La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.
¿Quién es First Quantum?
Esta empresa canadiense, compró en el año 2013 un 80 por ciento del capital accionario de Minera Panama SA (MPSA) que pertenecía mayoritariamente a la canadiense Inmet Mining/Petaquilla, que ya contaba con la concesión para explotar cobre y oro en la zona. Como la gran mayoría de las empresas canadienses que operan […]
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Miembros del Frente Santeño Contra la Minería piquetearon frente al Juzgado Primero del Circuito, en la provincia de Los Santos, para apoyar al ambientalista Basilio Pérez quien fue demandado por la empresa Minera Cerro Quema por haber hecho denuncias de irregularidades ambientales de esa minera. Héctor Cárdenas, abogado defensor de Pérez, indicó que al día de hoy aún no se le ha aprobado a la empresa Minera Cerro Quema el estudio de impacto ambiental categoría III y su concesión venció hace cinco meses.
Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.
Con la ratificación, este jueves, por parte de la Unión Europea y seis de sus miembros (Bulgaria, Hungría, Malta, Holanda, Rumania y Suecia) del Convenio de Minamata, el uso del mercurio, considerado uno de los diez químicos que más amenazan la salud del planeta, se empezará a restringir desde el próximo mes de agosto.
1. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social, son pocas, máxime en las comunidades rurales (indígenas y campesinas). La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalista (Beca Universal, SENAPAN, Red de Oportunidades, 120 a los 65, otros), y proyectos extractivos tales como: la minería e hidroeléctricas, han hecho de nuestros pueblos, una vida improductiva, y más dependiente.
El lunes 3 de abril en la en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, se aprobó la propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas.
La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.
El lunes 23 de mayo, haciendo uso de la fuerza, se realizó el desalojo del campamento de los indígenas Ngäbé Büglé “Mama Tata”, y el martes 24 de mayo se inició el llenado de la represa Barro Blanco, que según datos de la empresa Generadora del Istmo S.A. GENISA llegará hasta 109 metros de altura con una velocidad de llenado de dos metros diarios. Terminando a su máxima capacidad en la primera semana de agosto del 2016.
El agua, la tierra y la vida silvestre de Panamá se agotan y deterioran debido a la contaminación, concesiones y uso irracional de los recursos, afirman expertos en el medio ambiente.
Campesinos, activistas y grupos indígenas sugieren suspender las licencias hídricas y mineras antes de que se deterioren los recursos naturales. Panamá tiene cerca de 75 mil 517 kilómetros cuadrados de extensión, y en 30 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional hay concesiones mineras en trámite u operación.