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Glaciares en Chile : Las comunidades deciden.

Anglo American  solicitará la aprobación ambiental del proyecto de US$3.000 millones para aumentar la producción de su mina Los Bronces  pero lo descartará  si los estudios indican que el plan podría dañar los glaciares de las cercanías o si existe una gran oposición por parte de comunidades locales en Chile.

El proyecto está muy cerca de la la capital chilena y afectaría glaciares. La compañía afirma que  “Todos nuestros datos demuestran que podemos extraer ese recurso sin dañar los glaciares y sin afectar el agua subterránea” pero sostiene que “No lo extraeremos si hay otras indicaciones, no seguiremos con el proyecto”.

La producción en Los Bronces, la mina de cobre más grande que opera la empresa, declinará en cinco años a medida que disminuyan las leyes del mineral. La ampliación productiva en el depósito, el cual registra actividad minera hace más de 150 años, podría llevar el volumen anual de 369.500 toneladas el año pasado a cerca de 400.000. La compañía planea usar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y excavar túneles subterráneos a fin de evitar daños a los glaciares cercanos. ”

Alrededor del 80 por ciento de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y estos cubren cerca del 3 por ciento de la superficie terrestre del país. El incremento de las temperaturas y la actividad minera han acelerado el derretimiento de glaciares andinos, explicó en junio Francisco Ferrando, profesor de Geografía de la Universidad de Chile en Santiago. Los glaciares Juncal Norte y Olivares Alfa, que se ubican unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y cerca de Los Bronces y la mina Andina de Codelco, se derriten más rápido que otros que están más lejos, detalló.    El desarrollo de la iniciativa se prolongaría por cuatro años y elevar la producción demandaría otros cinco. Muchas cosas podrían suceder durante ese período, especialmente porque la protección de los glaciares y el impacto de la minería en el delicado sector andino son objeto de debate en el Congreso chileno. Las dos minas se sitúan a unos 65 kilómetros de Santiago, donde viven más de 5 millones de personas, cerca de un tercio de la población chilena. Las iniciativas cercanas a Los Bronces y los glaciares cercanos son observadas de cerca por comunidades locales que se oponen a las actividades industriales y mineras sobre o bajo glaciares.

Anglo quiere iniciar el diálogo sobre sus planes en Los Bronces con las comunidades locales durante el segundo trimestre  aunque el proyecto no se desarrollará si hay oposición significativa. “Si la gente protesta contra esto, no podemos avanzar”, sostuvo el vocero de la empresa. “No podemos obligar a nadie”.

El destino del territorio está en manos de la gente.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42632-glaciares-en-chile-las-comunidades-deciden

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El estado de excepción como paradigma político del extractivismo

En los últimos años se han ensayado diversos enfoques sobre el extractivismo, que abarcan desde el énfasis en los impactos sobre el medio ambiente y los perjuicios a las poblaciones, hasta la re-primarización de la matriz productiva. Contamos con un amplio conjunto de trabajos que incluyen, también, las resistencias al modelo de minería a cielo abierto y de monocultivos para la exportación, así como propuestas alternativas asentadas, buena parte de ellas, en el Buen Vivir/Vivir Bien. Los análisis críticos tienden a compartir la tesis de que el modelo extractivo debe ser considerado como parte del proceso de acumulación por desposesión, característico del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004).

En paralelo, se comienza a considerar el extractivismo como una actualización del hecho colonial, en particular en el área de la minería, colocando el inicio de la explotación del Cerro Rico de Potosí (donde fueron sacrificados 8 millones de indios), en 1545, como el comienzo de la modernidad, del capitalismo y de la relación centro-periferia en la que se asientan (Machado, 2014).

Tomando estos análisis como referencias ineludibles, pretendo explorar someramente las formas de acción que están llevando adelante los movimientos para neutralizar/desbordar el modelo extractivo, bloquear la acumulación por despojo, revertir la militarización de los territorios, poner fin a la persistente degradación ambiental y la destrucción de los seres humanos. Considero que no se limitan, ni pueden hacerlo, a repetir los repertorios tradicionales del movimiento sindical, ya que se mueven en espacios donde las reglas del juego son diferentes.

El punto de partida de mi argumentación es que hoy los pueblos son obstáculos para la acumulación por despojo/desposesión. Harvey sostiene que el “principal instrumento” de la acumulación por desposesión son las privatizaciones de empresas públicas y que el poder estatal es su agente más destacado (Harvey 2004). En su argumentación coloca el ejemplo de Argentina en la década de 1990, que hoy podría aplicarse a buena parte de América Latina y a unos cuantos países europeos como Grecia y España, entre otros.

A mi modo de ver, el argumento de Harvey es enteramente válido para la porción de la humanidad que se encuentra en la “zona del ser”, pero para aquella otra parte que vive en la “zona del no-ser” (Grosfoguel, 2012), el principal instrumento de la acumulación

por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos ya que comparten los mismos objetivos. Esa es la situación que viven en nuestro continente las poblaciones cercanas a las minas y los monocultivos. “Prácticamente no existe poblador vecino de un proyecto minero que no tenga algún proceso judicial abierto” (Machado, 2014: 224).

La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo “normal” de operar del extractivismo en la zona del no-ser. El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

Las privatizaciones afectaron básicamente a las clases medias urbanas y a las franjas de trabajadores vinculadas al Estado del Bienestar, sobre todo en el caso argentino. Para los sectores sociales donde nunca operó la inclusión ni se beneficiaron con el “bienestar”, las privatizaciones operaron apenas como la primera etapa del despojo. Indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, mujeres pobres, desocupados, trabajadores informales y niños de las periferias urbanas, están sufriendo lo que el EZLN ha definido como la Cuarta Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se trata de conquistar territorios, destruir enemigos y administrar los espacios conquistados subordinándolos al capital:

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. (Subcomandante Marcos, 1999).

La novedad de esta nueva guerra es que los enemigos no son los ejércitos de otros estados, ni siquiera otros estados, sino la propia población, en particular aquella parte de la humanidad que vive en la zona del no-ser. En suma: acabar con los pueblos que sobran, desertizar territorios y luego re-conectarlos al mercado mundial. Los modos de eliminar a los pueblos no son necesariamente la muerte física, aunque esta va sucediendo lentamente mediante la expansión de la desnutrición crónica y las viejas/nuevas enfermedades, como el cáncer que afecta a los millones expuestos a los químicos de los monocultivos y de la minería.

Los modos más habituales son la eliminación de los pobres a través de su exclusión: confinamiento en espacios cercados de policías y guardias privados en las periferias urbanas. El caso más extremo es la Franja de Gaza, y los más comunes se pueden encontrar en las barriadas de todas las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas comunidades rurales cercanas a los emprendimientos extractivos, han sido aisladas y rodeadas por dispositivos militar/económicos que actúan como cercos materiales y simbólicos, como les sucede a las comunidades mapuche en la Patagonia, a los pueblos indios y afros en el Cauca colombiano, así como a los pueblos atravesados por el “tren del hierro” de la minera Vale en el estado de Maranhão y a cientos de comunidades en las regiones andinas.

Estamos ante dos genealogías diferentes. La que afecta a los pueblos del sur no cabe en el concepto de “acumulación originaria”, delineada por Marx en El Capital, para reflexionar sobre la experiencia europea. La expropiación violenta de los productores, lo que denomina como el “proceso histórico de escisión entre producción y medios de producción”, es el acta de nacimiento del capital pero también de los “proletarios totalmente libres” que serán empleados por la nueva industria (Marx, 1975: 893). Ese proceso de escisión por el que se crea una nueva relación social, capital-trabajo, fue tan real para Inglaterra como irreal en las colonias.

En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados a la fuerza de su continente. En ambos casos se cometió un genocidio por el que la población originaria fue casi exterminada. Nació un capitalismo sin proletarios, en el sentido europeo que le da Marx, cuando señala que la expropiación de los productores fue “la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio” (Marx, 1075: 951). Los indios no tenían un concepto de propiedad privada como los campesinos ingleses, sino de comunidad, y consideraban la tierra como un bien común sagrado. La acumulación “originaria” no fue el “pecado original” del modo de producción capitalista, sino la forma constante de acumulación durante cinco siglos en base a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo informal y la pequeña producción familiar/mercantil que, hasta el día hoy, son las formas dominantes de trabajo, siendo el empleo asalariado uno más entre los muchos modos de trabajo existentes (Quijano, 2000a).

En segundo lugar, en la América Latina india/negra/mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fueron el panóptico ni los satanic mill, sino la masacre o la amenaza de masacre (léase exterminio), tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias, hasta el día de hoy: desde los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique, en 1907, hasta las decenas de muertos en Bagua en junio de 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter de este sistema en la región. Sólo en Chile, en las siete décadas que van de 1903 al golpe de Estado de 1973, el historiador Gabriel Salazar enumera quince masacres (“ametrallaron a los rotos”), a razón de una cada tres años en promedio, considerando que la última abarcó todos los rincones del país y se cobró diez mil vidas (Salazar, 2009: 214). La organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en São Paulo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/ negros/pobres (Maes de Maio, 2014).

En tercer lugar, el Estado-nación latinoamericano tiene una genealogía diferente a la europea, como nos recuerda Aníbal Quijano. Aquí no se registró “la homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes”, ni la democratización de una sociedad que pueda expresarse en un Estado democrático; las relaciones sociales se fijaron sobre la colonialidad del poder establecida sobre la idea de raza, convertida en el factor básico de la construcción del Estado-nación. “La estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso de los indios, negros y mestizos” (Quijano, 2000b: 237).

Los tres ejes anteriores explican la continuidad de la dominación y la exclusión de las mayorías, inferiorizadas racialmente, con independencia del régimen político y de las fuerzas que administren un Estado colonial. Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo, se produce además la “expropiación de la política” que en los casos más extremos, como México, Colombia y Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una re-colonización de la política (Machado, 2014).

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/el-estado-de-excepcion-como-paradigma-politico-del-extractivismo/
Perú, Sin categoría

Gobierno de Vizcarra no protege las cabeceras de cuenca

EXIGIMOS APROBACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO DE LA LEY 30640
Publicado: 2019-01-29

Desde el inicio de mi gestión como congresista de la República, asumí el reto de velar, entre otros aspectos, por la sostenibilidad ambiental, la justicia ambiental y el buen vivir. Por ello, una de las primeras propuestas legislativas presentadas, fue el “Proyecto de Ley N° 283/2016-CR – Ley de Conservación y Protección de las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas”, cuyo objetivo era la preservación del recurso hídrico, ante la depredación del mismo a manos de actividades extractivas y con miras a la adaptación al cambio climático.

Dicho Proyecto de Ley dio lugar a la “Ley que Modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para la Identificación y Delimitación de las Cabeceras de Cuenca” (en adelante, Ley N° 30640), la cual fue promulgada el 15 de agosto de 2017. Dicha norma permite, entre otros aspectos, que el Estado reconozca que las cabeceras de cuenca son zonas de alta vulnerabilidad, debido a que no sólo son la fuente de origen de agua, sino que permiten redes hídricas conectadas; lo cual da vida a ecosistemas y a la preservación de los mismos.

Ahora bien, la norma en mención, la creación del “Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca” (en adelante, Marco Metodológico), el cual debía ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) y, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo de 365 días, lo que se venció el pasado 16 de agosto del 2018, por lo que el Ejecutivo viene incumpliendo la Ley N° 30640 e incurriendo en una grave responsabilidad ambiental y, en la falta de voluntad política para prevenir la alta conflictividad existente alrededor de la disponibilidad y acceso de los recursos hídricos.

Cabe indicar que el Marco Metodológico permitirá la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, lo cual determinará las zonas de restricción para derechos de uso de agua, en tanto son zonas vulnerables. Dicho Marco Metodológico, deberá contemplar la validación de los componentes ambientales que se ubican en las zonas identificadas, a fin de medir la fragilidad de las mismas. Sin ello, el Ejecutivo, estaría no reconociendo la importancia de la norma propuesta y afectando directamente a las comunidades y localidades que se benefician de las cabeceras de cuenca, y de otro lado, favoreciendo intereses económicos que están o pretenden intensificar sus actividades económicas precisamente en estas zonas vulnerables.

Ante ello, desde mi despacho congresal, he insistido en la aprobación del Marco Metodológico, no sólo a través de la remisión de oficios a la ANA y a la Presidencia del Consejo de Ministros, sino también, a través de reuniones con funcionarios de dicha Institución; en las cuales, como respuesta sólo hemos obtenido que vienen levantando las observaciones efectuadas por los Ministerios del Ambiente y, de Energía y Minas, sin establecer metas y plazos para la aprobación del Marco Metodológico.

Como Congresista de la República y defensor ambiental, denuncio que el Ejecutivo no sólo está incumpliendo la Ley 30640, sino también los compromisos internacionales asumidos en las Conferencias de las Partes contra el Cambio Climático y la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga al Estado a velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos. Asimismo, no podemos continuar haciendo uso desmedido de nuestros recursos hídricos y destinarlos mayoritariamente para actividades extractivas o para las grandes agro exportadoras, olvidándonos de las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios y la población en general.

Cabe señalar que, mi región Cajamarca, diversos gremios de productos agrarios, Frentes de Defensa, rondas campesinas, vienen convocando para el 06 de febrero una jornada de lucha, anunciando un paro indefinido, si el Ejecutivo continúa postergando la aprobación del Marco Metodológico. En ese sentido, denunciamos que el Ejecutivo –ante sus constantes incumplimientos ambientales– será el único responsable de la exacerbación de conflicto social y de cualquier acto confrontacional que se realice en dicha paralización.

Finalmente, reafirmo mi compromiso con la defensa del buen vivir y la búsqueda de la justicia ambiental, para el aseguramiento de las generaciones futuras y hacer frente al cambio climático, por un país ambientalmente sostenible, para el cual hemos venido aprobando importantes leyes como la Ley de Cabecera de Cuenca y, la Ley Marco de Cambio Climático en el Perú.

Marco Antonio Zegarra

Congresista de la República

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GOLD FIELDS ASUME RESPONSABILIDAD DE FUGA DE RELAVES HACIA LA QUEBRADA LA HIERBA

Incidente se registró [el domingo 16 de Diciembre] a las diez de la mañana al colapsar tubería en sus instalaciones.

El colapso de una de las tuberías de relave de la empresa minera Gold Fields afectó la quebrada La Hierba, en la jurisdicción de Hualgayoc. El incidente se registró hoy domingo 16 al promediar las 10 de la mañana.

El incidente trajo como consecuencia la descarga de agua con contenido de relaves, por lo que la empresa minera activó su plan de respuesta a emergencias y se implementan las medidas necesarias para controlar el evento, informaron esta tarde a través de un comunicado oficial.

En el comunicado indican que la presa de relaves no ha tenido ningún impacto y mantiene sus buenas condiciones de estabilidad y seguridad

La compañía informó que están haciendo un análisis interno de las causas que dieron origen al incidente y la evaluación de potenciales impactos para implementar medidas de remediación necesarias

El juez de paz de Bambamarca se habría hecho presente en la zona para constatar los hechos.

 

Fuente:http://www.grufides.org/blog/gold-fields-asume-responsabilidad-de-fuga-de-relaves-hacia-la-quebrada-la-hierba

Panamá, Sin categoría

Panamá: minería arrasa con bosques del Corredor Biológico Mesoamericano

  • Imágenes satelitales registradas entre setiembre y noviembre de este año muestran el avance de la deforestación en el área de influencia de un proyecto operado por la empresa Minera Panamá.
  • El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) de Panamá, organización no gubernamental ambientalista, alega que la empresa opera bajo un contrato ilegal y existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido este año que les da la razón.

Desde el aire se observa la devastación y en la superficie se escuchan las voces sobre la consecuencias ambientales del desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto en cerro Petaquilla. Una garita de seguridad y un letrero te advierten que has llegado a una de las entradas del proyecto por el área de Molejón, Coclesito, al norte del país, a 180 kilómetros de la ciudad Capital.

La deforestación empezó con la explotación de oro por la empresa de capital panameño Petaquilla Gold y ha continuado con la explotación de cobre por parte de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

Petaquilla Gold y Minera Panamá son dos empresas distintas, pero con un mismo norte: la explotación de minerales en cerro Petaquilla bajo un solo contrato avalado por la Asamblea Nacional (Congreso)  y la destrucción de bosques en un área con una alta biodiversidad regional: el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México.

En Panamá, esta joya natural se ha visto gravemente afectada y su destrucción empezó hace 10 años. En este reportaje se presentan imágenes satelitales que muestran el avance acelerado de la deforestación, como consecuencia de las actividades mineras que devastan uno de los pulmones de Panamá, y la historia detrás con un equipo de Mongabay Latam recorriendo la zona.

 

La deforestación en cifras

 

La concesión, otorgada mediante contrato ley No. 9 del 25 de febrero de 1997, abarca un área de 13 000 hectáreas que equivale más o menos a 60 veces el tamaño del distrito Capital. De esta cifra no se tiene claro qué porcentaje ha sido destinado al proyecto de cobre que desarrolla Minera Panamá, pero en el estudio de impacto ambiental de la obra se especifica la cantidad exacta de afectación: 5900 hectáreas, de las cuales alrededor de 5500 son bosques tropicales de tierras bajas, 320 hectáreas que ya han sido devastadas por “actividades antropogénicas” y 25 hectáreas que corresponden a cuerpos de agua y ríos de agua dulce. Tres importantes cuencas hidrográficas están dentro del área de influencia de la minería: río Petaquilla, río Caimito y río San Juan, estos dos últimos, a su vez, cuentan con ocho afluentes.

“Se ha demostrado que las actividades de desbroce del bosque tropical podrían provocar cambios en las condiciones climáticas y biológicas locales en los bosques adyacentes a las áreas devastadas”, reconoce el estudio de impacto ambiental que realizó Minera Panamá, que a diferencia de Petaquilla Gold esperó la aprobación del documento por la Autoridad Nacional de Ambiente, ahora, Ministerio de Ambiente para iniciar los trabajos de construcción.

El impacto de esta actividad minera se puede observar en las imágenes satelitales que muestran la progresión de la pérdida de bosque primario en el área de influencia del proyecto, un espacio que permanecía intacto hasta el año 2000.

 

La mina está ubicada en un área de bosque primario que permanecía intacto hasta el 2000. Los datos satelitales de la Universidad de Maryland registraron casi 4500 alertas de deforestación.
La mina está ubicada en un área de bosque primario que permanecía intacto hasta el 2000. Los datos satelitales de la Universidad de Maryland registraron casi 4500 alertas de deforestación.

 

Los datos proporcionados por la Universidad de Maryland muestran evidencia reveladora: 4500 alertas de deforestación en el área en el que opera la empresa. Solo basta observar el mapa para confirmar cómo se sigue despejando el bosque con estas imágenes que han sido registradas entre el 8 de setiembre y el 24 de noviembre de este año.

 

Para corroborar lo que las imágenes mostraban un equipo de Mongabay Latam viajó a la zona.

El sábado 10 de noviembre de este año, el calor era incesante en Coclesito, la humedad agobiaba y de vez en cuando caía una llovizna. La presencia de la empresa Minera Panamá es notoria en la comunidad: camiones y autos con el logo de la empresa que circulan en ambas direcciones por las dos únicas calles del pueblo, y personas que caminan vestidas con la ropa de trabajo de la minera.

La empresa reparó y construyó la carretera hasta Coclesito, y siguió hasta llegar al proyecto al que nadie, excepto los empleados, pueden entrar. La entrada a la planta minera es custodiada por un guardia de seguridad privado que vigila quién entra y quién sale.

Si bien la seguridad de la empresa impidió el ingreso a la nueva zona deforestada, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), una organización no gubernamental dedicada a la conservación, que sigue el caso desde hace nueve años y que ha realizado por lo menos tres sobrevuelos en la zona para documentar fotográficamente la destrucción del bosque, confirmó que existe un impacto en el área. El último sobrevuelo se realizó hace ocho meses.

En las fotografías del Ciam se observa una inmensa mancha gris rodeada del verde bosque. Las imágenes, además de visualizar la devastación, demuestran toda la erosión que se produce.

Donde antes había árboles, vida y un Corredor Biológico funcionando, ahora, hay tierra pelada, maquinarias y destrucción. Este daño tiene el aval del Estado con la aprobación, primero de la concesión, y segundo del estudio de impacto ambiental.

 

 

Ciam demandó en el 2009 el contrato ley ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, al considerar que no cumplió con normas vigentes que obligaba al Estado a realizar una licitación pública para otorgar una concesión minera y por los daños ambientales que ocasiona la minería a cielo abierto. Después de nueve años, el 24 de setiembre último, la Corte falló a favor de la organización ambiental. Los ambientalistas celebraron la decisión, pero desde las estructuras gubernamentales la reacción frente al fallo fue la de mantener la operación de Minera Panamá.

Para este reportaje se intentó contar con la versión del Ministerio de Ambiente y de la empresa, pero al cierre del artículo no hubo respuesta a las preguntas enviadas.

De acuerdo a la página web de la empresa, la fase de construcción tiene un avance del 73 % y se tiene previsto que la fase de operación inicie en los primeros meses de 2019. También señala que ha reforestado 1500 hectáreas. Las normas ambientales del país permiten que la reforestación se realice en cualquier parte del territorio nacional.

La empresa llegó y movió la economía local en una comunidad que apenas alcanza los 2819 habitantes, de acuerdo a las estimaciones de la Contraloría a julio de 2018. La empresa duplicó esa cifra en empleo y en su página web señala que cuenta con 8500 “colaboradores panameños”. Aunque para algunos es lo que deseaban, para otros no es más que “pan para hoy, hambre para mañana”.

Digno Herrera es delgado, de tez morena y de acento fuerte, su voz se eleva cuando habla de los daños de la minería a cielo abierto y de los problemas que ha enfrentado por oponerse al proyecto. Sentado en el centro del portal de su casa en Coclesito sentencia: “la minería es incompatible con la agricultura y en estas comunidades rurales solo hay dos formas de ganarse la vida: produciendo la tierra o trabajando para una empresa”. Después de la minería, no hay mayores inversiones en la zona que generen empleo y los  proyectos mineros tienen fecha de caducidad.

“Las personas, especialmente los jóvenes, hoy tienen un ingreso por el empleo que ofrece la empresa, pero mañana ¿qué tendrán?”, se pregunta Herrera. El daño de la minería a cielo abierto es socioambiental, reflexiona.

Digno Herrera es uno de los fundadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples que se creó en el 2011, con la finalidad de desarrollar un proyecto de siembra de cañas verdes (bambú) para su aprovechamiento y la protección de las cuencas de los ríos. Además de la producción de ciertos productos agropecuarios.

La iniciativa se ha visto un poco frustrada. A pesar que la Cooperativa logró sembrar unas 10 hectáreas de la especie, las autoridades locales ordenaron talarlas aduciendo que la zona forma parte de la concesión minera, se queja Herrera. El tema se mantiene en los tribunales por una denuncia que presentó la Cooperativa contra las autoridades.

Para Herrera estos problemas son “gajes del oficio” por la lucha que mantienen contra la minería y no solo en la zona, sino en el resto del país porque se han unido a otros movimientos que se oponen a este tipo de proyectos.

 

Cultivos que desaparecen

 

Coclesito mantuvo una producción de café y de palma de pixbae. Esta última crecía de manera tal que permitía la comercialización y un uso como alimento de las aves de corral.

Desde que se instaló la minería en la zona, la producción de pixbae disminuyó drásticamente. Lo dice Herrera y una se sus compañeras, Estelina Santana.

Los campesinos han dejado de producir café para irse a trabajar con la minería y las palmas de pixbae florecen, pero no se desarrollan. Las flores se caen.

Santana vive en Nuevo San Juan, una de las comunidades cercanas al proyecto minero. Desde su casa se escucha el ruido de la corriente del río San Juan, que ella ha dejado de usar por temor. “Nos han dicho que el río está contaminado y hemos preferido mejor no usarlo”, dijo.

Antes de que se instalara la minería, las comunidades se abastecían del agua del río. Ahora, las tomas de agua están ubicadas en los puntos altos para evitar cualquier contacto con sustancias  contaminantes.

“Si bien es cierto la empresa minera ha traído a las comunidades algunos beneficios como las construcción de las calles, en materia ambiental estamos fregados por la contaminación”, argumentó Santana acostada en una hamaca. “El río no lo usamos ni para bañarnos”, indicó.

Santana hizo énfasis en el fenómeno de las palmas de pixbae. Para ella es inexplicable que después de tener una producción masiva de pixbae, ahora, se tenga que conformar con ver las palmas solo florecer. El pixbae jugaba un papel fundamental. Los residentes lo usaban para el consumo y la venta, y también de alimento para las gallinas y puercos. Nadie, absolutamente nadie le ha dado una explicación de por qué las palmas no producen pixbae.

El Centro de Incidencia Ambiental tiene la explicación científica a la interrogante de Santana. Isaías Ramos es un biólogo que labora para la organización y como buen maestro de la ciencia alega que para llegar a una conclusión exacta de lo que ocurre con las palmas de pixbae hay que realizar estudios de suelo, igual que para determinar la contaminación del río San Juan habría que tomar muestras del agua.

Pero desde la teoría se permite hacer algunas aseveraciones que dan luz para entender la realidad. “Quizás a las palmas no les está pasando nada, pero a causa de las sustancias químicas que se utilizan en todo proyecto minero hayan matado los insectos que polinizaban las palmas y al no haber polinizadores las flores no dan frutos y se caen” argumentó.

A esto, el biólogo lo llama “efecto indirecto” de la minería. “Al no haber polinizadores naturales no se produce y eso pueda estar sucediendo no solo en las palmas de pixbae, sino en varios tipos de especies”, añadió.

El estudio de impacto ambiental establece que se perderá materia orgánica del suelo durante las fases de construcción y operaciones, y la contaminación “puede producirse como consecuencia de derrames y fugas”, sin embargo, no especifica qué sustancias podrían derramarse. Como consecuencia de la pérdida neta en la materia orgánica del suelo y los cambios en los ciclos bioquímicos de la tierra, se producirá un suelo menos fértil y una pérdida de zonas cultivables. El documento recomienda recuperar el equilibrio de la materia orgánica del suelo durante la fase de cierre y poscierre del proyecto.

Ramos analiza otra realidad ambiental que a simple vista no se detecta. Como consecuencia de la destrucción de los bosques se hace un rescate de fauna, sin embargo, este rescate se centra en los animales grandes, pero no en lo pequeños como los insectos que juegan un papel fundamental en la producción de alimentos por la polinización. “A nadie se le ocurre rescatar, por ejemplo, murciélagos y esos animales tienen una importancia biológica significativa para el medio ambiente”, argumentó.

Para Ciam es “evidente el mal manejo” del tema minero en Panamá, donde las autoridades solo dan importancia a las ganancias y se olvidan de garantizar la calidad de vida a la población.

El fraccionamiento del Corredor Biológico Mesoamericano y los daños ambientales al final los paga Panamá y las poblaciones que viven en los alrededores de este ecosistema afectado por la actividad minera.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/12/panama-mineria-arrasa-con-bosques-del-corredor-biologico-mesoamericano/

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Convocatoria Curso-Taller intensivo “Desarrollo y Extractivismos. Alternativas al Desarollo y Post-Exctractivismos

 

Convocatoria a participar en Curso-Taller intensivo

DESARROLLO Y EXTRACTIVISMOS.

ALTERNATIVAS AL DESARROLLO Y POST-EXTRACTIVISMOS

Martes 4 de diciembre al Jueves 6 de diciembre, Santiago, Chile

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina [OCMAL] en conjunto con el Centro Latino Americano de Ecología Social [CLAES] anuncian la realización de un nuevo curso taller intensivo abordando los extractivismos actuales y sus alternativas.

Objetivos de Curso-Taller

El objetivo del taller es abordar, en primer lugar, las estrategias de desarrollo predominantes en América Latina, enfocando en especial los distintos tipos de extractivismos. Se abordaran sus impactos locales y sus efectos derrame. En segundo lugar, se presentarán las transiciones hacia un post-extractivismo, con ejemplos concretos de iniciativas en distintos países, y los modos en cómo se articulan los niveles local, nacional y global. Este curso-taller acompaña similares procesos que están en marcha en otros países sudamericanos y es un paso más en la exploración de alternativas que viene promoviendo OLCA desde hace más de 20 años.

Docentes y ponentes

Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), viene promoviendo desde hace más de una década talleres y análisis sobre post-extractivismos, aportará las visiones en el continente. Oscar Campanini, del CEDIB de Bolivia es un especialista en extractivismos mineros y en los conflictos sobre la gestión del agua, y explora abordajes innovadores en la gestión territorial. Lucio Cuenca de OLCA de Chile, trabaja hace más de veinte años en analizar y denunciar las injusticias socioambientales en Chile, además, es especialista en los distintos extractivismos en Chile y en la gestión de conflictos, siendo parte de diversas articulaciones a nivel latinoamericano e internacional. Alejandra Donoso, Directora Ejecutiva de Defensoria Ambiental, abogada de la Universidad de Chile, con una maestría en Derechos Humanos, actualmente docente de la Clinica Ambiental de la UDP ha acompañado a diversas comunidades en la defensa de sus derechos socioambientales.

Informaremos de otros docentes y ponentes a medida que se confirmen sus participaciones.

Estructura y temario

El curso-taller es de carácter intensivo, alternándose momentos de presentaciones, discusiones en plenario y trabajo grupal. Es indispensable la presencia en todas las jornadas del curso-taller. El temario está organizado en 5 módulos:

Módulo 1. Introducción al desarrollo convencional y a los extractivismos. Conceptos, ideas, historia, etc. Impactos locales de los extractivismos y efectos derrame.

Módulo 2. Extractivismos actuales en América del Sur. Casos clave para distintos sectores. Énfasis en energía e implicancias para el cambio climático. Conflictos ambientales en los extractivismos. Inserción global.

Módulo 3. Extractivismos en el país / región. Aporte de los invitados al taller presentando la situación local y nacional.

Módulo 4. Alternativas a los extractivismos. Concepto de post-extractivismos. Modelos y opciones. Casos de estudio en América del Sur.

Módulo 5. Post-extractivismos como alternativas al desarrollo. Crítica al desarrollo y alternativas. Horizonte del Buen Vivir.

En el curso-taller se dará acceso a una amplia biblioteca de libros, artículos y reportes sobre todos los temas tratados.

Condiciones, costos y asistencia

El curso se inicia el martes 4 de diciembre a las 9:30 hrs, en sesiones a jornada completa ese día y el miércoles 5 de diciembre; y finaliza el jueves 6 a las 13 hrs.

El curso-taller está especialmente diseñado para integrantes de organizaciones socioambientales, líderes locales, organizaciones sociales, ONGs de distinto tipo, autoridades locales y regionales, profesionales involucrados directamente en la temática, etc.

Las y los interesados en participar deben postular y existirá un proceso de selección. La participación es SIN costo, pero es indispensable la asistencia completa en la total duración de los dos días y medio del taller. Si usted se inscribe en el taller asume ese compromiso.

Actividad paralela

El jueves 6 de diciembre celebraremos un foro:

“La Naturaleza como sujeto de Derechos: Desafíos y nuevas perspectivas para una discusión país ante la crisis ambiental”

En el foro se discutirán otros modos de relación con la Naturaleza y se presentará la iniciativa del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza.

Proceso de Postulación y Selección

Las y los interesados en participar deben enviar su pedido por correo-e, indicando:

  1. Nombre completo y oficio/profesión
  2. Nombre de su comunidad, organización social, institución, etc.
  3. Una breve explicación de las razones por las cuales desea participar en el taller

Enviar las solicitudes a la siguiente dirección de correo: [email protected]

A quienes sean aceptados, se les requerirá que asegure por escrito su compromiso la participación completa.

Las y los participantes aceptados recibirán una confirmación y los datos sobre el lugar del taller vía correo-e. Una vez finalizado el taller, se entregará un diploma de certificación de participación.

Sin categoría

Protestan contra la minería a gran escala en el páramo de Santurbán

Un grupo de mineros protesta este martes en California, Santander. Estas personas solicitan que se impida la minería a gran escala en inmediaciones del páramo deSanturbán y piden fortalecer la minería artesanal.

Cerca de 150 personas realizan una protesta pacífica en California, Santander. Entre sus solicitudes se encuentra la realización de una consulta popular para impedir la minería a gran escala en ese municipio y exigen que el gobierno nacional proteja a los mineros artesanales.

Fredy Suárez García, minero residente en la vereda Angosturas, explicó a Vanguardia.com que la jornada se inició hacia las 3:00 a.m. de este martes. “Queremos darle a conocer al país que Minesa quiere acabar la minería artesanal. Ellos dicen que los apoyamos al 100%, pero no es verdad”.

De acuerdo con el minero, uno de los objetivos de la protesta es promover una consulta popular para “decirle no a la megaminería y sí a la minería artesanal. No queremos que desaparezca la minería que se viene haciendo desde hace 450 años”.

El líder aseguró que se oponen a los grandes proyectos mineros, puesto que podrían traer consecuencias al medioambiente, especialmente a las fuentes hídricas en sectores como San Antonio de Padua. “Se afectaron tres yacimientos de agua que Minesa secó en etapa de exploración. Las fincas quedaron sin agua”, denunció.

Los protestantes señalan que sienten temor de que se afecte el suministro de agua de municipios como Bucaramanga, California, Suratá y Matanza.

De acuerdo con Fredy Suárez García, es falso que la multinacional Minesa, propiedad de la compañía Mubadala de Abu Dabi, brinde empleo a los mineros nativos de Soto Norte. “La gente está pasando necesidades. Han traído gente foránea a trabajar, a los de aquí no nos contratan para nada. Trajeron personas con malas mañas”.

Fredy recordó que en primer lugar Minesa adquirió los títulos mineros y les prometió empleo. “Al principio nos dieron trabajo, pero ahora la situación actual es de cero empleo. Acá dependemos netamente de la minería”.

Además, el hombre asegura que hay una persecución por parte de las autoridades para criminalizar a los pequeños mineros. “Nos tienen el ejército y la policía encima. Judicializan gente que lo único que llevan en mano una varilla o una porra. Nos tildan de ilegales, pero nosotros no empleamos dragas, retroexcavadoras ni armas”.

Entre tanto, Suárez lamenta que pobladores de California tengan que acudir al ‘rebusque’ que para sobrevivir, ya que no les brindan un empleo formal, ni les permiten desarrollar minería artesanal. “Ahora hago rifas, cuando hay algún evento monto una casete para vender cerveza”.

Alcaldía evalúa la situación

Ludvin Valbuena García, secretario de Gobierno de California, expresó que las autoridades verifican la situación que se registran en California pues aún desconocen los detalles que motivaron la protesta. “Algunas personas se ubicaron en la parte alta del municipio, que conduce a la zona minera y donde ubicaron pancartas”.

Los protestantes permanecen a un costado de la vía que conduce de California a Vetas, así como a las veredas La Baja y Angosturas. No se registran restricciones de movilidad en la región. “Hay completa normalidad, no hay algún hecho que altere el orden público”, afirmó el funcionario.

“Seguiremos siendo mineros”

Maryluz Lizcano, representante de Asomiprosoto, asociación que integra a 25 familias de pequeños mineros, indicó que aunque no participaron en la protesta sí solicitan al Gobierno Nacional garantías para que los mineros artesanales desarrollen esta actividad.

Lizcano considera que se debe avanzar en la formalización de esta labor. “Desde hace más de 17 años le hemos insistido al Estado que California ha cambiado su composición económica. Hay grandes industrias en el territorio, pero por otro lado estamos los minero tradicionales que hemos desarrollado este trabajo ancestral”.

El objetivo que quieren lograr los pequeños mineros es ser reconocidos para diseñar estrategias que permitan que su trabajo sea sostenible. “En el desarrollo también tienen que caber estas experiencias de vidas únicas. El minero ancestral tiene toda la secuencia de la vocación minera de California. Somos mineros y seguiremos siendo mineros. La minería es nuestra única fuente de vida”.

Consejo de Seguridad

En la tarde del pasado martes se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que representantes de la Alcaldía de California, el Ejército, la Policía Nacional entablaron el diálogo con la comunidad.

Minesa anunció que miércoles se reunirá con las autoridades para conocer detalles de la problemática. Por ahora, la compañía recalcó que la situación de desempleo se agudizó en la región de Soto Norte por la restricción de las actividades mineras y agropecuarias por la delimitación del páramo de Santurbán.

La multinacional precisó que el proyecto que permanece en etapa exploratoria genera 296 empleos, de los cuales 191 son de California.

Minesa advirtió que parte del malestar de la comunidad se desató por los procesos de judicialización por parte del Estado “que han generado inconformismos en los mineros ilegales del área”.

La empresa destacó que se desarrolla un proyecto para formalizar el trabajo de 205 mineros informales y 62 tradicionales, que busca que estas personas puedan explotar minerales en 22 hectáreas de títulos de propiedad de Minesa.

Fuente:https://www.vanguardia.com/economia/local/video-446600-protestan-contra-la-mineria-a-gran-escala-en-el-paramo-de-santurban

Honduras, Sin categoría

Iglesia Católica de Tocoa respalda lucha contra la minería

Un total respaldo ofreció la Iglesia Católica a través de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, a los pobladores de las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, quienes protestan por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, Cuaca, Tocoa y Taujica, contaminados por la empresa minera Los Pinares.

Decenas de pobladores y pobladoras establecieron un campamento de pacífica contra la minería y en defensa del agua y la vida en la región. Fue instalado desde hace más de 40 días frente a las instalaciones de la Empresa Minera Los Pinares, la cual ha destruido dos ríos en el sector de Guapinol, según denunciaron pobladores y defensores de derechos humanos que participan de la protesta. El 07 de septiembre de este año guardias de dicha empresa llegaron a atacar a la gente, según denunciaron organizaciones de derechos humanos de la zona.

Iglesia respalda lucha

A través de un comunicado los líderes católicos dieron a conocer su posición sobre el conflicto.

La empresa minera ha iniciado una campaña de desprestigio y señalamientos en contra de Juan López, un dirigente que lucha incansablemente por conservar los recursos naturales y en defensa del Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía, que pretende explotar la compañía Los Pinares con seis proyectos mineros.

Comunicado público de la Iglesia Católica ante el conflicto por la defensa del agua y la vida

La Iglesia Católica de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, ante el conflicto por la defensa del agua y la vida; ante la campaña mediática impulsada por la empresa minera Inversiones Los Pinares y los señalamientos, acusaciones e incriminaciones a líderes y organizaciones miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Las personas deben ser respetadas en todos los derechos que son inherentes a su dignidad humana: El derecho al agua, al ambiente habitable, a la salud, a la educación, a la seguridad física, moral y alimentaria, a la vivienda y al territorio. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo sostenible que hace posible la paz.

2. Que la población en el Municipio de Tocoa está en alto riesgo por seis proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía que suman tres mil quinientas hectáreas de territorio, ya tienen en grave peligro a las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, corriendo la misma suerte los ríos Cuaca, Tocoa y Taujica.

3. Rechazamos los señalamientos y criminalizaciones directas de la empresa minera Inversiones Los Pinares, junto a algunos líderes de Ceibita y de San José García a fines a la minería, hacia la persona de Juan López, representante de la Iglesia Católica de la parroquia de Tocoa y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

El hermano Juan López es miembro activo de la Iglesia Católica, reconocido por su integridad ética, moral, política, social y religiosa. Por tanto expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor de Juan López como coordinador del Comité y se respete la integridad física y moral de todas las personas que participan en las manifestaciones pacíficas en defensa del agua y la vida.

Igualmente lamentamos y rechazamos las acusaciones y señalamientos hacia la Fundación San Alonso Rodríguez, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), comunidades y sectores miembros del Comité. Ratificamos nuestra decisión en la defensa de la “casa común” a través del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos, expresión organizativa y democrática del pueblo.

4. Desde nuestra fe la Iglesia defiende la justicia y la vida; y en el espíritu del Evangelio no estamos de acuerdo con el quebrantamiento de derechos fundamentales como el agua y el ambiente habitable en nombre del desarrollo. Expresamos cristianamente nuestro rechazo a estos proyectos extractivos que han provocado la indignación de las comunidades desde el movimiento social en defensa de sus derechos Constitucionales.

5. Al gobierno Municipal de Tocoa y al Gobierno central les recordamos su obligación de escuchar y atender el pueblo al cual se deben y ser coherentes con sus obligaciones ante esta situación que está exigiendo justicia.

6. Retomando el último comunicado de la Diócesis de Trujillo (26/08/18) exigimos la cancelación de todos los proyectos extractivos del municipio de Tocoa “y, con la plena participación de toda la ciudadanía, se construya un proyecto de desarrollo integral en el cual la ecología y el ambiente estén en la base de dicho desarrollo”.

7. Llamamos a las Comunidades Eclesiales de Base, áreas pastorales y movimientos con sus agentes de pastoral y pueblo católico en general, así como las diversas iglesias cristianas y organizaciones comunitarias, a unirse a la lucha pacífica exigiendo espacios de participación ciudadana que lleven a solucionar de raíz el conflicto.

Igualmente profundizar en la formación y organización sólidas a través de asambleas informativas y formativas desde los comités locales de defensa de los bienes comunes y públicos. Proceso de formación y organización desde la fe que necesariamente lleva a la justicia social. Como señala nuestro Obispo Luis Solé: “Si vamos a defender el Bien Común no podemos hacerlo dejando de lado nuestra FE. Y es desde nuestra FE que queremos “hacernos cargo de la realidad”, “cargar con ella” y “encargarnos de ella”.

Qué la Palabra de Jesús sea alentadora en estos momentos: “Felices ustedes si los hombres los odian, los insultan y los consideran delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo” (Lc 6,22-23).

Parroquia San Isidro Labrador, Tocoa, Colón, 12 de septiembre, 2018.

Fuente:http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2278-iglesia-catolica-de-tocoa-respalda-lucha-por-el-agua-y-la-vida

Latinoamerica, Sin categoría

AMÉRICA LATINA: Mujeres resisten al extractivismo

La defensa de su territorio, del agua, de sus fuentes de alimentación son los principales motivos por los que las mujeres se enfrentan a las industrias extractivas.

Los proyectos extractivos, principalmente la minería, tienen consecuencias devastadoras para las vidas de las mujeres indígenas y campesinas al poner en riesgo el medio ambiente, el agua, sus culturas, medios de supervivencia y territorios.

Según las participantes en el Encuentro Internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, llevado a cabo en Montreal, Canadá, del 27 al 29 de abril del 2018, “la industria extractiva contamina y elimina las principales fuentes de agua de su región. Ante la pérdida de este recurso vital, las mujeres sienten que están perdiendo su autonomía. La soberanía alimentaria, por su parte, es cada vez más difícil de lograr cuando un megaproyecto de minería o hidroeléctrica se instala cerca. A menudo, el establecimiento de una compañía minera impide que las comunidades practiquen la agricultura. Las mujeres se ven privadas de sus medios de subsistencia y de los recursos financieros necesarios para su autonomía”.

Por tratar de proteger su territorio y seguir trabajando la tierra, agregaron, las mujeres son víctimas de la represión y privadas de sus derechos fundamentales.

Mujeres han sido asesinadas por defender su territorio ante la voracidad de las industrias extractivas, como es el caso de la hondureña Berta Cáceres, ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca, cuya muerte en marzo del 2016 fue ordenada por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca.

O son criminalizadas como la peruana Máxima Acuña, por la férrea defensa de su territorio donde la minera Yanacocha pretende explotar una mina de oro y cobre a cielo abierto en las alturas del departamento norandino de Cajamarca, destruyendo las fuentes de agua. Cáceres y Acuña recibieron el Premio Medioambiental Goldman, como un reconocimiento a sus esfuerzos por proteger el medioambiente, con frecuencia con gran riesgo personal.

Contra la minería legal e ilegal
Este año, Francia Márquez, activista y líder comunitaria colombiana de la localidad de La Toma, en el suroccidental departamento de Cauca, fue galardonada con el Premio Goldman por su lucha contra la minería legal e ilegal.

Márquez sostiene que en esa región del país, no sólo no hay presencia del Estado, sino que la población no tiene agua potable, los niños no tienen acceso a educación de calidad y mucha gente que ha sido desplazada por el conflicto armado vive en la miseria en las ciudades.

La resistencia contra las concesiones mineras entregadas sin consulta a la población significó que en el 2009 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) declarara a la comunidad como “perturbadora de mala fe”, que es considerado delito en Colombia. A partir de entonces Márquez junto con abogados y organizaciones afrodescendientes, libró una batalla que terminó con un fallo de la Corte Constitucional en el 2010 reconociendo su territorio como ancestral. Sin embargo, las concesiones mineras no han sido canceladas, sino suspendidas.

En Centroamérica, la red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llevó a cabo una caravana entre el 7 y el 17 de enero del 2018 que recorrió Guatemala, Honduras y El Salvador, para denunciar las afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres.

“Como mujeres participantes en este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos”, manifestaron las impulsoras de la caravana en un comunicado.

Xiomara Gaitán, representante de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras, declaró al diario digital salvadoreño Contrapunto que “la mayoría de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres que luchan desde los territorios en Centroamérica, donde se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos”.

Violencia, estigmatización y criminalización
La red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llamó la atención que “el contexto de violencia, estigmatización y criminalización a que estamos expuestas las mujeres que luchamos desde nuestros territorios en Centroamérica hace que la defensa de los derechos humanos no sea tarea fácil”, poniendo como ejemplo el caso de Honduras donde desde el 2015 se han impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, “cuyo delito ha sido exigir derechos legítimos como derecho a la tierra y el poder defender los bienes naturales de sus comunidades”.

En un artículo publicado en enero del 2016, el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), con sedes en Colombia y México, precisó que las mujeres en contextos de minería en América Latina “viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras”.

“Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo”, indicó. “Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada. Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico”.

El CELEAM enfatizó que la exposición de las mujeres al polvo que contiene metales pesados impacta en su salud reproductiva, incrementando los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

“La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos”, señaló.

El artículo hizo mención al caso de la minera Cerrejón, en Colombia, donde desde hace más de tres décadas se explota carbón a cielo abierto en el departamento nororiental de La Guajira.

“Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería”, afirmó el CELEAM.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/america-latina-mujeres-resisten-al-extractivismo/

Colombia, Sin categoría

“Delimitación de páramos debe ser concertada con las comunidades”: Ambientalistas

Durante el fin de semana fue noticia, la firma de Juan Manuel Santos, que dio el aval para la delimitación de siete páramos del país: el de Perijá, en Cesar; Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander; Citará, en los límites de Antioquia y Chocó; los nevados de Sotará y Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila y, el de Doña Juana-Chimayoy en Cauca, Nariño y Putumayo.

“Con estas nuevas delimitaciones alcanzamos 2.064.091 hectáreas y seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestra meta. Esto hace parte de las acciones en materia de conservación y que son complementarias a nuestra meta de dejar más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas al final de este gobierno”, dijo el Presidente Santos.

Con bombos y platillos se anunció que el gobierno ha cumplido con la delimitación de 30 de los 37 ecosistemas que tiene Colombia, teniendo en cuenta que el país posee el 50% de los páramos del mundo. Sin embargo, organizaciones ambientalistas alertan sobre la necesidad de que se tenga en cuenta la participación de las comunidades en esas delimitaciones, pues este es uno de los aspectos que no se tienen en cuenta, y por lo cuál se han derivado todos los problemas relacionados con la fallida delimitación del Páramo de Santurbán. (Le puede interesar: ¡Santubán no está en venta!)

La participación de las comunidades

La delimitación permite que se cree un blindaje sobre esa área, e implica que se desarrolle un plan de ordenamiento y manejo dentro de la zona. Sin embargo, de acuerdo con Margarita Flores, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, el problema histórico con las delimitaciones es que no se ha tenido en cuenta la participación de las comunidades que durante décadas han hecho presencia en esos territorios, ya sea porque encontraron oportunidades económicas a partir de la agricultura, o porque son víctimas de desplazamiento, entre otras razones.

“Creo que tener un nivel de protección es bueno para el ecosistema y da seguridad a las personas que allí viven para que mediante reconversiones de sus actividades pudieran desarrollar labores compatibles con el ecosistema y su conservación”, explica Flores.

En esa misma línea, Juana Hofman, directora de Justicia Ambiental, también ve como prioridad la participación de los pobladores. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional sobre esa materia. Allí se dicta que se debe involucrar a todos los actores, es decir, no solo a las comunidades sino también a las empresas que han tenido títulos mineros, lo cual abre una puerta a que no se garantice el blindaje del ecosistema, y en cambio, prevalezcan intereses económicos.

“¿Cuál es el sentido de la participación? no significa entrar a concertar lo científico, de lo cual ya tenemos certeza. De lo que se trata es de reconocer aquello que allí ha estado en este tiempo”, dice Hofman.

El problema de la entrega de títulos mineros

Lo importante con la delimitación es que se crea el acto administrativo en el cual se dice qué, dónde, y cómo son las actividades compatibles con dichos territorios. En ese sentido, sobre lo que sí se ha manifestado expresamente la Corte Constitucional, es sobre la prohibición de actividades mineras en zonas de páramo.

El problema es que, cuando en el año 2016 el alto tribunal tomó esa decisión, la Agencia Nacional de Minería informó que estaban vigentes 473 títulos mineros en páramos, 284 en fase de explotación, 136 en construcción y montaje y 53 en exploración. Esto, teniendo en cuenta que en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fueron entregados 391 títulos mineros sobre páramos en cerca de 108.000 hectáreas, pero además esta política se intensificó en con la locomotora minero-energética con Juan Manuel Santos.

Al respecto, Margarita Flores califica esa desenfrenada forma de entregar títulos mineros, como “un pecado original”, pues se dieron “sin ningún criterio ambiental”. En esa línea, propone cambiar le régimen del Código de Minas pues es “obsoleto”, y por tanto, “se deben desconocer los títulos mineros si existen razones ambientales y sociales”, expresa. ¿Pago por servicios ambientales?

Teniendo en cuenta que” delimitar a los páramos, no es sacar a la gente”, se debe pensar en un mecanismo para compensar a la gente que en sus manos tiene la protección del ambiente. Es así, como la directora de Ambiente y Sociedad propone el pago por servicios ambientales. “Si hay fondos para compra de predios, se debería invertir en proyectos de manejo sostenible de páramos. Si hay plata para servicios ambientales, deben ser recursos para la gente que ayuda a conservar el ecosistema”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/delimitacion-de-paramos-debe-ser-concertada-con-las-comunidades-articulo-50801/