“La victoria empieza cuando nos organizamos”, advirtió Osvaldo Brito, vocero del Frente de Lucha Unión y Progreso (Flup) y coordinador de la Coalición de Organizaciones Sociales.
Máximo Laureano 20/07/2026
Representantes de organizaciones comunitarias y sociales del Cibao celebraron una asamblea para coordinar nuevas acciones en defensa de la Cordillera Septentrional y articular otras demandas ciudadanas de alcance regional.

El encuentro fue realizado en el Club Mambuiche, en Gurabo, Santiago, con la participación de activistas vinculados con el movimiento “Unidos Somos Más” y la Coalición de Organizaciones del Cibao.

Durante la reunión, los participantes aprobaron un programa de actividades dirigido a ampliar la participación de las comunidades y mantener las movilizaciones contra cualquier intento de desarrollar proyectos mineros en la zona montañosa.

“La victoria empieza cuando nos organizamos”, afirmó Osvaldo Brito, vocero del Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP) y coordinador de la Coalición de Organizaciones Sociales.

Buscan extender las movilizaciones a toda la región
Los dirigentes comunitarios plantearon la posibilidad de realizar protestas regionales que no se limiten a la defensa de los recursos naturales de la Cordillera Septentrional.

Entre los temas incorporados a la agenda figuran el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, los alegados abusos policiales y el rechazo al proyecto que los manifestantes califican como “ley mordaza”.

“El objetivo final es el servicio a las bases sociales, articularnos con las organizaciones institucionalizadas en la medida en que demuestren lealtad a este propósito, que es el de las bases populares”, expresaron los participantes.

Brito citó como referencia las movilizaciones desarrolladas en San Juan en defensa de los recursos naturales y las protestas realizadas durante los últimos meses en Santiago y Puerto Plata contra las exploraciones mineras.

De acuerdo con los convocantes, las organizaciones han efectuado siete manifestaciones relacionadas con la protección de la Cordillera Septentrional. Esa cifra corresponde al balance presentado por los propios movimientos comunitarios.

Anuncian protesta para el 3 de agosto en Pedro García
El sacerdote Ramón “Nino” Ramos, coordinador del movimiento “Unidos Somos Más”, anunció una nueva manifestación para el próximo 3 de agosto en la entrada del distrito municipal Pedro García, en Santiago.

La actividad tendrá como objetivo reiterar el rechazo de las comunidades a las actividades mineras y exigir garantías permanentes para la conservación de la cordillera, sus fuentes de agua y las zonas agrícolas que dependen de ellas.

Pedro García ha sido uno de los principales escenarios de las protestas. El 11 de mayo, decenas de residentes marcharon por las calles del distrito municipal bajo consignas como “la cordillera no se negocia” y “el agua es más importante que el oro”.

El Concejo de Regidores de esa demarcación también aprobó en enero la Resolución Municipal 02-26, mediante la cual expresó su rechazo a cualquier proyecto de explotación minera en el territorio y respaldó a las organizaciones defensoras de la Cordillera Septentrional.

Denuncian presencia de agentes militares cerca de El Hoyazo
Moradores de Pedro García denunciaron este lunes la presencia de agentes militares en zonas cercanas a la comunidad El Hoyazo, donde se encuentra parte del área correspondiente a la concesión minera denominada “Cobre El Hoyazo II”.

Los comunitarios no precisaron cuál institución habría ordenado el despliegue, la cantidad de militares presentes ni la función específica que estarían realizando. Hasta el momento, esta denuncia no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

La concesión de exploración fue otorgada a Vertrixi Holding, SRL, mediante la Resolución R-MEM-CM-013-2024, emitida por el Ministerio de Energía y Minas el 5 de julio de 2024. La autorización comprende estudios relacionados con oro, plata, cobre y otros metales básicos, pero no concede permiso automático para iniciar una explotación comercial.

Gobierno sostiene que no existe un plan de explotación
El Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que la concesión permite únicamente trabajos de exploración y que cualquier eventual paso hacia la explotación requeriría otro procedimiento, evaluaciones técnicas, una autorización ambiental y la aprobación final del Poder Ejecutivo.

La institución aseguró en enero que las pruebas geofísicas realizadas durante 2025 no identificaron yacimientos con potencial económico y que el proyecto no había avanzado hacia una fase de desarrollo o extracción.

El entonces ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo que no existía ningún plan de explotación en la Cordillera Septentrional y afirmó que el Estado actuaría como garante de la protección de los recursos naturales y de las comunidades.

Pese a esas explicaciones, los residentes han mantenido sus movilizaciones porque consideran insuficientes las garantías verbales y reclaman una decisión definitiva que impida la minería en la zona.

Las organizaciones también han solicitado al Congreso declarar la Cordillera Septentrional como patrimonio natural nacional libre de minería, debido a su importancia para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, el turismo y la conservación ambiental de Santiago y Puerto Plata.

Tribunal ordenó paralizar las exploraciones
La controversia llegó a los tribunales mediante una acción de amparo interpuesta contra Vertrixi Holding y los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente.

El 4 de junio de 2026, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ordenó paralizar de manera inmediata los trabajos de exploración vinculados con el proyecto “Cobre El Hoyazo II”.

La decisión acogió la acción presentada por el abogado y ambientalista Winston Vásquez Valera y estableció una sanción económica de RD$500,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia.

Anteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente había certificado ante el tribunal que no había emitido permisos, licencias ni autorizaciones ambientales a favor de Vertrixi Holding para efectuar exploraciones en las coordenadas señaladas por los accionantes en Pedro García.

La empresa rechazó las acusaciones de haber intervenido áreas protegidas y afirmó que las coordenadas denunciadas se encontraban fuera del polígono de su concesión. También sostuvo que sus actividades entre julio y octubre de 2025 se limitaron a levantamientos geológicos y estudios preliminares.

Comunidades mantendrán la presión
Las organizaciones comunitarias indicaron que continuarán articulando acciones mientras no exista una garantía jurídica e institucional que cierre definitivamente la posibilidad de explotación minera en la Cordillera Septentrional.

La movilización programada para el 3 de agosto se realizará en un contexto marcado por la sentencia que ordenó paralizar las exploraciones, las declaraciones oficiales de que no existe un proyecto de explotación y la persistente desconfianza de las comunidades ante la vigencia de las concesiones.

Los dirigentes sostienen que la defensa de las fuentes de agua y de las actividades agrícolas debe convertirse en una causa regional, acompañada por organizaciones sociales, ambientales, religiosas y comunitarias de Santiago y Puerto Plata.
https://acento.com.do/actualidad/grupos-comunitarios-coordinan-nuevas-protestas-en-defensa-de-la-cordillera-septentrional-9722893.html

El atraso de la EITI-RD pone en riesgo nuevas inversiones mineras

La República Dominicana enfrenta una crisis de «licencia social» en el sector minero debido al estancamiento de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD), la cual no publica informes desde julio de 2024. (FUENTE EXTERNA)

Hay una relación que en América Latina ya nadie discute: donde no hay transparencia, no hay licencia social. Y la República Dominicana está aprendiendo esa lección por la vía más cara —la de los proyectos paralizados y las comunidades enardecidas— justo cuando el instrumento que debía darle credibilidad al sector, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD), lleva demasiado tiempo sin decir esta boca es mía.

Un país que fue vanguardia
Conviene recordar de dónde venimos, porque el retroceso duele más cuando se mide contra el propio pasado. El país se adhirió a la EITI como candidato en febrero de 2016, creó por decreto la Comisión Nacional EITI-RD y llegó a ser el primer país de América Latina en poner sus informes completamente en línea, con divulgación de contratos y datos de exportación en formato abierto. No era retórica: en su segunda validación, en noviembre de 2023, la República Dominicana obtuvo una puntuación general de 83,5 sobre 100, calificada como «moderada» pero con «progreso significativo». Fuimos ejemplo. Esa es la vara con la que hoy debemos medirnos.

El silencio que genera sospecha
El problema es el presente. El informe más reciente de cotejo de datos —el quinto— cubre los ejercicios 2021 y 2022 y fue publicado apenas en julio de 2024. Después de eso, en el portal oficial de la EITI-RD, no aparece ningún informe que abarque 2023 ni 2024. Estamos en julio de 2026: eso significa que el ciudadano dominicano no tiene un cotejo público, verificado por un administrador independiente, de cuánto pagó la minería metálica y no metálica al Estado en los últimos años fiscales.

Y no es la primera señal de fatiga. El propio historial reconoce que el informe 2019-2020 incumplió su plazo original y necesitó una prórroga del Consejo Internacional; que la aprobación del plan de trabajo se retrasó; y que el Plan Estratégico de Comunicación y Divulgación sigue pendiente. La transparencia, cuando se practica a tirones, deja de ser transparencia y se convierte en un trámite.

Lo grave no es solo el dato ausente. Es lo que ese vacío comunica. Cuando el organismo creado precisamente para despejar dudas guarda silencio, cada peso que entra o sale del sector extractivo pasa a ser materia de sospecha. Y la sospecha, en minería, no se queda en las oficinas: baja al territorio.

Los datos que nadie cuenta
No hay que teorizar sobre las consecuencias; ya las estamos viendo. El 4 de mayo de 2026, el presidente Luis Abinader suspendió el proyecto Romero, de GoldQuest, en San Juan, tras años de protestas que hicieron suya una consigna mediática demoledora: «el agua vale más que el oro». Pero ser transparentes obliga a algo más incómodo que repetir consignas: obliga a mirar los datos, incluso cuando contradicen el relato dominante.

Y los datos dicen cosas que rara vez se cuentan. En la República Dominicana la pobreza se ha reducido más rápido en provincias con matriz económica minero-agrícola —como Sánchez Ramírez— que en territorios de vocación esencialmente agrícola como San Juan. Y la evidencia disponible no registra un desmejoramiento en la calidad ni en la cantidad de las aguas atribuible a la explotación minera. Negar esto no es defender el ambiente: es sustituir la información por el miedo. La minería bien regulada no ha sido, en los hechos, la enemiga del agua ni del progreso social que el relato le atribuye.

Lo que sí constituye una falla real de transparencia —y esta sí confirmada por los propios datos de transferencias subnacionales de la EITI-RD— es que el Estado nunca ha entregado de forma íntegra a FOMISAR, el fondo de la provincia de Sánchez Ramírez, los montos que le corresponden por el 5 % de los beneficios netos de la explotación minera que ordena la Ley 64-00 de Medio Ambiente. En lugar de ese 5 % real, los gobiernos han asignado partidas fijas muy inferiores: estimaciones certificadas cifran en unos RD$9,671 millones lo que Sánchez Ramírez dejó de recibir entre 2015 y 2024.

Ahí está la paradoja que deberíamos estar discutiendo. El problema de fondo no es que la minería haya envenenado el agua de Cotuí; es que el Estado no ha hecho llegar a esa comunidad el dinero que la propia ley le garantiza. Cuando la EITI-RD deja de publicar, lo que queda en la sombra no es un supuesto desastre ambiental: es precisamente esta clase de incumplimiento del Estado con su gente. Y sobre ese fondo sigue gravitando Loma Miranda, símbolo nacional de lo que ocurre cuando un proyecto se percibe impuesto y no consensuado.

El patrón es inequívoco: la comunidad no niega la licencia por capricho, la niega porque no confía. Y no confía, en buena medida, porque el propio Estado le ha dado motivos —empezando por no pagarle lo que le debe— y porque la EITI, el instrumento que existía para documentar todo esto con cifras, guarda silencio.

Mientras tanto, el mundo avanza
Lo más incómodo es que este estancamiento ocurre justo cuando el estándar global corre hacia adelante. La frontera de la transparencia extractiva hoy es la titularidad real —saber quién es el dueño último de cada empresa que explota los recursos de una nación— y ahí los avances de otros son notables:

Ghana multiplicó por seis las declaraciones de beneficiarios finales, de 24.256 en 2021 a casi 176.000 en 2025.
Colombia integró la transparencia de beneficiarios reales directamente en sus procesos de licenciamiento minero.
Camerún divulgó por primera vez datos de titularidad real; Argentina y Armenia dieron pasos concretos en el mismo sentido.
A escala global, ya son 32 países con marcos legales de divulgación, 21 con registros públicos y 37 reportando estos datos.
La República Dominicana, que llegó a ir por delante, aparece hoy señalada precisamente en esa asignatura: sobresale en contratos y licencias, pero arrastra la deuda de un marco legal robusto de beneficiarios finales. Es decir, el resto avanza en lo difícil mientras nosotros nos atrasamos en lo básico: publicar a tiempo.

Lo que está en juego
En 2026 el país afronta una nueva validación internacional —el Secretariado de EITI abrió una consulta pública que venció el 30 de junio— y se anuncia una reforma a la Ley de Minería. Esta debió ser la ventana perfecta para corregir el rumbo, pero me temo que ha sido un despropósito llegar a ella con tres años de informes en blanco.

La transparencia no es un adorno de buen gobierno ni un requisito para complacer a organismos externos. Es, muy literalmente, la moneda con la que se compra la licencia social para operar. Un Estado que quiere que sus comunidades acepten proyectos mineros de importancia estratégica no puede pedirles fe mientras les esconde los números. La ecuación es simple y la estamos comprobando en tiempo real: cada informe que la EITI-RD deja de publicar es un proyecto que la comunidad deja de aprobar.

Publicar las cifras —completas, a tiempo y en formato abierto— no es la parte cara del negocio minero. La parte cara es el silencio.
https://www.diariolibre.com/opinion/agora/2026/07/17/el-avance-global-frente-al-estancamiento-dominicano-en-transparencia-e/3602517