Desde el aire se observa la devastación y en la superficie se escuchan las voces sobre la consecuencias ambientales del desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto en cerro Petaquilla. Una garita de seguridad y un letrero te advierten que has llegado a una de las entradas del proyecto por el área de Molejón, Coclesito, al norte del país, a 180 kilómetros de la ciudad Capital.

La deforestación empezó con la explotación de oro por la empresa de capital panameño Petaquilla Gold y ha continuado con la explotación de cobre por parte de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

Petaquilla Gold y Minera Panamá son dos empresas distintas, pero con un mismo norte: la explotación de minerales en cerro Petaquilla bajo un solo contrato avalado por la Asamblea Nacional (Congreso)  y la destrucción de bosques en un área con una alta biodiversidad regional: el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México.

En Panamá, esta joya natural se ha visto gravemente afectada y su destrucción empezó hace 10 años. En este reportaje se presentan imágenes satelitales que muestran el avance acelerado de la deforestación, como consecuencia de las actividades mineras que devastan uno de los pulmones de Panamá, y la historia detrás con un equipo de Mongabay Latam recorriendo la zona.

La deforestación en cifras

La concesión, otorgada mediante contrato ley No. 9 del 25 de febrero de 1997, abarca un área de 13 000 hectáreas que equivale más o menos a 60 veces el tamaño del distrito Capital. De esta cifra no se tiene claro qué porcentaje ha sido destinado al proyecto de cobre que desarrolla Minera Panamá, pero en el estudio de impacto ambiental de la obra se especifica la cantidad exacta de afectación: 5900 hectáreas, de las cuales alrededor de 5500 son bosques tropicales de tierras bajas, 320 hectáreas que ya han sido devastadas por “actividades antropogénicas” y 25 hectáreas que corresponden a cuerpos de agua y ríos de agua dulce. Tres importantes cuencas hidrográficas están dentro del área de influencia de la minería: río Petaquilla, río Caimito y río San Juan, estos dos últimos, a su vez, cuentan con ocho afluentes.

“Se ha demostrado que las actividades de desbroce del bosque tropical podrían provocar cambios en las condiciones climáticas y biológicas locales en los bosques adyacentes a las áreas devastadas”, reconoce el estudio de impacto ambiental que realizó Minera Panamá, que a diferencia de Petaquilla Gold esperó la aprobación del documento por la Autoridad Nacional de Ambiente, ahora, Ministerio de Ambiente para iniciar los trabajos de construcción.

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Imágenes satelitales registradas entre setiembre y noviembre de 2018 muestran el avance de la deforestación en el área de influencia de un proyecto operado por la empresa Minera Panamá. El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) de Panamá, organización no gubernamental ambientalista, alega que la empresa opera bajo un contrato ilegal y existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido ese año que les da la razón.

Petaquilla Gold y Minera Panamá son dos empresas distintas, pero con un mismo norte: la explotación de minerales en cerro Petaquilla bajo un solo contrato avalado por la Asamblea Nacional (Congreso)  y la destrucción de bosques en un área con una alta biodiversidad regional: el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México.

Desde el aire se observa la devastación y en la superficie se escuchan las voces sobre la consecuencias ambientales del desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto en cerro Petaquilla. Una garita de seguridad y un letrero te advierten que has llegado a una de las entradas del proyecto por el área de Molejón, Coclesito, al norte del país, a 180 kilómetros de la ciudad Capital.

La deforestación empezó con la explotación de oro por la empresa de capital panameño Petaquilla Gold y ha continuado con la explotación de cobre por parte de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

En Panamá, esta joya natural se ha visto gravemente afectada y su destrucción empezó hace 10 años. En este reportaje se presentan imágenes satelitales que muestran el avance acelerado de la deforestación, como consecuencia de las actividades mineras que devastan uno de los pulmones de Panamá, y la historia detrás con un equipo de Mongabay Latam recorriendo la zona.

La deforestación en cifras

La concesión, otorgada mediante contrato ley No. 9 del 25 de febrero de 1997, abarca un área de 13 000 hectáreas que equivale más o menos a 60 veces el tamaño del distrito Capital. De esta cifra no se tiene claro qué porcentaje ha sido destinado al proyecto de cobre que desarrolla Minera Panamá, pero en el estudio de impacto ambiental de la obra se especifica la cantidad exacta de afectación: 5900 hectáreas, de las cuales alrededor de 5500 son bosques tropicales de tierras bajas, 320 hectáreas que ya han sido devastadas por “actividades antropogénicas” y 25 hectáreas que corresponden a cuerpos de agua y ríos de agua dulce. Tres importantes cuencas hidrográficas están dentro del área de influencia de la minería: río Petaquilla, río Caimito y río San Juan, estos dos últimos, a su vez, cuentan con ocho afluentes.

“Se ha demostrado que las actividades de desbroce del bosque tropical podrían provocar cambios en las condiciones climáticas y biológicas locales en los bosques adyacentes a las áreas devastadas”, reconoce el estudio de impacto ambiental que realizó Minera Panamá, que a diferencia de Petaquilla Gold esperó la aprobación del documento por la Autoridad Nacional de Ambiente, ahora, Ministerio de Ambiente para iniciar los trabajos de construcción.

Minera Panamá tiene planificada una inversión de más de 6300 millones de dólares y espera exportar alrededor de 320 000 toneladas métricas de cobre al año.

El impacto de esta actividad minera se puede observar en las imágenes satelitales que muestran la progresión de la pérdida de bosque primario en el área de influencia del proyecto, un espacio que permanecía intacto hasta el año 2000. La mina está ubicada en un área de bosque primario que permanecía intacto hasta el 2000. Los datos satelitales de la Universidad de Maryland registraron casi 4500 alertas de deforestación.

Los datos proporcionados por la Universidad de Maryland muestran evidencia reveladora: 4500 alertas de deforestación en el área en el que opera la empresa. Solo basta observar el mapa para confirmar cómo se sigue despejando el bosque con estas imágenes que han sido registradas entre el 8 de setiembre y el 24 de noviembre de este año.

Para corroborar lo que las imágenes mostraban un equipo de Mongabay Latam viajó a la zona.

El sábado 10 de noviembre de este año, el calor era incesante en Coclesito, la humedad agobiaba y de vez en cuando caía una llovizna. La presencia de la empresa Minera Panamá es notoria en la comunidad: camiones y autos con el logo de la empresa que circulan en ambas direcciones por las dos únicas calles del pueblo, y personas que caminan vestidas con la ropa de trabajo de la minera.

La empresa reparó y construyó la carretera hasta Coclesito, y siguió hasta llegar al proyecto al que nadie, excepto los empleados, pueden entrar. La entrada a la planta minera es custodiada por un guardia de seguridad privado que vigila quién entra y quién sale.

Si bien la seguridad de la empresa impidió el ingreso a la nueva zona deforestada, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), una organización no gubernamental dedicada a la conservación, que sigue el caso desde hace nueve años y que ha realizado por lo menos tres sobrevuelos en la zona para documentar fotográficamente la destrucción del bosque, confirmó que existe un impacto en el área. El último sobrevuelo se realizó hace ocho meses.

En las fotografías del Ciam se observa una inmensa mancha gris rodeada del verde bosque. Las imágenes, además de visualizar la devastación, demuestran toda la erosión que se produce.

Donde antes había árboles, vida y un Corredor Biológico funcionando, ahora, hay tierra pelada, maquinarias y destrucción. Este daño tiene el aval del Estado con la aprobación, primero de la concesión, y segundo del estudio de impacto ambiental.

Ciam demandó en el 2009 el contrato ley ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, al considerar que no cumplió con normas vigentes que obligaba al Estado a realizar una licitación pública para otorgar una concesión minera y por los daños ambientales que ocasiona la minería a cielo abierto. Después de nueve años, el 24 de setiembre último, la Corte falló a favor de la organización ambiental. Los ambientalistas celebraron la decisión, pero desde las estructuras gubernamentales la reacción frente al fallo fue la de mantener la operación de Minera Panamá.

Para este reportaje se intentó contar con la versión del Ministerio de Ambiente y de la empresa, pero al cierre del artículo no hubo respuesta a las preguntas enviadas.

De acuerdo a la página web de la empresa, la fase de construcción tiene un avance del 73% y se tiene previsto que la fase de operación inicie en los primeros meses de 2019. También señala que ha reforestado 1500 hectáreas. Las normas ambientales del país permiten que la reforestación se realice en cualquier parte del territorio nacional.

La empresa llegó y movió la economía local en una comunidad que apenas alcanza los 2819 habitantes, de acuerdo a las estimaciones de la Contraloría a julio de 2018. La empresa duplicó esa cifra en empleo y en su página web señala que cuenta con 8500 “colaboradores panameños”. Aunque para algunos es lo que deseaban, para otros no es más que “pan para hoy, hambre para mañana”.

Digno Herrera es delgado, de tez morena y de acento fuerte, su voz se eleva cuando habla de los daños de la minería a cielo abierto y de los problemas que ha enfrentado por oponerse al proyecto. Sentado en el centro del portal de su casa en Coclesito sentencia: “la minería es incompatible con la agricultura y en estas comunidades rurales solo hay dos formas de ganarse la vida: produciendo la tierra o trabajando para una empresa”. Después de la minería, no hay mayores inversiones en la zona que generen empleo y los  proyectos mineros tienen fecha de caducidad.

“Las personas, especialmente los jóvenes, hoy tienen un ingreso por el empleo que ofrece la empresa, pero mañana ¿qué tendrán?”, se pregunta Herrera. El daño de la minería a cielo abierto es socioambiental, reflexiona.

Digno Herrera es uno de los fundadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples que se creó en el 2011, con la finalidad de desarrollar un proyecto de siembra de cañas verdes (bambú) para su aprovechamiento y la protección de las cuencas de los ríos. Además de la producción de ciertos productos agropecuarios.

La iniciativa se ha visto un poco frustrada. A pesar que la Cooperativa logró sembrar unas 10 hectáreas de la especie, las autoridades locales ordenaron talarlas aduciendo que la zona forma parte de la concesión minera, se queja Herrera. El tema se mantiene en los tribunales por una denuncia que presentó la Cooperativa contra las autoridades.

Para Herrera estos problemas son “gajes del oficio” por la lucha que mantienen contra la minería y no solo en la zona, sino en el resto del país porque se han unido a otros movimientos que se oponen a este tipo de proyectos.

 

Cultivos que desaparecen

Coclesito mantuvo una producción de café y de palma de pixbae. Esta última crecía de manera tal que permitía la comercialización y un uso como alimento de las aves de corral.

Desde que se instaló la minería en la zona, la producción de pixbae disminuyó drásticamente. Lo dice Herrera y una se sus compañeras, Estelina Santana.

Los campesinos han dejado de producir café para irse a trabajar con la minería y las palmas de pixbae florecen, pero no se desarrollan. Las flores se caen.

Santana vive en Nuevo San Juan, una de las comunidades cercanas al proyecto minero. Desde su casa se escucha el ruido de la corriente del río San Juan, que ella ha dejado de usar por temor. “Nos han dicho que el río está contaminado y hemos preferido mejor no usarlo”, dijo.

Antes de que se instalara la minería, las comunidades se abastecían del agua del río. Ahora, las tomas de agua están ubicadas en los puntos altos para evitar cualquier contacto con sustancias  contaminantes.

 “Si bien es cierto la empresa minera ha traído a las comunidades algunos beneficios como las construcción de las calles, en materia ambiental estamos fregados por la contaminación”, argumentó Santana acostada en una hamaca. “El río no lo usamos ni para bañarnos”, indicó.

Santana hizo énfasis en el fenómeno de las palmas de pixbae. Para ella es inexplicable que después de tener una producción masiva de pixbae, ahora, se tenga que conformar con ver las palmas solo florecer. El pixbae jugaba un papel fundamental. Los residentes lo  usaban para el consumo y la venta, y también de alimento para las gallinas y puercos. Nadie, absolutamente nadie le ha dado una explicación de por qué las palmas no producen pixbae.

El Centro de Incidencia Ambiental tiene la explicación científica a la interrogante de Santana. Isaías Ramos es un biólogo que labora para la organización y como buen maestro de la ciencia alega que para llegar a una conclusión exacta de lo que ocurre con las palmas de pixbae hay que realizar estudios de suelo, igual que para determinar la contaminación del río San Juan habría que tomar muestras del agua.

Pero desde la teoría se permite hacer algunas aseveraciones que dan luz para entender la realidad. “Quizás a las palmas no les está pasando nada, pero a causa de las sustancias químicas que se utilizan en todo proyecto minero hayan matado los insectos que polinizaban las palmas y al no haber polinizadores las flores no dan frutos y se caen” argumentó.

A esto, el biólogo lo llama “efecto indirecto” de la minería. “Al no haber polinizadores naturales no se produce y eso pueda estar sucediendo no solo en las palmas de pixbae, sino en varios tipos de especies”, añadió.

El estudio de impacto ambiental establece que se perderá materia orgánica del suelo durante las fases de construcción y operaciones, y la contaminación “puede producirse como consecuencia de derrames y fugas”, sin embargo, no especifica qué sustancias podrían derramarse. Como consecuencia de la pérdida neta en la materia orgánica del suelo y los cambios en los ciclos bioquímicos de la tierra, se producirá un suelo menos fértil y una pérdida de zonas cultivables. El documento recomienda recuperar el equilibrio de la materia orgánica del suelo durante la fase de cierre y poscierre del proyecto.

Ramos analiza otra realidad ambiental que a simple vista no se detecta. Como consecuencia de la destrucción de los bosques se hace un rescate de fauna, sin embargo, este rescate se centra en los animales grandes, pero no en lo pequeños como los insectos que juegan un papel fundamental en la producción de alimentos por la polinización. “A nadie se le ocurre rescatar, por ejemplo, murciélagos y esos animales tienen una importancia biológica significativa para el medio ambiente”, argumentó.

Para Ciam es “evidente el mal manejo” del tema minero en Panamá, donde las autoridades solo dan importancia a las ganancias y se olvidan de garantizar la calidad de vida a la población.

El fraccionamiento del Corredor Biológico Mesoamericano y los daños ambientales al final los paga Panamá y las poblaciones que viven en los alrededores de este ecosistema afectado por la actividad minera.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-mineria-destruye-los-bosques-del-corredor-biologico-mesoamericano/

La gestión del presidente Juan Carlos Varela, inaugurada a mediados de 2014, llegó a su punto más bajo al finalizar 2018 cuando decidió reprimir las protestas de los productores agrícolas y, además, criminalizar sus manifestaciones.

Todos los gobiernos panameños desde la invasión de EEUU (1989) han intentado acabar con el sector agropecuario. Primero, reduciendo los aportes oficiales al sector. Segundo, especulando con el trabajo de los agricultores. Tercero, firmando un tratado de ‘libre comercio’ con EEUU que destruyó directamente el agro panameño. En 20 años el sector casi ha desaparecido, contribuyendo – actualmente – al PIB apenas el 1.5 por ciento del total.

El tratado firmado con EEUU responde a la política exterior de este país que – a escala mundial – pretende eliminar toda competencia. Washington le dice a Panamá que sólo produzca piña, banano y sandía – entre otros productos tropicales – y que los exporte a países como Portugal y Bélgica. Mas encima, Panamá le paga a los gobiernos de EEUU e Israel para que le asesore a realizar la transformación de productores de arroz a piña. Todos los proyectos han fracasado.

En Panamá existe un mercado nacional consumidor de arroz, maíz, cebolla, vegetales y muchos otros rubros al cual el productor panameño le ha sido prohibido vender. En la actualidad, el rico mercado de la zona de tránsito del Canal de Panamá (las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera y San Miguelito) consumen productos agrícolas importados en desmedro de los panameños.

La política social de Panamá se encuentra en un espiral descendente desde hace dos décadas. La criminalidad, la desigualdad social y el abandono de los servicios básicos se hacen cada vez más notorios. El crecimiento económico – impulsado por la entrega del Canal de Panamá al gobierno nacional (2000) y la ampliación de la vía acuática (2008-2014) – tuvo un auge sostenido entre 2005 hasta 2016. Sin embargo, este año, al igual que el anterior, la tasa de crecimiento del PIB comenzó a perder fuerza. El gobierno no tiene planes para enfrentar el dilema y los partidos políticos se encuentran totalmente ajenos a la realidad nacional.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que tiene un conjunto de iniciativas para generar ingresos adicionales a los peajes que le cobra a los barcos que pasan por la vía. Las instalaciones portuarias en el entorno del Canal se han convertido en los más importantes de la región latinoamericana pero debido a los contratos que firmaron con los gobiernos de turno no estimulan al resto de la economía. Igual ocurre con la Minera Panamá (de propiedad sudafricana) – que asegura que ha invertido 6 mil millones de dólares y comenzará en 2019 a exportar cobre – que no aporta a la dinámica económica del país. De paso ha contaminado una región de aproximadamente mil kilómetros cuadrados en el medio del corredor ecológico mesoamericano.

El gobierno (y los partidos de la oposición) tienen un ‘as’ en la manga que se llama China. Desafortunadamente, no saben en cual de las dos mangas está y, si supieran, no saben como jugarla en el complicado tinglado geo-político que caracterizan las relaciones con la República Popular de China. No hay estrategia ni plan para incorporar a China al desarrollo de Panamá. Los chinos quieren una plataforma (‘hub’ es la palabra favorita de nuestros especuladores) para proyectar su comercio en toda la región. ¿Qué propone Panamá? La respuesta del presidente Varela es que los chinos saben lo que quieren y sabrán qué hacer. ¿Y Panamá?

Por otro lado, no hay plan para incorporar a China como mercado para los productores panameños. Hay que trabajar con urgencia para definir una estrategia. Sabemos que pasó en 1821 y en 1903. Que no se repita la experiencia que nos legaron los próceres en el siglo XXI.

Los productores agrícolas panameños están haciendo historia y los gobernantes no quieren escuchar el mensaje. No hay que condenar a los manifestantes a largas penas de cárcel. Hay que trabajar con ellos para producir un mejor país. Los agricultores reprimidos le escribieron al papa Francisco quien visitará Panamá en enero de 2019. Le recordaron su mensaje donde aparece “la figura del agricultor y la relación entre su trabajo y los beneficios por los que se esfuerza”. Los pequeños agricultores son esenciales. Francisco invitó a la movilización, ‘para que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo’.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=13522&fbclid=IwAR2tKA_v4YT6_jrWQ_u1iBUCwHGSTQgKnDJq5WH4SYCMdsv3XVH-YUNI0g8

Deforestación, contaminación del agua, proyectos extractivos como hidroeléctricas, mineras, áreas verdes desprotegidas, norma ambientales ineficaces, son parte de un sistema incompetente y promotor de una mala calidad de vida. El doctor Donaldo Souxa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecologista Panameña, nos expone las circunstancias del manejo político ambiental del país.

Es importante mencionar que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) actualmente registra 140 solicitudes de exploración para minerales metálicos, que abarcarían 1.2 millones de hectáreas (12 mil kilómetros cuadrados).

Calculo, que se sumaría a distintas concesiones extractivas que violentan zonas boscosas y fuentes hídricas. Otras de las connotaciones ambientales, es el debate que se lleva acabo sobre la protección del Parque Nacional Coiba, que está en la mira de un proyecto de turismo inmobiliario. Susana Serracín, abogada y defensora ambiental comparte la situación y acciones populares en defensa del Parque Nacional Coiba, que forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y del listado del Patrimonio Natural de la Humanidad.

Importante expresar que organizaciones ambientales como es el Comité Pro defensa del parque Coiba junto a activistas y comunidades veragüenses, han realizado distintas protestas en rechazo a la rehabilitación de la pista de aterrizaje en el Parque Nacional isla de Coiba (Veraguas), ya que es un área protegida y el estudio de impacto ambiental (EIA) no cuenta con un plan de rescate de flora y fauna.

El EIA cuenta con la aprobación del Ministerio de Ambiente, el cual ha sido muy cuestionado por su pronta anuencia y por la fuerte visita de turistas que se recibirá en esta zona del país, ya que forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y Patrimonio Natural de la Humanidad. Además cuenta con especies endémicas como: Coiba Agoute, Coiba Howler Monkey y Coiba Spinetail.

Las organizaciones ambientalistas y ecologistas tienen programado seguir protestando contra este inconsulto e improvisado proyecto gubernamental.

Especial del vespertino de ALER.org

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12912

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.

Se entiende por Estado de derecho a la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

No existe Estado de derecho cuando el Órgano Legislativo actúa desde una posición partidista o cuando el Órgano Ejecutivo actúa desde una perspectiva personal, violando la legislación, desconociendo los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y generando disconformidad en la ciudadanía. Todas las personas debemos cumplir las leyes vigentes, incluidas las autoridades, por muy alto que sea su cargo. Ambos ministros parecen haber olvidado que la seguridad jurídica de la inversión que defienden a ultranza nunca puede ir por encima de la Constitución. Existe un principio elemental en el derecho, que por encima de los contratos, e incluso por encima de la propia ley, está la Constitución Política, al grado de que ningún contrato puede celebrarse contraviniendo sus preceptos y aunque no suela hablarse del control de constitucionalidad de los contratos, esta es una consecuencia inevitable del principio de supremacía de la Constitución. Estamos conscientes de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia trae aparejada una secuela compleja de efectos jurídicos y situaciones que merecen un profundo análisis y que deben ser resueltas sabiamente, pero en ningún momento debemos ignorar que tenemos la obligación de ser respetuosos del Estado de derecho y la Constitución.

Urge modernizar nuestro Código Minero de 1963, especialmente en lo concerniente a la garantía en los planes de cierre de la mina y el establecimiento de áreas que deben ser cerradas a la minería, como las áreas protegidas y zonas de recarga acuífera. El caso de Minera Petaquilla es un ejemplo de lo que nunca más debe volver a repetirse en nuestro país.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12715

En seguimiento en materia de Protección de los y las Defensores de Derechos Humanos, posterior a la participación de Panamá en el 165 Período de Sesiones, en Montevideo, Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre “Criminalización de la protesta y el acoso jurídico de defensores, con complicidad de las autoridades y agentes de la autoridad, en distintas formas de violencia”.

A la Oficina del Relator de Defensores y Defensores de Derechos Humanos, Víctor Atencio Gómez, de la Defensoría del Pueblo de Panamá, se aproximaron los dirigentes comunitarios Willy Ábrego y Martín Rodríguez, a enfatizan desde la sociedad civil, que no hay respuesta del Estado para mitigar el acoso, los ataques, o detener las demandas que enfrentan porque el sistema general de cumplimiento sigue siendo inoperante y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección.

Martín Rodríguez ha venido a denunciar que la empresa Minera Panamá le tiene una demanda penal en la comunidad de Donoso y que los falsos, calumnias e injurias que pesan sobre su persona hoy se convirtieron en orden de conducción. Presentando una queja formal ante la Defensoría del Pueblo.

Willy Ábrego denuncia a la Empresa porque no les permite transitar por la vía que da acceso a la comunidad apartada de Nueva Lucha y al prohibir el paso a las poblaciones, no se le permite buscar el sustento diario para su familia. También se ha acercado a los Ministerios, de Educación, Salud y Obras Públicas, por el derecho a educación, salud y ambiente sano, que merecen, para que se acerquen al área y escuche la viva voz del pueblo, las necesidades sentidas por la población, pues antes de que llegara Minera Panamá, ya el pueblo Ngobe habitaba esas tierras, pero aún en ningún lado ha encontrado respuesta. Exponen haber sido discriminados por ser de la etnia Ngone Bugle al tratar de conversar con el Ingeniero encargado y haber recibido descalificativos frente a 120 grupos que tienen grabados en audio como prueba.

El Lic. Víctor Atencio de la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por que los Estándares del Sistema Interamericano son bien claros. No se puede abusar del sistema jurídico para presionar a los activistas e impedir que logren ejercer su derecho humano a defender derechos humanos. Su actividad es fundamental para consolidación de la democracia.

Expresa que la criminalización para acallar voces críticas que están reivindicando temas como el respeto a los pueblos originarios, al medio ambiente, a través de este sistema de represión penal, particularmente en la visita que este funcionario ha hecho a la comunidad, se logró constatar por el camino viable que es insostenible por el costo de $184.00 dólares que deben pagar por mar, río y tierra para llegar a sus hogares. Pero además es un camino inhumano porque hablamos de comunidades de muy bajos recursos que, en caso de niños, mujeres embarazadas o enfermas, implica 4 horas y media entre trochas, montañas y lanchas, y esto es inaceptable cuando tienen una ruta corta que la empresa les niega el acceso y podemos estar hablando de más de 4 mil personas que padecen este trato.

Los señores Ábrego y Rodríguez, gastando los pocos recursos que tenían, se aproximaron una vez más a la Defensoría del Pueblo que aún no les da respuesta, aunque fue desde 2015 la primera vez que interpusieron la denuncia.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12776

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.

Se entiende por Estado de derecho a la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

No existe Estado de derecho cuando el Órgano Legislativo actúa desde una posición partidista o cuando el Órgano Ejecutivo actúa desde una perspectiva personal, violando la legislación, desconociendo los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y generando disconformidad en la ciudadanía. Todas las personas debemos cumplir las leyes vigentes, incluidas las autoridades, por muy alto que sea su cargo. Ambos ministros parecen haber olvidado que la seguridad jurídica de la inversión que defienden a ultranza nunca puede ir por encima de la Constitución. Existe un principio elemental en el derecho, que por encima de los contratos, e incluso por encima de la propia ley, está la Constitución Política, al grado de que ningún contrato puede celebrarse contraviniendo sus preceptos y aunque no suela hablarse del control de constitucionalidad de los contratos, esta es una consecuencia inevitable del principio de supremacía de la Constitución. Estamos conscientes de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia trae aparejada una secuela compleja de efectos jurídicos y situaciones que merecen un profundo análisis y que deben ser resueltas sabiamente, pero en ningún momento debemos ignorar que tenemos la obligación de ser respetuosos del Estado de derecho y la Constitución.

Urge modernizar nuestro Código Minero de 1963, especialmente en lo concerniente a la garantía en los planes de cierre de la mina y el establecimiento de áreas que deben ser cerradas a la minería, como las áreas protegidas y zonas de recarga acuífera. El caso de Minera Petaquilla es un ejemplo de lo que nunca más debe volver a repetirse en nuestro país.

Fuente:https://www.prensa.com/opinion/derecho-seguridad-juridica-Minera-Petaquilla_0_5135486472.html

Luego de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ), en fallo del 21 de diciembre de 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobaba un contrato entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales, en el área conocida como Cerro Petaquilla ubicado en la Provincia de Colón en el Distrito de Donoso. La Ley 9 de 1997 fue demanda de inconstitucional en el 2009 por la Abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

El Fallo contó con la aprobación de cinco de los nueve magistrados de la CSJ, entre los aspectos importantes que señala el fallo es que: reconoce que la actividad minera a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano, que la suscripción del contrato no representaba los mejores intereses del Estado, desatancando que la Asamblea Nacional debió rechazar la aprobación del contrato, puesto que contravenían preceptos constitucionales, y que el mismo no cumplía con las exigencias legales establecidas en el Decreto de Gabinete 267 del 21 de agosto de 1969 vigente a la fecha de otorgada la concesión, que establecía como requisito para otorgar una concesión minera, la convocatoria a una licitación pública con la participación de empresas estatales o mixtas..

La Contrato otorgó a la empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., que concedía 13, 600 hectáreas de terreno para sus operaciones, fue obtenida durante la presidencia de Ernesto Pérez Balladares y obtuvo licencias de exportación durante la presidencia de Ricardo Martinelli Berrocal.

Este lunes 24 de Septiembre la Secretaria General de CSJ, publicó el edicto de notificación a las partes dentro del proceso para luego de cumplido este paso, dar trámite para su publicación en Gaceta Oficial, entre las consecuencias jurídicas que presenta el fallo, está la nulidad del contrato y el cese de actividades en la zona concesionada.

Escuchemos declaraciones de Susana Serracín, abogada ambientalista quien interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el contrato otorgado a la Sociedad Minera Petaquilla, S.A.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/corte-suprema-de-justicia-de-panama-declara-inconstitucional-contrato-con-minera-petaquilla/