. Toda la ingeniería legal moderna fue sancionada en la década menemista. E implementada en los territorios durante todos los gobiernos siguientes. Pero también es un modelo que lleva 200 años, desde la conformación de los Estados, y un modelo de cinco siglos.

Tiempos de guerra contra los de abajo, contra quienes defienden la tierra. Y en la primera trinchera están las comunidades indígenas, pueblos milenarios que –a pesar de los siglos de represión– saben lo que es resistir y construir futuros.

La invitación es sencilla. Con la herramienta básica del periodismo: recorrer cerros, estepas y montes, escuchar a quienes viven en los lugares, observar sin intermediarios, escribir sobre esas realidades, dar cuenta de las injusticias y sueños de esa Argentina tan castigada como hermosa, sufrida y alegre, tierra arrasada donde –a pesar de todo– se siembra todos los días.

El periodista solo como puente entre las personas y realidades para ser conocidas en otras latitudes. El periodismo como un oficio, como un carpintero que talla y lija una madera que luego será compartida.

Son 31 crónicas desde los lugares de los hechos. Porque mantiene vigencia la frase “la cabeza piensa según donde andan los pies”. Y el periodismo es contar lo que pasa, desde el lugar de los hechos, priorizando esas voces que dicen acá estamos, así somos, esto padecemos, esto soñamos.

En tres décadas pasaron ocho gobiernos, avanzó el modelo extractivo, se multiplicaron las resistencias, crecieron las hectáreas con agroecología, las organizaciones tuvieron cambios (algunas muy críticas pasaron a ser oficialistas), las corporaciones se unieron, el periodismo profundizó su decadencia, la casta política y judicial se volvió más servil al poder. Y la construcción de un mundo mejor sigue siendo motor de miles que no se quedan callados ni quietos ante tanta injusticia.

Tierra y dignidad es una foto de las últimas tres décadas, que busca dar cuenta de lo que sucede en los territorios del país, pero también reflejar el hacer de comunidades indígenas, movimientos campesinos y asambleas socioambientales que construyen caminos donde lo colectivo, la vida y la solidaridad son lo prioritario. Territorios que se organizaron para enfrentar la injusticia, de comunidades que dicen “no” ante un modelo depredador y, al mismo tiempo, construyen alternativas, lejos de los reflectores mediáticos y de los espacios de poder, organizaciones que crecen con autonomía, dificultades y alegrías. Se trata de territorios de dignidad, donde se siembra presente y futuro.

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*Tierra y Dignidad se puede conseguir en este link (https://www.libreriasudestada.com.ar/productos/tierra-y-dignidad-dario-aranda-17hmm/). Y se presentará el viernes 31 de julio en Librería Sudestada (Tucumán 1559, de Capital Federal, a las 19 horas).

Un dictamen del fiscal jefe Sebastián Capizzi, pide el sobreseimiento de los ambientalistas imputados en la causa por las protestas contra la minería en Uspallata.
Laura Fiochetta 17/06/2026

Un dictamen del procurador adjunto marca un giro en la causa contra los ambientalistas imputados por la protesta de Uspallata. 
Un dictamen del procurador adjunto marca un giro en la causa contra los ambientalistas imputados por la protesta de Uspallata.

Rodrigo D’Angelo / MDZ
Este martes 16 de junio, el fiscal jefe Sebastián Capizzi, emitió un dictamen pidiendo el sobreseimiento de los ambientalistas imputados en la causa por protestar en Uspallata el año pasado contra la minería, concretamente contra la instalación de la minera San Jorge que ya está operando en la zona.

En su escrito, se pone en contra de la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez quien en enero del 2025 calificó una protesta de vecinos como «organización criminal». Capizzi sostuvo que la defensa del ambiente configura un derecho constitucional, por lo tanto, pidió el sobreseimiento de los imputados.

logros, sinsabores y preguntas incomodas sobre los duenos de san jorge

Cobre Mendocino.
El hecho más importante ocurrió el 24 de enero, cuando se intentó inaugurar una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Vecinos y asambleas ambientalistas se manifestaron en rechazo a la minería metalífera, mientras que trabajadores y sectores vinculados a la actividad minera, entre ellos integrantes de la UOCRA, participaron en apoyo al proyecto. La situación derivó en enfrentamientos, agresiones, daños materiales y una fuerte tensión política y social.

La marcha contra San Jorge y los actores que ya no juegan.

Qué dice el dictamen que podría cambiar la causa
Entre sus argumentos, Capizzi sostiene que: «La narración del caso colocó en un extremo a quienes apoyan la actividad minera de la zona: afiliados de la UOCRA, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, autoridades de la cámara referida, Autoridades de la Intendencia de Las Heras y del Gobierno de Mendoza y otros empresarios afines invitados. En el otro extremo, se dirige la acusación contra «un número tumultuoso de aproximadamente 70 personas» que se manifestaban contra la actividad minera proyectada para desarrollarse en la localidad de Uspallata, integrado por personas que pertenecen y toman parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas anti mineras por el temor y la fuerza»

En ese sentido agrega: «Ese punto de partida de la teoría que formula el titular de la acción es sumamente relevante, de acuerdo al principio de objetividad señalado, porque el sistema normativo vigente impone al Estado deberes específicos que ordenan ciertos horizontes de comprensión y resolución de los conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente. Para empezar, el artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales».

Para argumentar por qué deben ser sobreseídos los imputados, suma: «(…) los Estados tienen la obligación de identificar, revisar y eventualmente derogar normas que se utilicen para criminalizar a personas defensoras del ambiente, así como de establecer procedimientos que permitan desestimar tempranamente acciones judiciales en su contra. Concretamente, las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras ambientales también pueden estar vinculadas a la criminalización de sus actividades a través del uso indebido de la ley para restringir dichas actividades, otras formas de acoso judicial, detenciones arbitrarias y condenas con penas desproporcionadas».

Las conclusiones del dictamen de Capizzi sobre los ambientalistas
Para terminar, Capizzi concluye que «reconociendo la potencia de esos antecedentes normativos resulta cuestionable encuadrar lisa y llanamente la forma grupal de ejercer la defensa ambiental como una organización criminal peligrosa contra el orden público, y, con ello, responsabilizar a las personas físicas solo por su pertenencia a dicho colectivo. Debe ser cuestionada esa calificación jurídica penal, justamente, porque su empleo indiscriminado o automático puede producir en sus participantes un efecto amedrentador y una conculcación directa de su libertad de expresión, de reunión, y, en general, de su derecho autónomo a defender derechos humanos».

Por eso, pide el sobreseimiento. «En definitiva, entiendo que debe postularse la falta de relevancia penal de la acción de organizar o tomar parte de una organización destinada a la defensa del ambiente, y diferenciarse de las lesiones o amenazas concretas a bienes jurídicos ajenos fundamentales que, en el contexto de esa reunión, expresión y protesta, se hayan consumado de una manera injustificada. Es por todo ello que correspondería solicitar el sobreseimiento de los imputados por el delito previsto en el art. 213 bis del Código Penal (art. 353 inc. 2 del Código Procesal Penal)».

Qué dice la defensa de los ambientalistas imputados
El abogado Alfredo Guevara Escayola emitió un comunicado en el que hizo público el dictamen. En esa nota, sostuvo que: «El dictamen del fiscal jefe descalifica completamente la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez desde enero de 2025, quien instrumentó la versión del gobierno provincial para presentar a los vecinos como terroristas, siendo premiado con su designación por el Senado a fines del año pasado. El fiscal Sánchez ha sido denunciado por prevaricato y privación ilegítima de la libertad».

Además, subraya que: «El dictamen se fundamenta en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH y el Acuerdo de Escazú, que prohíben expresamente la criminalización de defensores ambientales.El Procurador sostiene que la defensa del ambiente configura un derecho constitucional merecedor de amparo reforzado, resulta incompatible criminalizar a personas por organizarse con esa finalidad, y corresponde solicitar el sobreseimiento por el artículo 213 bis».

Aunque, se distancia en un punto de lo determinado por Sánchez: «Sin embargo, el Procurador no adopta medida alguna contra el fiscal Sánchez, permitiendo que siga al frente de una investigación que evidencia la instrumentalización del Poder Judicial por el poder político y económico».

Qué podría pasar con la causa
El dictamen de Capizzi no es vinculante, es decir que es una opinión, sin embargo se trata de un jefe de fiscales lo que podría marcar el rumbo de la causa.

Para eso,hay que esperar cómo continúa esta investigación judicial aunque lo marcado por Capizzi sienta antecedentes para otras causas similares que existen en la provincia por detenciones en medio de protestas contra la minería metalífera, siempre y cuando estén bajo la calificación de «organización criminal» como a los vecinos de Uspallata.
https://www.mdzol.com/politica/el-inesperado-giro-la-causa-contra-los-ambientalistas-uspallata-n1545300#google_vignette