Argentina

Torres: “No le tengo miedo a discutir la minería, pero debe tener licencia social”

El gobernador aseguró que no le teme a discutir el desarrollo de la actividad y destacó su potencial para generar empleo. Sin embargo, advirtió que cualquier avance deberá contemplar el impacto ambiental y evitar los errores de 2021.
jueves 13 de agosto de 2026

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a referirse al debate sobre el desarrollo de la minería en la provincia y planteó una postura favorable a discutir nuevas alternativas productivas, aunque con una condición central: que cualquier proyecto cuente con licencia social.

“No le tengo miedo a esa discusión”, afirmó Torres durante el encuentro de AmCham Energy, donde se refirió al potencial minero de Chubut y a la necesidad de abordar el tema desde distintas perspectivas.

El mandatario sostuvo que la actividad representa una oportunidad para generar empleo y ampliar la matriz productiva de la provincia, aunque remarcó que el debate no puede limitarse al aspecto económico.

“Hay un potencial muy importante y es trabajo”, señaló, y agregó que también deben analizarse el impacto ambiental, el destino de los recursos que se exploten y las consecuencias sociales que eventualmente pueda generar la actividad.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, durante el encuentro de AmCham. (La Opinión Austral)
“Soy pro desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien”
Torres recordó que Chubut mantiene vigente una legislación que prohíbe el uso de cianuro en determinadas actividades vinculadas a la minería metalífera, pero aclaró que existen distintas modalidades de explotación minera y que la discusión debe contemplar cada una de ellas.

En ese sentido, destacó el potencial de los recursos ubicados en la Meseta chubutense y sostuvo que se trata de una oportunidad que la provincia debe analizar con seriedad.

Sin embargo, el gobernador tomó distancia de cualquier posibilidad de repetir el escenario que se produjo en diciembre de 2021, cuando la aprobación de la zonificación minera derivó en fuertes protestas y graves incidentes en distintos puntos de la provincia.

“Por dar mal esa discusión en su momento la Casa de Gobierno terminó prendida fuego y se perdió una oportunidad muy importante porque se hizo a oscuras, en una votación a las tres de la mañana, sin dar las discusiones que se tenían que dar”, recordó.

A partir de aquella experiencia, Torres aseguró que no está dispuesto a repetir el mismo camino. “Yo no voy a cometer los mismos errores del pasado, yo soy pro desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien”, sostuvo.

Ávila también reclamó retomar la discusión
Las declaraciones del gobernador se producen en medio de nuevos pedidos para reabrir el debate sobre la minería en Chubut.

Uno de ellos fue formulado por el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, quien planteó la necesidad de que la dirigencia política discuta alternativas productivas para la provincia.

El dirigente sindical sostuvo que existe temor dentro de la política a asumir el costo de abordar una cuestión que genera posiciones enfrentadas y consideró que se trata de una discusión que debería involucrar al conjunto de la sociedad chubutense.

En esa línea, Ávila puso como ejemplo a Santa Cruz, donde la actividad minera tiene un desarrollo significativo, y cuestionó que Chubut continúe postergando el debate sobre el aprovechamiento de sus recursos.

El planteo vuelve a poner a la minería en el centro de la agenda provincial, mientras el Gobierno sostiene que cualquier eventual avance deberá surgir de una discusión abierta, con participación social y controles ambientales, y no de una decisión tomada a espaldas de la comunidad.
https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2026/08/13/160615-torres-no-le-tengo-miedo-a-discutir-la-mineria-pero-debe-tener-licencia-social

Bolivia, Litio

Gobierno plantea pago de regalías por la explotación del litio de entre el 4 y 15% a departamentos productores

La Brigada Parlamentaria de Potosí propone una escala de entre el 3 y el 20%; el Comité Cívico Potosinista plantea que sea del 12 al 20%, y el Comité Cívico de Intereses de la Provincia Daniel Campos rechaza la explotación del litio y considera que se debe optar por el turismo en la región.
Germaine Barriga Velarde 12/08/2026
El Gobierno nacional planteó hoy a los departamentos de Potosí y Oruro el pago de regalías por la explotación del litio de entre el 4 y el 15%, en función de los precios internacionales, en una reunión convocada por el Viceministerio de Hidrocarburos y Energía en la Villa Imperial.

El viceministro de Energías Alternativas, Luis Osorio, hizo ese anuncio y destacó los avances logrados en el diálogo permanente instalado con las dos regiones, las instituciones y comunidades.

“Hemos hecho una propuesta en el tema de regalías que van del 4 al 15% con rangos de precios justamente pensando en que esto se puede impulsar y se debe ver la viabilidad de las futuras inversiones”, informó a Radio Fides.

Anunció que se seguirá trabajando en ese aspecto, aunque hay criterios fundamentales que deben ser considerados también, como el cuidado del medioambiente y del agua, que ya fueron discutidos anteriormente, pero ahora vamos a profundizar en este aspecto”.

Esta propuesta gubernamental es superior a la establecida en la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, que fija una alícuota general del 3% para los recursos evaporíticos procesados; sin embargo, se aplica un descuento del 40%, lo que reduce el pago efectivo a 1,8%, disposición que fue rechazada, sobre todo, por el departamento de Potosí, donde se explota ese recurso en el Salar de Uyuni.

Osorio destacó el diálogo profundo llevado adelante y dijo que se ha podido escuchar la opinión de diferentes sectores; ese era el objetivo principal, para poder reformular y seguir trabajando en este proceso, que es la construcción de una ley de evaporíticos “, afirmó.

Sostuvo que se está yendo por un buen camino y anunció que el diálogo con las instituciones cívicas de los departamentos de Potosí y Oruro, con las comunidades y otras organizaciones continuará mañana y en el futuro.

“Son varias reuniones las que vamos a tener y posteriormente llamaremos también a otra reunión de mesas técnicas para seguir dialogando sobre el tema de las regalías”, dijo.

Osorio manifestó que en esta reunión se tratarían específicamente las regalías y que se presentaría el diagnóstico para justificar la propuesta regalitaria, que, desde su punto de vista, sería la más óptima para el país.

“Creemos que ese es un camino apropiado y, vamos a escuchar las diferentes propuestas que hay de las contrapartes para discutir y, con esto poder buscar un consenso que es lo que más importa”, dijo.

Recordó que el diálogo sobre la ley del litio viene desde el mes de abril de la presente gestión y que en estos meses se vino dialogando con las regiones productoras de ese recurso natural, escuchando las necesidades, preocupaciones y todo esto llevó al Gobierno y a las regiones a un diálogo continuo.

Por su parte, el jefe de la Brigada Parlamentaria de Potosí, Juan José Torrez, destacó el informe técnico presentado por el Gobierno y planteó que las regalías deberían ser flexibles, en función de los precios del litio en el mercado internacional; si el precio sube, las regalías también tienen que ir subiendo.

“No podemos colocar algo fijo, porque mañana o pasado los precios pueden variar, hoy la tonelada está en $us 800, hace años llegó inclusive a $us 80.000 la tonelada, yo creo que dentro de la ley podamos hablar y; esperemos que el Gobierno entienda y todos los sectores que tiene que haber un artículo de regalías flexibles”, afirmó.

Sin embargo, a diferencia de la propuesta gubernamental, Torrez informó que la propuesta que plantea la brigada es que las regalías vayan del 3 al 20%, según vaya subiendo el precio, que también suban las regalías, porque el precio del litio no es fijo.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, dijo que la entidad cívica planteaba fijar unas regalías por el litio justas para Potosí, en la reunión convocada por el Viceministerio de Hidrocarburos y Energía.

Con ese propósito, dijo que convocaron a profesionales que puedan defender la propuesta de mejorar las regalías en favor del departamento. Informó que la propuesta planteada por esa institución es de entre el 12 y el 20%.

La reunión mostró que no todos los sectores coinciden en que se debe explotar el Salar de Uyuni. La nueva presidenta del Comité Cívico de Intereses de la provincia Daniel Campos, Victoria Ayaviri, expresó su oposición al proceso de industrialización del litio en la región, informó Radio Kollasuyo.

Justificó que la industrialización de ese recurso traerá consigo una amenaza para la biodiversidad de la provincia a la que representa, debido al impacto ambiental que podría generar la extracción del litio.

Precisó que la provincia a la que representa se dedica a las actividades agropecuarias y turísticas y que cuenta con un potencial en la fauna y la flora que podrían verse afectados por este proyecto.

“Queremos defender nuestros recursos naturales, yo no estoy de acuerdo con la explotación del litio, conozco la trayectoria del turismo, porque el litio va a ser un boom un tiempo y que vamos a dejar para las próximas generaciones”, advirtió.

Además, cuestionó la representatividad de Comcipo, institución a la que definió como “un comité cívico de la ciudad”, que no representa a todo el departamento. “Como provincia Daniel Campos no somos dueños del salar, pero el salar está en nuestra jurisdicción; como Daniel Campos, capital Llica y subcapital Tahua, nosotros queremos defender nuestros recursos naturales”, afirmó.

En la misma reunión participó el Comité Cívico de Oruro, que también propone que se paguen regalías tomando en cuenta el precio internacional del litio por tonelada y considerando las fluctuaciones del mercado.

El presidente del Comité Cívico de Oruro, Hugo Álvarez, sostuvo que, si bien Potosí concentra la mayor reserva de litio de la región, Oruro también forma parte de la cadena productiva del denominado “oro blanco”, debido a la superficie de salar con la que cuenta, informó Radio Kollasuyo.

Anunció que ese departamento también exigirá la definición de un porcentaje de regalías que tenga relación directa con el precio internacional del litio por tonelada, de manera que los ingresos para la región puedan variar de acuerdo con el comportamiento del mercado.

En el Gobierno del expresidente Luis Arce se hicieron algunos intentos; sin embargo, ahora se aprobará una nueva ley, se está analizando una escala de regalías, a menores cotizaciones, menores regalías; a mayores cotizaciones, mayores regalías, hay que hacer una tabla, afirmó.
https://www.vision360.bo/noticias/2026/08/12/62518-gobierno-plantea-pago-de-regalias-por-la-explotacion-del-litio-de-entre-el-4-y-15por_ciento-a-departamentos-productores

Perú

Comuneros de Tinco bloquean vía Chupaca-Yauyos en protesta por incumplimientos de mina Corona

La Comunidad Campesina de Tinco, en Yauyos (Lima), cumple su tercer día de paro indefinido y también mantiene bloqueada la vía hacia la mina Corona, en protesta por incumplimientos del grupo Alpayana sobre el uso de terrenos comunales, contratación con la empresa comunal y otros.
12/08/2026

La Comunidad Campesina de Tinco, en la provincia de Yauyos (Lima), mantiene desde el domingo 9 de agosto un paro indefinido con bloqueos de la vía Chupaca-Yauyos en protesta contra Sociedad Minera Corona, del grupo Alpayana, por una serie de compromisos que la comunidad considera pendientes desde hace más de un año.

Los pobladores colocaron piedras y otros obstáculos en la carretera de acceso a la operación minera para restringir el tránsito de vehículos vinculados a la compañía.

Pero el conflicto no comenzó con el bloqueo. La comunidad ya había formalizado sus reclamos ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y cuestionado las respuestas que recibió de Sociedad Minera Corona.

En una carta del 1 de julio, la Comunidad Campesina de Tinco y su empresa comunal ECOSEM Tinco expresaron su disconformidad con la posición de la minera y señalaron que, después de más de un año de reuniones y mesas de trabajo, no habían obtenido soluciones concretas.

La comunidad identificó como asuntos pendientes Cabecera de Vado, el proyecto Titimina, el Fondo de Responsabilidad Social, el Camino Real, el Plan de Relaciones Comunitarias, los monitoreos ambientales, su participación en el MEIA-d y las oportunidades laborales y servicios para ECOSEM.

Reclamo por terrenos comunales
La comunidad sostiene que Alpayana utiliza una faja de terreno de su propiedad por donde pasa la carretera de acceso a la operación minera y reclama el pago correspondiente por ese uso.

En su comunicación al MINEM, Tinco incluyó la falta de pago por el uso continuo de terrenos comunales entre los compromisos que considera incumplidos.

El comunero Wilmer Juan de Dios sostuvo que la comunidad ya delimitó el terreno y que la empresa habría reconocido su propiedad. Según afirmó, Alpayana considera que este asunto ya quedó solucionado, pero la comunidad mantiene su posición contraria.

“Ellos aducen que ya hemos arreglado, pero no es cierto”, señaló.

Juan de Dios explicó que por ese sector pasa la carretera hacia la mina y que la comunidad reclama una contraprestación por el uso de sus terrenos.

Cuestionan contratación de ECOSEM
Otro frente del conflicto involucra a ECOSEM Tinco, la empresa comunal que presta servicios a la operación minera. Según Juan de Dios, la comunidad ha pedido que Alpayana tome en cuenta a ECOSEM para la contratación de servicios y genere mayores oportunidades económicas para la población.

La carta remitida al MINEM detalla algunos de estos reclamos.

Uno de ellos corresponde al servicio de hotelería, lavandería y mantenimiento menor, que, según la comunidad, debía comenzar el 1 de mayo de 2026, pero no fue adjudicado a la empresa comunal.

Otro corresponde al servicio de camiones cisterna. Tinco señala que ECOSEM reajustó su propuesta económica y solicitó flexibilizar el requisito de antigüedad de sus unidades, pero finalmente el servicio fue otorgado a terceros. La comunidad cuestiona además que otras empresas operen con vehículos que aparentemente superarían los parámetros exigidos inicialmente a ECOSEM.

La comunidad también sostiene que ECOSEM continúa prestando algunos servicios a la operación minera pese a que existen contratos pendientes de regularización.

Más de un año de reuniones
La comunidad sostiene que durante más de un año participó en reuniones, coordinaciones y mesas de trabajo con representantes de la minera, pero que estos espacios no produjeron soluciones concretas.

En su carta, Tinco afirma que esta situación provocó una pérdida progresiva de confianza en los representantes de Relaciones Comunitarias de Alpayana. La comunidad incluso señala que no considera viable continuar negociando con los mismos funcionarios y pide que futuras conversaciones involucren a representantes de mayor nivel dentro del grupo empresarial.

La Asamblea General Extraordinaria de Tinco, realizada el 31 de mayo de 2026, acordó declarar su disconformidad con los incumplimientos atribuidos a la minera, considerar agotados los espacios de diálogo sostenidos durante más de un año, exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes y ejecutar las decisiones adoptadas por la comunidad.

Minera no acudió a reunión con el Minem
El Ministerio de Energía y Minas convocó este miércoles a una reunión entre representantes de la comunidad de Tinco y de Alpayana, y según informó Juan de Dios, los representantes de la empresa no acudieron a la convocatoria.

Dicha ausencia impidió el diálogo y los comuneros amenazan con radicalizar su medida de fuerza.

En ocasiones pasadas, la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana trasladó a Alpayana la respuesta presentada por Tinco y le pidió evaluar los planteamientos de la comunidad y entregar una respuesta con copia al ministerio para realizar el seguimiento institucional.

El MINEM también convocó a Alpayana a una reunión virtual para el 14 de julio, con el objetivo de abordar los reclamos planteados por Tinco y realizar las coordinaciones correspondientes.

La comunidad no se opone a la minería
Tinco sostiene que su protesta no busca impedir la actividad minera.

En su pronunciamiento, la comunidad señala que está a favor de una minería responsable, pero exige respeto a sus derechos territoriales, cumplimiento de los compromisos asumidos y oportunidades de desarrollo para la población y su empresa comunal.

También reclama atención a sus preocupaciones ambientales y plantea la intervención de entidades como el MINEM, MINAM, OEFA, SENACE, ANA y la Defensoría del Pueblo. En su carta al ministerio, la comunidad señala que continuará defendiendo sus derechos territoriales, ambientales, económicos y sociales ante estas instituciones.

Comuneros de Tinco bloquean vía Chupaca-Yauyos en protesta por incumplimientos de mina Corona

Perú, Sin categoría

SUBEN COMO LA ESPUMA LOS MINERALES QUE SALEN GRATIS DEL PERÚ

Por: Paul Maquet 12/08/2026

El más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre minerales “críticos”, publicado en julio, releva algo muy interesante para el Perú. En el marco de la demanda global por minerales para la transición energética y otros usos estratégicos, hay un grupo de elementos cuyo precio viene subiendo notablemente. La AIE los denomina “strategic minor minerals” y son precisamente aquellos que, según investigaciones previas de CooperAcción, salen del Perú sin ser fiscalizados ni valorizados, ocultos dentro de los concentrados de cobre y zinc.

La AIE define estos “strategic minor minerals” como aquellos con mercados relativamente pequeños, pero que desempeñan funciones cruciales en los sectores energético, de alta tecnología, aeroespacial y de defensa. ¿Cuáles son? Los que están incluidos en el análisis de la AIE son antimonio, bismuto, galio, germanio, indio, tantalio, telurio, titanio y tungsteno.

Este grupo de minerales ha tenido un incremento de casi 200% en su precio entre el 2023 y abril de este año, como vemos en el gráfico de la AIE. Esto es muy por encima de los incrementos de las cotizaciones de minerales de base industriales como el cobre, el aluminio, el plomo o el zinc. También muy por encima de los minerales usados en las baterías, como el litio, el cobalto, el níquel y otros, que incluso bajan de precio.


Como hemos demostrado antes en un estudio de CooperAcción, varios de estos “strategic minor minerals” se encuentran en los yacimientos mineros en el Perú, se extraen junto con los minerales tradicionales y están presentes en los concentrados de cobre y zinc que se producen en las plantas de beneficio, y luego salen por nuestros puertos rumbo a las refinerías en otros países. Un análisis independiente de una muestra de concentrado de cobre encontró presencia de antimonio y bismuto. Así mismo, información de los subproductos obtenidos en refinerías muestra que de los concentrados de cobre se puede recuperar telurio, mientras que de los concentrados de zinc se puede recuperar indio, galio y germanio.

Sin embargo, ninguno de estos subproductos presentes en los concentrados es declarado en Aduanas, porque no existe ninguna obligación legal para ello; y tampoco son valorizados ni mucho menos se paga algún impuesto o tasa por ellos. Salen literalmente gratis del país, pero luego son recuperados en refinerías en el extranjero y se convierten en productos de gran demanda y precios elevados en el mercado tecnológico actual, como hemos visto.

La propia AIE reconoce este problema, al afirmar:

“También es necesario prestar mayor atención al papel estratégico de las fundiciones de metales básicos. Muchos minerales menores estratégicos se recuperan como subproductos del procesamiento de cobre, zinc y plomo, lo que hace que las fundiciones de metales básicos sean esenciales para la seguridad de estos materiales. Las fundiciones modernas de cobre y zinc son más que productoras de metales básicos refinados: son centros de procesamiento estratégicos que permiten la recuperación de numerosos minerales subproductos críticos, apoyan la fabricación posterior y proporcionan capacidad de reciclaje de chatarra. Por lo tanto, merecen mayor atención política como infraestructura intermedia crítica para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro”. (AIE, 2026, p. 9).

¿Cuál es el papel del Perú en este debate global? ¿Vamos a dejar que nuestros minerales salgan gratis y formen parte de cadenas de valor globales que producen mucho dinero, sin que nuestro país reciba nada a cambio?

Y visto desde una perspectiva más global, ¿cuál es la gobernanza más justa y adecuada para este mercado, que hoy día es muy asimétrico pues el poder se concentra de manera desproporcionada en el poder de compra de las refinerías, principalmente chinas? Un estudio de próxima publicación muestra que Chile, Indonesia y otros países productores de concentrados de cobre y zinc enfrentan el mismo desafío. ¿Podríamos impulsar un nivel de cooperación que permita que los países del sur global recibamos una proporción justa de los beneficios de la explotación de estos minerales, que se realiza en nuestros propios territorios?
www.cooperaccion.org.pe

Chile

Relave de minera Las Cenizas dejó a Peñablanca sin agua potable tras lluvias de julio

En Cartas a Resumen, Opinión
24 ago 2026
Relave de minera Las Cenizas dejó a Peñablanca sin agua potable tras lluvias de julio

En la comuna de Cabildo, ubicada en la Región de Valparaíso, provincia de Petorca, los 700 habitantes de la localidad de Peñablanca están desde fines de julio sin disponer del agua de sus pozos de uso masivo, ya que ahora deben recibir el agua potable que aporta el sistema de APR (Agua Potable Rural) de otras comunidades. Durante los temporales hubo un escape de desechos tóxicos del Tranque 4, ubicado en la ladera norte de la quebrada Chinchorro. Se trata de un relave, un sumidero de pasta proveniente del proceso que genera cobre concentrado por flotación. La minera Las Cenizas, dueña del relave, afirmó que el escape nocturno era un “despiche”, una maniobra de vertimiento coordinada con SERNAGEOMIN para evitar el derrumbe de sus muros.

El vertido tóxico que los vecinos vieron deslizarse por sus calles en forma de pasta, agua turbia y otros materiales llegó a la quebrada Chinchorro y de ahí al río La Ligua, que es la fuente de agua de la APR de Peñablanca. Se repetía así este año lo ocurrido el 13 de junio de 2024. En esa oportunidad la Superintendencia del Medio Ambiente confirmó que los relaves sobrepasaron las piscinas de emergencia y alcanzaron la citada quebrada Rincón del Chinchorro. Por ello en 2025 la Dirección General de Aguas aplicó a Minera Las Cenizas multas por más de 51 millones de pesos.

Cinco Infracciones y un Plan de Cumplimiento hasta fin de 2026

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) anunció que ha abierto esta temporada una nueva investigación. El año pasado, la entidad estableció en el expediente D 176 – 2025, cinco infracciones graves de la minera Las Cenizas y le exigió cumplir con lo legal. Entre las infracciones destacamos una: “la piscina de aguas recuperadas de la planta de espesado (el tranque 4) presenta menores dimensiones, volumen total y efectivo respecto de lo contemplado en la evaluación ambiental, operando con una menor revancha que la establecida ambientalmente”. Asimismo el manejo de las aguas de lluvia no correspondía a lo declarado en el proyecto ambiental. El análisis de las aguas del río La Ligua mostró, según la SMA que al contrario de lo que afirmaba la minera, se habían excedido temporalmente los límites máximos permitidos para aluminio, cobre, manganeso y plomo, tal como denunciaron los vecinos organizados en No Más Relaves. La minera debió agrandar el muro y prometió contar con protocolos de emergencia y otras medidas de cumplimiento a lo largo de 2026. Sin embargo ahora se vio que igualmente la piscina se desbordó. Sigue en curso una demanda por daño ambiental interpuesta en 2024 por dos familias del sector contra la minera Las Cenizas.

Cuatro sistemas de APR en riesgo

Mientras desde la Seremi de Valparaíso presidida por la doctora Mariol Luan Rivas no se dé a conocer un análisis que descarte la temida contaminación de las aguas subterráneas y por tanto de los pozos de la localidad, como las aguas del río La Ligua, los usuarios de la APR de Peñablanca deben usar el agua que llega por cañerías instaladas años atrás por el proyecto Aducción del sector Alicahue, que alimenta otras APR, de cuya calidad de agua no tienen pruebas. Igualmente afectadas están las APR de las localidades La Higuera, El Carmen y Valle Hermoso, todas de la provincia de Petorca. Recibir el agua generada por el proyecto Aducción significa un gasto importante para los vecinos de Peñablanca y podría ocasionar más problemas si la situación se prolonga. El alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga, no ha tomado medidas al respecto.

Este relave abandonado hace tres años, habría empezado a funcionar alrededor de 2007 y contiene una pasta proveniente de los desechos de la explotación de cobre sulfurado para convertirlo en concentrado de cobre, constituyendo un peligro inminente por los contenidos tóxicos no retirados.

Dueños del relave 4 Las Cenizas

Pocos habitantes de Peñablanca conocen a la empresa dueña del Tranque 4. El directorio de la Minera Las Cenizas está presidido por Juan Ignacio Langlois, fundador de la financiera Tyndle, y tiene como vicepresidente a Rodrigo del Fierro. Tiene faenas mineras en Cabildo y Taltal. La minera ha repartido donaciones logrando que tanto la junta de vecinos de Peñablanca como algunas personas se encarguen de lavar la imagen de la empresa, restándole importancia al peligro en que viven.

Los hechos relatados configuran una situación de sumo estrés para la mayoría de la población. Ante ello el movimiento local “No más relaves” está realizando gestiones para denunciar y exigir el retiro del material. En el ámbito municipal sólo el concejal y docente Sebastián Carvajal los apoya y es sensible al tema. También lo hacen la Fundación Humedales y la diputada por el distrito Sofía González. La parlamentaria plantea que debe generarse un amplio radio de protección de estas familias. Además del daño ya producido hay una posible afectación a la agricultura y daño a los animales, así como las consecuencias para sus vidas, si reventara el relave, especialmente dada la presencia de personas mayores con inmovilidad o enfermas, que sería muy difícil de evacuar en una catástrofe de ese tipo.

El MAT, Movimiento por el Agua en los Territorios, expresa su apoyo y solidaridad quienes enfrentan la situación y exige a las autoridades de la región competentes en el tema, adoptar en forma urgente las medidas necesarias para proteger a la población. Al igual que lo que ocurre en otros territorios con relaves, la organización local no cuenta con recursos que le permitan fortalecer la defensa de Peñablanca que tuvo una buena calidad de vida hasta la instalación de los relaves de la Minera Las Cenizas.

Movimiento por el Agua en los Territorios (MAT)
https://resumen.cl/articulos/relave-de-minera-las-cenizas-dejo-a-penablanca-sin-agua-potable-tras-lluvias-de-julio

Chile

DGA confirma grave contaminación de aguas por derrame de Minera Tres Valles

El mostrador.cl

Un informe de la Dirección General de Aguas (DGA), elaborado junto con la Superintendencia del Medio Ambiente, vinculó las filtraciones del proceso de lixiviación de Minera Tres Valles con el deterioro de las aguas superficiales de la quebrada Quilmenco, en la cuenca del río Choapa. Las muestras registraron una caída del pH de 7,88 a 4,68 y concentraciones de aluminio, hierro, manganeso, cobre, arsénico y sulfatos superiores a las normas para riego o consumo humano. La autoridad concluyó que el agua analizada presenta una limitación absoluta de uso y no es apta para consumo, agricultura ni actividades pecuarias.

Los resultados fueron obtenidos tras las gestiones de fiscalización impulsadas por la Municipalidad de Illapel ante diversos organismos públicos. Frente a los antecedentes, el municipio anunció que mantendrá activo su plan de resguardo hídrico y solicitará ampliar el monitoreo a las aguas subterráneas, realizar reuniones informativas con las comunidades y comités de agua potable rural, determinar las responsabilidades ambientales y adoptar medidas que impidan nuevos escurrimientos desde las instalaciones de la minera.

Republica Dominicana

Crece la tensión en Villa González, Santiago, por rechazo a la minería

Residentes de Las Lavas realizan marchas y vigilias tras denunciar polvo, ruido y vibraciones que afectan viviendas, escuelas y la salud respiratoria de la comunidadGuías locales y de ciudades
Redacción CDN 30/07/2026

Santiago.— La oposición a las actividades mineras continúa fortaleciéndose en el municipio de Villa González, donde autoridades del Ministerio de Interior y Policía encabezaron una mesa de diálogo con comunitarios que rechazan las operaciones extractivas en la zona.

El encuentro se produjo en medio de marchas, vigilias y otras manifestaciones organizadas por residentes. Los mismos expresaron su preocupación por los presuntos impactos ambientales y de salud que atribuyen a la actividad minera.

Durante la reunión, el alcalde de Villa González, César Álvarez, afirmó que las empresas señaladas no cuentan con permisos de uso de suelo emitidos por el ayuntamiento, aunque reconoció que algunas poseen autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Comunitarios de Las Lavas denunciaron que las operaciones generan grandes cantidades de polvo, ruido y vibraciones. Esto según afirmaron, afecta viviendas, centros educativos y la calidad de vida de los residentes.

Una de las denunciantes aseguró que su hijo recibe tratamiento médico por una neumonía. Misma que, a su juicio, estaría relacionada con las condiciones ambientales de la zona. Asimismo, otros comunitarios expresaron su preocupación por el aumento de enfermedades respiratorias.

“Nosotros tenemos una problemática grave. Los niños se nos están enfermando, hay personas de la comunidad que tienen procesos muy delicados de los pulmones”, manifestó uno de los residentes.

Por su parte, representantes del Ministerio de Interior y Policía reiteraron su compromiso de continuar promoviendo el diálogo entre las comunidades, las autoridades y las empresas involucradas. Explicaron que el objetivo es alcanzar una solución consensuada al conflicto.
https://cdn.com.do/nacionales/protestas-contra-la-mineria-en-villa-gonzalez-crecen/

Perú

MENSAJE PRESIDENCIAL Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

30/07/2026
Con un discurso que duró 54 minutos, Keiko Fujimori inició su mandato, anunciando que ofrecía método, disciplina, trabajo y una ruta clara. Lo cierto es que, con la lectura de un documento de 14 páginas, se iniciaron los 1826 días que va a durar su gestión. “Ni un día más”, ha dicho la nueva gobernante.

El discurso anuncia una serie de políticas y un conjunto de obras, en principio, organizadas en 7 objetivos: emergencias y seguridad ciudadana; la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos; apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, con calidad y disponibilidad de infraestructura; la construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos, que facilite la inversión y el desarrollo; garantizar la sostenibilidad fiscal; el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y las instituciones; el fortalecimiento de la política exterior, priorizando la construcción de alianzas para la integración.

Objetivos tan amplios que, en realidad, cada uno agrupa a más de uno y que están acompañados de un conjunto de iniciativas que terminan siendo una sumatoria de generalidades, con metas poco realistas, una lista de obras de infraestructura y varios otros ofrecimientos.

Pero más allá del discurso, lo que hay que comenzar a mirar con atención es el pedido de delegación de facultades que ha preparado el Ejecutivo para que, durante 120 días, pueda legislar en diversas materias.

En los documentos que han comenzado a circular desde el 29 de julio, las facultades solicitadas abarcan materias tan amplias como: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción y protección de la micro y pequeña empresa, fomento de la formalización, promoción del empleo y la protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, temas tributarios, reforma del Estado, facilitación del comercio, entre otros.

Por ejemplo, en minería se anuncia que se dictarían medidas para optimizar el marco normativo aplicable a todos los estratos y modalidades de este sector, incluyendo la promoción de la inversión, simplificación de requisitos, competitividad, en materia ambiental, formalización, otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones, catastro, permisos, autorizaciones y certificaciones, propiedades superficiales, trazabilidad, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.

De manera más precisa, en materia ambiental se pretendería aplicar el silencio administrativo positivo a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, incluso cuando un proyecto se ubique o se superponga con áreas naturales protegidas, territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos, así como cuando le corresponda un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). También se buscaría excluir de la obligación de contar con un instrumento de gestión ambiental a las intervenciones de reposición, mantenimiento o mejoramiento que se ejecuten sobre infraestructura existente. Las opiniones vinculantes deberán ser emitidas dentro del plazo máximo previsto y si este vence sin pronunciamiento, la opinión se tendrá como favorable.

Otra propuesta en materia ambiental apunta a permitir que la certificación ambiental se efectúe de manera diferenciada por tramos o componentes, según el nivel de impacto de cada uno, sin afectar la evaluación integral del proyecto y se incorporaría una excepción a la pérdida de vigencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos que todavía no hayan iniciado la etapa de ejecución física (¿Tía María?). En relación a los títulos habilitantes que correspondan a los gobiernos regionales y locales, se plantea la aprobación automática de los permisos, autorizaciones, licencias y demás títulos habilitantes. En suma, todo un paquete de desregulación ambiental que suena como música celestial para el empresariado minero.

En materia tributaria, se pretendería eliminar la posibilidad que la SUNAT demande una resolución del Tribunal Fiscal, en función de los intereses del Estado peruano. Según la fundamentación del texto de delegación de facultades, lo que se pretende buscar es la mejora la seguridad jurídica (de las empresas) y evitar la litigiosidad.

El discurso del 28 de julio y sus confusos 7 objetivos, pretenden materializarse en esta delegación de facultades que puede terminar siendo un tremendo paquetazo anti derechos ambientales, laborales, sociales y demás. Habrá que ver la capacidad de respuesta que tendrá la Cámara de Diputados que, en una primera instancia, deberá revisar el pedido del Ejecutivo.
Cooperaccion

Chile

Tribunal Ambiental exige informe por Pascua Lama tras rescate de trabajadores aislados en Atacama

La resolución busca reunir antecedentes técnicos sobre el proceso de cierre del proyecto luego del rescate de 39 trabajadores aislados por el temporal.
Cristian Neira 30/07/2026

Pese a que se ordenó el cierre de Pascua Lama en el año 2018, aún sigue operando

El Primer Tribunal Ambiental solicitó nuevos antecedentes técnicos en torno al proceso de cierre del proyecto Pascua Lama, luego del rescate de 39 trabajadores que permanecieron aislados por varios días debido al intenso sistema frontal que afectó la cordillera de la Región de Atacama.

La decisión judicial ocurre mientras persisten cuestionamientos sobre las labores que se desarrollan en la faena minera, cuyo cierre definitivo fue ordenado tras un prolongado proceso sancionatorio por incumplimientos ambientales. Según Biobío, hay dudas respecto del alcance de esos trabajos y del seguimiento realizado por los organismos fiscalizadores en la empresa de Barrick Gold.
Tribunal busca establecer si existen riesgos asociados al cierre de Pascua Lama

El Primer Tribunal Ambiental resolvió solicitar antecedentes técnicos para evaluar las condiciones actuales del proyecto y los eventuales riesgos asociados a las actividades que continúan ejecutándose en el marco de su plan de cierre.

La resolución pretende reunir información suficiente para determinar si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del seguimiento judicial del cierre de la faena, un proceso que continúa bajo supervisión de las autoridades competentes.
Atención sobre las labores que continúan en la faena

Existen inquietudes respecto de las actividades que siguen desarrollándose en el proyecto, pese a que este se encuentra en etapa de cierre definitivo.

Precisamente por esa razón, el tribunal decidió requerir antecedentes que permitan conocer el estado actualizado de la faena y verificar si las labores autorizadas se ajustan a las obligaciones establecidas durante el proceso de clausura.
Rescate de 39 trabajadores volvió a poner el proyecto bajo escrutinio

La resolución judicial se conoce pocos días después del operativo que permitió evacuar con éxito a 39 trabajadores que permanecían aislados en Pascua Lama debido a las intensas nevadas registradas en la cordillera atacameña.

La emergencia volvió a instalar el debate sobre las condiciones operacionales del proyecto y la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos, mientras continúan las acciones de seguimiento del proceso de cierre.

Por ahora, el objetivo del tribunal es contar con antecedentes técnicos actualizados antes de resolver si corresponde adoptar nuevas medidas dentro de la causa relacionada con Pascua Lama.
https://eldesconcierto.cl/actualidad/tribunal-ambiental-exige-informe-pascua-lama-rescate-trabajadores-aislados-atacama-n5460892

Chile

Decreto de Kast simplifica control del Estado sobre seguridad minera y deja responsabilidad en propias empresas

Un decreto reemplaza 21 autorizaciones previas de Sernageomin por declaraciones juradas y cambia el rol del servicio hacia una fiscalización posterior.
Álvaro Marchant Cuevas y María del Mar Parra
29/07/2026
El Ministerio de Minería modificó el Reglamento de Seguridad Minera para reemplazar decenas de autorizaciones previas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por declaraciones juradas suscritas por los propios titulares de las faenas.

El cambio quedó establecido en el Decreto Supremo N° 30, al que tuvo acceso El Desconcierto, firmado el 13 de julio por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Minería, Daniel Mas Valdés. El decreto modifica el DS N° 132 de 2002, vigente desde hace 24 años, e implementa en el sector minero la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770), publicada en septiembre de 2025.

La norma introduce lo que la propia ley define como «técnicas habilitantes alternativas» (THA) : instrumentos que permiten desarrollar un proyecto o ejecutar una actividad sin que exista de por medio un acto administrativo favorable previo. En la práctica, la empresa certifica bajo su responsabilidad que cumple la normativa vigente, y esa declaración —no una resolución de Sernageomin — habilita la actividad desde al día siguiente a su suscripción.

El abogado de Fundación Terram, Diego Rojas, explica que el decreto incorpora una modificación del esquema cambiando el rol de Sernageomin desde un «control ex ante de las actividades o proyectos, que exige el análisis y autorización respectiva por parte de la Administración, hacia a un control ex post, en el cual el rol del Estado se supedita a verificar el cumplimiento de la normativa por parte del particular».

«En términos simples, se traslada el análisis de los riesgos desde la Administración a los particulares, bajo el supuesto de una fiscalización posterior. Lo anterior, considerado abstractamente, es cuestionable, por eso en el caso de las modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera se debe identificar los ámbitos modificados», explica el abogado.

Qué materias quedan sin autorización previa

El decreto sustituye por declaración jurada las autorizaciones contempladas en 21 artículos del reglamento: 89, 119, 128, 154, 164, 228, 239, 250, 254, 313, 329, 330, 365, 480, 485, 504, 518, 527, 539, 589 y 643.

Entre las materias afectadas: construcción de chimeneas con equipos Raise Borer o Blind Hole, perforación en seco en minas subterráneas, instalación de transformadores eléctricos en cámaras herméticas, sistemas de fortificación y sostenimiento de labores, reglamentos de emergencia, tronaduras y uso de explosivos, transporte de explosivos y detonadores, altura de conductores de trole, y el Programa de Mejoramiento del Ambiente de Trabajo para exposición a arsénico en fundiciones.

Para Rojas, entre los puntos más importantes a considerar debido a que son reemplazados por declaraciones juradas, tiene relación con el uso de explosivos. Sin embargo, agrega que «esta flexibilización esta complementada con una exigencia reforzada de documentación técnica, la exigencia de co-firma obligatoria de un ingeniero civil de minas o profesional afín, la posibilidad de configurarse responsabilidad penal en caso de presentación de antecedentes falsos u omisión de antecedentes esenciales».

El decreto deroga además, de forma directa, 16 artículos completos del reglamento: 24, 59, 96, 110, 136, 168, 172, 203, 209, 222, 229, 243, 259, 271, 285 y 290. Su contenido se consolida en un nuevo artículo 22, que crea la figura del «Proyecto Minero (PM)», con un plazo de 50 días hábiles para que Sernageomin se pronuncie sobre faenas de más de 10.000 toneladas mensuales, siendo este un punto cuestionable dado que, actualmente, el promedio de los plazos se extiende considerablemente más.

Una fuente al interior de Sernageomin comenta que este punto es relevante debido a que, por la cantidad de documentos que deben solicitarse y ser analizados, los tiempos de aprobación en promedio superan los 50 días hábiles que establece el decreto, lo cual podría desencadenar imprecisiones en las tramitaciones.

La nueva situación de las RCA en la minería

Otra de las aristas importantes del decreto es lo establecido respecto a las Resoluciones de Calificaciones Ambientales (RCA) en la industria minera. En concreto, junto con enviar la presentación de un proyecto de explotación, la empresa debe enviar a Sernageomin la copia de la RCA que ratifique la aprobación del proyecto en materia ambiental cuando sea exigible.

Sin embargo, y una de las modificaciones más considerables, es que si la titular del proyecto no cuenta con dicho permiso aun así puede presentar el proyecto a Sernageomin y no impide que la misma entidad resuelva respecto al mismo.

Ante esto el abogado Diego Rojas comenta que esto merece especial atención «pues antes la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) era un requisito fundamental para la aceptación del proyecto, no pudiendo Sernageomin emitir una resolución aprobatoria mientras la empresa minera no la presentara».

«Ahora la empresa minera debe enviar la RCA cuando corresponda y su ausencia no impedirá la presentación, tramitación ni resolución del proyecto ante SERNAGEOMIN. Entonces, en la redacción actual no es necesaria la aprobación ambiental para obtener una autorización minera, desacoplando un mecanismo que exigía acreditar la aprobación ambiental antes del pronunciamiento favorable del Servicio», afirma el abogado.
El rol de Sernageomin cambia de aprobador a fiscalizador posterior

El nuevo artículo 686 del reglamento aclara que el Servicio conserva «facultades de fiscalización posterior» sobre las materias habilitadas por declaración jurada, y puede ordenar medidas correctivas o sanciones. El artículo 687 fija que las infracciones se sancionan conforme al decreto ley 3.525 de 1980 —que crea Sernageomin— y al artículo 590 del propio reglamento, con multas de hasta 100 Unidades Tributarias Anuales por infracción.

El mismo artículo establece que, si Sernageomin constata que un titular presentó información falsa o alterada en su declaración jurada, debe remitir los antecedentes al Ministerio Público.

El considerando 14 del decreto sostiene que la sustitución de autorizaciones por declaraciones juradas «no genera impactos significativos que requieran de una evaluación exhaustiva» y que mantener las autorizaciones «no resulta una medida costo-efectiva y proporcional al riesgo involucrado».
Umbral de pequeña minería sube a 10.000 toneladas

El decreto también modifica el artículo 594, elevando de 5.000 a 10.000 toneladas mensuales el umbral que define la pequeña minería para efectos del método de explotación regulado en el artículo 22. El considerando 9 argumenta que el límite anterior «resulta insuficiente para reconocer lo que hoy en día se considera pequeña minería» y que generaba «desincentivos para el crecimiento» de las empresas del sector.

Con el nuevo umbral, más faenas acceden al régimen simplificado de Declaración Minera (DM), que reemplaza al Proyecto Minero (PM) para operaciones de menor escala.

«El aumento en el umbral de la categoría de pequeña minería desde las 5.000 toneladas/mes a las 10.000 toneladas/mes, cuestión que amplia considerablemente el universo de faenas que podrían acceder a los tramites simplificados», sostiene Rojas.

El decreto entra en vigencia el primer día hábil del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Las solicitudes de autorización que estén en trámite a esa fecha seguirán rigiéndose por la normativa anterior, salvo que el interesado desista y opte por acogerse al nuevo régimen de declaración jurada.
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