Criminalización de la protesta, Perú

SE ANULA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y PROCESO PENAL HASTA LA ETAPA DE ACUSACION…


…SEGUIDO A DIECINUEVE CAMPESINOS POR LAS PROTESTAS SOCIALES EN TORNO A LAS
VULNERACIONES DE DERECHOS GENERADAS POR EL PROYECTO MINERO “LAS BAMBAS”

Lima, 26 de julio del 2021
En una decisión absolutamente arbitraria que vulnera el debido proceso judicial, el principio de
juzgamiento dentro de un plazo razonable y la tulela jurisdiccional efectiva
El pasado 22 de julio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en segunda instancia,
declaró nula la sentencia que absolvía a 19 defensores de derechos humanos, miembros de comunidades
campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes fueron injustamente criminalizados
mientras ejercían su derecho constitucional a la protesta social en defensa de los derechos fundamentales
de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, datan del 25 de setiembre del 2015, fecha en la que las comunidades
de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido
informados ni consultados sobre las sustanciales modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto minero Las Bambas. Con dicha medida, absolutamente legítima, exigían que la empresa
minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más
álgido el 28 de septiembre de 2015, cuando la brutal represión policial produjo la muerte de 3 comuneros y
la detención de 21 campesinos de los cuales 19 continúan con proceso penal desde hace casi seis años.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en una actitud arbitraria, vulnerando el
derecho al debido proceso judicial de los 19 defensores de derechos humanos antes mencionados, decidió
declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dictada el 12 de marzo del 2021, además de anular parte del
Proceso Penal hasta la etapa de control de la acusación fiscal, con el argumento de que la sentencia no había
evaluado todas las pruebas de cargo y que el fiscal no había cumplido con precisar los hechos imputados a
cada defensor y las pruebas específicas que respalden sus imputaciones.

Al respecto, en el juicio oral se estableció, de manera fehaciente, de que la denominada Acta de Intervención
por la cual se habría registrado el hallazgo de un arma y dinamita en dos de los procesados, fue elaborada
vulnerándose las exigencias legales contenidas en el Código Procesal Penal y el procedimiento de
intervención y elaboración de actas de intervención y/o registro personal establecido en las propias normas
de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, no se identificó al efectivo policial que habría elaborado dicha
Acta, no se identificaron en el Acta a los representantes de la fiscalía que sólo la suscribieron al final, no
contaban con las firma de los intervenidos, ni menos se consignó la razón del por qué no constaban dichas
firmas. Además, en el juicio se constató la contradicción del principal testigo de la fiscalía porque al declarar
inicialmente señaló que la intervención y hallazgo de armas y dinamita contó desde un inicio con la
intervención de la fiscalía, sin embargo, al recordársele que en la propia Acta se precisó que primero se da
la intervención y luego del supuesto hallazgo llaman a los fiscales, señaló que no estaban los fiscales, lo cual
llevó a concluir que los fiscales no estuvieron presentes en el momento mismo de la intervención.

También, la Sala Penal de Apelaciones llama la atención de que supuestamente en la sentencia de primera
instancia no se habrían evaluado otras actas como las de Registro Personal que si son firmadas por los
intervenidos, pero dicha Sala Penal no toma en cuenta que dichas actas fueron elaboradas seis horas después
de la intervención, en lugares distintos a la intervención y/o sin señalarse donde o en qué lugar se llevó a
cabo la redacción de dichas actas. Además, resulta falso que el juez penal no haya evaluado las pruebas decargo porque en la sentencia, expresamente, se señala que el acta de intervención fue elaborada en forma
desesperada y apresurada para intentar darle validez cuando en realidad no la tenía.

Finalmente, para declarar la nulidad de la sentencia la Sala Penal señala que en la acusación fiscal se
produjeron una serie de omisiones graves, como por ejemplo, no se cumplió con el principio de imputación
necesaria que consiste en que el fiscal debe describir al detalle que conducta ilícita habría asumido cada
acusado y que pruebas sustentarían en forma específica cada una de sus descripciones acusatorias, situación
que no se controló debidamente por el Juez Penal de Investigación Preparatoria distinto al Juez de
juzgamiento y que dictó la sentencia.

En relación a ello, desde FEDEPAZ rechazamos los términos de la sentencia expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de Apurímac por vulnerar el debido proceso judicial: primero: porque el Juez de juzgamiento si
evaluó todas las pruebas de cargo y descargo, fundamentando, debidamente, su sentencia absolutoria y,
segundo: porque si quienes son responsables de perseguir el delito y sancionarlo (Ministerio Público y Poder
Judicial), en nombre del estado, son responsables de cometer graves errores en la tramitación de los
procesos penales, dichos errores no pueden, en modo alguno, a afectar el derechos de los procesados a ser
juzgado dentro de un plazo razonable, con mayor razón si ya fueron absueltos en primera instancia después
de un larguísimo proceso penal de casi seis años. Hacer lo contrario, como lo hizo la Sala Penal de Apelaciones
es trasladar la responsabilidad de dichos errores a los acusados ya absueltos, lo cual resulta en una
arbitrariedad.

En efecto, anular el proceso y retrotraerlo a la etapa de Audiencia de Control de Acusación, por la
incapacidad del Ministerio Público de formular su acusación respetando el principio de la imputación
necesaria y por la incapacidad del Poder Judicial de no efectuar un debido control jurisdiccional de dicha
acusación, es trasladar los perjuicios de dichos errores a los procesados que, igualmente, ven vulnerado su
derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva dentro de un debido proceso judicial.
Por el contrario, ante la falta de imputación específica y de pruebas necesaria por parte de la Fiscalía, se
debió disponer la confirmación de la absolución de los acusados y cerrar un proceso que demandó casi seis
años para su tramitación

Área de Prensa
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Criminalización de la protesta, Perú

EL TEMA DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES

CooperAcciòn 08/07/2021
Imagen: Coaliciòn Regional
Como se ha recordado en las redes sociales, Mario Marcos López Huanca, de la Reserva Comunal El Sira, es el séptimo defensor ambiental asesinado desde que se inició la pandemia en el Perú. Las víctimas en nuestro país son, sobre todo, líderes indígenas que vienen resistiendo las embestidas de mafias de todo tipo: mineros y taladores ilegales, narcotraficantes y traficantes de tierras que buscan imponer el cambio de uso de suelos en los territorios.

Las amenazas continúan frente a la inacción del Estado peruano. El coordinador de las Rondas Campesinas de Chongoyape y defensor ambiental de Chaparrí, Wilson Bautista, acaba de ser agredido por 15 personas, en represalia por el desalojo de invasores que amenazaban el bosque seco. Lo mismo ocurre en Condorcanqui, con las amenazas permanentes que reciben los pobladores awajun y wampis de los mineros ilegales que buscan consolidar sus posiciones en la zona.

La gran mayoría de asesinatos y agresiones a defensores ambientales quedan en la total impunidad o los procesos para sancionar a los culpables son extremadamente lentos. Lamentablemente esta es una tendencia no sólo en el país, también es regional: por ejemplo, en el caso del asesinato a la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, ocurrido el año 2016, la justicia de ese país, después de varios años ha declarado culpable como coautor al ex ejecutivo de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), Roberto Castillo Mejía.

La protección de los defensores ambientales debe ser una prioridad para el nuevo gobierno. Es inaceptable que sigan siendo abandonados a su suerte como ha venido ocurriendo hasta ahora. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.

Por ello es importante que desde el próximo 28 de julio se pueda retomar la discusión sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú que da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: más de dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales han ocurrido en América Latina, posicionada en los informes regulares de Global Witness como la región más afectada.

No hay que olvidar que la denominada Coordinadora Republicana y personajes como Francisco Tudela, el ex marino y ahora congresista electo Jorge Montoya, entre varios otros, lideraron la oposición a la ratificación de Escazú, con argumentos absurdos como que se iba a perder soberanía sobre nuestra Amazonía y que es un acuerdo entreguista. Finalmente los opositores a Escazú lograron el respaldo en el Congreso de partidos como Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Frepap, para la no ratificación.

Cabe señalar que Escazú es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe; y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Entre los tantos pendientes, la protección de nuestros defensores ambientales y la ratificación de Escazú debería ser una prioridad para el gobierno del profesor Castillo.

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Criminalización de la protesta, Mexico

EL GOBIERNO PRIISTA DE COLIMA SE DESPIDE ASESINANDO A UN DEFENSOR

05/07/2021
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos rotundamente el cobarde asesinato del compañero David Díaz Valdez perpetrado el 2 de julio del presente, en la delegación de Salahua, Municipio de Manzanillo, Colima.

David Díaz fue un férreo defensor del territorio, amaba la Laguna de Cuyutlán y la Isla de Campos que lo vieron crecer, que fueron testigas de su lucha por la defensa ambiental y social por 40 años. Como él dijo en una entrevista, refiriéndose a la Laguna “Que le puedo decir a quien, de quien hoy tengo vida, que gracias a la Laguna de Cuyutlán mi madre pescaba y sacaba para mantenernos a mí y mis hermanos, qué le puedo decir yo a la Laguna madre que gracias a ella fui amamantado, gracias a ella recibí esta vida que hoy tengo y que hoy me da tristeza ver cómo la destrozan”.

David era un hombre alegre y siempre decidido a enfrentar las injusticias pasara lo que pasara, pero sobre todo a defender su tierra y siempre solidario con otras luchas. David fue quien ofreció su casa para recibir a la Caravana Zapatista en 2006.

Desde siempre los gobiernos priistas han querido despojar a la comunidad indígena de Campos de su territorio para sus proyectos industriales y portuarios. David junto con otras y otros compañeros de Campos, décadas atrás venían denunciando la contaminación de la Termoeléctrica que tiene a gran parte de la población enferma por los gases tóxicos que emana. La Universidad de Colima, bastión y trampolín político del PRI, realizó una investigación de los contaminantes en la comunidad indígena de Campos y jamás dio a conocer los resultados, más aún reservó la información por 12 años cuando le fue solicitada.

David Díaz fue parte del grupo que defendió la Laguna de Cuyutlán por la ilegal instalación de la gasera Z, luchó fuertemente y apoyó a las y los pescadores y grupos de defensa ambiental de 2002-2009 contra la imposición de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo, que fue promovida por Ignacio Peralta Sánchez, entonces Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima (2004-2009), hoy en sus últimos meses como gobernador del Estado.

David al igual que otras compañeras y compañeros fueron encarceladas/os, torturadas/os en diversas ocasiones por la defensa de su territorio, de hecho, David tenía 11 días de haber sido exonerado y liberado de la cárcel, en la que estuvo por 9 meses, por negarse a que se llevaran la única ambulancia que prestaba servicios a la comunidad indígena de Campos.

David sabía que lo iban a matar y desde la cárcel denunció y responsabilizó al gobierno de Colima por cualquier cosa que le pudiera suceder (https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/16/activista-preso-responsabiliza-al-gobernador-de-colima-de-lo-que-pueda-ocurrirle-en-el-penal-258430.html) “Yo no tengo conflicto alguno con ningún reo peligroso aquí dentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida aquí dentro de este penal; si llegara a morir aquí, el Estado es el responsable”. El gobierno priísta de Colima se despide después de gobernar más de 90 años, con este asesinato a un defensor del territorio.

Desde la REMA mandamos un abrazo fuerte a su esposa, su hija e hijos, así como a toda la familia y amigas y amigos de David. Condenamos el cobarde asesinato y exigimos justicia para él y su familia.

¡BASTA DE ASESINAR A DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Criminalización de la protesta, Perú

Tía María: Suspenden orden de captura contra dirigentes del Valle de Tambo

Medida del Poder Judicial se aplica a los dirigentes Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
01/07/2021
AREQUIPA. El último 19 de junio, la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la solicitud de suspensión de la sentencia que dictaba pena privativa de la libertad contra los dirigentes del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.

Los magistrados Juan Luis Rodríguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir las reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuestas el 22 de mayo del año 2015. La decisión de la sala se fundamenta en que no existe peligro de fuga de parte de los procesados.

Como se recuerda, ambos dirigentes están siendo acusados de supuestos delitos cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa. El 08 de enero del 2021 se dictó sentencia contra el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, sentenciado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) obtuvo una entrevista exclusiva con Jaime Trinidad de la Cruz, quien señala sus temores ante un conflicto latente y también cuestiona que su sentencia obedece a intereses políticos y económicos: ‘Si se instala el proyecto minero de ‘Tía María’, la contaminación afectará nuestras tierras, por eso como agricultores hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta, sin embargo, el poder político ha usado este proceso para criminalizarnos. Me han sentenciado a más de doce años, simplemente por el hecho de ser dirigente, no hemos cometido ninguna falta, por eso consideramos que es una persecución política, que buscar amedrentar a los dirigentes, así que estamos seguros que saldremos absueltos de este proceso’, manifestó.

Jaime Trinidad insiste en defender su inocencia y la de Mariano Cornejo, quienes durante estos seis meses han evitado ser detenidos gracias a que fueron refugiados por amigos, familiares y otros dirigentes.

‘’Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo que está haciendo la Fiscalía es usarnos para marcar un precedente para que de hoy en adelante se criminalice la protesta social, y llevar a la cárcel a los dirigentes que defienden justos derechos, porque nosotros creemos es un derecho humano defender el medio ambiente, defender la vida, defender el agua, y en nuestro caso particular defender nuestro medio de vida como es la agricultura’’ relató para el OCM, Jaime Trinidad de la Cruz.

Cabe señalar que los integrantes del colegiado advirtieron que, ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados. El próximo 03 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia para reafirmar la anulación de la sentencia.

Respaldo de la ONU

El 18 de mayo del presente año, la ONU emitió una nota de prensa exhortando al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.

En el documento, se cita a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y actual profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín.

‘’Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente’’, señala Lawlor.

En otro párrafo, Laylor declara textualmente que ‘’Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente (…) Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas’’.
Fuente: Conflictos mineros

Tía María: Suspenden orden de captura contra dirigentes del Valle de Tambo

Criminalización de la protesta, Ecuador

449 defensores de derechos humanos han sido amenazados y hostigados en Ecuador

Alejandro Pérez 25/06/2021
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar los casos de los defensores de los derechos humanos que fueron asesinados en el pasado. (Alejandro Pérez)

El 17 de marzo de 2021, Andrés Durazno fue asesinado con varias puñaladas fuera de su domicilio en Llantacuro, provincia de Azuay. Él era presidente del sistema comunitario de agua y riego de Molleturo-Río Blanco y activista ambiental.

Aunque todavía se investiga el móvil del crimen, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dice que su muerte hay que entenderla en el contexto de lucha y conflicto del proyecto minero Río Blanco, a cargo de la empresa china Junefield.

La historia de Andrés Durazno es un espejo de lo ocurrido con Freddy Taish, dirigente shuar que se oponía a la minería en Morona Santiago, en 2013. Y similar a lo ocurrido con José Tendentza, asesinado en 2014, cerca del proyecto minero a gran escala Mirador, en Zamora Chinchipe.

Son tres crímenes en la impunidad que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar, para que no se vuelvan a repetir con otros 449 activistas que estarían amenazados, hostigados y criminalizados.

Esta Alianza acaba de presentar un informe sobre estos casos, que fue entregado a varias instituciones como Secretaría de Derechos Humanos, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, entre otros.

“Atender la situación de las personas defensoras es urgente. No es posible que en el Ecuador no exista ningún tipo de garantía para la protección de quienes buscan defender derechos y detener los abusos de poder”, dijo Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch y parte de la Alianza.

Este informe marcaría los retos y desafíos en materia de derechos que los anteriores gobiernos no atendieron. Por un lado, Guillermo Lasso se ha comprometido a dialogar y hacer cumplir todas las garantías constitucionales pero, por otro lado, el fisco requerirá de ingresos que generen estas industrias extractivas.

En su mayoría, los conflictos y amenazas para activistas son por las actividades mineras, según describe el reporte. También está el tema de extracción petrolera y derrames en la Amazonía y actividades como la agroindustria, como es el caso de Furukawa.

Se citan los casos, por ejemplo, del Pueblo Shuar Arutam que cuenta con un territorio ancestral de 230 mil hectáreas en la Cordillera del Cóndor, donde algunas empresas han iniciado fases de exploración de minerales. Entro otros, describe el caso de Pacto, al norte de Pichincha, y el conflicto de Buenos Aires, en Imbabura.

“Hemos recibido amenazas de muerte. El gobierno debe escucharnos. Nosotros como pueblos originarios hemos dicho que no queremos ser consultados y que las empresas deben dejar nuestro territorio”, dijo en rueda de prensa la presidenta del pueblo Shuar Arutam, en la presentación del informe.
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/449-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-amenazados-y-hostigados-en-ecuador-NE446780

Criminalización de la protesta, Mexico

Asesinan a activista y líder transportista que encabezó movilizaciones contra minera Peñasquito en Mazapil, Zacatecas

MARTÍN CATALÁN LERMA
09/06/2021
Imagen tomada de la conferencia de prensa virtual ofrecida por las organizaciones sociales denunciantes
José Ascensión Carrillo Vázquez, “defensor de la tierra, el agua, el territorio y en contra del extractivismo de las compañías mineras”, desapareció la semana pasada y “su cuerpo fue encontrado con visibles huellas de tortura y con el tiro de gracia” en la carretera de San Tiburcio-Vanegas, denunciaron organizaciones sociales
FPLZ, FCAM y CNPA exigen que se esclarezca el caso “y sean sancionados los responsables materiales y autores intelectuales”
Solicitan, además, que el hecho sea atraído por la FGR y que se brinde protección para la familia de quien fue el líder de la Unión de Transportistas de Cava y para los residentes de Mazapil que aún luchan por el territorio en contra de la empresa minera

José Ascensión Carrillo Vázquez, activista y líder de la Unión de Transportistas de Cava, quien encabezó movilizaciones contra la minera Peñasquito en el municipio de Mazapil, Zacatecas, fue asesinado en días pasados; había sido víctima de desaparición forzada y fue encontrado con signos de tortura.

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) se pronunciaron y exigieron que se esclarezca el suceso.

Felipe Pinedo, integrante del FPLZ, informó que Carrillo Vázquez, “defensor de la tierra, el agua, el territorio y en contra del extractivismo de las compañías mineras”, desapareció la semana pasada y “su cuerpo fue encontrado con visibles huellas de tortura y con el tiro de gracia” en la carretera de San Tiburcio-Vanegas.

“Las organizaciones firmantes exigimos verdad y justicia para el activista social José Ascensión Carrillo Vázquez. Que este hecho sea investigado y sean sancionados los responsables materiales y autores intelectuales”, expresó.

Asimismo, lamentó la dilación con que actuó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues desde el año 2020 se le hizo la petición de otorgar medidas cautelares a Carrillo Vázquez.

Pinedo también solicitó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y que se brinde protección para la familia y para los residentes de Mazapil que aún luchan por el territorio en contra de la minera Peñasquito.

Además, “exigimos que la compañía minera deje de utilizar a grupos armados como agentes que regularmente están intentando intimidar a todos los luchadores sociales en Mazapil”.

Ver fuente
https://ljz.mx/2021/06/09/asesinan-a-activista-y-lider-transportista-que-encabezo-movilizaciones-contra-minera-penasquito-en-mazapil-zacatecas/?__cf_chl_jschl_tk__=36fe2ff7cf03f43792496ccb79488dc855930c2d-1623614694-0-AU7zaZNl49UvnvMliqM–6xLuGh6H7xdu6VMdSSWvroPWLlp1HE7XZwDCNvuQTzuX5fbw8MlnIOwSs6zqjF0bPk_ciy9xJfwRCtAfpBDPLG8qulmMy-h1QVcmUB7OwJCIkVwUtzn1FhAH0iKD6J7oS0uPxToaCBM0E7u7Tvt1xH3ZiTAKlbpo4OUmn2rXwtcx8CtfWkKp6c_-ZPOJb9cqQjslj-Xjh3ygjdEDZMFwLCO3nuKhvdGQksNM6mYUDFTKMI3XODr9EQ7jLzh6bD4qa-RMC0fa09m84UslpwEGZW_mFygufk_wBUBzGarENDDq7QRVfzuP6P29k882BZ7gRMQtrI3onLwGKcmtO4jSCCJgjIrSR0SDKDYs-9xw0JxoIG22IfJxY4YseYm3fuxOtTxJQQzh55-UnGDm7VmvlqHEHaSfOeDfMzgpQiE8ImHr-brPagc8wlU7BHOWxdoKisd8LBJ3wZ70edyDJ7q8ciGUU2G7_yg2jNViE3-pceNzLSIJAcNq6ylyilgDPjepnELC_FkZGqeeKieZWVOVur8xom0pMxsb4jlOU5pUf-8ypWI8UanB6mlwzZRQEHTOvR9PukHXHQNNxv9KMupssXXGbkTBR2dAGyibZ1oAaJ-fQ

Argentina, Criminalización de la protesta

Reclaman «el cese de la criminalización de la protesta social en Andalgalá»

06/05/2021
La docentes, investigadores, no docentes, estudiante y egresados de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) que estuvieron realizando clases públicas por la situación en Andalgalá publicaron un documento en el que reclaman “el cese de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra los defensores del Agua del Aconquija”.
El documento completo:

«PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

Los acontecimientos desencadenados en Andalgalá desde los primeros días de abril de este año, constituyen un episodio más de un largo proceso de violencia estructural que arrecia sobre nuestros territorios/poblaciones bajo las modalidades del extractivismo minero neocolonial. El inicio de facto de las operaciones de exploración avanzada del Proyecto MARA (fusión Agua Rica y Alumbrera) arremete, no sólo contra la normatividad específica vigente (art. 41 de la Constitución Nacional; Ley Nacional 26.639, de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares -cuya existencia en las sierras de Aconquija fue constatada por el SEGEMAR, el IANIGLA y el Ministerio de Minería de Catamarca; Ley General del Ambiente 25.675; Ordenanza Municipal 029/16; Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 02 de marzo de 2016), sino que avasalla las más elementales garantías constitucionales de la población.

Andalgalá lleva más de 25 años de resistencia. En el 2005 rechazó la “presentación” de Agua Rica. En 2009 se conformó la Asamblea El Algarrobo que, junto a otras organizaciones populares, asambleas y vecinxsautoconvocadxs han venido sosteniendo la defensa del territorio, quedando en la memoria la brutal represión del 15 de febrero de 2010.

A este reclamo histórico por la libre determinación, la respuesta del Estado es la criminalización. Hemos seguido con preocupación los allanamientos y detenciones arbitrariamente ordenadas contra asambleístas y manifestantes, así como la intimidación hacia otrxsvecinxs, pues entendemos que estamos frente a la vulneración de derechos humanos básicos que buscan desarticular el reclamo social, penalizando un conflicto social real y profundo de larga data.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, como integrantes de la comunidad pedagógica y científica de la Universidad Nacional de Catamarca (en nuestro carácter de estudiantes, egresadxs, no-docentes y docentes e investigadorxs) manifestamos nuestro más enérgico repudio a este nuevo ciclo de violencias y despojos. Reclamamos el cese inmediato de las medidas de fondo que violentan radicalmente los derechos territoriales del pueblo de Andalgalá, de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra lxsdefensorxs del Agua del Aconquija.

Llamamos a toda la comunidad científica y académica a difundir y promover el debate sobre estos hechos considerando nuestra función social al servicio de la democracia y la justicia, abandonando la pasividad como forma de complicidad con los poderes fácticos.

Exigimos el rechazo de los fondos mineros para las Universidades Públicas que colonizan y mercantilizan la producción de conocimiento; el sobreseimiento y el cese definitivo de las causas injustas contra lxsdefensorxs del agua y la vida de Andalgalá y la liberación del Aconquija, con la paralización total de la exploración avanzada del proyecto MARA.

La única vía para erradicar la violencia de modo legítimo y eficaz exige resolver democráticamente la conflictividad estructural que la genera. Eso implica básicamente el reencauzamiento de un diálogo democrático-participativo sobre el modelo minero impuesto, empezando por la derogación de la ley provincial de adhesión a las reformas de los ‘90 (Ley Provincial 4759) y el inicio de un proceso de deliberación y construcción de genuinos consensos sociales, políticos y científicos sobre qué tipo de minería necesitamos y es posible realizar para un horizonte de autodeterminación histórico-social encaminado hacia el bienestar colectivo, la justicia social y ambiental y la convivencia democrática. Frente a esto, tenemos un gran desafío y un gran reto como Universidad Pública, empezando por desandar la senda recorrida de la defraudación social. Esta lucha no es solo de Andalgalá, es de todos nuestros territorios, es del único mundo existente. Sin justicia ambiental para la Madre Tierra no puede haber justicia social (ni justicia cognitiva)».

Firman el documento (226 firmantes):

Manuel Fontenla (UNCa – CITCA – CONICET); Laura Roda (Docente, UNCA); Mariela Pistarelli (DocenteF. Humanidades-UNCa/ Colectivo E.P. del Sur- CITCA); Marcia Vergara (Becaria doctoral CONICET/Escuela de Arqueología, UNCA); Horacio Machado Aráoz (Docente UNCA – Investigador CONICET). Hay más firmas…

Criminalización de la protesta, Mexico

El millonario contra los ejidatarios

Por: Rubén Martín
05/05/2021
Por favor recordemos sus nombres: José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega. Este integrante del ejido El Bajío, Sonora, y su esposa fueron encontrados muertos el viernes 30 de abril y se suman a la larga lista de campesinos, ejidatarios, indígenas y defensores del territorio que han fallecido en conflictos en contra de empresas mineras emplazadas en México.

Privados ilegalmente de la libertad, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega pertenecían al ejido El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, y cuyos ejidatarios tienen un conflicto con el millonario Alberto Bailleres, quien decidió instalar una mina justo en las tierras de estos campesinos.

Alberto Bailleres, según la revista Forbes, posee una fortuna de seis mil 400 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto hombre más rico de México. Es dueño de la cadena de tiendas Palacio de Hierro, socio de Femsa y dueño del conglomerado minero Peñoles, principal productor de plata en el mundo y uno de los principales productores de plomo y oro en el país. Sin duda, un hombre poderoso.

Gracias a este poder económico y a sus relaciones políticas ha conseguido muchas concesiones mineras que le han dejado negocios muy redituables.

Pero también un largo historial de conflictos agrarios y políticos, muchos de los cuales se han saldado con amenazas, agresiones, hasta desapariciones y asesinatos como los que han ocurrido en el ejido El Bajío.

Una mina de Peñoles, de nombre Penmont, empezó la ocupación ilegal de tierras ejidales en 1996 al solicitar permiso para explorar una parte del ejido, el cual le fue otorgado, “pero también inició ilegalmente la construcción de la mina Dipolos y una extensión de La Herradura, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio”, de acuerdo al historial del conflicto que los ejidatarios difunden en su página de internet (https://ejidoelbajio.mx/). La importancia de estas tierras para la empresa de Bailleres se debe a que la mina La Herradura es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México, “que produce 57.4 por ciento del oro total de la compañía, generando 30.6 por ciento de sus ingresos”.

La empresa minera del millonario Bailleres llevó a cabo contratos individuales con ejidatarios que no fueron autorizados por la asamblea ejidal, por lo cual eran ilegales.

En 2009 un grupo de ejidatarios decidió interponer un juicio agrario contra Penmont. En 2013 un grupo de 67 ejidatarios interpusieron 67 juicios agrarios a la minera, obteniendo sentencias favorables de parte del magistrado Manuel Loya Valverde, que ordenó a la minera desocupar y entregar las tierras, devolver a los ejidatarios el oro extraído por la minera, además de indemnizar a los ejidatarios por el uso de sus tierras. Aunque los ejidatarios apenas pudieron regresar a sus tierras, el resto de la sentencia no se ha cumplido tal como ordenaron los tribunales agrarios.

Pero justo a partir de esta sentencia se desataron varios hechos violentos contra los ejidatarios: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, amedrentamientos, quema de vehículos, siembra de armas y órdenes de aprehensión. La violencia contra los ejidatarios coincidió con la llegada al ejido de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien pretendía adueñarse de más de mil 800 hectáreas.

El presidente del ejido El Bajío, Jesús Thomas, dijo en entrevista para Radio UdeG que a pesar de que los tribunales les dieron la razón, la Fiscalía de Sonora se niega a cumplir las sentencias y acusan que de la fuerza pública actúa como brazo armado de la minera, es decir, al servicio del millonario Bailleres.

Los hechos que ocurren en el ejido El Bajío parecen lejanos de Jalisco, pero lo lamentable es que el patrón de despojos, amenazas y violencia como las desapariciones y los asesinatos se reproducen en Jalisco y en todo el país.

Apenas el pasado 24 de abril escribía en este mismo espacio de opinión (https://bit.ly/2QMDZJG) que existe una guerra contra los defensores del territorio y que en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han asesinado a 45 defensores del territorio, acumulando cientos de asesinatos y desaparecidos en las últimas décadas.

El caso del ejido El Bajío muestra que detrás de varias grandes fortunas que se acumulan en el país, se labran con este patrón de despojo de tierras y con la violencia contra quienes defienden esos bienes comunes.
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https://www.informador.mx/ideas/El-millonario-contra-los-ejidatarios–20210505-0029.html

Criminalización de la protesta, Mexico

ASESINAN A INTEGRANTES DE LA REMA EN SONORA

04/05/2021
El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados
nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del
ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de
Sonora.

No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido
agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido
afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA
(Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de
2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la
misma suerte”.

Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso
de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos
mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley
a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el
tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias
a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario,
desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones,
detenciones arbitrarias, homicidios, levantones 1 , desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el
despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.

En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y,
sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el
uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera, creada recientemente por el entonces Secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para
gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado.
Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores
usan las instituciones en búsqueda de justicia.

En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto
Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la
compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha
caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia,
1 El 12 de febrero 2018 fueron asesinados Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Sus cuerpos fueron levantados
del sitio donde se cometió el crimen y hasta la fecha no han sido encontrados.por mencionar sólo algunos de sus episodios.
¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los mega-
empresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está
cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr.
presidente los empresarios mineros “mexicanos” con los que usted opera, son mucho peores que los
extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.
Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia
Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr.
Rafael Pavlovich Durazo.

Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante
la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El
Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente
perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael
Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran
relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través
de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como
antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario 2 el Lic.
Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El
Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra
compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado.

En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra
en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del
ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión.
Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes
de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich
Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.

La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territorio supera los 18 años buscando justicia, misma
que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por
ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad
minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan
a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.

Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia
para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad
de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras,
sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la
restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución
por parte de los órganos judiciales competentes.

2 También el RAN a validado actas de asamblea ejidal con firmas y sellos falsos, en la cual “se acepta y hace ejidatario” a un
prestanombres del Sr Pavlovich, Actualmente El Ejido sigue esperando la anulación de esa asamblea fraudulenta.Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato
de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto
con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero
estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13
ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.

Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que
la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política
no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento
se vuelvan hechos.

Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja
a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en
complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el
sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a
los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.
Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de
la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias
que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas
arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.

REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús
Gómez Vega.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU
ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ
CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Argentina, Criminalización de la protesta

APOYO DE LAS COMUNIDADES DIAGUITA AL PUEBLO DE ANDALGALÁ

19/04/2021
Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá
Compartimos el apoyo de los Caciques en representación de sus comunidades diaguita y en apoyo al pueblo de Andalgalá.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Catamarca.

“Exigimos, pues, la liberación inmediata de los hermanos que fueron detenidos por defender la vida y el medio ambiente, nuestra Pachamama”.

Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá