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SOCIEDAD CIVIL HACE UN LLAMADO A SEDAPAL A DEFENDER EL AGUA DE LIMA

15/02/2021
Imagen: El Montonero
En un pronunciamiento publicado hoy, diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a la empresa proveedora de agua potable de Lima, Sedapal, para que mantenga una firme defensa de ese recurso natural en el proceso legal que se viene llevando contra el proyecto minero Ariana que pondría en riesgo las fuentes de agua de la ciudad.
“Ante la grave amenaza que representa este proyecto minero para el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima, por la posible ocurrencia de fenómenos naturales o fallas humanas que pudieran ocasionar un desastre como los ocurridos en otros países (Brumadinho, Mariana, Golfo de México), las organizaciones abajo firmantes exhortamos a SEDAPAL a mantener su firme defensa de nuestras fuentes e infraestructura de agua,” se señala en el comunicado, que cuenta con firmas de más de 40 organizaciones de la sociedad civil peruana.

Cabe recordar que el Poder Judicial ha citado a la empresa Sedapal para escuchar su posición frente al proyecto minero Ariana, que según diversas opiniones técnicas y de la sociedad civil, pondría en riesgo al acceso al agua potable de más de 10 millones de peruanos en Lima y Callao.

La jueza Rocío Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y a cargo del caso, ha convocado a una audiencia para el 17 de febrero, antes de dictar sentencia sobre la demanda interpuesta contra la construcción del proyecto minero por parte de organizaciones de la sociedad civil, como son CooperAcción, Instituto de Defensa Legal, ex congresistas como Marisa Glave, Katia Gilvonio, técnicos independientes, entre otros.

Asimismo la empresa de agua potable Sedapal pidió a la jueza Rabines declarar fundada la demanda contra el proyecto minero Ariana, en un reciente escrito que fue remitido en enero de 2021. La institución ha sido citada a declarar en el marco de la demanda de amparo presentada por organizaciones de la sociedad civil en contra de la realización de este proyecto que se ubica en la misma zona que el sistema Marca, que provee de agua a más de 10 millones de personas que viven en la capital.

Ante las legítimas dudas sobre los impactos del proyecto Ariana, CooperAcción en alianza con Earthworks, solicitaron un análisis científico del perito internacional, Dr. Steven Emerman, para revisar los riesgos que podría acarrear la construcción de la presa de relaves de la mina. El experto internacional elaboró el informe en mención de fecha 12 de enero de 2021, que será presentado a la opinión pública este martes 16 de febrero a las 5:30 por la plataforma Wayka.

Lea el pronunciamiento completo aquí: PronunciamientoCaso Ariana PDF:

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

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Los temas mineros que podrían cambiar en la nueva Constitución

Existen dos temas constitucionales que podrían debatirse en la Convención Constitucional. El primero está relacionado con las obligaciones que tienen los que se adjudican las concesiones para el desarrollo de la industria minera y el otro con la concentración de estas concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero.
30/01/2021
(La Tercera) Chile es el mayor productor y exportador minero del mundo. Según la proyección de Cochilco, hacia el 2031 se explotarán 7,095 millones de toneladas de cobre. A 40 años de la última modificación constitucional, hoy se abre nuevamente el debate en relación a las modificaciones que se podrían provocar en la industria minera a raíz del proceso constituyente que está en curso.

Y es que el tema minero es uno de los que cuenta con mayor desarrollo jurídico. No solo se encuentra en la Constitución sino que también tiene una Ley Orgánica Constitucional y también en el Código Minero. Por su nivel de alcance, es posible que se discuta bastante sobre minería en la Convención Constitucional.

La industria minera fue regulada a nivel constitucional por primera vez en el año 1971 con el objetivo de dar inicio a la nacionalización del cobre. En esa reforma constitucional se reconoció por primera vez el dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, es decir, Chile tiene la soberanía absoluta sobre los yacimientos mineros. En la Constitución de 1980, ese principio se mantuvo y se introdujo el tema minero en el artículo 19 n°24 de la Constitución actual.

Expertos y expertas en esta materia coinciden en que el dominio patrimonial del Estado es algo que debiese mantenerse en la nueva Constitución, sin embargo, es necesario fortalecer ciertos aspectos constitucionales para que la soberanía minera se haga realidad en la práctica.

Y en ese sentido, existen dos temas constitucionales que podrían debatirse. El primero está relacionado con las obligaciones que tienen las concesiones para el desarrollo de la industria minera y el segundo tiene que ver con la concentración de concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero.
Satisfacer el interés público en la minería

En el país existen empresas mineras estatales y privadas. El acceso a yacimientos mineros se hace a través de concesiones,y las obligaciones que tiene el privado una vez que se adjudica la concesión están expuestas en el artículo 19 de la Constitución.

En el inciso 7 se determina que al obtener una concesión ya sea de exploración o explotación existe la obligación constitucional de “desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento”.

Para Patricia Núñez, abogada, experta en derecho minero y académica de la Universidad de Chile el concepto de interés público debiese ser repensado porque “es un concepto jurídico indeterminado, es tremendamente amplio”. Actualmente, ese concepto se traduce en el pago de una patente minera y para Núñez eso no es suficiente.

“El concepto hoy en día se interpreta que se entiende única y exclusivamente al pago de una patente minera. Estamos todos de acuerdo con que el interés público de acuerdo a lo que establece la legislación, solo se satisface con el pago de la patente minera. Lo que pareciera que eso hoy no es suficiente”, dijo Núñez.

Por ejemplo, las obligaciones de las concesiones, para Cristián Quinzio, abogado de la Universidad de Chile, deben fortalecerse. Según él, la acción del Estado frente al privado es “muy débil”. En ese punto, para él, la solución debiese estar en que además del pago de la patente minera, exista la obligación de realizar inversiones, y en el caso de que eso no se cumpla, se pague una multa aparte.

Para Quinzio además, el Estado debiese establecer un criterio que “justifique el otorgamiento de la concesión. Si alguien pide una concesión minera, lo tiene que hacer para realizar la labor minera”.
Concentración de concesiones mineras

Un segundo punto que posiblemente será discutido y que está relacionado con la obligación minera, es el que se refiere al acceso a concesiones.

La Constitución actual establece dos tipos de concesiones como método para la obtención de un yacimiento minero. La de exploración y explotación. En el inciso 7 se lee “dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirá los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional”.

Sobre las concesiones hoy se presentan dos discusiones. La primera tiene que ver con el acceso. El reglamento para hacer solicitud de un yacimiento está establecido en el Código Minero, y se hace a través de tribunales de justicia.

Según lo establecido en el Código Minero, se hace una presentación del perímetro que se quiere obtener, una vez aceptada la solicitud por tribunales de justicia, se hace una publicación en el Diario Oficial, y si nadie se opone a la obtención de la concesión, esta es adjudicada.

Para Eugenio Figueroa, profesor del departamento de Economía de la Universidad de Chile, ese proceso no es suficiente. La solución sería en este caso, entregar el recurso minero a quien ofrezca la mayor eficiencia en torno a la explotación de recursos naturales. Para él debería otorgarse “a aquellos que se han puesto más a tono con las técnicas, los que han buscado mejores mecanismos”. Para eso, debería ser modificada la administración concesionaria.

er indefinidas porque existe la costumbre de pedir un piso de concesiones de exploración, para luego pedir otro, antes de que venza el plazo”.

Para Alejandro Vergara, profesor de Derecho Minero de la UC, la discusión sobre la minería se ha producido precisamente porque ha habido “una concentración de concesiones mineras en pocas manos, las cuales no están siendo objeto de explotación, ese es el punto”.

“Se discute esto porque se ha producido una concentración de concesión minera en pocas manos las cuales no están siendo objeto de explotación ese es el punto. Entonces, quizás habría que establecer una mirada más amplia desde el punto de vista de las leyes de la competencia porque eso puede estar produciendo una posición dominante de aquellas empresas que concentran concesiones mineras”, agregó Vergara.

Lea también: [+VIDEO] Académico Alejandro Vergara y el proceso constitucional: “Hay gran consenso en regulación minera y dudo que cambie radicalmente”]
Ganancia nacional por el uso de recursos no renovables

Chile tiene dominio patrimonial sobre la minería. Por lo mismo, el privado que extrae los recursos naturales, debe pagar un royalty minero, es decir un impuesto especial por la extracción de un recurso no renovable.

Según el último informe de Cochilco, las 10 empresas de la gran minería privada en Chile, el año 2019 en total tributaron 2.703,8 millones de dólares. En cambio, Codelco y Enami tributaron 1.004,3 millones de dólares. Es importante destacar que la tributación estatal siempre será más alta que la privada porque tiene un impuesto especial, sin embargo, eso al parecer aún es muy bajo para expertos y expertas.

Para Julián Alcayaga, economista y director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre menciona que “se ha hablado de que Chile regala la explotación de cobre porque el cobro del royalty es muy bajo en comparación a las ganancias anuales de las mineras”.

“Se ha hablado de que Chile regala la explotación de cobre porque el cobro del royalty es muy bajo en comparación a las ganancias anuales de las mineras. Posteriormente en los años siguientes, en la actualidad, más de la mitad de las empresas siguen declarando pérdidas por lo tanto, no pagan impuesto y tampoco pagan royalty. Y eso no es porque la Constitución disponga algo que permita eso, si no que son los gobernantes que hemos tenido que han permitido que eso sea así”, señaló Alcayaga.

En ese caso, la solución está en que el pago del impuesto se haga a través de las ventas realizadas por cada concesión.
La minería en el contexto internacional

Países latinoamericanos como Perú y México comparten ciertos reconocimientos constitucionales al igual que Chile. En ambos, el dominio patrimonial del Estado se consagra en materia minera.

En el caso de Canadá y Australia, son los gobiernos quienes se encargan de administrar los yacimientos mineros y otorgar concesiones. En Estados Unidos, son los gobiernos federales quienes están a cargo de conceder al privado los yacimientos mineros y la operación minera se rige a partir de lo que dictamina cada estado federal.

En todos los casos a nivel minero existe algún grado de control estatal sobre las minas. El caso canadiense ha sido catalogado como ejemplar principalmente por su gestión en relación al impacto ambiental. La legislación determinó cuatro categorías de yacimientos mineros que podrían ser explorados y explotados y las zonas urbanas y lugares con alto impacto ecológico están prohibidas para el desarrollo minero. Además, hay una constante fiscalización ambiental y estrictos protocolos de impacto que permiten un desarrollo más sustentable.

En materia de concesiones a nivel internacional, el otorgamiento de zonas mineras es distinto en comparación a Chile. Si bien, en la mayoría de los países existen dos tipos de concesiones (exploración y explotación), Chile es único a nivel internacional que otorga concesiones a través de tribunales de justicia según la zona en donde se esté solicitando el yacimiento.

En Perú, las concesiones se otorgan a través de leyes especiales estipuladas en la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. En México según la Ley Minera, es responsabilidad de la Secretaría, Secretaría de Energía y del Ejecutivo Federal evaluar el otorgamiento de una concesión, a partir de los estudios que se entreguen.

En tanto, en Australia, en una primera instancia se debe solicitar una concesión por exploración y una vez que se estudia el terreno, se solicita un derecho minero que permite explotar el yacimiento. Todo eso debe ser sometido a estudio y las autoridades deben determinar si existe el mineral suficiente para explotar.

Por su parte, en Canadá hay un sistema de acceso libre a concesiones, y son las autoridades de correspondientes provincias que deciden a quién adjudicar el yacimiento minero. Además, depende de cada provincia la duración de la adjudicación de concesiones.

Y en Estados Unidos quienes localizan un yacimiento minero obtienen el derecho privado de explotación. Y, en el caso de que se solicite un yacimiento que ya había sido identificado por Gobierno Federal correspondiente, éste se traspasa al privado.

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Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

24/11/2020
En el marco de su Capital Markets Day, el CEO de la italiana, Francesco Starace, anunció que esperan movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años.

Desde Roma y vía telemática, la italiana Enel presentó esta mañana su Plan Estratégico 2021-2023, con la visión puesta en 2030, asumiendo que será una década de profunda transformación. El grupo, que puso en el centro de su estrategia la aceleración de la transición energética, anunció que espera movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años. Mientras, dentro de tres años, se planea invertir directamente alrededor de 40 mil millones de euros.

“Con este nuevo Plan Estratégico estamos marcando un rumbo para los próximos 10 años, movilizando 190 mil millones de euros en inversiones para perseguir nuestros objetivos en una década llena de oportunidades”, sostuvo el CEO del grupo italiano, Francesco Starace, quien además enfatizó que la regulación jugará un rol fundamental.

Con el foco puesto en triplicar la capacidad renovable al 2030, la italiana destacó el almacenamiento en baterías en medio de la necesidad de flexibilidad que impone el crecimiento de las energías renovables cuyo potencial -según indicó el grupo- se espera que alcance unos 20 TWh en 2030.

Pero también, Starace hizo especial mención al hidrógeno verde, el denominado combustible de futuro, donde ya tienen proyectos en desarrollo en Estados Unidos, España, Italia y Chile. En este último caso, junto a AME y los posibles socios ENAP, Siemens Energy y Porsche, para impulsar el primer piloto de producción de hidrógeno verde en el país a través de un electrolizador alumentado por energía eólica, en la Región de Magallanes.

Dijo esperar importantes oportunidades en el segmento del hidrógeno verde, por lo que el grupo prevé integrar electrolizadores con plantas renovables que produzcan electricidad para la venta directa o servicios auxiliares, vendiéndose también hidrógeno verde a clientes industriales. Así, anunciaron, que planean aumentar su capacidad de hidrógeno verde a más de 2 GW para 2030.

En el marco de su Capital Markets Day, Enel aseguró que se adelantará la fecha del fin del carbón desde el 2030 al 2027. “Como resultado, se espera que la producción libre de emisiones alcance alrededor del 85% en 2030 desde aproximadamente el 66% estimado en 2020”, precisaron.

Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

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Ante inminente votación de indicaciones de ley de glaciares: Chile necesita imperiosamente ley que garantice protección de todos los glaciares y sus ambientes.

Lo único razonable es proteger el 81% de los glaciares de América Latina que se encuentran en Chile y que son las fuentes y reservas de agua dulce más importantes que nos quedan para el consumo humano y la vida de los ecosistemas.
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Ante la inminente votación de las indicaciones del proyecto de ley de glaciares emanado del Senado en el 2018 y que descansa por negociación del Gobierno en la Comisión de minería, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares conformada por más de 30 organizaciones afectadas y amenazadas en sus glaciares desde la Región de Atacama a Aysén que llevamos más de 15 años exigiendo una ley de glaciares, declaramos lo siguiente a los Senadores y a la opinión pública:

1-Chile acumula seis mociones de proyectos de ley de protección de glaciares desde 2005, el mismo año en que explota el conflicto por el Proyecto Pascua Lama y que puso el tema en el centro del debate. Estos proyectos no han llegado a puerto solo debido al poderoso lobby ejercido por el sector extractivista, sobre todo minero. Nuevamente, este sector fue denunciado la semana pasada por senadores de oposición de esta Comisión por seguir presionando en favor de sus mezquinos intereses, esta vez a través del propio Gobierno.

2. Como comunidades y pueblo de Chile no estamos dispuestos a que el poder de dinero siga jugando con nuestro futuro y bienes comunes, MENOS CON LOS VIENTRES DONDE SE GESTA EL AGUA. Esta discusión hace tiempo que no es técnica, si no que apela al sentido común. Y es simple, NO SE PUEDEN SEGUIR DESTRUYENDO Y AFECTANDO LOS ECOSISTEMAS GLACIARES QUE NOS DAN LA VIDA. TODOS LOS GLACIARES Y SUS AMBIENTES (periglaciar y permafrost entre otros) DEBEN SER PROTEGIDOS. Pascua Lama lo ha vuelto a reconfirmar: la megaminería en la naciente de las aguas y sobre el ecosistema glaciar es INVIABLE Y NO SE PUEDE CONCEBIR NUNCA MÁS.

3- Para nosotres, personas, comunidades indígenas y no indígenas, y organizaciones defensoras de los glaciares, estos son entidades vivas, dotados de fuerza vital. SON SAGRADOS. Son las fuentes, vientres del agua y la vida. Constituyen parte del Patrimonio Ambiental de la Tierra y de la Humanidad. Creemos que es necesario alejarse de la visión utilitaria que los considera meras reservas de agua dulce, pues, tal y como lo dice la Corte Suprema esta noción implica que se podría disponer de ellos en el futuro próximo o lejano[1]. Lo que necesitamos entender es que requerimos de su permanencia para que los flujos del agua que nos abastecen y permiten nuestra vida como la de los ecosistemas, continúen.

4- A partir del análisis colectivo que quedó plasmado en nuestras “Bases comunitarias para la protección y preservación de los Glaciares”[2] que también hicimos llegar a la Comisión del Senado, se debe comprender que la protección de los glaciares requiere ampliar nuestro marco y concebirlos como parte de un sistema: el Glaciosistema[3], que a su vez forma parte de la criósfera, que se refiere a toda forma natural con presencia de hielo y temperatura bajo 0° en la corteza terrestre. Además, son patrimonio ambiental asociados a diversas expresiones culturales y cumplen un rol social importante, sobre todo en comunidades campesinas e indígenas cordilleranas. Entendemos también que los glaciares son fundamentales para la vida de los pueblos, comunidades ecosistémicas y para el planeta en su conjunto, sobre todo al ser retardadores del cambio climático.

5- En este sentido, proponemos y defendemos una ley de idónea generalidad que propenda a la protección de todo el ecosistema glaciar. Eso es lo que corresponde en un país con una sequía de más de 11 años, donde el 70% de la población se abastece de agua de glaciares, y en un desolador contexto de cambio climático, en gran parte generado por la acción de las mismas empresas que hoy quieren seguir destruyendo el planeta.

6. Denunciamos que en un intento desesperado, el sector minero vuelve a recurrir a “expertos” o “técnicos” cómplices, que no son más que velados lobistas de las empresas para que sean voceros de falacias que apoyen sus sucias estrategias para intentar de limitar por sexta vez la protección de los Glaciares en Chile. Esta vez, por medio de ex directores del Instituto de Ingenieros de Chile (IING) por medio de reciente informe anunciado en carta en El Mercurio: Jaime Illanes Piedrabuena, ex presidente del IING y dueño de consultora Jaime Illanes Consultores y que entre sus clientes está Anglo American para el proyecto de expansión de Los Bronces; Luis Valenzuela Palomo, ex presidente del IING y director de la consultora Arcadis una de las principales empresas de consultorías ambientales quien cuenta entre su cartera de clientes a Barrick Gold; Humberto Peña Torrealva, de consultoría DIAGUA y ex Director General de Aguas, director del IING; José Adolfo Moreno Correa, abogado socio de oficina Moreno, Saez & Aviles, misma que representa a Alto Maipo.

7. Estos, y quienes se cuelgan posteriormente de la velada acción, sacan del diván los mismos viejos argumentos que los acompañan hace 20 años y repiten la incansable cantinela de que “la protección de los glaciares puede convivir con la minería”, e incluso, sobre pasando todo límite, llegan esta vez a decir que los glaciares no son un recurso hídrico estratégico. Hastiados por tamaña aberración, como comunidades exigimos seriedad en el debate y que cese el engaño al pueblo de Chile. La minería sustentable no existe. Por definición, decir esto es incorrecto ya que los minerales que extrae jamás serán repuestos por la naturaleza, por lo menos no a escala humana. Además, en el ejercicio de extraerlo se destruyen los glaciares y sus ambientes, los que tampoco son restituibles a dicha escala. La minería tampoco es responsable, bien lo sabemos las comunidades y los trabajadores que han cargado con enfermedades producto de la contaminación. A estas alturas y con el nivel de empoderamiento del pueblo chileno, esta blasfemia es INACEPTABLE y culturalmente como sociedad no lo podemos seguir admitiendo. Insistimos: la minería en glaciares no puede ir más. Por ejemplo y para corroborar nuestro argumento: en el caso de los glaciares rocosos, al año 2010 se han perdido por lo menos 3,27 kilómetros de glaciares, equivalentes a 34,7 millones de metros cúbicos[4] de agua por la acción de Codelco, Pelambres, Barrick y Anglo American, sin contar la superficie de glaciares descubiertos que también están contabilizadas y las que faltan por agregar. Finalmente, no es tolerable seguir relativizando la importancia de los glaciares bajo el argumento de que solo se deben proteger a partir de su “eventual aporte” a las cuencas, como poniendo en duda de que el ecosistema glaciar es fundamental en su conjunto y que los glaciares lo son independiente de su tamaño. Los glaciares están siendo centrales hoy en el abastecimiento de agua en las zonas más golpeadas por la mega sequía. Estudios recientes dan cuenta, por ejemplo, de que el caudal de verano del Río Aconcagua[5] proviene en un 34% de glaciares y en un 23% de glaciares de roca. Por su parte, el 40% del caudal de Río Maipo[6] en los meses de febrero y marzo proviene de glaciares.

8. A la fecha, los glaciares se manejan conforme a una concepción utilitaria que insiste en la ficticia nomenclatura de “protección” por medio del Sistema de Evaluación Ambiental y en áreas protegidas (que se pueden desafectar). Hoy, hay más de 34 proyectos hidroeléctricos y mineros en zona de glaciares, tanto en etapa de explotación como de exploración, lo cual está bajo conocimiento del Sernageomin, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), o el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este último ha permitido una serie de proyectos en glaciares que han terminado con su destrucción u afectación, de los cuales Pascua Lama es la muestra concreta de que es imposible la convivencia extractiva con el resguardo de los glaciares. Dicho proyecto se aprobó con la condición de no afectar, remover o destruir glaciares, pero todo Chile ya sabe qué ocurrió. Finalmente, es bueno recordar que la Corte Suprema (Oficio N° 110-2016) ya cerró la puerta a esa posibilidad y fue clara en 2016 al definir que los glaciares son un patrimonio ambiental y, por lo tanto, intocables y no deben ingresar al SEIA. De hecho, insistir en ese camino es inconstitucional pues vulnera el principio de no regresión en materia ambiental, así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Asimismo, no proteger todos los glaciares y sus ambientes es vulnerar los Derechos Humanos, tal como dispuso en año 2015 el Instituto de Derechos Humanos, sustentado en la legislación tanto nacional como internacional.

9. Exigimos dejar de considerarnos un “país minero”, algo que a estas alturas se carga como un yugo y ominosa obligación congénita, Tenemos derecho a reinventarnos, sobre todo ante una actividad extractivista que genera más costos que aportes. La contaminación de las aguas, la destrucción de los glaciares y los problemas de salud que dejan los proyectos mineros empobrecen y precarizan a los territorios devastándolos e imposibilitando la vida y el desarrollo de actividades productivas distintas que, por definición, son y pueden ser sostenibles y ejecutarse respetando la naturaleza. A estas alturas, la minería ya no es “el sueldo de Chile”. El 71% de la producción está en manos de privados y solo el 29 %, de CODELCO. Cabe también destacar que, en los últimos 10 años, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país ha descendido por debajo de los dos dígitos, llegando en 2019 a solo el 6,1% (privados: 4,5%; Codelco: 1,7%). En consecuencia, hoy son otros sectores quienes sostienen el arca fiscal, donde el primer lugar lo ocupan los servicios financieros y empresariales (15,3%), luego servicios personales (11,3%) y posteriormente la industria manufacturera (10,4%), seguido de comercio, restaurantes y hoteles (11,1%)[7] y, al final, la minería (9,9%). Por lo mismo, exigimos que Chile enfrente su futuro como PAÍS GLACIAR, lo que permitirá ser fuente de vida para seguir habitando y produciendo en este territorio de maneras diversas. No es un dato menor que de los 117 conflictos socioambientales identificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 29 de ellos están relacionados con proyectos mineros. Las comunidades hace rato estamos clamando por un cambio de la matriz económica y del modelo económico del país.

10. Por todo esto, apelamos a decisiones razonables y racionales que protejan todos los glaciares y sus ambientes. Las comunidades que vivimos de los glaciares y el pueblo de Chile no permitiremos una mala ley, es decir, una que no proteja todos los glaciares y sus ambientes. Por ese motivo le exigimos a los Senadores que rechacen todas las indicaciones del Gobierno y del oficialismo que intenta, al igual que lo hizo Bachelet en el 2015, engañar al pueblo, dejando una ley cuyo solo título habla de protección de glaciares, pero que finalmente es una herramienta que permite y legaliza su destrucción y afectación. Exigimos también que el proyecto abandone la Comisión de Minería –que fue la moneda de cambio que impuso el Gobierno para aprobar su discusión– puesto que ya se han superado con creces los 30 días de revisión en dicha instancia, que fue el acuerdo inicial. El proyecto debe pasar a la Comisión de Medio Ambiente, donde le corresponde estar.

11. Finalmente y conscientes de que estamos en pleno proceso constituyente, queremos destacar que Chile cambió y que hemos iniciado un camino que no se detendrá. En este momento, la hoja de ruta de todos debería ser lograr la protección del ciclo del agua, así como su desprivatización, donde todos los glaciares sean reconocidos como bienes intocables y Patrimonio Ambiental de la Humanidad y de los pueblos de Chile.

Este debate responde a lo que como país nos tocará enfrentar en un futuro cercano que a todas luces se ve muy desolador dada la crisis ecológica mundial. Ante eso, las respuestas no pueden estar sustentadas en lógicas de hace 30 o 40 años, que es hacia donde apuntan quienes llevan a cabo esta verdadera campaña del terror en contra de la protección de los glaciares y sus ambientes.

Podemos vivir sin megaminería, pero no podemos vivir sin agua.

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares
Contactos:
María Jesús Martínez 9 6397 0135 / Constanza San Juan 9 6241 3008/ Stefanía Vega 9 8441 0094
E-mail [email protected]
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[1] Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016. Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando cuarto.

[2] Recurso disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/08/chile-pais-glaciar-comunidades-presentan-bases-para-la-proteccion-de-glaciares/

[3] Concepto acuñado por el ex académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Geógrafo especializado en glaciares Francisco Ferrando.

[4] Glaciares de Chile: El lobby minero y el tortuoso camino para protegerlos. Recurso disponible en: http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2020/06/Cartilla-Glaciares-de-Chile-2020.pdf

[5]https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/de-donde-viene-el-rio-aconcagua-estudio-analizo-su-origen-y-su-actual-regimen-de-alimentacion/LWBEFIEMYRH7TNGMGLASVCULEU/

[6] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/08/14/994984/Cambo-climatico-glaciares-rio-Maipo.html

[7] Todos datos del anuario estadístico de COCHILCO, 2017, 2018 y 2019.

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Argentina, Sin categoría

Argentina suma democracia ambiental: Se ratificó el acuerdo de Escazú

Fuente:FARN
“La ratificación de Escazú se logró en un momento clave, ya que el Acuerdo otorga herramientas fundamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y sus muy severas consecuencias económicas y sociales. Cuando, además, la crisis climática nos golpea de manera directa al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio nacional, todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no solo bienvenido, sino absolutamente necesario. Por eso celebramos que Argentina se haya convertido en el décimo país en ratificar. Estamos, ahora sí, a un paso de la entrada en vigor. ¡Sigamos pidiendo #EscazúAhora!”. Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

“El Acuerdo de Escazú garantiza a mi generación que no se sigan tomando decisiones a nuestras espaldas que pongan en riesgo nuestro futuro”. Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina y representante por Argentina del Acuerdo de Escazú.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020. – Con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “’Acuerdo de Escazú’’, al que más de 220 organizaciones y más de 400 personas individuales ya habían manifestado su adhesión.

Así, nuestro país -que había sido un actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado- se convirtió en el 10° de la región en concretar su ratificación. Para que finalmente entre en vigor, se necesita alcanzar la ratificación en al menos 1 país más (11 en total).

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales. Es, a su vez, el primero en el mundo que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, la región donde más personas son asesinadas por año por realizar esa tarea (Global Witness, 2020).

La efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe significará un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.

CONTACTOS
Andrés Nápoli: +5491144965055
Nicole Becker +5491156945012

Mexico, Sin categoría

Violan mineras en Zacatecas la orden de parar actividades

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal, Periódico La Jornada
16/04/2020
Foto. Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas, mostró la casa en la que habitó su hijo hasta el 2 de noviembre de 2019, y que esta a punto de colapsar debido a las explosiones originadas por la minera Ocampo Minning-Tayahua.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Zacatecas, Zac., Empresas mineras no han parado labores en Zacatecas a pesar de que el gobierno federal ordenó cerrarlas por considerar que sus actividades no son prioritarias en la emergencia por el Covid-19, denunció el delegado municipal de la comunidad de Salaverna, Roberto de la Rosa de Ávila.

Una de ellas, explicó, es Ocampo Minning-Tayahua, de Grupo Frisco, que explota el subsuelo de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, 270 kilómetros al norte de la capital de Zacatecas.

Ahí siete familias se resisten al desalojo y han luchado por más de una década por conservar sus casas. En el sexenio pasado Frisco obtuvo autorización de la Semarnat para cambiar su método de trabajo, de subterráneo a cielo abierto.

Más de 60 familias fueron convencidas de dejar sus viviendas para irse a vivir «en comodato» a la colonia Nuevo Salaverna, donde la propia compañía les construyó pequeñas casas a cinco kilómetros del «viejo» Salaverna. Pero el delegado Roberto de la Rosa de Ávila y seis familias más se resisten a irse.

Empleados de Ocampo Mining–Tayahua informaron a principios de este año a Roberto de la Rosa de Ávila que él y las demás familias debían abandonar sus casas porque este mes sería la fecha límite para comenzar los trabajos de exploración.

Como jurídicamente la minera de Carlos Slim Helú no pudo hacer que los sacaran por la fuerza, con el apoyo del gobernador Alejandro Tello Cristerna, por conducto de la Dirección Estatal de Protección Civil, se les notificó en diciembre de 2016, que era urgente que abandonaran sus casas, pues estaban en peligro de derrumbe «por hundimientos del subsuelo producidos por una falla geológica».

Además, la minera intensificó en cantidad e intensidad las detonaciones subterráneas con explosivos, provocando que muchas casas se cimbren y agrieten.

En la ladera de un cerro contiguo a la comunidad existe un enorme hundimiento, de aproximadamente 400 metros cuadrados, producto de esas explosiones «que la minera realiza, hasta tres veces al día, con el propósito de expulsarnos de nuestras casas».
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Chile, Sin categoría

COVID-19: indígenas chilenos contagiados y en peligro por el turismo clandestino

por Michelle Carrere
13/04/2020
El tránsito entre la ciudad y el campo, los turistas que continúan llegando a las comunidades del altiplano y las faenas mineras que se mantienen activas son las principales preocupaciones de la población indígena en Chile.
El 4 de abril, una mujer mapuche de 70 años perteneciente a la comunidad indígena Carilafquén en la región de la Araucanía, al sur de Chile, murió de coronavirus. Su hijo, el líder mapuche Pablo Huaiquilao, le dijo a Mongabay Latam que también su padre y su hermano están graves, internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco.

Aunque la madre de Huaiquilao es por ahora la única indígena que ha fallecido por contagio de COVID-19 en Chile, expertos y líderes comunitarios señalan que el desplazamiento de personas desde la ciudad a las zonas rurales pone en riesgo a este sector de la población.

En la comuna de San Pedro de Atacama, en el extremo norte del país, el turismo y las actividades mineras continúan desarrollándose en una zona donde la mayor parte de la población indígena es adulto mayor. Por lo mismo, tanto líderes indígenas como el alcalde de San Pedro de Atacama y empresarios del sector turismo han solicitado al gobierno que instale un cordón sanitario para la comuna. Hasta ahora, sin embargo, la solicitud no ha encontrado eco.

Mapuches: indígenas de la región con más fallecidos

En la región de la Araucanía, donde la tasa de pobreza multidimensional es la más alta del país (28,5 %), el 33 % de la población es indígena y prácticamente todos ellos pertenecen a la etnia mapuche. Esta región es también la segunda del país con la mayor cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19. Hasta la publicación de esta nota, 17 son los fallecidos y 775 los contagiados, según el Ministerio de Salud. El riesgo de propagación de la enfermedad hacia las zonas rurales —que es donde mayoritariamente se ubican las comunidades mapuches— es una preocupación.

La mayor parte de la población mapuche de la región de la Araucanía habita en zonas rurales. Foto: Alianza Territorial Mapuche.
“Las personas constantemente van desde sus comunidades a Temuco para abastecerse, para vender sus verduras y hortalizas o para asistir a control médico y luego regresan a sus casas”, dice Andrés Cuyul, trabajador social y académico del departamento de salud pública de la Universidad de la Frontera. Ese tránsito entre la ciudad y el campo es hoy, asegura Fernando Pairican, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), la principal amenaza que tiene el pueblo mapuche frente al COVID-19.

El desplazamiento colectivo, sin embargo, se encuentra suspendido desde que las ciudades de Temuco y Padre Las Casas entraron en cuarentena total el 27 de marzo. Los trayectos se han reducido notablemente, asegura Cuyul. El académico, quien es asesor de organizaciones mapuche en el Hospital Makewe, asegura que un segundo problema es que no ha habido una buena comunicación hacia la población indígena respecto de las medidas de control sanitario. “La cultura mapuche comprende la casa como la comunidad, por lo que el mensaje de no salir de casa no llega correctamente. Ellos continúan visitándose diariamente entre vecinos y familiares donde comparten la bombilla del mate o el vaso”, dice. “Recién ahora la gente está entendiendo que no puede hacer eso”, agrega.

El tránsito entre la ciudad y el campo es un riesgo para la comunidades mapuches frente al COVID-19. Foto: Alianza Territorial Mapuche.
El trabajador social especializado en salud pública asegura que la imposibilidad de viajar a Temuco ha comenzado a generar cierto desabastecimiento en las comunidades, sin embargo, agrega que los comunitarios se han organizado a través de whatsapp para ofrecerse entre ellos los productos que cultivan y producen en sus territorios y así evitar viajar a la ciudad. El problema, dice Cuyul, “es que el dinero en efectivo para hacer esas compras se va a acabar”.

Continúa el turismo en comunidades atacameñas

Ana Ramos, presidenta de la comunidad atacameña de Solor y vicepresidenta de la comisión de turismo del Consejo de Pueblos Atacameños, asegura que “están llegando algunos turistas al territorio”. Ello, a pesar de que los 23 sitios que conforman la oferta turística de San Pedro de Atacama y que son administrados por las comunidades indígenas atacameñas se encuentran cerrados desde el 18 de marzo. Según Ramos, “existen hospedajes que están actuando clandestinamente” y que reciben a “turistas nacionales y extranjeros que están rezagados en el país”.

Eduardo Yanjarí, presidente de la cámara de comercio y turismo de San Pedro de Atacama, señaló a Mongabay Latam que “estas personas que tienen clandestinos también tienen minibuses y los están llevando a diferentes lugares. Obviamente a los sitios que están cerrados, que tienen barreras, no pueden acceder, pero aquí en San Pedro hay muchos lugares que tienen vistas hermosas”, dice.


Turistas continúan llegando a los poblados de San Pedro de Atacama. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
Por otro lado, el Consejo de Pueblos Atacameños ha solicitado que se detengan las faenas mineras que continúan operando en la zona. “Pedimos que se suspendan las actividades mineras porque en ellas se aglomera mucha gente y vienen personas de otros lados”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños.

Al respecto, la empresa minera Albermale señaló a Mongabay Latam que “trasladó a todo el personal propio y contratista fuera de la localidad [de Peine, el poblado más cercano a las faenas de la empresa]». Además, la compañía señaló que se estableció la prohibición absoluta de circular fuera de las instalaciones del campamento, que se realiza un control diario de temperatura a los trabajadores, así como la limpieza de buses, espacios comunes y del campamento después de cada turno. A esto hay que sumarle que se realizan encuestas de manera permanente para mantener la trazabilidad en los desplazamientos.

La empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), por su parte, la principal empresa explotadora de las reservas de litio en Chile, señaló que “se disminuyó la presencia de trabajadores privilegiando aquellos que son de cada región, así como también se instruyó a todos los contratistas a retirarse de los pueblos” y que “mientras se mantenga la contingencia actual, se ha establecido el traslado directo de buses con personal de las comunidades vecinas desde su embarco en plantas hacia sus pueblos de destino y viceversa”.


El Consejo de Pueblos Atacameños ha solicitado que se detengan las faenas mineras que continúan operando en la zona. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
Si bien Cubillos reconoce que las mineras han tomado la medida de sacar a todos sus trabajadores de los pueblos, el líder indígena precisa que “hay gente nuestra trabajando dentro de las faenas”. Esas personas, al volver a sus casas, podrían poner en riesgo la salud de los habitantes de las comunidades al haber estado en contacto con personas que vienen de otros lugares, precisa Cubillos.

Debido a estas dos preocupaciones, turismo y minería, ciertas comunidades han decidido cerrar su acceso. Tal es el caso de Peine, el pueblo más cercano a las plantas extractoras de litio en el Salar de Atacama y que, desde el 30 de marzo, no permite la entrada de nadie ajeno al lugar. “Entendemos que somos una comunidad de alto riesgo por la cantidad de trabajadores que circulan y por la cantidad de visitas que se reciben, sobre todo el fin de semana”, señalaron en un comunicado los habitantes de Peine quienes, para hacer efectiva la medida, han organizado turnos para el control de las barreras.


Ciertas comunidades han decidido cerrar su acceso. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
El alcalde San Pedro de Atacama, Aliro Catur, solicitó a la Gobernación de Antofagasta “implementar el aislamiento de la comuna de San Pedro de Atacama para prevenir drásticamente el contagio y propagación del coronavirus”. Sin embargo, según Sergio Cubillos, “lamentablemente no hemos sido escuchados por las autoridades a pesar de que en nuestra comuna la infraestructura hospitalaria es muy deficiente y la mayor parte de la población indígena es adulto mayor. No tenemos insumos ni tampoco infraestructura física para poder albergar personas que estén contagiadas o poder reaccionar en caso de que algunas persona esté grave”, concluye.
https://www.business-humanrights.org/es/chile-pueblos-ind%C3%ADgenas-denuncian-contagiados-y-muertes-por-covid-19-relacionados-con-la-miner%C3%ADa-y-turismo-en-sus-territorios

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Rechazan recurso en contra del SEA por no dar término anticipado a evaluación de proyecto Los Bronces Integrado

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso intentado por la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho en contra del servicio evaluador.
LOS BRONCES
2/4/2020
MINERÍA CHILENA

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección deducido en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por omitir pronunciamiento ante solicitudes de dar término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Los Bronces Integrado, de Anglo American Sur.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada rechazó con costas el recurso intentado por la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho en contra del servicio evaluador.

[VEA TAMBIÉN: Anglo American anuncia fondo de $4.200 millones para apoyar a comunidades vecinas]

“Que, de la simple lectura de la solicitud planteada, se advierte que aquella se aparta de la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, la que como se desprende del artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto reaccionar contra una situación de acto anormal que de manera evidente vulnere una garantía constitucional”, plantea el fallo.

La resolución agrega que “el reclamo al que hace referencia el recurrente, excede con creces el presente arbitrio, puesto que para ello se ha establecido un procedimiento especial conforme lo dispone el artículo 60 de la Ley 19.300, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Ambientales, que expresa: “Será competente para conocer las causas que se promuevan por infracción a la presente ley, el Tribunal Ambiental, de conformidad a las normas de procedimiento establecidas en la ley que lo crea”.

Revisa el fallo del tribunal. https://www.pjud.cl/documents/396729/0/LOS+BRONCES+AMBIENTAL+PROTECCION.pdf/78e0af0e-f036-4f89-8bb3-6805151be25f

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Tren de FACB que descarriló en desierto de Antofagasta manipulaba ácido sulfúrico en su interior

Maquinista y ayudante resultaron ilesos.
1/3/2020
(Soy Calama) Esta madrugada se reportó el descarrilamiento de un tren de FACB y que terminó con el volcamiento de dos locomotoras y dos carros de estanque cargados de ácido sulfúrico en pleno desierto de Antofagasta.

Desde FACB aclararon que el hecho ocurrió al noreste de la ruta B-400, alejado de cualquier actividad y comunidad. Así como también indicaron que la tripulación de la maquinaria, compuesta por un maquinista y ayudante, salieron ilesos del suceso.

Asimismo, la compañía informó que “hubo un derrame acotado de ácido sulfúrico, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia, y con personal especializado se procedió a atender el desrielo y controlar la filtración, confinando el producto”.

A su vez, la empresa ferroviaria agregó que se dio aviso a las autoridades pertinentes y se inició una investigación para conocer las causas del accidente.

Tren de FACB que descarriló en desierto de Antofagasta manipulaba ácido sulfúrico en su interior