El Salvador

Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

Ñaní Pinto
21/05/2023

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora mas clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que, la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución
El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.


Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.
El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera
Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.
Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

Criminalización de la protesta, El Salvador

A seis años de su prohibición, organizaciones alertan reactivación de minería en El Salvador

Sare Frabes
11/04/2023

Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.

La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.

Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.

En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.

Golpe a organización antiminera
Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.

Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.

Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.

Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.

Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.

Amenaza latente
De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.

Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.

Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.

Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Pendientes
En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.

Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.

“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.

Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.

El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.

A seis años de su prohibición, organizaciones alertan reactivación de minería en El Salvador

El Salvador, Guatemala

3 millones de salvadoreños se verían afectados por la contaminación de la minería Cerro Blanco

Las organizaciones en pro del medio ambiente de Guatemala y El Salvador hacen un llamado a las autoridades para prestar atención al problema antes que sea más grave.
Jonatan Funes 23/04/2022
A la protesta asistió un buen número de habitantes del cantón Cuevitas y la zona fronteriza del lado de Guatemala, afectados por la contaminación. Foto: EDH/ Jonatan Funes
En el día de la tierra pobladores de la comunidad Cuevitas de Metapán, Asunción Mita de Guatemala y diferentes organizaciones en pro del medio ambiente, se manifestaron con un recorrido en lancha por las aguas del Lago de Güija como acto simbólico en resistencia al proyecto minero el Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
Puede interesarle: ¡Sin agua el domingo! La ANDA suspenderá el servicio en varios municipios de San Salvador y La Libertad

Nely Rivera, miembro de la asociación ambientalista AMAES y del movimiento ECOFEMINISTA de El Salvador, dice que el lago es el primero que será afectado por la mina sí llega a explotar. “La mina va a afectar directamente al río Ostúa que es limítrofe entre Guatemala y El Salvador. Este río es el principal tributario del lago de Güija, toda la afectación de la mina del Cerro Blanco va a venir a dar a estas aguas”, comentó.
Vidalina Morales de Cabañas, representante de la mesa nacional de frente a la minería metálica estuvo presente en el evento.
Foto: EDH / Jonatan Funes

Con esta protesta pacífica quieren visibilizar dicha amenaza y piden que haya un diálogo entre los gobiernos de ambos países para que puedan detener la mina. Hacen el llamado a cancillería, gobierno central y a las autoridades del medio ambiente para que pongan atención sobre la gravedad del problema.

“A mediano o largo plazo vamos a vernos afectados más de 3 millones de salvadoreños que nos abastecemos del río Lempa”, enfatizó Rivera.
Además: Por impacto de la minería en Guatemala, ambientalistas y Procurador Ambiental piden al Gobierno salvadoreño crear una mesa binacional para tratar el problema

Hicieron un llamado a la población de El Salvador y Guatemala para exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el rio Ostúa tributario del lago de Güija y el rio Lempa.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tres-millones-salvadorenos-afectados-mineria-cerro-blanco/949331/2022/

El Salvador

La amenaza de la minería metálica se vuelca nuevamente sobre El Salvador

San Salvador 16/12/2021
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus
modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A
esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que
la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.

En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con
especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización
de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de
esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los
minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”. Algunos representantes
de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones
gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y
Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías,
FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la
viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según
el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El
Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y
medioambientales”.

De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor
del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad
y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y
ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros” . En otras palabras es la
empresa que se encarga de cambiar los espejitos por perlitas de oro.

De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas,
aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar,
regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería
metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece
como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación
con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas
especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de
Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.

En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas
a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante
más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron
sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.

Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña
que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está
preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales
se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue
agudizando día con día.

En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la
minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro
Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una
potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades
y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y
exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos
y resultados de su visita a El Salvador.

Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución
y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea
accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

El Salvador, Guatemala

Oposicion a proyecto Cerro Blanco

Comunicado
Las organizaciones parte de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas (RedCAT), ante las diferentes informaciones emitidas por la empresa
canadiense Bluestone Resources Inc. actual propietaria del proyecto minero conocido como
Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en la
república de Guatemala; expresamos:
1. Que se trata de un proyecto minero a cielo abierto con el fin de extraer oro y plata, que
de acuerdo a los estudios realizados por la empresa, esperan obtener un total aproximado de
2,45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata, lo que significa que
anualmente obtendrían aproximadamente 231,000 onzas de oro durante la vida útil de la
mina establecida para un total de 11 años, lo cual implica extraer en promedio 15.000
toneladas de roca por día.
2. Que en diferentes estudios realizado a nivel nacional e internacional, unos de los
impactos negativos de la minería metálica se observan de manera inmediata en los bienes
hídricos que se localizan en la zonas de los proyectos, principalmente por la contaminación
debido al uso de químicos como el cianuro para la separación del oro y la plata de la roca,
pero también, por la liberación de los metales pesados que se encuentran en el subsuelo.
En el caso de Cerro Blanco, la situación es aún más delicada, porque adicional al uso
extensivo del agua, este proyecto minero tiene la particularidad de estar asentado sobre un
cuerpo de agua termal, cuyas temperaturas son superiores a los 50 grados centígrados
dependiendo del nivel de profundidad del agua, la cual necesitan extraer para poder obtener
el oro y la plata. Sin embargo, hasta hoy la empresa no ha informado de que forma hará
dicho procedimiento y si efectivamente cuenta con la capacidad técnica y la tecnología
adecuada para hacerlo.
3. Que ciertamente este proyecto minero se localiza en territorio guatemalteco, pero, como
se ha demostrado técnica y científicamente, los impactos socio ambientales derivados de su
potencial explotación, afectarían en primer instancia a las y los hermanos guatemaltecos
que viven en la zona del proyecto y a los que viven en la zona sur y sur oriental del
municipio de Asunción Mita,
Asimismo, la población salvadoreña en general se vería afectada, dado que el proyecto se
localiza en la cuenca del rio Lempa.En el corto y mediano plazo, el proyecto minero impactaría negativamente en la calidad y
cantidad de agua, tanto del rio Ostua como del lago de Guija, y posteriormente, es
previsible que la contaminación llegue hasta el rio lempa, dado que el lago de Guija es
tributario del rio lempa.
4. En consecuencia, el proyecto minero Cerro Blanco se caracteriza por ser un proyecto
transfronterizo, en tanto que, ejecutándose en la república de Guatemala, afecta a la
población guatemalteca, pero también afectaría a la población salvadoreña.
Precisamente por ese carácter transfronterizo y convencidos de los daños que ocasiona la
explotación minera a la vida, es importante retomar las recomendaciones hechas, a partir de
su visita a El Salvador en el año 2016, por el Relator Especial sobre los derechos humanos
al agua potable y al saneamiento, Léo Heller en el sentido de “establecer una relación
cooperativa [con El Salvador], por medio de tratados bilaterales o trilaterales, para lograr
un manejo adecuado de las cuencas transfronterizas, afirmando el uso prioritario de agua
para el consumo humano sobre otros usos y adoptando como punto central los principios de
los derechos humanos al agua y el saneamiento”. Véase el Informe del Relator Especial
sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a El
Salvador, 3 de agosto de 2016, A/HRC/33/49/Add.1, párr. 98.
Asimismo, el 19 de julio de 2019 el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento, Léo Heller “Reitera que los Estados tienen la obligación de velar
por que ninguna de las actividades realizadas en su territorio prive a otro Estado de la
capacidad de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho (véase
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 15 sobre
el derecho al agua, párr. 31).
5. Por su parte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al finalizar su
visita in loco del 2 al 4 de diciembre de 2019, por invitación del Estado de El Salvador,
emitió sus observaciones preliminares hechas públicas el 27 de diciembre de 2019, entre
sus recomendaciones en relación a la situación de las actividades económicas que afectan
las vida y que vulneran los derechos humanos de las personas plantea: “Impulsar la
negociación y adopción de un tratado en cooperación con países fronterizos para garantizar
las medidas necesarias de prevención, regulación y supervisión de un manejo integral y
sustentable de cuencas compartidas de las aguas transfronterizas adoptando como punto
central el contenido del derecho humano al agua.
A partir de lo anteriormente expuesto la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas plantea:
1. Es necesario organizarse y movilizarse en contra del proyecto minero Cerro Blanco,
detener ese proyecto minero es fundamental para el futuro de nuestros pueblos.
2. Denunciemos a nivel local, nacional e internacional las consecuencias nefastas de
los proyectos mineros transfronterizos en la vida de las personas y de la naturaleza.
3. Reiteramos nuestra demanda a los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador
de iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas
con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad, que garantice el acceso al aguapotable y al saneamiento a la población de la región, y de participación real de las
comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en
la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021

El Salvador, Honduras, Nicaragua

NO A LAS ZEDE

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT)
integrada por representantes de Guatemala ,El Salvador, Nicaragua y Honduras somos una
organización que le hacemos frente a la crisis del agua en aquellas regiones que son agua
dependientes y afectadas por el cambio climático, como centroamericanos somos
responsables de velar por los intereses de nuestros hermanos Hondureños y ante los últimos
acontecimientos que vulneran la soberanía del territorio hondureño con la aprobación de las
Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) violentando el espíritu del artículo 59 de la
Constitución de la República de Honduras, se propone el respeto, la promoción y la
garantía de la dignidad humana como fin supremo, como articulación fraterna nos
pronunciamos en los siguientes términos:
1. Expresar al pueblo hondureño nuestra solidaridad ante la amenaza de la venta del
territorio hondureño y el deterioro de la soberanía a través de las “ZEDE”
2. Nos preocupa y lamentamos profundamente que sobre ese contexto de violaciones el
gobierno de Honduras mantenga una persecución judicial contra los movimientos sociales y
las dirigencias patronales quienes defienden la verdad, la justicia y los derechos humanos.
3. Como RedCAT estaremos en alerta ante este modelo ampliamente lesivo para la
sociedad que solo demuestra inconstitucionalidad, ilegitimidad y detonantes de conflictos
sociales.
4. Rechazamos la decisión tomada por los diputados y diputadas de Honduras
aprovechando que los hondureños se entretenían mirando el partido de futbol de la
selección de Honduras, ellos aprobaron exonerar de impuestos por 15 años más a las
ZEDE, castigar la protesta social hasta con 10 años de cárcel para que el pueblo no haga
uso de su derecho a la protesta, facultar para que puedan ser expropiadas las tierras rurales
e indígenas sin que estos pueblos puedan protestar.
5. Condenamos la creación de las ZEDE en Honduras porque violentan la soberanía,
perdiendo a pedazos cada día su territorio nacional creando un Estado dentro de otro Estado
ya que prevé la creación de un nuevo tipo de división administrativa -llamada «ciudadmodelo»- con un alto nivel de autonomía política, judicial, económica y administrativa,
condición que impactará de manera negativa los principales bienes naturales del país.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021
PORQUE CENTRO AMERICA NO SE VENDE, CENTRO AMERICA LUCHA Y SE
DEFIENDE
NO A LAS ZEDE

El Salvador

Así convirtió el movimiento antiminero su causa en un éxito

Rose J. Spalding
Hay muchas cosas en las que a El Salvador le cuesta ponerse de acuerdo a la hora de aprobar leyes, la minería no fue una de ellas. En 2017 se convirtió en el primer país a nivel mundial en prohibir todas las formas de minería metálica. El camino para la aprobación de la Ley de Minería, tomó un poco más de 10 años, pero su mayor obstáculo no lo representó la oposición entre los partidos políticos, sino una demanda millonaria contra el Estado salvadoreño. El apoyo de la Iglesia católica fue determinante para que los partidos de derecha volcaran su apoyo a esta iniciativa.
ElFaro.net /16/10/2020

En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar una prohibición nacional de todas las formas de minería metálica. Este notable cambio en las políticas se produjo después de doce años de movilización antiminas. Mi estudio From the Streets to the Chamber: Social Movements and the Mining Ban in El Salvador, resalta los rasgos distintivos de esa campaña y analiza las formas en que esta movilización social se relaciona con instituciones formales y la formulación de políticas oficiales. Además, reúne dos campos de estudio que a menudo se mantienen separados en las ciencias sociales: el estudio de la política informal, no institucional, “a nivel de calle” de los movimientos sociales, y el estudio de la política formal e institucional y la formulación de políticas por parte de funcionarios gubernamentales. Utilizando técnicas de rastreo de procesos, el estudio mapea los vínculos directos, indirectos y mediados entre la movilización contra la minería y la adopción formal de la prohibición de la minería de parte de la Asamblea Legislativa.

El artículo se basa en 78 entrevistas con activistas, legisladores, funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y equipos legales. Combina la información de las entrevistas con una variedad de fuentes de archivo, incluyendo documentos e informes legislativos, datos de opinión pública, documentos legales de la demanda por conflicto de inversión -presentado contra el gobierno salvadoreño por Pacific Rim Cayman-, y blogs e información de sitios web compilados por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. El análisis de este texto presta especial atención a las características y la toma de decisiones estratégicas de los organizadores antimineros, fisuras y realineamientos situacionales de la élite política, y el uso estratégico de diversas aperturas institucionales (puntos de conexión o docking points), algunas de las cuales fueron adaptadas a nuevos propósitos por los activistas del movimiento (movement entrepreneurs).

Esta investigación contribuye al estudio de los movimientos sociales por medio del análisis de las formas en que la estructura de la red interna de un movimiento social afecta su resiliencia y capacidad, y examina los vínculos entre la red del movimiento y las instituciones políticas formales, particularmente los partidos y los legisladores.

Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).

Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).

La capacidad de los movimientos sociales para influir en las políticas públicas depende de su alcance espacial (spatial reach, capacidad para conectarse a nivel local y nacional) y su amplitud (breadth, capacidad para vincularse con otros sectores). Además del tamaño y la escala del movimiento, la influencia también depende del carácter de los vínculos que mantienen unida a una alianza. Las redes de un movimiento pueden difundir información a través de grupos interconectados construidos sobre identidades comunes y experiencias compartidas (bonding techniques, técnicas de vinculación), o pueden extender el tejido conectivo vinculando sectores a través de divisiones sociales y políticas (bridging techniques, técnicas de puente). Los procesos de creación de puentes pueden ser particularmente importantes si un cambio de política duradero requiere la construcción de alianzas que trascienden la polarización partidista.

En este estudio identifico las formas en que las organizaciones antiminas salvadoreñas recurrieron tanto a las técnicas de vinculación como a puentes para expandir la red del movimiento para ganar mayor influencia. Entre 2005 y 2017, los salvadoreños que se oponían a la minería construyeron una red multisectorial que incorporó tanto a comunidades locales como a organizaciones a nivel nacional, y concertó el liderazgo de la Iglesia católica para expandir la coalición más allá de los parámetros partidistas convencionales. A través de un proceso de negociación y colaboración interna, este movimiento logró un alto grado de acuerdo sobre la interpretación de la problemática (frame alignment), sobre cómo explicar la relación entre la vulnerabilidad ambiental del país y la minería metálica, y sobre las políticas que debían adoptarse para responder al desafío.

El cruce de la frontera entre la movilización y el cambio de políticas requiere la identificación de puntos de conexión, o espacios donde los activistas pueden insertar demandas públicas en los mecanismos formales de revisión de políticas. En el caso salvadoreño, las instituciones que absorbieron las propuestas de política de la oposición a la minería fueron los partidos políticos, particularmente el FMLN.

El movimiento antiminería logró que el debate se introdujera en el período de sesiones de la Asamblea Legislativa en 2006. En esa ocasión entró en vigor una moratoria informal sobre las licencias mineras mientras el gobierno reevaluaba el impacto político y sus propias limitaciones regulatorias. Los opositores a la minería enfrentaron muchos desafíos en su intento de asegurar un cambio de política formal. La injerencia empresarial en el proceso político interno tuvo un impacto directo en sus actividades, ya que un acuerdo político de posguerra a favor de la apertura del mercado obstaculizó los esfuerzos del movimiento para prohibir la minería.

Una demanda internacional por conflicto de inversión contra el gobierno salvadoreño, presentada por Pacific Rim Cayman, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, D.C., fue una limitante adicional. Esta acción representaba la amenaza de que El Salvador tuviera que pagar $314 millones por negar permiso a la compañía para extraer oro de la mina que tenía planeado explotar en Cabañas.

Para explicar cómo cambió esta situación en 2017, mi estudio indaga la forma en que estos obstáculos se fueron superando lentamente hasta que se aprobó la prohibición a la minería metálica. En última instancia, tres procesos contribuyeron a la adopción de la nueva Ley de Minería de El Salvador. En primer lugar, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica realizó una campaña de información y movilización focalizada en las comunidades donde se habían emitido licencias de exploración minera, logrando un descontento favorable de la opinión pública en contra de la minería. En segundo lugar, en 2016 se eliminó con éxito la presión externa cuando el CIADI resolvió a favor de El Salvador. Esto eliminó la sensación de vulnerabilidad nacional que había añadido urgencia a las deliberaciones. En tercer lugar, el movimiento antiminería reforzó su estructura de liderazgo, fortaleciendo mecanismos de puente para extender su alcance más allá de las alianzas partidistas y lograr una coalición amplia.

La UCA tomó la iniciativa en el desarrollo de un nuevo proyecto de ley para prohibir la minería, que prohibía la minería metálica tanto en la superficie como en el subsuelo, y estableció un plazo de dos años para dar término a las operaciones de extracción artesanal de oro. El arzobispo José Luis Escobar Alas acogió esta propuesta y, encabezando una delegación de autoridades católicas, presentó formalmente el anteproyecto de ley a la Asamblea. En cuestión de semanas, este documento fue revisado y aprobado, y finalmente obtuvo el apoyo unánime de los diputados.

El análisis en mi artículo se basa en la literatura académica sobre los efectos de cascada social (social cascade effects) y puntos de inflexión (tipping points) legislativos para interpretar la decisión de diputados de diferentes partidos, incluidos Arena y PCN, de votar a favor de prohibir la minería.

Aunque en El Salvador siguen existiendo obstáculos importantes para el desarrollo sostenible y la protección ambiental, este artículo identifica un conjunto de interacciones iterativas entre alianzas de activistas y actores institucionales que contribuyeron con éxito al cambio de políticas. En suma, el artículo es un análisis de los ingredientes de un movimiento social que, en medio de las complejidades de la política salvadoreña, logró cambiar políticas públicas para mejor. Este ejemplo exitoso ofrece material de reflexión para activistas que buscan cambios tanto en políticas ambientales como sociales.

*Rose J. Spalding, es profesora de Ciencias Políticas en DePaul University, Chicago. Esta entrega de El Faro Académico se basa en su artículo “From the Streets to the Chamber: Social Movements and the Mining Ban in El Salvador,” European Review of Latin American and Caribbean Studies (ERLACS) #108 (July-December 2018): 47-74.
https://elfaro.net/es/202010/ef_academico/24915/As%C3%AD-convirti%C3%B3-el-movimiento-antiminero-su-causa-en-un-%C3%A9xito.htm?st-full_text=all&tpl=11

El Salvador

Río Ostúa contaminado con plomo y arsénico por mina Cerro Blanco

A tan solo 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, está ubicada la mina Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita del departamento de Jutiapa, en Guatemala. El riesgo para El Salvador está latente, debido a que a 6 kilómetros de la mina se encuentran varias poblaciones salvadoreñas que recibirán los impactos de la minería metálica.

El Río Ostúa que nace en Asunción Mita, Guatemala,  a un lado de la mina y que desemboca en el lago de Güija ya está contaminado, asegura la bióloga, investigadora y ambientalista Cidia Cortés.

Mediante la investigación ‘El impacto de la mina transfronteriza Cerro Blanco en el agua y salud para El Salvador’, coordinada por la Mesa Frente a la Minería Metálica, la bióloga pudo determinar los impactos que tendrá la mina en medio millón de salvadoreños. La investigación da cuenta que la afectación de la mina Cerro Blanco llegará hasta el río Lempa, el más importante proveedor de agua para los salvadoreños.

“Hemos encontrado plomo que rebasa las normas internacionales de calidad de agua, es decir ya hay una alerta para la vida acuática de los ríos.  El arsénico se viene desplazando y está muy fuertemente vinculado a enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal… En un documento, en un estudio hecho por científicos mexicanos han encontrado que el arsénico también tiene fuerte vínculo con la diabetes tipo dos”, explicó la investigadora.

Afección a la flora y fauna, contaminación de las aguas y efectos negativos en la salud humana de las poblaciones, son algunos de los efectos de la minería metálica

La preocupación por el impacto de la mina Cerro Blanco en los salvadoreños llevó a que la Mesa Frente a la Minería Metálica incluyera en la investigación la revisión de las estadísticas del Hospital Nacional de Metapán.  Los datos arrojaron que enfermedades crónicas como el cáncer, insuficiencia renal y diabetes se han disparado en los habitantes de las comunidades fronterizas con Guatemala. Las fichas de defunción de los habitantes de esas comunidades indicaron que la gente está muriendo de dichas enfermedades crónicas.

La última prueba de sedimentos realizada en el río Ostúa en 2018 arrojó alto contenido de arsénico en el agua y se ha triplicado entre 2009 y 2018.

Los habitantes de las comunidades cercanas al río, con el tiempo, han disminuido el uso de agua para consumo, sin embargo otros no tienen alternativa. Es el caso de Ángela Cisneros habitante del caserío La Portada, quien tiene 70 años de edad y 40 de vivir en la zona. Todavía  recuerda cuando el agua del Ostúa era cristalina: “Antes el agua era clarita y no se miraba como se mira ahora… Eso viene desde cuando comenzaron a construir esa mina”, aseveró. El agua del río Ostúa, ahora tiene un color verdoso debido a la contaminación, pero muchos como Ángela la siguen usando para bañarse y lavar.

La contaminación del agua debido a los metales pesados ha llevado a que algunos habitantes de las zonas fronterizas con Guatemala tengan que ir en busca de agua a las comunidades cercanas. La falta de agua potable obliga, en ocasiones, a comprar agua para beber, lo que genera costos adicionales para las comunidades pobres.

A escasos metros del río está la casa de Edwin Cisneros, quien tiene 38 años de vivir en el caserío La Portada, pero vivir cerca del río no le garantiza el agua.  Nació ahí y ha sido testigo de lo que viven los habitantes de las comunidades de Ostúa, Bonanza y La Portada en Metapán para conseguir agua.

“Cuando uno se toma el agua se siente bastante pesada, en ocasiones yo lo he probado”, dijo Edwin, quien añadió que ahora compran el agua, sino la compran les dan del agua potable, pero deben ir a otro lugar.

La mina Cerro Blanco inició sus trabajos en 2007. Un proyecto de la empresa Entremares S. A. subsidiaria de Goldcorp Inc. Era considerado el segundo yacimiento más grande de oro y plata de Guatemala. Pero los trabajos se suspendieron en 2012, supuestamente porque la empresa prefirió esperar a que mejorara el mercado internacional del metal precioso, pero las razones generaron dudas en la población guatemalteca.

Creen que el cierre se debió a fallas técnicas e inundaciones del túnel. Esto indicaría que la zona es una unidad ecológica e indivisible y no una micro cuenca independiente como aseguraban los estudios de impacto ambiental que dieron pie a los permisos de instalación de la mina. Según las organizaciones ambientalistas de ese país, los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala carecen de una exhaustiva investigación sobre los verdaderos impactos de la actividad minera.

Estos contratiempos pudieron ser la causa de que en 2017 Goldcorp Inc vendiera el 100%  del proyecto minero a la empresa canadiense Bluestone Resources. Según la bióloga Cidia Cortés es esta empresa la que pretende iniciar la extracción minera a inicios de 2020 y que traería graves impactos para El Salvador.  Cortés asegura que la mina Cerro blanco va a explotar oro y plata en 20 kilómetros, dentro de esos 20 kilómetros hay 5 kilómetros de agua caliente.

“Hay declaraciones de estas comunidades que se desplazan al lado de Guatemala que ya están observando la salida de vehículos de carga con material pétreo, es posible que ese material pétreo sea la roca que contiene el oro que se está procesando en otro sitio”, explicó la bióloga.

La contaminación del río Ostúa podría aumentar,  ya que la empresa minera, durante una década, ha extraído 297 mil 840 barriles de agua geotermal y el río Ostúa es el principal vertedero. A partir de 2020 aumentará la extracción de agua. Esto significará una catástrofe ambiental por la grave contaminación del agua y los problemas de salud.

La mina también provocará que las fuentes que aún hay en la zona se sequen, haciendo más difícil la obtención de agua que ya existe.

Una de las preocupaciones de los lugareños del caserío Pita Floja de Metapán es que la fuente que lleva el mismo nombre y que produce aproximadamente 6 litros de agua por segundo se seque. En 2019, por primera vez, la fuente se secó durante 4 meses por falta de lluvia. La sequía podría llegar de manera permanente, no solo como consecuencia de los efectos del cambio climático, sino a consecuencia de la Mina Cerro Blanco que está a 7 kilómetros del caserío.

Jeremías Orellana habitante de la zona dijo que la escasez de agua ya se percibe, aunque él como otros habitantes no dimensiona las consecuencias que traerá la mina para 200 familias que habitan en Pita Floja.

Según la bióloga e investigadora Cidia Cortés, el ex presidente de ANDA, Marco Fortín, tuvo conocimiento de los posibles efectos de la mina Cerro Blanco en el agua, pero no le dio importancia al tema. Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mostró interés. Por su parte, Cancillería concedió una reunión a finales de 2018 para conocer el tema, sin embargo, no pasó del mero encuentro.

Para la bióloga y coordinadora de la investigación, el actual Gobierno es quien debe retomar el tema e incidir en el cierre de la mina. Además debería iniciar un acuerdo transnacional para evitar los efectos de la minería metálica en la región, ya que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador solo es aplicable en el territorio.

La investigadora y ambientalista es de la idea que el actual Gobierno no dimensiona la amenaza de la mina Cerro Blanco para El Salvador.

 

Fuente:http://ysuca.org.sv/2020/01/04/rio-ostua-contaminado-con-plomo-y-arsenico-por-mina-cerro-blanco/?fbclid=IwAR1qU0j2uPdkHsSSm4zruqUMhR5-Pr3GkINCt8Gyx5kh4lCohQj3AZA749w

El Salvador

Suchitoto, el primer municipio que declara el agua como derecho humano

Para que la Consulta Popular, realizada este domingo, fuera válida se necesitaba que el 40% del padrón electoral emitiera su voto, y de éstos al menos 1,955 personas debían apoyar el SÍ. Al cierre de la votación la meta se superó, más del 45% dijo sí a declarar el agua como derecho humano en este territorio.

 

Este domingo 27 de octubre Suchitoto marcó un importante hecho en su historia, en una Consulta Popular la población expresó su decisión de defender el agua declarándola como derecho humano.

Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana en los diez centros de votación habilitados.

El proceso estuvo acompañado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para que la Consulta Popular fuera válida se requerían como mínimo 3,833 votos. De éstos, al menos, 1955 (51%) debían apoyar la opción del SÍ, para que el agua se declarara como Derecho Humano en este territorio.

A a la 12 pm los datos mostraban una considerable asistencia a los centros de votación. A esa hora al menos dos mil personas había ejercido su voto.

La Consulta Popular de este 27 de octubre significó un reto para las organizaciones e instituciones impulsoras, dado que en mayo de 2017 -cuando se realizó la primera consulta por el derecho humano al agua- los votos no fueron suficientes para alcanzar el 40% requerido para dar validez al proceso.

Sin embargo, los «temores» de este antecedente se disiparon cuando el conteo de los votos reveló que, en esta ocasión, el 48.21% de la población dijo SÍ a declarar el agua como derecho humano.

Con este resultado, Suchitoto se convierte en el primer municipio a nivel nacional en declarar el agua como derecho humano.

¿Qué sigue tras la consulta?

Según dijo a la Red Informativa de ARPAS la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, el Concejo Municipal creará una ordenanza para proteger el agua, declarada en consulta como derecho humano.

Los hechos de julio de 2007…

La historia de las comunidades de Suchitoto por defender el agua tiene antecedentes.

El 02 de julio de 2007 la población se movilizó para rechazar la iniciativa del entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca, de lanzar la «política de descentralización de servicios públicos», en la que las comunidades advertían amenazas de privatización del agua.

La movilización fue reprimida por el gobierno. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de las Unidades Élite de Asalto de la Policía Nacional Civil (PNC) arremetieron contra las personas que protestaban, en una clara actitud «caracterizada por el abuso de la fuerza contra población civil», según dijo la Procuradora de Derechos Humanos de entones, Beatrice de Carrillo.

Como resultado de las acciones de represión, se contabilizaron más de 40 personas heridas y 14 detenidas por los supuestos delitos de asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo.

Es en ese contexto que los resultados de la Consulta Popular de este 27 de octubre cobra mayor relevancia, pues reivindica las acciones de defensa del agua expresadas por las comunidades desde hace más de 12 años.

 

Fuente:https://arpas.org.sv/2019/10/suchitoto-el-primer-municipio-que-declara-el-agua-como-derecho-humano/?fbclid=IwAR07koCMDaWdWN_OeY5jUjKOOUG0CelAfJu-W0Fr6F4Ve5IhNlbpgP7Mszg

El Salvador

Concesiones mineras violentan múltiples derechos a pueblos indígenas y tribales en Centroamérica

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), en Centroamérica viven más de 70 pueblos indígenas de diferentes etnias, en un área total de 282,565 km2. Casi el 40% del territorio de las áreas protegidas se encuentra traslapada con tierras indígenas, lo que muestra la convivencia armónica, respetuosa y sostenible de estos pueblos con la naturaleza.

En la actualidad, el vínculo entre la minería y los pueblos indígenas en la región ha estado caracterizado por diversos conflictos suscitados por el otorgamiento inconsulto y unilateral de concesiones, que afectan sus territorios y vulneran sus propios derechos individuales y colectivos. Algunas causales son: 1) el irrespeto y la violación del derecho a la consulta previa de las poblaciones sobre el uso de sus recursos naturales locales y, 2) el nulo acceso a información pública sobre los derechos otorgados a terceros, por el uso del subsuelo.

La práctica actual de ceder concesiones en territorios indígenas no considera las formas propias de desarrollo ni las actividades económicas de las poblaciones. Tampoco valoran los beneficios que se obtienen de otros recursos estratégicos como el agua, suelo y bosques, los cuales representan su fuente proveedora de medios de vida.

Por lo general, se violentan múltiples derechos humanos reconocidos y contemplados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre estos, el derecho a un ambiente sano, a la salud, el consentimiento previo, libre e informado, entre otros. Un país que ha sido sujeto de demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a derechos humanos de los pueblos indígenas ante la expansión del extractivismo minero, ha sido Guatemala. En estas demandas se ha señalado la negación del derecho a decidir y a tener la libertad de determinación sobre su propio modelo de desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Este asunto ha despertado la discusión sobre los límites que tiene el Estado, con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales, y hasta dónde, es posible que pueda decidir sobre la conveniencia o no de consentir el aprovechamiento minero en estos territorios.

En Guatemala se contabilizaron 32 lotes mineros, de los cuales 21 en exploración y 11 en explotación, ambos cubren una superficie de 1,107.97 km2, los cuales afectarán a 10 pueblos indígenas (Qeqchi, Chorti, Achi, Xinca, Mam, entre otros) localizados en 10 departamentos, entre los que cabe destacar, Quezaltenango, San Marcos, Chiquimula, Jalapa y otros.

En El Salvador se identificaron 12 lotes para exploración, que totalizaron 376.20 Km2 y estarían afectando a 3 poblaciones indígenas Nahua, Lenca y Lenca mestizo, localizados en 4 departamentos: Cabañas, Chalatenango, San Miguel y Morazán.En Honduras se contabilizó la existencia de 25 lotes mineros, 11 en exploración, 14 en explotación y 4 Reservas Mineras.

Todos ellos representan una superficie de 538.18 km2 y afectan directa e indirectamente a 5 pueblos indígenas: Chorti, Pech, Tolupan, Garifuna y Lenca_Mestizo. Nicaragua cuenta con la mayor cantidad de lotes y extensión territorial dentro o contiguo a territorios de pueblos indígenas, en comparación con el resto de países.

En total se reportan 95 concesiones, de los cuales 5 lotes en exploración, 54 en explotación y 41 Reservas Mineras. En conjunto suman 11,070.72 km2 y estarían afectando la vida de 5 pueblos indígenas: miskito, miskito-creole-mestizo, mayagnas, chorotegas y matagalpas.

La mayoría de los países de la región han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a garantizar los derechos indígenas, incluyendo la obligación de realizar consultas sobre cualquier medida o política que afecte directamente sus territorios y sus vidas.

A pesar de ello, se evidencia una administración pública proclive a autorizar concesiones mineras sin reparo de que éstas afecten directa o indirectamente los territorios y bienes naturales/ancestrales de pueblos indígenas. Incluso aquellas comunidades o grupos étnicos que se han movilizado para exigir su derecho han sido rechazados, discriminados y reprimidos por los gobiernos.

 

Fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=392:concesiones-mineras-violentan-multiples-derechos-a-pueblos-indigenas-y-tribales-en-centroamerica