Internacional, Minería en general

CRIMINALES CLIMÁTICOS

Paul E. Maquet 06/09/2023

La palabra “cambio” climático es insuficiente para expresar el desastre que estamos viviendo. “Crisis” e incluso “colapso”, si bien son más expresivas sobre la gravedad de los hechos, aún no logran dar cuenta de que se trata de un fenómeno que tiene culpables. En realidad, estamos frente a un crimen climático.

A estas alturas, ya cuesta llevar la cuenta de los desastres absolutamente inéditos que salen en las noticias todos los días. Algunos de ellos son muy visibles, como los mega-incendios en Canadá, Hawai o Grecia, las inundaciones sin precedentes en España, Grecia, Brasil o China, o las sequías inéditas en Uruguay o Panamá. Otros, son invisibles pero también tienen efectos concretos: la pérdida de productividad agrícola, por ejemplo, que viene causando la crisis del limón en el Perú y en general una persistente inflación alimentaria.

Pero ¿acaso todo esto es algo inesperado?

Hace más de 100 años, científicos ya alertaron que quemar combustibles fósiles estaba vinculado al incremento de temperatura en la Tierra. Hace más de 50 años, científicos alertaban que el incremento del CO2 atmosférico causaría el calentamiento de nuestro planeta. Hace más de 30 años se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hace 25 el Protocolo de Kyoto y hace ocho el Acuerdo de París.


Periódico de 1912 dando cuenta de investigaciones científicas que señalan que el consumo de carbón afectaría el clima global y causaría un incremento de la temperatura. (https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/ROTWKG19120814.2.56.5)

Y en todo este tiempo, la extracción y la quema de combustibles fósiles han continuado creciendo. El año pasado, el consumo de carbón en el mundo alcanzó los 8300 millones de toneladas, un récord histórico y 3.3% superior al año previo. En junio de este año, la demanda global de petróleo también alcanzó un récord histórico de 103 millones de barriles diarios, por encima del anterior máximo de 2019.

Y no es que las empresas petroleras no sepan lo que está causando su producto o tengan dudas. Está demostrado que Exxon, Schell, Total, BP, Chevron y otras empresas y gremios petroleros sabían perfectamente las consecuencias a largo plazo de la quema de combustibles fósiles. Lo sabemos gracias a la filtración de memorándums internos y otros documentos que datan de los años 50, 70 y 80 del siglo pasado (ver: https://theconversation.com/lo-que-las-grandes-petroleras-sabian-sobre-el-cambio-climatico-en-sus-propias-palabras-181588). Sin embargo, no pusieron por delante el futuro de nuestros hijos e hijas, sino su negocio. Varias empresas petroleras “coordinaron un esfuerzo global para disputar la ciencia climática, bloquear los controles de combustibles fósiles y mantener el flujo de sus productos”, señala el investigador Benjamin Franta.

Han sido los actores interesados los que generaron e introdujeron en el debate público ideas como “es un cambio natural”, “la culpa es de los volcanes” o de “la actividad solar”, o “no podemos arriesgar la economía por las ideas radicales de los ecologistas”, ideas que hasta ahora se utilizan para confundir a la ciudadanía. Estos discursos hacen perder el poco tiempo que queda para tomar decisiones y evitar las peores consecuencias de esta contaminación global.

Sabiendo las consecuencias de lo que hacían, empresarios y políticos lo han seguido haciendo. Han seguido invirtiendo en la extracción de combustibles y han arrastrado los pies para implementar una transición energética que usa tecnologías que existen hace décadas. ¿Quiénes han sido los únicos ganadores de todo ello? En efecto: las empresas de petróleo, gas y carbón. ¿Quiénes somos los perjudicados? Todos los demás, y en especial nuestros hijos y nietos.

Algún día habrá una “comisión de la verdad” climática que establezca claramente qué papel jugó cada uno en esta historia. Y habrá juicios como los de Nuremberg para juzgar a los responsables de este crimen global.

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Argentina, Litio, Minería en general

China, EE.UU. y Corea se llevan todo: mientras el litio tiene destino extranjero, qué pasa con el oro y la plata

Los minerales metalíferos y el litio representan casi el 100 por ciento de los materiales que se van de Argentina. Se profundiza la extranjerización
IPROFESIONAL
Por Patricio Eleisegui 06/01/2023

La expansión del extractivismo minero viene siendo una constante durante la gestión de Alberto Fernández al frente de la Presidencia y el avance de los proyectos se encuentra marcado por una extranjerización cada vez más pronunciada. Así lo reconocen dependencias oficiales como la Subsecretaría de Desarrollo Minero, que exponen como destino de exportación directa los materiales que se sacan de 13 emprendimientos en «producción». El oro, la plata y el litio representan casi el 100 por ciento de los minerales que salen de la Argentina y la explotación con vistas a abastecer mercados externos trepó más del 22 por ciento durante 2022.

Según estadísticas de la dependencia mencionada y la Secretaría de Minería a las que accedió iProfesional, las exportaciones acumularon «un total de u$s3.533 millones durante los primeros 11 meses del 2022 y superando en un 9 por ciento los niveles de exportaciones mineras de todo 2021».

«De esta manera, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde 2012 para el acumulado de los primeros 11 meses del año, cuando las mismas habían contabilizado u$s4.487 millones», reconoce la Secretaría de Minería.

La venta al exterior de oro y plata evidenciaron un incremento anual del 11 por ciento comparado con 2021. El primero generó un negocio del orden de los 1.985 millones de dólares, mientras que ya el segundo material movió exactos 743 millones en moneda estadounidense.

Minería en Argentina: los destinos de exportación
«Estados Unidos, Suiza, India y Japón explicaron sólo en noviembre el 70% (u$s228 millones) de los destinos de las exportaciones mineras totales, mientras que en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 68% (u$s2.388 millones) para los países seleccionados», detalla la dependencia en un informe de diciembre.

«… estos 4 destinos explicaron el 76% de las exportaciones metalíferas totales en los primeros 11 meses de 2022. El 24% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente los países Canadá, Corea del Sur, Bélgica, Alemania y China», añade.

A diferencia de lo que ocurre con el oro y la plata, nicho en el predomina la supremacía de Estados Unidos, Suiza y la India como principales destinos de exportación de dichos metales, el negocio del litio exhibe a China y a Japón a la cabeza de los países que más se llevan ese mineral.

Según la Secretaría de Minería, los mencionados China y Japón, sumados a Corea del Sur y Estados Unidos, concentran el 94 por ciento de las ventas de litio que se realizan desde la Argentina.

«Se destaca que Japón incrementó su participación en las exportaciones de litio un 103%en los primeros 11 meses de2022 respecto al mismo periodo del 2021, mientras que Corea del Sur incrementó su participación un 81%en el mismo periodo seleccionado», afirma el informe oficial.

El Gobierno busca más inversión extranjera
El oficialismo, mientras tanto, continúa promoviendo el desembarco de capitales trasnacionales y en las últimas semanas se confirmó que, por primera vez en esa zona, una minera canadiense buscará litio en las patagónicas Neuquén, Río Negro y Chubut.

A este movimiento hay que añadirle el arribo reciente de representantes de empresas y funcionarios del gobierno de la India con el fin de evaluar la compra de yacimientos en el Norte argentino.

En concreto, una misión india ya hizo pie en la provincia de Catamarca y se estima que en el transcurso del primer trimestre de 2023 también concretarán visitas a los salares de Jujuy y Salta.

Según datos de la cartera de Desarrollo Productivo y la Dirección Nacional de Economía Minera a los que accedió iProfesional, suman 18 las compañías con potestad sobre espacios con presencia del metal. Las 16 principales son actores privados de capital foráneo.

Ese bloque está integrado por empresas pertenecientes a 8 países diferentes. Australia, a través de 6 megamineras, encabeza la nómina de naciones con mayor posicionamiento sobre los salares de la Puna. Le siguen Canadá, con 3 firmas, China suma 2 y luego le siguen Gran Bretaña, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Japón.
https://www.iprofesional.com/negocios/375548-china-ee-uu-y-corea-se-llevan-todo-los-destinos-del-litio

Minería en general

Prácticas ESG, el gran desafío para la minería en 2023

Bnamericas
30/12/2022

Prácticas ESG, el gran desafío para la minería en 2023
Las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) serán los principales desafíos de la minería global en 2023, según un estudio de la consultora EY.

“La buena gobernanza será siempre una de las principales tendencias, pero ya no se trata de un mero ejercicio de ‘marcar la casilla’”, dijo un ejecutivo sénior del sector en el estudio.

“Las mineras deberán tener una visión holística con enfoque ESG para ganar la confianza de los inversores y de la comunidad”, se indica.

Las mineras chilenas afrontan sus propias dificultades en ese sentido, pues dos grandes compañías, la cuprera Los Pelambres y el principal productor de litio del país, SQM, han tenido que enfrentar protestas por problemas ambientales y conflictos laborales en los últimos días.

Estas dificultades han surgido a pesar de que Los Pelambres recibió acreditación por parte de The Copper Mark por su gestión minera responsable y SQM fue destacada este año como una de las mejores compañías en materias de sustentabilidad por el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index.

En el caso de Los Pelambres, pobladores de la localidad de Panguesillo, en el municipio de Salamanca, llevan más de dos semanas impidiendo el paso a la mina cuprífera en la Región de Coquimbo, en el centro-norte del país. Denuncian que la operación provoca daños ambientales y exigen medidas compensatorias.

El controlador de la mina, Antofagasta Minerals —60% propiedad del grupo Luksic y 40% de un consorcio chino— calificó el evento de fuerza mayor y manifestó a través de un comunicado que «el bloqueo ha tenido como único objetivo que la compañía desembolse recursos económicos en beneficios individuales o familiares”.

Sin embargo, la compañía señaló que está dispuesta al diálogo y espera retomar la normalidad de las operaciones a la brevedad. Por ahora se concentra en despejar el bloqueo y resolver la situación con representantes de las comunidades locales. Indicó que no habido ningún impacto relevante sobre la producción.

Los manifestantes «están impidiendo el paso, tiran piedras, reclaman por la falta de agua y el daño ambiental de la minera privada. Como municipio no podemos dar una solución”, dijo a BNamericas el representante legal del municipio de Salamanca, Luis Jeneral.

Ante esta situación se piensa que Los Pelambres podría suspender contratos con varias empresas locales «que no tienen más clientes que la minera», comentó Matías González, presidente de la asociación de comerciantes y empresarios de Salamanca, Acesa, según el medio local El Día.

Por su parte, SQM se vio amenazada por una advertencia de huelga en demanda de alzas salariales, bonos y otros beneficios, pero logró sellar un preacuerdo con el Sindicato de Supervisores, lo que parece haber evitado que la acción sindical siguiera adelante.

El acuerdo debe ratificarse, «pero lo más seguro [es] que todos lo acepten», señaló el dirigente sindical Omar Durán , según Reuters.

En virtud del acuerdo, SQM otorgaría diversos beneficios a los más de 1.000 trabajadores que pertenecen a sus filiales SQM S.A., SQM Salar, SQM Nitratos y SQM Industrial.
https://www.bnamericas.com/es/noticias/practicas-esg-el-gran-desafio-para-la-mineria-en-2023

Minería en general

Las presas de residuos deben obtener el consentimiento de la comunidad y garantizar un daño cero, según un informe

mineriaenlinea 01/06/2022
Las empresas mineras deben obtener el consentimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades afectadas a lo largo de la vida de una mina para las instalaciones de almacenamiento de residuos, o presas de relaves, tanto propuestas como existentes, según recomienda una coalición de grupos ecologistas en un informe publicado el martes.

Las organizaciones ecologistas sin ánimo de lucro Earthworks y MiningWatch Canada, que redactaron el informe Safety First junto con otros grupos, dijeron que esperan que las recomendaciones sean adoptadas por la gestión de los relaves mineros para la seguridad pública y medioambiental.

Los diques de estériles, que son terraplenes construidos cerca de las minas para almacenar los residuos mineros, pueden tener decenas de metros de altura y extenderse varios kilómetros.

Son el método de eliminación de residuos más habitual para los mineros, pero pueden ser peligrosos dependiendo del método de construcción y de otros muchos factores.

Una presa de relaves en la localidad brasileña de Brumadinho se derrumbó en 2019, matando a más de 250 personas en uno de los peores desastres mineros del mundo.

El informe recomienda que la gestión de los relaves debe garantizar un daño cero a las personas y debe haber tolerancia cero para las muertes humanas.

“Aunque el objetivo de la gestión de los residuos debe ser minimizar el daño medioambiental en todas partes, es especialmente importante limitar cualquier daño medioambiental al interior de la mina”, afirma el informe.

También recomienda que no se construyan nuevas instalaciones de residuos si el operador no puede garantizar la evacuación segura y oportuna de las comunidades de la zona.
Reuters

Las presas de residuos deben obtener el consentimiento de la comunidad y garantizar un daño cero, según un informe

Chile, Litio, Minería en general

Consejo de Defensa del Estado demanda a tres mineras por daño ambiental en Salar de Atacama

Se trata de un libelo interpuesto por el CDE, debido a la extracción continua de recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, lo que ha provocado una disminución mayor a la que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo.
07/04/2022
Minería Chilena
Una demanda en contra de las empresas mineras Escondida, Zaldívar y Albemarle, cuyas operaciones se ubican en la Región de Antofagasta, fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental.

Se trata de un libelo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a la extracción continua de recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, lo que ha provocado una disminución mayor a la que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo.

En el escrito se estipula que el descenso de lo que se denomina nivel freático, es decir, del nivel de agua máximo en relación a la distancia entre el recurso y la superficie, es superior a los 25 centímetros, lo que de acuerdo al CDE, provocó el deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas de Tilopozo, de la fauna; y de los sistemas de vida y costumbres de la Comunidad Indígena de Peine.

La conclusión del consejo tiene su respaldo en la revisión de los antecedentes del procedimiento sancionatorio que llevó a cabo la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), además de diversos informes disponibles y, la opinión de órganos sectoriales con competencia ambiental. Para el CDE la extracción de diversas cantidades de agua por parte de las mineras demandadas, habrían provocado un daño que era previsible, toda vez que estaban en conocimiento del límite máximo de descenso que podría tener el acuífero.

En particular, en lo que dice relación con la responsabilidad de las empresas mineras, el organismo argumenta que existe infracción a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales. “El acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo ha sido explotado durante décadas por Compañía Minera Zaldívar en el sector Negrillar; Albermarle en el sector Tilopozo y Minera Escondida en el sector Monturaqui”, se lee en el escrito.

Además, en el documento se detalla que Minera Escondida habría extraído 1.400 litros por segundo hasta 2019; Zaldívar, 212,75 litros por segundo proyectados hasta 2025 (con un caudal autorizado de 500 litros por segundo) y Albemarle, 16,9 litros por segundo hasta 2041.

Otra de las consideraciones abordadas por el CDE, son las características del Salar de Atacama como una de las cuencas endorreicas salinas más conocidas del mundo, “ya que acumula grandes reservas de litio y suministra una buena parte del agua que ocupa en faenas mineras de extracción de cobre, además de contener ecosistemas muy sensibles, por lo que su vulnerabilidad ecológica ha derivado en una serie de estudios por parte del Estado de Chile e investigadores, abarcando desde la geología e hidrología, hasta su particular clima. La interacción de estos y otros factores dan origen a los complejos procesos que forman el Salar de Atacama y sus ecosistemas”.

Finalmente, CDE solicita al Primer Tribunal Ambiental que, no solo se repare el daño ambiental, sino también que las mineras implementen medidas de diálogo y gestión socioambiental; de diagnóstico territorial; así como estudios técnicos, medidas de mitigación de los daños declarados en la demanda; de gestión ambiental del territorio afectado; de mitigación, recuperación y compensación de los componentes afectados; y medidas de difusión y puesta en valor; y toda otra medida que el tribunal determine, además, del pago de las costas del juicio.
https://www.mch.cl/2022/04/07/consejo-de-defensa-del-estado-demanda-a-tres-mineras-por-dano-ambiental-en-salar-de-atacama/

Latinoamerica, Minería en general

2020: el año de la covid-19 y los delitos ambientales

por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam
Durante la pandemia se dispararon los ataques ambientales en la Amazonía y otros importantes ecosistemas de Latinoamérica. La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y hasta el asesinato selectivo de defensores ambientales se incrementaron.
La minería ilegal es una de las principales problemáticas ambientales en la región.

La pandemia impuso grandes retos para el medio ambiente durante el 2020. En un principio se llegó a pensar que las cuarentenas y demás medidas restrictivas durante la emergencia sanitaria traerían un alivio para los bosques y, en general, para la biodiversidad latinoamericana.

Sin embargo, rápidamente creció la preocupación por el aumento de las actividades extractivas como la tala de madera, la minería y la explotación petrolera. El gran problema no era solo la industria legal sino también los delincuentes que aprovecharon que los gobiernos invertían mucho de su tiempo, personal y dinero en atender la emergencia de salud, dejando atrás otros sectores como el ambiental.

Por ejemplo, en los primeros cinco meses de este año se registraron en Bolivia más de 25 274 focos de calor, un 80 % más que en el mismo periodo de 2019, lo que llevó a que se perdieran más de seis millones de hectáreas de bosque, mientras el país no tenía una estrategia clara para atender esta emergencia. En los primeros tres meses, Colombia perdió 75.031 hectáreas de su Amazonia, superando así la cifra de todo 2019 (73 000 hectáreas) y Ecuador vio cómo en 2020 los madereros ilegales invadieron territorios indígenas para extraer cientos de árboles.

No paró la deforestación
Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.

La tala indiscriminada de bosque para el aprovechamiento ilegal de la madera, el acaparamiento de tierras, el cultivo de grandes monocultivos o la ganadería extensiva no estuvieron de cuarentena.

Para agosto de 2020 las fiscalías ambientales de tres regiones peruanas investigaban a funcionarios forestales de Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanqueaban madera ilegal. Al día salían aproximadamente 40 camiones de madera y la pandemia impidió que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) verificara la legalidad de estos cargamentos en los últimos meses.

Parques Nacionales Naturales de Colombia esperaba contener la tala en la Amazonia aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre de 2019 en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de varios parques, estos acuerdos quedaron detenidos y la saliente directora de la entidad, Julia Miranda, manifestó en diciembre su preocupación por el aumento de la deforestación en el parque Serranía de Chiribiquete.

En Bolivia, “detrás de los incendios forestales está la expansión agrícola”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El experto manifestó su preocupación pues en 2020 cree que tanto empresarios de la agroindustria como gobiernos que dictan normas para autorizar el desbosque de tierras, estuvieron detrás de este fenómeno. Mientras tanto, en Ecuador, por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

La minería ilegal no descansa
Los campamentos mineros operan a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas. Foto: comuneros de Boca Pariamanu.

Comunidades indígenas y afrodescendientes en Ecuador denunciaron la presencia de minería ilegal en su territorio durante la emergencia por la covid-19, al tiempo que la minería legal no descansaba y las poblaciones temían que la rotación de personal aumentara sus posibilidades de contagio. Estas denuncias fueron constantes en la parroquia Pacto, en Pichincha; en la parroquia Larama, en Loja y en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura.

En septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, Perú, estimó que la minería ilegal dejó una deforestación de casi 30 hectáreas. Cerca de los puntos de excavación, las autoridades hallaron una amplia construcción de palos y plásticos que funcionaba como bar y donde, se presume, se ejercía la prostitución clandestina.

De hecho, Ecuador y Perú fueron dos de los países donde más se denunciaron delitos relacionados con extracción ilícita de minerales. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos reabrieron socavones y operaron en ríos que llegan a comunidades indígenas en la Cordillera del Cóndor, en un área que debió ser parte de un parque nacional.

Se dispararon los asesinatos de defensores ambientales
Portada especial Defensores ambientales la violencia del desplazamiento
Portada del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. Ilustración: Kipu Visual.

Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales. Así lo registró la organización internacional Global Witness al reportar 64 asesinatos, durante el 2019, en el reporte que publicó a mediados de 2020. Esa cifra casi que triplicó el número de homicidios reportados para 2018.

Durante la pandemia, los homicidios se dispararon y el peligro fue mayor no solo para los líderes ambientales sino para los indígenas y defensores de derechos humanos. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 11 de diciembre de 2020, 293 líderes habían sido asesinados.

Perú también vio cómo se disparó la violencia en contra de los líderes ambientales. Aunque sus cifras distan enormemente de las colombianas, cinco asesinatos se registraron en 2020 y varias amenazas de muerte se siguen reportando hasta hoy. A inicios de diciembre, un grupo de líderes indígenas de Ucayali llegó a Lima para pedir protección a las autoridades peruanas frente al hostigamiento constante que sufren en sus territorios.

Territorios indígenas y áreas protegidas bajo asedio
Guido Jaimes, guardaparque del Parque Nacional Carrasco en Bolivia. Foto: Guido Jaimes.

Desde que en marzo de 2020 se presentaron los primeros casos de COVID 19 en casi todos los países de Latinoamérica, las autoridades decretaron el cese de las actividades turísticas y científicas en las áreas protegidas. Varios pueblos indígenas también cerraron sus territorios para contener el virus. Pero no todo se detuvo.

Muchos guardaparques permanecieron en sus puestos para salvaguardar la integridad de estos grandes espacios dedicados a la conservación. Para cumplir su misión tuvieron que cambiar sus rutinas, adaptarse a recortes presupuestales, reducción de personal en el campo y, en algunos casos, despidos, como ocurrió en Ecuador.

Mientras tanto la ilegalidad dejaba en claro que no había cuarentena capaz de detenerla. Los guardaparques y los indígenas han tenido que lidiar con la caza prohibida de especies silvestres o la tala ilegal de madera, acciones que nunca cesaron pese a los decretos de inmovilización que acompañaron a la emergencia sanitaria.
Artículo tomado de https://es.mongabay.com/2021/01/delitos-ambientales-y-covid19-2020/
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/2020-el-ano-de-la-covid-19-y-los-delitos-ambientales–mundo-hoy/58786

Argentina, Minería en general

Los costos de la megaminería

14/03/2020
Investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
Por Vanina Lombardi

Agencia TSS – “De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45% del cobre, el 15% del hierro, el 20% del oro, el 51% de la plata, el 19% de la bauxita, el 21% del zinc, el 10% del níquel, el 14% del plomo, el 19% del estaño y el 29% del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4% de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 % del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país, que participaron de la elaboración y difusión de un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.

“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36% de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la Unicversidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.

Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.

Fuente: Gentileza Marcelo Giraud, en base a datos del British Geological Survey.

El documento elaborado por los científicos y científicas del CONICET se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.

Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del INDEC plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1% del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.

“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos mega proyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.

Fuente: Gentileza Marcelo Giraud, en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y acido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (IFIBYNE-UBA/CONICET) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprimarizacion de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1% de lo que se llevan en material”, puntualiza.

Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.

“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y cumplia con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.

Fuente: Gentileza Marcelo Giraud, en base a datos del British Geological Survey.

“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.

Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plesbicito, la sancion de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en mineria, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.

“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
Fuente: TSS
Compartido por No a la Mina: https://noalamina.org/argentina/item/43706-los-costos-de-la-megamineria

Latinoamerica, Minería en general

EJ Atlas revela patrones de abusos relacionados con las minas de minera canadiense Pan American Silver en América Latina

03/03/2020

EJ Atlas revela patrones de abusos relacionados con las minas de minera canadiense Pan American Silver en América Latina

Contacto: Yannick Deniau, EJAtlas, [email protected] (Español); Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected] (English)

TORONTO, CANADA. Hoy, el equipo del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) lanzó un mapa interactivo que detalla daños significativos relacionados con ocho sitios mineros en América Latina que pertenece a la compañía minera canadiense Pan American Silver.

“Es importante poner a disposición de las comunidades afectadas o amenazadas por los proyectos de la empresa en diferentes países, y de la opinión pública en general, información sobre lo que ha sucedido en otros lugares donde opera la misma compañía. En contraste con el discurso de Pan American Silver como una compañía minera responsable, el mapa documenta conflictos socio ambientales relacionados con varias de sus minas desde México hasta Argentina, con una falta de respeto de la compañía por la autodeterminación de las comunidades opuestas a sus proyectos «, comentó Yannick Deniau de EJAtlas.

En 2009, Pan American Silver adquirió el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, Argentina, a pesar de que la minería a cielo abierto y el uso de cianuro han sido prohibidos en la provincia desde el año 2003, gracias a los esfuerzos permanentes de las asambleas ambientales a nivel local. Las asambleas, siempre atentos a la actuación de sus legisladores, denuncian que la empresa ha cabildeado con las autoridades locales, provinciales y nacionales para modificar o anular esta legislación para poder explotar este depósito grande de plata.

Diez años después, en 2019, Pan American Silvercompró la mina Escobal en Guatemala, a pesar de la suspensión de las operaciones mineras por la oposición masiva y una decisión judicial que sentenció que el estado discrimina al pueblo indígena Xinka y que no lo había consultado. Ahora, Pan American Silver está participando en un proceso de consulta dirigido por el Estado de Guatemala que ha sido denunciado por sus múltiples irregularidades, incluyendo la discriminación y exclusión del pueblo Xinka.

El lanzamiento del mapa coincide con la feria minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto, de lo cual Pan American Silver es un patrocinador. Anualmente, PDAC organiza la conferencia en que más de 25,000 personas asociadas con la industria minera se reunirán para promocionar sus intereses y hablar sobre las tendencias de la industria.

“Mientras que Pan American Silver promueve su imagen patrocinando a PDAC, las experiencias negativas de las comunidades afectadas por la minería en todo el mundo están completamente ausentes del programa de la conferencia», comenta Kirsten Francescone de MiningWatch Canadá. “Este mapa de EJAtlas documenta violencia en múltiples minas de Pan American, desde México hasta Perú, documentando la forma en que las comunidades afectadas han sufrido hostigamiento, amenazas y criminalización.”

En Zacatecas, México, para expandir la mina La Colorada entre 2014-2017, hubo desplazamiento forzada de la comunidad local bajo amenaza de guardias de seguridad privada, y ahora la comunidad denuncia que vive en condiciones sofocantes bajo control social de la empresa. En Chihuahua, México, desde que la zona en donde opera la mina Dolores fue militarizado y las protestas locales sobre cuestiones económicas y ambientales suprimidas, la empresa ha logrado operar sin mayor interrupción a pesar del recrudecimiento de violencia en la zona.

Hasta la fecha, el EJAtlas ha documentado 616 casos de conflictos mineros en todo el mundo, con más de una cuarta parte de esos casos vinculados a empresas canadienses. Pan American Silver se une a Barrick Gold y B2Gold, todos ellos patrocinadores de PDAC 2020, entre las compañías canadienses con más conflictos registrados por EJ Atlas.

El mapa fue realizado en colaboración con las organizaciones MiningWatch Canada, Earthworks y el programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, entre otros.

Acceder al mapa interactivo: https://ejatlas.org/featured/envconflictsPAS

Chile, Minería en general

McKinsey prevé que el 80% de las exportaciones chilenas está en riesgo por cambio climático

La minería ya estaría perdiendo en torno a US$150 millones anuales por las escasas lluvias, mientras que pasar del consumo de agua dulce a desalinizada le implicaría al sector una inversión con costos operacionales de hasta US$2.000 millones. La pesca a nivel global es vulnerable, por el calentamiento oceánico.
Publicado el 18 de febrero del 2020
(La Tercera / Pulso) La minería, pesca, agricultura, forestales y vitivinicultura chilenas están vulnerables a diversos e importantes riesgos por efecto del cambio climático. Problemas de habitabilidad, trabajo, sistemas alimentarios, activos físicos, servicios de infraestructura y capital natural, son los que destaca McKinsey en un informe donde aborda el asunto a nivel global, con un apartado dedicado a la situación nacional.

En este último caso, la consultora destaca que el 80% de las exportaciones de Chile corren riesgos relevantes, como el aumento de aquí a 2030 en el 40% de las áreas con estrés de agua, lo que se define como uso anual del recurso en cuestión, dividido por su reposición anual.

Impacto por sequías
“Se identifica un aumento de probabilidad de sufrir sequías de múltiples años o una década”, se lee en el reporte, donde precisan que “aunque el promedio de lluvia se mantiene, no necesariamente se conserva la reposición de fuentes de agua dulce en acuíferos y ríos”, esto debido a que “si cae demasiada lluvia en poco tiempo no se absorbe en la tierra. Por cambios de vegetación y erosión no se va a poder retener tanta lluvia y los glaciares desaparecerán”.

En este desalentador escenario, el sector minero ya está enfrentando importantes desafíos, considerando que el 75% del agua que usa para su actividad es agua dulce. De hecho, actualmente se estiman en alrededor de US$150 millones las pérdidas anuales por lluvia, lo que según McKinsey se podría multiplicar.

Además, subrayan que “si toda el agua dulce usada en minería tuviera que cambiar a desalinizada, la minería tendría que invertir entre US$15 mil millones y US$20 mil millones hasta 2030, con un aumento de costos operacionales de entre US$1 y US$2 mil millones anuales”.

Otras consideraciones para Chile
Pero no solo la sequía se instala como un obstáculo para el sector exportador local. En el caso de la agricultura y la silvicultura, la consultora asegura la mayor dificultad va a provenir de la falta de predictibilidad, es decir, “demasiada lluvia seguida de sequía o a lluvia en meses donde anteriormente no había, etc.”.

En tanto, para la pesca, la vulnerabilidad se presentará por el aumento de la temperatura de los océanos, que conducirá a una disminución de la población de peses. Asimismo, los riesgos de inundaciones por el incremento del nivel del mar, obligará a un estudio para la ubicación de activos, como infraestructura y viviendas, en las costas del país.

En ese marco, McKinsey estima relevante que Chile defina “una respuesta adecuada que proteja personas y activos, desarrolle resiliencia”. Para ello recomiendan ahondar en las vulnerabilidades de nuestro territorio a través de estudios, cuyos resultados se incluyan en la toma de decisiones, “incorporando medidas concretas para reducir exposición, genera adaptación y mitigar”.

Situación global
Este tipo de precauciones las deben tomar un sinnúmero de países, pues -evidentemente- el cambio climático aqueja al mundo en su conjunto. De hecho, en términos planetarios los pronósticos son igualmente preocupantes.

Según McKinsey, de aquí a 2030 entre 160 y 200 millones de personas van a vivir en regiones con una probabilidad anual de 5% de experimentar olas de calor que exceden umbral de supervivencia humana. En tanto, un rango de 650 y 800 millones de personas se verán afectadas por una reducción de la pesca, consecuencia del calentamiento oceánico.

“Los impactos socioeconómicos globales del cambio climático podrían ser sustanciales, ya que un clima cambiante afecta a los seres humanos, así como al capital físico y natural”, indica la consultora.

https://www.mch.cl/2020/02/18/mckinsey-preve-que-el-80-de-las-exportaciones-chilenas-esta-en-riesgo-por-cambio-climatico/

Minería en general

En Kingston, Jamaica: Se reúne comité legal y técnico de la Autoridad de Fondos Marinos

La agenda de trabajo se centrará en completar los borradores sobre regulaciones para la explotación de minerales submarinos y la revisión de estándares y guías para dicho objeto.
MINERÍA SUBMARINA
13 de febrero del 2020
MINERÍA CHILENA
Entre el 24 de febrero y el 6 de marzo próximo sesionará -en Kingston, Jamaica- la Comisión de Asuntos Legales y Técnicos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (International Seabead Authority) de Naciones Unidas. El representante de Chile en este Comité es el abogado Gastón Fernández.

La agenda de trabajo de la Comisión de Asuntos Legales y Técnicos se centrará en completar los borradores sobre regulaciones para la explotación de minerales submarinos y la revisión de estándares y guías para dicho objetivo. Se espera que el Comité logre importantes avances sobre regulaciones que deben estar disponibles en julio de este año y que se refieren al monitoreo y la evaluación del impacto ambiental de operaciones de extracción de minerales desde el fondo marino.

No obstante, la presencia de Chile en este Comité podría verse afectada negativamente por el hecho de que el país no ha cumplido sus obligaciones económicas con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

El representante de Chile ante el organismo internacional es el embajador de Chile en Jamaica, Francisco Javier Bernales Errázuriz.
https://www.mch.cl/2020/02/13/en-kingston-jamaica-se-reune-comite-legal-y-tecnico-de-la-autoridad-de-fondos-marinos/