Argentina, Criminalización de la protesta

Reclaman «el cese de la criminalización de la protesta social en Andalgalá»

06/05/2021
La docentes, investigadores, no docentes, estudiante y egresados de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) que estuvieron realizando clases públicas por la situación en Andalgalá publicaron un documento en el que reclaman “el cese de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra los defensores del Agua del Aconquija”.
El documento completo:

«PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

Los acontecimientos desencadenados en Andalgalá desde los primeros días de abril de este año, constituyen un episodio más de un largo proceso de violencia estructural que arrecia sobre nuestros territorios/poblaciones bajo las modalidades del extractivismo minero neocolonial. El inicio de facto de las operaciones de exploración avanzada del Proyecto MARA (fusión Agua Rica y Alumbrera) arremete, no sólo contra la normatividad específica vigente (art. 41 de la Constitución Nacional; Ley Nacional 26.639, de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares -cuya existencia en las sierras de Aconquija fue constatada por el SEGEMAR, el IANIGLA y el Ministerio de Minería de Catamarca; Ley General del Ambiente 25.675; Ordenanza Municipal 029/16; Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 02 de marzo de 2016), sino que avasalla las más elementales garantías constitucionales de la población.

Andalgalá lleva más de 25 años de resistencia. En el 2005 rechazó la “presentación” de Agua Rica. En 2009 se conformó la Asamblea El Algarrobo que, junto a otras organizaciones populares, asambleas y vecinxsautoconvocadxs han venido sosteniendo la defensa del territorio, quedando en la memoria la brutal represión del 15 de febrero de 2010.

A este reclamo histórico por la libre determinación, la respuesta del Estado es la criminalización. Hemos seguido con preocupación los allanamientos y detenciones arbitrariamente ordenadas contra asambleístas y manifestantes, así como la intimidación hacia otrxsvecinxs, pues entendemos que estamos frente a la vulneración de derechos humanos básicos que buscan desarticular el reclamo social, penalizando un conflicto social real y profundo de larga data.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, como integrantes de la comunidad pedagógica y científica de la Universidad Nacional de Catamarca (en nuestro carácter de estudiantes, egresadxs, no-docentes y docentes e investigadorxs) manifestamos nuestro más enérgico repudio a este nuevo ciclo de violencias y despojos. Reclamamos el cese inmediato de las medidas de fondo que violentan radicalmente los derechos territoriales del pueblo de Andalgalá, de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra lxsdefensorxs del Agua del Aconquija.

Llamamos a toda la comunidad científica y académica a difundir y promover el debate sobre estos hechos considerando nuestra función social al servicio de la democracia y la justicia, abandonando la pasividad como forma de complicidad con los poderes fácticos.

Exigimos el rechazo de los fondos mineros para las Universidades Públicas que colonizan y mercantilizan la producción de conocimiento; el sobreseimiento y el cese definitivo de las causas injustas contra lxsdefensorxs del agua y la vida de Andalgalá y la liberación del Aconquija, con la paralización total de la exploración avanzada del proyecto MARA.

La única vía para erradicar la violencia de modo legítimo y eficaz exige resolver democráticamente la conflictividad estructural que la genera. Eso implica básicamente el reencauzamiento de un diálogo democrático-participativo sobre el modelo minero impuesto, empezando por la derogación de la ley provincial de adhesión a las reformas de los ‘90 (Ley Provincial 4759) y el inicio de un proceso de deliberación y construcción de genuinos consensos sociales, políticos y científicos sobre qué tipo de minería necesitamos y es posible realizar para un horizonte de autodeterminación histórico-social encaminado hacia el bienestar colectivo, la justicia social y ambiental y la convivencia democrática. Frente a esto, tenemos un gran desafío y un gran reto como Universidad Pública, empezando por desandar la senda recorrida de la defraudación social. Esta lucha no es solo de Andalgalá, es de todos nuestros territorios, es del único mundo existente. Sin justicia ambiental para la Madre Tierra no puede haber justicia social (ni justicia cognitiva)».

Firman el documento (226 firmantes):

Manuel Fontenla (UNCa – CITCA – CONICET); Laura Roda (Docente, UNCA); Mariela Pistarelli (DocenteF. Humanidades-UNCa/ Colectivo E.P. del Sur- CITCA); Marcia Vergara (Becaria doctoral CONICET/Escuela de Arqueología, UNCA); Horacio Machado Aráoz (Docente UNCA – Investigador CONICET). Hay más firmas…

Criminalización de la protesta, Mexico

El millonario contra los ejidatarios

Por: Rubén Martín
05/05/2021
Por favor recordemos sus nombres: José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega. Este integrante del ejido El Bajío, Sonora, y su esposa fueron encontrados muertos el viernes 30 de abril y se suman a la larga lista de campesinos, ejidatarios, indígenas y defensores del territorio que han fallecido en conflictos en contra de empresas mineras emplazadas en México.

Privados ilegalmente de la libertad, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega pertenecían al ejido El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, y cuyos ejidatarios tienen un conflicto con el millonario Alberto Bailleres, quien decidió instalar una mina justo en las tierras de estos campesinos.

Alberto Bailleres, según la revista Forbes, posee una fortuna de seis mil 400 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto hombre más rico de México. Es dueño de la cadena de tiendas Palacio de Hierro, socio de Femsa y dueño del conglomerado minero Peñoles, principal productor de plata en el mundo y uno de los principales productores de plomo y oro en el país. Sin duda, un hombre poderoso.

Gracias a este poder económico y a sus relaciones políticas ha conseguido muchas concesiones mineras que le han dejado negocios muy redituables.

Pero también un largo historial de conflictos agrarios y políticos, muchos de los cuales se han saldado con amenazas, agresiones, hasta desapariciones y asesinatos como los que han ocurrido en el ejido El Bajío.

Una mina de Peñoles, de nombre Penmont, empezó la ocupación ilegal de tierras ejidales en 1996 al solicitar permiso para explorar una parte del ejido, el cual le fue otorgado, “pero también inició ilegalmente la construcción de la mina Dipolos y una extensión de La Herradura, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio”, de acuerdo al historial del conflicto que los ejidatarios difunden en su página de internet (https://ejidoelbajio.mx/). La importancia de estas tierras para la empresa de Bailleres se debe a que la mina La Herradura es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México, “que produce 57.4 por ciento del oro total de la compañía, generando 30.6 por ciento de sus ingresos”.

La empresa minera del millonario Bailleres llevó a cabo contratos individuales con ejidatarios que no fueron autorizados por la asamblea ejidal, por lo cual eran ilegales.

En 2009 un grupo de ejidatarios decidió interponer un juicio agrario contra Penmont. En 2013 un grupo de 67 ejidatarios interpusieron 67 juicios agrarios a la minera, obteniendo sentencias favorables de parte del magistrado Manuel Loya Valverde, que ordenó a la minera desocupar y entregar las tierras, devolver a los ejidatarios el oro extraído por la minera, además de indemnizar a los ejidatarios por el uso de sus tierras. Aunque los ejidatarios apenas pudieron regresar a sus tierras, el resto de la sentencia no se ha cumplido tal como ordenaron los tribunales agrarios.

Pero justo a partir de esta sentencia se desataron varios hechos violentos contra los ejidatarios: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, amedrentamientos, quema de vehículos, siembra de armas y órdenes de aprehensión. La violencia contra los ejidatarios coincidió con la llegada al ejido de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien pretendía adueñarse de más de mil 800 hectáreas.

El presidente del ejido El Bajío, Jesús Thomas, dijo en entrevista para Radio UdeG que a pesar de que los tribunales les dieron la razón, la Fiscalía de Sonora se niega a cumplir las sentencias y acusan que de la fuerza pública actúa como brazo armado de la minera, es decir, al servicio del millonario Bailleres.

Los hechos que ocurren en el ejido El Bajío parecen lejanos de Jalisco, pero lo lamentable es que el patrón de despojos, amenazas y violencia como las desapariciones y los asesinatos se reproducen en Jalisco y en todo el país.

Apenas el pasado 24 de abril escribía en este mismo espacio de opinión (https://bit.ly/2QMDZJG) que existe una guerra contra los defensores del territorio y que en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han asesinado a 45 defensores del territorio, acumulando cientos de asesinatos y desaparecidos en las últimas décadas.

El caso del ejido El Bajío muestra que detrás de varias grandes fortunas que se acumulan en el país, se labran con este patrón de despojo de tierras y con la violencia contra quienes defienden esos bienes comunes.
[email protected]
https://www.informador.mx/ideas/El-millonario-contra-los-ejidatarios–20210505-0029.html

Criminalización de la protesta, Mexico

ASESINAN A INTEGRANTES DE LA REMA EN SONORA

04/05/2021
El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados
nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del
ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de
Sonora.

No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido
agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido
afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA
(Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de
2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la
misma suerte”.

Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso
de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos
mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley
a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el
tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias
a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario,
desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones,
detenciones arbitrarias, homicidios, levantones 1 , desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el
despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.

En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y,
sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el
uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera, creada recientemente por el entonces Secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para
gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado.
Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores
usan las instituciones en búsqueda de justicia.

En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto
Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la
compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha
caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia,
1 El 12 de febrero 2018 fueron asesinados Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Sus cuerpos fueron levantados
del sitio donde se cometió el crimen y hasta la fecha no han sido encontrados.por mencionar sólo algunos de sus episodios.
¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los mega-
empresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está
cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr.
presidente los empresarios mineros “mexicanos” con los que usted opera, son mucho peores que los
extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.
Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia
Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr.
Rafael Pavlovich Durazo.

Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante
la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El
Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente
perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael
Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran
relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través
de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como
antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario 2 el Lic.
Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El
Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra
compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado.

En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra
en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del
ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión.
Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes
de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich
Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.

La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territorio supera los 18 años buscando justicia, misma
que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por
ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad
minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan
a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.

Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia
para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad
de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras,
sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la
restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución
por parte de los órganos judiciales competentes.

2 También el RAN a validado actas de asamblea ejidal con firmas y sellos falsos, en la cual “se acepta y hace ejidatario” a un
prestanombres del Sr Pavlovich, Actualmente El Ejido sigue esperando la anulación de esa asamblea fraudulenta.Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato
de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto
con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero
estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13
ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.

Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que
la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política
no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento
se vuelvan hechos.

Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja
a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en
complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el
sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a
los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.
Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de
la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias
que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas
arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.

REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús
Gómez Vega.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU
ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ
CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Argentina, Criminalización de la protesta

APOYO DE LAS COMUNIDADES DIAGUITA AL PUEBLO DE ANDALGALÁ

19/04/2021
Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá
Compartimos el apoyo de los Caciques en representación de sus comunidades diaguita y en apoyo al pueblo de Andalgalá.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Catamarca.

“Exigimos, pues, la liberación inmediata de los hermanos que fueron detenidos por defender la vida y el medio ambiente, nuestra Pachamama”.

Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá

 

 

Criminalización de la protesta, Ecuador

Andrés Durazno, defensor del agua y de los páramos de Río Blanco en el Azuay

Una vida cegada en el contexto extractivo minero
18/03/2021
Ante la muerte violenta de Andrés Durazno, ocurrida en la comunidad de Río Blanco la noche del 17 de marzo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay, expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad a su esposa Fernanda, hijos y demás miembros de la familia y comunidad.

Andrés mantuvo su convicción durante varios años por la defensa de los páramos, las fuentes de agua y la vida, frente al proyecto minero Río Blanco. Era considerado como “guardián del cerro”, por su constante preocupación por el territorio, por evitar que tanto la megaminería, como la minería ilegal se inserten agrediendo los páramos del Macizo del Cajas. Defendió estos territorios que albergan vida y en los que las familias campesinas e indígenas de Río Blanco realizan sus actividades agrícolas y pecuarias, porque del cuidado de sus acuíferos depende su presente y su futuro.

Lo reconocemos como uno de los mentalizadores del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Río Blanco, que se creó con participación de profesores voluntarios de Cuenca y Quito, para apoyar a que jóvenes de la comunidad culminen sus estudios de bachillerato, permanezcan en el territorio, fortalezcan la lucha y defensa del agua y no migren a la ciudad. Con compromiso, posibilitó un espacio dentro de su vivienda para el funcionamiento del mismo.

Este execrable asesinato que bien podría pretender justificarse como de carácter interno a la comunidad, y del que exigimos a la Fiscalía clarifique y transparente las responsabilidades directas e indirectas, no es un hecho aislado. Debe ser entendido dentro del contexto en que ocurre, el de la profundización extractiva. El asedio de la minería no ha parado en la zona, si bien las actividades formales de la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A, de la empresa china Junefield han estado paralizadas desde 2018, año en que el juez Paúl Serrano aprobó las medidas cautelares solicitadas por las comunidades de Molleturo en su Acción de Protección interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia de Cuenca; y en que se reconoció que la empresa efectivamente violó el derecho constitucional de consulta previa, lo que fue ratificado en apelación por la Corte Provincial del Azuay. El caso está actualmente en la Corte Constitucional para decisión de una acción extraordinaria de protección presentada por el gobierno.

Las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las familias defensoras del agua y los páramos han vivido de manera permanente y sistemática acoso en la comunidad por parte de grupos que apoyan la minería calificada legal e ilegal, que se articulan y solapan; a las comunidades de la zona han ingresado muchas veces actores armados (policía e incluso unidades especiales) para dar soporte a los grupos pro mineros. Todo esto ha generado un clima en que la violencia se recrudece y se inserta en la vida cotidiana, en que se patriarcaliza el territorio, y en que se quiebran convicciones con ofrecimientos monetarios; en que el consumo de alcohol también exacerba tensiones internas en las familias.

¿A quién interesa la división y el resquebrajamiento del tejido social? Interesa a aquellos sectores que tratan a toda costa de imponer un modelo de desarrollo extractivo minero en los páramos del Azuay; agrietando y ocasionando fisuras entre familias que se han comprometido con sus vidas y su ejercicio cotidiano a la defensa territorial.

Expresamos nuestro pesar y nuestra solidaridad para con la familia de Andrés Durazno, las familias de la resistencia minera de la parroquia Molleturo duramente afectadas por este suceso y exigimos a la Fiscalía General del Estado, que este hecho no quede en la impunidad. Así mismo exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus competencias y la obligación establecida en el dictamen del juez de observar el adecuado proceso de abandono de la mina y de la garantía de los derechos humanos de las familias y de la naturaleza, en este territorio.

Andrés sigue vivo en las aguas y el páramo que amó y defendió y en nuestra lucha.

Suscriben este comunicado:

Acción Ecológica
ALAMES Ecuador
Alberto Acosta
Amazon Frontlines
APT Norte
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Asamblea por el Agua y la vida de Sígsig
Colectiva de Antropólogas del Ecuador
Colectivo Caminantes
Colectivo de Geografía Crítica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comunálisis – Ecuador
DECOIN
Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador
Grupo KANAKA
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Mancomunidad y Bosque Modelo Chocó Andino
OMASNE
Oficina de Derechos de la Naturaleza Ecuador
Profesoras y profesores voluntarios del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk (Guardianes del Agua) de la comunidad de Río Blanco
Proyecto de Vinculación de FLACSO Ecuador en apoyo al Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Saramanta Warmikuna
Yasunidos

Criminalización de la protesta, Perú

Cierre de proceso judicial a defensores de derechos humanos

Después de casi 6 años de haberse criminalizado a 18 defensores de derechos humanos que
protestaban contra el Estado y el proyecto minero Las Bambas
Lima, 22 de febrero del 2021
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-
Cotabambas acoge solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público
y de la Defensa Legal de los defensores criminalizados y dispone
cerrarles el proceso judicial

Mediante Resolución de fecha 17 de este mes, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-
Cotabambas resolvió declarar fundada la solicitud de sobreseimiento (cierre del proceso penal) contra 18
defensores de derechos humanos, esto es comuneros campesinos injustamente investigados, desde
setiembre de 2015, por la comisión de delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir
(Expediente No. 41-2016, Especialista Legal Juan Carlos Carbajal Rayme).

Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el
proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron
una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de atender sus demandas por
afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas
(propietaria del mencionado proyecto minero) que entre otras cosas venía afectando su derecho a vivir en un
medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los integrantes
de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa
denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que
ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social, razón por la cual la Fiscalía Mixta de
Challhuahuacho decidió formalizar una investigación penal en su contra.

La referida investigación terminó y en junio de 2019, la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho formuló un
requerimiento mixto contra los investigados (en un extremo solicita el cierre del proceso por determinados
delitos y en otro extremo acusa por otros delitos), solicitando se sobresea (cierre) el proceso por los delitos
de usurpación agravada, asociación ilícita para delinquir, daños agravados, entorpecimiento a las vías de
comunicación y disturbios seguido a Hugo Américo Huillca Peña y José Antonio Lima Lucas.

Asimismo, solicitó que se cierre el proceso por los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para
delinquir seguido a: Veluz Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan
Pablo Cconislla Gallego, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca
Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Ayza, Franklin John Tejada
Salas, Walter V Velazco Chinchayo, Roberto Martínez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña y Cosme Bolívar
Escudero.

Al respecto, en la antes citada Resolución el Juzgado señaló que durante la investigación preparatoria no se
había acreditado la existencia de elementos de convicción que acrediten que los investigados pudieran habercometido los delitos por los cuales se les venía investigando y, que tampoco se había sustentado la presencia
de todos los requisitos que exige la ley para calificar como sancionables penalmente la conducta de los 18
investigados en los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir. Adicionalmente,
consideró que en los casos de Hugo Américo Huillca Peña y José Antonio Lima Lucas, tampoco se habían
cumplido con los requisitos que exigen los tipos penales de daños agravados, entorpecimiento a las vías de
comunicación y disturbios, por lo cual para éstos dos últimos estaría cerrándose el proceso en forma definitiva,
salvo que se formule apelación por la defensa de la empresa MMG Las Bambas.

En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no gubernamental
de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa legal de los campesinos
acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de COOPERACCION, expresa su
satisfacción con esta Resolución Judicial que decide cerrar el proceso por los delitos antes señalados.
Sin perjuicio de ello, expresa también su rechazo a la acusación fiscal, contenida en su mismo recurso de junio
de 2019, por la cual solicita se lleve a juicio oral y solicita la imposición de penas privativas de libertad de entre
8 y 11 años de prisión contra: Veluz Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello
Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallego, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano
Huachaca Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Ayza, Franklin
John Tejada Salas, Walter V Velazco Chinchayo, Roberto Martínez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña y Cosme
Bolívar Escudero, por la supuesta comisión de los delitos de los delitos de: daños agravados, entorpecimiento
a las vías de comunicación y disturbios. Para lo cual se ha señalado continuación de Audiencia de Control de
Acusación para el 1 de marzo de 2021, oportunidad en que la defensa legal de los campesinos sustentará su
solicitud de sobreseimiento, también, por estos delitos, con la convicción de que se declare fundada dicha
solicitud.

FEDEPAZ, con relación a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, considera que con esta injusta y
arbitraria acusación se evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a
todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y
empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209 / 999094914
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Web: www.fedepaz.org
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Twitter: @FedepazPeru

Criminalización de la protesta, Perú

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

La dirigente Marilú Marroquín señaló que las acciones de protesta en defensa del agro y medio ambiente acaban siendo criminalizadas injustamente.
12/01/2021 Ibón Machaca Regional Avatar
La reciente condena impuesta a los dirigentes del valle de Tambo, que lideraron las protestas contra el proyecto minero Tía María, sigue despertando indignación. La presidenta de la Junta de Usuarios La Ensenada Mejía, Marilú Marroquín, informó este lunes a los medios de Arequipa, que la población participará de una movilización en apoyo a los condenados Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz y Pepe Julio Gutiérrez.

Los pobladores del valle de Tambo se han auto convocado para salir a marchar este martes 12, en Islay. Esto con la finalidad de respaldar a los dirigentes sentenciados, dijo Marroquín. La movilización será de carácter pacífico, portando sus banderillas verdes por las calles de Cocachacra y Dean Valdivia. La representante de los agricultores se reunió en Arequipa con autoridades de la provincia de Islay y el Gobierno Regional.

Se esperaba que el caso de los dirigentes sea tratado en la sesión, en vista de la disposición y apoyo mostrador por el gobernador Elmer Cáceres Llica en días previos. Sin embargo, ante su ausencia el debate giró en asuntos relacionados al déficit hídrico y el efecto de las lluvias.
“Se criminalizan las protestas”, afirma dirigente de Arequipa

Al igual que otros dirigentes, Marilú Marroquín consideró que la sentencia criminaliza los actos de protesta. Asimismo, castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente. En su opinión, el proceso judicial no tuvo los suficientes sustentos y se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones.

“Se está criminalizando las protestas. Prácticamente, como los quieren maniatar y callar, yo creo que el pueblo se tiene que levantar. Se está vulnerando la justicia”, sostuvo Marroquín.

Por su parte el alcalde distrital de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, manifestó que el valle de Tambo se mantiene en contra del proyecto y debe respetarse dicha posición. Ale Cruz estuvo procesado junto con los dirigentes, pero quedó absuelto. Él manifestó que no ha cambiado de opinión respecto al proyecto. Considera que la empresa minera no ha despejado las observaciones que hizo UNOPS al Estudio de Impacto Ambiental.

En tanto, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció su respaldo a los dirigentes sentenciados. Con tal motivo convocaron a una protesta. Así lo informó el secretario general del sindicato, José Luis Chapa Díaz. Manifestó que el próximo 14 de enero saldrán a las calles para defender a quienes luchan por el pueblo.

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

Criminalización de la protesta, Perú

Sentencian en Perú a dirigentes ambientalistas que pelearon contra megaproyecto minero

El jueves pasado fueron sentenciados dirigentes del Valle de Tambo quienes participaron en el año 2015 en las luchas sociales realizadas en el sur peruano contra la minera Southern que buscaba expandir su radio de explotación en torno al proyecto Tía María. Esta es una demostración concreta de la criminalización de la protesta social y la persecución judicial a los que luchan.
12/01/2021
El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 exdirigentes de las protestas que se dieron en el año 2015 en el valle de Tambo, Perú, contra la extensión de la minera Southern en el proyecto llamado Tía María.

Los tres dirigentes condenados, que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT), son: Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, a quien se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, sentenciado a 12 años y 4 meses de prisión; y Pepe Julio Gutiérrez, sentenciado a 18 años de prisión.

En este proceso judicial estaban implicados otros 10 dirigentes entre ellos Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña, quienes fueron absueltos, además del abogado de los acusados Héctor Herrera Herrera.

Recordemos que en estos últimos 10 años en el Valle de Tambo se han realizado diversos paros por parte de los agricultores y pobladores contra la instalación del megaproyecto minero Tía María de propiedad de la multinacional Southern.
Los campesinos y los pobladores de este valle se oponen a este emprendimiento minero ya que contamina el agua y el suelo y de esa manera afecta su principal actividad productiva que es la agricultura. Para llevar adelante esta lucha los campesinos y el pueblo constituyeron el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT) que fue el espacio de centralización que sirvió para organizar las diversas iniciativas de los campesinos y de los pobladores.

Cabe mencionar que en el caso de los dirigentes sentenciados Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, ambos abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de “entorpecimiento de los servicios públicos y motín”, es decir, habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas y habrían integrado un “plan criminal” siendo por tanto parte de la “comisión del delito”. Este razonamiento judicial, sin embargo, no pudo ser probado.

Frente a estos casos, la Red Muqui sostiene que:

“El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona”.

Sobre el caso de “Pepe” Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, este ex dirigente de Valle de Tambo, en el año 2015, a espaldas de la población, intentó obtener un beneficio económico personal de la empresa Southern, lo cual fue abiertamente rechazado por los pobladores del valle que en ese momento se encontraban en pie de lucha. Lamentablemente este acto fue utilizado para tratar de deslegitimar la justa protesta de los agricultores, a pesar que “Pepe” Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de representación social.

Con esta sentencia lo que se estaría haciendo es crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social y a los dirigentes de estos procesos de lucha, además de ello, se buscaría también amedrentar a los diferentes sectores sociales como los campesinos y los trabajadores que hoy, como consecuencia de la profunda crisis económica que se vive en el país, empiezan a luchar y enfrentar con la movilización los planes de ajuste de los empresarios y los gobiernos como ocurrió hace poco con los trabajadores agrarios.

Es necesaria una campaña urgente de las centrales de trabajadores, campesinos, frentes de defensa y organismos de derechos humanos para rechazar esta injusta sentencia judicial, y solidarizarse con los dirigentes sociales Jesús Cornejo Reinoso y con Jaime de la Cruz, quienes hoy son sentenciados por representar en su momento los intereses y la voluntad del pueblo del valle de Tambo.
https://www.laizquierdadiario.com/Sentencian-en-Peru-a-dirigentes-ambientalistas-que-pelearon-contra-megaproyecto-minero

Criminalización de la protesta, Honduras

Fallo de Corte de Apelaciones confirma a Honduras la deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo

COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”

Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:

Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.

Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.

Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.

También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:

La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.
Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.

Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.

#Guapinolresiste #libertadparaGuapinol #AmasrepresionMaslucha
MAS INFO:

Legal Defense: Honduran Courts Rule to Sustain Political Persecution in Guapinol Case
Comunicado Público – El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión públic nacional e internacional
La pandemia de la Covid-19 y el aumento de las industrias extractivas en los países de Centroamérica

Criminalización de la protesta, Internacional

Defender el Mañana

La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente
Leer la nota en Global Witness: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.

La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.

Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y elmedio ambiente (12.1MB, PDF)

Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente (6.37MB, PDF)

Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.

Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.

Hallazgos relevantes

Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.

Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.

Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.

Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.

Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.

La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.

Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas ­– a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.
Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.

Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática

En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.

Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.

Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.

Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.

El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.

El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad.
La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.

Recomendaciones

Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.

Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.

Tú también puedes ayudar.

La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.

Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness