El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba de Apurímac, Gregorio Rojas, afirmó que los comuneros están a favor de una minería responsable y rechazó que sean “antimineros”, en referencia al conflicto con la empresa MMG Las Bambas.
No obstante, Rojas anunció que recurrirán ante una instancia internacional para solicitar una auditoria para que investigue el conflicto social.
En entrevista a RPP Noticias, el representante de la comunidad de Fuerabamba sostuvo que están de acuerdo con que se construya otra vía a fin de que cese el paso de vehículos de la minera en el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU—135, que cruza el fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas, Cusco.
“Nosotros, la comunidad, apostamos por la minería. Queremos una minería responsable. No somos antimineros. Una minería que cumpla con los compromisos. Vamos a llegar a otras instancias para pedir una auditoría internacional para que se investigue Las Bambas”, acotó.
“El gobernador regional de Cusco llegó hasta la ciudad de Lima y propuso sacar una vía alterna y nosotros [con eso] estaríamos solucionando y es viable […] Nosotros queremos respeto a la propiedad [vía]. No estamos pidiendo ni diez céntimos ni un sol acá. Queremos que el camino se construya en otro lugar y se respete la propiedad privada”, remarcó Gregorio Rojas.
El líder de la comunidad campesina de Fuerabamba detalló que desde este año, luego de una asamblea, contrataron los servicios de asesores legales.
Señaló que la vía es de la comunidad y el Estado peruano no debe intervenir. “Es una propiedad privada. Nosotros somos propietarios. Esto para mí, para la comunidad no es una vía nacional. No tienen un expediente técnico de la carretera”, indicó.
Autor: Antonio José Paz Cardona , Mongabay / La Mula.pe Conflicto Relacionado: Quimsakocha -Azuay
En Ecuador, los habitantes del cantón Girón, en la provincia de Azuay, además de votar para elecciones locales, decidirán si permiten o no la minería en el páramo de Quimsacocha.
Se acercan las elecciones locales en Ecuador. El país saldrá a las urnas el domingo 24 de marzo para elegir alcaldes, concejales y prefectos. Pero en el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, sus 15 363 habitantes deberán decidir también si quieren o no minería en su región.
Es la primera vez que se llevará a cabo una consulta popular para decidir sobre el tema minero en una región específica. Lo que ocurra marcará un precedente en la historia de este mecanismo de participación ciudadana. Líderes locales están convencidos de que lograrán parar el proyecto minero Loma Larga que pretende explotar oro en el páramo de Quimsacocha, entre los 3600 y 3900 metros sobre el nivel del mar, y a solo 35 kilómetros de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador.
En caso de que los pobladores le digan no a la minería, la concesión del proyecto deberá revertirse y no podrán pasar a una etapa de explotación ─ya finalizaron la tercera fase exploratoria y están a la espera de la licencia ambiental─.
Obtener el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de la consulta fue resultado de la insistencia de campesinos y líderes de los sistemas de agua comunitarios del cantón Girón, durante más de seis años. “De 2012 a 2015 no hubo respuesta por parte del CNE y la Corte Constitucional. El 24 de julio de 2015, el CNE dio paso para calificar la pregunta y enviarla a la Corte para que esta diera su aprobación. Se tuvieron que recoger cerca de 1500 firmas y para lograr este hecho histórico tuvimos que hacer muchas movilizaciones y viajes a Quito”, explica Bolívar Quezada, líder de los sistemas de agua comunitarios de Girón.
La pregunta que encontrarán los habitantes de este cantón en las urnas de votación es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?
Una gran fábrica de agua
Quienes se oponen a la minería en Quimsacocha aseguran que la consulta popular es un gran logro en la defensa del páramo, pues de ahí nacen decenas de ríos y quebradas. Además, llevaban muchos años han intentado llamar la atención sobre el tema, sin tener éxito. Bolívar Quezada recuerda que en 2010 la parroquia Victoria del Portete realizó una consulta comunitaria en la que le dijeron no al proyecto Quimsacocha, hoy Loma Larga, pero el gobierno ecuatoriano consideró que esta decisión carecía de validez y no era vinculante.
“En la época de Correa, en el 2010, se creó la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) que amplió la minería en el país, principalmente la de oro. Se aumentó e incentivó la minería mediana y Loma Larga se aprovechó de esta estrategia para hacer pasar el proyecto como minería mediana y de túnel. Hay muchas dudas, dicen que el Proyecto Loma Larga será de minería subterránea pero el temor es que luego pueda ser cambiado a cielo abierto. Pero sin importar cómo se haga, ambas opciones generan impactos”, asegura Gloria Chicaiza, presidenta de la organización Acción Ecológica que ha acompañado a las comunidades de Girón en el trámite de la consulta popular.
Pero el 13 de marzo último, la posibilidad de decidir sobre este tema estuvo en riesgo. Ese día el juez Vicente Ribadeneira Narváez, de la Unidad Judicial de Quito, le ordenó al CNE suspender la consulta luego de aceptar una acción de protección a favor del colectivo ‘Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando’.
La noticia causó gran revuelo en Girón, pero inmediatamente la presidenta del CNE, Diana Atamaint, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que destituyera al juez por interferir en un proceso electoral que se encuentra en marcha. A pesar de este tropiezo, la consulta sigue en pie y el CNE ya destinó 34 594 dólares para que, además de elegir a sus mandatarios locales, los pobladores de Girón decidan sobre la minería.
El profesor Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la Universidad de Cuenca, asegura que los suelos del Quimsacocha son generalmente andosoles ─de origen volcánico, de color oscuro y muy porosos─ e histosoles ─típicos de zonas húmedas con un elevado contenido en materiales orgánicos más o menos descompuestos─, lo que les da unas características de retención de agua excepcionales.
Cisneros asegura que la minería puede causar impactos negativos desde dos puntos de vista: en la cantidad y en la calidad de agua. Según dice, si se llegara a hacer una explotación minera a cielo abierto en esta zona, se destruiría el manto de páramo y “en ese caso se perdería totalmente la superficie generadora de agua y en consecuencia su impacto sería una verdadera catástrofe. Desde este punto de vista este tipo de minería sería impensable en estos ecosistemas”.
En caso de que la explotación sea subterránea, el investigador asegura que el impacto dependerá de la profundidad a la que se encuentre el mineral. “Podría causar impactos en la cantidad de agua superficial dependiendo de las actividades que se realicen pero podría tener impactos altos en la cantidad y calidad del agua subterránea”, comenta.
Los pobladores de Girón llevan más de una década oponiéndose a la minería en su territorio. Aseguran que Loma Larga no solo afectaría a su cantón, sino también a Cuenca y San Fernando. “El proyecto está situado en una fuente de recarga hídrica que abastece a muchas personas. Los más afectados somos los de Girón y la parroquia Victoria del Portete que estamos justo debajo del proyecto minero”, dice Bolívar Quezada. Asegura que se vería afectada la disponibilidad de agua para consumo y para los cultivos y producción lechera de los habitantes de la zona.
En Quimsacocha nacen y pasan muchos ríos que son importantes para las poblaciones en el sur de Ecuador. Por ejemplo, el río Yanuncay llega hasta Cuenca y de ahí se obtiene casi la mitad del agua para consumo de la ciudad.
“En caso de que la gente le diga no a la minería se revierte la concesión y se devuelve al Estado”, asegura Yaku Pérez, defensor del agua y actual candidato a la prefectura de la provincia de Azuay. Sin embargo, dice que el Estado siempre ha tratado de deslegitimar los procesos de consulta diciendo que no son legales, “para confundir a la población”.
Gloria Chicaiza está convencida de que Girón hará prevalecer el agua por encima del desarrollo minero. “Hemos visto cómo la gente está protagonizando asambleas y movilizaciones y es por eso que el sector minero se ha movilizado para intentar parar estas votaciones, como pretendían con la decisión del juez a favor de una acción de protección de personas promineras, que finalmente no prosperó”.
El Estado ecuatoriano también se ha opuesto a la consulta. El Ministerio de Energía y Minas dijo que la pregunta de la consulta no fue calificada por la Corte Constitucional y por eso, a principios de este año, pidieron medidas cautelares. Sin embargo, el CNE procedió porque la Corte dejó vencer el plazo de 20 días que tenía para pronunciarse.
En entrevista con el diario ecuatoriano El Comercio, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dijo que “el Estado es el dueño absoluto de los recursos naturales no renovables, y nos pertenece a todos. El hecho de hacer una consulta popular a un grupo de 15 000 personas versus 17 millones plantea una posible violación de derechos”. En cuanto a las consecuencias legales que asumiría el país frente a la concesionaria canadiense, Benálcazar dijo que son sumamente preocupantes. “Se tardará dos o tres años y agotarán hasta la última instancia en el Ecuador, y después dirán: ‘demando al Estado ecuatoriano por falta el seguridad jurídica’ y, como siempre, perderemos. La afectación puede estar entre 500 y 700 millones de dólares, a ‘grosso modo’”.
Pérez, Chicaiza y Quezada creen que es prácticamente imposible que la consulta le dé vía libre a la minería, de hecho no consideran ese escenario. En caso de que se llegara a dar, están seguros de que las comunidades seguirán haciendo resistencia.
La empresa minera canadiense INV Metals, dueña de Loma Larga ─que además de oro busca explotar plata y cobre─ completó un estudio de factibilidad positivo sobre el proyecto, presentó el ‘Informe Técnico sobre el Proyecto Loma Larga, Provincia del Azuay, Ecuador’ el 11 de enero de 2019 y, además, también se pronunció respecto a la consulta popular del 24 de marzo.
El profesor Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la Universidad de Cuenca, asegura que la minería puede causar impactos negativos desde dos puntos de vista: en la cantidad y en la calidad de agua.
“Todo el yacimiento mineral de oro-cobre-plata Loma Larga y todos los Recursos Minerales y Reservas Minerales relacionadas tal como se describen en el Informe Técnico, se encuentran ubicados exclusivamente dentro de la concesión de Río Falso y no en el Cantón Girón. Sin embargo, las instalaciones de procesamiento y relaves, según se contempla en el Estudio de Factibilidad, actualmente se propone que sean construidas dentro de la concesión Cristal, la cual está ubicada principalmente dentro del Cantón Girón. En el caso de que el referéndum tenga un resultado desfavorable y exigible, INV Metals, en consulta con las autoridades y nuestras comunidades locales, discutirá opciones para las instalaciones de procesamiento que pueden incluir su reubicación si se justifica”, precisó la empresa en un comunicado publicado el 13 de febrero último.
A pesar de esto, INV Metals insiste en que la consulta popular es inconstitucional ya que “viola los derechos constitucionales del Ministerio de Estado para supervisar las actividades mineras (…) Además, en Ecuador las regulaciones mineras son responsabilidad del Estado Central, no de los gobiernos locales”.
Por ahora, los líderes de defensa del agua en Girón se sienten ganadores: “estamos muy seguros de que nuestra población le dirá no a la minería”, dice Bolívar Quezada. Aún así, entre las comunidades hay cierta incertidumbre sobre cómo responderá el Estado. Gloria Chicaiza recuerda que en 2008 Ecuador contaba con un instrumento llamado Mandato Minero que ordenaba revertir las concesiones que estuvieran en áreas protegidas, nacimientos de agua, zonas de recarga e incluso en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. “De acuerdo a eso, el proyecto Loma Larga, antes Quimsacocha, nunca debió avanzar. Pero en el gobierno de Rafael Correa nada de eso se cumplió”.
Lo cierto es que la minería en la provincia de Azuay seguirá siendo un tema importante después del 24 de marzo. Loma Larga es uno de los cinco proyectos estratégicos de minería identificados por Ecuador e INV Metals asegura que continuará con sus esfuerzos para la obtención de permisos en 2019, dentro de las leyes y regulaciones del país.
La Corte Constitucional dijo el año pasado que las consultas populares ya no se pueden frenar la minería.
La Corte Constitucional en 2016 estableció que los municipios podían prohibir los proyectos mineros a través de consultas populares, sin embargo, el año pasado tumbó dicha ley estableciendo que estos mecanismos ya no podrán vetar proyectos extractivos de minería e hidrocarburos.
“En 2016 la Corte abrió la puerta a las consultas populares, pero en 2018 la cerró, ahora las consultas populares se pueden seguir haciendo para cualquier otra cosa, menos para actividades mineras”, explicó Rodrigo Negrete Montes, consultor legal ambiental.
Por su parte, Marcela Bayona, abogada senior, socia M&M Estudio Jurídico Ltda, indicó que “la Corte ha dejado claro que los temas relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, escapa a la órbita de los entes territoriales y no podrán prohibir la actividad, sin embargo, señala que son varias tareas pendientes para el Gobierno Nacional y todas las autoridades involucradas, insistiendo en la concurrencia y la coordinación de la nación con el territorio”.
Mientras estuvo vigente la ley de consultas populares se realizaron 10 votaciones en departamentos como Tolima, Casanare, Santander, Cundinamarca, Quindío y Meta, en todos ganó la opción que se niega a hacer minería en el departamento o municipio.
Aunque la norma ya no está vigente, las comunidades ya tienen un plan B. Según Negrete actualmente los municipios están acudiendo a los acuerdos municipales como solución. “Ya van 43 municipios que han prohibido la minería mediante acuerdo municipal en defensa de la naturaleza y de la cultura”, dijo el abogado.
Así mismo, debido a los fallos de las altas cortes colombianas la Agencia Nacional de Minería está realizando concentraciones con las autoridades locales para definir las zonas susceptibles para la actividad minera.
“En Colombia hoy sí es posible conciliar los intereses de las partes involucradas para la realización de actividades mineras y la concreción de proyectos mineros. Desde la ANM hemos visto esto como una oportunidad de hacer la minería cómo se debe hacer en los territorios”, señaló la entidad.
Es por ello que, la ANM diseñó e implementó un Programa de Relacionamiento con el Territorio, que tiene como objetivo principal lograr una relación eficaz, oportuna y permanente con los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos mineros, previo al otorgamiento de un título minero.
Gracias a ello, la Agencia ha logrado concertar a la fecha con más de 200 autoridades locales y ha realizado 47 audiencias públicas de participación, otorgando 87 contratos de concesión minera.
Poblaciones no quieren la minería
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería durante el 2017 se realizaron siete consultas populares, dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Por otro lado, en 2013 se realizaron dos consultas en Piedra, Tolima y Tauramena-Casanare y el año pasado se realizó solo una en Fusagazugá. “De las consultas 10 consultas populares que se han hecho de 2013 a la fecha, en todas las comunidades han dicho que no, entonces esto se vuelve vinculante”, señaló Rodrigo Negrete.
Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una nota de prensa y adjuntando un informe; el mismo día de la juramentación del nuevo presidente del Concejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar; el día de hoy, el Semanario Hildebrandt en sus 13, confirmó que Salvador del Solar, en ese entonces ministro de Cultura, se reunió entre enero y febrero del 2017 con varios miembros del Tribunal Constitucional (TC): el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y su sucesor Ernesto Blume Fortini; y los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez; con el objetivo de que el TC rechace la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina quechua Arboleda en contra del Ministerio de Energía y Minas por omisión de la consulta previa ante las concesiones mineras en la zona de Tiquicalla, Puno. Zona donde se encuentran las Chulpas de Sillastani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El ahora premier Salvador del Solar acudió a esas reuniones junto al ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.
El objetivo era influir en el voto de 4 vocales porque dos vocales ya habían manifestado su decisión de votar en contra y a favor de la consulta: José Sardón de Taboada en contra y Marianella Ledesma a favor; señaló uno de los magistrados que estuvo presente en esas reuniones, fuente de Hildebrandt en sus 13.
La respuesta del Ministerio de Cultura el 2017
La Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, enviaron una carta al Ministerio de Cultura el 28 de junio del 2017, señalando una serie de preguntas frente a las informaciones que habían llegado en ese entonces sobre una interferencia del ahora premier ante los magistrados del TC cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.
En carta de respuesta a fines de agosto, el Ministerio de Cultura (MINCUL), a través del viceministerio de interculturalidad, precisó que efectivamente se habían reunido con los magistrados del TC para garantizar que el contenido del derecho a la consulta se dé de acuerdo al ordenamiento jurídico. “Desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la necesidad e importancia del Ministerio de Cultura en dicho proceso, ello conforme al marco normativo vigente”. Y también adjuntaron una serie de argumentos de por qué no se debería aplicar la consulta previa antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las concesiones mineras: “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada y desnaturalizaba el derecho colectivo”.
Sin embargo, no dijeron si fue el procurador o el propio Ministro de Cultura Salvador del Solar, quién se reunió con los magistrados del TC. “Nos han respondido, sin negar o desmentir que el propio ministro de Cultura se ha reunido personalmente con los magistrados del TC”, señalamos en el informe que hicimos público el 11 de marzo a través de una nota de prensa, adjuntando la respuesta del MINCUL.
“¿Puede el Ministro de Cultura, cuyo Viceministerio de Interculturalidad se encarga de promover la política pública, abogar contra la consulta previa de una concesión minera?”
“¿A quién corresponde el patrocinio legal de los casos del Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura o al Procurador de dicho Ministerio?”, preguntó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, quién defiende el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno.
Y respondió: “Es evidente que no es competencia del Ministro de Cultura Salvador del Solar, la defensa judicial de los intereses del Ministerio de Cultura. No lo han nombrado ministro para eso.Su entrevista con los magistrados del TC constituye no solo un acto de inconducta funcional, sino incompatible con la prohibición expresa establecida en el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
Las empresas mineras
En la carta de respuesta del Ministerio de Cultura a Red Muqui, IDL y DHUMA en agosto del 2017, nunca mencionaron el nombre de las seis empresas mineras que tenían las concesiones en el distrito de Tiquicalla.
Sin embargo, hoy Hildebrandt en sus 13, a través de la recopilación que tiene el propio TC, publicó que tres empresas mineras son canadienses: “Candente Gold”, que tiene2,700 hectáreas concesionadas; “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesiones que ocupan 900 hectáreas, y ““IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectáreas. En cuanto a las locales, son “Buenaventura”, la minera del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que tiene una concesión de 1, 000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una”.
¿En qué situación está el juicio?
El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.
El 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala otorgó varias concesiones en el distrito de Tiquillaca a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company; la comunidad campesina quechua Arboleda acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se realice la consulta previa.
La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque hubiera podido sentar precedentes constitucionales en la materia.
Sin embargo, con la última resolución del TC, que cambión de opinión entre noviembre y diciembre, devuelve a foja cero todo el proceso judicial, tras 7 años en esa instancia, perjudicando a la comunidad campesina que durante años ha esperado una respuesta de parte de la justicia peruana, gastando recursos y tiempo.
Una inédita intervención medio ambiental tuvo lugar en la región de Coquimbo. Cientos de ciudadanos manifestaron que no descansarán hasta asegurar que la minera no se instale.
Hemos sido testigos de esta gran idea de escribir #NoDominga en la arena con personas vestidas de negro! Llegaron familias completas de diversas ciudades de la Región de Coquimbo, con entusiasmo y decisión a participar en esta inolvidable e inédita manifestación familiar “A Cuerpo Entero Decimos No A Dominga”, la que se llevó a caboen la Playa de El Faro de La Serena. Este gran hito fue fotografiado y filmado por tres drones, cuyas imágenes ya recorren gran parte del planeta.
El propósito de este acto cívico, ha sido enviar un mensaje rotundo e inconfundible, que No permitiremos la instalación de Dominga y ningún otro proyecto que atente contra Nuestra Casa Común, más aún cuando se trata de proyectos que amenazan generar impactos irreversibles sobre las personas, sus fuentes laborales, el entorno donde viven y sobre el Santuario de la Naturaleza; ¡el Archipiélago Humboldt!
Fue una actividad de altísimo compromiso, muy ordenada y responsable, los asistentes se sentían felices de ser parte de este gran evento, muchos se quedaron más tiempo gritando, cantando, disfrutando del acto cultural e informándose con la exposición montada por el centro de estudiantes de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte.
Ante la consulta de por qué había querido ser parte de esta actividad, Consuelo explica que “apoyo todo lo que es la vida y el medio ambiente. Dominga significaría la destrucción de nuestro entorno”. Por su parte Andrea agregó que “es un hecho que ya nos están robando el agua en La Higuera. Por ello debemos luchar y estar más alertas que nunca. La unión hace la fuerza y es la única manera en la que impediremos nuestra destrucción.”.
UN GRAN HITO
Por supuesto que los organizadores, pertenecientes a la Alianza de Humboldt Coquimbo – Acatama estaban felices con el resultado y la convocatoria. Patria Jorquera, de Defensa Ambiental, se encontraba muy emocionada. “Este No A Dominga gigante hace demostrar el poder de la gente. Se trata de una gran intervención playera inédita en los movimientos ambientales de la zona”.
En tanto Nancy Duman, líder de Defensa Ambiental, no podía disimular su alegría. “Estamos aquí porque el tema de Dominga tiene que ver con la supervivencia de la humanidad en el planeta. El gobierno y todos los que toman las decisiones entiendan de una vez que lo que se está haciendo, devastando el país, no va sólo en contra de nosotros, sino que de ellos mismos y sus hijos”.
Rosa Rojas, líder de Modema detalla que Dominga es destrucción. “Y aquí estamos otra vez, porque nadie nos va a ganar. No vamos a permitir que nos pasen a llevar. Todos unidos demostremos a Chile y los políticos que somos capaces. Somos dueños de nuestro destino y lo que queremos para nuestros hijos. Seguiremos adelante hasta asegurarnos que nada destruirá la naturaleza. No permitiremos otra Zona de Sacrificio”.
Autor: Red Muqui.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.
Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: «Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”. Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder», aseveró.
El congresista Hernando Cevallos comentó: «Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas».
También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”. Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.
La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute. Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.
El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.
Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.
Johnny Tapia, secretario de Sistemas de Agua de Girón expresó que «la minera INV Metals tendrá que coger sus cuatro cosas e irse. La consulta popular del 24 de marzo va porque va». El principal argumento de colectivos como Yasunidos es que el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, se pronunció el viernes pasado diciendo que en la sentencia 046-19-TCE de ese Tribunal se emitió un criterio favorable a la consulta, el cual es de última instancia y debe ser cumplido por tanto por las autoridades electorales como por las partes involucradas
David Fajardo, miembro de Yasunidos Cuenca, comentó que la decisión del juez constitucional de Quito, el miércoles pasado, no tiene sustento y contraviene varios artículos de la constitución y la ley de garantías constitucionales.
“Se ha buscado echar abajo un ejercicio legítimo y democrático. Pero la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral volvió a confirmar hoy que la consulta popular se realizará el día previsto”, dijo.
Además añadió que la pregunta fue presentada para el proceso en 2015, pero recién con el cambio de autoridades en los últimos meses se pudo viabilizar la iniciativa en donde votarán 15.000 habitantes de la parroquia Girón.
Sin embargo, Las comunidades cercanas de Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portete presentaron las medidas cautelares para suspender la consulta, debido a que no quieren prohibición, sino que al menos el 60% de las rentas sean para su beneficio. (JS)
“La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros “La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros el activista Alejandro Labrados. Para realizar la extracción de oro, se recurre a la cianuración, una práctica eficaz para procesar el material, pero sumamente peligrosa ya que solo bastan con dos gramos de esta sustancia para matar a un hombre.
Las empresas mineras riegan con una solución de cianuro el terreno, luego se aplica carbón para separar los componentes y se lava todo con agua. Sin embargo las empresas deben instalarse cerca de un acuífero o directamente encima de él, lo que provoca el desabasto de agua en las comunidades cercanas, así como la contaminación de lo que resta.
Latinoamérica sigue siendo un territorio que esconde vastos yacimientos de oro, y es en las zonas donde la regulación ha sido corrompida por la corrupción en las que se establecen las minas ilegales. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador se prestan para estas prácticas, dejando poblaciones devastadas por el envenenamiento de sus fuentes principales de agua.
Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.
Kimsakocha es un territorio conformado por valles y llanuras entre los 2.760 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. El complejo de páramos (ecosistemas tropicales de altura) permiten una regulación natural del ciclo del agua abasteciendo de líquido a las zonas circundantes en períodos de secano, constituyéndose en una reserva hídrica de alta importancia, reconocida por diversos estudios por ser el principal aporte de aguas para diversas poblaciones y proyectada para más del 30% de la población urbana de Cuenca, además de servir para el riego de amplias áreas agrícolas y de pastizales para la ganadería.
El territorio
Históricamente, desde 1962 se fueron estableciendo sistemas comunitarios de agua que, a lo largo de la historia, fueron creciendo y ampliándose hasta tener hoy, con aguas de Kimsakocha, unos 35 sistemas comunitarios para consumo humano y riego que se encuentran bajo amenaza directa de la posible explotación minera.
Esta realidad, sin embargo, ha tratado de ser negada por las empresas mineras Iamgold (primera concesionaria) e IMV Metals Inc. (que reemplazó desde 2012 a la anterior), afirmando que la concesión minera se encuentra fuera del sistema hidrológico.
Coincidiendo con las transnacionales, Rafael Correa en ejercicio de su presidencia señaló, durante una visita altamente militarizada a la zona, que la minería no afectaría el agua para Cuenca. Esa “visita” la realizó luego de que las poblaciones de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete el domingo 2 de octubre de 2011, llevasen a cabo una consulta previa no vinculante sobre la explotación minera con participación de 1037 de los 1500 ciudadanos empadronados, 92.38% de los cuales se expresaron contra el ingreso de la minería metálica a cielo abierto en la zona.
Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.
El proyecto minero y sus efectos
De acuerdo a los cálculos de Alberto Acosta y William Sacher (La minería en el Ecuador, 2012), con datos tomados del Plan Nacional del Sector Minero 2011-2014, el Estado recibiría del proyecto Kimsakocha un promedio de 22,32 millones de dólares por año y un total de 184,27 millones.
Estos cálculos derivan de la suma de los ingresos generados por el impuesto a la renta (64 millones al año), las regalías (6,07 millones), aduana e impuestos al capital (3, 18) y las utilidades que por ley deben llegar a las comunidades (0,87). Una suma en realidad muy baja como aporte al PIB del país que ya superó los 103 mil millones de dólares en 2017, sin tomar en cuenta los daños que, a largo plazo, superarán lo ofrecido.
En término de empleos, anuncian mil empleos directos en la fase de construcción, cifra que desciende a 526 empleos directos en el momento de ejecución. Cantidad que es menor a los empleos relacionados a la ganadería que en la zona ocupan a alrededor de 45.000 personas y que podría crecer ampliamente con inversiones en tecnificación. El daño territorial llevaría a mucha de esa gente a perder la producción de su tierra y su trabajo.
Los defensores de la naturaleza y el agua han alertado que el proyecto Kimsakocha (hoy llamado Loma Larga) pretende explotar, durante 12 años, unos 14 millones de toneladas de material rocoso en zona de páramo, produciendo 12 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, equivalentes a 4.800 piscinas olímpicas, con liberación de sulfatos y arsénico.
Estas ya son razones suficientes para negar oficialmente la realización del proyecto minero, pues contradicen los Derechos de la Naturaleza incorporados a la Constitución junto a otros articulados y el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente (2008) y articulados constitucionales, que señalan ya la negativa a actividades mineras en nacientes de agua y áreas de protección.
Estas disposiciones se ratificaron por una mayoría ecuatoriana, mediante Referéndum y Consulta Popular de 2018, cuya quinta pregunta fue: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”. De cerca de nueve millones y medio de votos válidos, el 68,62% votó sí frente al 31,38% que votó no. En la provincia del Azuay el voto sí subió a 72,02%.
La larga lucha por la consulta
Tras la burla gubernamental a las consultas parroquiales ya mencionadas, se inició en el cantón Girón el trabajo por una Consulta Popular de carácter vinculante que se basa en principios constitucionales y de la propia Ley de Minería que establece que “los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales, y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses”.
Hagamos una breve cronología del proceso que inició el 28 de marzo de 2012, cuando la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón de la provincia del Azuay solicitó a la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Azuay el formulario para la recolección de firmas para convocar a una consulta popular local en dicho cantón. Trámites van y vienen entre la Corte Constitucional y el CNE hasta que el 31 de agosto de 2015, luego de la recolección de la cantidad de firmas de apoyo necesarias, se presentó todo para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la pregunta.
Para este paso se contaba con 20 días de término o se entiende por aceptada la consulta. Ni la Corte Constitucional ni el Consejo Electoral dominado por el gobierno de Correa cumplieron sus obligaciones. Es recién el 19 de noviembre de 2018 que un nuevo Consejo Nacional Electoral, dio paso a la consulta popular y se la convocó para el 24 de marzo de este año, el mismo día de las elecciones locales en todo el Ecuador. Es decir que tomó alrededor de siete años de exigencia social para que la Consulta Popular que se realizará en el cantón Girón de la provincia del Azuay.
La pregunta es muy clara y directa: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico de Kimsakocha (Quimsacocha)?
Lo que está en juego
Por supuesto que tras esta consulta está el futuro de la población y la naturaleza de ese territorio. Decirlo es simple, pero no lo será la vida de quienes vean su territorio despojado y su vida destruida. Eso es lo que la historia de América Latina y no solo de Ecuador demuestran que es el resultado del extractivismo.
Sin embargo, allí se puso en juego mucho más. Por un lado, la democracia misma y el derecho ciudadano a ser consultados y respetados ante decisiones que atentan contra derechos. Esto se hizo más notorio cuando el sector empresarial, hoy dominante de manera descarada de las decisiones del gobierno nacional, logró que un juez de Quito hubiese pretendido suspender la Consulta, cuando una vez iniciado un proceso electoral ninguna autoridad puede intervenir, razón por la que la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó la destitución del juez que suspendió la consulta popular.
Por otra parte, los resultados dejarán un mensaje a todo el Ecuador y un antecedente ineludible frente a cualquier acción futura de este tipo. En Girón se defiende la vida y se remarca que el agua vale más que el oro, que existen alternativas de vida superiores a las de la sobre-explotación de los recursos naturales, que el Ecuador no requiere de una minería metálica a cielo abierto que alimenta el sistema de acumulación injusto de nuestros días.
Los empresarios han hablado de la seguridad jurídica como un derecho exclusivo que les pertenece. La seguridad jurídica empieza por la sociedad, las comunidades, los pueblos y la naturaleza porque lo primero es defender los derechos humanos y demás consagrados en la Constitución. Aquí también se pone en juego, entonces, la soberanía nacional frente a una transnacional que quiere hacer negocio en nuestro suelo, los derechos humanos frente a derechos comerciales de esa empresa.
Otro aspecto es el referido a la gestión de las aguas que, de acuerdo con la Constitución, solo puede ser pública y/o comunitaria, como manera de garantizar al agua como un bien común. En la zona, alrededor del 93% del agua se encuentra en gestión pública o comunitaria, pero ello también se pone en riesgo si ingresa la minera y afecta las fuentes agua además de que recibiría una importante cantidad del líquido vital para contaminarla.
El cuento de la minería sustentable sostenido por el anterior y el actual gobierno no puede ocultar los desastres mineros, continuados o de carácter explosivo, en todo el mundo. El agua se somete a los mayores peligros y esto implica poner en peligro a la vida misma.
El apoyo a la consulta y el no a la minería en la zona nos involucra a todos. Será uno de los temas más importantes en esta jornada electoral del 24 de marzo. El pueblo tiene su palabra y las autoridades deberán respetarla.
Autor: Juan Carlos G, La Jornada.com Conflicto Relacionado: Wirikuta - La Luz
Sin obtener aún sentencia definitiva a los amparos tramitados en 2012 contra las 38 concesiones otorgadas a First Majestic Silver Corporation y 40 a Revolution Resources Corporation (ambas mineras canadienses) durante el gobierno de Felipe Calderón y que abarcan 70 por ciento de las 140 mil hectáreas del área natural protegida de Wirikuta, en San Luis Potosí, los wixaritari esperan dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Quieren no sólo resolver la situación legal de ese territorio, sino empleos sustentables para los ejidatarios mestizos que viven en esa región sagrada donde nace el Sol, con lo cual se logre preservar el hábitat en que reina Tamatsi Kauyumarie (una de sus máximas deidades, el venado azul) y crece el hikuri (peyote) que permite a los marakames (chamanes) estar en contacto con las divinidades.
Para los ejidatarios de Wirikuta no es fácil: necesitan fuentes de trabajo, ingresos para sus familias. Hay migración por falta de empleos, señala Yuniur Vázquez Rosalío, coordinador del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, en entrevista.
La falta de resolución definitiva a las inconformidades presentadas por el pueblo wixárika, basadas en el Pacto Hauxa Manaka de 2008, avalado con la presencia de Calderón y firmado por los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas para respetar y proteger los lugares sagrados de los wixaritari, ha permitido que las mineras trasnacionales ejerzan presión económica sobre ejidos y municipios que podría devastar Wirikuta.
Por ello, también pretenden exponer a López Obrador que esa protección, jurídica y ambiental, se extienda a los otros sitios sagrados que representan los puntos cardinales, dos de ellos ubicados en Jalisco: Xapa Wiyeme, en la Isla de los Alacranes, en el lago de Chapala, y en Tecata (Santa Catarina Cuexcomatitlán), Mezquitic, en el norte de estado, que es el punto central de su cultura.
Al poniente está Haramara, donde vive la diosa del mar en la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit; al norte, Hauxa Manaka, donde descansa la canoa del primer hombre que apareció en este mundo en Cerro Gordo, Durango.
Y al oriente está Wirikuta, donde nació el mundo, en Real de Catorce, San Luis Potosí, sitio ceremonial y centro de peregrinación anual de toda la nación wixárika, donde los marakames encuentran la sabiduría a través de elaborados diálogos y ceremonias con sus deidades.
Ya pasaron casi 12 años desde que se firmó el pacto, cuando estaba de presidente Calderón, y no se ha respetado. Se comprometieron a trabajar en conjunto en el tema de la conservación y defensa de esos cinco puntos, convertirlos en patrimonio cultural nacional, pero todo está igual o peor, se queja Yuniur Vázquez.
Por eso esperan que con este cambio de régimen les den fecha para dialogar con López Obrador y exigir el cumplimiento del pacto, que se proteja el entorno ambiental y social con proyectos que sean sustentables con la naturaleza y con la economía de las familias.
Hay varios activistas, académicos y científicos que trabajan en la región y plantean el cuidado de la diversidad silvestre, de flora y fauna, que se conserve, pero que a la vez sea fuente de empleo el cuidado de esa diversidad, que la misma gente de la región esté dedicada a cuidar esas tierras, explica.
Pobreza y presión
Wirikuta está ubicado en el desierto de San Luis Potosí y abarca los municipios de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en todos los cuales existen graves problemas económicos y desempleo. El principal sustento son las remesas de quienes migran, sobre todo a Estados Unidos.
En Catorce, por ejemplo, que tiene amplia afluencia turística, los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2015 señalan que 66.8 por ciento de sus pobladores son pobres y 11.2 por ciento viven en situación de pobreza extrema.
En Charcas los números de Coneval en 2015 ubicaban a 46.1 de sus habitantes en situación de pobreza y al 7.8 en pobreza extrema; en Vanegas, 80.4 por ciento de sus pobladores vive en pobreza y 17.6 en pobreza extrema.
Los índices que hablan de marginación continúan a lo largo de toda la ruta de Wirikuta. En Villa de la Paz 43.1 por ciento es pobre y 4.3 viven en pobreza extrema, mientras en Villa de Ramos llega hasta 85.6 por ciento de sus habitantes en pobreza, y 18.6 por ciento con carencias extremas.
Es a estos habitantes y ejidatarios a quienes las mineras presionan mientras la demanda de cancelación de concesiones sigue sin resolverse, con ofertas para que se permita la explotación de la tierra desértica pero rica en minerales.
En 2010, con la finalidad de contrarrestar las amenazas de la minería, se conformó el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, en Tiwayla (colonia Rivera Aceves), en la comunidad de Wauta (San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco), al que luego se sumó el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, colectivo conformado por activistas, músicos, actores y organizaciones de la sociedad civil, quienes trabajaron en conjunto y lograron visibilizar la lucha a escala internacional.
Desde entonces, además de los amparos tramitados, la presión ha incluido manifestaciones en Jalisco, Nayarit, la Ciudad de México y hasta en Vancouver, Canadá, sede de First Majestic Silver y de Revolution Resources.
El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba de Apurímac , Gregorio Rojas, afirmó que los comuneros están a favor de una minería responsable y rechazó que sean “antimineros”, en referencia al conflicto con la empresa MMG Las Bambas.
Se acercan las elecciones locales en Ecuador. El país saldrá a las urnas el domingo 24 de marzo para elegir alcaldes, concejales y prefectos. Pero en el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, sus 15 363 habitantes deberán decidir también si quieren o no minería en su región.
Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una 
Hemos sido testigos de esta gran idea de escribir #NoDominga en la arena con personas vestidas de negro! Llegaron familias completas de diversas ciudades de la Región de Coquimbo, con entusiasmo y decisión a participar en esta inolvidable e inédita manifestación familiar “A Cuerpo Entero Decimos No A Dominga”, la que se llevó a caboen la Playa de El Faro de La Serena. Este gran hito fue fotografiado y filmado por tres drones, cuyas imágenes ya recorren gran parte del planeta.
Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.
Johnny Tapia, secretario de Sistemas de Agua de Girón expresó que «la minera INV Metals tendrá que coger sus cuatro cosas e irse. La consulta popular del 24 de marzo va porque va». El principal argumento de colectivos como Yasunidos es que el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, se pronunció el viernes pasado diciendo que en la sentencia 046-19-TCE de ese Tribunal se emitió un criterio favorable a la consulta, el cual es de última instancia y debe ser cumplido por tanto por las autoridades electorales como por las partes involucradas
Kimsakocha es un territorio conformado por valles y llanuras entre los 2.760 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. El complejo de páramos (ecosistemas tropicales de altura) permiten una regulación natural del ciclo del agua abasteciendo de líquido a las zonas circundantes en períodos de secano, constituyéndose en una reserva hídrica de alta importancia, reconocida por diversos estudios por ser el principal aporte de aguas para diversas poblaciones y proyectada para más del 30% de la población urbana de Cuenca, además de servir para el riego de amplias áreas agrícolas y de pastizales para la ganadería.
Sin obtener aún sentencia definitiva a los amparos tramitados en 2012 contra las 38 concesiones otorgadas a First Majestic Silver Corporation y 40 a Revolution Resources Corporation (ambas mineras canadienses) durante el gobierno de Felipe Calderón y que abarcan 70 por ciento de las 140 mil hectáreas del área natural protegida de Wirikuta, en San Luis Potosí, los wixaritari esperan dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.