Argentina, Sin categoría

Argentina suma democracia ambiental: Se ratificó el acuerdo de Escazú

Fuente:FARN
“La ratificación de Escazú se logró en un momento clave, ya que el Acuerdo otorga herramientas fundamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y sus muy severas consecuencias económicas y sociales. Cuando, además, la crisis climática nos golpea de manera directa al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio nacional, todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no solo bienvenido, sino absolutamente necesario. Por eso celebramos que Argentina se haya convertido en el décimo país en ratificar. Estamos, ahora sí, a un paso de la entrada en vigor. ¡Sigamos pidiendo #EscazúAhora!”. Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

“El Acuerdo de Escazú garantiza a mi generación que no se sigan tomando decisiones a nuestras espaldas que pongan en riesgo nuestro futuro”. Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina y representante por Argentina del Acuerdo de Escazú.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020. – Con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “’Acuerdo de Escazú’’, al que más de 220 organizaciones y más de 400 personas individuales ya habían manifestado su adhesión.

Así, nuestro país -que había sido un actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado- se convirtió en el 10° de la región en concretar su ratificación. Para que finalmente entre en vigor, se necesita alcanzar la ratificación en al menos 1 país más (11 en total).

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales. Es, a su vez, el primero en el mundo que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, la región donde más personas son asesinadas por año por realizar esa tarea (Global Witness, 2020).

La efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe significará un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.

CONTACTOS
Andrés Nápoli: +5491144965055
Nicole Becker +5491156945012

Argentina

Qué significa «eliminar obstáculos»? ¿A quiénes representa Hensel?

17/09/2020
¿Qué significa «eliminar obstáculos»? ¿A quiénes representa Hensel?
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, destacó este martes la necesidad de «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector y advirtió que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido, los inversores van a elegir a los vecinos».
Fuente: TELAM
“Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo” decía Abraham Maslow, y parece ser el caso de Alberto Hensel. ¿Qué significa «eliminar obstáculos» ? ¿Bajar retenciones para asegurarle mayores ganancias a las corporaciones? ¿Acallar a las comunidades que nos oponemos a la megaminería? ¿A quiénes representa Hensel?

Hensel consideró que la aplicación de retenciones a las exportaciones «no es el mejor camino para desarrollar la minería», y llamó a «definir modelos económico-financieros que hasta ahora no se aplicaron en América Latina», al hablar hoy durante un encuentro virtual organizado por el Instituto para el Derecho Minero (Iadem).

El Iadem es un foro de análisis del contexto jurídico de la actividad minera en el país y realiza una serie de encuentros virtuales en la cual se desarrolló el de hoy sobre «Inversiones Mineras en Argentina: Escenario Actual y Post Covid-19».

En ese mismo ámbito, la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo confió en que se puedan «viabilizar en el corto y mediano plazo» proyectos que demandarán «cerca de US$ 20.000 millones», vinculados a la producción de oro, plata cobre y litio.

Al respecto, Hensel, llamó a «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector, al entender que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido los inversores van a elegir a los vecinos», como Chile y Perú.

Para Hensel, la minería «puede contribuir mucho a la salida de la crisis: hemos perdido muchas oportunidades y necesitamos inversiones para crecer, producir, exportar y generar divisas, de manera de poder cumplir con los compromisos internos y externos».

El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo, instó a «generar las condiciones fiscales, regulatorias y ambientales que faciliten la inversión en un sector estratégico, a partir del creciente consenso social que se registra sobre la actividad».

La industria minera es uno de los ejes productivos que podría generar millonarias inversiones, desarrollo regional, puestos de trabajo genuinos, al punto que el Gobierno estima que de los actuales US$ 3.200 millones de ingresos anuales por exportaciones podrían multiplicarse hasta más de US$ 10.500 millones en los próximos 10 años.

La Secretaría se encuentra desarrollando una mesa de consenso que permitirá antes de fin de año elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.

Hensel también aludió a las manifestaciones antimineras en Mendoza, a comienzos de año, con «discursos cargados de slogans contra la actividad y muy poco basados en conocimiento científico objetivo», y evaluó que «no podemos estar siempre discutiendo la minería, sino cómo la hacemos».

«Sería absolutamente desatinado no tener en cuenta los recursos disponibles y no ponerlos al servicio de la generación de empleos y riquezas», sostuvo.

El funcionario alertó que «a corto plazo la minería viene en descenso, como se ve con las exportaciones, y si no revertimos la situación actual vamos a terminar perdiendo dos tercios de esos envíos, que ya son exiguos».

El secretario consideró, por otra parte, que la ley de Glaciares «es una espada de Damocles sobre la minería», a la vez que señaló el eventual impacto de la Ley de Humedales.

La subsecretaria de Desarrollo Minero recordó, a su vez, que el programa de Promoción y Reactivación de Inversiones Mineras apunta a un análisis proyecto por proyecto.

«El objetivo es analizar técnica, económica, social, ambiental, territorial, financiera, jurídica y tributariamente aquellos proyectos que presentan un estado avanzado de exploración y, por ende, están próximos a lograr su factibilidad», detalló Rópolo.

La funcionaria indicó que las inversiones mineras previstas en exploración, construcción y sostenimiento serán de US$ 879 millones en 2020, frente a US$ 1.193 millones el año pasado y US$ 998 millones en 2018.

Los recursos destinados a sostenimiento, explicó Rópolo, dependen «de la reactivación pospandemia», mientras las tareas de construcción de diferentes escalas «se han visto afectadas y demoradas» por el impacto del coronavirus.

En materia de exploración, en tanto, se espera un descenso del 20% de las inversiones (de US$ 240 millones en 2019 a US$ 192 millones este año, y se concentrarán principalmente en los proyectos de oro, litio, cobre y plata.

Rópolo destacó por último las perspectivas del sector a partir de las 16 operaciones en curso (metalíferas y de litio) y las siete en construcción (con tres ampliaciones en marcha).

Contabilizó además los nueve proyectos en etapa de factibilidad (incluyendo los de Lama Pascua, Potasio Río Colorado y Pachón, con reingeniería de factibilidad); siete en prefactibilidad; 13 con evaluación económica preliminar; 26 en exploración avanzada y 250 en exploración inicial.
https://noalamina.org/argentina/item/44304-que-significa-eliminar-obstaculos-a-quien-representa-hensel

Argentina

El Gobierno de San Juan pide que se explote Lama

18/09/2020
Frente a la decisión del Tribunal Ambiental de Chile, conocida ayer, de disponer el cierre definitivo del proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, el Gobierno de San Juan volvió a pedirle a Barrick que explote el proyecto del lado argentino. La minera ya venía contemplando esa posibilidad, aunque el método de extracción será más caro, con su socia Shandong Gold. El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo que incluso no hace falta hacer una nueva concesión porque la canadiense ya posee los derechos de explotación.

Fuente: Diario de Cuyo

El Primer Tribunal Ambiental del vecino país decidió la clausura total y definitiva de la iniciativa y mantuvo la multa de unos 9,2 millones de dólares impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) (ver aparte).

Conocida la noticia, el ministro Astudillo dijo que la minera ya venía trabajando, a pedido del Gobierno sanjuanino, en esa alternativa, e incluso estaba realizando un estudio de metalurgia para contemplar la posibilidad de utilizar el sistema que ya posee Barrick para la explotación de Veladero.

Según fuentes del sector, para la empresa no implicará un cambio de condiciones porque ya venían trabajando en esa alternativa. Oficialmente, desde la empresa, ayer no se pronunciaron sobre la actitud que van a seguir y recién lo harán hoy. Según fuentes del sector consultadas, no es una opción que Barrick vaya a dar a conocer que se retira del proyecto.

El proyecto Pascua-Lama, de oro y plata, está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones con la intención de que estuviera operativa en el 2014, pero un año antes, en la Justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Ahora se conoció la noticia de la decisión del cierre definitivo del proyecto.

El problema que enfrenta la minera es que el método de explotación que debería emplear para avanzar con Lama es más complejo y de mayor costo, explicó el ministro. «Hay que hacer un tratamiento más complejo, que demanda una trituración del mineral más pequeña, que se define para aumentar el grado de liberación. Eso entra a unas celdas de flotación, donde el mineral flota, pero lleva mayor trituración, celdas de flotación, sacar un concentrado y después viene el proceso metalúrgico de separación en fundición y separación. Todo implica mayores costos», dijo Astudillo.

Sobre los pasos a seguir, el funcionario sostuvo que «Barrick debe presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación y obtener todos los permisos ambientales». Y aclaró que no hace falta hacer una nueva concesión para que avance con Lama «porque ya la tienen», sostuvo. Y agregó que «si ellos mantienen los derechos de la concesión sigue siendo de ellos, si no entrará por ley en manos del IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras), que tendrá un tiempo razonable para llamar a una licitación y podrá venir otro oferente o no».

En julio del 2018, la canadiense Barrick ya había firmado un acuerdo con los chinos de Shandong Gold para realizaron un estudio que contemplaba la explotación de Lama, del lado argentino.

Cálculo

1 Millón. Es la cantidad de onzas de oro que se estima que hay en el yacimiento de Lama, según estudios realizados.

Tiempo

7 Es la cantidad de años transcurridos desde que la Justicia chilena dispuso frenar el emprendimiento minero binacional.

Intención

En el Gobierno sanjuanino ya vienen trabajando en un plan para exigirles a las empresas que avancen con el desarrollo de los proyectos que tienen en marcha. «De nada sirve que tengamos el mineral en los cerros, hay que extraerlos», dijo el ministro Carlos Astudillo.

Justicia chilena

El Primer Tribunal Ambiental de Chile decidió ayer la clausura total y definitiva del proyecto binacional Pascua-Lama. El ministro presidente del cuerpo, Mauricio Oviedo, explicó que el fallo reafirma que el proyecto no cumplió a cabalidad con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que llevó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a aplicar a la minera diversas sanciones por infracciones calificadas como graves.

En total fueron cinco los cargos de clausura levantados por la SMA en el 2018, de los cuales, la sentencia tuvo en cuenta tres de ellos. Son los que tienen relación con incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y glaciaretes; al monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho; y la utilización de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada.
https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/44309-el-gobierno-de-san-juan-pide-que-se-explote-lama

Argentina

Reprimir al pueblo Mapuche: un debate pre-moderno

La permanente vigencia de la lucha de los pueblos originarios por una legislación que finalmente los ampare
Damián Andrada*
Mapuches FOTO: CEDOC PERFIL

Acontramano de quienes piden la represión y el desalojo de las comunidades Mapuche, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina reconoce a los indígenas como pueblos preexistentes y obliga al Estado a entregar tierras aptas para su supervivencia, al mismo tiempo que la Ley 26.160 impide desde 2006 los desalojos. Hoy, el conflicto se origina en el interés económico del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar las tierras de los pueblos originarios.

El debate público precisa que los medios nacionales acerquen sus micrófonos a los Mapuche, mientras que la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. La Patagonia queda lejos de la Ciudad de Buenos Aires y, más lejos aún, de sus medios de comunicación que miran la realidad desde el centralismo porteño.
Es la única explicación posible para entender por qué todavía no se escuchan voces indígenas para explicar el mal llamado “conflicto Mapuche”. Decimos que es equivocado llamarlo así porque los Mapuche no son el conflicto, el conflicto es del Estado Nación argentino: de nuestro país, nuestra nación y nuestro Estado, que se fundó sobre la base de un genocidio.
Estar orgulloso de esta tierra no implica desconocer los errores del pasado. Refutando a quienes piden represión para mover a los Mapuche de sus tierras, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina es bastante claro en “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, es decir, existen desde antes de la independencia del Estado argentino en 1816. Pero, más importante aún, también señala su necesidad de tierras: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Como si un artículo de la Constitución fuera insuficiente, el 1° de noviembre de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias y, en su artículo 2, suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. No es menor señalar que esta Ley de Emergencia fue prorrogada en 2009 y 2013 durante el primer y segundo mandato de Cristina Kirchner, y en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esto significa que la ley goza de un consenso pocas veces visto, dado que ha tenido el apoyo de tres presidentes de la República y de cuatro cuerpos legislativos que la votaron por unanimidad.

Como ordena la Ley 26.160, el Poder Judicial no puede autorizar el desalojo o la desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan. Resta aún cumplir con el segundo objetivo de la ley: realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas. Para ello es necesario que el Estado argentino destine recursos económicos.

Según un Informe de Amnistía Internacional, a 13 años de su sanción solo se ejecutó un 57% de los relevamientos y apenas el 38% fue concluido. Al desinterés de los gobiernos para completar este relevamiento se suma también el interés de las empresas del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar los territorios indígenas para usufructuarlos. Son lógicas antagónicas: mientras los pueblos originarios necesitan a la tierra para vivir, el capital económico utiliza la tierra para generar ganancias.

Desde la mirada occidental, es probable que muchos ciudadanos y ciudadanas valoren la lógica del capital. La pregunta es qué pensarían si mientras van al supermercado a hacer las compras, sus departamentos fueran ocupados por personas que aseguran haber comprado esa vivienda. Y que luego, el discurso del usurpador saliera en los medios de comunicación diciendo que el dueño legítimo es un violento que le quiere quitar su propiedad.

De este modo, lo que en los medios porteños aparece como “conflicto Mapuche” o se equipara con una “toma de tierras” en el Conurbano bonaerense, para el Pueblo Mapuche forma parte de un proceso de recuperación territorial que pone fin a una usurpación. Y a la lógica de la ganancia, oponen la lógica de la Ñuke Mapu (Madre Tierra, en mapudungún) y de sus ancestros: “Vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes. Por la memoria de Rafita Nahuel”.

Esto es lo que intenta explicar y traducir desde Río Negro el periodista Santiago Rey, una de las voces más respetadas para explicar el conflicto: “Lo que sí hay es intereses inmobiliarios y turísticos dentro del parque Nacional Nahuel Huapi y en la zona cordillerana patagónica. Tienen un enorme valor en temas turísticos, paisajísticos y energéticos. Y no hay nadie que defienda con más ahínco el estado natural que tiene la región como el Pueblo Mapuche, que es un pueblo perteneciente a esta tierra. No son los negocios inmobiliarios y, mucho menos, las empresas extractivistas y energéticas quienes protegen el medio ambiente. Por el contrario son estas comunidades Mapuche las que se han ido erigiendo en defensores de este territorio”.

Y estos son los discursos que hoy no están circulando en el debate público. Y que son necesarios escuchar. Menos presentes aún están las propias voces Mapuche. En su programa de radio del 31 de agosto, Ernesto Tenembaum optó por darle un enfoque diferente a las tomas de tierras en el Conurbano: entrevistó a Ana Rolón, una mujer que está ocupando un terreno en Guernica junto a sus hijos. “A mí me avergüenza como periodista, como argentino y como persona que vos tengas que vivir la situación que estás viviendo. Me da un dolor terrible y me parece que todo el mundo debería escuchar esta nota y sensibilizarse, habla muy mal de nuestra sociedad que vos estés teniendo que explicar lo obvio”, despidió el periodista a la entrevistada.

¿Cuánto más se enriquecería el debate si los medios y periodistas porteños recogieran los testimonios de los líderes y lideresas del Pueblo Mapuche, y sus comunidades en resistencia? ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires? El conflicto que el Estado argentino y los sectores empresariales tienen con el Pueblo Mapuche por la ocupación de sus territorios es complejo. Porque para los pueblos originarios la tierra es la vida. Y el intento de simplificar el problema criminalizando a las comunidades no ayuda.

Al contrario, agrava el conflicto. En 2017, el entonces Gobierno promovió el debate público en torno al “terrorismo mapuche”: construyó un enemigo interno junto a medios y periodistas afines que intentaron legitimar la represión de Gendarmería y Prefectura. Esa estrategia terminó con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A la luz de estos acontecimientos, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, deberían repensar sus declaraciones. Por el contrario, quien sí parece comprender la complejidad del conflicto es el Presidente Alberto Fernández.

En su extensa entrevista en “A dos voces”, el periodista Marcelo Bonelli le consultó por los “ocupas” y los “vivos” del sur, ante lo cual el Presidente respondió: “La discusión es mucho más compleja. Y como quiero ser riguroso, soy cuidadoso. Nosotros tenemos un sistema legal que le reconoce a los pueblos originarios derechos. Y hay muchos pueblos originarios que dicen haber sido excluidos de las tierras donde originalmente estaban. Ese es un tema que hay que resolver. Y no se resuelve con violencia de ningún lado. Ni ocupando ni sacándolos a patadas. Hay que evitar la ocupación, claramente hay que evitarla.

Y tampoco la solución es sacarlos a patadas como algunos quieren”. Esta visión se refleja en “el camino del diálogo” propuesto por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien también es Doctora en Antropología Social. La mirada es compartida por la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, que como Senadora por Río Negro en 2018 presentó un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. ¿El Presidente que declaró a internet como servicio público y decretó el cupo laboral trans, impulsará este proyecto de ley? ¿La prensa lo discutirá como posible solución a un conflicto histórico? Al igual que el resto de Latinoamérica, el Estado nación argentino se construyó bajó la muerte y usurpación de tierras indígenas.

Es un conflicto que lleva, por lo menos, dos siglos. Y es falso pensar que apareció en los últimos años. Al contrario: en los últimos años estamos observando el resultado de esconder durante décadas el conflicto. Y también estamos presenciando las consecuencias de las nuevas usurpaciones de tierras de las empresas transnacionales y las inmobiliarias con el aval del Estado nacional y provincial. ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires?   Pensar que la solución es la represión es un debate pre-moderno. Además de haber demostrado su ineficacia.

Lejos de las balas, la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. Más y mejor diálogo. No menos. La represión y la cárcel agravan el conflicto, como bien se observa del otro lado de la Cordillera de los Andes. El Estado argentino tiene aún tiempo para evitar que el conflicto escale, conformar mesas de diálogo, completar el relevamiento de las tierras indígenas que exige la Ley 26.160 y gestionar la entrega de tierras aptas para el desarrollo de los pueblos originarios que señala la Constitución Nacional.

* Magister en Ciencia Política y Sociología por Flacso Argentina, editor general de la revista Debates Indígenas y compilador del libro “Hacia un periodismo indígena”. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de «share» o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a [email protected]

https://www.perfil.com/noticias/opinion/damian-andrada-reprimir-pueblo-mapuche-debate-pre-moderno.phtml

Argentina

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

31/08/2020
La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector y desde CAEM celebran que se debata “cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla”. En los encuentros realizados no participó el Ministerio de Ambiente.
Fuente: La opinión austral
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional. De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) , Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”. En este punto hizo específica referencia a la oposición en Chubut: “… la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce. Una chicana bien conocida por el pueblo chubutense que claramente ha decidido que apoya las propuestas verdaderamente sustentables y que la megaminería no encaja en esa categoría.

En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”. Llamativa afirmación toda vez que la minería fue declarada actividad esencial a pesar de los pueblos.

El dirigente gremial planteó temas como “…la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”

La Secretaría de Minería buscó abarcar el arco empresario con la invitación a directivos de empresas mineras como Gustavo Burgwardt, de Burgwardt Minera; Nicolás Bareta de Yamana Gold y Marcelo Álvarez de Barrick -además de Carlocchia como presidente de CAEM-, y a los inversores Carlos Miguens de Patagonia Gold y también a un representante del Grupo Irsa, muchas otras compañías con importantes proyectos en marcha en el país no fueron incluidas en la convocatoria y, por el momento, tampoco se han informado sobre los avances en el proceso.
Las exportaciones mineras se redujeron entre 2012 y 2019 un 36% bajando de USD 5.000 a 3.200 millones.

Hensel señaló a los referentes conectados: “Esta invitación no debe ser el plan de un gobierno ni el de una secretaría, sino el aporte de todos los sectores involucrados…”. Y agregó: “Debemos lograr una visión consensuada y articulada aún en los disensos para que de esta manera podamos determinar el rol que la minería debiera tener o le asignaremos en el desarrollo económico y social de nuestro país”. Una visión totalmente sesgada que pone en evidencia el ninguneo de los pueblos a los que condenan a la contaminación y la miseria con estos proyectos.

De acuerdo con un documento de la Secretaría que comanda Hensel, la Cartera de proyectos mineros del país llega a los 329, con una inversión total de hasta USD 30.000 millones, creación de 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi USD 11.000 millones anuales.

Sin embargo, el Gobierno Nacional reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en Santa Cruz. Y en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En este período las exportaciones mineras bajaron de USD 5.000 millones a 3.200 millones, lo que representó una reducción de un 36%.

Presentaron el proyecto “Compañía Argentina de Minerales”

Por su parte, en una reunión virtual de la comisión de minería del Partido Justicialista, su presidente, José Luis Gioja, apoyó la idea de la creación de una empresa minera nacional, una iniciativa que dirigentes partidarios y funcionarios del gobierno están evaluando según informa Econo Journal. Hasta el momento, el diputado y ex gobernador de San Juan nunca se había pronunciado públicamente sobre este tema. Lo hizo en un seminario virtual de la comisión de minería del PJ, donde también se presentó la Compañía Argentina de Minerales S.A., uno de los proyectos que está en evaluación.

En concreto, Gioja señaló: “me suena muy bien cuando se habla de una empresa nacional minera porque así como la industria petrolera tiene una empresa estatal de bandera como es YPF, la minería, que va a tener la misma o más importancia que el sector petrolero, tendría que tener una empresa nacional”.

Compañía Argentina de Minerales

Favio Casarin presentó ayer en el seminario virtual el proyecto para la creación de la Compañía Argentina de Minerales Sociedad Anónima. Prevé una empresa con el 51% de las acciones en manos del estado (26% Estado Nacional y 25% provincias) y un 49% en manos privada. “Van a ser acciones muy atractivas en el mercado de capitales”, indicó. La parte privada podría estar determinada por topes y en distintas clases de acciones, explicó. Luego, remarcó que “esta empresa va a ser un actor más en el mundo minero y de ninguna manera va a suplantar a las empresas mineras provinciales. El proyecto va a respetar el derecho que tienen sobre los recursos”. “La idea es acelerar tiempos de los proyectos mineros, porque tenemos en algunos casos 10 años de postergación”, agregó. “La compañía no sería estatal, porque sería público – privada”, remarcó el geólogo Casarin.

El proyecto prevé “una parte del financiamiento por parte del Estado Nacional a partir de un aporte de capital surgido de un porcentaje a las retenciones de las exportaciones mineras”. Las provincias «podrían aportar capital o con proyectos o con otro tipo de acciones”.

Lo objetivos de la Compañía Argentina de Minerales son:

-Impulsar el desarrollo minero de manera federal y estratégica.

-Garantizar el derecho de las provincias como dueñas de los recursos y la seguridad jurídica del inversor.

-Crear una herramienta que promueva una sinergia entre el capital privado y el sector público nacional y provincial.

-Auspiciar contratos asociativos con las provincias y capitales privados para desarrollos mineros estratégicos.

-Dar comienzo a un proceso de inversión en investigación y desarrollo sobre aquellos minerales, o conjunto de ellos, que sirvan como insumo de alguna de las cadenas de valor para el desarrollo industrial.

-Garantizar un desarrollo sustentable de los proyectos, con participación de las comunidades y aceptación de la sociedad.

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

 

Argentina

LA PAMPA RECHAZA LA MINERÍA EN MENDOZA

NOALAMINA
20/08/2020, La Pampa
La Pampa rechaza la minería en Mendoza
RECHAZO DE LA PAMPA A PROYECTOS MINEROS EN MENDOZA
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia La Pampa, Néstor Lastiri, afirmó: “En tanto y en cuanto afecten al río decimos que no aceptaremos la afectación de la calidad del agua” al ser consultado sobre los proyectos mineros “Hierro Indio” y “Cerro Amarillo” en la provincia de Mendoza.

Ambas iniciativas están en jurisdicción de la ciudad de Malargüe. “Hierro Indio”, dedicado a la extracción de hierro. El otro es “Cerro Amarillo” una mina de cobre que estuvo en etapa exploratoria.

El rechazo lo hemos planteado varias veces de diciembre de 2017 hasta ahora en el marco de la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior).

“En el próximo organismo de cuenca que se tiene que crear tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, también lo vamos a plantear”, adelantó Lastiri.

“Nos oponemos tanto al proyecto minero como a la extracción de petróleo si se afecta la calidad del agua del río”, resaltó.

Esta semana se conoció que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, tiene la intención de avanzar con un proyecto de ley para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.

El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.

“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo, pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.

Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.

Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

En 2019, el Gobierno mendocino intentó modificar la ley 7722, pero tuvo que dar marcha atrás por las fuertes movilizaciones y el rechazo popular generalizado por los daños ambientales que provoca la explotación minera.
Fuente: El diario de La Pampa

La Pampa rechaza la minería en Mendoza

Argentina, Chile

USPALLATA Y PUTAENDO EN CAMPAÑA PARA PRESERVAR RUTAS SANMARTINIANAS

NOALAMINA, 22/08/2020
Desde Mendoza llega la invitación para unirse a la iniciativa: Asambleas de Argentina y Chile se unen para proteger junto a la UNESCO los territorios que fueron escenario de la gesta de nuestros pueblos por la liberación de la opresión colonial. Entre los principales objetivos destaca la preservación y defensa de los bienes comunes. Una propuesta que nos envía nuestro compañero cuyano-patagónico Federico Soria para compartir con asambleas, colectivos y quien quiera sumarse.
Fuente: federico-soria.blogspot.com
“Una hazaña digna de otra Ilíada” – Unesco 1961.
Rutas De Libertad
La cordillera de Los Andes, más que una frontera, es un portal que une a dos pueblos bajo un mismo ideal de buen vivir armónico e integral, basado en la valoración y conservación de sus bienes comunes naturales y patrimoniales. Actualmente Putaendo y Uspallata son amenazadas por proyectos megamineros que pretenden arrasar con toda la vida, naturaleza, fuentes de agua y patrimonio cultural, incluyendo a las Rutas Sanmartinianas y del Ejercito Libertador que aspiramos sean declaradas como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, sumándose al Sistema Vial Andino de los Pueblos Originarios, el “ Qhapaq Ñan”, que ya tiene esa categoría desde el año 2014.

La hazaña del Ejército Libertador se compara con la de Napoleón en los Alpes. Hoy día se sabe que el cruce de los Andes representó un desafío mayor ya que, por donde transitaron los patriotas, no era más que una senda de cornisa, de un metro o menos de ancho. El Ejército de los Andes no tenía siquiera posibilidad de movilizar artillería, como sí lo hizo Napoleón en los Alpes. Este ejército, gestor de nuestra soberanía, estaba compuesto por hombres de armas, así como también por baquianos y arrieros, esclavos negros y humildes criolllos, unidos en su tiempo, por los mismos ideales libertarios que hoy nos animan. Por ello, y a pesar de las adversidades, la hazaña de Los Libertadores, fue el inicio de la gesta emancipadora de toda América.

Seguimos creyendo en la patria grande

Putaendo y Uspallata son parte de esa ruta histórica que recorrió el General San Martín para liberar a todo un continente hace más de 200 años. Las 6 Rutas Sanmartinianas del cruce de los Andes son los pasos de Comecaballos (de La Rioja a Copiapó y Huasco), Guana (de San Juan a La Serena y Coquimbo), Portillo (de Tunuyán a San Gabriel), Planchón (de San Rafael a Curicó y Talca), Uspallata (de Mendoza a Los Andes) y Los Patos (de Mendoza a Putaendo y San Felipe).

Los habitantes de estos territorios tenemos hoy el deber moral y ético de cuidar nuestra historia y hacer florecer su enorme valor y riqueza, convirtiéndola en el motivo principal para sostener el buen vivir de nuestros pueblos, en armonía con nuestro maravilloso entorno, hermanados en la certeza de que nuestra majestuosa montaña es sagrada. Es la herencia intocable que recibimos de nuestros padres y queremos para nuestros hijos. No queremos ser una nueva zona de sacrificio, como ha sucedido en el norte de Chile y Argentina, donde las mineras han arrasado con todo a su paso, pues no les importa en absoluto proteger y conservar la naturaleza ni la historia.

Queremos invitarles a ser parte de este trabajo en conjunto, uniendo a todas las comunidades, personas e instituciones para visibilizar las “Rutas del Ejército Libertador de Los Andes” y el “Qhapaq Ñan” que nuestros pueblos originarios recorrieron. No queremos que nuestra historia sea borrada e invisibilizada, por grandes intereses corporativos extranjeros, como son los que pretenden llevar adelante los proyectos Vizcachitas (Andes Copper), Fénix (Minera Teck), San Jorge (Solway y Aterra) y Paramillos (Deprominsa y Lundin Gold).

Firma La Petición

Las organizaciones convocantes, queremos sostener nuestro profundo compromiso para la protección de las Rutas Sanmartinianas del Ejército Libertador y a la vez, expresar nuestro apoyo público para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dado su importante valor universal, natural, cultural e histórico de la gesta de José de San Martín, Soler, Las Heras, Beltrán, O’Higgins, Rodríguez, Carrera, Estay, etc. y de todos los forjadores, hombres y mujeres de América. Y asimismo, con la misma convicción de conservar la naturaleza en el territorio asociado a esta gesta, a través de iniciativas locales, como el proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, los proyectos de parques nacionales en Uspallata y el Cerro Mercedario, y promover un parque andino en las cuencas de los Ríos Rocín y Putaendo.

La solicitud ante la Unesco ya fue presentada por Argentina para que esas rutas se sumen a los 1.073 sitios de 167 Estados que hoy son reconocidos como lugares de la Tierra con un «valor universal excepcional». Por eso solicitamos que Chile se integre a la propuesta, para que la postulación sea conjunta de los dos países.

Te invitamos a apoyar esta iniciativa y firmar para mostrarle al mundo la importancia de proteger nuestro territorio, sus bienes comunes naturales y su patrimonio cultural, pues hasta el día de hoy ningún otro lugar en el planeta ha sido testigo de tamaña campaña de liberación.

Los Pueblos unidos en lucha a ambos lados de la Cordillera decimos:

NO a Vizcachitas, NO al proyecto Fénix, NO a Minera San Jorge, NO a Paramillos.
SÍ a las Rutas Sanmartinianas y del Ejército Libertador de Los Andes, Patrimonio de la Humanidad
SÍ al Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas
SÍ a la protección de las Cuencas de los ríos Rocín y Putaendo
La Ruta de los Libertadores no será la ruta del saqueo megaminero!!!!

La Ruta de los Libertadores será la ruta de nuestro buen vivir y libertad!!!

Firma entrando al vínculo:
http://chng.it/7JqjkKgt69

Organizaciones firmantes: Putaendo Libre, Vecinxs en Movimiento por el Valle de Putaendo y Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

Los impulsores agregan este mensaje:

«Desde Putaendo (Chile) y Uspallata (Argentina), pueblos de montaña hermanados por una naturaleza, historia y destino común, estamos iniciando un plan de lucha conjunto con acciones coordinadas y simultáneas, para oponernos y enfrentar a los proyectos megamineros, que están adquiriendo tal grado de envergadura, que individualmente ya representan una amenaza de magnitud areal y afectación similar a uno y otro lado de la cordillera.

«Nos estamos uniendo no sólo para eso, sino para plantear a gobiernos y organismos internacionales la protección y conservación de la naturaleza y patrimonio, como forma de preservar nuestras fuentes de agua, enfrentar el cambio climático, poner en valor nuestra historia común y asegurar nuestro modo de vida en armonía con el entorno, de la mano del buen vivir, como una alternativa fundamentada y válida al modelo extractivista que saquea, depreda y mata todo a su paso.

«La primera de nuestras acciones conjuntas consiste en el lanzamiento de una campaña internacional para solicitar que las Rutas del Ejército Libertador de los Andes (donde hoy se localizan los proyectos megamineros más grandes) sean declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Es muy importante tu apoyo, participación y difusión.
http://federico-soria.blogspot.com/2020/08/convocatoria-bi-nacional-declaracion-de.html

Uspallata y Putaendo en campaña para preservar rutas sanmartinianas

Argentina, Litio

Lithium Americas reiniciará Cauchari-Olaroz en Argentina

Crédito: Lithium Americas.
Haciendo una pausa para una foto en el lago salado de Cauchari en el proyecto de salmuera de litio Cauchari-Olaroz de Lithium Americas en la provincia de Jujuy, noroeste de Argentina. Crédito: Lithium Americas.
POR: CECILIA JAMASMIE, MINING.COM 17 DE AGOSTO DE 2020

Lithium Americas (TSX: LAC; NYSE: LAC) se está preparando para reanudar las actividades de construcción en su proyecto de litio Caucharí-Olaroz en Jujuy, Argentina, luego de detener las operaciones en marzo para cumplir con las medidas del país contra la pandemia de coronavirus.

La compañía, que está desarrollando el activo con la ayuda de Ganfeng Lithium de China, tuvo que suspender la construcción en Caucharí-Olaroz nuevamente en julio, luego de que dos trabajadores dieron positivo por Covid-19.

«Seguimos enfocados en proteger a nuestros trabajadores y comunidades, mientras nos coordinamos estrechamente con la provincia de Jujuy para asegurar que operamos de manera responsable y segura mientras comenzamos a reiniciar las actividades de construcción en las próximas semanas», dijo el presidente y director ejecutivo Jon Evans mientras entregaba resultados del segundo trimestre.

La noticia envió las acciones de la compañía a un máximo de un año el 14 de agosto en Toronto, tocando un máximo intradiario de C $ 10,57 antes de cerrar un 7,7% a $ 10,44. Al cierre de esta edición en Toronto el 17 de agosto, sus acciones habían subido un 7,95% más a 11,27 dólares.

Lithium Americas dijo que Caucharí-Olaroz tenía un 47% de avance al 30 de junio, con un 75%, o US $ 427 millones, del capital planificado comprometido y un 54%, o US $ 304 millones, gastado.

También dijo que el socio de la empresa conjunta Ganfeng Lithium estaba aumentando su participación en Caucharí-Olaroz del 50% al 51%. Se espera que la transacción se cierre a fines del tercer trimestre, dijo Lithium Americas.

Según un estudio de viabilidad actualizado publicado el año pasado, se espera que la mina de litio propuesta produzca 40.000 toneladas del metal de la batería al año.

Caucharí-Olaroz estaba programado para comenzar a operar a principios de 2021, con un aumento de producción de hasta 15,250 toneladas. El plan era luego aumentar esa tasa a 36,000 toneladas en 2022 y lograr la producción total antes de fin de año. La operación generaría entonces 40.000 toneladas por año desde 2023 hasta 2060.

Sin embargo, las proyecciones se hicieron antes de que Covid-19 golpeara la economía mundial, y la minera con sede en Vancouver ahora está revisando los impactos de las suspensiones en su cronograma y presupuesto. La gerencia dijo que proporcionaría una actualización una vez que se completen esas evaluaciones.

Argentina es parte del “triángulo del litio” de América del Sur, que incluye a los vecinos Chile y Bolivia, y que alberga más del 60% de la producción anual de litio del mundo.

Antes de la pandemia del coronavirus, la nación sudamericana estaba trabajando para exportar US $ 2,1 mil millones de litio al año. La cifra se compara con los US $ 190 millones que generó el sector el año pasado, cuando envió 50.000 toneladas del metal blanco.

El mes pasado, los mineros de litio que operan en Argentina crearon un grupo industrial que apunta a impulsar el desarrollo de nuevos proyectos y permitir una fijación transparente de precios para el metal de baterías en los mercados internacionales.

La asociación, denominada Calbafina, se ha marcado como primer objetivo crear un índice de carbonato de litio para rastrear y publicar el precio del metal, clave para el desarrollo de los vehículos eléctricos. El «USD INDEX LI» enumeraría los precios del litio por tonelada en dólares estadounidenses.

El impulso de Argentina para aumentar las exportaciones de litio ya ha enfrentado desafíos, con los principales rivales Australia y Chile desarrollando depósitos más rápido y los bajos precios perjudicando la inversión.

La demanda mundial de litio se triplicó entre 2015 y 2017. Según el último informe de Citi, la demanda podría aumentar otro 500% para 2035.

El banco de inversión prevé que los precios caerán un 5% más a 4.800 dólares la tonelada en los tres meses hasta septiembre, pero deberían recuperarse en el cuarto trimestre del año. Para 2022, los precios podrían aumentar un 42% a US $ 7,200 por tonelada y a US $ 9,000 por tonelada para 2030, dijo Citi.

Lithium Americas to restart Cauchari-Olaroz in Argentina

Argentina, Litio

Jalil, tras el desafío de la minería sustentable

La extracción de litio preocupa a los catamarqueños
El Intransigente
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitó este fin de semana, un lugar de alto voltaje político. Antofagasta, es una de las localidades afectadas a la actividad minera del momento: la extracción de litio. Por ese motivo, en la zona, se han desatado focos de conflicto interno. La minería del material que se usa para hacer baterías de almacenamiento y larga duración requiere del uso de mucha agua, algo que no abunda en la zona. Por eso, el mandatario fue al lugar a charlar con las comunidades de la zona y a traer, además de promesas, soluciones definitivas para el tema de la falta de agua.

“Lucía (Corpacci) inició un camino, un camino en el que yo les pido a todos los catamarqueños que tengan confianza, que hay que continuar este camino, que todo emprendimiento turístico, la soja, la minería, todo tiene su impacto ambiental, pero uno en la vida, como en todo, tiene que buscar el balance”, dijo el mandatario catamarqueño en la localidad de Antofagasta de la Sierra, donde se reúnen la mayor parte de los cuestionamientos a la actividades mineras.

Catamarca no tiene los mejores antecedentes, ya hubo muchos conflictos cuando comenzó el proyecto de Agua Rica. La provincia dio marcha atrás con la iniciativa de esta minera y la obligó a presentar nuevos estudios de impacto ambiental. En realidad este precedente es el que más tranquiliza a los pobladores de la zona. Porque ven al gobierno de Jalil, como un contrapeso mayor para las mineras, algo que no se vio, al menos tan marco en otras gestiones que fueron mucho más “amables” con los intereses empresariales.

“Que tengan confianza todos los catamarqueños que vamos a ser responsables, no solamente en el manejo de la minería, sino de toda actividad que se emprenda en Catamarca. Siempre hay desconfianza, pero los hechos y las realidades van demostrando que las cosas están cambiando. Si la minería tiene que servir para algo, es para solucionar los problemas como ser el tema del agua”, manifestó Jalil.

Los principales cuestionamientos vinieron por parte de diferentes movimientos ambientalistas y el cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano que fue quien cuestionó los permisos de explotación de agua subterránea sobre la cuenca del Río Los Patos, que otorgó el Gobierno de Catamarca a las empresas que tienen proyectos de litio en Antofagasta.

Para apagar las críticas, el mandatario lanzó el proyecto del dique Paicuqui, con una inversión de 500 millones de pesos. “Esta es una de las obras que nos planteamos desde el inicio de nuestra gestión como equipo de gobierno, como una obra histórica porque será el primer dique del oeste de Catamarca. Sabemos que va a demandar recursos y tiempo, por eso hemos avanzado con los proyectos. Ahora, le pido a los catamarqueños que confíen porque estamos haciendo las cosas con responsabilidad”, dijo Alberto Kozicki, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente.

Jalil, tras el desafío de la minería sustentable

Argentina

Vale. Mendoza y el potasio. Bahía Blanca y el puerto

9/8/2020
Ya no quedan lazos que unan al gigante minero brasileño Vale con Bahía Blanca .

Días atrás, la empresa procedió a devolver al puerto las 35 hectáreas que una década atrás había recibido en concesión para desarrollar su megaproyecto destinado a exportar por los muelles locales el potasio extraído del sur mendocino.

A comienzos de 2009 Vale le había comprado la iniciativa a la minera angloaustraliana Río Tinto y meses después firmó un contrato con el Consorcio del Puerto para instalarse en un predio vecino a la termoeléctrica Luis Piedra Buena, con frente al canal principal.

Luego comenzó las obras tanto en lo que iba a ser el edificio de acondicionamiento del mineral llegado por tren desde la mina de Malargüe como las del muelle donde sería cargado en buques para su exportación a Brasil y otros países.

La planta de descarga y compactación, junto a talleres de mantenimiento y oficinas administrativas comenzaron a ser construidos a unos 750 metros de la ruta 252 y a una distancia similar del futuro muelle, con un acceso ferroviario de 4 kilómetros de extensión.

Esto y otras tareas necesarias exigieron el movimiento de 750 mil m3 de tierra y 20 mil de hormigón para pilotes.

Vale pensaba terminar las obras a comienzos de 2014 para comenzar luego las exportaciones.

La iniciativa preveía compactar el cloruro de potasio en Bahía Blanca y aplicarle también una coloración para encuadrarlo en las especificidades exigidas por el mercado internacional.

Sin embargo, una serie de factores se sumaron para que a comienzos de 2013 la minera sorprendiera a todos y abandonara el proyecto, dejando unas mil familias sin empleo.

Si bien muchos, para explicar esa drástica decisión, aluden a las desmedidas exigencias planteadas por los jefes comunales de varias ciudades ubicadas en lo que debió ser la traza del tren minero, en general se explica la salida de Vale por el derrumbe del precio del potasio a nivel mundial, junto con el cepo al dólar impuesto por el entonces gobierno de Cristina Fernández y la prohibición de sacar dividendos del país.

Infructuosas fueron las gestiones realizadas por Vale en el exterior para vender el proyecto, incluso en una escala sensiblemente inferior.

Lo más probable es su traspaso a la provincia de Mendoza. De hecho se trabaja en la ingeniería legal del contrato de traspaso.

Se estima que a más tardar en tres meses se firme el documento final y la Provincia pueda disponer del yacimiento.

Ahora el predio bahiense está libre y a disposición del Consorcio de Gestión del Puerto y si bien no hay un proyecto específico definido para ese sector, es muy posible que sea destinado a una de las iniciativas más importantes que se barajan para la ciudad: la construcción de una planta terrestre de licuefacción donde el gas natural de Vaca Muerta sea convertido en GNL y finalmente termine siendo exportado por barco.

El contexto internacional no se presenta propicio para este tipo de proyectos, sobre todo por la caída de precios producto de la baja demanda impuesta por la pandemia pero meses atrás técnicos de YPF estuvieron recorriendo el sector y el acuerdo logrado por la Argentina con los acreedores externos renueva las esperanzas para cierto tipo de proyectos…
Por Adrián Luciani
Fuente: La Nueva

Vale. Mendoza y el potasio. Bahía Blanca y el puerto