Bolivia, Litio

«El litio va a tener una dimensión importante, incluso más grande que el gas», según Montenegro


29/01/2023 (ATB Digital). – El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que la industrialización del litio tendrá una dimensión importante para el país, incluso más grande que el gas.

“Esto (el litio) va a tener una dimensión importante e incluso más grande que el tema del gas ¿por qué? porque el precio de la tonelada de carbonato de litio en estos 15 a 16 meses ha pasado de 5.000 dólares a 76.000 dólares, es un incremento sustancial. Ahora la industria se está acomodando, pero se establece que va a estar en un promedio de 35.000 y 40.000 mil dólares la tonelada”, afirmó.

A partir de esas cotizaciones, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, señaló el 24 de enero que el país recibirá a partir del 2025 alrededor de $us 5.000 dólares por la exportación de litio industrializado, superando la renta por la venta de gas que, por ejemplo, en 2022 dejó para el país alrededor de $us 3.400 millones.

Los ingresos provendrán de las operaciones de las dos plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro que serán instaladas por el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC), con una inversión superior a los $us 1.083 millones.

El convenio que sienta las bases de la industrialización del litio fue firmado por el presidente de YLB, Carlos Ramos, y el representante de CBC, Qinghua Zhou, en un acto público llevado a cabo en la Casa Grande del Pueblo el 20 de enero.

De acuerdo con el ministro, en el primer semestre de este año el consorcio chino trabajará en el diseño e ingeniería de las plantas. Cada una tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas.

Se prevé la conclusión de las obras para finales del 2024, por lo que estarían ingresando en operación en el primer semestre del 2025.

A diferencia de la extracción tradicional del litio con la evaporación, que toma entre un año y año y medio, con la tecnología EDL esto se “reduce a horas, por lo tanto, ambientalmente es más sostenible”, explicó el ministro.

Para graficar la diferencia entre los hidrocarburos y el litio, Molina explicó que en el caso del gas se debe considerar muchos aspectos como la inversión, los riesgos tecnológicos, geológicos, ambientales, como también los riesgos políticos, económico y financieros de un proceso de exploración que puede o no ser exitoso.

“En el caso (del litio) el riesgo geológico no existe, el recurso está allí”, indicó al referirse a los salares.

De acuerdo con datos oficiales, Bolivia tiene reservas por 21 millones de toneladas de litio solo en Uyuni, Potosí. Esa reserva podría hasta duplicarse con los salares de Coipasa, Oruro, y Pastos Grandes, Potosí.

Los trabajos de exploración de las reservas de litio concluyeron en la primera quincena de este mes.

Los ingresos serían superiores a los que el país recibe por las ventas de gas. Como referencia, el ministro indicó que en 2022 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó más de $us 3.400 millones por ventas de gas a Brasil, Argentina y al mercado interno.

“La estimación que hizo el ministro de Hidrocarburos no está alejada de la verdad, van a ser recursos muy importantes”, afirmó, por su lado, Montenegro en el programa Fama, Poder y Ganas.

De acuerdo con Montenegro el convenio firmado entre YLB y el consorcio chino CBC “abre una nueva senda para la economía boliviana, una nueva generación de ingresos y obviamente con industrialización, porque esto no es solo vender el carbonato de litio sino la tecnología que van a traer estas empresas va a permitir la producción de baterías de litio”.

Anticipó que al consorcio chino CBC se podrían sumar al menos dos empresas más lo que permitirá tener un “envergadura importante en la industria de los evaporíticos”.
(ABI)

“El litio va a tener una dimensión importante, incluso más grande que el gas”, según Montenegro

Bolivia, Litio

El litio, los peligros y la economía

POR EFRAÍN HUANCA QUISBERT

30/01/2023
Los lapidarios informes sobre el cambio climático están induciendo a que la tecnología y la lucha contra este fenómeno vayan de la mano para evitar la catástrofe mundial de tener un planeta contaminado y que sea fuente de diferentes enfermedades. El futuro ya llegó, porque para 2030 las constructoras de automóviles solo producirán autos eléctricos, por lo que la industria automotriz está en un proceso acelerado de transición hacia el uso de tecnologías totalmente eléctricas, donde el litio será sencillamente esencial, es decir, se constituirá en un mineral estratégico, clave para la transformación de la matriz energética mundial.

La producción masiva de vehículos eléctricos es una carrera desenfrenada donde ya están dando pasos importantes Tesla, Dacia, Fiat, y otros, que tendrá enormes repercusiones en la demanda de litio, además de níquel y cobalto.

En este escenario, con una demanda cada más creciente los precios tienden a incrementarse; pero, veamos el lado de la oferta, la producción de litio.

El negocio del litio no es la venta del litio sin procesar, el mineral, sino las baterías de iones de litio.

Como se sabe, en el mundo existen 80 millones de toneladas de reservas identificadas, de acuerdo con estimaciones hasta 2019. Bolivia tiene las mayores reservas con 21 millones de toneladas, Argentina con 17 millones de toneladas, Chile con 9 millones de toneladas, Estados Unidos con 6,8 millones de toneladas y Australia con 6,3 millones de toneladas.

Con esta gran cantidad de litio, el país se constituye en un lugar apetecible para las grandes transnacionales —que conjuntamente a sus gobiernos— pretenden entrar al negocio del litio, lo que implicaría que las ganancias se vayan al exterior vía transferencia de utilidades, transferir ganancia al exterior, una forma de Hood Robin —un Robin Hood al verres—.

En esta carrera los gobiernos de los países desarrollados, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya iniciaron su arremetida, pues el Fondo en su documento de la Consulta del Artículo IV de 14 de septiembre de 2022, dice que se necesitan reformas por el lado de la oferta para promover la inversión en hidrocarburos y minería, para lo cual “las leyes de minería deben revisarse para fomentar la inversión privada en el sector de lito, entre otros.” Y, más adelante, Bolivia puede “acelerar el desarrollo de los recursos del litio en el país”. El FMI, como un portavoz de las empresas multinacionales, tiene claro por dónde ir tras el litio: es restaurando el orden neoliberal. Y esto tiene mucho que ver con los neoliberales de Bolivia, especialmente de Santa Cruz.

Los Estados Unidos, a través de Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, al tener una mínima parte de las reservas de litio, mira con mucho interés el triángulo del litio —conformado por Bolivia, Argentina y Chile—, que considera a esta zona como un elemento de mucho interés para su seguridad nacional y, de acuerdo con sus intereses, incluso para las democracias de la región.

Por donde se lo vea se viene un tiempo de bonanza económica con una magnitud importante de excedente económico que será amplificado por el lineamiento y el buen manejo del Modelo Económico Social Comunitario.

La producción de litio, con los resultados que pueda arrojar como excedente económico en Bolivia, que tiene la propiedad de las reservas de litio, ahora tiene la capacidad de iniciar una nueva época de crecimiento económico y, también, por qué no, de desarrollo económico, con el destino del excedente económico direccionada adecuadamente. Sabida es la asimetría existente entre el periodo de bonanza económica y la caída, una vez que se termina la magnitud del excedente económico, por lo que los resultados de la explotación del litio deberán destinarse, basados en una orientación orgánica, a favor de la sociedad boliviana.
Efraín Huanca Quisbert es economista.
https://www.la-razon.com/voces/2023/01/30/el-litio-los-peligros-y-la-economia/

Bolivia, Latinoamerica, Litio

¿Por qué EEUU mira el Triángulo del Litio? En esta zona está el 68% de las reservas mundiales

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo a La Razón que dichas reservas se duplicarán con los salares de Pastos Grandes, en Potosí, y Coipasa, en Oruro.

La inmensidad de las reservas de litio en Uyuni, Potosí.
RUBÉN ATAHUICHI
23/01/2023

Estados Unidos ha confirmado que mira al Triángulo del Litio con interés. Las reservas en esta área sudamericana, Bolivia, Argentina y Chile, suman el 68% del mundo.

Esos países, en ese orden, contienen la mayor reserva global de la materia prima en forma de salmueras, de más práctico procesamiento y de mayor rentabilidad de extracción.

El estudio “Litio en Sudamérica”, del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (Clacso) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), fijó esa cifra, según publicó La Razón en marzo de 2022.

Reservas de Bolivia

Bolivia posee 21 millones de toneladas de reservas, Argentina, 19,3, y Chile, 9,6.

“Las 21 millones (de toneladas de reserva de litio) corresponden netamente al salar de Uyuni”, aclaró en diciembre el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos.

Puede leer: EEUU mantiene su atención en América Latina, el litio y sus recursos naturales

Sin embargo, en una entrevista con La Razón Radio, la semana pasada, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que dichas reservas se duplicarán con las preliminarmente conocidas en los salares de Pastos Grandes, en Potosí, y Coipasa, en Oruro.

Así, Bolivia se convertirá en poco tiempo en el mayor reservorio de la materia prima del Triángulo del Litio y del mundo.

Estados Unidos

El fin de semana, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, volvió a hablar de las reservas de litio en América del Sur, como otras veces.

Consideró a esta zona de alto interés para la seguridad de Estados Unidos, incluso para las democracias.

“Pero por qué es importante esta región, porque es rica en recursos y tierras raras, con el llamado Triángulo de litio (Argentina, Bolivia, Chile), un metal muy necesario para la tecnología”, dijo.

En 2022, sus declaraciones había sido insistentes en relación al Triángulo del Litio. Y el último fin de semana coincidieron con el anuncio en Bolivia de un nuevo contrato para la explotación del litio.

Acuerdos de Bolivia

YLB suscribió un acuerdo con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) para la implementación de la tecnología Extracción Directa de Litio (EDL) en los yacimientos.

Es el inicio de la “era de la industrialización del litio boliviano”, afirmó en el acto de suscripción del contrato el presidente Luis Arce, que adelantó que el consorcio invertirá $us 1.000 inicialmente en el proyecto.

Estados Unidos ya había expresado sus reparos en las inversiones chinas. Fue la misma Richardson que habló de esa preocupación.

En los últimos días, la jefa del Comando Sur consideró a China como un “actor estatal maligno”, con el que su país está “en una competencia estratégica en el hemisferio Occidental”.

También expresó su preocupación por el interés de Rusia en la región.
https://www.la-razon.com/economia/2023/01/23/por-que-eeuu-mira-el-triangulo-del-litio-en-esta-zona-esta-el-68-de-las-reservas-mundiales/

Bolivia

Deudas ambientales en Bolivia: deforestación, minería de oro e incendios forestales

La deforestación en Bolivia supera las 200 mil hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.

YVETTE SIERRA PRAELI 08/01/2023
Dragones chinos cerca del Parque Nacional Madidi. MIGUEL ROCA

Dos temas han marcado la agenda ambiental en Bolivia en 2022: el avance de la deforestación, que ha ubicado al país en el segundo lugar entre las naciones con mayor pérdida de bosque en Latinoamérica, y el aumento de la minería aurífera en las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.

A esta depredación, incentivada en algunos casos por políticas de estado cuestionadas, hay que añadir la sequía que afecta a varias regiones del país y los incendios forestales que si bien no han superado las cifras de los años anteriores, han arrasado con más de 800 mil hectáreas de cobertura vegetal, según un informe del Ministerio de Defensa de septiembre de 2022.

Las protestas de los pueblos indígenas han sido una constante durante el año, sobre todo para denunciar las amenazas de la minería, hidroeléctricas y, principalmente, los avasallamientos o invasiones de sus territorios que se han convertido en una nueva pesadilla. Proyectos emblemáticos como la hidroeléctrica Rositas o la exploración de gas en la Reserva Nacional Tariquía han estado en el centro de las protestas y seguirán estándolo por los próximos meses.

Estas son las deudas ambientales que Bolivia ha acumulado a lo largo del año y que el medio Mongabay Latam ha seleccionado con la participación de especialistas y ambientalistas que analizan los problemas, las amenazas y los aciertos que han marcado los 365 días del 2022.

LO TRÁGICO: LA DEFORESTACIÓN SIGUE CRECIENDO


Una embarcación cruza el río Madidi. MONGABAY LATAM
“Históricamente, en el período de 2000 al 2015, la deforestación en Bolivia alcanzaba alrededor de 200 mil hectáreas por año, pero en el último tiempo, principalmente en el período 2021 y 2022, la deforestación está por encima de 250 mil hectáreas, de hecho, en el monitoreo que hicimos para 2022, se registraron 270 mil hectáreas deforestadas”, dice Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) de Bolivia.

Quintanilla explica que entre las causas de la deforestación está la entrega de tierras estatales sin considerar la vocación forestal que pueden tener estos territorios, es decir, sin tomar en cuenta que algunos de esos terrenos pueden tener bosque en pie. “Si bien se presenta como un derecho de acceso a la tierra, termina transgrediendo los bosques para cumplir una función económica y social. La interpretación de las autoridades es que se debe eliminar los bosques para cumplir con la función económica y social, por eso, legalizan la distribución de la tierra”, agrega.

El estudio La Amazonía contra reloj: un diagnóstico regional sobre cómo proteger el 80% al 2025, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) —en coalición con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Stand.earth— señala que Bolivia es uno de los dos países, junto con Brasil, que presenta la mayor cantidad de destrucción de sus bosques amazónicos.

Y estos no solo están desapareciendo en la Amazonía boliviana, sino también en otros ecosistemas como el bosque seco chiquitano. “También estamos llegando a un punto de inflexión en la Chiquitanía”, explica Quintanilla y precisa que del total de la deforestación que ocurre en Bolivia, el 75% corresponde a la provincia de Santa Cruz, un departamento con una gran diversidad de bosques —entre ellos los bosques secos chiquitanos— y con una importante extensión de áreas protegidas y territorios indígenas.

Según el último reporte de Global Forest Watch, que mide cada año la pérdida de bosques tropicales primarios en el mundo, Bolivia perdió 291.379 hectáreas de bosques en el año 2021. El mismo informe revela que una tercera parte de la deforestación está asociada a incendios forestales. Otra de las causas de la pérdida de bosques es la agricultura a gran escala para la producción de soya y actividades ganaderas, y Santa Cruz es el centro de estas actividades.

Las colonias menonitas establecidas en Bolivia son un ejemplo de ello. Instaladas en territorios de Santa Cruz desde la década de 1950, las familias de este grupo religioso protestante están dedicadas, principalmente, a los monocultivos como la soya, el maíz y el sorgo, así como a la crianza de ganado, y son señaladas como las responsables de la deforestación de grandes extensiones de bosques. Una investigación de Mongabay Latam publicada en octubre de 2022, cuenta cómo la colonia menonita Chihuahua, ubicada a 132 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ha comprado alrededor de la mitad de las tierras de la comunidad indígena de San Miguelito —lo que ha generado conflictos internos— y deforestado esos terrenos, y ahora está a pocos metros del Territorio Comunitario de Origen (TCO) de San Antonio de Lomerío, el primer municipio autónomo indígena de Bolivia.

Otro reportaje dio cuenta de cómo una colonia menonita fue la responsable también de la construcción, sin permiso, de un puente a orillas del río Parapetí, en Santa Cruz. Y para la ejecución de este viaducto se deforestaron 3.000 hectáreas de bosques que afectaron a los Bañados del Izozog —un humedal y sitio Ramsar— y al parque nacional Kaa Iyaa.

“Tenemos una tasa de deforestación que nos avergüenza, pese a que, supuestamente, velamos por los derechos de la Madre Tierra, pero realmente no se está honrando con la práctica lo que se dice en el discurso”, señala María Teresa Vargas, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Los avasallamientos o invasiones de tierras, es decir, el establecimiento de las llamadas comunidades interculturales —personas provenientes del altiplano y los valles— muchas veces con la venia del gobierno, están creciendo en la Chiquitanía y la Amazonía ocasionando el aumento de la pérdida de bosque en Bolivia. En los últimos tres años, en los territorios del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae, en Santa Cruz, el Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia (INRA) autorizó el asentamiento de 81 comunidades campesinas interculturales. En esta zona se ubica el Área de Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu, creada en 2019, una zona reservada que en sus pocos años de vida ha padecido incendios y la presencia de asentamientos humanos que están causando su deforestación.

LO CRÍTICO: AUMENTO DE LA MINERÍA AURÍFERA


El estrecho El Bala-Chepete. LA REGIÓN
“Lo más preocupante de este año ha sido el grado de permisividad del gobierno con la minería aurífera y el acuerdo al que llegaron con el sector cooperativista aurífero para permitir el ingreso a las áreas protegidas”, señala Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Campanini menciona también las protestas de las cooperativas auríferas que en octubre de 2022 paralizaron La Paz. La huelga se inició porque el gobierno proponía que los impuestos por la exportación de oro sea de 5%, mientras que los mineros no querían pagar más de 4.5%. El paro llegó a su fin cuando el gobierno y los mineros firmaron un acta que establecía un máximo de 4.8 % de impuestos a las exportaciones auríferas. En este acuerdo también se incluyó la revisión de los planes de manejo de tres áreas protegidas, por parte del Ministerio de Ambiente y Agua: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi; el Área natural de manejo integrado Apolobamba y el Parque Nacional y Área Natural de manejo integrado Cotapata. Esto, según los expertos y líderes indígenas, con el fin de ampliar a futuro las zonas para la extracción de oro dentro de estas áreas protegidas.

Tras este acuerdo, las organizaciones indígenas emitieron comunicados oponiéndose a la decisión. Una semana después se firmó una nueva acta, esta vez entre el gobierno y las organizaciones indígenas, para anular el convenio anterior. Sin embargo, la Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey calificó este último acuerdo de ambiguo y precisó que en dentro del Parque Nacional Madidi ya se permite la minería de oro.

“Durante el 2022, el Parque Nacional Madidi, Apolobamba y Cotapata han estado prácticamente asediados por la minería y han sufrido una afectación bastante considerable desde el 2021. Esta actividad también se está expandiendo a otras áreas protegidas y otros territorios indígenas del departamento de La Paz, donde la minería del oro aluvial tiene su epicentro, y a otros departamentos que hasta hace un par de años no eran productores de minerales”, comenta Alex Vilca, integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

Los impactos son irreversibles —continúa Vilca— hay una destrucción a los medios de vida de los pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía. “La contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, está generando afectación a la salud, al medio ambiente y a la naturaleza. Numerosos pueblos indígenas de la Amazonía boliviana presentan altos índices de contaminación por metales pesados, específicamente mercurio”, agrega.

Una investigación realizada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), en coordinación con la Universidad de Cartagena en Colombia, tuvo como resultados cifras alarmantes: de las 350 personas evaluadas, entre ellas indígenas Tacana y Uchipiamona, la mayoría tenía en promedio siete veces más de lo permitido de mercurio en sangre y hubo casos de hasta 27 veces más de ese límite.

“Se ha evidenciado los impactos sobre la salud de los pueblos indígenas y poblaciones alrededor de los ríos donde se usa el mercurio para las actividades de minería aurífera. No ha sido uno, sino varios estudios que han generado evidencia respecto al impacto de la minería del oro”, dice Campanini.

Otro estudio realizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) —en coordinación con el CEDIB— permitió conocer los efectos ambientales, sociales y económicos que tiene la minería ilegal en los territorios indígenas de los pueblos Ese Ejja, Tacana y Kabineño. Los resultados indicaron que a lo largo de 172 kilómetros de la cuenca del Madre de Dios operan 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro y que esa cantidad de balsas liberaron por lo menos 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua.

Ruth Alipaz, lideresa indigena de Contiocap, se refiere también a la contaminación con mercurio y otros metales como plomo y arsénico en el río Pilcomayo y el río Tuichi, este último en el Parque Nacional Madidi. “Desde el 2021 hemos descubierto que en la Amazonía nuestro río más afectado es el Tuichi, en el parque Madidi que está totalmente concesionado para actividades mineras”.

LO FEO: SE AGUDIZAN LAS SEQUÍAS Y LOS INCENDIOS


Un bombero forestal trabaja con un equipo de ataque rápido para evitar que el fuego avance hacia la Chiquitanía. CLAUDIA BELAUNDE
La Chiquitanía, parte del Chaco y parte oriental de Bolivia llevan, por lo menos cuatro años, con déficit hídrico, ha informado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia sobre la sequía que agobia al país.

“La ampliación de la época seca está siendo muy drástica al punto que no hay agua en algunos municipios, como por ejemplo, en Ascensión de Guarayos que ha eliminado el 23% de su bosque y, en consecuencia, la lluvia se ha reducido hasta en 11% con relación a lo que llovía diez años atrás”, cuenta Marlene Quintanilla, de FAN Bolivia.

Quintanilla se refiere así a las sequías que están ocurriendo en Bolivia. “Esto nos muestra cómo perder una cantidad importante de bosques ha generado un impacto directo en la provisión de agua y por supuesto en la extensión de la sequía y su intensificación. La época seca se está haciendo mucho más agresiva que antes y la población se ha quedado sin agua”, agrega.

El gobierno ha destinado 123 millones de bolivianos para enfrentar la sequía en 80 municipios, en la mayoría de ellos se ha declarado emergencia por la ausencia de lluvias. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) la sequía se extenderá hasta marzo de 2023.

“Primero teníamos 30 municipios afectados por la sequía, luego subió a 55 y ahora tenemos más de 80 municipios que han reportado sequía”, ha dicho el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera López.

“Algunos incendios han sido severos por las condiciones meteorológicas que son factores para que se reproduzca un incendio de gran magnitud. Pero uno de los temas que más nos preocupa es el calentamiento global, específicamente en la Chiquitania”, señala Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Maillard agrega que en la Chiquitanía el FCBC ha realizado análisis para determinar las condiciones climáticas del ecosistema y han encontrado que hay lugares en Bolivia donde existe una tendencia a llover menos en ciertas épocas del año.

“Aunque el panorama ahora es un poco incierto, las tendencias muestran que en el futuro pueden ser aún más complejas”.

Para Jenny Gruenberger, Directora Ejecutiva de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), el problema de los incendios ha sido gravísimo este año. “Inicialmente han comenzado en tierras bajas, pero han llegado hasta el subtrópico. Y está terrible la sequía. Bueno, uno viene acompañado del otro”.

En septiembre de 2022, grandes incendios en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional Otuquis y la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca arrasaron con más de 200 mil hectáreas. Entre octubre y los primeros días de diciembre, varios incendios forestales ocurrieron en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de Tarija informó que alrededor de 7.140 hectáreas se perdieron por el fuego.

LO BUENO: AVANCES EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL


Los Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación en los Llanos de Moxos. OMAR TORRICO
En Bolivia también hay espacio para la esperanza. Un proyecto de conservación de bosques y agua que ha involucrado a 24.000 agricultores está contribuyendo a la protección de casi 600.000 hectáreas en aproximadamente 80 municipios en Bolivia. Además, mediante este proyecto llamado Acuerdos Recíprocos de Agua se ha logrado la creación de 23 áreas protegidas equivalentes a 3.4 millones de hectáreas en Bolivia.

Los estudios científicos también han sido importantes este 2022. Una expedición a los Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación —Rogaguado, Largo, Guachuna y Ginebra— y el río Iruyáñez en los Llanos de Moxos, ha permitido conocer la biodiversidad y la historia de este lugar ubicado en el departamento del Beni.

Los hallazgos incluyen 1.497 registros de plantas, mariposas diurnas y vertebrados. Nueve de los registros de vertebrados —peces, anfibios, reptiles y un murciélago— son potencialmente nuevos para la ciencia. La expedición también permitió documentar 18 sitios arqueológicos que evidencian una gran diversidad cultural indígena.

Otra expedición, pero esta vez al Área Protegida Municipal Gran Mojos de Beni, navegó a lo largo de 450 kilómetros para realizar el más reciente conteo de bufeos. El equipo conformado por científicos, pescadores y periodistas fue en busca del emblemático bufeo boliviano (Inia boliviensis), una especie de delfín de río endémico de la cuenca del río Madera, cuya mayor población se encuentra en Bolivia. Los científicos que estudian a esta especie han involucrado a pescadores comerciales en actividades de monitoreo y registro de delfines, como una estrategia de conservación del único cetáceo que tiene el país.
https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/deudas-ambientales-bolivia-deforestacion-mineria-oro-incendios-forestales/20230106201140893135.html

Bolivia

Extractivismo del oro en la Amazonía pone a Bolivia ante una tragedia masiva de envenenamiento

Según el investigador Pablo Villegas, hay estudios que develan que poblaciones indígenas de tierras bajas son afectadas a nivel de la salud, pero no serán las únicas que sufran los efectos de la minería, sino también los centros urbanos.

Caricatura Abecor
01/01/2023 (ANF).- Las diversas fuentes de contaminación que se producen por el extractivismo del oro en la Amazonia, así como con la quema de bosques, ponen a la población en general en un peligro alto de envenenamiento con consecuencias incalculables. Así lo afirmó Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib).

“Bolivia está ante una tragedia masiva de envenenamiento de la población, el mercurio no es el único metal pesado que está contaminando, hay plomo y otra serie de contaminantes, por ejemplo, en las aguas de la ciudad de La Paz porque sus represas están rodeadas de minas. A eso habría que sumarle que Bolivia en la época de incendios de bosques se convierte en el país más contaminado del planeta”, aseguró.

Además, indicó Villegas, la contaminación comprobada por estudios del Cedib y publicados este año se concentran en datos extraídos de los ríos Madre de Dios y Beni, al norte del país. Aún no se tienen datos de Guarayos, río Pilcomayo y de otros sectores auríferos.

Si bien la constatación científica resalta que las poblaciones indígenas de tierras bajas son afectadas a nivel de salud, economía y derechos humanos, los pueblos originarios no serán los únicos que sufran en un futuro cercano los efectos de la minería, sino que también los centros urbanos se estarían viendo afectados ante la “mirada ciega de autoridades y de todos los bolivianos”.

“Nosotros hemos visto que los mayores índices de contaminación se dan en los pueblos indígenas, pero también se dan en las áreas urbanas de la Amazonía como Riberalta, Rurrenabaque y Guayaramerín que estarían siendo contaminadas por las aguas que vienen del Madre de Dios, río Beni y Mamoré”, dijo Villegas.

Pueblos indígenas

Para el investigador, los pueblos indígenas se caracterizan por ser “extremadamente” pacíficos y su forma de actuar se expresa a través de sus movilizaciones, pero de retomar esta medida, “las poblaciones indígenas contarían con un respaldo muy fuerte de poblaciones urbanas de la Amazonía y del país”.

En cuanto a una proyección de la contaminación por mercurio, Villegas afirmó que sus efectos en la salud preocupan, como lo recientemente revelado por los estudios, pero no solo a nivel de enfermedades de motricidad, sino que preocupan los impactos en el intelecto de las personas como lo que se está viendo en jóvenes menores de 19 años donde las investigaciones han detectado promedios de 6,5 de nivel de mercurio, cuando debía ser como máximo de 1, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Cómo una juventud mañana va a tomar el control del país, va a ingresar a las universidades, si tenemos este problema que ya es un impacto muy serio. No estamos hablando de algo que puede producirse, hemos comprobado que se ha producido”, aseguró Villegas.

En este punto, Lidia Guaya, directora de la Organización Comunal de la Mujer Amazónica con sede en Guayaramerín, resaltó la preocupación de las poblaciones no solo indígenas, sino campesinas debido a la contaminación por extracción del oro y por otros residuos sólidos que afectan a los ríos de la zona.

“Todas las poblaciones de la Amazonía están preocupadas por esa contaminación que existe, además el consumo de agua ya no es viable por los residuos sólidos que se encuentran”, afirmó.

Las organizaciones de la Amazonia se encuentran esperando los resultados de una nueva investigación a cargo del Cedib en la región de Cachuela Esperanza, donde poblaciones indígenas y pescadores verán qué acciones tomar tras conocer los resultados.

“Nosotros estamos esperando la respuesta del CEDIB para ver cuánta contaminación existe en los peces de los ríos Mamoré y Beni y cuánto ha afectado a la población”, acotó.

Villegas indicó que hace falta un estudio de salud pública epidemiológica para detectar los efectos y consecuencias de esta contaminación por actividad extractiva en la Amazonia, ya que el Cedib con sus investigaciones solo constató que existe la contaminación, pero para profundizar y buscar soluciones a los problemas es necesario un estudio especializado por parte del Estado.

Lavado de dinero

Para comprender el problema de la contaminación extractiva en los pueblos indígenas, en la población en general y el medio ambiente, Villegas dijo que primero se debe entender la economía del oro que tiene un alto valor comercial y por el que se paga una insignificante regalía y ningún impuesto.

El Proyecto de la Ley del Oro ha revelado en su fundamentación que la mitad del oro producido en Bolivia proviene del Perú, sin embargo, al Gobierno solo le preocupa el flujo de dólares para engordar las reservas internacionales, pero, desde el punto de vista de Villegas, “no se está viendo el problema del posible y muy probable origen ilegal de los capitales que manejan este 50 por ciento del oro que hay en Bolivia”.

En este escenario, Villegas consideró que el sector aurífero estaría siendo controlado por capitales ilícitos, lo que conlleva a un problema más grave, es decir, no solo se trataría de avasallamientos y contaminación ambiental en áreas protegidas y tierras indígenas.

“Si esto se está produciendo es porque alguien o un sector muy poderoso tiene la capacidad de perder dinero haciendo ese movimiento y la única razón posible de que se haga ese movimiento de meter oro peruano a Bolivia para sacarlo otra vez es para blanquear algo”, dijo.

Recientemente el gobierno junto a los mineros del Norte de La Paz firmó un acta para eliminar el ingreso a las áreas protegidas y a territorios indígenas, como resultado de una movilización en el Parque Nacional Madidi.

Villegas cree que esta acción no resuelve el problema de avasallamiento y contaminación de fondo porque no existen políticas y/o programas para reducir los efectos del uso del mercurio en la minería, a pesar de los llamados de atención que ha hecho Naciones Unidas.

“Los mineros siguen ahí, siguen con todas las actividades, o sea, esta anulación fue solamente un acto de publicidad para que quede bien el que anula, pero la situación no ha cambiado en nada”, indicó.

Villegas concluyó que para revertir el daño de la contaminación a mediano y largo plazo es necesario contar con instituciones que asuman la defensa de los pueblos indígenas y de las ciudades. Atribuyó toda la problemática a la característica de la política del Estado actual.

“No hay instituciones que se ocupen de defender a los ciudadanos, hay leyes que no se cumplen, pero, además, en el aspecto legal han hecho modificaciones que violan la Constitución Política del Estado, como en la Ley de Minería que prácticamente ha eliminado la consulta previa ¿qué le queda por hacer al pueblo? No hay otra que luchar porque se respeten las leyes y para eso la Constitución claramente reconoce el derecho a la movilización”, apuntó.
/CJL/ANF/
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/anuario-extractivismo-del-oro-en-la-amazonia-pone-a-bolivia-ante-una-tragedia-masiva-de-envenenamiento–419940

Bolivia

Mineros: la vanguardia de una clase trabajadora que desconfía del Gobierno

Los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni señalaron en octubre que no confiaban en el Gobierno para administrar sus ahorros para la jubilación.
Mineros: la vanguardia de una clase trabajadora que desconfía del GobiernoUn minero durante una vigilia en la ciudad de La Paz. APG
Manuel Filomeno

26/12/2022
El 11 de octubre de 2022, luego de enfrentarse a la Policía al intentar ingresar a la Plaza Murillo, los mineros de Huanuni tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Fue una toma pacífica, los dirigentes del ente rector de los trabajadores habían abandonado el edificio minutos antes, prevenidos de la llegada de los mineros.

En esa mañana, temprano, los mineros que peleaban contra la Policía levantaban carteles con dos demandas: la primera, la abrogación de un decreto que obligaba las empresas públicas a entregar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y, la segunda, la paralización de la Gestora Pública.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó entonces el dirigente de los mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los trabajadores de Colquiri llegaron a La Paz para demandar la paralización de la Gestora y por otras demandas.

“La asamblea general de los trabajadores de Colquiri ha rechazado totalmente, porque no confiamos en una administración del Estado cuando, obviamente, hemos visto en los pasados años que la administración del Estado va desviando los aportes económicos que hacemos como un sector productivo”, declaró el ejecutivo de Colquiri, Joaquín Mamani.

Sin embargo, los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri firmaron el acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a atender sus otras demandas y la protesta se desactivó.


Un grupo de mineros de Huanuni tomó las instalaciones de la COB, durante las protestas contra la Gestora. APG
El 11 de octubre de 2022, luego de enfrentarse a la Policía al intentar ingresar a la Plaza Murillo, los mineros de Huanuni tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Fue una toma pacífica, los dirigentes del ente rector de los trabajadores habían abandonado el edificio minutos antes, prevenidos de la llegada de los mineros.

En esa mañana, temprano, los mineros que peleaban contra la Policía levantaban carteles con dos demandas: la primera, la abrogación de un decreto que obligaba las empresas públicas a entregar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y, la segunda, la paralización de la Gestora Pública.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó entonces el dirigente de los mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los trabajadores de Colquiri llegaron a La Paz para demandar la paralización de la Gestora y por otras demandas.

“La asamblea general de los trabajadores de Colquiri ha rechazado totalmente, porque no confiamos en una administración del Estado cuando, obviamente, hemos visto en los pasados años que la administración del Estado va desviando los aportes económicos que hacemos como un sector productivo”, declaró el ejecutivo de Colquiri, Joaquín Mamani.

Sin embargo, los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri firmaron el acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a atender sus otras demandas y la protesta se desactivó.

Esta declaración pasó inadvertida, ya que luego de una reunión con el Gobierno y el compromiso de cumplir sus otras demandas, la protesta quedó desactivada.

Sin embargo, en octubre, la declaración del dirigente de Huanuni fue el germen para muchas otras, de varios sectores, que se sucedieron en los días y semanas siguientes.

“En este momento (el Gobierno) pretende administrar la Gestora Pública sin un consenso. Los trabajadores no hemos decidido ese tema. Necesitamos conocer cómo y en qué sentido va a beneficiar a los compañeros trabajadores”, agregó Mamani.

En los días siguientes, el ejecutivo nacional del magisterio Rural de Bolivia Andrés Huayta también expresó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que los maestros están en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, indicó cuando el conflicto estaba en marcha.

El dirigente cuestionó entonces que en esa institución se paguen salarios elevados hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “miserables” de jubilación, después de tantos años de servicio.

De la misma manera, el sector del magisterio urbano de La Paz cuestionó el decreto 4783 y la creación de la Gestora del Estado. “Cuando cuestionan el hecho de que la Gestora Pública pase a la administración exclusiva del Estado, nosotros también ratificamos que es una forma de colocar en peligro nuestra jubilación”, señaló el dirigente del magisterio del departamento de La Paz, José Luis Álvarez.

La Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores aportantes y con los jubilados”, manifestó entonces el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

A los maestros, los trabajadores universitarios, los médicos y los jubilados se unieron luego los trabajadores fabriles, que además exigieron ser parte de la administración de la Gestora.

“Nosotros tenemos que tener la mayoría, nosotros tenemos que definir la política”, dijo Vitalino Mamani, secretario permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia.

Los jubilados apoyaron el pedido y solicitaron que los trabajadores y su sector sean parte activa del directorio de la Gestora Pública, y sean quienes administren dicha empresa, con el fin de precautelar y garantizar aportes de los trabajadores y jubilados del país.

“Tenemos que consensuar cualquier decreto, cualquier ley con los directos aportantes (…), lo que queremos es que la administración sea por los trabajadores y por los jubilados, porque no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo, por eso es nuestra asistencia aquí como confederación”, indicó Ayala.

El dirigente de los jubilados señaló que el sector ya se opuso, con una huelga de hambre, desde la pasada gestión a que la Gestora sea administrada sólo por los funcionarios públicos y no haya participación de los trabajadores activos y el sector de jubilados.

El Gobierno respondió que las puertas de la Gestora estaban abiertas para los trabajadores; sin embargo, el gerente de la entidad aclaró que para entrar en el directorio los trabajadores debían estar cualificados para hacerlo.

El Gobierno también terminó desarticulando las protestas de los mineros de Huanuni, acordando retrasar la migración de sus datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública, medida que fue vista como una muestra de favotitismo por el resto de la sociedad, que expresó su miedo y preocupación por el paso de sus aportes al control del Estado, pero que no tuvo la fuerza para salir a las calles a reclamar.

Esta declaración pasó inadvertida, ya que luego de una reunión con el Gobierno y el compromiso de cumplir sus otras demandas, la protesta quedó desactivada.

Sin embargo, en octubre, la declaración del dirigente de Huanuni fue el germen para muchas otras, de varios sectores, que se sucedieron en los días y semanas siguientes.

“En este momento (el Gobierno) pretende administrar la Gestora Pública sin un consenso. Los trabajadores no hemos decidido ese tema. Necesitamos conocer cómo y en qué sentido va a beneficiar a los compañeros trabajadores”, agregó Mamani.

En los días siguientes, el ejecutivo nacional del magisterio Rural de Bolivia Andrés Huayta también expresó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que los maestros están en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, indicó cuando el conflicto estaba en marcha.

El dirigente cuestionó entonces que en esa institución se paguen salarios elevados hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “miserables” de jubilación, después de tantos años de servicio.

De la misma manera, el sector del magisterio urbano de La Paz cuestionó el decreto 4783 y la creación de la Gestora del Estado. “Cuando cuestionan el hecho de que la Gestora Pública pase a la administración exclusiva del Estado, nosotros también ratificamos que es una forma de colocar en peligro nuestra jubilación”, señaló el dirigente del magisterio del departamento de La Paz, José Luis Álvarez.

Protesta. Pidieron la abrogación de un decreto y la paralización de la Gestora, pero no lograron ninguno de los dos objetivos.

Victoria. Pudieron retrasar temporalmente la migración de sus datos a la entidad estatal.

Los trabajadores mineros
La Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores aportantes y con los jubilados”, manifestó entonces el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

A los maestros, los trabajadores universitarios, los médicos y los jubilados se unieron luego los trabajadores fabriles, que además exigieron ser parte de la administración de la Gestora.

“ Lo que queremos es que la administración de la Gestora sea por los trabajadores y por los jubilados”.
“Nosotros tenemos que tener la mayoría, nosotros tenemos que definir la política”, dijo Vitalino Mamani, secretario permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia.

Los jubilados apoyaron el pedido y solicitaron que los trabajadores y su sector sean parte activa del directorio de la Gestora Pública, y sean quienes administren dicha empresa, con el fin de precautelar y garantizar aportes de los trabajadores y jubilados del país.

“Tenemos que consensuar cualquier decreto, cualquier ley con los directos aportantes (…), lo que queremos es que la administración sea por los trabajadores y por los jubilados, porque no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo, por eso es nuestra asistencia aquí como confederación”, indicó Ayala.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos garantías”.
El dirigente de los jubilados señaló que el sector ya se opuso, con una huelga de hambre, desde la pasada gestión a que la Gestora sea administrada sólo por los funcionarios públicos y no haya participación de los trabajadores activos y el sector de jubilados.

El Gobierno respondió que las puertas de la Gestora estaban abiertas para los trabajadores; sin embargo, el gerente de la entidad aclaró que para entrar en el directorio los trabajadores debían estar cualificados para hacerlo.

El Gobierno también terminó desarticulando las protestas de los mineros de Huanuni, acordando retrasar la migración de sus datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública, medida que fue vista como una muestra de favotitismo por el resto de la sociedad, que expresó su miedo y preocupación por el paso de sus aportes al control del Estado, pero que no tuvo la fuerza para salir a las calles a reclamar.
https://www.paginasiete.bo/especial01/mineros-la-vanguardia-de-una-clase-trabajadora-que-desconfia-del-gobierno-ED5775556

Bolivia

BHP se enfrenta a una demanda de USD 12 000 millones por caso de una represa en Brasil

23/12/2022

Esfuerzos de reconstrucción en la presa de relaves Fundão de Samarco en 2017.| Crédito: BHP
Un juez británico ha fijado para abril de 2024 la fecha del juicio contra el grupo BHP por la catástrofe minera de Brasil, en el que los demandantes reclaman unos 10 000 millones de libras (USD 12 000 millones de dólares).

Está previsto que la audiencia, de ocho semanas de duración, se celebre casi nueve años después de que el derrumbe de una represa desatara un torrente de residuos que causó 19 muertos y contaminó los cursos de agua de dos estados brasileños.

“Dada la escala y la naturaleza del litigio, no es sorprendente que haya habido impugnaciones, apelaciones y cambios en las demandas”, escribió la juez Finola O’Farrell en una sentencia publicada el miércoles. “Sin embargo, ha llegado el momento de evitar más retrasos y hacer progresos sustantivos en la resolución del litigio“.

Ejecutivos actuales y anteriores de BHP, que cotiza en Londres, se enfrentarán a un interrogatorio cruzado sobre su papel en el desastre, según Pogust Goodhead, el bufete que lleva el caso en nombre de más de 400 000 demandantes brasileños. Se trata del mayor litigio colectivo de la historia de los tribunales civiles ingleses, según estimaciones del bufete.

BHP dijo en un correo electrónico que la audiencia no considerará ningún pago de indemnización y que no ha habido ninguna decisión con respecto a la supuesta responsabilidad de BHP o si habrá alguna determinación de pagos a los demandantes y cuándo.

“BHP refuta plenamente las alegaciones de los demandantes ingleses y continuará defendiéndose en el caso, que consideramos innecesario ya que duplica cuestiones ya tratadas por el trabajo existente y en curso de la Fundación Renova – bajo la supervisión de los tribunales brasileños – o son objeto de procedimientos judiciales en curso en Brasil”, dijo la compañía.

BHP solicitó recientemente que la minera brasileña Vale SA comparta la responsabilidad en caso de que pierda la demanda colectiva del Reino Unido. El caso no nombra a Vale a pesar de que la represa era gestionada por Samarco, una joint-venture entre las dos empresas mineras. Vale declaró que sus asesores jurídicos estudiarán detenidamente los detalles y presentarán su respuesta en el momento y la forma adecuados.
Fuente: Reuters

BHP se enfrenta a una demanda de USD 12 000 millones por caso de una represa en Brasil

Bolivia, Litio

YLB cuadruplicó las ventas de carbonato de litio en 2022

A noviembre, se comercializó 600 toneladas por un valor de $us 39,9 MM.

POR YURI FLORES 25/12/2022
Entre enero y noviembre de este año, el valor de las exportaciones de carbonato de litio (Li2CO3) se cuadruplicó respecto al total obtenido en todo 2021. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) exportó por un valor de Bs 273,6 millones (unos $us 39,9 millones).

Durante ese periodo se comercializó 600 toneladas de carbonato de litio, siendo marzo cuando se vendió una mayor cantidad del metal blando, según los datos de YLB proporcionados a LA RAZÓN.

En tanto que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y diciembre de 2021, el país comercializó el carbonato de litio por $us 9,9 millones (unos Bs 68,9 millones al tipo de cambio actual).

Ese valor representó la comercialización de 1.018,6 toneladas de Li2CO3 producidas en la Planta piloto de Carbonato de Litio, ubicada en la población de Llipi, en el salar de Uyuni, departamento de Potosí, que tiene una capacidad de 1.000 toneladas año.

De acuerdo con las respuestas de YLB a un cuestionario enviado por este medio, las 600 toneladas de carbonato de litio comercializadas durante este año tuvieron como destino los mercados de China, Rusia y Emiratos Árabes.


La estatal YLB reportó que, hasta noviembre, la Planta Piloto de Litio produjo 350 toneladas y se pretende producir hasta final de gestión unas 600 toneladas.

El incremento del valor de las ventas del Li2CO3 se debe a que este año el precio de ese metal se disparó, lo que benefició al país.

En octubre de este año, LA RAZÓN informó que Bolivia exportó este año a $us 56.407 en promedio la tonelada de carbonato de litio, mientras que durante 2021 la media fue de $us 9.759 la tonelada.

En ese entonces, el precio internacional de la tonelada de carbonato de litio alcanzó los $us 70.800, lo que representa su nivel más alto desde que hay registros y un repunte de más de 10 veces en dos años, resultado de una combinación de mayor demanda y menor oferta.

YLB trabaja para poner en marcha la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Uyuni a partir de 2023, lo que incrementará la producción hasta las 15.000 toneladas por año.

Asimismo, hasta 2025, la producción de Li2CO3 se dinamizará con la edificación de dos modernas plantas de Extracción Directa de Litio (EDL), con las que se obtendrán hasta 40.000 toneladas de ese producto para garantizar la provisión a distintos mercados.


FERTILIZANTE.
Respecto a las exportaciones de cloruro de potasio (KCL), realizadas por YLB, éstas se triplicaron a octubre de este año respecto a igual periodo de 2021. Durante esta gestión se ampliaron los mercados de dos a cuatro países de destino.

Al décimo mes de esta gestión, las ventas llegaron a los $us 21,8 millones, mientras que a octubre de 2021 alcanzaron $us 6,9 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto al volumen de cloruro de potasio exportado, se muestra un incremento del 42,7%. Es decir, se comercializó 38.796,3 toneladas y a igual periodo de 2021 se ha vendido 27.193,4 toneladas.

Durante este año, el cloruro de potasio llegó a cuatro países: Brasil, Chile, Paraguay y Perú. En tanto, en 2021 solo llegó a los mercados de Brasil y Chile. (Ver cuadros)

En tanto, desde YLB se informó que a noviembre de este año las ventas del fertilizante, que se extrae del salar de Uyuni, Potosí, alcanzaron los Bs 153,2 millones (unos $us 22,3 millones al tipo de cambio actual) por la comercialización de 46.466,2 toneladas.

Ese incremento en las ventas se debe a que el fertilizante se comercializó tanto en el mercado interno como en el mercado externo.

El cloruro de potasio es fundamental porque constituye un aporte para mejorar la producción agrícola de las diferentes regiones del país y apuntala, además, la seguridad alimentaria.


“Yacimientos de Litio Bolivianos, a la fecha en la planta de KCL contó con la producción de cloruro de potasio de más de 41.000 toneladas métricas y a fin de gestión pretende producir 76.000 toneladas métricas”, respondió YLB.

Según los registros de la empresa estatal, durante 2022, YLB exportó 30.467 toneladas de cloruro de potasio a Brasil, Chile, Perú y Malasia.

La producción de este fertilizante se lo hace en la Planta Industrial de Cloruro de Potasio que tiene una capacidad de 350.000 toneladas al año, y es parte de la estrategia para la industrialización del litio en Bolivia. El complejo está ubicado en el municipio de Uyuni, Potosí, y demandó una inversión de $us 188,1 millones.

De acuerdo con las proyecciones de YLB, los réditos de sus exportaciones para el país se incrementarán en la próxima gestión con la apertura de mercados en Paraguay, India y países de Asia.

Las ventas de Li2CO3 y de KCL, hasta noviembre de este año, representaron ingresos por Bs 427 millones (unos $us 62,2 millones) para el Estado boliviano.

Esto fue destacado por el presidente Luis Arce, quien el 30 de noviembre afirmó que esas ventas representan más del doble de lo obtenido en todo 2021.
https://www.la-razon.com/economia/2022/12/25/ylb-cuadruplico-las-ventas-de-carbonato-de-litio-en-2022/

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

Gobierno descarta supuesto “Cartel del Litio” entre Chile, Argentina y Bolivia

14/12/2022

Sin embargo, y ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales reconoció la creación de una mesa de trabajo con Argentina para compartir experiencias de desarrollo de tecnologías de extracción sostenible y escalar en la cadena de valor.
Minería Chilena

Aclarar la relación de Chile con Argentina y Bolivia en materia de extracción del litio. Ese fue el objetivo de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, que contó con la presencia del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

Desde la Cámara explicaron que la interrogante de las y los parlamentarios surgió luego de declaraciones emitidas por el subsecretario Ahumada. La autoridad aseguró, en una entrevista, estar participando en mesas de trabajo con Bolivia y Argentina para “escalar en la cadena de valor del litio en base a una política regional”.

Dichas declaraciones se sumaron a informaciones provenientes desde Argentina y algunas columnas de opinión. En ellas se habló de la creación de un “cartel del litio”. Por estos motivos, la comisión convocó al subsecretario para aclarar los vínculos con los países vecinos, sostuvieron en la Cámara.

Ahumada explicó que la extracción de litio se concentra entre un 56% y un 68% en América Latina. En este contexto, informó que Chile reúne el 47% de las reservas mundiales.

Esto último, según Ahumada, abre la discusión sobre qué tipo de organismos de cooperación se crean con los países vecinos. Así, el propósito sería encontrar espacios de complementariedad regionales. Pero descartó tajantemente la existencia de un cartel.
Mesa Binacional

Desde la Cámara indicaron que el subsecretario afirmó que se trabaja en una mesa binacional con Argentina para la explotación del mineral.

Precisó que se han concretado dos reuniones, una en junio y otra en agosto de este año. La primera, se realizó en Chile; la segunda, en Argentina. El idea, enfatizó, sería avanzar en el desarrollo de tecnologías de extracción sostenible del litio.

Asimismo, la mesa binacional pretende, según Ahumada, crear una fuerza de trabajo calificada para agregar valor agregado al mineral. Además, busca establecer mecanismos que permitan una relación armoniosa con las comunidades.

Agregó que los grupos de trabajo comparten experiencias científico tecnológicas, manteniendo la autonomía de los países en crear su propia estrategia de producción del litio. En cuanto a Bolivia, aseguró que, hasta ahora, no han trabajado con ellos, solo con Argentina.

Gobierno descarta supuesto “Cartel del Litio” entre Chile, Argentina y Bolivia

Bolivia

CHALLAPATA: TRIUNFA LA VOCACIÓN PRODUCTIVA, LA DEFENSA DEL AGUA Y LOS DERECHOS COLECTIVOS FRENTE A LA MINERÍA

06/12/2022
Fuente: Colectivo CASA. Marcha en rechazo a la Minería y Represa de Tacagua. 2022

Ministerio de Minería dispone No continuar con trámite para explotación cerca de la Represa de Tacagua

(Colectivo CASA 04/12/2022).- Mediante Resolución del Ministerio de Minería y Metalurgia se da razón a las comunidades de Acallapu, Tolapujro Cepeda, a la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nº2 Tacagua, al gobierno Municipal de Challapata, a los siete ayllus y a la población en general de Challapata quienes ratificaron su “NO” a la minería, y sumaron otro triunfo en su cruzada medioambiental que lleva 30 años para evitar contaminación de las aguas puras de la represa que sirven a la producción agroganadera y lechera de 1500 familias.

El Ministerio de Minería y Metalurgia dispuso la “no continuidad” del tramite de contrato administrativo para explotación minera de una cuadricula solicitada por la “Empresa El Buen Samaritano” SRL en las comunidades de Acallapu y Tolapujro del municipio de Challapata por poner en riesgo una cabecera de cuenca que alimenta a la represa de Tacagua y a la misma Represa de Tacagua embalse de agua vital para la economía agroganadera de la región.

La dirigencia de los regantes celebró esta disposición que escucha el clamor de las y los regantes de Challapata que buscan mantener su actual equilibrio con la madre tierra, además de garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía de Challapata, Oruro y poblaciones cercanas de Potosí. De la misma manera las Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT que tambien son regantes expresaron que la lucha de Challapata es una esperanza para todas las comunidades que defienden el agua y sus derechos frente a la minería.

La resolución de la cartera de minería surge tras informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera donde emite informe de la posición de las comunidades en su rechazo tajante al ingreso de operaciones mineras, y su negativa de acudir a la consulta previa con la empresa minera.

Cabe recordar que en la última semana de octubre, centenares de regantes se movilizaron a Oruro exigiendo la anulación del proceso administrativo minero en respeto a su vocación productiva


CABECERA DE CUENCA
Fuente: Colectivo CASA. Represa de Tacagua en Challapata . 2022

La represa de Tacagua se encuentra a 3.97 kilómetros del área minera solicitada para explotación minera. Entre Acallapu y Tolapujro se encuentra una quebrada donde se encuentra una cabecera de cuenca de agua que es otra vertiente clave para las comunidades aledañas y el mismo embalse.

La Ley de Minería y Metalurgía en su parágrafo 1 del artículo 208, establece prohibiciones para la explotación en estas áreas como también en lagos, ríos, vertientes y embalses. Este aspecto fue considerado por el informe de la misma institución gubernamental.

La resolución también tomó en cuenta la Ordenanza Municipal 45/2011 del Honorable Concejo de Challapata que declara “…protección hídrica y ambiental de un perímetro de 5 kilómetros a la redonda de la represa de Tacagua…”.

Asimismo, se consideró como informes la presencia de los sembradíos de los comunarios que dependen del agua pura de la zona para sostener su economía sentada en la producción lechera.

REAFIRMAN SU NO A LA MINERIA

Los representantes del municipio de Challapata, la Organización de Autoridades Originarias “Siete Ayllus”; la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra; el Colectivo “CASA”, las autoridades municipales de Challapata, consideran un triunfo de la lucha del pueblo de Challapata y de los Regantes de Tacagua, en el respeto a su derecho a la vida libre de contaminación, al agua y la valoración productiva porque Challapata es la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del Occidente Boliviano

Fuente: Colectivo CASA. Marcha en Rechazo a la Minería. 2022

Colectivo CASA
www.colectivocasa.org.bo
Colectivo CASA
Oficina Oruro
La Plata N° 1768 entre Murguía y Sucre
Telefono fax: 591 (2) 5253641
Oruro – Bolivia