Ecuador

Alerta en Sigchos por nuevo megaproyecto minero

La Gaceta Ecuador
La población está preocupada. Los megaproyectos mineros podrían dejar sin agua de consumo.
El objetivo sería hacer una mina de oro, plata y cobre, que se construiría sobre 10.784 hectáreas que agrupan a tres concesiones ubicadas en tres de las cinco parroquias: Isinliví, Chugchilán y Fraylejón. Lo que afectaría gravemente el ecosistema. Los cuatro proyectos de megaminería que se impulsa en Sigchos están en parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Este proyecto, asentado en las tres parroquias del páramo, se suma a los proyectos de megaminería Pegasus A y Luz, de oro y otros metales, que las empresas Luminex Resources y Anglo American lo mantienen en fase de exploración inicial en la vía a la parroquia Las Pampas, subtrópico de Sigchos.

También se suma al proyecto de oro, plata y cobre La Plata, que Atico Mining Corporación desarrolla en etapa de exploración avanzada en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, subtrópico de Sigchos.

El megaproyecto Sigchos ya fue promocionado por la Enami (empresa minera) en marzo de 2019, pero ante la protesta de las organizaciones comunitarias de Sigchos lideradas por William Sacatoro, presidente del Gobierno Parroquial de Isinliví, en agosto de ese año, el tema quedó en silencio y el líder fue enjuiciado. Sin embargo, el 29 de junio de 2021 la Enami retomó la promoción y esto activó nuevamente las alertas en el cantón.

Sacatoro sostiene que el megaproyecto minero Sigchos devastaría las montañas “sagradas” de La Provincia, Guantualó, Quinticusig, Wingopana, Cerro Azul y los páramos de Samilpamba, Quilapamba, Guantuloma y Yanarumi. Asevera que aquello acabaría con las fuentes de agua.

Como ejemplo, señaló que en los páramos de Samilpamba, Quilapamba, Guantuloma y Yanarumi nace el líquido vital que la Junta de Agua de Malinguapamba y Tunguchí lleva para abastecer a los alrededor de dos mil habitantes de seis comunidades: Guantuloma, Quilapamba, Quintatunguiche, El Salado, La Provincia y Malinguapamba.

El sábado 3 de julio de 2021, los representantes de diez organizaciones comunitarias del cantón se reunieron en Sigchos con la asambleísta de Cotopaxi Gissella Molina, integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, quien también se opone a la explotación minera.

Pablo Aulestia, asesor de la asambleísta, informó que la legisladora está impulsando reformas a la Ley de Minería para que, por ejemplo, la remediación ambiental esté a cargo de las empresas mineras y no del Estado ecuatoriano.

“De cada dólar de ganancia, 90 centavos se llevan las empresas mineras y solo 10 quedan para el país, pero la remediación ambiental cuesta tres veces más de lo que supuestamente se gana, agua queda contaminada”, añadió.

Gissella Molina alertó que, incluso sin la minería, “es posible que Sigchos se quede sin agua en cinco años” debido a que las fuentes se han reducido por el daño a los páramos causado por las actividades humanas.

“Hay que ver cuántos afluentes quedan y cuántos están contaminados (…) Depende de ustedes, sí la población dice no a la minería, nadie puede venir a explotar”, expresó.

“Las enfermedades gastrointestinales, cancerígenas y catastróficas se generan más en las zonas de explotación minera, añadió Pablo Aulestia.

El asesor también pidió a la población no dejarse convencer por la promesa de trabajo en las empresas mineras. “La actividad minera necesita personal calificado y en Sigchos no hay personas formadas para esos puestos”, aseveró.

Aulestia aclaró que los proyectos que ya están concesionados no pueden ser rechazados a menos que se consiga acciones legales, pero que en aquellos que aún no están concesionados el Estado está en la obligación legal de primero consultar a la población.

Según el asesor parlamentario, la población debe presionar al Municipio, porque, según aseveró, esa entidad tenía a cargo 35 concesiones.

Pablo Aulestia aseveró que se vienen 16 concesiones más para Cotopaxi entre minería metálica, pétrea y de libre aprovechamiento. Y reveló que durante el gobierno de Lenín Moreno se incrementaron las concesiones en una cantidad alta (2.973) y sin criterio técnico.

“En Ecuador, en 2017 había 1.063 concesiones mineras, y había 4.063 al cerrar el periodo de Lenín Moreno (…) Se debe transparentar la información, no hay información actualizada desde 2019 ni en el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Energía ni en la Agencia de Regulación y Control Minero”, dijo.

“La lucha contra la minería se la debe hacer de manera técnica (…) Se debe quitar de la ley el criterio de que cuando el gobierno decida que un proyecto minero es de interés nacional, por más que está en área protegida, se lo haga a como dé lugar (…) La sociabilización de los proyectos mineros se la debe efectuar ante toda la población, no solo ante un dirigente”, explicó.

Alba Zurita, también asesora de Gissella Molina, comunicó que el 28 de junio la asambleísta se reunió con la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) y consiguió el apoyo técnico de sus 69 organizaciones para evaluar las concesiones mineras en Sigchos, La Maná y Pangua.

Franklin Mena, concejal urbano del vecino cantón La Maná, invitado al evento, aseveró que la minería que se realiza en la parroquia El Tingo La Esperanza, subtrópico de Pujilí, “mata los peces” y afecta a la urbe lamanense.

“Sigchos es un territorio altamente sensible, el Concejo Municipal debe declarar a Sigchos como zona de protección hídrica. Hay déficit de agua en el cantón y a las pocas fuentes que quedan se las debe proteger. El arsénico que se utiliza en la minería es un metal pesado, envenena el agua y produce cáncer, cáncer de próstata y otras enfermedades. También se utiliza Mercurio y Cianuro”, manifestó.

William Sacatoro insistió que los moradores están preocupados por la reactivación del proyecto minero Sigchos por parte de la Enami. Planteó que esa entidad envíe técnicos al cantón para que expliquen en detalle a los habitantes el impacto de la minería, les consulte si están de acuerdo o no y respeten el pronunciamiento de la población.

“En agosto de 2019 ya protagonizamos un paro contra el Alcalde (Hugo Argüello) con el apoyo de los GAD parroquiales. Los municipios tienen la competencia de dar el permiso de uso de suelo, ellos conocen y no han avisado a la población. Y hoy, sorpresa, nuevamente están ubicando inversionistas”, dijo.

Alerta en Sigchos por nuevo megaproyecto minero

Ecuador

RESOLUCIONES ASAMBLEA GUALEL

El día sábado 19 de junio del 2021, y en respuesta a la convocatorias del comité defensa del agua y los
páramos de Gualel y contando con la participación de los pueblos de fierrourco, representantes de las
parroquias del noroccidente, del pueblo Saraguro, del comité de la defensa del agua y de los pueblos
montubios de Portovelo, del pueblo Huancavilca, de Catamayo, de los colectivos de defensa del agua
de la ciudad de Loja, se dio inicio a la jornada por la unidad, el agua y la libertad a 14 dirigentes
criminalizados de Gualel.
Múltiples voces aquí, han denunciado a estas megaempresas de la devastación (Guayacan gold,
cornestone y sol gold), que bajo el membrete espurio de la minería responsable, y de que traen
el progreso y el desarrollo, pretenden esconder y legitimar sus métodos de división y enfrentamiento
de un pueblo, de instalar la violencia para procedera la apropiación, al saqueo, a la colonización y
luego devastación de un territorio para extraer los minerales de sus entrañas, destruyendo las
entrañas de la madre tierra.
Señalando que esta no solo es una lucha, nos hallamos frente a una situación de emergencia, no
solo las empresas deben parar la criminalización, es hora de que les exijamos que se vayan, con fuerza,
con propiedad, con los principios ancestrales de justicia que nos asisten a partir de una prolongada
y milenaria guardianía y ocupación del territorio, junto a los principios constitucionales que nos
asisten.
Acordando trabajar arduamente para forjar principios y procesos de unidad, unidad de las
parroquias del noroccidente, unidad de los pueblos que habitan los tres flancos del fierrourco:
Ambocas, Paltas y Saraguros, unidad de un frente urbano por la defensa del agua y los alimentos, y
unidad de los pueblos de las seis provincias de la región sur.RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA
• Exigir el cese de los procesos de judicialización a 14 dirigentes de Gualel por parte de las empresas
mineras extranjeras
• Impulsar una acción de protección constitucional, a las acciones de prospección minera en los
páramos de fierrourco que son fuentes de agua, y ante la falta de consulta previa libre e informada.
• Exigir el cumplimiento de la resolución de cantón Loja libre de minería metálica, y que el PDOT
Cantonal, responda plenamente al alcance de esta resolución
• Exigir que el Gad provincial, MAG y MAE, atiendan las necesidades de las parroquias Gualel y del
noroccidente y denunciar su posición chantajista de condicionar sus ayudas a estas poblaciones si
es que no se subordinan a las empresas mineras.
• Exigir que el GAD parroquial de Gualel, atiende las demandas de su pueblo en pie de lucha por ladefensa del agua y que deje de ponerse al servicio
de las empresas mineras
• Exigir la salida de las empresas mineras del territorio de fierrourco y del país.
• Apoyar las demandas de la carta urgente al presidente Lasso y autoridades electas, pidiendo
el cese de las actividades de minería metálica en fuentes de agua y territorios de producción de
alimentos, a presenta por parte de la plataforma de organizaciones defensoras del agua y la
soberanía alimentaria de la región sur.
• Ratificar que los pueblos de fierrourco ya hemos decidido decir no la minería metálica, si al agua.

Fierro Urco: agua y libertad

Criminalización de la protesta, Ecuador

449 defensores de derechos humanos han sido amenazados y hostigados en Ecuador

Alejandro Pérez 25/06/2021
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar los casos de los defensores de los derechos humanos que fueron asesinados en el pasado. (Alejandro Pérez)

El 17 de marzo de 2021, Andrés Durazno fue asesinado con varias puñaladas fuera de su domicilio en Llantacuro, provincia de Azuay. Él era presidente del sistema comunitario de agua y riego de Molleturo-Río Blanco y activista ambiental.

Aunque todavía se investiga el móvil del crimen, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dice que su muerte hay que entenderla en el contexto de lucha y conflicto del proyecto minero Río Blanco, a cargo de la empresa china Junefield.

La historia de Andrés Durazno es un espejo de lo ocurrido con Freddy Taish, dirigente shuar que se oponía a la minería en Morona Santiago, en 2013. Y similar a lo ocurrido con José Tendentza, asesinado en 2014, cerca del proyecto minero a gran escala Mirador, en Zamora Chinchipe.

Son tres crímenes en la impunidad que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar, para que no se vuelvan a repetir con otros 449 activistas que estarían amenazados, hostigados y criminalizados.

Esta Alianza acaba de presentar un informe sobre estos casos, que fue entregado a varias instituciones como Secretaría de Derechos Humanos, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, entre otros.

“Atender la situación de las personas defensoras es urgente. No es posible que en el Ecuador no exista ningún tipo de garantía para la protección de quienes buscan defender derechos y detener los abusos de poder”, dijo Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch y parte de la Alianza.

Este informe marcaría los retos y desafíos en materia de derechos que los anteriores gobiernos no atendieron. Por un lado, Guillermo Lasso se ha comprometido a dialogar y hacer cumplir todas las garantías constitucionales pero, por otro lado, el fisco requerirá de ingresos que generen estas industrias extractivas.

En su mayoría, los conflictos y amenazas para activistas son por las actividades mineras, según describe el reporte. También está el tema de extracción petrolera y derrames en la Amazonía y actividades como la agroindustria, como es el caso de Furukawa.

Se citan los casos, por ejemplo, del Pueblo Shuar Arutam que cuenta con un territorio ancestral de 230 mil hectáreas en la Cordillera del Cóndor, donde algunas empresas han iniciado fases de exploración de minerales. Entro otros, describe el caso de Pacto, al norte de Pichincha, y el conflicto de Buenos Aires, en Imbabura.

“Hemos recibido amenazas de muerte. El gobierno debe escucharnos. Nosotros como pueblos originarios hemos dicho que no queremos ser consultados y que las empresas deben dejar nuestro territorio”, dijo en rueda de prensa la presidenta del pueblo Shuar Arutam, en la presentación del informe.
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/449-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-amenazados-y-hostigados-en-ecuador-NE446780

Ecuador

PIDEN CONSULTA POPULAR CONTRA MINERÍA METÁLICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE QUITO

27/06/2021
El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En el 2018, la UNESCO declaró al Chocó Andino como la séptima reserva de biósfera del Ecuador. “A pesar de esto, el Estado de forma ilegal e inconstitucional ha impuesto 12 concesiones mineras y otras seis se encuentran en trámite, condenando al noroccidente a la devastación y limitando la realización de de decenas de otras prácticas productivas coherentes con la reproductibilidad del bosque” sostienen las Comunidades.

La Manconunidad del Chocó está conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, las cuales forman parte del cantón Quito.

Ahora, han solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador que de el visto bueno a una propuesta para la convocatoria de una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

En el mes de marzo, Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, lamentó el ingreso de las mineras en la zona para explotar oro, cobre y plata y manifestó: “Hay una fractura social y violenta. Gente se va con los mineros y otra que se mantiene con su forma tradicional de vida como la caña orgánica y la minería, lo cual provoca conflictos y roces en las comunidades”.

Asimismo se producen problemas de inseguridad. “Nuestros pueblos son sitios de paz. Corren peligro los lugares en donde los quiteños salen de vacaciones a bañarse en las cascadas (…) La zona se empieza a volver violenta con tensiones alrededor del agua, el uso del suelo, incluso del acceso a la tierra. Eso nos tiene muy preocupados”.

En un comunicado, la organización precisó el viernes 26 de junio del 2021 que la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de la causa correspondiente a una consulta popular presentada por varios vecinos de Quito, en la que solicitan un dictamen en torno a cuatro preguntas que incluiría el plebiscito y que busca la prohibición de la minería metálica.

Con ello pretenden interrumpir esta práctica minera en el subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas del Distrito Metropolitano quiteño y en el área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

La legislación constitucional ecuatoriana establece un plazo de 20 días para que la alta Corte se pronuncie al respecto, contabilizando desde el inicio del respectivo control previo.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, explicó este viernes a Efe que las comunidades están en su 196 día de “resistencia“, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

Estas acciones de obstaculización se llevan a cabo tanto en las parroquias del Chocó Andino, como en los territorios de Acus Mashpi, Pachijal, Yunguilla, Camino de los Yumbos, pertenecientes a la parroquia La Victoria.

“Estamos haciendo lo posible para presionar a la Corte para que emita un criterio”, agregó Arcos al precisar que la campaña para impulsar la prohibición de la minería incluye plantones, intervención en redes sociales con la etiqueta #QuitoSinMinería, y el “cuidado de territorios que actualmente se encuentran cerrados“.

“No le estamos pidiendo a la Corte que decida sobre si la minería es buena o mala, este modelo de explotación pone en riesgo a la comunidad“, sostuvo el dirigente comunitario y citó las afectaciones ocasionadas por las actividades extractivas como la contaminación del agua, la división de comunidades y daños a la reserva ambiental.

Por ello, la organización ambiental y vecinal asegura que se mantiene vigilante, “para asegurar nuestro derechos, como habitantes de Quito, a decidir sobre nuestros bosques, áreas verdes y mantenerlos libres de minería”, concluye el comunicado.

El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco.

La reserva trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana, y comprende una extensión de más de 286 000 hectáreas, lo que representa el 30,31% del territorio de la provincia de Pichincha.
Fuente: EL COMERCIO

Piden consulta popular contra minería metálica en áreas protegidas de Quito

Ecuador

Primeros frutos para la resistencia contra la minería en La Merced de Buenos Aires

Protesta contra la minería en La Merced de Buenos Aires, Ecuador La Merced de Buenos Aires quiere estar libre de minería (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
08/06/2021
En Ecuador, un juez acaba de ordenar que la minera Hanrine debe despejar la vía pública en menos de diez días. Considera que las autoridades competentes del control y regulación de actividades mineras en el país han sido incapaces de resolver el conflicto socioambiental que lleva activo más de 40 días en torno a la comunidad de La Merced de Buenos Aires, que se encuentra vigilante y en vilo.

El juez Dr. Manuel Sucuzhañay, de la Unidad Multicompetente de Urcuquí, reconoce un inminente riesgo de vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por quienes pretenden imponer la actividad minera. Por ello, da un plazo de diez días a la empresa minera Hanrine para retirarse de la vía pública que está obstruyendo, y donde vehículos y mineros acampan e impiden el libre paso a los moradores de las comunidades, poniendo en riesgo su salud.

Fue esta urgencia por proteger la salud en un contexto de pandemia y en última instancia la propia vida, lo que dio ánimos a la comunidad a unirse para repeler la amenaza minera y defender su derecho a un ambiente sano y a elegir el modelo de desarrollo que prefieren tener, ligado a las actividades tradicionales de la agroforestería y la ganadería. El área forma parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, un ecosistema único, que forma parte de la bio región Chocó y con una importancia fundamental para la región andina.

El Estado ecuatoriano entregó una concesión minera y una vez más ha dado muestras de incompetencia a la hora de manejar el conflicto suscitado con policía y ejército, una vez que la empresa pretende pasar y la comunidad se niega a permitirlo. La zona fue castigada por una intensa actividad minera ilegal en el pasado, y sus habitantes se resisten a repetir la pesadilla vivida.

Por el momento, el pueblo bonaerense considera las medidas cautelares dictadas por el juez Sucuzhañay una victoria. Es un momento clave, ya que un nuevo gobierno acaba de asumir funciones hace tan sólo dos semanas, y entre otras promesas electorales, el nuevo presidente Guillermo Lasso se comprometió a prohibir la minería.

La comunidad agradece al asambleísta Mario Ruíz, el cual presentó la acción de amparo con el fin de ayudar a evitar que se produjeran más enfrentamientos. En un comunicado, el asambleísta pide que se ejecute la sentencia a la mayor brevedad, así como «soluciones de fondo», y declaró: «La sentencia marca un precedente histórico en que los pueblos a través de la justicia constitucional hacen prevalecer sus derechos frente a las grandes transnacionales». La minera causante del conflicto tiene su raíz en Australia.

A pesar de la buena noticia, Salva la Selva mantiene activa una petición en apoyo de la comunidad que suma casi 92.000 firmas. La carta dirigida a las autoridades exige que “cesen todas las acciones de intimidación contra la población bonaerense y atiendan convenientemente las denuncias, sin criminalizar, acusar sesgadamente, ni prejuzgar al conjunto de la comunidad” garantizando el derecho a la protesta y la resistencia. Además, que aclaren todas las circunstancias de la concesión minera y que se desarrolle un proceso adecuado de consulta incluído el de Consentimiento Previo Libre e Informado CPLI al que tiene derecho la comunidad indígena Awá afectada directamente. Dichos procesos han sido hasta el momento inexistentes.

La parroquia de Buenos Aires solo recobrará la paz cuando se extingan las concesiones mineras impuestas sobre el territorio sin que mediara ningún tipo de consulta. Otra exigencia que sigue abierta es la reparación de los daños infringidos por la actividad de minería ilega habida durante algunos años. Por eso, la vigilancia internacional continúa atenta y seguiremos informando sobre lo que pasa en La Merced de Buenos Aires hasta que el conflicto se resuelva totalmente.
#EcuadorMegadiversoNoMegaminero
#BuenosAiresLibredeMinería
#AguantaBuenosAires
Más información, de la ecuatoriana Alianza por los Derechos Humanos.
https://www.salvalaselva.org/exitos/10244/primeros-frutos-para-la-resistencia-contra-la-mineria-en-la-merced-de-buenos-aires

Ecuador

Imbabura: Sigue conflicto minero y la posturas ambientalistas y pro mineros

Las posiciones sobre la minería en Imbabura son diametralmente opuestas entre los ambientalistas y los pro mineros. En ENtv estuvieron José Cueva del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) y Franklin Soria de Prensa Minera para hablar sobre el tema.

Cueva: “La empresa minera tiene concesión, pero no es legal”

José Cueva, miembro del Observatorio Minero Social Ambiental del Norte del Ecuador (OMASNE), consideró en ENtv que la situación en Buenos Aires es muy delicada.

¿La minería legal es posible como sostiene Prensa Minera?
Quiero recalcar que el trabajo que esta haciendo la así llamada Prensa Minera tiene un fin concreto, un fin específico de generar opinión pública favorable a la minería y para eso no ha escatimado ningún esfuerzo, han victimizado a la comunidad (Buenos Aires, Urcuquí), la califican como mineros ilegales a una población de agricultores y ganaderos.

¿Por que lo dices?
Están desinformando y engañando a la prensa. Te comentaba que hace un tiempo hicieron un reportaje totalmente falso que tuvo que retractarse públicamente Ecuavisa. Son maniobras que hace Prensa Minera con fines concretos y específicos que son favorecer a la empresa Hanrine en este caso, para lograr su objetivo de lograr entrar a la concesión Imba.

¿Cómo está Buenos Aires?
La situación es sumamente grave, sumamente preocupante y yo quiero alertar a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene que estar muy pendiente de lo que puede pasar en estos días, porque con la excusa del Estado de Excepción es posible que haya un intento de ingreso violando los derechos humanos de las personas.

Pero de lo que se conoce la empresa Hanrine tiene una concesión legal.
La empresa minera tiene una concesión pero no es legal, porque hay una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que se emitió en 2019 en la cual se expone que estas concesiones son ilegales porque no realizaron el proceso de consulta.

¿La consulta es prioridad?
La Constitución en el Ecuador en el Art. 398 obliga a la realización de la consulta ambiental a las comunidades y no hablo de la consulta previa informada a pueblos y nacionalidades indígenas, yo hablo de la consulta ambiental que se debe realizar a todas las comunidades en donde hay procesos extractivos.

¿La lucha continúa?
Claro mientras haya gente que viva en el campo.

Soria: “Las autoridades deben hacer prevalecer el orden”

Franklin Soria es el responsable de Prensa Minera, portal que tiene un amplio conocimiento de estos temas conflictivos a nivel nacional. Obviamente, su presencia en Buenos Aires ha generado apoyos y detractores, pero Soria se mantiene “al pie del cañón”.

¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Las expectativas que ha generado el gobierno de Guillermo Lasso para el sector minero son positivas, porque entendemos que hay, por sobre toda agenda política, una agenda productiva, económica, siendo un motor esencial en cantones del Ecuador. Incluso el rubro que aporta la minería ha superado a la exportación de flores.

¿Qué se demuestra con eso?
Simplemente que el sector productivo de la minería tendrá garantizado la seguridad política, el respeto a la propiedad privada porque el sector minero genera divisas para el Ecuador y encadenamientos productivos.

Pero también se generan disputas y conflictos como en Buenos Aires…
Imbabura es una provincia que tiene larga data de conflictos mineros. Recordemos el escenario de Llurimagua hace más de 20 años cuando estaba Ascendant Cooper. Lamentablemente no ha sido una disputa racional y ha ido al territorio, han sido dos posiciones respetables.

¿Por qué Prensa Minera?
Porque cree y exige una minería responsable nacional y extranjera al contrario de quienes se oponen desde el otro sector. Se ha llevado la disputa al territorio, con puños, agresiones de quienes no piensan como el grupo antiminero que controla la parroquia y hemos sido testigos de los conflictos.

¿Cuándo habrá calma?
Son dinámicas que no van a tener solución, porque en un país donde rigen las leyes no puede haber quien se manifiesta con más fuerza o con mayor número de gente para decir que tienen la razón.

¿Algún llamado puntual?
A las autoridades competentes para que hagan prevalecer el orden. Vimos absortos como la minería ilegal se paseó por las narices de Ibarra sin que se haga nada durante casi dos años.

Imbabura: Sigue conflicto minero y la posturas ambientalistas y pro mineros

Criminalización de la protesta, Ecuador

Andrés Durazno, defensor del agua y de los páramos de Río Blanco en el Azuay

Una vida cegada en el contexto extractivo minero
18/03/2021
Ante la muerte violenta de Andrés Durazno, ocurrida en la comunidad de Río Blanco la noche del 17 de marzo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay, expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad a su esposa Fernanda, hijos y demás miembros de la familia y comunidad.

Andrés mantuvo su convicción durante varios años por la defensa de los páramos, las fuentes de agua y la vida, frente al proyecto minero Río Blanco. Era considerado como “guardián del cerro”, por su constante preocupación por el territorio, por evitar que tanto la megaminería, como la minería ilegal se inserten agrediendo los páramos del Macizo del Cajas. Defendió estos territorios que albergan vida y en los que las familias campesinas e indígenas de Río Blanco realizan sus actividades agrícolas y pecuarias, porque del cuidado de sus acuíferos depende su presente y su futuro.

Lo reconocemos como uno de los mentalizadores del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Río Blanco, que se creó con participación de profesores voluntarios de Cuenca y Quito, para apoyar a que jóvenes de la comunidad culminen sus estudios de bachillerato, permanezcan en el territorio, fortalezcan la lucha y defensa del agua y no migren a la ciudad. Con compromiso, posibilitó un espacio dentro de su vivienda para el funcionamiento del mismo.

Este execrable asesinato que bien podría pretender justificarse como de carácter interno a la comunidad, y del que exigimos a la Fiscalía clarifique y transparente las responsabilidades directas e indirectas, no es un hecho aislado. Debe ser entendido dentro del contexto en que ocurre, el de la profundización extractiva. El asedio de la minería no ha parado en la zona, si bien las actividades formales de la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A, de la empresa china Junefield han estado paralizadas desde 2018, año en que el juez Paúl Serrano aprobó las medidas cautelares solicitadas por las comunidades de Molleturo en su Acción de Protección interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia de Cuenca; y en que se reconoció que la empresa efectivamente violó el derecho constitucional de consulta previa, lo que fue ratificado en apelación por la Corte Provincial del Azuay. El caso está actualmente en la Corte Constitucional para decisión de una acción extraordinaria de protección presentada por el gobierno.

Las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las familias defensoras del agua y los páramos han vivido de manera permanente y sistemática acoso en la comunidad por parte de grupos que apoyan la minería calificada legal e ilegal, que se articulan y solapan; a las comunidades de la zona han ingresado muchas veces actores armados (policía e incluso unidades especiales) para dar soporte a los grupos pro mineros. Todo esto ha generado un clima en que la violencia se recrudece y se inserta en la vida cotidiana, en que se patriarcaliza el territorio, y en que se quiebran convicciones con ofrecimientos monetarios; en que el consumo de alcohol también exacerba tensiones internas en las familias.

¿A quién interesa la división y el resquebrajamiento del tejido social? Interesa a aquellos sectores que tratan a toda costa de imponer un modelo de desarrollo extractivo minero en los páramos del Azuay; agrietando y ocasionando fisuras entre familias que se han comprometido con sus vidas y su ejercicio cotidiano a la defensa territorial.

Expresamos nuestro pesar y nuestra solidaridad para con la familia de Andrés Durazno, las familias de la resistencia minera de la parroquia Molleturo duramente afectadas por este suceso y exigimos a la Fiscalía General del Estado, que este hecho no quede en la impunidad. Así mismo exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus competencias y la obligación establecida en el dictamen del juez de observar el adecuado proceso de abandono de la mina y de la garantía de los derechos humanos de las familias y de la naturaleza, en este territorio.

Andrés sigue vivo en las aguas y el páramo que amó y defendió y en nuestra lucha.

Suscriben este comunicado:

Acción Ecológica
ALAMES Ecuador
Alberto Acosta
Amazon Frontlines
APT Norte
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Asamblea por el Agua y la vida de Sígsig
Colectiva de Antropólogas del Ecuador
Colectivo Caminantes
Colectivo de Geografía Crítica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comunálisis – Ecuador
DECOIN
Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador
Grupo KANAKA
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Mancomunidad y Bosque Modelo Chocó Andino
OMASNE
Oficina de Derechos de la Naturaleza Ecuador
Profesoras y profesores voluntarios del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk (Guardianes del Agua) de la comunidad de Río Blanco
Proyecto de Vinculación de FLACSO Ecuador en apoyo al Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Saramanta Warmikuna
Yasunidos

Ecuador

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala

19/02/2021
El proyecto Loma Larga está ubicado al sur de Ecuador, en la provincia del Azuay. / Imagen: INV Metals.

Los residentes de la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, han votado a favor de prohibir las futuras actividades mineras a gran escala en cinco zonas de cuencas hidrográficas cercanas, un área que se extiende por más de 3.100 kilómetros cuadrados y es el hogar de más de 580.000 personas.

Los resultados de la encuesta representan una victoria para Cuenca, en la provincia de Azuay, que alberga varios activos mineros, incluido el proyecto aurífero Rio Blanco de Junefield de propiedad china, Sharug de SolGold y la canadiense INV Metals, y el proyecto Loma Larga.

La ciudad de Cuenca, la tercera más grande del país, presionó el año pasado para que se celebrara el referéndum sobre si las comunidades podían decidir o no el destino de los proyectos mineros en la zona.

El máximo tribunal de Ecuador otorgó una victoria a la comunidad, lo que les permitió fijar una fecha para votar. Más del 80% del electorado votó a favor de la prohibición, que según los defensores refuerza “los derechos de la naturaleza”, garantizados por la Constitución del país de 2008.

El resultado del referéndum es legalmente vinculante, lo que significa que el próximo presidente de Ecuador tendrá que implementarlo.

El país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial en abril, ya que los resultados de las elecciones de este mes siguen siendo controvertidos.

El candidato indígena de izquierda Yaku Pérez, un abogado ambientalista, obtuvo el 19.38% de los votos en las elecciones del 7 de febrero. Eso es solo 33,000 votos detrás de su rival en segundo lugar, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

Pérez, un opositor de la minería cerca de las cuencas hidrográficas, alega que hubo un fraude para mantenerlo fuera de la segunda vuelta. Fue desplazado por estrecho margen por Lasso del segundo al tercer lugar a la mitad del conteo, ahora detenido.
Más de 40 proyectos en el limbo

Si bien aún no hay grandes minas operando en el área, los resultados del voto popular podrían descarrilar más de 40 concesiones de cobre, oro y plata.

“Eso es discutible”, dijo el abogado de minería Xavier Andrade a Bloomberg News la semana pasada. “¿Quién realizará la exploración si no se puede recuperar la inversión? (…) Todo esto terminará en otra batalla legal ante la Corte Constitucional”, dijo.

Ecuador ha ganado terreno como destino de inversión minera en los últimos dos años, pero la oposición podría frustrar el plan del gobierno de atraer USD 3.7 mil millones en inversiones mineras para 2022.

El año pasado, la minería en Ecuador generó USD 810 millones en exportaciones, USD 430 millones en impuestos y USD 374 millones en inversión extranjera directa.
Fuente: Mining Dot Com

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala

Ecuador

El respaldo al candidato Yaku Pérez en Ecuador muestra una reacción contra la minería

15/02/2021
Imagen referencial del sector minero / Foto: Pixabay

En Ecuador, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 7 de febrero y el candidato Yaku Pérez, un abogado y activista indígena, obtiene hasta el momento casi el 20% de los votos en la primera vuelta con una propuesta de llamar a una consulta popular para prohibir la minería industrial, en su afán por proteger las cuencas hidrográficas.

Las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran a Yaku Pérez con 19,47% de los votos y a Guillermo Lasso con 19,69% casi al final del escrutinio.

El ganador de la primer vuelta es el candidato Andrés Arauz con 32.6% de los votos, con la promesa de regresar al programa económico socialista del expresidente Rafael Correa. La segunda vuelta se realizará el 11 de abril.

Pero el apoyo general muestra que el mensaje de Yaku Pérez resonó entre los ecuatorianos y los resultados de las elecciones legislativas, que también se llevaron a cabo el domingo, muestran que su partido Pachakutik sería el segundo más grande en la Asamblea Nacional.

Sus aliados en la región amazónica han dicho que desde la Asamblea promoverán el desarrollo económico “post-extractivista” en territorios indígenas, muchos de los cuales se encuentran cerca de las operaciones de la industria minera y petrolera del país. Además, plantean amnistía para los líderes criminalizados por su lucha social.

“No es buena señal para las inversiones de un sector fundamental”, dijo Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay. “Quisiéramos que se reflexione un poco sobre la real magnitud de lo que están planteado, toda vez que no tenemos alternativas viables e inmediatas más allá de la minería”.

Ecuador ha intentado durante años desarrollar su industria minera como alternativa al petróleo. Pero la oposición de las comunidades y los activistas indígenas ha dificultado el despegue de grandes proyectos.

La minería generó más de USD 800 millones en ingresos por exportaciones en el 2020, según datos oficiales.

Además, en una nueva señal de cambio de opinión pública sobre la minería, los votantes del cantón Cuenca apoyaron en una consulta popular la prohibición de la minería en la zona de los ríos que atraviesan la ciudad, según datos preliminares.

Los líderes de la industria dicen que los resultados no afectarán proyectos existentes como Río Blanco, liderado por el consorcio chino Ecuagoldmining, y Loma Larga, de la canadiense INV Metals Inc, pero dicen que podría disminuir el interés de los inversionistas por emprendimientos futuros.

“La consulta popular es el peor mensaje para el inversionista que está en el país o aquellos que están viendo de afuera”, dijo el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar. “El tema político podría afectar al desarrollo de la minería”.

Pérez, de 51 años, ha dicho que el país debería promover el desarrollo de la agricultura y el turismo comunitario en lugar de la minería industrial.

Arauz, por su parte, buscará una mayor participación de las comunidades indígenas y llevará a cabo la revisión de las concesiones mineras existentes para asegurar que están cumpliendo planes de inversión y cuidado ambiental.

Mientras que Lasso se ha comprometido a atraer inversión extranjera para el sector asegurando que existan reglas ambientales claras.

Pérez pidió el jueves (11 de febrero) un recuento de votos en siete provincias y dijo que buscará la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU) contra lo que llamó un “fraude electoral”.

“No le están robando a Yaku Pérez los votos, le están robando todo un proyecto, todo un sueño, toda una esperanza que tenían los ecuatorianos”, agregó en un mitin frente a la sede del consejo electoral en Quito.

Fuente: Reuters

El respaldo al candidato Yaku Pérez en Ecuador muestra una reacción contra la minería

Ecuador

CONSULTA POPULAR: NUEVAMENTE LOS PUEBLOS ELIGEN PROHIBIR LA MEGAMINERÍA

08/02/2021
Consulta popular: nuevamente los pueblos eligen prohibir la megaminería
De la mano de las elecciones presidenciales, en distintos cantones de la provincia ecuatoriana de Cuenca se llevó a cabo una consulta popular en donde la población decidió ampliamente prohibir la minería metálica a mediana y gran escala en las zonas de recarga hídrica de los principales ríos de la región. Cuando se consulta a los pueblos se obtiene la misma respuesta: el agua vale más.

Faltan conocer los resultados oficiales, pero las actas testigo y las proyecciones indican un 80% para el “Sí”, que en el caso del cantón ecuatoriano es un “No” a la megaminería metálica. La consulta buscaba proteger la zona de recarga hídrica de los ríos Norcay, Yanuncay, Tarqui y Machángara.

El conteo oficial comenzará una vez finalizado el conteo de los votos de las elecciones presidenciales y de asambleístas, pero desde las organizaciones que impulsaron la consulta ya están festejando. La consulta se logró tras una larga lucha de quienes habitan la región, principalmente pueblos indígenas que buscaban defender sus territorios. En diciembre de 2020 se resolvió hacer la consulta de la mano de las elecciones para la presidencia y asambleístas de la República del Ecuador.
https://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/44963-cuenca-consulta-megamineria