El Salvador

Piden a Nayib Bukele implementar Ley de Prohibición de la Minería Metálica

Este día, representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, pidieron de manera urgente al presidente de la República, Nayib Bukele, implemente una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, con el objetivo de reducir la contaminación por esta práctica y las muertes por enfermedades que derivan de la misma.

Las organizaciones explicaron que la Ley de Prohibición de la Minería, fue aprobada hace más de 2 años en la Asamblea Legislativa, y esperan que el presidente de la República pueda implementarla, ya que se quejaron de la anterior administración por no haberlo hecho.

El artículo 3 de la normativa indica que ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución podrá autorizar la explotación, exploración, extracción o procesamientos de minerales metálicos u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines. Además reitera en el artículo 4, que todo procedimiento de obtención de licencia o concesiones quedan sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley.

El Ministerio de Economía procederá al cierre de minas metálicas y coordinará con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano.

La Mesa frente a la Minería aseguró que debido a las actividades mineras de exploración y explotación que se realizaron en el pasado, muchas comunidades de escasos recursos sufren de sus consecuencias, tales como la contaminación de su principal fuente de agua, entre otras problemáticas graves.

Además, solicitaron al nuevo Gobierno, la protección de las aguas fronterizas, ante la amenaza de los proyectos mineros ubicados entre Guatemala, Honduras y El Salvador.

Al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, y a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidieron informar a la brevedad sobre un Plan de Remediación para garantizar la correcta implementación de la prohibición a la minería metálica, ya que consideran urgente atender la situación de las comunidades ubicadas en distritos mineros en la franja norte del país.

Por otro lado, también le pidieron a Bukele que se apruebe la Ley General del Agua, en donde exista un control sobre la rectoría del vital líquido, y que además sea público, para establecer al recurso hídrico como un derecho humano a la población.

«Se ha planteado desde el movimiento social, elevar el derecho humano al agua, a rango constitucional, pero no ha sido efectivo hasta el momento», aseguró el representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Fuente:https://informatvx.com/piden-a-nayib-bukele-implementar-ley-de-prohibicion-de-la-mineria-metalica/?fbclid=IwAR3MpHZZ40-Y7TVCkn4Qw_-m2xAK-7dhduABYqgrk9YtKGzwNkRG2KmmdUY
El Salvador, Internacional

Historias de lucha contra el extractivismo

Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.

También se exhibirá la colección de fotografías que compone la exposición Mujeres en la defensa del territorio y los Derechos Humanos y ruptura de estereotipos,una muestra fotográfica de la visión global-local en la lucha feminista. Una parte de las imágenes son el resultado del proceso de aprendizaje de un grupo de mujeres defensoras de El Salvador. Y para conocer cómo fue ese proceso nos acompañará Deisy Otilia Rivas, también miembro de ADES y dinamizadora del proyecto de fotografía.

Y el viernes 17 de mayo tendrán lugar las Jornadas Defensoras del territorio que están organizando Berdinak Gara y Lumaltik, en la que diversas mujeres nos compartirán sus luchas y resistencias en la defensa de los derechos humanos. Estas mujeres son: Yolanda Oquelí, activista feminista de la comunidad la Puya en Guatemala; Rosy Pérez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas; Marixela Ramos de Radio Victoria en El Salvador; y María Olga Coronado del Consejo de los Pueblos Mam de Guatemala.

Fuente: https://www.isf.es/2019/05/13/historias-de-lucha-contra-el-extractivismo/?fbclid=IwAR0GOiAcTHHYklNyl4IUjflwBokA82FGyIc9bsP_vAWVYEcFgkEsnfUn8v0

El Salvador

Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro

El Salvador ha actuado por casi 20 años como un espectador pasivo de la actividad minera en la cuenca alta del río Lempa. Desde el pasado 29 de marzo de 2017 El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, no obstante su vecino Guatemala cuenta con una Ley que permite la exploración y explotación vigente desde hace 22 años. Son siete proyectos activos en la frontera, uno de ellos a menos de 20 kilómetros y que amenaza directamente al Lempa: la mina Cerro Blanco.

El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía electrica. Este río, aunque su mayor recorrido lo hace en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala.

Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país. En la cuenca alta, Santa Ana, es alimentado por el lago de Guija, un embalse natural en el que desemboca el río Ostúa, un río tributario al Lempa, afectado directamente por la actividad minera en Cerro Blanco. En conclusión, las actividades de la explotación minera guatemalteca están contaminando el río Lempa.

Cidia Cortes, investigadora de la Universidad Luterana Salvadoreña, sostiene que en total Guatemala ha concedido 344 licencias de exploración y explotación minera, de las cuales siete están cercanas a El Salvador.

Una de estas es la mina Cerro Blanco que, actualmente, pretende explotar más de 20 kilómetros cuadrados de mina de oro y plata. Sin embargo, pareciera que “hasta la naturaleza está en contra de la mina”, expresa Cortes, pues está ubicada sobre una zona geotermal. Las estimaciones de producción de la empresa es que la mina ha de producir 952 mil onzas de oro y 3.14 millones de onzas de plata, durante nueve años de vida útil.

A simple vista parecen las estimaciones de una empresa visionaria, sin embargo la historia va más allá de las proyecciones actuales. Según información del Colectivo Madre Selva, fue en 2004 que la empresa Entre Mares S.A., subsidiaria de la empresa Goldcorp, presentó un Estudio Ambiental Inicial, mismo que fue rechazado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por inconsistencias de información.

Un año después, en conformidad al art. 20 de la Ley de Minería de Guatemala, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que fue rechazado bajo el mismo argumento del anterior, agregando que, según la minera, no habrían impactos ambientales. Al poco tiempo, el entonces presidente Oscar Berger cambió de sección a la directora de la Unidad de Gestión encargada de recibir estos reportes.

En junio de 2007, la minera presentó el mismo estudio y fue aceptado por la nueva directora de la Unidad, la Dra. Eugenia Castro Modonessi. Madre Selva expresó el 23 de julio de ese año su oposición al proyecto, ya que a su criterio no reunía información necesaria para ser aprobado. Sin embargo, el 14 de agosto la empresa recibió el beneplácito gubernamental.

Más adelante el ministerio recibió fragmentado el proyecto Cerro Blanco en temas relativos al funcionamiento: tratamiento de aguas, dormitorios para los empleados, entre otros. Toda esta situación obligó a las organizaciones sociales y comunidades de Asunción Mita, municipio al que pertenece la concesión minera, en el departamento fronterizo de Jutiapa, a organizarse y manifestar resistencia al proyecto que ya se había echado a andar.

Madre Selva en sus investigaciones reconoce que en 2012 el proyecto Cerro Blanco solicitó al Ministerio de Energía y Minas un cierre temporal de dos años, esto a causa de “fallas técnicas e inundaciones en el túnel”. Durante el proceso de preparación de la extracción, la empresa llegó hasta la reserva de agua geotermal que se ubica bajo el cerro.

Este líquido fluye a una temperatura entre 80 y 120 grados celsius. Contiene un alto nivel de arsénico y metales pesados. Para superar esta falla, la empresa adoptó un modelo de enfriamiento y drenaje de la misma. El agua es extraída de los túneles, vertida en pilas de enfriamiento, pasa a una planta de retención de arsénico y luego es vertida en el río Morán, un río de invierno, tributario del río Ostúa.

El arsénico no es el único metal que diversas investigaciones han encontrado en los sedimentos de los ríos Morán y el compartido Ostúa, tanto en la parte de Guatemala como en la de El Salvador. Según la investigación de Cortes, hay presencia también de plomo, cadmio y cromo, metales pesados que son nocivos para la salud humana y la vida de los ecosistemas de la zona.

En mediciones hechas por su equipo de trabajo se puede observar el nivel alarmante de contaminación. Lo ideal, señala, es que no hubiera presencia del metal, sin embargo hasta 5.9 ppm, unidad con que se mide la presencia de metales en sedimentos, son tolerables para el ser humano y la fauna marina. En el caso Morán, en 2014 se registraron 35.57 ppm y en 2018 143.13 ppm; un aumento del 400%. En el caso Ostúa Guatemala, de 16.34ppm se pasó a 125.23 ppm; un aumento de casi el 800%. En el caso Ostúa El Salvador, de 13.86 ppm a 49.82 ppm; un aumento del 360%.

La mina lleva más de 10 años de operar sin haber extracción una sola onza de oro o plata, pero si ha estado drenando cantidades enormes de agua termal con alto contenido de metales pesados tóxicos. Una de las enfermedades señaladas por Madre Selva, que despierta una alerta sanitaria, es el padecimiento a largo plazo de “hidroarsenicismo crónico”.

Este padecimiento se manifiesta a través de irritación intestinal que causa dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición prolongada al arsénico inorgánico causa patrones de lesiones cancerígenas en la piel. Síntomas que son resentidos desde hace algunos años por los pobladores que residen cerca de la mina, según informa Madre Selva.

La aldea Trapiche Vargas es vecina directa del proyecto minero. Son alrededor de 300 familias las que residen en el lugar. Viviana Palma y Elsa Ramírez convergen en una misma experiencia comunitaria: han sido espectadoras impotentes de la muerte de los ecosistemas que ofrecían sustento a los pobladores. Por un lado, Palma enumera las enfermedades visibles entre las personas del lugar: enfermedades de la piel, intoxicaciones, pérdida de la vista y el oído.

Para agravar la situación, el terreno fue dinamitado agrietando paredes y dejando inhabitables casas de bajareque. El personal de la mina prometió ayudar en la reparación, sin embargo en los casi 20 años de proyecto minero, sólo un trayecto de calle ha sido construido. A pesar de la consciencia que se ha ganado con los años, muchas personas resultan indiferentes a la lucha anti minera, pues esta es la única fuente de ingresos, en una zona donde con dificultad llegan los servicios básicos que un Estado debe propiciar para sus ciudadanos.

Han sido varias las organizaciones e instituciones que han conocido la problemática que trae consigo el proyecto minero. Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), pues cuenta con un informe, desde 2013, donde detalla recomendaciones especificas al Gobierno salvadoreño, mismo que es el responsable de tutelar o realizar las acciones para velar por la protección de los derechos de su población.

Guatemala también ya tiene ese expediente, según expresa Ana Guevara, procuradora adjunta de la PDDH. Fue de esa manera que se buscó un mecanismo, a través del mandato constitucional del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este acuerdo se firmó el 12 de noviembre de 2018. El acercamiento inició cuando ambas instituciones de Derechos Humanos, impulsaron “acciones de fortalecimientos de capacidades al personal, en el tema exclusivamente de derechos humanos y empresas. Iba encaminada a establecer mecanismos de cooperación ya sea en el tema de promoción, en el tema de incidencia y también el seguimiento a casos que estuvieran vinculadas a violación de empresas”, dice Guevara.

Una posible violación es la contaminación de un río que no sólo abastece a comunidades de Asunción Mita, sino también la cuenca alta del río Lempa, es decir buena parte de El Salvador se ve afectado. Los mandatos constitucionales de ambos entes garantes de los Derechos Humanos sólo permite, dentro de su territorio, la emisión de condenas morales y si la acción es más grave, ésta debe notificarse a la unidad fiscal correspondiente.

Por tratarse de una problemática binacional, el camino a recorrer está marcado por la diplomacia internacional. En ese sentido, son los Estados los encargados de buscar establecer un tratado, de común acuerdo, sobre las aguas transfronterizas, así lo señala Luis González de la UNES. Agrega que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política sobre todo desde el lado guatemalteco.

Hace seis años se iniciaron conversaciones pero quedaron estancadas. Esto debido a que el país vecino alega la figura de la “soberanía de cuenta”, aunque esta ya está desfasada pues hoy se habla de “cuenca compartida”, sostiene González. Hasta hoy, el único plan en marcha es sobre el trifinio, tal como sostienen los ambientalistas, puede servir como base ejemplar para resolver este caso.

Sin embargo, Julio González de Madre Selva, refuerza la idea que el Gobierno de Guatemala hace poco o nada respecto al tema. Recuerda que si se compara el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el país con más alto índice de percepción de corrupción, un dato respaldado por Datosmacro.com, y en ese sentido dice que “es una situación donde prevalecen los intereses económicos sobre los Derechos Humanos”.

Leocadio Juracán, diputado del Congreso de Guatemala, apoya esta idea pues expresa que “cuando el Estado debe ser garante de los derechos humanos, garante del bienestar de la población… tenemos un Estado que está desprotegiendo a sus ciudadanos”.

Juracán va más allá, pues desde su trabajo en el Congreso ha conocido de cerca el desarrollo de investigaciones sobre el otorgamiento de permisos mineros. En ese sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 fue citado el ministro de Ambiente, al Congreso guatemalteco, para dar explicaciones de los mismos, además de aclarar un proceso que se está llevando a cabo actualmente: la venta de derechos mineros en Cerro Blanco.

El legislador señala que cada vez más cobra fuerza una hipótesis que le resulta preocupante. Pareciera que la verdadera intención, de una mina que en casi 20 años de funcionamiento no ha producido nada, es buscar un vacío legal para demandar al Estado guatemalteco.

Esta hipótesis es apoyada por Julio González, quien agrega que la empresa interesada en la compra de la mina Cerro Blanco, es una “empresa jr.”, es decir que cuenta con un bajo capital, pero pretende comprar una “ganga”, que tiene oposición de la gente y demostrar que no funciona para así entablar una demanda millonaria contra el Estado, basados en los gastos de inversión incurridos.

Juracán sostiene que el Estado no tiene la solvencia económica para enfrentar una indemnización como esta, similar a la demandada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y que fue favorable para el país. Su preocupación, afirma, es que el Estado no se niegue a pagar, por el alto grado de corrupción e impunidad que se gesta dentro del mismo, señalado en investigaciones de la CICIG.

Las iniciativas son diversas del lado de Guatemala, pero no encuentran suficiente apoyo. El movimiento Winaq, al que pertenece Juracán, impulsa la idea de suspender durante dos años el trabajo minero y que sea el pueblo, en una consulta popular, quien elija si desea o no que se sigan explotando recursos minerales pesados. “No hemos encontrado, lamentablemente, respaldo para promover y avanzar en esta iniciativa”, dice Juracán, pues de los 158 diputados, al menos ⅔ responden a intereses de las grandes transnacionales.

Del lado de El Salvador, el trabajo de la PDDH y organizaciones sociales ha logrado al menos establecer una ruta de trabajo conjunto. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cortes sugiere que una de las necesidades que deben tomarse enserio, es que el MARN de El Salvador monitoree los niveles de desechos que se vierten al río y llegan hasta el territorio nacional, es decir un control técnico científico. Además, Rodolfo Calles de Cripdes, señala que el Estado debe diseñar una estrategia más agresiva, para darle seguimiento al tema desde la vía diplomática.

Por el momento Cuevitas, Bendición de Dios, Arenal Pacheco, El Zorrillal, El Javiyal, Bonanza y La Portada son las comunidades más cercanas y afectadas. Estas necesitan, según ambientalistas, investigadores y DDHH, el acompañamiento del Estado, desde la diplomacia y desde el acompañamiento territorial, un desafío para el nuevo Gobierno. Un trabajo articulado para poder mantener una frase que reza la oración a la bandera salvadoreña: “Ríos majestuosos”, donde el papel de espectadores pasivos no llegue a obligar a que sea complementada por “Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro”.

Fuente: https://www.diariocolatino.com/rios-majestuosos-con-arsenico-y-sin-oro/

El Salvador

EL SALVADOR CON DEUDA PENDIENTE HACIA EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS

En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.

El gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Guiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, explica un comunicado emitido a finales de abril. Al tiempo que advierte que tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.

Aunado a lo anterior, deja conocer la publicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe realizar el retiro de los contenedores con sustancias químicas toxicas que por años han permanecido en la mina San Sebastián.

A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.

Una de las controversias relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc. en Asunción Mita, Guatemala.

Para las organizaciones que reclaman se haga efectivo este compromiso, es esencial que El Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, para ello es necesario la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del río Lempa.

Fuente: http://www.radiotemblor.org/?p=14536&fbclid=IwAR1SxtS0z9h9faLNR5gvIm–eHzYt8-nmvkkJ36oYv98QZyt_VzEFTLl2vo

El Salvador

«Nosotras nos dimos cuenta de que la minería iba a contaminar nuestra forma de vida»

La salvadoreña relata, esta tarde en Marienea, cómo su lucha y la de sus compañeras acabó con una práctica empresarial muy contaminante.

Vidalina Morales será esta tarde la protagonista de la última sesión del Ekozinemaldia en Basauri. Se trata del festival de cine y deuda ecológica organizado por Ekologistak Martxan, Ingeniería sin Fronteras y Sagarrak, que hoy, a las 18.30 horas en Marienea, ofrece el documental «No tenemos miedo». La cinta, de hora y media de duración, narra la lucha de las comunidades del norte de El Salvador contra la explotación minera. A la proyección asistirá esta mujer, protagonista del film y lideresa comunitaria de la resistencia a la minería en el departamento de Cabañas. En pantalla su lucha y la de tantas otras mujeres salvadoreñas en defensa del territorio y de los Derechos Humanos.

–¿Cómo fueron los inicios de la lucha contra la minería?

–En 2004, las comunidades ya combatían contra la implementación de proyectos dañinos para el medio ambiente como un vertedero de basura a cielo abierto o un incineradora de desechos hospitalarios que iban a ir situados a la orilla de nuestro río principal.

–¿Entonces llegaron las minas?

–Eso es. Nos dimos cuenta de que iba a contaminar nuestro entorno y forma de vida.

Las mujeres fueron las primeras en alzar la voz.

–Nos apropiamos de la lucha porque, a medida que trascurría el tiempo, nos íbamos dando cuenta que los impactos de la minería metálica nos afectaban directamente a nosotras.

–¿De qué manera?

–Somos un país en el que muchos hogares no disponen de agua potable y la mina iba a gastar cantidades inmensas en su producción. La falta de agua nos repercutía porque íbamos a tener que disponer de más tiempo para poder conseguirla. En las reuniones quienes participábamos activamente siempre éramos las chicas.

–Su lucha valió la pena. En marzo de 2017, El Salvador aprobó una ley que prohibe la minería metálica.

–Fue un día histórico.

–¿Cómo lo recuerda?

–Estuve desde los inicios de la lucha y tuve sentimientos encontrados. Me sentía feliz, pero a la vez triste. En el proceso de lucha hubo violencia, amenazas e incluso asesinatos. De hecho, una mujer que conocía muy de cerca fue asesinada estando embarazada de 8 meses.

Su lucha es inspiradora.

–Creo que sí, aunque debo confesar que cuando la iniciamos nos gobernaba un partido de izquierdas que se posicionó en contra de la minería. Tuvimos suerte, porque cuando hay gobiernos ‘bondadosos con las empresas’ lo único que les interesa es quedar bien con ellas.

–¿Un desafío contagioso?

–Sí. En Guatemala han logrado impedir el desarrollo de proyectos mineros en sus comunidades, pero también ha sido un proceso que les ha llevado a la militarización, a la violencia, a la criminalización. Ha habido muertes también.

Un largo camino

–Pese al logro con la minería, usted no ha pasado de combatir.

–Hoy por hoy luchamos por una ley que permita el derecho al agua como un bien público en calidad y cantidad. En la última década se ha fortalecido la batalla ambiental en El Salvador pero aún queda un largo camino.

–¿Cuáles son los principales problemas que afrontan?

–Nadamos a contracorriente contra las empresas privadas que ejercen presión sobre el gobierno para que se apruebe una ley de privatización del agua.

–Su vida no ha sido tranquila precisamente.

–En los años 80 sufrimos una guerra civil y la comunidad en la que yo vivo fue expulsada de su entorno y tuvo que trasladarse a Honduras. Las condiciones de vida por aquel entonces eran muy precarias. No había acceso al trabajo y había mucha deficiencia en los servicios públicos. Hubo muchas protestas en la calle y el gobierno reaccionó criminalizando y matando muchas personas.

–¿Cuándo regresaron?

– Tras siete años en el exilio, la comunidad pudo volver a Santa Marta y empezamos desde cero, pero eso sí, con organizaciones e instrumentos que habían creado durante ese periodo de tiempo. Ahora Santa Marta es una comunidad que ha sido reconocida por su labor a nivel nacional por su lucha y por toda su historia.

 

Fuente:https://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/dimos-cuenta-mineria-20190329100059-nt.html

El Salvador

Cinco factores clave para prohibir la minería en El Salvador

Luego de una larga lucha en la que participaron comunidades, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias y ambientalistas, el 29 de marzo de 2017 el Congreso de El Salvador, aprobó la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, que prohíbe la exploración, extracción y el procesamiento de minerales en su territorio.

En medio del modelo económico que privilegia las políticas en Centroamérica, la Ley de Minería en El Salvador se convierte en un rayo de esperanza para las comunidades que luchan en contra de proyectos extractivos.

Lucha

Aunque la lucha que llevó a la prohibición comenzó entre el 2004 y 2005, todo el movimiento anti-minería en esa nación tiene sus orígenes a inicios del siglo XX, en el año 1960, cuando varios sectores del país paralizaron los trabajos de extracción minera que se daba en aquella época. Sin embargo, en el 2001, el expresidente Francisco Flores, dio permisos de exploración a la compañía Pacific Rim, que posteriormente fue comprada por Ocean Gold.

Para Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA), es un acontecimiento histórico para toda la región. Lo inédito de El Salvador, es que se logró prohibir la minería en todas sus modalidades (cielo abierto, subterránea, industrial, artesanal), también en todas sus fases (exploración, explotación, procesamiento).

Claves

 A criterio de Serrano, fueron cinco las claves que permitieron prohibir la minería en El Salvador. La primera está en la oposición a la actividad. Es decir, el argumento más importante para oponerse, fue la constatación empírica y científica de que la minería de hoy sigue siendo tan dañina como la de antes. Además de comprobar que no es factor de desarrollo económico para los países, y que no es factor de mejorar el nivel de vida de la población.

Explica que desmontaron la campaña de “minería verde o minería responsable”, impulsada por las empresas extractivas, que buscaban hacer creer a la población que la minería no tenía impacto negativo en la población. Esa campaña fue gradualmente desmontada con estudios de percepción, impacto en la salud y económica de la población, realizados por diversas universidades.

La segunda clave, según Serrano, fue la conciencia y organización de la población. “Sin la validación social es difícil ganar una lucha con esas características. El mayor mérito lo tienen las organizaciones y comunidades afectadas, sobre todo en Chalatenango y Cabañas.

Desde la UCA, en el 2007 se realizó un sondeo de opinión entre la población de los 23 municipios afectados por la minería. En esa encuesta el 62.5% consideró que el país no era apropiado para la minería, y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirán poco o nada con el desarrollo económico. La encuesta se realizó nuevamente en el 2015, y el 79% dijo que el país no era apropiado para la minería, 76% que los proyectos mineros no generaban desarrollo, y el 77% dijo que el Estado debía prohibirlo”.

Serrano dice que los datos de la encuesta, no solo reforzaron la lucha, sino también el litigio internacional.

Una tercera clave fue la conjunción y articulación de diversos actores. La iglesia fue la primera en sacar un comunicado contra la minería en el 2007. Fue fundamental la participación del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Las organizaciones, iglesias evangélicas y sociedad civil, también fueron importantes, además de los actores internacionales.

La situación medioambiental en El Salvador es crítica, con respecto a los demás países centroamericanos.  Es el segundo país más deteriorado ambientalmente del continente. De los 356 ríos que posee, el 90% no tiene agua para consumo humano, y el 10% restante tiene que ser potabilizado con métodos convencionales.

En el 2009, la empresa Pacific Rim, entabló una demanda internacional contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en octubre del 2016 falló a favor del Estado Salvadoreño. En ese momento, el Fiscal General dijo que era momento de legislar en materia de minería y fue allí donde las organizaciones aprovecharon para presentar la propuesta de ley.

El último punto, pero no menos importante, es el tema de las inversiones. Serrano, asegura que los intereses en juego, en su mayoría no eran de capital nacional, sino transnacional.  Y eso hizo posible que diputados de todos los partidos políticos votaran a favor de la nueva ley.

El académico considera importante que las organizaciones y la población de Centroamérica busquen articular esfuerzos para hacer frente común contra los proyectos extractivos.

Nuevas Luchas

 Ahora mismo en El Salvador se libra una batalla contra la privatización y el reconocimiento del derecho humano al agua. La gran empresa privada argumenta que no quiere privatizar, sin embargo, quieren ser ellos quienes administren el servicio.

El próximo 27 de septiembre realizarán una movilización que será encabezada por miembros de diferentes iglesias. Se aprovechará para presentar más de 100 mil firmas con las que se exigirá a los diputados la aprobación de una Ley de Aguas, que favorezca a toda la población de El Salvador, y no a una pequeña clase económicamente poderosa.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/cinco-factores-clave-para-prohibir-la-mineria-en-el-salvador/

El Salvador

La privatización del Agua el primer escalón para el regreso de la minería

Las alarmas en torno a un posible regreso de la Minería en El Salvador se encuentra sobre la mesa. Y es que el candidato a la presidencia por el partido ARENA Carlos Calleja a recibido el respaldo de magnates de la Minería.

Entre ellos se encuentra Frank Giustra accionista mayoritario de la empresa que demando a El Salvador por $250 millones de dólares. Esto luego que el gobierno avalara una ley para la no explotación minera en nuestro país.

Oceana Gold ahora es Bienestar, S.A de C.V un nombre que se contrapone con su finalidad minera. Y es que en todo el mundo se ha buscado parar la minería de metales, debido a los serios daños ambientales.

Para algunos entendidos en la materia, nuestro país es una mina de la cual se puede sacar mucho provecho explotando sus recursos.

Movimientos para la protección del medio ambiente han denunciado esta posible pretensión.

En el 2015 Giustra junto a Carlos Slim el hombre más acaudalado de México y Bill Clinton ex presidente de los Estados Unidos visitaron El Salvador. La visita de los magnates fue vendida como una oportunidad para los agricultores que se beneficiaron de la ayuda de la fundación Clinton Giustra Enterprise Partnership.

Cabe destacar que el poder económico y político de los tres hombres sirvió para catapultar la candidatura de Calleja. Pese a que en su contienda con el millonario Javier Siman parecía que no daba el ancho, gano las internas. Y de esta manera se convirtió en el candidato oficial a la presidencia por el partido ARENA.

Para muchos la privatización del agua en vital para el regreso de la minería dado que se daña el medio ambiente y con ello el agua. Pero si el Agua está en manos privadas ese problema se saca de la ecuación.

Pese a todo el partido ARENA sigue luchando férreamente para promover y llevar a la realidad la ley del agua que ellos proponen.

Fuente:https://diariolavoz.news/la-privatizacion-del-agua-el-primer-escalon-para-el-regreso-de-la-mineria/

El Salvador

Luis Parada: La empresa minera OceanaGold aún sigue operando en el país

El 29 de marzo del 2017 los diputados de Asamblea Legislativa votaron de manera mayoritaria para prohibir todo tipo de minería de oro y otros metales. Convirtiendo a El Salvador como un referente en imponer un veto a la minera de metales.

El abogado, Luis Parada, de la firma Foley Hoag, en Washington, quien defendió a El Salvador en la demanda interpuesta por Pacific Rim ante el CIADI, compañía minera que fue absorbida por OceanaGold, explicó en sus redes sociales que la compañía minera que demandó a El Salvador por $250 millones, aun continúa en El Salvador pero con el de nombre de Bienestar, S.A de C.V

Oceana Gold Corporation, una empresa transnacional que en ese momento tenía demandado al Estado salvadoreño, ante un tribunal internacional por casi 300 millones de dólares, por no permitirle explotar en nuestro país un yacimiento minero en cuya exploración ya había invertido.

Fuente:http://ultimahora.sv/luis-parada-la-empresa-minera-oceanagold-aun-sigue-operando-en-el-pais/

El Salvador

La minería metálica amenaza los bienes hídricos en El Salvador

Las problemáticas ambientales son cada día más comunes. La tendencia es global, pero se ve exacerbada en aquellos países más pobres o vulnerables. En este sentido, podemos decir que las condiciones socioambientales hacen que El Salvador sea hoy un país insustentable.

El Salvador ocupa un territorio de un poco más de 20 mil kilómetros cuadrados fuertemente antropizado, con un promedio de 300 personas por kilómetro cuadrado, la concentración más alta en Latinoamérica. Además, ha optado por un modelo de desarrollo que ha dañado y daña gravemente los ecosistemas.

A lo anterior se suma que es el segundo país más deforestado en Latinoamérica. Tiene una perdida acelerada de la cobertura boscosa y cambio en el uso del suelo; el bosque primario se redujo a 21 mil hectáreas, que se concentran en las áreas naturales protegidas y en terrenos privados en la zona norte del país. El Salvador hace también frente a cambios de uso en el bosque, por efecto de plagas como la roya y el gorgojo descortezador de pino, además de la destrucción de bosque por venta ilegal de madera, construcción de urbanizaciones ilegales y monocultivos.

Estas cuestiones provocan que se altere el ciclo del agua y, por tanto, un menor acceso a este bien natural y la menorcalidad del agua de la región centroamericana. Hay muchos conflictos debido al uso inequitativo e insustentable de los bienes naturales, conflictos que se evidencian de manera clara con el agua.

Relacionados con la cuestión del agua encontramos otros problemas, como la expansión desmedida y poco regulada del monocultivo de la caña de azúcar, de urbanizaciones, de industrias que sobre explotan el agua, contaminan y hacen un uso inadecuado del suelo, afectando también la producción campesina de alimentos.

El papel del gobierno

Estos hechos se ven agravados por la débil institucionalidad para la protección del ambiente. A pesar de contar con algunas leyes orientadas a su protección, estas aplican muy poco debido a la falta de capacidad del Estado en el seguimiento y vigilancia de los bienes.

Existen varios cuerpos normativos que de alguna manera regulan parte de lo que a agua se refiere: ley de riesgo y avenamiento, ley de áreas naturales protegidas, ley de administración nacional de acueductos y alcantarillados, etc.

Parte del problema es que no existe un cuerpo legal que de manera integral regule o gestione lo vinculado al agua. En ese sentido, en el año 2006 se presentó la primera propuesta de ley general de agua a la asamblea legislativa, propuesta que fue actualizada en 2011. El gobierno redactó su propuesta en 2012, dando inicio a su discusión, y, sin embargo, todavía hoy no se cuenta con una ley general de agua. Para dificultar más la cuestión, en junio del año pasado varios partidos de derecha presentaron una propuesta de ley con fuertes contenidos.

Luchas por la prohibición de la minería metálica

Esta fragilidad ambiental, institucional y legal hace que existan muchas amenazas producto de las actividades humanas y específicamente de empresas e industrias que atentan contra el ambiente. La minería metálica es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial. En El Salvador ya en décadas pasadas se desarrollaron proyecto mineros que dejaron serios daños ambientales, proyectos que fueron cerrados debido a que la concentración de oro en el suelo no era la suficiente para reportar ganancia con el tipo de métodos utilizados en esa época para la extracción. En ese momento las empresas cerraron actividades y se fueron del país, llevándose las ganancias y dejando la contaminación y destrucción.

Hacia el año 2000 aumentó de valor el precio internacional de la onza de oro y las empresas mineras a nivel mundial prestaron de nuevo atención a aquellos países que en el pasado habían tenido proyectos de exploración y explotación minera. Se asumió que con la nueva tecnología de la que se disponía se podrían obtener grandes ganancias al extraer el oro, aunque este tuviera poca concentración en el suelo.

No se tomaron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y ecosistémicas ya narradas que afectan el país y por las cuales la minería metálica vendría a ser el golpe de gracia a los medios de vida y ecosistemas en el territorio. Entre los diversos impactos ambientales que provocan la actividad minera, el uso masivo del agua y su contaminación es uno de los más sentidos.

Según investigaciones realizadas por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en cada proyecto minero que se desarrolle a nivel nacional se estarían utilizando 900 mil litros diarios de agua. El proceso minero dejaría un agua altamente contaminada con metales pesados, fruto del drenaje ácido de minas. Esto, en un país que ya indicamos que tiene muy poco acceso al agua y en pésimas condiciones de calidad, sin duda no es algo nada racional.

La población a nivel comunitario y nacional vio de manera clara el peligro de la actividad. Si es cotidiano que muchas comunidades no tengan agua para consumo humano doméstico o existan conflictos por permisos de uso para riego, violentando el acceso al agua de comunidades enteras, o altos índices de enfermedades gastrointestinales y renales atribuidas a la mala calidad del agua, era lógico esperar que las empresas mineras no iban a tener un camino fácil con una población tan sensible y violentada en aspectos vinculados al ambiente y al agua.

Sin duda, el proceso de lucha no fue fácil en los doce años desde que se presentó la propuesta de ley de prohibición de la minería metálica. Se dieron amenazas y asesinatos de líderes y lideresas comunitarias, así como campañas desinformativas de las empresas mineras argumentando que se podía desarrollar una “minería verde” o responsable con el ambiente. Nada más alejado de la realidad y de la información técnica con la que se contaba. El Estado fue víctima de demandas internacionales alegando que al no permitir la explotación minera estaba expropiando las ganancias futuras de las empresas. Hubo un fuerte cabildeo de las empresas mineras con el gobierno y con los diputados y diputadas para que les permitieran desarrollar estos proyectos de muerte.

Pero por encima de todos los obstáculos y gracias a la voluntad decidida de las comunidades, después de muchos años de lucha se logró, el 29 de marzo del año 2017, la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica. El Salvador es el único país en el mundo que tiene una prohibición total a esta actividad.

Sin embargo, como ya es una realidad común en El Salvador, el solo hecho de tener una ley no garantiza la tutela efectiva de un bien o derecho a proteger. Este es el motivo de que la lucha continúe, para implementar adecuadamente los contenidos de la ley. Que no ocurra como con otras leyes que, a pesar de estar vigentes, no son positivas en la medida que no se monitorean y se les da seguimiento a su debido cumplimiento.

Hay que tener en cuenta que la propuesta fue aprobada con 70 votos de los diputados y diputadas de la asamblea legislativa. Pero lo necesario eran 43 votos, que es la mayoría simple, y con la misma cantidad de votos se puede derogar.

Esta acción es muy probable, debido a que en las pasadas elecciones de diputados y alcaldes la derecha se vio muy fortalecida. Además, el candidato del principal partido de derecha es un aliado de empresas minería a nivel internacional. Por esto, ahora sin duda el trabajo es socializar con la población los contenidos de la ley de prohibición, buscando que desde las comunidades se garantice su cumplimiento, y, a la vez, exigir al Estado en general que no retroceda en este logro.

Minería transfronteriza

A todo lo narrado hay que sumar una amenaza que no es nueva, pero que a través de los años se ha concretizado: el desarrollo de proyectos mineros en las zonas trasfronterizas de El Salvador, específicamente con Guatemala y con Honduras. Estos proyectos, por estar en cuencas transfronterizas o compartidas, tendrán graves impactos en los bienes hídricos. Destaca el caso de la cuenca del río Lempa, que se comparte con los países ya mencionados. Se considera el 45 por ciento del territorio de El Salvador, es el 60 por ciento de su agua superficial. De este río dependen para consumo humano más de cuatro millones de personas.

El Salvador es dependiente de este río, por lo que su protección es un aspecto de seguridad nacional. Si el río Lempa fuese contaminado o sus aguas disminuyeran drásticamente de caudal a causa de la sobre explotación por empresas mineras, sería un escenario de muerte para la población y los ecosistemas. No se quiere llegar a este escenario, evidentemente, por lo que diversas comunidades y organizaciones están trabajando fuertemente, a nivel local, con organizaciones e iglesias en las zonas transfronterizas, buscando generar articulación para enfrentar a las empresas mineras trasnacionales. También se realiza cabildeo con actores gubernamentales en la búsqueda de soluciones a nivel de políticas públicas a esta problemática que atenta el derecho de la población a un ambiente sano.

Las soluciones a estas y muchas otras problemáticas ambientales siempre deberán estar fundamentadas en la base, en lo local, en las comunidades, que son el mejor símbolo de la resistencia. En la medida en que estas se fortalezcan, organicen y articulen, se podrá avanzar en la construcción de un El Salvador mas justo y ambientalmente sustentable.

Fuente:http://www.revistapueblos.org/blog/2018/06/06/la-mineria-metalica-amenaza-los-bienes-hidricos-en-el-salvador/
El Salvador

El 7 de Junio: Décima Octava Caminata Ecológica

La Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC- OFM El Salvador junto a organizaciones ambientalistas, religiosas, educativas y

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jóvenes de El Salvador, le invita a participar en la «Décima Octava Caminata Ecológica», en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que lleva por lema: «El Pueblo en Resistencia por el Derecho al Agua, Tierra y Soberanía Alimentaria»

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La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, se suma nuevamente a esta lucha para demandar de la Asamblea Legislativa la ratificación del Derecho Humano al Agua, por una Ley de Soberanía Alimentaria y la Tierra.