Colombia

El Estatuto Antiterrorista, la protesta social y el golpe a la minería ilegal en el Tolima abren un nuevo debate político en Colombia

Junto al analista Juan David Ortiz analizamos varios de los puntos más polémicos de la semana en materia política.
Alejandro Navarro
11/10/2026

Debatimos los principales puntos políticos de la semana en Enfoque. Foto: Archivo
Debatimos los principales puntos políticos de la semana en Enfoque. Foto: Archivo
El borrador del Estatuto Antiterrorista presentado por el Gobierno nacional y el decreto sobre protesta social han desatado una intensa controversia política al vincular penalmente la minería ilegal con el financiamiento de organizaciones terroristas. La iniciativa del Ejecutivo busca crear tipos penales agravados contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y regular la movilización ciudadana, en momentos en que la Fuerza Pública ejecuta operativos contra las economías criminales en el departamento del Tolima.

¿Qué cambia para la minería ilegal en Colombia con el nuevo Estatuto Antiterrorista?
La propuesta legislativa impulsada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella contempla la tipificación de la gran minería ilegal como delito directamente asociado al terrorismo cuando beneficie a grupos armados al margen de la ley. Según el articulado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, argumentó que el proyecto busca asestar un golpe decisivo a las fuentes de financiamiento delictivo y sancionar el contrabando de oro e hidrocarburos que nutre a las estructuras criminales en las regiones.Contratar abogado

No obstante, sectores de la oposición y congresistas como el senador Iván Cepeda expresaron fuertes críticas al articulado, advirtiendo sobre el riesgo de criminalización hacia la protesta social y los pequeños mineros informales. Las disposiciones establecen agravantes a las penas cuando las asonadas o bloqueos viales se dirijan contra operativos de la Fuerza Pública o se vinculen a organizaciones incluidas en la nueva lista oficial de actores terroristas.

Al respecto de este estatuto y de sus posibles alcances en materia de protesta social, el analista Juan David Ortiz afirmó que hay tres aspectos a analizar, el primero es la lista de organizaciones terroristas y cómo será el estándar para definir qué personas u entidades entran en dicha categoría. Lo segundo es lo que se cataloga como «colaboración con organizaciones terroristas» y hasta qué punto se puede considerar ayuda intelectual o material y por último, hasta qué punto la protesta y los cuestionamientos al gobierno sean denominados terrorismo o coacción.

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En paralelo al debate normativo en el Capitolio Nacional, la Fuerza Pública y el Ministerio de Ambiente intensificaron la ofensiva contra la minería ilegal en el departamento del Tolima, donde se han destruido maquinarias pesadas e intervenido yacimientos ilícitos para proteger los ecosistemas estratégicos. Las operaciones buscan frenar el impacto ambiental y desmantelar el musculo financiero de los grupos armados que explotan los recursos naturales en el sur del departamento.

El proyecto contempla además la creación del Alto Comisionado contra el Terrorismo y la obligatoriedad para el sector financiero y notarial de verificar el Registro Nacional de Actores Terroristas para congelar activos y fondos económicos de personas u organizaciones incluidas. Gremios económicos y observadores de derechos humanos han pedido revisar los alcances de estas facultades para no afectar la inversión legal ni los derechos de las comunidades rurales.

El debate legislativo continuará durante las próximas semanas en las comisiones constitucionales, donde se discutirán los contrapesos entre la estrategia de seguridad nacional del Ejecutivo y la protección de las garantías constitucionales en el territorio colombiano.

Operaciones en el Tolima e impacto de la regulación a la minería ilegal
Las intervenciones operativas en el Tolima representan un punto clave dentro de la política de control territorial del Estado, proyectando la aplicación de las nuevas herramientas del Estatuto Antiterrorista contra quienes patrocinen la explotación destructiva de los recursos hídricos y mineros. Las autoridades ratificaron que los patrullajes e intervenciones judiciales se mantendrán de forma permanente en los corredores estratégicos del país.
https://www.cablenoticias.com/noticias/el-estatuto-antiterrorista-la-protesta-social-y-el-golpe-a-la-mineria-ilegal-en-el-tolima-abren-un-nuevo-debate-politico-en-colombia

Panamá

“Un engaño al país”: crece el rechazo al intento de reabrir la mina de Quantum Minerals en Panamá

Fue cerrada por violar leyes ambientales
La explotación de cobre a cielo abierto, la más grande de Centroamérica, fue clausurada tras un fallo de la Corte Suprema. Ahora una comisión del gobierno recomendó reactivar sus operaciones hasta lograr un “cierre ordenado”.
08/10/2026

Alibel Pizarro, secretaria ejecutiva de la Mesa Técnica para el Cierre de Minas (UICN), durante la conferencia de prensa en rechazo a la recomendación para reabrir la mina en Colón. Bienvenido Velasco. EFE
Ambientalistas de Panamá calificaron como un “engaño al país” la propuesta de una comisión gubernamental de reactivar una mina de capital canadiense, el yacimiento de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, clausurada hace tres años tras fuertes protestas.

La mina de la canadiense First Quantum Minerals, ubicada en la provincia caribeña de Colón, unos 120 km al oeste de Ciudad de Panamá, cerró en 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia concluyera que la concesión violaba leyes ambientales.

Pero una comisión de ministros del gobierno de José Raúl Mulino entregó recientemente un informe al presidente en el que recomienda, sin precisar fechas, reactivar las operaciones hasta realizar “un cierre ordenado” de las instalaciones.

“Es una falta de respeto, una tomadura de pelo a un país. Lo que obedece en este caso es un cierre sin explotación”, dijo Raisa Banfield, de la agrupación Panamá Vale más sin Minería.

Los ecologistas, que en las protestas de 2023 lograron la prohibición de nuevas exploraciones mineras, creen que el gobierno pretende presentar como “cierre ordenado” una nueva concesión, pese a la moratoria y la decisión de la Corte.

“Rechazamos enérgicamente el anuncio” porque “es un engaño al país” al tratarse de “una reactivación disfrazada” de la minería, afirmó en conferencia de prensa Carlos Bichet, del Centro de Incidencia Ambiental.

“Hablar de un cierre ordenado autofinanciado por la misma operación minera durante décadas lo que plantea es reanudar la extracción”, añadió, en nombre de unas 40 organizaciones.

La decisión, en manos de Mulino
La mina representaba 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Generaba unos 6.000 empleos directos y unos 30.000 indirectos, según el gobierno. La comisión considera la reapertura necesaria para impulsar la economía.

Mulino aseguró que no decidirá “en cuatro días” un asunto que el país “va a cargar durante décadas”, por lo que estudiará con calma el informe.

Panamá enfrenta reclamos por unos 27.000 millones de dólares (30% del PIB) por el cierre del proyecto. First Quantum paralizó su litigio a la espera de una decisión sobre la reapertura.

La compañía canadiense señaló en un comunicado que “colaborará de forma constructiva y de buena fe” para establecer un marco jurídico “justo” y “duradero” que permita reanudar las actividades.
https://www.pagina12.com.ar/2026/10/08/un-engano-al-pais-crece-el-rechazo-al-intento-de-reabrir-la-mina-de-quantum-minerals-en-panama/

Bolivia

Entre las cooperativas y la inversión privada: el dilema que enfrenta la minería de Bolivia
2026-10-05
El gobierno de Rodrigo Paz impulsa una reforma del sector para atraer capitales privados y desarrollar reservas de cobre, oro, plata y otros minerales críticos. Sin embargo, las cooperativas concentran cerca de la mitad de la producción minera del país y cuentan con una fuerte capacidad de movilización y presión política.
El gobierno de Rodrigo Paz busca modificar el rumbo de la minería boliviana con una apertura hacia la inversión privada y extranjera, en un intento por aprovechar las reservas de cobre, oro, plata, estaño y otros minerales considerados estratégicos. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un límite político: el peso que mantienen las cooperativas mineras, un sector que reúne a cientos de miles de trabajadores y que durante décadas construyó una posición de influencia dentro del Estado.

Las cooperativas representan alrededor del 8% de la fuerza laboral de Bolivia y cerca de la mitad de la extracción minera del país, según datos citados por Bloomberg. Su importancia no se limita a la producción. El sector posee una capacidad de movilización que le permitió en distintas oportunidades presionar a los gobiernos mediante protestas y bloqueos de rutas.

El conflicto quedó expuesto con mayor claridad en mayo, cuando miles de mineros cooperativistas marcharon hacia La Paz en medio de una ola de protestas. Algunos manifestantes utilizaron dinamita durante las movilizaciones. Frente a la presión, el gobierno terminó aceptando buena parte de sus reclamos vinculados con el acceso a combustible, explosivos y nuevas áreas para desarrollar actividades mineras.

La situación volvió a complicarse en julio, cuando diferencias entre cooperativas rivales llevaron al gobierno a suspender una cumbre que pretendía reunir a representantes de la minería cooperativa, estatal y privada. El objetivo era discutir una estrategia común para el futuro de la industria, pero las disputas internas mostraron las dificultades para construir un acuerdo entre los distintos actores del sector.

Para Paz, el desafío consiste en avanzar con una reforma del marco minero sin provocar una confrontación con las cooperativas, que mantienen una presencia considerable en la estructura económica y política del país.

Una reforma gradual para atraer capital privado

El Ejecutivo pretende introducir modificaciones puntuales a las actuales normas mineras antes de avanzar hacia una reforma integral. Entre las medidas que analiza se encuentran la posibilidad de que empresas privadas puedan asociarse con cooperativas, un fortalecimiento de los derechos de desarrollo de los proyectos y una reducción o revisión de determinadas cargas tributarias.

El gobierno también trabaja en una actualización más amplia del Código Minero, con el objetivo de modernizar la actividad y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

La iniciativa se encuentra en línea con la estrategia anunciada por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, quien planteó la necesidad de reducir trabas administrativas y generar condiciones para recuperar inversiones. En abril, el presidente Paz también había planteado ante representantes de cooperativas la necesidad de avanzar hacia una nueva ley minera que permita atraer capital y fortalecer el sector.

Durante julio, el Gobierno llevó adelante la Cumbre Nacional Minera 2026, que reunió a cooperativas, empresas privadas, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales y representantes estatales para discutir una actualización de la normativa. Entre los temas abordados estuvieron la seguridad jurídica, los contratos mineros, la institucionalidad, la fiscalización de la minería ilegal y la cuestión ambiental.

El objetivo es que las conclusiones de esas mesas sirvan como base para una propuesta de nuevo Código Minero.

El potencial que busca recuperar Bolivia

La apuesta oficial parte de una realidad geológica que contrasta con el bajo nivel de inversión que recibió el sector durante los últimos años. El gobierno considera que Bolivia posee recursos suficientes para ampliar significativamente sus exportaciones mineras y reducir la dependencia de otros sectores de la economía.

Paz ha defendido públicamente esa estrategia al plantear que el país debería aprovechar sus recursos naturales para generar mayores ingresos. La expectativa oficial incluye atraer compañías internacionales interesadas en cobre, oro, plata, estaño, zinc, antimonio y otros minerales críticos.

El interés empresarial comienza a mostrar algunas señales de recuperación. Compañías que ya operan en Bolivia evalúan ampliar sus actividades, mientras que firmas de exploración consideran ingresar al país si finalmente se concretan los cambios regulatorios.

Uno de los principales obstáculos, sin embargo, es el historial de inseguridad jurídica y conflictividad política que durante años condicionó la llegada de grandes grupos mineros internacionales. Para los inversores, la reforma no sólo deberá modificar las reglas de contratación y tributación, sino también garantizar que los derechos mineros puedan desarrollarse sin quedar expuestos a conflictos con otros actores.

El problema se vuelve especialmente complejo porque las cooperativas también forman parte del entramado productivo que el Gobierno necesita incorporar a la transformación del sector. Una reforma que reduzca sus privilegios podría facilitar el ingreso de capital privado, pero también desencadenar nuevas protestas.

La minería entre dos modelos

La discusión que enfrenta Bolivia no se limita a una modificación del Código Minero. En el fondo, el gobierno de Paz intenta definir qué modelo de minería tendrá el país durante los próximos años.

Por un lado, busca incrementar la participación de empresas privadas y captar inversiones internacionales para desarrollar proyectos de mayor escala. Por otro, debe preservar la actividad de las cooperativas, que tienen un peso histórico en la producción y una capacidad de presión política difícil de ignorar.

La propia política oficial refleja esa necesidad de equilibrio. El Gobierno impulsa una modernización normativa, pero al mismo tiempo mantiene el diálogo con las organizaciones cooperativas y las incorpora a las discusiones sobre el nuevo marco legal.

La experiencia de los últimos meses muestra el riesgo de avanzar demasiado rápido. En mayo, la presión de los cooperativistas obligó al Ejecutivo a realizar concesiones, mientras que en julio las diferencias entre organizaciones del propio sector impidieron concretar una cumbre que buscaba reunir a todos los actores.

Para Bolivia, el resultado de esta disputa tendrá consecuencias que exceden al sector minero. Si Paz logra establecer un marco que combine seguridad jurídica, inversión privada y participación de las cooperativas, el país podría intentar recuperar protagonismo en un mercado internacional que demanda cada vez más minerales críticos. Si el Gobierno no consigue resolver esa tensión, las mismas organizaciones que hoy representan una parte central de la producción podrían convertirse en el principal límite para la expansión minera que pretende impulsar.
https://www.mineriaydesarrollo.com/amp/noticias/2026/10/05/26982-entre-las-cooperativas-y-la-inversion-privada-el-dilema-que-enfrenta-la-mineria-de-bolivia

Perú

Tribunal ratifica archivo de denuncia de minera Las Bambas contra 19 manifestantes en Perú
Newsroom Infobae 06/10/2026
Un tribunal en Perú archivó definitivamente la denuncia de la empresa minera Las Bambas contra 19 integrantes de una comunidad campesina que fueron investigados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad pública y otros tras protestar contra la compañía en 2015.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), que ha acompañado legalmente a los campesinos, informó este martes que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la región andina de Apurímac confirmó el sobreseimiento a favor de los 19 comuneros y precisó los límites de la intervención de la empresa minera dentro del proceso penal.

El proceso se originó a raíz de las movilizaciones de septiembre de 2015, cuando comunidades y organizaciones de la provincia de Cotabambas y Grau, ubicadas en Cusco, expresaron su oposición a decisiones vinculadas al proyecto minero Las Bambas, por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones de gran tonelaje cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, lo que afectaría tanto su salud como el medioambiente.

Tras las protestas, la empresa minera formuló «falsas denuncias» en contra de los manifestantes.

Después de años de investigación y proceso penal, la Fiscalía formuló una acusación en junio de 2019, pero en febrero de 2020 el Juzgado Unipersonal de Cotabambas- Tambobamba absolvió a todos los procesados de todos los delitos.

Mediante una resolución emitida el 1 de octubre, la sala declaró infundado el recurso de apelación presentado por la propietaria de la mina, la empresa china MMG, contra la resolución que dispuso el archivo de la investigación por la comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de producción de peligro común con medios catastróficos y contra el patrimonio.

Sin embargo, en julio de 2021, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac anuló la sentencia y los comuneros fueron perjudicados «por un error fiscal» que supuso una demora de más de once años, lo que ha tenido graves consecuencias personales, de salud y económicas para los involucrados.

«La reciente decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac, confirmó el sobreseimiento respecto de la responsabilidad penal por ambos delitos y estableció que Las Bambas, en su calidad de actor civil, no se encontraba legitimada para cuestionar dicha decisión», indicó la Cnddhh.

La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores. EFE
https://www.infobae.com/america/agencias/2026/10/07/tribunal-ratifica-archivo-de-denuncia-de-minera-las-bambas-contra-19-manifestantes-en-peru/

Colombia

Concejo y Alcaldía de Támesis, en Antioquia, le cerraron las puertas a la mina Quebradona

Con esto respondieron la invitación de la multinacional Anglo Gold Ashanti a establecer un diálogo institucional para discutir los estudios ambientales del proyecto.
El Colombiano 07/10/2026
No hubo respuesta, o mejor, rechazaron en el Concejo de Támesis los intentos de acercamiento y diálogo de la empresa AngloGold Ashanti para socializar la exploración y los supuestos beneficios de la actividad minera en ese municipio del Suroeste de Antioquia.

En un oficio por escrito, la corporación respondió a la minera de cobre declinando la invitación a la reunión “de diálogo institucional propuesto por la compañía para discutir sus estudios ambientales”.

A través de un contundente comunicado, estableció que esta actividad es incompatible con la protección de los recursos hídricos y el desarrollo sostenible de la región.

Según el Concejo, los proyectos mineros a gran escala en la subregión no guardan coherencia con el modelo de desarrollo sostenible ni con la preservación del patrimonio natural de la comunidad.

El proceso técnico del proyecto minero Quebradona (de AngloGold Ashanti) en Jericó, Suroeste de Antioquia, se basa en una operación de minería subterránea altamente tecnificada para extraer concentrado de cobre, oro y plata.

Esa multinacional asegura que cuenta con un “documento técnico multidisciplinario, riguroso y científico que se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente, con el objetivo de obtener una licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental”.

Concejo y Alcaldía de Támesis, en Antioquia, le cerraron las puertas a la mina Quebradona
La compañía, además, establece que dicho estudio “se desarrolla previo a la realización de un proyecto, obra o actividad para evaluar qué efectos (positivos o negativos) se tendrá sobre el medio ambiente y la comunidad y con ello formular las medidas de manejo ambiental y social que prevengan, mitiguen, y/o compensen los impactos que se puedan derivar. Esto siempre en armonía con la vocación de un territorio, desarrollo y comportamiento del territorio”.

En ese propósito, Anglo Gold invitó a la plenaria del Concejo de Támesis y a la Administración Municipal a sostener un espacio de encuentro, reunión y jornadas de socialización con el fin de presentarles el proceso de actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minera de Cobre Quebradona.

Lina María Velásquez, miembro de la mesa ambiental de Jericó, afirmó que los 11 concejales del municipio y las 48 juntas de acción comunal no quieren minería metálica en el territorio y no asistirán a las socializaciones de la Minera. Celebró la negativa a establecer contacto con la empresa e invitó a la comunidad a abstenerse de participar en actividades con esta.

Por su parte, el alcalde local, Juan Pablo Pérez Ramírez, rechazó cualquier participación o vinculación de la administración local en las actividades de promoción del Proyecto Minero de Cobre Quebradona.
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Para justificar esta decisión, el mandatario, dice, se apoya en el mandato constitucional de proteger el medio ambiente, priorizando el desarrollo del agroturismo, el bienestar de los campesinos y la preservación de los recursos naturales sobre la explotación industrial a gran escala.

También le solicitamos ver: La prórroga a Quebradona hasta 2027 arma polémica en el Suroeste

“Esta posición recoge el sentir mayoritario del pueblo tamesino sobre la vocación de nuestro territorio, sobre las garantías y prelaciones que reclama el cuidado del medio ambiente y sobre el futuro que como municipio visionamos”, concluyó Pérez Ramírez.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Concejo de Támesis rechazó reunirse con AngloGold Ashanti por el proyecto Quebradona?
El Concejo de Támesis rechazó la invitación porque considera que la minería a gran escala es incompatible con la protección de los recursos hídricos, el patrimonio natural y el modelo de desarrollo sostenible que defiende el municipio.
¿Qué respondió el Concejo de Támesis a la invitación de AngloGold Ashanti?
El Concejo respondió por escrito que declinaba participar en la reunión de diálogo institucional propuesta por AngloGold Ashanti para discutir los estudios ambientales relacionados con el proyecto de cobre Quebradona.
¿Qué posición tiene Támesis frente a la minería metálica en su territorio?
La posición expresada por el Concejo es de rechazo a la minería metálica. Lina María Velásquez afirmó que los 11 concejales y las 48 juntas de acción comunal del municipio no quieren este tipo de actividad en el territorio.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/mineria-oro-quebradona-tamesis-oposiciion-antioquia-KH42010479

Panamá

Empresarios de Panamá apoyan posible negociación entre Gobierno y empresa para cerrar mina

Newsroom Infobae 04/10/2026 (EFE).-
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, principal gremio empresarial del país, consideró este domingo «razonable» que el Gobierno «avance en una eventual negociación» con la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para un cierre ordenado de la mina de cobre, como ha propuesto esta semana una comisión.

El futuro del gran yacimiento, propiedad de Minera Panamá (filial de FQM), está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, después de recibir el pasado miércoles un informe clave hecho por una comisión integrada por tres ministerios que recomienda cerrarlo de manera ordenada y autofinanciada.

Mientras que la minera canadiense se ha mostrado abierta a negociar «de buena fe» con el Gobierno un nuevo marco legal para Cobre Panamá, un proyecto con una inversión de 10.000 millones de dólares paralizado desde 2023 tras un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión, después de una oleada inédita de protestas.

«Consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva», señaló el comunicado dominical de los empresarios panameños.

La cámara empresarial solicitó «información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños», como propone el informe, ya que considera que la elección final «debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá».

«Podemos disentir. Podemos cuestionar. Debemos fiscalizar. Hagámoslo con datos, serenidad y sentido de país», señala el documento.

La comisión interministerial también aconsejó al presidente, tras entregar el informe, «evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado del sitio» sin opción a prórroga.

Pero, no fija una fecha para ello -aunque recomienda establecerla- más si establece que dicho cierre debe ser progresivo con pasos agendados.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, advirtió la consecuencias económicas de mantener paralizada la mina de cobre, que tras su cese borró más del 4 % del PIB, así como que un cierre definitivo cargaría las finanzas públicas para el Estado, expuesto a las suspendidas reclamaciones arbitrales de 27.000 millones de dólares.

La mina entró este año en una fase de preservación – que incluye el procesamiento de toneladas de mineral que había quedo a la intemperie- dejando sin actividad un proyecto que representaba unos 7.000 empleos directos y un fuerte debate sociopolítico y ambiental en Panamá.EFE
https://www.infobae.com/america/agencias/2026/10/04/empresarios-de-panama-apoyan-posible-negociacion-entre-gobierno-y-empresa-para-cerrar-mina/

Chile

Mineras piden miles de hectáreas para buscar tierras raras en Ñuble Maule y Biobío: vecinos se organizan

Casi 100 mil hectáreas entre Ñuble, Maule y Biobío están en trámite para exploración minera de tierras raras y vecinos organizan charlas para informarse.

María del Mar Parra
13/10/2026

Minería de tierras raras en Penco.
Foto: Captura de video, Aclara.

La polémica sobre la explotación de tierras raras en Chile se ha centrado en Penco donde se aprobó el primer proyecto de explotación a pesar de la oposición de vecinos y autoridades locales, que temen por el impacto en la salud, la contaminación y el valor turístico de la comuna, con una explotación que se ubicará a 2 kilómetros de la plaza y el centro de la comuna.

Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año y recicla apenas el 4,1%. Mientras Francia sanciona con cárcel a quienes acortan la vida útil de sus productos, el proyecto que prohíbe esta práctica en el país sigue en el Senado desde 2021.
Residuos electrónicos Francia castiga con cárcel la obsolescencia programada y en Chile el proyecto que la prohíbe lleva cinco años en el Senado

Pero en los últimos meses, vecinos y organizaciones ambientales han alertado por las masivas solicitudes de concesiones de exploración minera por parte de empresas ligadas al negocio de las tierras raras, abarcando al menos 16 comunas en las regiones del Ñuble, Maule y Biobío.
Minería en busca de tierras raras

Según datos de Sernageomin, solo tres empresas ligadas entre sí y a la minería de tierras raras en Chile, acumulan 327 concesiones de exploración minera en trámite en las regiones de Ñuble, Maule y Biobío, abarcando casi 100 mil hectáreas en total cerca del borde costero. A esto se suman otras cuatro solicitudes de explotación minera en Penco y dos en Concepción.

De estas más de 300 solicitudes, 62 son tramitadas por REE UNO SpA, controlada por la empresa Aclara que también es titular del proyecto en Penco. Otras 130 fueron solicitadas por Prospecciones Greenfield SpA, filial de REE UNO, y 84 son tramitadas por Neore SpA, fundada por Arturo Albornoz Wegertseder, ex gerente de Biolantánidos; proyecto previo a Aclara, de la empresa REE UNO.

Además de las que están en trámite, Neore tiene 10 solicitudes de exploración minera ya constituidas, todas en la comuna de Cobquecura. REE UNO tiene 44 concesiones constituídas, la gran mayoría en la comuna de Penco para su proyecto aprobado. Casi 30 de estas concesiones no son de exploración sino de explotación minera. Prospecciones Greenfield tiene 82 concesiones constituidas para exploración minera: 24 en Hualqui y 58 en Santa Juana.

La empresa Neore ya está anunciando estas solicitudes como parte del proyecto minero en desarrollo llamado La Marigen, que consiste en 5 áreas de aplicación, cubriendo una superficie de cerca de 22.800 hectáreas a lo largo de la costa entre Maule, Ñuble y Biobío.
Alerta vecinal

Este movimiento minero ha despertado alerta entre organizaciones vecinales que se están organizando para informarse. Juntas de vecinos de distintas comunas y organizaciones territoriales están celebrando conversatorios para dar a conocer esta avanzada minera de manera integral y adelantarse a las instancias de participación ciudadana en las que se puede levantar la visión de las comunidades.

El gobierno también está impulsando vías de difusión sobre el tema. Medios locales dan cuenta de un despliegue del seremi de Minería de Biobío reuniéndose con autoridades locales y gremios empresariales en el Ñuble para dar a conocer el potencial minero de tierras raras en la región y su posible aporte para la generación de empleos. Desde el gobierno central también se ha manifestado el interés de impulsar esta actividad en las tres regiones.

La extracción de tierras raras despierta preocupaciones ambientales. Según un reportaje de Dialogue Earth, estos procesos requieren grandes volúmenes de agua, pueden liberar elementos radiactivos como torio y uranio, y la lixiviación arriesga contaminar aguas subterráneas ante cualquier filtración. Para reducir ese impacto, la industria promueve la lixiviación in situ, que inyecta soluciones químicas en depósitos de arcilla sin excavar, y la técnica electrocinética de la Academia China de Ciencias, que disminuye hasta en un 80% el uso de químicos.

Sin embargo, estas alternativas no están exentas de cuestionamientos. Diversas investigaciones advierten que la lixiviación in situ puede acidificar el suelo de forma persistente, movilizar metales pesados y dificultar la recuperación de los ecosistemas, mientras que no existe evidencia pública del uso de la técnica electrocinética en América Latina. En esa línea, el director de la Sociedad Geológica de Chile, Ayaz Alam, explicó a Dialogue Earth que los salares dependen de la estabilidad hídrica subterránea y que, frente a lluvias extremas o sequías, “la intervención industrial tiende a amplificar esas variaciones”.

Estas solicitudes mapeadas no serían las únicas: Una investigación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) detectó 210 solicitudes de concesiones para exploración minera en estas mismas tres regiones a nombre de una abogada de la minera Pampa Camarones, controlada por Minera Activa, que a su vez participó en el proyecto Biolantánidos.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/mineras-piden-miles-hectareas-buscar-tierras-raras-nuble-maule-y-biobio-vecinos-se-organizan-n5463048

Brasil, Litio

La ANM clausuró la mina a cielo abierto de Sigma Mineração tan solo nueve meses después de que los inspectores laborales advirtieran del riesgo de un derrumbe.


Lucio Lambranho 08/10/2026
Foto: Isis Medeiros
Nueve meses después de que los auditores laborales federales advirtieran sobre los riesgos de la minería en el área de operación de Sigma Mineração, la empresa responsable de operar la mina de litio más grande de Brasil, la Agencia Nacional de Minería (ANM) decidió detener las actividades de la empresa minera.

La notificación de infracción emitida por el organismo regulador el 28 de septiembre se basó en una inspección in situ llevada a cabo por inspectores de la ANM entre el 14 y el 18 del mismo mes, y se centra en problemas en el Pozo Norte de la mina.

De los 11 puntos de la notificación administrativa a la que tuvo acceso el reportaje y que se envió a la empresa tras el cierre, cuatro mencionan esta área que había sido inspeccionada y señalada en una notificación de infracción emitida por inspectores de la agencia federal de seguridad laboral el 12 de noviembre de 2025.

“Lo que observamos es que las cuatro secciones dibujadas (A, B, C y D) son insuficientes para demostrar que las excavaciones sur y norte son seguras en términos de su estabilidad física. Por ejemplo, en la excavación norte, no se dibujó una sección en la zona donde se produjo un gran deslizamiento de tierra ”, indica el informe de infracción de los inspectores vinculados al Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE).


Cava Norte con “ruptura importante” en la pendiente el 12/11/2025. Fuente: Auditoría de Inspección Laboral.

El informe también constató que las canteras no se clausuraron simplemente porque no estaban en funcionamiento y no había trabajadores en su interior el día de la inspección. Además, la principal preocupación de los inspectores en ese momento eran los depósitos de relaves, que sí se clausuraron por carecer de estudios geotécnicos, instrumentación de monitoreo, capacitación para trabajadores y la comunidad, señalización, y porque uno de ellos se encontraba muy cerca de la comunidad de Poço Dantas.

Pero es precisamente el derrumbe de las laderas, mencionado en el documento de los inspectores, lo que la ANM está registrando ahora en la Orden de Interdicción n.º 111/2026, que ordena el cese inmediato de las actividades mineras en la Mina Norte debido a la constatación de un riesgo inminente.

El levantamiento de la prohibición fue condicionado por la ANM (Agencia Nacional de Minería) a la eliminación completa de una sección dañada en la ladera este del mismo Pozo Norte y a la implementación de un nuevo sistema de drenaje, dentro de un plazo de 20 días a partir de la fecha de notificación.

La ANM (Agencia Nacional de Minería) también determinó que la empresa debe reevaluar los riesgos para la presencia y operación de camiones cisterna, operadores y equipos de mantenimiento cerca del punto de captación de agua y el generador en el fondo del Pozo Norte. La agencia advirtió sobre la «amenaza hipotética de formación de olas causada por un posible colapso y desprendimiento de masa de la ladera este hacia el depósito de agua en el fondo de la mina».

La inspección de la ANM también reveló que, de las 17 anomalías identificadas en la inspección geotécnica interna de agosto de 2026, ocho estaban relacionadas con la presencia de bloques sueltos en las crestas y las caras de las pendientes.

La ANM (Agencia Nacional de Minería) dio a Sigma cinco días para revisar o presentar una nueva Anotación de Responsabilidad Técnica (ART) que defina expresamente al personal técnico responsable de la estabilidad de taludes y la remoción de bloques sueltos, un plazo que ya ha expirado.

El documento también exigía ajustes en los procedimientos de voladura de rocas debido a la frecuente ocurrencia de sobreexcavación y rotura posterior. La notificación federal estipulaba que Sigma investigara, en un plazo de 40 días, el origen de los «aumentos repentinos en la ladera norte» de la Mina Sur e instalara instrumentos de monitoreo. Si bien el documento oficial de notificación de la ANM (Agencia Nacional de Minería) exige la investigación de los problemas en la Mina Sur también en un plazo de 40 días, el comunicado oficial enviado por la agencia a la prensa omite este requisito y limita su comunicación únicamente al cierre de la Mina Norte.

El Observatorio Minero lleva una semana presionando a la ANM (Agencia Nacional de Minería) y a Sigma para obtener respuestas a las preguntas planteadas en el informe. La ANM se limitó a enviar la nota que figura a continuación, la cual no responde a las preguntas formuladas. Sigma no ha respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios desde el jueves 1 de octubre. El espacio permanece abierto para la publicación de sus alegaciones y respuestas.

Lea el texto completo del comunicado de ANM.

«Tras una inspección realizada entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026, se identificaron condiciones que requerían la adopción de medidas de control y correctivas relacionadas con la estabilidad geotécnica en un área específica de la operación minera de Sigma Mineração SA.»

Con base en los resultados de la inspección, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ordenó el cierre de un área delimitada de la operación, de conformidad con la legislación minera, debido al riesgo inminente asociado con las condiciones geotécnicas del sitio. Esta medida es de carácter preventivo y tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de las personas, las instalaciones y la propia operación.

Simultáneamente, se notificó a la empresa que debía llevar a cabo acciones correctivas y preventivas, incluyendo la remodelación de la ladera este del Pozo Norte, la implementación de medidas de drenaje, el refuerzo del monitoreo geotécnico y la mejora de los procedimientos operativos y la gestión de riesgos.

La reapertura de la zona está condicionada a la aplicación de las medidas determinadas por la ANM (Agencia Nacional de Minería) y a la demostración de que se han restablecido las condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad.

La ANM supervisará la ejecución de las acciones requeridas y adoptará las medidas apropiadas dentro del ámbito de sus facultades regulatorias y de supervisión.

Los documentos relacionados con el proceso administrativo son públicos y pueden consultarse a través de los canales oficiales de la ANM (Agencia Nacional de Minería).
Los auditores de seguridad laboral y la Agencia Nacional de Minería (ANM) también se mostraron en desacuerdo con la prohibición de los montones de relaves; el Tribunal Laboral confirmó la prohibición de dichos montones.

Esta no es la primera vez que los auditores laborales federales discrepan con los técnicos de ANM con respecto a las operaciones de Sigma o no trabajan al unísono para eliminar los riesgos, especialmente para los trabajadores que operan en la mina, un caso revelado en exclusiva por el Observatorio Minero en diciembre de 2025 tras una queja del fundador de la empresa .

Después de que los inspectores de seguridad laboral confirmaran en enero de este año la prohibición federal de operar en los depósitos de relaves de la compañía minera , el organismo regulador no estuvo de acuerdo con la medida, a pesar de haber emitido diez notificaciones de infracción por falta de drenaje adecuado en las operaciones de dichos depósitos .

En relación con el caso del depósito de relaves, el Tribunal Laboral de Araçuaí dictó sentencia en la demanda de anulación interpuesta por la empresa minera contra el Gobierno Federal el 4 de septiembre de este año. El juez desestimó las demandas de la empresa y confirmó la validez de la orden judicial emitida por los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo y Empleo.

La medida había ordenado la suspensión de las actividades en los depósitos de relaves conocidos como PDE 2, PDE 4 y PDE 5 después de que las inspecciones revelaran riesgos de colapso, inestabilidad en las laderas y registros de rupturas parciales cerca de comunidades e instalaciones públicas.

El fallo confirmó que los informes técnicos presentados por la empresa minera utilizaron supuestos inadecuados y recálculos matemáticos sin realizar pruebas geotécnicas de campo en los cimientos, manteniendo así el cierre de las estructuras.

El juez laboral suplente Kleverson Glauber Figueiredo de Paula Junior desestimó las demandas de la empresa minera, confirmando la legalidad y ratificando el cierre de los depósitos de relaves. Ante las pruebas de incumplimiento de las órdenes administrativas y judiciales, el juez ordenó que, una vez firme la sentencia, se enviara una carta oficial al Ministerio Público Federal (MPF) para la investigación de posibles delitos.

Sigma Mineração presentó una moción de aclaración, argumentando que la evaluación de la decisión de la ANM (n.º 16698/SBP-ANM/2026), que concluía que la operación minera no debía prohibirse, era incompleta, y también alegó una contradicción debido a la denegación de la pericia técnico-judicial.

En una decisión firmada por el juez laboral suplente Walace Heleno Miranda de Alvarenga el 21 de septiembre, el tribunal denegó la solicitud de la empresa y ratificó la sentencia original. El magistrado rechazó la existencia de omisiones, afirmando que se habían evaluado todas las pruebas. Reiteró que la declaración de la ANM (Agencia Nacional de Minería) no vincula al Poder Judicial Laboral ni al Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). Asimismo, recordó que las propias inspecciones de la ANM identificaron graves problemas estructurales en los depósitos de relaves, como la falta de drenaje en el PDER 4, la erosión y las grietas en el PDER 2, y la proximidad del PDER 5 a la mina a cielo abierto.

El juez también rechazó el argumento de la empresa de que sería necesaria una evaluación pericial judicial para decidir sobre la prohibición del almacenamiento de las baterías. «Además, cabe señalar que la prueba pericial no puede sustituir la potestad de inspección del Estado. Corresponde a la propia empresa demostrar ante los organismos de inspección que ha subsanado los problemas de seguridad para obtener la autorización para el almacenamiento de las baterías, y no puede transferir esta obligación al Poder Judicial», afirma la última resolución del caso, que aún podría ser objeto de nuevas apelaciones ante el Tribunal Laboral.


Operación de Sigma cerca del río. Foto de : Ísis Medeiros
La batalla legal incluye el cierre y la reanudación de las actividades de la empresa minera.

Sigma Mineração, rodeada de decisiones judiciales como la más reciente del Tribunal Laboral y de actos administrativos que ordenaban la suspensión de sus operaciones, decidió inicialmente suspender sus operaciones en Araçuaí e Itinga, en el valle de Jequitinhonha. En un comunicado al mercado financiero y a sus accionistas , la minera alegó que la medida se limitaba a una «demora atípica» en la resolución de una apelación por parte del Tribunal Regional Federal de la 6.ª Región.

El caso se refiere al embargo de licencias ambientales para el proyecto impuesto por la Fundación Estatal del Medio Ambiente (Feam) , la cual acató una orden de la Corte Federal en una demanda interpuesta por la Federación de Comunidades Quilombolas del Estado de Minas Gerais (N’Golo). La organización señaló la falta de consulta previa, libre e informada con la Comunidad Quilombola de Baú.

El pasado jueves (1), el mismo día en que se emitió el comunicado, el Tribunal Regional Federal de la 6.ª Región (TRF-6) reinstauró provisionalmente las licencias ambientales de la empresa en este proceso . La decisión restableció la efectividad provisional únicamente de las licencias para Cava Norte (LO nº 4078), Cava Sul (LO nº 144) y el Proyecto Pegmatito Barreiro, manteniendo expresamente la suspensión de la licencia de Expansión UTM para Cava Norte, ya que implica un aumento significativo de capacidad sin demostrar un análisis específico de los impactos en la Comunidad Quilombola de Baú.

La ponente del caso, la jueza federal Mônica Sifuentes, destacó en su decisión que el restablecimiento parcial de las licencias ambientales en la instancia federal de apelación no invalida ni anula las medidas cautelares, embargos o restricciones operativas impuestas independientemente por la ANM (Agencia Nacional de Minería), el Tribunal del Trabajo o el Tribunal del Estado.

En un nuevo comunicado al mercado financiero el 6 de octubre, la empresa minera rectificó su decisión y decidió reanudar sus operaciones.

Respecto a la decisión del TRF 6 (Tribunal Federal Regional de la 6ª Región), la empresa argumenta que los registros oficiales del gobierno no indicaban comunidades descendientes de quilombolas (comunidades cimarronas) dentro de un radio de 12 km del Proyecto Grota do Cirilo al momento en que se otorgaron las licencias en 2023, excediendo el requisito reglamentario de 8 km.

Sigma Lithium también negó que el cierre anunciado estuviera motivado por notificaciones de “trabajos de mitigación geotécnica” en la Mina Norte, supuestamente realizadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) u otros organismos reguladores. La empresa minera aclaró que ni siquiera opera en la Mina Norte y refutó las especulaciones sobre la seguridad del proyecto, destacando un historial de más de 1100 días sin accidentes que hayan ocasionado ausencias laborales. La empresa calificó los informes sobre el cierre y los riesgos operacionales como engañosos y producto de información errónea difundida sin la debida verificación de datos.

La empresa minera también vinculó el entorno para la reanudación regular de las operaciones a la conclusión de la primera vuelta de las elecciones generales de 2026 en Minas Gerais, que resultó en la elección de un gobernador favorable al desarrollo del sector del litio y la obtención de 18 escaños parlamentarios vinculados a la agenda del Valle de Jequitinhonha. Según Sigma Lithium, la consolidación de este escenario político tiende a disipar las presiones y los obstáculos operativos derivados de acciones partidistas locales, garantizando la continuidad del proyecto como vector de crecimiento económico y social en la región.
Según MPMG, la empresa minera omite cierres y distorsiona las decisiones judiciales en beneficio de los inversores.

En el comunicado enviado a los accionistas, la empresa minera impugnó el carácter obligatorio de la consulta y justificó la suspensión del litigio ambiental en la segunda instancia federal, sin mencionar en el documento a los inversionistas las medidas cautelares emitidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Tribunal Laboral, ni la denuncia de la Fiscalía General de Minas Gerais (MPMG) que señala el incumplimiento de las decisiones judiciales y el envío de datos distorsionados al mercado financiero.

La Fiscalía de Minas Gerais (MPMG) informó en su más reciente denuncia sobre el caso, fechada el 23 de septiembre, del incumplimiento por parte de la empresa minera de las órdenes judiciales, tal como también reveló un informe del Observatorio Minero en mayo de este año , citando la continuación de las operaciones nocturnas y la negativa de acceso para inspección.

En el mismo documento, la agencia adjuntó declaraciones oficiales de la empresa matriz, Sigma Lithium Corporation, enviadas al mercado internacional para demostrar que la empresa transmitió información distorsionada a los inversores.

Según la MPMG (Fiscalía de Minas Gerais), la empresa minera presentó al mercado decisiones provisionales y unilaterales como victorias basadas en méritos fundamentados en datos ambientales, omitiendo el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Tribunal de Justicia de Minas Gerais y la multa diaria estipulada por incumplimiento.

«La empresa presentó al mercado, como una victoria basada en datos ambientales, una decisión que no examinó dichos datos, que mantuvo intactas las principales obligaciones y que confirmó el propio deber de la empresa de demostrar el cumplimiento de su funcionamiento», afirma la MPMG (Fiscalía de Minas Gerais).

El objetivo de la MPMG al hacer esta declaración era demostrar al juez de Araçuaí que el incumplimiento de las órdenes judiciales y la continuación de las irregularidades no se debieron a problemas técnicos en la ejecución o a una falta de claridad en las decisiones, sino más bien a una directiva corporativa deliberada adoptada por la alta dirección de la empresa minera.

«El incumplimiento no se debe a dificultades operativas ni a dudas sobre el alcance de la orden, sino a una decisión empresarial anunciada públicamente al día siguiente de la medida cautelar y reiterada en junio y septiembre», afirma la MPMG (Fiscalía de Minas Gerais).

Para demostrar que el incumplimiento fue intencional y planificado, la MPMG (Fiscalía de Minas Gerais) adjuntó al caso tres declaraciones oficiales emitidas por la empresa controladora, Sigma Lithium Corporation, a sus accionistas e inversores internacionales.

El 18 de mayo de 2026, un día después de la orden judicial y poco después de que el tribunal estatal emitiera la orden que obligaba al cese de las actividades nocturnas y a la prestación de garantías sociales y financieras, la empresa minera emitió un comunicado al mercado global informando que «los demás elementos de la decisión tampoco deberían ejecutarse hasta la conclusión del debido proceso legal», alegando que la jurisprudencia brasileña indicaría un período de «varios años» hasta la conclusión del caso y concluyendo que «no se debe ni se puede exigir ningún pago».

Según la MPMG (Fiscalía de Minas Gerais), la empresa admitió públicamente que no tenía intención de acatar la orden antes de agotar todas las vías de apelación. El 9 de junio de 2026, tras una decisión de un juez único del Tribunal de Justicia de Minas Gerais que suspendió temporalmente solo el depósito de garantía de R$ 50 millones —manteniendo la prohibición de ruido nocturno y la multa diaria de R$ 500.000—, Sigma publicó un comunicado al mercado titulado «Sigma Lithium gana en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais», en el que afirmaba haber «refutado» a la Fiscalía con datos ambientales.

Según la MPMG (Fiscalía de Minas Gerais), la empresa tergiversó la sentencia en beneficio de sus inversores, ya que el tribunal de apelaciones no valoró los datos de ruido ni de polvo y ratificó las obligaciones operativas.

El 7 de septiembre de 2026, en respuesta a una decisión del Tribunal Federal que suspendió sus licencias ambientales, la empresa minera emitió otro comunicado oficial a los inversionistas reiterando el mismo argumento. Alegó que las multas y las medidas cautelares no debían ejecutarse hasta la sentencia definitiva de los Tribunales Superiores de Brasilia.

La MPMG (Fiscalía de Minas Gerais) destacó en su petición que el argumento adoptado por la empresa minera socava el funcionamiento del sistema jurídico brasileño y que el objetivo de la medida cautelar (medida cautelar) es precisamente redistribuir la carga del calendario procesal, evitando que las demoras judiciales afecten a la población perjudicada mientras la empresa continúa operando con normalidad.

A la luz de estos hallazgos, la MPMG (Fiscalía Pública de Minas Gerais) solicitó al juez que aumentara las multas diarias, aplicara sanciones procesales por incumplimiento y enviara cartas oficiales con copias de las comunicaciones a la Comisión de Valores y Bolsa (CVM) y a la Fiscalía Federal (PGR), para que investiguen la información presuntamente distorsionada transmitida a los reguladores del mercado de capitales.
FEAM refuerza la necesidad de cumplir con las condiciones ambientales.

FEAM informó, mediante una nota enviada al Observatorio Minero, que el TRF-6 restableció provisionalmente, el 1 de octubre, los efectos de la Licencia de Operación No. 4078, para el Pozo Norte; la Licencia de Operación No. 144, para el Pozo Sur; y la Licencia Ambiental Concurrente No. 3341, para el Proyecto de Pegmatita Barreiro.

“La reactivación de las licencias no exime del cumplimiento de las condiciones ambientales. Además, la Licencia Ambiental Concurrente N.° 1267, relativa a la ampliación de la unidad de procesamiento de mineral en la Mina Norte, permanece suspendida. Asimismo, por decisión judicial, se prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias, adendas o autorizaciones que amplíen la zona directamente mencionada, abran nuevos frentes mineros o incrementen la capacidad productiva del complejo”, señala el comunicado de la agencia ambiental de Minas Gerais.

ANM interdita cava da Sigma Mineração somente nove meses após fiscais do trabalho alertarem sobre risco de rompimento

Chile, Litio

Justicia confirma multa millonaria contra minera de litio por sobreextracción en el Salar de Atacama

La minera de litio Albemarle deberá pagar cerca de $4.056 millones por extraer salmuera sobre el límite permitido en el salar e incumplir su plan de alerta.
María del Mar Parra 30/09/2026
Minería del litio en el Salar de Atacama.
Foto: Agencia UNO.

El Primer Tribunal Ambiental confirmó la multa de 4.713 Unidades Tributarias Anuales (UTA) que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó a la minera de litio Albemarle por dos infracciones graves en el Salar de Atacama. A valores de septiembre de 2026, la sanción equivale a cerca de $4.056 millones.
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La resolución rechazó la reclamación de la compañía. Con ello mantuvo los cargos por extracción de salmuera por sobre el límite autorizado y por incumplir las medidas del plan de alerta temprana elaborado por la empresa.
¿Por qué fue multada Albemarle en el Salar de Atacama?

El proceso se originó en fiscalizaciones al proyecto de extracción de litio «EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama». Este se ubica a unos 80 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. La operación extrae salmuera desde un campo de pozos para producir sales concentradas en litio mediante evaporación solar.

En concreto, el primer cargo apunta a un caudal medio anual de salmuera de 452,3 litros por segundo entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, volumen que superó el límite ambiental autorizado. El segundo se relaciona con el PAT durante 2021. Según la SMA, la empresa no informó a tiempo la activación de uno de los indicadores del plan y tampoco redujo de inmediato sus extracciones en febrero y marzo de ese año.

La SMA formuló los cargos en marzo de 2022 y resolvió la multa en septiembre de 2025.
¿Qué argumentó la minera ante el tribunal?

Albemarle recurrió a la justicia ambiental para dejar sin efecto la sanción. Durante los alegatos, sostuvo que la extensión del procedimiento sancionatorio habría afectado su oportunidad y eficacia.

La empresa cuestionó el período usado para calcular el límite de extracción. La compañía defendió que debía considerarse un «año calendario», como se hizo históricamente en el seguimiento ambiental. La SMA, en cambio, sostuvo que la Resolución de Calificación Ambiental debía cumplirse desde el inicio de la operación. Además, afirmó que las superaciones existieron incluso bajo el criterio planteado por la minera.

Otra diferencia se produjo en torno al PAT. Albemarle planteó que el mecanismo se activaba tras tres mediciones mensuales consecutivas. La Superintendencia, por su parte, consideró que bastaban tres mediciones consecutivas, fueran mensuales o quincenales. La empresa también objetó la calificación de gravedad de las infracciones y los criterios para fijar la multa. Tras revisar los argumentos, el tribunal confirmó la sanción.
¿Se está hundiendo el Salar de Atacama?

El fallo se da en medio de la preocupación por los efectos de la extracción de salmuera sobre el ecosistema. Un estudio de la Universidad de Chile, publicado en 2024 en la revista IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, determinó que un sector del suroeste del salar registra un hundimiento de entre uno y dos centímetros por año. La investigación fue liderada por Francisco Delgado, académico del Departamento de Geología de esa casa de estudios, y utilizó datos satelitales recopilados entre 2020 y 2023.

«Las mediciones indican que en el salar de Atacama, el bombeo de salmuera rica en litio ocurre a una tasa mayor que la de recarga de los acuíferos», explicó Delgado. El área afectada mide aproximadamente ocho kilómetros de norte a sur y cinco de este a oeste.

Por último, la resolución se suma a una serie de fallos informados esta semana por la SMA. En ellos, la Corte Suprema y los Tribunales Ambientales ratificaron sanciones por un total de 9.874 UTA, equivalentes a unos $8.500 millones.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/justicia-confirma-multa-millonaria-contra-minera-litio-sobreextraccion-el-salar-atacama-n5462669

Chile

SEA suspende evaluación ambiental del proyecto de expansión de Minera El Abra por US$ 7.500 millones

La empresa solicitó la prórroga hasta diciembre de 2026 para responder más de 2.600 observaciones sectoriales y ciudadanas a su planta concentradora y desalinizadora.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió suspender hasta el 17 de diciembre de 2026 la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de continuidad operacional y expansión de Minera El Abra, faena que contempla una inversión de 7.500 millones de dólares en la Región de Antofagasta. La pausa administrativa fue requerida por la propia compañía —propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)— con el propósito de elaborar la Adenda complementaria, realizar adecuaciones ingenieriles y dar respuesta a 1.894 requerimientos de organismos técnicos y 738 observaciones ciudadanas.

La iniciativa contempla extender las operaciones del yacimiento por aproximadamente cuatro décadas mediante la construcción de una planta concentradora con capacidad de procesamiento de hasta 300 mil toneladas diarias de mineral sulfurado, la ampliación del rajo y un depósito de relaves espesados. En el ámbito hídrico, la empresa proyecta una planta desalinizadora al sur de Tocopilla y un acueducto de 146 kilómetros, infraestructura diseñada para sustituir gradualmente la extracción de agua industrial desde el Salar de Ascotán.

Desde la autoridad ambiental precisaron que la medida no constituye un rechazo del expediente y que los plazos de tramitación podrían reanudarse con anterioridad si la titular presenta el documento técnico antes de la fecha límite. La firma había solicitado originalmente aplazar el proceso hasta mayo de 2027, plazo que fue acotado por el SEA para garantizar la celeridad en la evaluación del mayor proyecto de inversión actualmente en revisión ambiental en el país.
https://www.reporteminero.cl/noticia/videos/2026/09/sea-suspende-evaluacion-ambiental-expansion-minera-el-abra-antofagasta