Ecuador

Moradores de la comunidad El Pablo prohíben ingreso de personal de la empresa Cornerstone

Autor: Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

Boletín de Prensa: EL PABLO, PARROQUIA CHICAL, PROVINCIA DEL CARCHI, ECUADOR

El pasado domingo 19 de enero, moradores de la comunidad El Pablo, ubicada en la parroquia El Chical (provincia del Carchi), prohibieron el ingreso a personal de la empresa canadiense CORNERSTONE a su territorio. Dicha empresa ha sido subcontratada por la ENAMI (Empresa Nacional Minera), titular de los derechos del proyecto denominado “ESPEJO”, para realizar actividades de exploración inicial. Este proyecto cubre más del 90% del Bosque Protector Cerro Golondrinas (B.P.C.G.). La principal razón que motivó el bloqueo de las vías por parte de los moradores fue el incumplimiento de ofrecimientos por parte de la empresa.

 

El proyecto “ESPEJO” al ubicarse en el B.P.C.G. constituye una grave amenaza a la provisión de agua para la zona, pues todas las microcuencas nacen en este bosque. El B.P.C.G. se ubica entre las parroquias Maldonado, Goaltal, Jijón y Caamaño, y El Chical. Este importante espacio abarca las cabeceras de los ríos Blanco, Verde, Gualpí, Guapilal y Golondrinas Chico; formando 5 Cuencas Nivel 5 establecidas por la SENAGUA.

 

Asimismo, esta área es clave para mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para miles de familias que habitan en esta zona y corresponde a los últimos remanentes de bosque montano occidental del país (queda menos del 5% de este tipo de ecosistema en el Ecuador).

 

Además de las graves amenazas ambientales que este proyecto supone, la presencia de la empresa CORNERSTONE ha causado división del tejido social y conflictos entre vecinos y familias. Por otro lado, en asamblea parroquial en el 2017, con una amplia mayoría, la población se manifestó en contra de los proyectos mineros en la parroquia El Chical.

 

Irrespetando el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su territorio, y con apoyo del Estado, la empresa continúa con la exploración inicial, que ha implicado la contratación de mano de obra local de forma temporal y a su vez la difamación de personas, agrupaciones y organizaciones que no están de acuerdo con los proyectos mineros en la zona.

Pese a que aún no existe una fase de explotación, la aplicación de estrategias de persuasión, entrega de regalos y el uso de discursos tergiversados, propios de las empresas mineras a nivel mundial, permiten prever como esta actividad no genera ningún tipo de “desarrollo” sino conflictos, desigualdad, constantes violaciones de derechos humanos y de la naturaleza.

 

Respaldamos a la población local y hacemos un llamado a las autoridades, sociedad civil, y medios de comunicación para que se visibilice el profundo malestar que el accionar la empresa canadiense CORNERSTONE está causando en la parroquia El Chical y se respete el derecho a la protesta y a la resistencia.

 

#FueraCORNERSTONEdeEcuador

Fuente: Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

 

 

 

Brasil

Movimiento Colombiano Ríos Vivos se solidariza con comunidades afectadas por rompimiento de represas en Brasil

Autor: Movimiento Ríos Vivos

Al cumplirse más de cuatro años del crimen cometido por el rompimiento de la represa de residuos de la minería en Mariana y un año del crimen cometido en Brumadinho en Brasil, que afectó cientos de kilómetros de la cuenca del Río Doce y Río Paraopebas, y con esto, afectó también la vida de miles de familias, destruyendo sus casas, sus formas de vida, sus trabajos y asesinando a cientos de personas habitantes de las cuencas y trabajadores de las empresas, exigimos que la empresas criminales VALE BHP BILLION Y SÁMARCO sean responsabilizadas penalmente por estos terribles sucesos y no se les permita seguir ejerciendo dicha actividad minera ni de ninguna otra que tenga que ver con los bienes de la naturaleza. En el mismo sentido, exigimos que se realicen los desmantelamientos de las presas de manera preventiva, priorizando los niveles de riesgo.

 

Con dolor y solidaridad en nuestros corazones el Movimiento Ríos Vivos proceso nacional en el que se articulan procesos territoriales de familias campesinas de Colombia afectadas por la política energética en el país, acompaña a las familias pescadoras, campesinas, trabajadores y trabajadoras afectadas por la acción criminal de dichas empresas. Y nuestra voz se une a la de las poblaciones afectadas, al llamar a la empresa de criminal puesto que:

 

1.    Los informes e investigaciones demuestran que se pudo haber hecho algo para contener o mitigar la catástrofe y no se hizo nada.

 

2.    A la fecha las familias siguen sin techo y las medidas de atención no corresponden a las necesidades del pueblo ni mucho menos a la situación generada por estas empresas.

 

3.    Existen varias decenas de otras represas en las que el rompimiento es inminente, allí la tranquilidad se ha perdido, la empresa activa alarmas en medio de la noche sin comunicación con las comunidades. Tampoco se sabe de planes para desmantelar preventivamente y seguir evitando catástrofes.

 

La situación de Brumadinho y Mariana en Minas Gerais, muestra el horizonte de las externalidades de los grandes proyectos mineros, al igual que se desarrollan en Colombia y América Latina, dado que el vertimiento de lodos tóxicos jamás fue el desarrollo que prometieron, y dado que, a pesar de ser evidente y demostrada la responsabilidad frente a los daños, las empresas continúan empecinadas en negarlo, en dividir a las comunidades y en dilatar los procesos judiciales, para buscar los menores costos de reparación.

 

Para la VALE solo es el dinero, para los afectados es su vida.

Lo que la VALE destruye, el pueblo construye.

 

Animamos a las familias afectadas a continuar con dignidad en la reclamación de sus derechos, no permitan que les hagan sentir que sus reclamaciones no tienen efecto, por cada voz levantada son miles de corazones conmovidos. Para nosotros en Colombia, para el Movimiento de Afectados por Represas en América Latica –MAR- y el resto del mundo su lucha nos anima a seguir construyendo un mundo para el mañana sin represas y sin abandonar nuestra dignidad.

 

Enviamos saludos a las conmemoraciones que ocurrirán los próximos días en una masiva movilización desde Belo Horizonte hasta Córrego do Feijão y Brumadinho.

 

¡Aguas para la VIDA, no para muerte!

 #TransicionEnergetica justa de y para los pueblos

¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!
Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos.
Chile, Litio

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza dictamina moratoria para la minería del litio en Atacama

Autor: Observatorio Latinvestment.org

El pasado 5 de diciembre de 2019,  el quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) celebrado en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de la minería del litio en el desierto de Atacama, Chile. Asimismo, en su veredicto el TIDN emitió además otras catorce resoluciones, y propuso la moratoria de la minería del litio en la región atacameña.

 

Después de considerar los testimonios y denuncias expuestas por comunidades indígenas afectados y expertos en el caso, el quinto TIDN determinó que hubo una directa violación de los Derechos de la Naturaleza.[1] Resaltando que se incumplió los deberes de: a) Respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra; b) Asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra; c) Respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario, restaurar la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra; d) Establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos; entre otros. Por tanto, el TIDN halló que “(…) la actividad minera producida en el desierto de Atacama, no respeta y son incompatibles con los derechos de la Madre Tierra y que a su vez se incumple con las obligaciones de los seres humanos para con ella, por lo que se declara la vulneración de sus derechos y los de las comunidades afectadas por estas actividades (…)”

 

En este marco, el TIDN dictaminó que, en el caso de la minería del litio en el desierto de Atacama, existen claros afectados – ecosistemas, seres humanos y no humanos – y claros responsables – tanto las empresas con capitales nacionales e internacionales, como el Estado chileno. Ante ello, el Tribunal resolvió solicitar la suspensión de las actuales Resoluciones de Calificación Ambiental de las empresas extractivas, declarar zona de prohibición para la industria del litio y extractivismo del agua en el Salar de Atacama y la Alta Cordillera, y exigir que se permita verificar el estado de salud de la Laguna Chaxa. La resolución del TIDN apunta, demás, a que la extracción y explotación de litio atenta contra la vida de las poblaciones atacameñas y su cosmovisión; y subraya la ausencia de una consulta previa, libre y de carácter vinculante en estas poblaciones y el atropello de otros derechos expresados en la ley indígena.

 

Respecto a las denuncias respecto a la sobre explotación de la cuenca para esta actividad minera, se denunció que “la minería del litio pone en peligro un bien fundamental y escaso, el agua, cuyo control se aseguran unas pocas empresas (…)”; enfatizando así, que la privatización y control del agua por parte de empresas no hace más que reflejar la “estructura de desigualdad” en Chile. Ante ello, el TIDN insta a apelar a un Principio Precautorio ante un posible daño “grave o irreversible” por la sobre explotación de agua en este ecosistema desértico.

 

El informe presentado, asimismo, hace referencia a la amplia complejidad que acarea la explotación de litio; ya que esta abarca no solo una problemática local y regional, sino una problemática global enmarcada en la discusión de la transición energética. Al respecto, la sentencia del TIDN sostuvo que la transición energética que se propone hoy en día a través de la explotación de los salares de Atacama es un modelo “insostenible, asociada a las corporaciones transnacionales, [y que] consolida un modelo energético que reproduce la dominación sobre la Naturaleza y las poblaciones.”; además, que dicha transición energética corre el riesgo de ser banalizada y puesta al servicio del actual sistema de reproducción social. Consecuentemente, el TIDN considera necesario “abordar la discusión desde una perspectiva no corporativa, multidimensional y critica, que contemple tanto la justicia ambiental como las necesidades de los pueblos”, y recomienda llevar a cabo encuentros y foros multidisciplinarios y multiactoriales para entablar la discusión desde una perspectiva popular y contrahegemónica.

 

Finalmente, en el marco de las evidencias presentadas respecto a la violación de los Derechos de la Naturaleza, la creciente crisis hídrica que perturba el ecosistema y la afectación directa a los derechos de la población local, el quinto TIDN propuso aplicar una moratoria a la minería de litio en la región de atacameña.

 

Fuente:https://latinvestment.org/2020/01/14/tribunal-internacional-de-los-derechos-de-la-naturaleza-dictamina-moratoria-para-la-mineria-del-litio-en-atacama/?fbclid=IwAR1bMRhly89f_Czx05AfeGsbofohXPzC4cv5J9KA4OqFZjswwT4u39fzM_4

Perú

Cusco: Podrían sentenciar a 30 años de prisión a defensores ambientales de Chumbivilcas

Autor: Red Muqui.org

El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.

Los delitos que se le imputan a los dirigentes sociales son: secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros.

Historia de la protesta

En el año 2011, las comunidades campesinas originarias del distrito Llusco, provincia de Chumbivilcas, acudieron ante el Estado para denunciar la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Anabi SAC. Pese a múltiples pedidos, los dirigentes no fueron escuchados. Sin embargo, ante las movilizaciones desarrolladas posteriormente, el gobierno instaló una mesa de diálogo en enero del 2012. Esta mesa en la que estuvieron el presidente de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales, la empresa minera Anabi y la población, llegó al acuerdo de realizar monitoreos ambientales en la zona impactada, cuyos resultados serían presentados públicamente ante la población de Llusco; cosa que nunca pasó.

Debido al incumplimiento, la población volvió a la protesta, y en el contexto de las movilizaciones, la empresa denunció que el 05 de febrero del 2012 habían incendiado su campamento minero. Tras ese hecho, la empresa denunció a varios dirigentes por diversos delitos; y la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia contra nueve hombres y una mujer.

No hay pruebas

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, cabe señalar que en el transcurso de la investigación no se han presentado fotos, videos u otra prueba que demuestre que los dirigentes sociales fueron los responsables del incendio del campamento minero. Solamente se han presentado como prueba, las declaraciones de ex trabajadores de la empresa minera. Contradictoriamente la misma jueza no quiere aceptar como medio probatorio las declaraciones de los dirigentes sociales acusados.

Sentencia

Las y los defensores están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro. La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades; pues no existe evidencia de su participación en los actos.

Uno de los abogados de los 10 dirigentes acusados, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, miembro de la Red Muqui, lamenta que la jueza Yépez Provincia haya rechazado el Amicus Curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Amicus Curiae rechazado

El abogado relata que la jueza rechazó de plano el Amicus Curiae presentado por mesa de partes, señalando que el plazo para presentar aportes probatorios ya pasó. Confundiendo que el Amicus Curiae es un derecho constitucional que pretende aportar al razonamiento jurídico para la fundamentación de la sentencia y no un medio probatorio

La jueza no ha valorado el Amicus Curiae. “Están procesando a defensores del ambiente y el territorio. Ellos estaban ejerciendo derechos constitucionales y no estaban ahí para cometer delitos”, señala el abogado, sobre el contenido del Amicus Curiae.

Audiencia final

Finalmente, el abogado agregó que la jueza se ha mostrado reticente a valorar las declaraciones de 5 de los 10 dirigentes acusados, señalando que las declaraciones no tienen valor probatorio, ante la solicitud de que el día de mañana, además de los alegatos finales a presentarse, también puedan ser escuchados 5 dirigentes sociales acusados. A pesar de la actitud de la jueza, los dirigentes acusados hablarán en defensa propia y colectiva. ”Lo que tendría que hacer la jueza es demostrar que los dirigentes no están diciendo la verdad, no señalar que sus declaraciones no tienen valor probatorio”, finalizó Ramiro Llatas.

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/cusco-podrian-sentenciar-a-30-anos-de-prision-a-defensores-ambientales-de-chumbivilcas/

Perú

Piura: Denuncian que minera Río Blanco quiere cambiar directivas comunales y genera violencia

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Río Blanco

A la denuncia por intromisión de los directivos chinos de empresa minera Río Blanco Copper en un taller interno de las rondas campesinas de Ayabaca el 09 de noviembre, de la que fueron retirados. Ahora, la Central Única de Rondas de Ayabaca – sede Huaylcuy y el colectivo por Ayabaca, denuncian que la empresa continúa su estrategia por lograr la viabilidad del proyecto minero en sus territorios a través de operadores en las comunidades que quieren forzar el cambio de directivas comunales sin respetar la ley de rondas y comunidades campesinas.

 

Denuncian que, a través de comuneros pagados por la empresa minera, están generando hechos de violencia con tal de lograr el cambio de directivas ronderas que, finalmente, aprueben la realización del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

 

 

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/piura-denuncian-que-minera-rio-blanco-quiere-cambiar-directivas-comunales-y-genera-violencia/?fbclid=IwAR0Kb5Jo6gj6ChZMsFP_lc_3cSJu-9gIq8Uj2LogchAyH_b1zdLd8YS2Uhc

Perú

Destruyen campamento minero ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán

Autor: Actualidad Ambiental.pe

Un campamento minero ilegal que operaba dentro del Parque Nacional Huascarán (Áncash) fue destruido en un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Ministerio del Ambiente (Minam) a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Durante la intervención, realizada en la provincia de Carhuaz, también se hallaron socavones, carros mineros, herramientas y equipos que eran utilizados para realizar la extracción ilegal de minerales en esta área natural protegida.

Durante el operativo no se hallaron a responsables de esta ilegal actividad, por lo que el personal policial y guardaparques del área protegida continúan realizando patrullajes permanentes en la zona a fin de evitar la presencia de mineros que trabajan al margen de la ley.

La intervención se realizó como parte de la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2017-2021) que se implementa de manera articulada con el objetivo de erradicar esta ilegal actividad en las áreas naturales protegidas. Según Sernanp, los primeros resultados de esta iniciativa han permitido erradicar la presencia de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal El Sira.

DATOS:

  • El Parque Nacional Huascarán abarca parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba en el departamento de Áncash. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas y es uno de los más emblemáticos del país ya que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú.
  • El área protegida alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar.
  • Fue creado en 1975 y en 1977 fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO; y en 1985 fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO.

 

Fuente:https://www.actualidadambiental.pe/destruyen-campamento-minero-ilegal-dentro-del-parque-nacional-huascaran/?fbclid=IwAR1iecsMFbJfF_Qf-Ec16OFqhvPmG7tlpm8agbTBivFdFQBphXVq7ON8S3s

Perú

Se reinicia audiencia contra líderes comunales en caso de conflicto con Las Bambas

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.

Por octava vez se instaló la audiencia que durará los días hasta el 24 del presente mes. Se recuerda que el pasado 24 de octubre no se pudo instalar el juicio oral, por lo que se reprogramó la audiencia de juicio para este 20 de enero del 2020. La suspensión del juicio en octubre se debió a la reiterada ausencia de un intérprete quechua y la inasistencia de cuatro pobladores y sus abogados.

En esa oportunidad La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho indicó que se había dispuesto el cambio de juez, por lo que creía conveniente  invocar a la audiencia del lunes 20 de enero del 2020. El juez explicó que será una semana entera de sesiones continúas y adelantó que se tendrán declaraciones de testigos, revisiones de peritos y más.

Preocupa a los pobladores de la zona que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otras acusaciones. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada a favor de la empresa minera MMG, dueña del proyecto minero Las Bambas. Según la defensa de los líderes comunales, habría una serie de contradicciones y falta de pruebas por parte de la defensa del Estado en relación a la serie de acusaciones.

Cabe resaltar que en esta oportunidad se hicieron presentes decenas de representantes de las comunidades involucradas en el caso para expresar su respaldo a los líderes comunales que están siendo investigados. También manifestaron su descontento con las fallas en la traducción del intérprete quechua que participa de las audiencias.

Desde Tambobamba seguiremos informando.

20 de enero del 2020

 

Chile

Presentan nuevo recurso de protección a favor de comunidades mapuche por proyecto GNL Penco Lirquén

Autor: Yessenia Márquez , Bío Bío Chile.cl
Conflicto Relacionado: Penco-Biolantanidos-Tierras Raras

Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegaron grupos ambientalistas para presentar un nuevo recurso de protección en nombre de comunidades mapuche que denuncian al Servicio de Evaluación Ambiental por la aprobación del proyecto GNL Penco Lirquén.

La denuncia de la asociación Koñintu Lafken Mapu apunta a que ahora el organismo no realizó la consulta indígena extraordinaria que la ley ordena para proyectos que sufran una modificación, según explicó el abogado Francisco Ortega.

La última acción legal presentada por otra agrupación indígena de Tomé, Peumayén, fue rechazada por la justicia, pero ahora el objetivo es incluso llegar a la Corte Suprema, señaló Camilia Arriagada, vocera de la Coordinadora Penco Lirquén, indicando que anteriormente el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental.

Miembros de la agrupación Koñintu Lafken Mapu llamaron a la Corte penquista a analizar el recurso y los antecedentes que dan cuenta del impacto que tendrá el proyecto energético en los recursos pesqueros de los que viven las comunidades mapuche habitantes del sector costero Penco Lirquén.

 

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/01/15/presentan-nuevo-recurso-de-proteccion-a-favor-de-comunidades-mapuche-por-proyecto-gnl-penco-lirquen.shtml

Colombia

El ‘corazón del mundo’ de Colombia: minería, megaproyectos invaden tierras indígenas

Autor: Taran Volckhausen , Mongabay.com
  • La Sierra Nevada de Santa Marta es un grupo aislado de montañas situadas a lo largo de la costa norte de Colombia, que tiene la distinción única de albergar especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo.
  • La expansión agrícola ha venido a expensas del hábitat vital durante las últimas décadas. Ahora, la explotación de recursos y los proyectos de infraestructura planificados para la región amenazan aún más los ecosistemas de las montañas, según científicos y activistas locales.
  • Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.
  • Hace tres años, los consejos indígenas presentaron una acción legal ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus derechos constitucionales fueron violados por la minería legal e ilegal que tiene lugar dentro de la Línea Negra. Además de la minería, los consejos denunciaron proyectos de infraestructura a gran escala, como el desarrollo de un puerto de envío de carbón, una presa hidroeléctrica y un hotel que se habían llevado a cabo dentro de la Línea Negra sin el consentimiento de los indígenas. El tribunal aún no ha emitido un fallo.

Jaime Luis Arias creció en la ladera sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un macizo costero aislado en forma de pirámide en el norte de Colombia, Sierra Nevada es una de las montañas costeras más altas del planeta, con los picos nevados que se elevan desde el Mar Caribe hasta unos desconcertantes 5.800 metros (19.000 pies).

Los dramáticos cambios de elevación de la Sierra Nevada de Santa Marta han creado un vibrante reflejo de los numerosos ecosistemas de Colombia: selvas tropicales, sabanas, bosques secos tropicales, tundra alpina tropical, glaciares, desiertos y arrecifes de coral, con especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo. .

«Crecí con la gente de Kankuamo, en las tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta», dijo Arias. «Para nosotros, crecer allí es un gran privilegio, por eso lo llamamos ‘el corazón del mundo'».

Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. En sus creencias espirituales, Sierra Nevada se considera el corazón del mundo, donde cada elemento, objeto y organismo, desde el pico vertiginoso hasta la corriente suave, forma una parte indispensable de un cuerpo interconectado.

“Para nosotros, hay vida en todos los elementos. Los picos, ríos, animales, plantas, piedras y planetas están en constante interacción para lograr la armonía y el equilibrio en la naturaleza y con nosotros mismos «, dijo Arias. «Lo que afecta a uno, afecta a todo el ecosistema».

La Sierra Nevada cubre unos 17,000 kilómetros cuadrados (6,560 millas cuadradas). Las tierras altas y las tierras medias remotas están protegidas por un parque nacional junto con tres reservas indígenas que se superponen y exceden la tierra cubierta por el parque. Sin embargo, las comunidades indígenas que habitan en la remota región montañosa se consideran defensores de un territorio mucho más extenso que el que está oficialmente protegido.

La línea negra

Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.

El Consejo Territorial Indígena de Gobernadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC) describe la Línea Negra como “un gran sistema de nodos terrestres, marítimos y aéreos interconectados. Considerado como sagrado en su conjunto, es el espacio del que surge la cultura de los cuatro pueblos indígenas de Sierra Nevada, y donde se recrea «.

Pero con recursos valiosos bajo el pie, como el petróleo y el oro, hay visiones competitivas para el futuro de la Línea Negra. Arias dijo que la presión de los intereses mineros dentro de la Línea Negra aumentó hace 15 años bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno emprendió una serie de proyectos de infraestructura a gran escala en la región.

«Siempre ha habido presión sobre Sierra Nevada, pero fue bajo Uribe cuando explotó la cantidad de solicitudes y concesiones mineras», dijo Arias. «Ahora, la negligencia legislativa nos presenta 132 títulos mineros y 260 aplicaciones mineras para explotar minerales y carbono».

La Constitución colombiana de 1991 garantiza a las minorías étnicas el derecho a una consulta previa sobre proyectos que tengan un impacto ambiental o social en los territorios colectivos. En 2014, el Tribunal Constitucional del país ordenó la suspensión de un título minero dentro de la Línea Negra porque no se había sometido a una consulta previa con las comunidades indígenas.

Luego de la orden judicial, el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos citó a las comunidades indígenas con casi 400 procedimientos de consulta para proyectos mineros en gran medida a pequeña escala. Las comunidades indígenas retrocedieron, diciendo que el ejercicio fue «agotador y contraproducente» hasta que se establecieron reglas claras para ordenar el proceso.

Hace tres años, los consejos indígenas presentaron una acción legal conocida como tutela ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus derechos constitucionales fueron violados por la minería legal e ilegal que tiene lugar dentro de la Línea Negra. Además de la minería, los consejos denunciaron proyectos de infraestructura a gran escala como el puerto de envío de carbón Puerto Brisa , la presa hidroeléctrica Ranchería y el hotel Los Ciruelos que se habían llevado a cabo dentro de la Línea Negra sin el consentimiento de los indígenas. El tribunal aún no ha emitido un fallo .

Después de años de esperar un fallo de los tribunales, las autoridades indígenas, conocidas como mamos, descendieron desde lo alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, viajando más de 800 km (500 millas) a la capital del condado, Bogotá, para enviar un mensaje. al público colombiano y presionar al gobierno, pidiendo al Tribunal Constitucional que proteja el límite de la Línea Negra.

«El corazón del mundo está en riesgo de exterminio físico y cultural», dijo el CTC en un comunicado de prensa. «El modelo de desarrollo extraccionista, particularmente la minería y los megaproyectos, amenaza la supervivencia de los cuatro pueblos indígenas y el ecosistema único de la Sierra Nevada de Santa Marta».

Los líderes indígenas pidieron al gobierno central que respete y proteja el territorio ancestral de Sierra Nevada y suspenda las concesiones mineras y de megaproyectos otorgadas dentro de la Línea Negra.

Los propietarios privados y los grupos comerciales se han pronunciado en contra del reconocimiento de la corte de los reclamos ancestrales indígenas a la Línea Negra. En conversaciones con los medios locales , los grupos comerciales han dicho que temen que los grupos indígenas creen obstáculos legales para los propietarios privados, la expansión urbana y pongan el futuro de los proyectos de infraestructura y desarrollo en el «limbo».

Arias rechazó el argumento de que las comunidades indígenas representan «un obstáculo» para el desarrollo económico, diciendo que él imagina un camino para el desarrollo regional en armonía con la naturaleza. Dijo que los residentes indígenas de la zona «quieren convivir con otros sectores sociales, pero sin perder lo fundamental, que es el territorio».

Violencia pasada y presente

La Sierra Nevada de Santa Marta ha estado plagada de cientos de años de violencia política y colonización, lo que representa una amenaza existencial para la supervivencia cultural de los habitantes indígenas y los frágiles ecosistemas de la región. Se cree que los Kogui, Arhauco, Wiwa y Kankuamo son descendientes del pueblo Tairona que escapó de la colonización española al trasladar sus asentamientos a las altas montañas remotas.

A comienzos del siglo XX, gran parte del lado occidental de Sierra Nevada había sido convertida para plantaciones de banano por United Fruit Company, con sede en Estados Unidos, que construyó ferrocarriles y aldeas residenciales, áreas administrativas, áreas de servicio y campamentos de trabajadores siguiendo modelos estadounidenses. . Los campesinos, agricultores que vinieron de las regiones del interior de Colombia, se establecieron en las tierras altas medias para cultivar cultivos comerciales, especialmente café y cacao, en tierras agrícolas ricas.

Una cascada recorre el bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta. Imagen cortesía de Fundación Antelopus.

En la década de 1970, los cultivadores de marihuana empujaron la colonización más allá de las montañas, limpiando bosques vírgenes para cultivar cultivos ilícitos. Con la marihuana llegaron las guerrillas, los paramilitares y los militares. El conflicto resultante entre los actores armados generó un reino de terror en Sierra Nevada, con niños reclutados a la fuerza en grupos armados, así como desplazamientos forzados generalizados, asesinatos selectivos, masacres y violencia sexual.

Aunque el ejército guerrillero más grande del país, las FARC, dejaron sus armas en 2016, la violencia política y del narcotráfico es una preocupación creciente en Sierra Nevada, con grupos paramilitares rearmados que luchan por el control territorial. Solo en los últimos 18 meses, seis líderes comunitarios fueron asesinados, otro sufrió un ataque y 42 personas fueron desplazadas, según un informe reciente.

«La disputa es sobre un corredor de movilidad entre tres departamentos, con una [carretera principal], acceso a puertos marítimos y donde se pueden generar muchos ingresos ilegales en todo lo relacionado con el turismo y los cultivos de banano y palma [aceite]», Luis Trejos, de Observatorio del Caribe de la Universidad del Norte, dijo al medio de comunicación local Semana.

El Defensor del Pueblo advirtió sobre la amenaza para los habitantes indígenas. Gelver Zapata Izquierdo, líder indígena de Arhuaco, le dijo a Mongabay Latam en 2018 que los grupos armados están presentes en áreas donde se planean o llevan a cabo proyectos estratégicos como minería, perforación de petróleo y desarrollo de infraestructura.

«Es extraño que el estado esté cerca de esos proyectos y también lo estén los grupos armados», dijo Zapata Izquierdo. “Para nosotros, cualquier grupo armado es el mismo, es el símbolo de la guerra dentro de los territorios. Estamos convencidos de que Colombia necesita diálogo para reconstruir, pero más allá del diálogo, es el reconocimiento de los derechos humanos ”.

Un informe publicado en 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro de Memoria Histórica encontró que de las 102 tribus indígenas del país, casi el 70 por ciento tiene un riesgo inminente de desaparición física y cultural. Desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, ONIC ha registrado 158 asesinatos de líderes indígenas, principalmente en el departamento suroccidental del Cauca.

«En Colombia, una [persona] indígena es asesinada cada 72 horas», dijo el asesor principal de ONIC, Luis Fernando Arias, a France 24 . Dijo que los pueblos indígenas a menudo son atacados por defender su territorio de los grupos armados. «Los pueblos indígenas son un obstáculo para los grupos armados porque defendemos nuestros territorios, ejercemos el control social y excluimos a los grupos armados».

El 23 de diciembre, dos ambientalistas de alto perfil de la ciudad de Santa Marta fueron encontrados asesinados cerca del Parque Nacional Tayrona de Sierra Nevada. No estaba claro si el asesinato estaba relacionado con su trabajo social y ambiental, o si fue el resultado de un robo de auto. En el mismo sector rural a lo largo de la costa del Caribe, el guardaparque Wilton Orrego fue asesinado en enero de 2019. Para ambos asesinatos, las autoridades están investigando la participación del grupo paramilitar, Los Pachencas, que mantienen un estricto control territorial en la región, y están muy involucrado en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos y Europa.

Estrés ambiental severo

Un estudio de 2017 realizado por el Banco de la República de Colombia utilizó imágenes satelitales de alta resolución para investigar las tasas de deforestación, asentamientos humanos e infraestructura vial dentro de la Línea Negra. Si bien los resultados indican que la protección oficial de la tierra ha ayudado a limitar la deforestación y la actividad humana en los parques nacionales y las reservas indígenas en el área, los investigadores no pudieron concluir que tuviera algún efecto dentro de la Línea Negra.

«Nuestros principales resultados indican que si bien [la Línea Negra] no tiene efectos detectables, hay evidencia de efectos [reductores] significativos de las reservas indígenas y parques nacionales en la deforestación, los asentamientos de población y la infraestructura vial», informan los autores en su estudio.

La región también está experimentando otros impactos, más indirectos, de la presión humana. El cambio climático ya está afectando gravemente los glaciares de Sierra Nevada. Desde 1900, el 92 por ciento de los glaciares que alguna vez cubrieron las grandes montañas ya no existen. Según un estudio de la agencia de investigación climática del país , IDEAM , los seis glaciares ecuatoriales de Colombia desaparecerán para el año 2050 si la tasa actual de derretimiento continúa.

Arias dijo que los efectos negativos del cambio climático en las capas freáticas y el manto de nieve de Sierra Nevada se están multiplicando por el desarrollo extractivo y de megaproyectos que tienen lugar en las tierras bajas dentro de la Línea Negra.

“Ya estamos viendo que los ríos se están secando y la nieve está a punto de desaparecer. Por supuesto, el cambio climático está teniendo un efecto, pero las actividades mineras y de megaproyectos están acelerando rápidamente el proceso y causando daños inmediatos ”, dijo Arias. “Ninguna de estas formas de explotación está permitida por nuestras leyes. Para nosotros, es como extraer sangre del cuerpo «.

En 2013, un estudio declaró al Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta como el área protegida más importante del mundo para especies amenazadas. La Sierra Nevada comprende un hábitat particularmente crítico para los anfibios en peligro de extinción. Lina Valencia, oficial de conservación de Colombia en Global Wildlife Conservation (GWC), dijo que Sierra Nevada tiene el mayor número de anfibios endémicos amenazados del mundo.

Recientemente, la comunidad indígena de Arhuaco permitió a los biólogos conservacionistas del socio local de GWC, Fundación Atelopus, acceder a una cuenca hidrográfica donde pudieron identificar y fotografiar el sapo arlequín de la noche estrellada en peligro crítico ( Atelopus arsyecue ) que se había considerado «perdido para la ciencia» por casi 30 años.

“Hay 18 especies endémicas de anfibios en Sierra Nevada y cuatro especies de sapos arlequín. Las ranas se consideran guardianes del agua porque se encuentran en las cabeceras de los ríos «, dijo Luis Alberto Rueda, profesor de la Universidad del Magdalena y cofundador de la Fundación Atelopus.

Rueda y otros investigadores de la Universidad del Magdalena han estado estudiando anfibios en peligro de extinción en Sierra Nevada durante más de cinco años. El equipo ha modelado futuras trayectorias de población para el sapo arlequín de la noche estrellada, y sus resultados muestran una tendencia al declive. Rueda dijo que las principales amenazas para la especie son la ganadería y la producción de cultivos, junto con los desechos, la infraestructura y otros problemas que surgen del sector turístico en crecimiento y mal regulado de la región.

Movimiento indígena se une a la huelga nacional

El presidente Iván Duque, un aprendiz cuidadosamente seleccionado del ex presidente Uribe, asumió el cargo el 7 de agosto de 2018. Criticado como inexperto y en gran parte impopular, Duque ha luchado por gobernar el país. El 21 de noviembre de 2019, estallaron las mayores protestas en todo el país desde la década de 1970 contra el gobierno.

Las organizaciones indígenas en marzo ya habían liderado una protesta nacional, conocida como minga, para exigir que el gobierno de Duque implemente completamente el acuerdo de paz de 2016 y reconozca los derechos indígenas a la tierra. En la última ronda de protestas, la organización indígena nacional ONIC inmediatamente llamó a la población nativa de Colombia a unirse a la huelga nacional.

El Consejo Indígena de la Reserva Kankuamo llamó a su gente a unirse a la huelga también, expresando su solidaridad con los «diversos sectores de la sociedad colombiana que sienten que sus derechos esenciales han sido violados».

La respuesta de Duque a la protesta abrumadoramente no violenta ha sido una represión policial dura, combinada con ofertas renuentes para negociar con los organizadores de la huelga. Más de un mes después de que comenzaron las huelgas, aún no se ha alcanzado un acuerdo entre el gobierno y los manifestantes.

Imagen del banner: los picos de las montañas de Sierra Nevada de Santa Marta emergen de un mar de nubes. Imagen de Gicaman a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Nota del editor: Esta historia fue impulsada por Places to Watch , una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) diseñada para identificar rápidamente la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar una mayor investigación de estas áreas. Places to Watch se basa en una combinación de datos satelitales casi en tiempo real, algoritmos automatizados e inteligencia de campo para identificar nuevas áreas mensualmente. En asociación con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en datos al proporcionar datos y mapas generados por Places to Watch. Mongabay mantiene una independencia editorial completa sobre las historias reportadas utilizando estos datos .

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Fuente:https://news.mongabay.com/2020/01/colombias-heart-of-the-world-mining-megaprojects-overrun-indigenous-land/?fbclid=IwAR3rbvGDou-kFmLjeRW4k-D-ex5FDDbG1R_8gyVjhh4FvovFYSfHOkCEwoY
Mexico

Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Autor: Otros Mundos Chiapas.org
Conflicto Relacionado: Samalayuca

Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.

 

Fuente:https://otrosmundoschiapas.org/agricultores-de-chihuahua-inician-resistencia-contra-mina-canadiense/?fbclid=IwAR0GwgK7m19RbWaEvsjUXxgKTpoBlLa1NIAdJ_A2mG4gNqOUMQd9ruQHsig