Le meten presión al Gobierno. Tras las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que dijo que para la ejecución del proyecto minero Tía María en Arequipa es necesario un «espacio favorable», para lo que se debe buscar un «consenso mayor» en la población local, la presidenta de la Confiep, María León, cuestionó esta afirmación y señaló que la minera mexicana Southern Copper ya tiene lo que ella llamó «licencia social«.
«Quisiera entender qué es «mayor consenso«. Los proyectos mineros deben hacerse en armonía con las comunidades y entiendo que la empresa ha hecho su trabajo con la población local, se han acercado y tienen una «licencia social» que le permite sentirse listos para que le den la licencia de construcción. […] No entiendo cuál es la razón, qué respuesta esperan de la población, cuál sería el indicador», dijo en entrevista a Canal N.
En agosto próximo, se vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Por ello, el gremio empresarial espera que, antes de esa fecha, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le de licencia a Southern para que construya la mina. En caso esto no ocurra, la empresa minera tendría que elaborar un nuevo EIA, lo cual postergaría el inicio de las obras por un año más.
La semana pasada, en conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, el titular del MEM dijo que espera que este 2019 se otorgue la licencia para el inicio de la construcción de la mina, pero precisó que «darle la autorización a la empresa no implica inmediatamente una construcción«.
«Así tenga permiso, no es que de inmediato recibe autorización de concesión y al día siguiente empieza a construir, porque si no se da espacio favorable a la inversión lo más probable es que se tenga un conflicto«, dijo.
«Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos; por eso, no se busca unanimidad, pero sí se busca un consenso mayor en el desarrollo del proyecto, eso es al margen de la aprobación administrativa», agregó, según citó Gestión.
En marzo pasado, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, dijo a El Comercio estar confiado en que el Gobierno le iba a otorgar licencia de construcción de la mina antes de agosto próximo. El empresario minero dijo que había «falta de decisión» en el Ejecutivo para expedir la licencia. Además, afirmó que actualmente el clima social en el Valle de Tambo es «mucho mejor».
Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión. Los agricultores del Valle de Tambo se oponen al proyecto porque temen que sus campos de cultivo se contaminen con la actividad extractiva.
El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.
El Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, y el congresista Richard Arce, han informado que uno de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas-Apurímac (caso Las Bambas), ha sido el de la presentación -en un plazo no mayor de 30 días- de un Proyecto Ley de Amnistía para las y los comuneros que han sido criminalizadxs durante el conflicto social de Las Bambas. Se refiere que habría un número que va de 300 a 500 dirigentxs criminalizados.
Ciertamente, el acuerdo evidencia la voluntad de las partes de la Mesa de dar una salida a un problema que confronta y entrampa a las distintas partes del conflicto Las Bambas. Sin embargo este acuerdo llama a preocupación en varios sentidos:
Primero, ya la Comisión y la Corte IDH han emitido varias resoluciones y acuerdos recomendando a los estados a no hacer uso de figuras jurídicas como las de las amnistías, pues en la región este recurso casi siempre ha favorecido situaciones de impunidad frente a graves delitos de derechos humanos.
Segundo, el otorgamiento de la amnistía y su aceptación por parte de lxs amnistiadxs, implica el reconocimiento implícito de la comisión de un delito, pues citando a la CIDH la “…amnistía es el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es decir, se terminaría avalando la estrategia de criminalización de la protesta social que ha convertido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, en los contextos de conflicto social, en delitos.
Y lo tercero, como en otros casos, se pretende ir sobre la rama y extraviarse en el bosque. Las autoridades y representantes involucradxs deben tener en cuenta que la criminalización de la protesta social en el Perú ha generado problema social y de injusticia flagrante, que ha conducido hasta este momento a más de 800 defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema de justicia. La exigencia en el presente caso, como también en el conjunto de casos de criminalización de la protesta, es la de garantizar los derechos y libertades de quienes hoy son injustamente criminalizadxs. No podemos convivir con estrategias legales orientadas a limitar y someter las libertades y derechos de las personas.
No es posible evadir una demanda justa que surge del pésimo tratamiento del conflicto de Las Bambas. Por el contrario su atención debe darse en el contexto del abordaje riguroso e integral a un marco institucional punitivo que ha precarizado los derechos humanos en el Perú. Esperamos respuestas en este sentido….!!!
No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o pesquisador informa que o Canadá, assim como o Brasil, tem “uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do Ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas ‘Primeiras Nações’ (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país”, e que os dois países “comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas” e “buscaram, por métodos diferentes, ‘integrar’ suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora”.
Leonardo Barros é autor da tese “(Un)changing Indigenous land claims: evidences from a cross-national comparison between Canada and Brazil” ((I)mutáveis reivindicações de terras indígenas: evidências de uma comparação transnacional entre Canadá e Brasil – tradução livre), que apresenta um estudo comparativo acerca de como indígenas canadenses e brasileiros têm participado das políticas indigenistas de seus países e atuado em suas terras, e de como empresas e instituições federais têm se envolvido nos processos de extração mineral em terras indígenas. Entre as diferenças que envolvem o reconhecimento das terras indígenas nos dois países, Barros pontua que “os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileirassão reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações”.
De acordo com ele, embora do ponto de vista legal as terras indígenas canadenses estejam “mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras”, não há consenso entre as comunidades canadenses sobre o tema. “Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas”, conta. Já os que são contrários à atividade mineral em terras indígenas “apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos”, afirma.
Ao comentar a discussão sobre a possibilidade de legalizar a atividade minerária em terras indígenasdo lado brasileiro, Barros frisa que “o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda hápovos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos”. Na avaliação dele, a experiência indígena no Canadá “ajuda apenas em parte”, porque “olhar para o Canadá como um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto”.
Leonardo Barros Soares é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral em 2017 na Université de Montréal junto ao Centre de recherche sur les politiques et le développement social – CPDS. É membro do Réseau d’études latino-américaines de Montréal – RÉLAM e desenvolve pesquisas na área de democracia participativa, instituições participativas, teoria deliberacionista, política urbana, etnopolítica, política indigenista comparada, povos indígenas americanos, movimentos sociais e associativismo étnico e políticas de reconhecimento territorial indígena.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?
Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?
Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.
Brasil e Canadá comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas. Ambos os países buscaram, por métodos diferentes, “integrar” suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora e, ainda hoje, oscilam entre aproximações produtivas e distanciamentos genocidas com suas populações tradicionais.
Dito isso, cabe ressaltar que, assim como o Brasil, o Canadá é um país com forte dependência de commodities extrativistas e com forte atividade minerária em seu território e em outros países, inclusive no Brasil, por meio de empresas tais como a Yamana Gold e a Lundin Mining, para ficarmos em apenas dois exemplos. Como não poderia deixar de ser, estas atividades impactam sobremaneira os povos tradicionais por lá também.
Mineração no Canadá
Não há uma legislação federal sobre a mineração no Canadá e a matéria é largamente regulada pelas províncias, que gozam de maior autonomia que suas contrapartes brasileiras. Assim, diversos tipos de licenças e procedimentos são requeridos a depender da província, do metal a ser explorado e do porte do empreendimento. Em todo caso, há um interesse comum entre governos provinciais e governo federal para a exploração mineral no território canadense, e a atividade conta com gordos subsídios, além de diversas facilitações para que os empreendimentos ocorram.
A maioria dos povos indígenas canadenses só teve maior contato com a mineração a partir da década de 1970, com algumas exceções de povos que convivem com a atividade há gerações. Até aquela época, os povos indígenas canadenses pouco ou nada podiam fazer quando da determinação de um empreendimento minerário em seus territórios. No entanto, a partir de 1975, com a edição do primeiro tratado de reconhecimento territorial indígena moderno, o James Bay and Northern Quebec Agreement, os povos Crees, Inuit e Naskapi ganharam um maior controle sobre decisões relacionadas à mineração em seus territórios. Esse entendimento foi reforçado em 1978, a partir do relatório Berger recomendando a não instalação do Mackenzie Valley Pipeline sem a consulta prévia aos indígenas afetados. De lá para cá, artigos regulando atividades de mineraçãoforam incluídos em diversos tratados territoriais.
Mineração em terras indígenas canadenses
A mineração em terras indígenas canadenses também é limitada por sucessivas decisões da Suprema Corte Canadense, tais como a Haida/Taku ou a recente decisão Ross River Dene Council, da corte de apelação do Território Yukon, que estabelecem a obrigatoriedade de uma consulta esclarecida com os povos indígenas para sua participação na definição da melhor alocação dos recursos naturais presentes em suas terras. Na prática, no entanto, há alguns grupos que se queixam de que os governos provinciais e federal não protegem seus interesses, o que os deixa desamparados frente às propostas feitas pelas grandes empresas de mineração.
Por outro lado, há também lideranças de alguns povos tradicionais que entendem que as companhias estão mais bem posicionadas para avaliar os impactos sobre os povos indígenas e são mais flexíveis em negociações diretas do que os governos. Essa negociação direta entre companhias e povos indígenas é que é a regra por lá.
IHU On-Line – Em artigo recente o senhor disse que existem “modelos bem-sucedidos de parceria entre mineradoras e povos indígenas” no Canadá. Pode nos contar como são feitas essas parcerias, que áreas as mineradoras exploram e por que, na sua avaliação, elas são bem-sucedidas?
Leonardo Barros – Para entender a “parceria” entre mineradoras e povos indígenas por lá, é relevante saber que desde meados do século XIX, após uma forte intervenção do governo nas estruturas tradicionais de organização dos povos indígenas, hoje muitos deles se organizam em “conselhos” que assumem uma forma “quase-municipal” com eleições regulares, estrutura administrativa, assessorias, departamentos, critérios de membresia, jurisdição sobre alguns assuntos etc. Assim sendo, não é de se estranhar que essas estruturas administrativas considerem, muitas vezes, os royalties da mineração como uma importante fonte de renda.
Diante das precárias situações de qualidade de vida experimentadas por muitos povos indígenas canadenses, incluindo altos índices de desemprego, a mineração pode aparecer, no melhor cenário, como uma oportunidade de aumento da renda coletiva e eventualmente da melhoria da infraestrutura comunitária. Além disso, a estratégia de resistência de qualquer grupo social subalternizado pode passar pela ideia de que se a mineração, ou qualquer outro empreendimento de grande porte é inevitável, que ao menos se possa, então, garantir o melhor aproveitamento possível para o grupo atingido.
Quando falo de parcerias bem-sucedidas, me refiro exatamente ao fato de que, diante do empreendimento, povos indígenas politicamente mais organizados e coesos foram hábeis em negociar acordos mais benéficos para si. Estes acordos, chamados de forma geral de “IBAs” (Impact and Benefit Agreements, Acordos de Impacto e Benefício, em tradução livre) ou ainda de “SEPAs” (Socio-economic Participation Agreements, terminologia utilizada pela Aboriginal Mining Corporation e que significa Acordos de Participação Socioeconômica, em tradução livre), contratualizam a relação entre mineradoras e povos indígenas e já passam de cem acordos firmados, hoje em dia, em diversas regiões do país. Os governos provinciais e federal entram como responsáveis fiduciários.
Entre os exemplos mais notáveis está o caso do acordo que deu origem ao reconhecimento do imenso território de Nunavut, que prevê, em seu artigo 26, do IBAs, que “promovam os objetivos culturais Inuit e aumentem seu padrão de vida”. O acordo sobre a mina Raglan, realizado entre os Inuit e a Societé Minière Raglan du Québec Ltée em 1995, também previa a contratação prioritária de Inuits qualificados para trabalhar na mina, o estabelecimento de um comitê para a supervisão contínua do empreendimento, um representante do povo tradicional no conselho de direção da empresa e uma indenização de 60 a 100 milhões de dólares canadenses, mais a distribuição de royalties e de lucros e dividendos. Outro exemplo de sucesso é a parceria entre o Grande Conselho dos Crees e a Goldcorp Inc. em 2011 para o desenvolvimento e operação do chamado Éléonore Gold Project.
Além disso, poderíamos citar a comunidade Moose Cree, na província de Ontário, que se tornou parceira de negócios da Ontario Power Generation na construção de uma hidrelétrica no rio Mattagami. A comunidade de Fort McKay, em Alberta, se beneficiou dos empregos gerados pela exploração do xisto betuminoso na região. Aliás, a indústria da mineração é potencialmente o maior empregador de indígenas por lá. Os exemplos são múltiplos, mas ainda não há uma apreciação de conjunto sobre a questão de forma mais aprofundada. A pesquisa acadêmica sobre o assunto ainda é inicial por lá, ao passo que é virtualmente inexistente por aqui.
IHU On-Line – De outro lado, quais são os conflitos existentes no Canadá entre os povos indígenas e as mineradoras?
Leonardo Barros – Os povos indígenas canadenses têm uma longa história de movimentos de resistência contra governos e corporações, potencializados a partir de 1960 e recentemente reeditados no chamado movimento Idle No More em 2013. Diga-se de passagem, um dos desencadeadores desta que foi uma das maiores mobilizações indígenas em todo o mundo foi, justamente, a proposta de mudança na legislação ambiental e na de águas navegáveis do Canadá, o que beneficiaria enormemente empresas de exploração de recursos naturais em detrimento das formas tradicionais coletivas de gestão dos territórios e das águas indígenas.
A resistência aos projetos de exploração de recursos minerais no Canadá assume várias formas, desde os tradicionais protestos de rua até formas mais complexas, como o recente caso em que os Kw’alaams rejeitaram, por meio de um referendo, um projeto em parceria com a multinacional Petronas para a construção de um terminal de exportação de gás liquefeito na costa noroeste da Colúmbia Britânica no valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses.
O repertório de ação coletiva dos grupos é variado, indo desde forte presença midiática até ações mais diretas, tais como bloqueio de estradas ou confronto direto com forças de segurança, passando por lobby organizado sobre parlamentares, marchas e atividades de cunho simbólico, como rodas de dança e cantos tradicionais.
IHU On-Line – Como os indígenas canadenses têm se pronunciado sobre a extração de minério em suas terras? O que dizem os indígenas que são favoráveis a essa prática e os que são contrários?
Leonardo Barros – Não há uma voz unificada dos povos indígenas e demais povos tradicionais sobre esse tema, como também não há, diga-se de passagem, no Brasil. O que há é a organização em associações mais ou menos representativas, tais como a Assembleia das Primeiras Nações (Assembly of First Nations) e os conselhos de líderes de cada povo, variando de região para região. Em resumo, o panorama político é complexo e resiste a uma generalização.
Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas. Historicamente, o governo canadense apresenta fortes déficits de investimento em infraestrutura e geração de renda e emprego nas comunidades indígenas, que observam nas parcerias a possibilidade de virarem o jogo a seu favor.
Os que se pronunciam de forma contrária apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos, algo que pode ser visto facilmente aqui, no Brasil, em muitas cidades do interior. Por fim, chamam a atenção para a deficiência do Estado canadense em sua capacidade de fazer cumprir sua legislação ambiental e de direitos humanos em situações de violações destes direitos por parte das mineradoras.
IHU On-Line – Quais são as vantagens e desvantagens da extração mineral em áreas indígenas no Canadá?
Leonardo Barros – A principal vantagem é, como eu já disse, que diante de uma situação de intensa degradação das condições de vida de muitas comunidades, a renda obtida a partir da tributação da atividade minerária e dos empregos gerados podem ter um impacto positivo na vida dos povos indígenas que vivem nas áreas abarcadas pelo empreendimento. Ser protagonista, ou pelo menos uma voz importante na definição dos rumos de empreendimentos econômicos em seu território não é pouca coisa. Feitos de boa-fé e com todas as garantias contra as violações de direitos humanos, os acordos podem trazer, sim, benefícios econômicos palpáveis.
Por outro lado, as desvantagens são muitas: degradação ambiental, poluição dos rios e do solo e até mesmo o aprofundamento da erosão do já esgarçado tecido social em muitas comunidades, uma vez que a gestão dos fundos oriundos da mineração pode dar ensejo a disputas fratricidas no interior de comunidades já fraturadas por disputas políticas.
IHU On-Line – Como o debate sobre a mineração em terras indígenas tem sido feito no Canadá? Como as empresas mineradoras, as comunidades indígenas e a sociedade se pronunciam neste debate?
Leonardo Barros – Creio que, neste ponto, o Canadá está alguns passos à frente do Brasil. Há um crescente interesse entre as empresas mineradoras de lá em aumentar sua capacidade de compliancecom as regras internacionais, as regras ambientais do país e as decisões tomadas nas cortes superiores. Não me parece que algo similar seja a tônica por aqui.
Além disso, por lá as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos. Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui.
Em suma, penso que o debate canadense sobre o tema é mais franco, inclusivo, aberto e democrático do que o nosso que, aliás, inexiste. Não é perfeito, longe disso, mas pelo menos existe e inclui, de alguma maneira, povos indígenas, os principais interessados.
IHU On-Line – Que semelhanças e diferenças percebe no tratamento brasileiro e canadense da exploração mineral em terras indígenas?
Leonardo Barros – Os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileiras são reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações.
Do ponto de vista legal, as terras indígenas canadenses estão mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras, no bom e no mau sentido. No bom sentido, grupos indígenas mais organizados e com maior capacidade de negociação podem lucrar consideravelmente ao se engajarem em negociações diretas com mineradoras, revertendo a renda da mineração para a melhoria das condições de vida de suas comunidades. No mau sentido, os territórios estão mais vulneráveis ao poder por vezes esmagador das companhias e podem acumular um passivo ambiental e social com repercussão duradoura. Por outro lado, a negociação direta entre empresas e povos indígenas não é permitida pela constituição brasileira.
Além disso, a legislação sobre o assunto no Canadá é provincial, o que seria um completo desastre por aqui, dado que os governos estaduais são, em sua maioria, dominados por oligarquias políticas e econômicas com interesses diametralmente opostos aos dos povos indígenas. Portanto, são duas diferenças importantes: os povos indígenas podem negociar diretamente com as empresas, que estão submetidas a legislações e requerimentos que variam de acordo com a província que receberá o empreendimento.
Uma diferença importante entre os dois países, que considero importante frisar, é que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda há povos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos.
IHU On-Line – Por que, na sua avaliação, a possibilidade de explorar a mineração em terras indígenas não é adequada? Quais diria que são as lições que o Brasil poderia aprender olhando o exemplo do Canadá?
Leonardo Barros – A atividade minerária é destrutiva por definição, e seus impactos não se fazem sentir apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre sociedades inteiras. Tais impactos podem ser capazes de destruir ecossistemas inteiros e fazer sumir do mapa formas de vida singulares, tradições orais e cosmovisões indígenas. Considere a realidade de um empreendimento minerário de grande vulto: grandes canteiros de obras, explosões, maquinário pesado, ruído intenso, trepidação, poeira, abertura de rodovias ou ferrovias para escoamento do minério, intenso trânsito de caminhões, construção de dutos, utilização de grandes quantidades de água, e, sobretudo, um grande influxo de trabalhadores para a área da mineração e seu entorno. Em resumo, é um cataclisma de proporções não triviais e de efeitos prolongados. Qualquer pessoa que resida numa região com atividade mineradora, como eu, que moro em Minas Gerais, sabe do que estamos falando. Mineração é um “negócio bruto”, dificilmente conciliável com a visão sacra que os povos indígenas têm da natureza.
Se ninguém quer uma mina perto da sua casa, por que os povos indígenas iriam querê-las? Em nome de qual “desenvolvimento” e para quem? Mesmo operações de pequena escala podem trazer um risco potencial imenso, que simplesmente não vale a pena correr. Seria mais justo, a meu ver, pensar em como potencializar o bem-estar das populações indígenas e sua capacidade de sustentação econômica a partir do fortalecimento de suas identidades e de suas atividades tradicionais, e não focando em atividades extrativistas cujo impacto pode simplesmente inviabilizar a sua existência nos territórios em que habitam.
Para falar a língua dos economistas, talvez convenha afirmar que a floresta em pé e com abiodiversidade preservada e explorada de forma consciente pode ser uma fonte de renda tão grande quanto a mineração propriamente dita, com bem menos impacto.
No que diz respeito ao que poderíamos aprender com o caso canadense, penso que a maior contribuição para o caso brasileiro venha justamente da cultura corporativa das mineradoras por lá, mais engajadas na discussão sobre os potenciais impactos da mineração sobre povos indígenas do que aqui. A Mining Association of Canada, que congrega cerca de 60% das empresas de mineração do país, lançou em 2004 a chamada Iniciativa em Direção a uma Mineração Sustentável (Towards Sustainable Mining Initiative), de aderência mandatória para os seus membros, e que se propõe a liderar mundialmente os exemplos de inclusão de comunidades tradicionais no desenho e implantação de empreendimentos minerários.
Acrescentaria também que valeria a pena olhar para como as universidades de lá têm conseguido se inserir de forma crítica no debate sobre o tema. Todos podemos aprender muito mais através do diálogo franco e crítico, algo praticamente impossível no Brasil contemporâneo.
IHU On-Line – Como surgiu o termo “mineração verde” e qual é o objetivo de tratar a mineração desse modo?
Leonardo Barros – Utilizei esta expressão num artigo para o Brasil de Fato em que eu discutia exatamente as declarações do ministro de Minas e Energia, numa feira para mineradoras em Toronto, sobre o projeto do governo Bolsonaro de liberação da mineração em terras indígenas. Eu dizia que não existe “mineração verde” — ou é mineração — explosões, maquinário pesado, desmatamento, produtos químicos letais, erosão do solo e poluição dos rios — ou é “verde”, as duas coisas não vão juntas, embora a propaganda destas empresas queira nos fazer acreditar o contrário.
Assim, é imperioso reforçar que a liberação indiscriminada da mineração em terras indígenas poderá significar a destruição de ecossistemas em larga medida ainda muito preservados pois, como se sabe, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, as áreas de ocupação tradicional costumam ser as mais conservadas em todos os aspectos. Querem minerar no Xingu? Vão destruí-lo. Querem minerar em terras Yanomami? Vão destruí-las também. É preciso dizer isso sem meias palavras, sem cosméticos, e estarmos conscientes das repercussões que nossas escolhas políticas têm. Qualquer medida de mitigação não passa disso: um paliativo. As mineradorasrealizam seus lucros e vão embora. O real estrago permanece com os povos que habitam a região da atividade minerária.
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Leonardo Barros – Creio que, no momento histórico em que o Brasil se encontra, urge repensar a atividade minerária de ponta a ponta, desde sua legislação maior até as atividades mais básicas dos trabalhadores e das empresas envolvidas na exploração de recursos minerais, ao invés de propor a liberação indiscriminada de acesso às terras indígenas para a mineração. Depois dos crimes cometidos pela Vale S/A em Brumadinho e em Mariana, como se pode pensar em ampliação das áreas de mineração no país sem um controle estrito dos procedimentos e dos impactos e um amplo debate público e democrático sobre esta atividade econômica?
Olhar para os “países desenvolvidos” como o Canadá ajuda apenas em parte, pois a ideia de que “tudo lá é melhor” é muitas vezes apenas fruto de nossa ignorância com relação a outros países somada a nossa “síndrome masopatriótica” — popularmente conhecida como síndrome de vira-lata — estimulada diuturnamente por nossa elite e com grande aceitação popular. Nem tudo que reluz é ouro, com o perdão do trocadilho. Nesse aspecto em particular, olhar para o Canadácomo um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto.
Por fim, uma última afirmação. A ideia de que indígenas estão “sentados” sobre imensas reservas minerais que deveriam ser aproveitadas para o “bem de todo o país”, constantemente vocalizada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, é apenas uma das facetas do ancestral preconceito da sociedade nacional para com os indígenas. É racismo puro e simples, que fique entendido, tanto aqui como no Canadá. Infelizmente, o racismo contra os povos indígenas é ainda amplamente aceito por estas sociedades, com as consequências genocidas que temos visto.
En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.
El gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Guiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, explica un comunicado emitido a finales de abril. Al tiempo que advierte que tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.
Aunado a lo anterior, deja conocer la publicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe realizar el retiro de los contenedores con sustancias químicas toxicas que por años han permanecido en la mina San Sebastián.
A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.
Una de las controversias relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc. en Asunción Mita, Guatemala.
Para las organizaciones que reclaman se haga efectivo este compromiso, es esencial que El Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, para ello es necesario la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del río Lempa.
Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.
La investigación, aprobada en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, tras la solicitud formulada por sesenta y ocho diputadas y diputados, arrojó entre sus conclusiones que la celebración del contrato entre Corfo y SQM, en 1993, generó las condiciones para que esta última pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030.
En el documento, rendido ante la Sala por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), se sentencia que la decisión de firmar el citado contrato fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente.
El informe también acusa «evidente negligencia estatal» en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.
Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.
El informe valora positivamente la decisión de Corfo de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por SQM (ascendente a cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral), como asimismo, la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado).
Según se plantea, es producto de esta decisión que se pudo constatar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad.
Se resalta, en todo caso, que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.
El texto indica que en este proceso se percibió «un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y se reprocha a Corfo «haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje».
Se concluyó también que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.
«En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno», se remarca en el informe.
Se criticó, del mismo modo, que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.
Entre otras variados planteamientos, se sostiene que existen cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.
Entre las propuestas, se pide a Corfo que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez, las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el período respectivo.
Asimismo, se solicita que comunique cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM y sobre las acciones para poner en ejecución todas las cláusulas referidas a las comunidades indígenas.
Luego, se llama al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.
También se pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo; crear en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.
Por último, entre otras propuestas, se plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes; y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.
El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019.
El Papa invitó a “analizar, interpretar, discernir lo que conviene o no de las actividades extractivas en los territorios y así, proponer, planificar, actuar para transformar nuestro propio estilo de vida, incidir en las políticas mineras – energéticas de estados y gobiernos, y en las políticas y estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, con miras a alcanzar el bien común y un auténtico desarrollo humano, sostenible e integral”.
¿Qué es el extractivismo?
Por “extractivismo” – afirmó – entendemos una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza.
La acción de “extraer”, la mayor cantidad de materiales en el menor tiempo posible, para convertirlos en materias primas e insumos que la industria utilizará, se transformarán en productos y servicios que otros comercializarán, la sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos contaminantes, es el circuito consumista que se está generando cada vez con mayor celeridad y riesgo”.
¿Economía o vida?
Una casa común que está en condiciones precarias, sostuvo el Papa, debido principalmente a un modelo económico que se ha seguido durante demasiado tiempo.
“Es un modelo voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado”.“Aunque a menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de las personas, todavía nos resistimos al cambio (…)Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”.
Después, destacó que “la minería, como cualquier actividad económica, tendría que estar al servicio de toda la comunidad humana… Este es un pilar de la enseñanza social de la Iglesia”.
El papel de las comunidades locales
Desde esta perspectiva, “la participación de las comunidades locales es importante en cada fase de los proyectos mineros”, afirmó.
“Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas”.
“Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.
La sabiduría de los indígenas
En este sentido se refirió al próximo Sínodo sobre Amazonía para enfatizar que es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. “Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos”.
“Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”, destacó.
Economía circular
Asimismo, insistió en la promoción de una economía circular y el enfoque de “reducir, reutilizar, reciclar” también están en gran medida en consonancia con el consumo sostenible y los modelos de producción promovidos en el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Además, las tradiciones religiosas siempre han presentado la sobriedad como un componente clave de un estilo de vida ético y responsable”.
El Papa instó a “denunciar y evitar esta cultura del descarte”. Pues, el sistema industrial, “al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos”.
“Todavía – añadió – no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.
Dejar un planeta habitable
“Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. ¡No pierdan nunca de vista este gran horizonte!”, exhortó el Papa.
“La industria minera para el bien común” es el título del encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que participan tanto representantes de las comunidades mineras como de la industria junto con exponentes de diversos credos.
“Esta reunión es importante porque estáis tratando cuestiones que conciernen el futuro de nuestra casa común y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones futuras”, expresó. El Papa definió el encuentro “como ecuménico, ya que invita a pensar y a actuar como miembros de una casa común”.
Varios líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas de un ataque el sábado 04 de mayo en la tarde. El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional.
El hecho ocurrió durante una reunión de varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC). Dos hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP) resultaron heridos.
Según la organización, el ataque es la materialización de amenazas que desde días pasados se han venido presentando por parte de grupos paramilitares hacia voceros de la minga, que lo único que han hecho es luchar por los derechos del pueblo.
En el ataque, escribió Márquez a través de su cuenta en Twitter, explicó que “como pueblo negro del norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”.
El hecho ocurrió cerca de las 5:35 p.m. cuando Carlos Rosero, Francia Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Caranbalí, Sofía Garzón y otros líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen partes de la La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, se encontraban en una reunión comunitaria. El ataque, según Márquez, habría durado unos 15 minutos.
La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió que se garantizara la protección de los líderes: “Rechazamos atentado en vereda Lomitas, Santander de Quilichao, contra los líderes de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Exigimos garantías para que estos defensores de derechos humanos pueden reunirse libremente y trabajar por sus comunidades”.
Además del presidente colombiano Iván Duque, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazó el atentado dirigido hacia la líder social Francia Márquez y otros dirigentes.
Francia Márquez es una reconocida activista de las luchas contra la minería ilegal en Colombia. Hizo parte de la mesa de negociación del Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba) para hablar del impacto del conflicto armado en las mujeres y comunidades afro, indígenas y campesinas. En abril del 2018 recibió el premio Goldman, conocido universalmente como el Premio Nobel ambiental, que enaltece la labor de los defensores del territorio y el medio ambiente.
Desde CooperAcción expresamos nuestra solidaridad con Francia Márquez y nuestro rechazo a toda forma de violencia contra las y los defensores ambientales.
Defensoras de la Madre Tierra incidiendo sobre el agua y la producción sin contaminación
El día sábado 4 de mayo en el marco de la inauguración de la Feria Expo Altiplano en Municipio de Challapata y de la presentación del Aphtapi mas grande de Bolivia; la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA, en alianza con la Asociación de Regantes de la Represa N° 2 Tacagua; participamos reafirmando el valor agroganadero de Challapata y diciendo a la población y gobierno que Challapata debe seguir con su “Producción sin contaminación” defendiendo su represa de agua así como ha venido resistiendo estos veinticinco años a la minería
Las defensoras de la Madre Tierra de diferentes comunidades, revestidas de carteles con fotografías, mensajes y entre consignas como “El agua vale mas que el Oro” “Challapata, producción sin contaminación”; sensibilizaron y llamaron la atención de autoridades y recordando la importancia que tiene el municipio de Challapata con su producción que aporta a la seguridad y soberanía alimentaria del país y que solo es posible con la protección del agua y del medio ambiente.
Las autoridades nacionales, departamentales y municipales presentes, reafirmaron el valor productivo de Challapata con el Apthapi mas grande de Bolivia que consistió en compartir los alimentos milenarios que se producen en Challapata como ser papa, chuño, carnes, queso, habas a lo largo de un kilometro y que fue preparado y degustado por diferentes sectores de la población.
A raíz de esta actividad de incidencia ante diferentes niveles de autoridades, se fortalece la alianza de la RENAMAT para la defensa de los territorios, en la protección de las fuentes de agua y el lugar de las mujeres en esta lucha.
Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.
La explotación de estos elementos constituye una novedad dentro del panorama minero del país, ya que ésta sería la primera minera de estas características en todo el territorio nacional. Lo que no sería una novedad son los altos costos socioambientales asociados a la actividad extractiva del mineral, los cuales se han dejado ver en distintas partes del mundo, en especial en territorio chino, país que produce la mayor cantidad de estos elementos a nivel global.
Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial.
En el tercer piso del edificio Crisol, frente a la Plaza de Armas de Tomé, se realizó el conversatorio “Minería en la provincia de Concepción” durante la tarde del día viernes 26 de abril de 2019 organizado por la Coordinadora Tomecina contra los Terminales de Gas. En dicha actividad se presentaron diferentes ponencias que abordaron el panorama global de la minería en Chile, así como la amenaza local que supondría la instalación de una minera de Tierras Raras en la región del Biobío. La actividad contó con la presentación de Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Edison Neira de la Coordinadora Penco-Lirquén, Damaso Saavedra de la Fundación Keule y Lucia Molina experta en toxicología.
La primera ponencia a cargo de Edison Neira intentó explicar en términos generales qué son las tierras raras y qué características tiene este controvertido proyecto en el Gran Concepción. Basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el expositor planteó que “el proyecto es propiedad del grupo financiero Larrain Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO (REE UNO en sus siglas en ingles)”. Por su parte el proyecto, que también es conocido como Biolantanidos, consiste en “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento para la producción de oxidos de lantanidos, más conocidos como tierras raras, los cuales se encuentran absorbidos en el maicillo granítico de la cordillera de la costa. El proyecto contará con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral, para producir aproximadamente 1700 toneladas anuales de óxidos de tierras raras”.
El expositor además recordó que desde el 2014 existe una planta piloto ubicada en los cerros colindantes a la ciudad de Penco, en donde la empresa montó sus instalaciones con la ayuda del financiamiento estatal derivado de un proyecto CORFO denominado programa Fenix, el cual le otorgó 4.828.401 dolares.
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 3 veces; siendo 2 veces desistido por la empresa, y una vez rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Neira además planteó, basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto que la minera emitiría cada año a nuestro aire 37,7 toneladas de material particulado fino (PM 2,5) 182 toneladas de PM 10, 40 toneladas de monóxido de carbono, 222 toneladas de óxidos de nitrógeno y 6 toneladas de óxidos de azufre.
Respecto a la superficie afectada, el expositor dijo que “el proyecto minero Biolantanidos pretende intervenir 270 hectáreas, de las cuales 13,23 corresponden a bosque nativo donde habita el Queule, Pitao, Naranjillo, Hualle y Boldo, entre otros”.
Otro punto que fue destacado en la exposición fue la afectación a los esteros y cauces de agua de Penco, los cuales se verían seriamente dañados por la instalación de la minera. En ese sentido y siguiendo el Estudio de Impacto Ambiental la empresa declaró que “usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora” lo cual dañaría aún más el cauce de agua y deja entrever que utilizarán más agua de la que declaran en su estudio de impacto ambiental. Neira además planteo que hay que considerar que “Las aguas del Estero Penco están clasificadas con calidad de agua excepcional, según la dirección de general de aguas, es decir son de extraordinaria pureza y escasez”. Esta fuente de agua de gran calidad y apta para el consumo humano y otros usos se vería gravemente mermada y contaminada por este proyecto.
Otro dato interesante fue el relativo a la cantidad de trabajo que entregará la empresa. Según el expositor este punto es bastante débil al constatar que para su construcción necesitará de un máximo de 90 trabajadores, mientras que para su funcionamiento requerirá un máximo de 140 trabajadores, lo cual, según el expositor, es un numero muy reducido considerando el gran impacto de la minera. Hay que recordar, además, que la mina tiene proyectado 15 años de funcionamiento, lo cual implica más de una década con faenas mineras a escasos kilómetros de la ciudad de Penco.
Posteriormente fue el turno de Lucio Cuenca del OLCA, el cual realizó una presentación de cerca de una hora sobre la minería en Chile. Para esto hizo una radiografía general, en donde recordó que la minería en Chile es una actividad altamente beneficiada por las leyes del país, al ponerla por encima de muchas otras actividades económicas. En ese mismo sentido remarcó que estas leyes fueron instaladas en plena dictadura civico-militar a través de la imposición del marco constitucional, la ley de concesiones mineras y el código minero aprobados en la década de 1980. Este marco, para el expositor, implicó tres características principales que son la privatización de la minería nacionalizada durante la Unidad Popular; la privatización del agua como un bien de consumo, y la facilitación que se le entrega a las empresas extranjeras en la inversión en minería.
Respecto a la privatización Lucio Cuenca apuntó al concepto clave de Concesión Plena que definió como “un conjunto de medidas que permiten que la concesión adquiera protecciones excepcionales, por ejemplo que las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, por lo tanto se pueden transar, se pueden arrendar y se pueden dejar en propiedad privada”. A esta propiedad se le otorgan una cantidad de protecciones que hacen que luego de que el Estado se las entregue a una empresa minera, es prácticamente imposible que el Estado pueda recuperar ese derecho de concesión, porque tendría que no solo compensar a la empresa por las inversiones que ha realizado, sino también por las ganancias que aún no han sido obtenidas por la empresa.
Además el expositor planteó que la concesión Minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas, además se entrega de manera gratuita y a perpetuidad y no se respeta la preexistencia de comunidades y culturas. Destacó, además, que se entregan sin Evaluación Ambiental previa, lo cual dejá en plena libertad a las empresas, sin marcos que las regulen. Por último, planteó que cerca del 41% del territorio nacional según SERNAGEOMIN se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013.
El expositor planteó una serie de puntos entre los que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. Respecto a esto recordó que la minería genera residuos que pueden llegar a ser altamente contaminantes como los relaves, señalando que se producen diariamente en Chile más de 1,4 millones de toneladas de relaves.
Posteriormente vino el turno de Damaso Saavedra de la fundación Keule, el cual expuso acerca de la alta diversidad de flora que existe en el lugar a intervenir por la minera, en especial un parche de arboles de Queule, una especie en peligro de extinción. El profesional, tras un completo estudio de la zona y una presentación detallada sobre las deficiencias de la propuesta de mitigación y reparación ambiental de la empresa minera, determinó que este parche de Queules es uno de los pocos que existen en la costa del Biobío y se encuentra en peligro frente al proyecto minero. El investigador recalcó que se debe tener sumo cuidado en su conservación, estudio y cuidado
Para finalizar las exposiciones fue el turno de Lucia Molina experta en toxicología, la cual recalcó los impactos de la minería en el país, haciendo especial énfasis en los residuos contaminantes, no solo químicos, sino radioactivos de la minería de tierras raras. La profesional, con amplia experiencia en temas ligados a la contaminación ambiental vivida en diversos puntos del país por la minería, como lo que ocurre en Chañaral, remarcó la necesidad de mayores regulaciones en el ámbito socioambiental que sean capaces de medir realmente los niveles de contaminación de estas industrias y proteger a los ecosistemas y comunidades a su alrededor.
La actividad terminó con la intervención de los y las asistentes, las cuales hicieron comentarios y preguntas a los y las expositoras, agradeciendo y felicitando por la iniciativa que informó a la comunidad de Tomé y sus alrededores sobre los grandes impactos socioambientales que tendrá este polémico proyecto minero en el caso de su instalación. La empresa ya ingresó un Estudio de Impacto Ambiental al sistema de evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la comunidad se encuentra a la espera e informándose frente a lo que acontecerá próximamente con este proyecto minero que amenaza la vida, el agua y los ecosistemas en la provincia de Concepción, y en especial a las comunas de Penco y Tomé.
RIO – O maior fundo de pensão da Noruega anunciou na sexta-feira que excluiu as ações da Vale de sua carteira de investimentos por causa do rompimento, em janeiro, da barragem em Brumadinho (MG), que deixou 235 mortos e 35 desaparecidos. O KLP afirmou que o acidente «constitui um risco inaceitável» que contribui para «graves violações dos direitos humanos e sérios danos ambientais». O fundo, que gere ao todo R$ 294 bilhões, vendeu o equivalente a R$ 43,9 milhões em papéis da companhia que detinha em seu portfólio.
«Também é um agravante o fato de a empresa ter se envolvido em dois graves eventos semelhantes em um intervalo de poucos anos”, acrescentou, em nota, Jeanett Bergan, chefe de investimentos responsáveis no KLP, referindo-se ao rompimento da barragem em Mariana (MG), que matou 19 pessoas em 2015.
O KLP informou ter tido diversas reuniões com a Vale para acompanhar como a empresa trabalhou preventivamente após o acidente de Mariana e que, depois do rompimento da barragem de Brumadinho, intensificou esse trabalho. Mas o fundo de pensão concluiu que «a Vale não aumentou as medidas de segurança depois de receber relatórios mostrando que havia alto risco associado à barragem em Minas Gerais», disse na nota.
«Ainda há incerteza sobre o que causou o acidente deste ano, mas está claro que o que a Vale fez depois do acidente de 2015 não foi suficiente para prevenir novos acidentes e suas sérias conseqüências. É claro que a empresa intensificou seu trabalho, mas, com dois acidentes tão sérios, é difícil ter confiança na capacidade de a empresa manter a segurança», acrescentou Jeanett Bergan no texto, dizendo ainda que «o risco inerente de acidentes relacionados aos depósitos de barragens da empresa ainda é elevado.»
Procurada pelo GLOBO, a Vale não quis comentar a decisão da KLP.
O KLP vinha sendo pressionado a se posicionar de forma mais contundente sobre a Vale. Em fevereiro, o site especializado em investimento sustentável ESG Clarity questionou por que o KLP continuava investindo na Vale mesmo após dois acidentes. Bergan respondeu que vinha tendo reuniões com a companhia e que estava monitorando a situação. Em 2015, o fundo de pensão sofrera o mesmo tipo de pressão, mas alegou naquela ocasião que não fazia sentido se desfazer dos papéis por causa de sua desvalorização, de acordo com o site especializado Portfolio Advisor.
A Vale, por sua vez, tem sido alvo de descontentamento por parte de entidades ligadas ao investimento sustentável. Em janeiro, depois do acidente em Brumadinho, o Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) – índice que mede a conduta das empresas com relação aos direitos humanos – suspendeu a Vale de sua listagem alegando que «não seria apropriado continuar com a Vale no ranking» depois da tragédia. Em fevereiro, a mineradora foi retirada do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa brasileira, a B3.
Fundo excluiu Petrobras apos Lava-Jato
Na semana passada, a sede da Vale amanheceu com um memorial em homenagem às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. A Articulação dos Atingidos e Atingidas pela Vale, que também é acionista minoritária da mineradora, colocou nos degraus da escadaria em frente ao prédio da empresa 233 placas com os nomes de vítimas fatais e 37 placas com os nomes das pessoas ainda desaparecidas após o desastre de Brumadinho. O número de mortes confirmadas subiu para 235 desde então.
Le meten presión al Gobierno. Tras las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que dijo que para la ejecución del proyecto minero Tía María en Arequipa es necesario un «espacio favorable», para lo que se debe buscar un «consenso mayor» en la población local, la presidenta de la Confiep, María León, cuestionó esta afirmación y señaló que la minera mexicana Southern Copper ya tiene lo que ella llamó «licencia social«.
El Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, y el congresista Richard Arce, han informado que uno de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas-Apurímac (caso Las Bambas), ha sido el de la presentación -en un plazo no mayor de 30 días- de un Proyecto Ley de Amnistía para las y los comuneros que han sido criminalizadxs durante el conflicto social de Las Bambas. Se refiere que habría un número que va de 300 a 500 dirigentxs criminalizados.
No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.
En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.
Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.
El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019.
Varios líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas de un ataque el sábado 04 de mayo en la tarde. El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional.
Defensoras de la Madre Tierra incidiendo sobre el agua y la producción sin contaminación
Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.
RIO – O maior fundo de pensão da Noruega anunciou na sexta-feira que excluiu as ações da Vale de sua carteira de investimentos por causa do rompimento, em janeiro, da barragem em Brumadinho (MG), que deixou 235 mortos e 35 desaparecidos. O KLP afirmou que o acidente «constitui um risco inaceitável» que contribui para «graves violações dos direitos humanos e sérios danos ambientais». O fundo, que gere ao todo R$ 294 bilhões, vendeu o equivalente a R$ 43,9 milhões em papéis da companhia que detinha em seu portfólio.