Deforestación, contaminación del agua, proyectos extractivos como hidroeléctricas, mineras, áreas verdes desprotegidas, norma ambientales ineficaces, son parte de un sistema incompetente y promotor de una mala calidad de vida. El doctor Donaldo Souxa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecologista Panameña, nos expone las circunstancias del manejo político ambiental del país.
Es importante mencionar que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) actualmente registra 140 solicitudes de exploración para minerales metálicos, que abarcarían 1.2 millones de hectáreas (12 mil kilómetros cuadrados).
Calculo, que se sumaría a distintas concesiones extractivas que violentan zonas boscosas y fuentes hídricas. Otras de las connotaciones ambientales, es el debate que se lleva acabo sobre la protección del Parque Nacional Coiba, que está en la mira de un proyecto de turismo inmobiliario. Susana Serracín, abogada y defensora ambiental comparte la situación y acciones populares en defensa del Parque Nacional Coiba, que forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y del listado del Patrimonio Natural de la Humanidad.
Importante expresar que organizaciones ambientales como es el Comité Pro defensa del parque Coiba junto a activistas y comunidades […]
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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.
En seguimiento en materia de Protección de los y las Defensores de Derechos Humanos, posterior a la participación de Panamá en el 165 Período de Sesiones, en Montevideo, Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre “Criminalización de la protesta y el acoso jurídico de defensores, con complicidad de las autoridades y agentes de la autoridad, en distintas formas de violencia”.
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA LEY 9 DE 1997, QUE APRUEBA EL CONTRATO LEY DE MINERA PETAQUILLA, ¿CÓMO ANALIZA ESTE FALLO? 
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.
Luego de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ), en fallo del 21 de diciembre de 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobaba un contrato entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales, en el área conocida como Cerro Petaquilla ubicado en la Provincia de Colón en el Distrito de Donoso. La Ley 9 de 1997 fue demanda de inconstitucional en el 2009 por la Abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Más de 10 casos sobre conflictos socioambientales distributivos y temático, se presentaron en la Primera Audiencia Popular “Verdad, justicia y reparación socioambiental para Panamá”. Cuyo objetivos fueron la unificación de criterios y naturaleza de los casos registrados en el país. Además el rediseño de una hoja de ruta que involucrará a las comunidades en resistencia por localidad, región y a nivel nacional. Considerando la pluralidad de conflictos y redes de organizaciones de lucha involucradas en 3 ejes temáticos:
El proyecto minero Cerro Quema, en el centro de Panamá, ‘es una oportunidad para los pobladores de la región’, por lo que la Cámara Minera de Panamá (Camipa) instó al gobierno de Juan Carlos Varela que no deje pasar esta opción de levantar una zona deprimida económicamente.
Una historia acumulada de 30 años, cuando en plena dictadura panameña surgió la idea de explotar el oro de Cerro Quema, está en su encrucijada más difícil, pues aunque los opositores se evaporan como el cianuro, los inversores y trabajadores desesperan por la burocracia, dijo a Acan-Efe uno de los involucrados.
El Frente Santeño contra la Minería, organización ambientalista de la provincia, reiteró este miércoles 4 de abril su rechazo y repudio a la actividad minera en Los Santos.