Sare Frabes 16/01/2025
Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias
Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica.

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro», sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería» la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño.

Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

Comunidades de El Salvador llaman a movilizaciones para rechazar reactivación de minería

15/01/2025
María Teresa Messidoro, Prensa Comunitaria, 31/12/2024

Agrega que el país podría disfrutar de una transformación social y económica gracias al oro presente en su territorio; Y concluye, utilizando un típico relato cristiano (en un país donde 8 de cada 10 habitantes profesan ser católicos o evangélicos) afirmando que «Es Dios quien ha puesto un tesoro gigantesco bajo nuestros pies para que podamos explotarlo de forma sostenible». camino»(3)

5 de diciembre de 2024: en sesión plenaria n. 32 de la Asamblea Legislativa de El Salvador, algunos diputados de VAMOS y ARENA reaccionaron ante la posible exención de la ley que prohíbe la minería.

Cesia Rivas, diputada suplente de VAMOS, afirmó que «Si se aprueba la exención de la ley antiminería, el partido Ciano (4) debe hacerse responsable del deterioro del país, la contaminación del agua, las enfermedades que padecen los salvadoreños». tendrá que sufrir, como consecuencia de este gesto. Lo que nos disponemos a legislar es sólo a favor de la minoría rica del país» (5)

Como lo demuestra también la decisión del Ejecutivo de destinar casi 40 mil millones de dólares para continuar la construcción del llamado «aeropuerto del Pacífico», un proyecto que dañará el medio ambiente y obligará a 175 familias a abandonar sus hogares y tierras.

10 de diciembre de 2024: muchos salvadoreños salieron a las calles en defensa de la ley que prohíbe la minería metálica, mientras otro grupo de organizaciones sociales caminaba hacia la Casa Presidencial para entregar un paquete de solicitudes relacionadas no solo con la minería, sino también con la infame régimen de excepción, aprobado por trigésima tercera vez y que ha generado miles de detenciones arbitrarias.

Tres episodios de la historia político-social salvadoreña actual unidos por el hilo conductor de la ley antiminera.

Los ambientalistas y defensores de los derechos humanos declaran firmemente que la reactivación de las minas sería un ataque a la vida humana y conduciría a la destrucción del medio ambiente, ya que no existe una mina «verde» o «sostenible».

El Salvador, el segundo país más degradado ambientalmente del continente latinoamericano y con mayor deforestación, está al borde de una profunda crisis hídrica. Precisamente el proceso de lixiviación para la extracción de oro (que permite separar uno o más componentes de una masa sólida gracias a un disolvente), proceso que utiliza cianuro y otros componentes químicos, genera drenajes ácidos muy nocivos, como ya ha ocurrido con el Río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, en la región salvadoreña de La Unión. Restos de quince minas abandonadas en el oriente del país, con drenaje ácido vertido en el lugar, aún atacan las fuentes del río Goascorán y del río Grande.

“Agregar una nueva fuente de contaminación química podría ser el detonador final en la conversión de El Salvador en un país imposible de recuperar ecológicamente e imposible de vivir” afirma la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (6)

Por las mismas razones, el río Lempa, que proporciona el 50% del suministro de agua de la población salvadoreña y es una importante fuente de electricidad, estaría en peligro si se reactivaran los proyectos mineros en el norte de El Salvador. Otro de los peligros de la implantación de nuevas minas está vinculado a su posible ubicación en zonas de constante actividad sísmica, con riesgo de desprendimientos y deslizamientos de tierra, además de representar un peligro para los mineros empleados en zonas subterráneas. Desde el punto de vista económico, el empleo generado por las minas es inferior al 1% de la fuerza laboral nacional, por lo que no tiene ningún impacto positivo en el territorio.

También hay que subrayar que las mujeres pagarán el precio más alto si estos proyectos mineros se implementan nuevamente: «nos encontraríamos ante una vida aún más precaria, ya que las mujeres se verían obligadas a buscar fuentes de agua nuevas, accesibles y limpias», afirma Claudia. Rodríguez, representante de la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador, AMAES /7)

Portada de un folleto publicado hace unos años en El Salvador en apoyo a las luchas ambientalistas

Quienes se oponen a la minería en El Salvador saben que la persecución contra los ambientalistas nunca ha cesado: apenas en diciembre se cumplen quince años del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, asesinados por oponerse a las minas de la Cuenca del Pacífico en Santa Marta. Dora Sorto estaba embarazada de ocho meses cuando fue asesinada. Con el riesgo de que el asesinato de Ramiro y Dora quede impune, porque prescribirá, según lo establece la legislación salvadoreña vigente.

Mural dedicado a Dora Sorto, creado por Griselda Reynado

El Fiscal que llevó el caso, o mejor dicho, debería haberlo hecho, no pudo encontrar a los culpables en este lapso de tiempo; en cambio, trató muy rápidamente con cinco líderes ambientalistas también de la Comunidad de Santa Marta, acusados ​​falsamente de un dudoso delito ocurrido durante el conflicto armado de los años 1980. El tribunal de Sensuntepeque declaró inocentes a los cinco directivos y los dejó en libertad, pero el fiscal Delgado apeló pidiendo la anulación de la sentencia. Para todos está claro que fue una represalia contra quienes se oponen al regreso de la minería al país. Uno se pregunta si Rodolfo Delgado tiene algún vínculo directo con intereses extractivistas, dado su implacable papel como perseguidor de los ambientalistas en el área de Cabañas. En las últimas semanas de diciembre, algunas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Cristosal e IDHUCA, enviaron una carta a la Asamblea Legislativa salvadoreña preguntando si es procedente la reelección de Rodolfo Delgado como Fiscal General, dado que en repetidas ocasiones ha criminalizados defensores de derechos humanos.

La represión legal ciertamente no detendrá las luchas ambientales locales: «Estamos listos para tejer una telaraña más fuerte y sólida, que nos permita construir y fortalecer redes comunitarias, a partir del compromiso de las mujeres, que no rehúyen ciertamente hacia atrás», dice Claudia Rodríguez.

ÚLTIMA HORA

Antes de publicar esta nota, se conoció que, con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica, que establece cómo se puede realizar la exploración, explotación y extracción en áreas mineras, además de las normas de comercialización de los productos obtenidos. La ley deja la gestión de todas estas actividades en manos de la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas, al tiempo que delega la supervisión de las condiciones ambientales y la preservación de los recursos hídricos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Autoridad Salvadoreña del Agua. Básicamente, la prohibición de la minería fue eliminada de un golpe de esponja.

¿Y ahora? Ahora, como dicen los salvadoreños que salieron a las calles para impugnar esta nueva elección del gobierno de Bukele, «sólo el pueblo salva al pueblo”
Fuente: https://prensacomunitaria.org/2024/12/el-salvador-la-lucha-contra-la-mineria-no-cesa/

El Salvador: la lucha contra la minería no cesa

Protestas contra la explotación minera en El Salvador RD/Efe 14/01/2025
Una red ecológica compuesta por ONG y obispos de diferentes denominaciones de la Iglesia católica pidió este lunes la derogación de la Ley General de Minería Metálica, que permite la exploración y explotación minera en el país
Portavoces de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Reman) indicaron en un comunicado que también solicitan al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que reconsidere la decisión. Impulsarán una campaña de recolección de firmas en las iglesias católicas del país para que frenar la aplicación de ley de minería
El país había sido el primero en el mundo en prohibir la minería metálica en 2027. La Ley General de Minería Metálica ya está en vigencia de nuevo, luego de ser avalada por el presidente Nayib Bukele y ser publicada en el Diario Oficial
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte del país

Integrantes de una red ecológica -compuesta por ONG y obispos de diferentes denominaciones de la Iglesia católica- pidieron este lunes la derogación de la Ley General de Minería Metálica, que permite la exploración y explotación minera en el país, lo que, según ambientalistas, «perjudicaría» al medioambiente.

Portavoces de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Reman) indicaron en un comunicado que también solicitan al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que «reconsidere la decisión de seguir impulsando» dicha ley, por ser una normativa «impopular», «dañina para nuestro país, particularmente para las comunidades más empobrecidas».

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba una ley para retomar la minería metálica – America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica
«Le pedimos señor presidente que, en el uso de sus facultades constitucionales, solicite a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la Ley General de Minería Metálica», señalaron en el comunicado que fue leído en una conferencia de prensa.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez lamentó la aprobación de la ley«sin una consulta a la ciudadanía» y aseguró que «las cosas son evidentes, aquí no hay nada para discutir porque sin agua no hay vida y la minería afecta principalmente el recurso hídrico que, hoy por hoy, es tan escaso en nuestras comunidades».

«Sin agua no hay vida y la minería afecta principalmente el recurso hídrico»

«Hoy decimos, la vida vale más que el oro. Decimos que la vida vale más que cualquier bien material (…) es importante que la ciudadanía conozca y se pronuncie en contra de actividades que atenten contra la vida», añadió.

La Reman agregó que impulsará una campaña de recolección de firmas en las iglesias católicas del país para que frenar la aplicación de ley de minería.

Una veintena de organizaciones sociales, ambientalistas y comunitarias rechazaron la aprobación de La Ley General de Minería Metálica, que ya está en vigencia luego de ser avalada por el presidente Nayib Bukele y ser publicada en el Diario Oficial.

Con esta ley se revierte una prohibición a la exploración y explotación de minería en El Salvador vigente desde el 2017.

El presidente Bukele aseguró, a principios de diciembre del año pasado, que el país centroamericano poseelos yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo».

No obstante, ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario, tampoco se ha informado de los «beneficios» económicos que la explotación de oro en el país traerá a los ciudadanos.

Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
https://www.religiondigital.org/america/Ambientalistas-obispos-Bukele-explotacion-Salvador_0_2743225651.html

San Salvador, 23/12/2024 dic (Prensa Latina) La Asamblea Legislativa de El Salvador considerará hoy la aprobación de la Ley General de Minería Metálica que deroga una prohibición de 2017.

Luego que el sábado fuera acogida por la Comisión de tecnología, turismo e inversión tras su presentación el vienes por la ministra de Economía María Luisa Hayem, el plenario se pronunciará este lunes sobre una aprobación cantada.

La solicitud del Gobierno el 27 de noviembre de rehabilitar la minería metálica despertó el rechazo de amplios sectores, y por primera vez el presidente Nayib Bukele no recibió el apoyo de la mayoría de sus compatriotas temerosos del impacto del proyecto sobre su vida y la contaminación de las aguas.

El proyecto llega al plenario bajo una dispensa de trámite y su aprobación está garantizada atendiendo a que el partido Nuevas Ideas, en el gobierno, y aliados controlan 57 de los 60 votos del Parlamento.

Con esta ley, Bukele apuesta por la explotación de presuntas reservas millonarias de oro en el subsuelo de su país, algo que es seguido por una coral que señala eso será fuente de ingresos y desarrollo.

Tal vez apremiado por su promesa de alcanzar el milagro económico después de logrado un impensable ambiente de seguridad, el mandatario sorprendió con su anuncio.

En un mandato y en el que está en curso, el gobernante no enfrentó tanta disidencia ni oposición de tantos sectores sobre alguna de sus propuestas. Ambientalistas, organizaciones sociales, la iglesia y universidades, entre otros, ven en el plan un paso que pone frente a frente la vida y la muerte.

Las operaciones logísticas, la construcción de escuelas, el pago de deuda con las multilaterales y la reactivación económica son las aristas que pueden ser potenciadas con la extracción aurífera en El Salvador, señalan seguidores del mandatario.

Sin embargo, hace varios días, grupos que se oponen al plan marcharon sobre la Asamblea Legislativa para expresar consignas como “No a la minería” o “el agua se agota”, en un intento de detener la acción gubernamental.

A la crítica se incorporó la Iglesia Católica al divulgar el 12 de diciembre un comunicado en el que precisó que la vida y la salud no tienen precio, y dio un rotundo NO al plan.
jcm/lb

Legislativo en El Salvador por aprobar explotación minera

Bukele anunció que pedirá al Congreso que derogue esa ley, pues según un estudio, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares
AFP 13/12/2024
La Conferencia Episcopal de El Salvador expresó este jueves su oposición al plan del presidente Nayib Bukele de reintroducir la minería metálica en el país, prohibida desde 2017, para potenciar el crecimiento económico.

La Iglesia se opone a plan de Bukele de reintroducir la minería en El Salvador
«Con el mejor deseo para todos, expresamos nuestro no rotundo, a la explotación minera en el país», señaló la Conferencia en un comunicado.

Los doce obispos firmantes se declararon «muy preocupados» por la «posible activación de la explotación minera», prohibida por ley por impulso de asociaciones ambientalistas y de la Iglesia católica.

Bukele anunció recientemente que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley, pues según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes «al 380% del PIB».

«La práctica de cualquier tipo de minería» traería «consecuencias irreversibles contra la salud y la vida de la población», advirtió la Conferencia, encabezada por el arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar.

Contaminación
En sintonía con los ambientalistas, los obispos indicaron que la extracción minera podría terminar «contaminando» ríos y mantos acuíferos por el uso de productos químicos como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico.

Una gran preocupación es que la extracción de oro contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero presentada por Bukele y que abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.

«Estamos a favor del desarrollo económico, sin embargo la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo», sostuvo la Conferencia Episcopal.
https://www.ecotvpanama.com/internacionales/la-iglesia-se-opone-plan-bukele-reintroducir-la-mineria-el-salvador-n6021287

Ñaní Pinto
21/05/2023

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora mas clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que, la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución
El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.

Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.
El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera
Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.
Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

San Salvador 16/12/2021
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus
modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A
esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que
la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.

En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con
especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización
de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de
esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los
minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”. Algunos representantes
de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones
gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y
Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías,
FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la
viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según
el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El
Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y
medioambientales”.

De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor
del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad
y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y
ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros” . En otras palabras es la
empresa que se encarga de cambiar los espejitos por perlitas de oro.

De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas,
aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar,
regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería
metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece
como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación
con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas
especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de
Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.

En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas
a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante
más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron
sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.

Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña
que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está
preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales
se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue
agudizando día con día.

En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la
minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro
Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una
potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades
y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y
exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos
y resultados de su visita a El Salvador.

Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución
y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea
accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.