Ecuador, Panamá

Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Las protestas se dan después de que Panamá ratificara el contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
EFE / Redacción Primicias 24/ Nov 2023
Personas protestan en Panamá, el 24 de noviembre de 2023. – Foto: EFE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización índigena del país, manifestó su apoyo a las protestas que se registran en Panamá, desde hace un mes. Las manifestaciones son contrarias al contrato firmado con una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). La Conaie también exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que lo declare inconstitucional. «Sabemos lo que significa defender la vida y la naturaleza frente al modelo extractivista y depredador», señaló la Conaie en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales. Y exhortó a la Corte Suprema panameña «a tomar decisiones justas y legales, considerando la invalidez del nuevo contrato con Minera Panamá, en defensa de los derechos de las comunidades locales y la preservación ambiental». La Conaie también expresó su «profunda admiración y respaldo» a los manifestantes que están protagonizando las mayores protestas en décadas en el país centroamericano para librar «una lucha en defensa de su país, especialmente en lo que respecta al corredor biológico». «La protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad son responsabilidades globales y resaltamos la relevancia de la región afectada para el equilibrio climático y biológico del planeta», concluyó la organización que agrupa a 14 nacionalidades indígenas que habitan el territorio ecuatoriano. Debate de inconstitucionalidad La Corte Suprema de Justicia de Panamá inició, el 24 de noviembre de 2023, una sesión permanente para debatir y analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá. La expectativa en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad que ponga fin a más de un mes de protestas. Durante las manifestaciones ha habido continuos bloqueos en las principales carreteras, lo que ha desencadenado una crisis de abastecimiento, dejando semiparalizado el país. El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado de manera exprés en los obligados tres debates parlamentarios.

Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Ecuador

Tribunal detiene proyecto minero en Ecuador por falta de consulta a comunidades locales

Mineriaenlinea 05/04/2023

Un tribunal en Ecuador ha dictaminado que la estatal ENAMI y una filial de la chilena Codelco no han cumplido con su obligación de realizar una consulta medioambiental a las comunidades locales de una provincia con alta biodiversidad, y por ello, el proyecto de extracción de cobre Llurimagua debe suspenderse.

El tribunal provincial de Imbabura señaló que una licencia ambiental de 2014 y otros permisos otorgados para el proyecto, que se encuentra en fase de exploración avanzada, no cumplen con los parámetros adecuados. Según el abogado de las comunidades, Carlos Varela, la sentencia establece la paralización de toda actividad minera en la zona hasta que se cumplan las normas definidas por el Tribunal Constitucional.

ENAMI no ofreció comentarios inmediatos, mientras que Codelco, que demandó a Ecuador en 2021 por discrepancias en Llurimagua, tampoco se pronunció al respecto. El Ministerio de Energía y el de Medio Ambiente no proporcionaron reacciones inmediatas.

Ecuador posee abundantes recursos minerales, pero su desarrollo minero se encuentra rezagado en comparación con países como Chile y Perú, debido a sentencias judiciales y resistencia de las comunidades indígenas. El gobierno del presidente Guillermo Lasso busca impulsar el sector para apoyar la economía en dificultades, que el año pasado vio crecer las exportaciones mineras en un 32,6%, alcanzando los 2.770 millones de dólares.

Sin embargo, la bióloga especializada en anfibios Andrea Terán advierte que en los alrededores del proyecto Llurimagua habita una rara especie de rana que se creía extinguida. Además, de las 34 especies de anfibios presentes en la zona, 22 se consideran amenazadas. Este fallo del tribunal pone de relieve la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades locales y la preservación de la rica biodiversidad de Ecuador.

Tribunal detiene proyecto minero en Ecuador por falta de consulta a comunidades locales

Ecuador

Los mineros de Ecuador rechazan los anuncios de movilizaciones de la Conaie

06/01/2023
El proyecto minero Curipamba está en el cantón Las Naves, en Bolívar. Es operado por las empresas ecuatoriana Salazar Resources y la canadiense Curimining. Cortesía: Curimining

Betty Jumbo (I)
Los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador rechazan las declaraciones de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El dirigente anuncia movilizaciones contra la actividad minera formal y legal.

María Eulalia Silva es la presidenta de los mineros. Según ella, han demostrado con números que con solo dos yacimientos a gran escala en explotación hay mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. “La minería responsable es nuestro presente y futuro”.

La postura de la Conaie
Iza asegura que este 12 de enero de 2023 se reunirán en Cotopaxi para definir la fecha y otras acciones contra esa industria. Se convoca a todas las delegaciones que hacen parte del Frente Nacional Antiminero, del cual es parte la Conaie.

Iza dice que las dos organizaciones decidirán cuáles son las estrategias de defensa de sus territorios, cuáles van a ser los mecanismos jurídicos para llevar a escala nacional e internacional, y una posible fecha para un paro preventivo en todo el territorio en donde están asentadas las mineras. “Estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero jamás acabarán con la ecología, agua, vida y la agricultura de las que dependemos millones de ecuatorianos”.

La actividad minera
Silva dice que de las 24 provincias ninguna ha podido hacer lo que ha hecho Zamora Chinchipe, donde están las dos minas industriales: Fruta del Norte y Mirador.

“Por ejemplo, la pobreza se ha reducido en 13 puntos; es decir, en los últimos dos años -cuando iniciaron las operaciones de ambos proyectos- 13 de cada 100 zamoranos han podido salir de la pobreza”.

De las 100 empresas del país de mayor recaudación están Fruta del Norte y Mirador. En Zamora Chinchipe, ambas son las primeras contribuyentes de la provincia y un tercero es un emprendimiento, ahora convertido en una empresa, cuyos socios son de un grupo de extrabajadores de Fruta del Norte. Ellos dan servicios de catering, lavandería y servicios logísticos.

Las exportaciones
De enero a octubre del 2022 se exportaron más de USD 2 300 millones en oro y cobre, que ayudan a sostener la dolarización y dinamizar la economía, dice Silva. Hasta el tercer trimestre de 2022 pagaron más de USD 590 millones en una serie de impuestos y “habíamos generado más de 180 000 plazas de empleos, entre directos e indirectos”.

Esos no son números de la Cámara, sino de los distintos estamentos del Estado. “No están sujetos a opiniones ni a los vaivenes electorales. Arrancó la campaña electoral y ese (hecho) no hay que perderlo de vista. No es una coincidencia que vengan con unas declaraciones que son falsas y no son ciertas, y vienen con esas amenazas”, comenta Silva.

El empleo
Silva manifiesta que tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal; es decir, 7 de cada 10 se inventan cómo llegar a fin de mes.

“Ecuador necesita trabajo y paz, y el señor Iza no representa a todos los ecuatorianos ni tampoco a todos los indígenas”.

La minería es de largo plazo, empezamos desde la prospección hasta el cierre de la mina. Todas esas fases generan beneficios; la de construcción de la mina es donde más se dinamiza la inversión extranjera y la producción dinamiza las exportaciones, asegura Silva. “La inversión y la generación de empleo empiezan desde el primer momento”.

Para Silva, las amenazas de Iza son irresponsables e ilegales, porque los proyectos mineros y las operaciones en curso están amparados por la ley de Ecuador. “Están legalmente y constitucionalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano”. Estos proyectos son estratégicos para el Estado y cualquier acción violenta tiene que ser defendida por el Estado.

Ella reflexiona que el verdadero enemigo es la minería ilegal y estos movimientos deberían canalizar ese ímpetu y toda esa energía a afrontar la minería ilegal, como Yutzupino, en Tena (Napo). Esa organización política en los territorios podría canalizar y denunciar esas acciones de minería ilegal en Yutzupino. “No tienen que confundirse con una actividad formalizada, porque eso es ilegal”.
https://www.elcomercio.com/uncategorized/mineria-formal-ecuador-exporto.html

Ecuador

Ecuador lanzará un programa de seguridad para proyectos mineros

mineriaenlinea 28/12/2022
Warintza de Solaris Resource
Vista aérea de la propiedad Warintza de Solaris Resource en Ecuador.

El gobierno ecuatoriano prepara un programa de seguridad para los activos mineros.

Según dijo a BNamericas el secretario de alianzas público-privadas del país, Roberto Salas, las áreas alrededor de los proyectos mineros serán declaradas próximamente zonas especiales de seguridad. La política es desarrollada por el departamento de minería, la oficina de alianzas público-privadas y las fuerzas armadas.

Los proyectos mineros se han enfrentado a ataques e invasiones de mineros ilegales o han visto bloqueado su acceso.

La mina de cobre Mirador, explotada por EcuaCorriente, y Fruta del Norte, de Lundin Gold, son las únicas grandes minas en explotación de Ecuador. Sin embargo, se esperan unos 11,000 millones de dólares en inversiones para la industria minera en los próximos años.

Ecuador espera generar más de 4,000 millones de dólares anuales en exportaciones mineras para 2025, según informó el viernes su Ministerio de Minas y Energía, estimando que la industria podría convertirse en el tercer sector de mayor volumen de envíos al exterior de la nación sudamericana.

Ecuador lanzará un programa de seguridad para proyectos mineros

Ecuador

Quito sin Minería pide al TCE validar firmas anuladas para consulta popular

08/12/2022
Colectivo que impulsa consulta popular para prohibir minería en el Chocó Andino denuncia presuntas irregularidades en validación de firmas. Foto: Captura.
Karina Sotalín (I)
Representantes del colectivo Quito sin Minería acudieron este 8 de diciembre del 2022 al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para ingresar una denuncia. Buscan que el ente reconozca las firmas rechazadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se lleve a cabo la consulta popular para evitar la minería en el Chocó Andino.

Las organizaciones que conforman el colectivo recolectaron 452 000 firmas en 180 días y las entregaron al CNE. Exceden de manera significativa el número de las 199 000 necesarias, declaró Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), en una rueda de prensa.

Conoce que el CNE terminó con el proceso de verificación de las firmas, pero aún no ha sesionado para emitir un acta oficial. “Tenemos 175 000 firmas aceptadas, significa que nos han rechazado el 61% de las firmas. Es un número extremadamente alto”, cuestionó Greene. Junto al abogado de la causa y un ciudadano ingresaron una denuncia en el TCE por presuntas irregularidades en la validación de firmas. No quieren que se repita la historia del colectivo Yasunidos.

Greene dijo que el CNE debe considerar las situaciones en que se recolectaron las rúbricas, es decir en las calles y con la imposibilidad de realizar una firma perfecta. Solo ve dos razones por las que las firmas podían ser rechazadas: Porque no son personas que firman en Quito o porque su firma estaba repetida. “Todas las firmas debieron ser aceptadas si es que se quiere cumplir con la voluntad ciudadana” de quienes plasmaron la rúbrica, agregó.

Existen 12 concesiones mineras entregadas y otras nueve en trámite. Ninguna ha cumplido el requisito constitucional del artículo 398 respecto a la consulta ambiental, por lo que la justicia ecuatoriana podría pararlas en un futuro cercano, justifica el colectivo.

Su objetivo es que en la consulta popular los quiteños voten a favor de prohibir la minería, así el Estado no podría autorizar más proyectos mineros.

Irregularidades en verificación
Fred Larreátegui, defensa del colectivo, aseguró que han constatado que el CNE tiene problemas de índole técnico, lo que dificulta el ejercicio de democracia directa de los quiteños. Con la denuncia en el TCE ponen una “alerta” sobre el rechazo de firmas, que se traduce en vulneración de derechos de participación, según el jurista.

El colectivo contó con especialistas en grafología (estudio de la escritura) para tener criterios sobre la valoración que el CNE hace sobre las firmas, acotó.

Greene criticó que entre las irregularidades identificadas está que el CNE utiliza padrones electorales antiguos para verificar las rúbricas y no el último padrón, actualizado para las elecciones del 2021. En ese contexto, se invalidaron firmas de jóvenes que respaldan la iniciativa del colectivo.

Hay casos de personas que han escrito al CNE y presentado acciones ante el TCE para saber por qué su firma fue rechazada, según la activista. Por ejemplo, Francisco Pérez, un joven que dio su firma, presentó un recurso. “Están vulnerando mis derechos. Yo lo hice con todo mi apoyo y que mi firma haya sido anulada me parece demasiado injusto. El Chocó Andino es muy importante, hay diversidad”, manifestó.

Al colectivo le preocupa que se acorta el tiempo para que el proceso de autorización para la consulta culmine. Esperan que la papeleta dirigida a los capitalinos se imprima junto a las otras que son para comicios seccionales, del Consejo de Participación y de referéndum del Gobierno.
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/quito-sin-mineria-tce-validacion-firmas-anuladas-consulta-popular.html

Ecuador

Los habitantes de Ecuador buscan un referéndum para bloquear los proyectos mineros

Mineriaenlinea 25/10/2022
Los habitantes de la capital ecuatoriana, Quito, entregaron el lunes cientos de miles de firmas al tribunal electoral del país en un intento de prohibir la minería en una de las zonas más biodiversas del país andino.

Los firmantes, procedentes de zonas rurales del noroeste de Quito, pretenden bloquear seis concesiones mineras de oro en el bosque del Choco Andino, alegando amenazas para las fuentes de agua, la naturaleza y sus negocios locales.

El bosque, que abarca unas 280,000 hectáreas y fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2018, cuenta con un gran número de especies de aves, mamíferos y anfibios.

También alberga el 12% de las variedades vegetales de Ecuador y es un importante corredor para los osos andinos, así como una importante fuente de agua para Quito.

El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, apuesta por el sector minero para impulsar la economía, con unas exportaciones previstas de 3,000 millones de dólares este año.

Sin embargo, los planes de desarrollo de la minería se han visto perturbados por resoluciones judiciales y referendos a favor de las comunidades y los pueblos indígenas, lo que ha frustrado posibles proyectos.

Los activistas presentaron 380,000 firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE), superiores a las 200,000 requeridas, para convocar un referéndum en la ciudad, que preguntará a los habitantes si están de acuerdo con prohibir todo tipo de minería metálica en la zona.

“No estamos dispuestos a aceptar a las mineras, no necesitamos a estas empresas”, dijo Fanny Durán, vecina de la parroquia rural de Pacto, que ayudó a entregar las firmas.

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ya ha entregado 12 concesiones en la zona, por lo que una votación para bloquear más minas no afectará a esos proyectos, dijeron los activistas.

Sin embargo, los habitantes de esas zonas han presentado demandas en los tribunales locales para detener su avance, argumentando que no fueron consultados previamente.

El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente para hacer comentarios.

El tribunal electoral debe ahora verificar y aceptar las firmas, pero los activistas esperan que el referéndum pueda celebrarse en febrero de 2023, junto con las elecciones locales.
Reuters

Los habitantes de Ecuador buscan un referéndum para bloquear los proyectos mineros

Ecuador

Land is Life condena el asesinato de una defensora indígena y activista antiminera en el Austro Ecuatorial

25/10/2022
América Latina es el escenario de la violencia para los líderes indígenas que defiendes los territorios de las actividades extractivas. El clima de amenazas y la espiral de violencia que enfrentan los pueblos indígenas del debido a las presiones de la explotación minera sobre sus territorios registra una nueva mujer indígena, líder y defensora, esta vez en Ecuador.

Alba Bermeo Puin, de 24 años de edad, fue asesinada, a disparos durante la noche del viernes 21 de octubre de 2022. Presuntamente por personas vinculadas a la minería ilegal en las comunidades de Río Blanco, Cochapamba y Yumate. Se encontraba en estado de gestación de 5 meses de embarazo durante el ataque q recibió al vehículo en el que se encontraba.

De acuerdo a los reportes de organizaciones de Derechos Humanos y las federaciones indígenas locales, el asesinato de la defensora se inscribe en una inédita escalada de amenazas, acciones violentas, atentados y ataques de personas armadas en contra de líderes comunitarios opuestos a las actividades mineras en su territorio. A lo largo de las últimas dos semanas se habían registrado al menos tres episodios violentos con armas de fuego por parte de mineros ilegales. Las autoridades no han tomado acciones luego de las denuncias presentadas por los pobladores.

En 2018, la comunidad de Río Blanco alcanzó una sentencia favorable debido a la vulneración a su derecho a la consulta previa, libre e informada que logró la paralización judicial de las actividades de explotación minera por parte del consorcio minero Chino-Ecuatoriano Ecuagoldmining.

A partir de la ejecución de la sentencia el Estado Ecuatoriano ha incumplido su obligación de proteger los derechos vulnerados de las comunidades de la zona y su ausencia en términos de control del orden público ha derivado en una profusa invasión de mineros ilegales en el territorio. Su presencia constituye ya una doble vulneración de derechos. No solo se ha incumplido con garantizar el consentimiento previo, libre e informado, sino que el derecho a la vida de los pobladores y el derecho al territorio está siendo sistemáticamente vulnerado debido a la inacción del Estado frente a los grupos ilegales que sacan material minero de la zona.

Desde Land is Life repudiamos y condenamos estos hechos de violencia provocados por la inobservancia de los derechos de los pueblos indígenas y el incumplimiento estatal de la obligación de garantizar la vida de las personas, en especial de los líderes comunitarios y defensores indígenas.

Criminalización de la protesta, Ecuador

El caso Bosco Wisuma, el profesor asesinado en una protesta contra Rafael Correa quien luego lo reutilizó como propaganda propia

El activista indígena murió en una de las protestas contra la política extractiva del correismo. Su nombre se enarboló luego como emblema en el discurso gubernamental para desviar la atención de las investigaciones sobre su homicidio
Yalilé Loaiza 16/10/2022
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
El profesor indígena bilingüe del pueblo shuar, Bosco Wisuma, murió hace 13 años en una protesta en contra de la política extractiva del gobierno de Rafael Correa. Wisuma, que también era activista en contra de la minería, recibió el disparo de un perdigón. Aunque su muerte no ha sido aclarada por completo, Wisuma se convirtió en un nombre recurrente en el gobierno de Correa y uno de los sentenciados por su asesinato ni siquiera estaba en el lugar donde Wisuma murió.

Desde el 27 de septiembre de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a sus bases para manifestarse en contra de la Ley de Minería, aprobada por el gobierno, y la Ley de Aguas que el Ejecutivo había propuesto a la Legislatura.

La ley de minas de Rafael Correa fue un polémico cuerpo legal que permitió el ingreso de la minería a gran escala y aumentó el control estatal en el sector. Desde que se conoció sobre el proyecto, el sector indígena reclamó que la ley beneficiaría a las grandes compañías, perjudicando las actividades artesanales y provocaría mayores niveles de contaminación.

En cambio, la ley de Aguas pretendía nombrar una Autoridad Única del Agua (AUA), designada por el presidente para decidir sobre las políticas hídricas públicas. La Conaie manifestó que esa normativa privatizaría el agua, además pedía que la autoridad única del agua sea un consejo donde participen indígenas y sectores sociales y no una persona.

Aunque la protesta indígena fue de escala nacional. El levantamiento con mayor fuerza sucedió en Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a 380 kilómetros de Quito. De acuerdo con un artículo de Luis Ángel Saavedra publicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “los shuar enfrentaron fuertes operativos de represión implementados por la policía nacional”.

En ese contexto, y tres días después del inicio de las manifestaciones, el 30 de septiembre de 2009, Bosco Wisuma que estaba en el puente sobre el Río Upano, en Macas, murió de un disparo. En esa jornada, según informó una comisión legislativa que se creó en el gobierno de Correa para investigar los hechos, hubo alrededor de 40 policías heridos por perdigones.

Ese 30 de septiembre, en el puente con Wisuma estaban 16 manifestantes shuar, pertenecientes al pueblo indígena amazónico del mismo nombre y que es el más numeroso de la selva ecuatoriana.

La muerte de Wisuma conmocionó e indignó al movimiento indígena, principalmente al pueblo shuar, y las protestas se radicalizaron, hasta que el 5 de octubre, luego de un diálogo con el gobierno se lograron acuerdos, entre ellos que se cree una comisión legislativa que investigue la muerte del activista shuar. Esto mientras la Fiscalía General del Estado realizaba sus propias investigaciones.

Las investigaciones revelaron el caos y los claroscuros alrededor de la muerte de Wisuma.

Una versión oficial sin piso

La Fiscalía señaló a Fidel Kaniras como autor del disparo que mató a Wisuma. Pero esta versión no tenía el suficiente sustento. Los dos testigos shuar que la entidad utilizó para argumentar su hipótesis, pues decían que vieron a Kaniras dispararle a Wisuma, presentaron versiones contradictorias. Por ejemplo, no pudieron relatar en qué lugar estaban cuando vieron a Kaniras. Los testigos shuar fueron los hermanos Alberto y Freddy Anwasha, quienes fueron testigos protegidos, pero luego el gobierno los abandonó, según Saavedra: “ahora no están en su comunidad y nadie sabe a dónde han ido”.

Kaniras no pudo haberle disparado a Wisuma porque las pruebas de balística demostraron que la distancia que lo separaba de Wisuma hubiera provocado que el profesor y activista recibiera al menos 25 perdigones y no 1.

Los perdigones son proyectiles metálicos, generalmente de plomo, que están contenidos en cartuchos de escopetas. Cuando se los dispara, estos se dispersan y pueden realizar varios impactos en un solo tiro.

Dos expertos intervinieron en el caso: la forense francesa Tania Delabarde y el perito argentino Roberto Meza Niella, que ha investigado otras muertes extrañas en Ecuador, como el caso del general Jorge Gabela o el homicidio del oficial César Coronel Olivo.

Meza Niella confirmó que la muerte de Wisuma fue por el impacto de un perdigón. Mientras Delabarde determinó la trayectoria interna del perdigón, sin embargo no pudo señalar de dónde provino el proyectil. La experta francesa sugirió que se examine el perdigón que se había encontrado, porque sus características diferían de los perdigones artesanales que, según el gobierno, tenían los manifestantes shuar.


Folleto del Ministerio de Justicia sobre la muerte de Wisuma. Las autoridades correístas trataron de responsabilizar a los manifestantes shuar de haber matado al activista.
El gobierno de Rafael Correa descartó que la muerte de Wisuma haya sido causada por la Policía Nacional, pues aseguraron que la institución no utiliza ese tipo de armas. Sin embargo, los indígenas aún mantienen que Wisuma fue víctima de la represión policial.

Las autoridades correístas buscaron acusar a los manifestantes shuar de la muerte de Wisuma y aseguraban que el perdigón que mató al activista era similar a los que hirieron a los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, las pericias de la propia Fiscalía indicaron que “no es posible determinar la posición del disparador, el que podría haber estado en un radio mínimo de 50 metros”, según recoge Saavedra en su artículo en Inredh. En ese radio, indica el articulista, “estaban shuar y policías y hubo heridos en los dos bandos y con la misma clase de perdigones”.

“Me parece absurdo que se esté afirmando algo no contrastable. Nosotros hemos sostenido y sostendremos que este es un crimen de Estado y no vamos a compartir absolutamente nada. No es posible que estando al otro lado, de frente, se diga que fueron perdigones salidos de los propios manifestantes que mataron al compañero. Me parece algo absurdo realmente”, dijo el entonces prefecto de Morona Santiago y miembro de la Federación Shuar, Marcelino Chumpi a los medios, según los archivos de El Comercio.

Que las autoridades nieguen que la Fuerza Pública utilice perdigones para reprimir a los manifestantes no es nuevo. Recientemente, en junio de 2022, durante las protestas indígenas en contra del gobierno de Guillermo Lasso, uno de los fallecidos, Henry Quezada, murió por el impacto de 99 perdigones en su cuerpo. El entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la Policía Nacional no utilizó ese tipo de armamento y trató de culpabilizar a otros manifestantes. Sin embargo, un reportaje periodístico de Karol Noroña, especializada en seguridad, refutó la versión oficial sobre la muerte de Quezada.

Luego de la muerte de Wisuma, el presidente Rafael Correa se comprometió a investigar y esclarecer el caso e incluso nombró a una escuela en honor al activista. Correa utilizó a Wisuma como elemento discursivo para desviar la atención de las acusaciones del movimiento indígena sobre la represión.


José Acacho fue sentenciado en relación al crimen de Wisuma, pese a que no estaba en el lugar de la muerte del activista. Acacho luego fue asambleísta.
Incluso la justicia de aquel entonces sentenció como responsable del crimen a José “Pepe” Acacho, un líder shuar sin que siquiera haya estado en el lugar de los hechos. Acacho también era presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador y director de radio Arutam. Según el gobierno, los mensajes radiales emitidos desde ese medio comunitario promovieron la violencia en las manifestaciones indígenas. A Acacho se lo procesó por terrorismo y sabotaje, según recoge el especial Sobrevivientes, de Plan V.

Así como Acacho, durante el correísmo, hubo otras voces críticas acusadas de terrorismo y sabotaje, como el caso de Francisco Endara Daza, que participó en las manifestaciones del 30 de septiembre de 2010 en contra de Rafael Correa. Justo un año después de la muerte de Wisuma. A Endara Daza lo condenaron por aplaudir.

Acacho, que fue detenido en septiembre de 2018, recibió un indulto presidencial de Lenín Moreno, que también fue vicepresidente de Correa y es acusado de traidor por el partido correista.

La política extractiva de Correa

Apenas dos años de su llegada al poder, Rafael Correa demostró con sus políticas públicas que se distanciaba de las promesas realizadas a los movimientos de izquierda que lo apoyaron para que gobernara desde Carondelet.

Las políticas que implementó para favorecer a proyectos extractivos –como la minería a gran escala– mostraron que Correa se distanciaba de los principios plasmados en la Constitución del 2008 que él impulsó y que aún sigue vigente.

En ese momento, el gobierno inició con la explotación de las minas al sur de la Amazonía ecuatoriana. En esta zona viven los pueblos indígenas shuar y saraguros, quienes se oponen a la minería a gran escala y que fueron reprimidos varias veces durante la administración de Correa.


Durante las protestas del 2015 en contra del gobierno de Rafael Correa, los miembros de la comunidad indígena Saraguro fueron reprimidos por la fuerza pública. (Foto: Conaie).
En agosto de 2015, hubo varias jornadas de protesta en contra del gobierno de Rafael Correa. Los manifestantes, incluyendo al movimiento indígena, mostraron su descontento con las políticas gubernamentales relacionadas al medioambiente y los intentos de Correa de permitir la reelección presidencial indefinida. La organización internacional Human Rights Watch alertó que los “miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el gobierno en agosto de 2015″.

Uno de los casos más emblemáticos de esas protestas del 2015 fue la represión a los indígenas saraguros, quienes se manifestaban pacíficamente. Según Inredh, “por estos hechos 31 personas fueron procesadas, de ellas 2 fueron sobreseídas antes de iniciar el proceso. De las 29 personas, actualmente 12 fueron llamados a juicio y 2 sentenciados a 4 años de prisión por el presunto delito de paralización de servicio público”.

De acuerdo con Plan V, desde finales del 2013, cuando Correa aún estaba en el poder, varios integrantes de las comunidades shuar y saraguro aparecieron asesinados con signos de tortura, “pero el Gobierno por todos los medios trató de silenciar estos casos visibilizados por los dirigentes de las comunidades y estableciendo que eran producto de rivalidades internas”.

De la represión a la propaganda

La propaganda gubernamental de Rafael Correa era un despliegue impresionante que permitió al gobierno llegar con su mensaje a su militancia que incluso ahora defiende al expresidente, prófugo de la justicia ecuatoriana que está asilado en Bélgica. La muerte de Wisuma fue parte del aparataje propagandístico del correísmo, así como los caídos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, conocida como 30S.


El correismo nombró una escuela en nombre del activista y profesor Bosco Wisuma, que murió protestando en contra de las políticas de Rafael Correa.
En su artículo sobre la muerte del profesor y activista shuar, Saavedra señala que “Bosco Wisuma murió defendiendo los derechos de su pueblo pero, cosas de la política, su memoria terminó siendo una iconografía del gobierno al cual rechazó”.

En octubre de 2019, durante las protestas indígenas que duraron 11 días, la Conaie increpó al expresidente Rafael Correa por querer ganar atención política a costa de las manifestaciones y publicaron en su cuenta oficial de Facebook: “¡Miserable! Rafael Correa. Rechazamos el oportunismo descarado, el correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años, hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha. No olvidamos a José Tendetza, Bosco Wisuma, Fredy Taish, asesinados por su aparato estatal Esta es la lucha del pueblo ecuatoriano, ni con Moreno, ni con Correa, ni con Lasso, ni con Nebot”.

Entre 2009 y 2014, cinco activistas contra la minería, incluido Wisuma, murieron en circunstancias extrañas y no esclarecidas. Estas muertes son parte de los más de 30 asesinatos sucedidos durante el correísmo, en los que los familiares de las víctimas reclaman una responsabilidad gubernamental.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/16/el-caso-bosco-wisuma-el-profesor-asesinado-en-una-protesta-contra-rafael-correa-quien-luego-lo-reutilizo-como-propaganda-propia/

Ecuador

Grupos indígenas de Ecuador celebran la moratoria al petróleo y la minería, pero esperan más

La moratoria de un año interrumpirá 200 proyectos mineros y 15 bloques petroleros, pero las organizaciones indígenas esperan una ley que proteja mejor a las comunidades
Jonathan Palma 12/10/2022
Manifestantes indígenas en Quito, Ecuador, en junio.
El país vivió semanas de manifestaciones contra el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, la exclusión indígena y las políticas extractivas del gobierno. (Imagen: Joaquín Montenegro Humanante / dpa / Alamy)

Una decisión sin precedentes puede marcar un hito en la historia de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció el mes pasado una moratoria de un año para nuevos proyectos mineros y petroleros. En pocas palabras, se mantendrán cerrados los registros para nuevas concesiones, otorgamientos de permisos ambientales y concursos para ceder bloques petroleros.

El 9 de septiembre pasado, el régimen de Lasso y organizaciones indígenas firmaron un acta para oficializar la medida, que estará en vigencia hasta que se elabore una ley de consulta previa para los pueblos donde se pretenda ejecutar un proyecto de esa naturaleza.

Este hecho histórico es consecuencia de las mesas de diálogo que se realizaron luego de las protestas de junio que mostraron el desacuerdo de las poblaciones indígenas frente a políticas económicas y extractivas del Gobierno. Durante esos días, murieron seis personas, se reportaron más de 500 heridos y se calcularon pérdidas económicas de unos USD 1.000 millones.

Con la firma de este acuerdo, unos quince bloques petroleros estarán congelados a la espera de la normativa, según el Ministerio de Energía y Minas; al igual que unos 200 proyectos de minería que no pueden operar por la falta de permisos respectivos, que dependen de la vigencia de esa ley, de acuerdo con estimaciones del movimiento indígena.

Este acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas

“La moratoria deberá mantenerse hasta que se emita una ley que regule, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, la consulta previa para la ejecución de cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas”, señala Cristina Melo a Diálogo Chino, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y que además considera que este “acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas”.

Este avance, añade, se registra a diez años de la sentencia del caso Sarayaku vs Ecuador, que juzgó la invasión de territorio ancestral para fines petroleros. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya dispuso la obligación del Estado ecuatoriano de legislar apropiadamente este derecho (consulta previa)”.

Demandas de organizaciones
La Conaie pedía al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera minera y petrolera, una auditoría a las concesiones otorgadas, la reparación socioambiental, entre otras demandas. Como parte de estas acciones se exigía también la derogatoria de los decretos 95 y 151.

El decreto 95, que entró en vigor el 7 de julio de 2021, fue lanzado por el presidente Lasso en un intento por duplicar la producción petrolera, que en el segundo trimestre de ese año se situaba en casi 500.000 barriles de crudo diarios. Proponía cambios en las políticas públicas para mejorar las condiciones técnicas y operativas de los inversores y ajustes en los modelos de contratos, entre otras medidas. Fue derogado el 29 de junio, un día antes del fin de la huelga.

En cambio, el decreto 151 no fue derogado. Entró en vigencia el 5 de agosto del año pasado y contiene el Plan Minero con el que se daba más agilidad a los trámites de concesión. Más bien, el Gobierno expidió el decreto 468, que ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa a aquellas iniciativas que ya tenían un acuerdo previo.

Escepticismo en el movimiento indígena
El 24 de agosto, en medio de las negociaciones, las dirigencias indígenas reclamaban mayores avances. Ese día, Gilberto Talahua, del Movimiento Indígena de Bolívar, dijo que esperaba que se cumpla la “moratoria a toda actividad extractiva”.

El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, coincidió con los dirigentes, pero argumentó que también se debe entender que “los minerales tienen un rol en el planeta” y que eso conlleva a analizar una alternativa.

El 5 de septiembre se reinstaló otra mesa para conocer las contrapropuestas. Luis Mullo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), se mostró insatisfecho con las respuestas del oficialismo: “De parte de la sociedad civil estamos cumpliendo con la paz, pero eso nos preocupa”. No obstante, las partes llegaron a ciertos acuerdos, principalmente, la moratoria.

José Cueva, ingeniero agrónomo, experto en temas mineros y ambientales que asesora al movimiento indígena, le explica a Diálogo Chino que el sinsabor en una parte de la dirigencia se genera por el discurso contradictorio del oficialismo: “El Gobierno nunca aceptó que en la moratoria entren todos los proyectos, incluyendo los que tienen actualmente permisos o concesiones otorgadas. El Gobierno habla de que únicamente entran en la moratoria los nuevos proyectos o solicitudes“.

En efecto, en declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, indicó que “todos los proyectos que están en marcha continúan en marcha” y que los proyectos mineros que podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa son: Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Warintza y Mirador Norte, que se centran principalmente en la extracción de oro, cobre y plata y representan una inversión de más de USD 10 mil millones.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un vocero de ese ministerio y la entrega de información al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó la cita ni se recibió la data. Se envió un correo electrónico y se hicieron consultas recurrentes a personal de Prensa de la institución.

Presencia minera en Ecuador
En 2018, cuando se detectaron más de 4.200 fuentes de contaminación minera a nivel nacional, el Ministerio de Energía impulsó el Proyecto de Depuración del Catastro Minero para aclarar el panorama de esa actividad.

4.237
El número de fuentes de contaminación minera en Ecuador registradas por una investigación del Ministerio de Ambiente y Agua en 2018
Hasta septiembre del 2019, Energía había validado más de 4.000 expedientes, “equivalentes al 75 % del registro de las concesiones mineras legales existentes en el territorio ecuatoriano”, entre todos los proyectos, indistintamente de su escala.

Si bien la minería artesanal y la ilegal preocupa a los activistas por el uso indiscriminado de mercurio hay un mayor foco en aquella minería que se hace a cielo abierto o que genera impactos de mayor envergadura en el medioambiente y en la dinámica social de los pueblos. Al mes de julio pasado, la minería a gran escala ocupaba 104 mil hectáreas del Ecuador (tres veces la superficie de Quito), distribuidas en siete provincias.

Proyectos petroleros en para
Pese a que el ministro de Energía, Xavier Vera, dice que el país no se vería afectado por el año de moratoria extractiva, ni mucho menos la producción petrolera de la que depende gran parte del presupuesto del Estado, Katherine Navia, experta en macroeconomía y profesora del Instituto Argos de Guayaquil, ve un panorama poco alentador por ese cierre temporal.

“Esto trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y todo esto da como resultado una merma en la recaudación de impuesto a la renta”, analiza Navia y refiere que desde 2008, año en que se cerró el catastro minero, inversionistas han empezado operaciones en Perú y Chile.

La moratoria trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y una merma en la recaudación de impuesto a la renta

Ella espera que se cumplan los puntos que recoge el acta del diálogo, si es posible antes del año, para que el país tenga una legislación clara sobre la explotación de recursos naturales y así se genere un clima de confianza para el empresariado extranjero.

La preocupación de la especialista recae en la complejidad que ha tenido el debate de este tema, aún más profundo quizás en el apartado petrolero, porque se aborda un componente adicional a la expansión de la frontera extractiva, la vida de los pueblos que decidieron aislarse del mundo que conocemos.

Cristina Melo, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Conaie, aspira que con el acuerdo alcanzado se reevalúe el futuro de cada una de las instalaciones que está en plena operación en la selva, ya que los impactos en la flora y fauna también lo están viviendo las comunidades.

“No hay cifras exactas, pero se amplió la actividad extractiva en zonas de territorios intangibles Tagaeri y Taromenane, (nombres de los) pueblos en aislamiento voluntario; y (los pozos) están en el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo. Se inició incluso la explotación de los bloques Ishpingo Norte y Tambococha, zonas de esos pueblos y de amortiguamiento ambiental del Yasuní. Son algunos de los proyectos que deberán ser reevaluados por el Gobierno”, detalla la abogada.

La actividad petrolera conlleva la instalación de campamentos, plataformas donde funcionan los pozos, mecheros que están encendidos las 24 horas del día, que generan mucho ruido. Y con la llegada de la exploración y extracción de crudo surgen otros problemas como la deforestación, la caza de animales silvestres, enfermedades y problemas sociales, en la medida que transcurre el tiempo, según estudios.

Las organizaciones indígenas esperan que la elaboración de una ley que garantice la consulta previa a las comunidades sea el punto de inflexión que esperaban para que realmente se busque, desde el Estado, un cambio en la matriz energética y productiva, apostando más en la energía limpia y en proyectos sostenibles en zonas naturales, donde las comunidades mantengan su forma de vida, sus costumbres, su salud.

Grupos indígenas de Ecuador celebran la moratoria al petróleo y la minería, pero esperan más

Ecuador

Leonardo DiCaprio insiste en proteger de la minería al Valle de Íntag, en Ecuador

EFEverde 22/09/2022
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio insistió en proteger al valle del Íntag, en Ecuador, frente a un proyecto minero cuyos planes fueron validados meses atrás por un juez, quien consideró que no se habían vulnerado los derechos de consulta previa de las comunidades locales.

La decisión del magistrado está pendiente de revisión por parte de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Imbabura en una audiencia que fue reinstalada este miércoles, donde las comunidades del Valle del Íntag insistieron en la acción de protección reclamada para detener el proyecto minero.

A través una serie de publicaciones pasajeras realizadas en la red social Instagram, DiCaprio explicó este miércoles el riesgo de la implantación en este entorno natural de la mina de cobre Llurimagua, un proyecto planteado en alianza entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) de Ecuador y la Corporación Nacional de Cobre (Codelco) de Chile.

El ganador del Oscar al mejor actor por la película de «El Renacido» aseguró que el Íntag es el hogar de una rica biodiversidad de plantas y animales que podría verse impactada por la irrupción en el lugar de la actividad minera.

El actor y activista ambiental estadounidense Leonardo DiCaprio. EFE/Franck Robichon/ARCHIVO

El polifacético actor afirmó que las comunidades locales están «profundamente conectadas» con ese enclave natural y puso como ejemplo la oposición a la minería de líderes locales como Cenaida Guachagmira, una joven activista que quiere mantener el Valle del Íntag lo más imperturbable posible.

«Si el proyecto de la mina Llurimagua cae, podría ayudar a proteger un área clave para biodiversidad en los Andes tropicales», enfatizó DiCaprio.

El valle del Íntag está en el norte de Ecuador, dentro de la provincia de Imbabura, y es considerado una zona de enorme biodiversidad que alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas y bajo amenaza de extinción, como el mono araña de cabeza marrón y la rana Arlequín hocicuda, que se creía extinta hasta 2016.

Desde finales del año 2021 el proyecto es objeto de un arbitraje internacional impulsado por Codelco en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir a la Enami de Ecuador que se cumplan los plazos estipulados en el acuerdo entre ambas empresas públicas.

De llevarse a cabo, esta sería la primera operación de Codelco en el exterior ya que se encargaría de la operación de un yacimiento cuyas estimaciones apuntan a 318 millones de toneladas con ley promedio de 0,71 % de cobre y 0,026% de molibdeno. EFEverde

Leonardo DiCaprio insiste en proteger de la minería al Valle de Íntag, en Ecuador