La minera brasileña Vale omitió comunicar informes que hubieran podido evitar el colapso el 25 de enero de este año del dique de Brumadinho, que dejó 270 muertos y desaparecidos en el estado de Minas Gerais, afirmó una agencia gubernamental. El colapso del dique, liberó millones de toneladas de residuos mineros. Desde entonces, Brasil ha prohibido la construcción de nuevos diques corriente arriba.
El colapso del dique, el 25 de enero, liberó millones de toneladas de residuos mineros. Tras la tragedia, Vale, primer productor mundial de mineral de hierro, se vio forzada a suspender algunas de sus operaciones en sitios que albergaban construcciones del mismo tipo.
Documentos internos que fueron analizados por los investigadores de la Agencia Nacional de Minería (ANM) muestran que la empresa estaba al tanto de problemas en el sistema de drenaje instalado siete meses antes del desastre.
El 10 de enero, dos semanas antes del colapso, dos artefactos que medían la presión líquida marcaron el nivel de emergencia. «El aumento en la presión de los piezómetros comprometía la estabilidad del dique», apunta la ANM. Pero la compañía no reportó estas informaciones.
«Si la Agencia Nacional de Minería (ANM) hubiese sido informada correctamente, podría haber tomado medidas cautelares y exigido acciones urgentes a la empresa [Vale], lo cual podría haber evitado el desastre», señaló el informe.
Vale indicó en un comunicado que no haría comentarios sobre «las decisiones técnicas tomadas por su equipo geotécnico en el momento de la ruptura».
El informe de la ANM añade presión a la gigante minera.
La policía dijo en septiembre que tenía suficientes evidencias para acusar a empleados de Vale y de la auditora alemana TUV SUD por uso de informaciones falsas para certificar que el dique de Brumadinho cumplía con los requerimientos de seguridad.
Corresponde a los fiscales decidir si presentarán cargos contra siete empleados de Vale, ninguno de alta jerarquía, y seis empleados de la TUV SUD, entre los cuales figura un director de desarrollo basado en Alemania, así como ingenieros y consultores que certificaron la estabilidad de la represa en 2018.
Una comisión legislativa aprobó por unanimidad una moción que propone denunciar judicialmente a Vale, y TUV SUD.
Un juez ordenó en septiembre a Vale pagar 11,87 millones de reales (casi tres millones de dólares) a las familias de tres víctimas de la tragedia.
Otra corte le había ordenado en julio pagar todos los daños causados por el desastre, sin estipular una cantidad específica de dinero.
Desde entonces, Brasil ha prohibido la construcción de nuevos diques corriente arriba, que son más baratos pero menos estables que otros tipos, y ordenó desmantelar los existentes con esas características.
La ANM publicó su informe, de 194 páginas, exactamente cuatro años después del colapso de otra represa que era propiedad de Samarco, una empresa conjunta de Vale y la anglo-australiana BHP, en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais.
El alud de residuos mató en esa ocasión a 19 personas y recorrió más de 600 km por el río Doce y sus afluentes hasta desembocar en el océano Atlántico, en la peor catástrofe ambiental de Brasil.
La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.
Desde los años ochenta ha habido intentos por parte de una serie de actores que incluyen a las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), agencias bilaterales y compañías extractivas para abrir el sector minero en los países africanos endeudados.
No se trata de una actividad encabezada solo por las empresas mineras porque hay que tener en cuenta que los Programas de Ajuste Estructural impulsados por las IFM identifican la minería como medio de obtener recursos con los que reembolsar la deuda externa. Hay una confluencia de factores y el proceso de liberalización que se produjo bajo la presión de las IFM fue aprovechado por las compañías mineras para introducirse en el sector en África. De modo que el proceso es más complejo que simplemente unas compañías que toman la iniciativa. Hay una responsabilidad compartida entre las empresas, las IFM y los gobiernos anfitriones.
A petición de las IFM se consiguió redefinir la legislación para el sector minero ofreciendo a las empresas incentivos, reducción de impuestos o rebaja de royalties, abriendo los países a la inversión extranjera. Se dijo a los países que este proceso contribuiría a su desarrollo pero ello no ha sido así.
En los países africanos el marco legal del sector minero se ha revisado y reformado repetidamente. Varias generaciones de normativas han ido liberalizando progresivamente el sector. Además, se crea una competencia entre los países para atraer inversión extranjera, de modo que liberalizan sus normas más aún para hacerse más atractivos a la inversión. Este es un proceso acumulativo en el que el Estado se va replegando y ofrece cada vez más incentivos a las empresas mineras, de modo que las compañías aceleran el ritmo de extracción de recursos.
El Estado ha ido reduciendo su capacidad para hacer seguimiento de lo que ocurría y controlar el ritmo de las extracciones, mientras que cada vez tenía menos capacidad para hacer respetar las regulaciones medioambientales o mediar en el impacto social causado por las actividades mineras, que a menudo han dañado a las comunidades. A menudo las empresas prometen pagar ciertas cantidades por su operación, pero los gobiernos no han sido capaces de obligarles a cumplirlo; esto es lo que muestra la «Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva» durante la pasada década. En muchos casos, los gobiernos no han podido recuperar lo que las empresas se comprometieron a pagar de impuestos, así que las promesas no se han materializado de la forma en que deberían. Además, se han producido serios impactos ambientales y sociales a consecuencia de la actividad minera; por ejemplo, en ocasiones la población ha perdido su medio de vida y se han visto obligada a abandonar la tierra de la que vivían.
En el diseño del régimen normativo de la minería en África había una idea muy clara: que el Estado debía apartarse debido a su supuesta improductividad y que debían ser compañías privadas las que tomaran el mando como operadoras y propietarias; ellas debían liderar el proceso. En este esquema, el Estado debía ser más un “facilitador”, un regulador. Lo que ocurrió es que muchas funciones del Estado fueron transferidas a las compañías, dejando en sus manos la responsabilidad para operar según su criterio, e incluso cuestiones referidas a impactos medioambientales y sociales, como la expulsión de la población de ciertas tierras. Esto es muy problemático porque empresas que se rigen por estándares voluntarios fueron las que asumieron la función de hacer el seguimiento del proceso, de dar compensaciones a las comunidades locales, etc. Como se podía esperar, el resultado no ha sido muy satisfactorio. Con la sustitución del Estado por las compañías, estas se hicieron con la capacidad de regular. El resultado es que a la hora de determinar responsabilidades cuando surge un problema, hay un vacío. Por ejemplo, cuando se incumple el pago de las compensaciones a las comunidades o cuando se producen impactos ambientales, como la contaminación de agua por la actividad minera. Así aparece un nuevo tipo de conflicto que se desarrolla a raíz de la marginación del Estado y cuando el sector se rige con medidas voluntarias, dejando un vacío regulador que suscita problemas de legitimidad y responsabilidad. Esto no ocurre solo en África; también en América Latina, en países como Perú, donde la actividad minera es muy importante y donde han surgido numerosos conflictos, la mayoría relacionados con el sector minero.
Después de dos décadas de vigencia de esta fórmula económica para África como mero suministrador de materias primas ya está más que probado que, lejos de traer desarrollo y bienestar a sus poblaciones, trae, a lo sumo, el enriquecimiento de las compañías extractivas y de algunos dirigentes y muchos problemas estructurales para el país.
Un informe de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas comienza diciendo que los problemas identificados en África en 2011 son los mismos que hace 30 años…
La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.
En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.
La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.
“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.
Historia
El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.
En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.
El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.
En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.
Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.
Según Mayerly López integrante del Comité de Santurbán, los abogados de la organización están trabajando en una acción jurídica que esperan interponer a principios de año y demandar el proceso de licenciamiento del proyecto Minesa, por violar derechos fundamentales como al ambiente sano, agua potable y el derecho a la vida; la líder ambiental afirmó «de esta acción no podemos adelantar mucho, pero queremos informar a la comunidad que estamos adelantando todas las acciones legales, jurídicas y sociales para defender Santurbán»
Alistamos una hoja de ruta para impedir el proyecto d Minesa, estamos adelantando las acciones jurídicas y llamamos a los Santanderes a movilizarnos hacia Bogotá el 16 de marzo (2020), día d los comuneros, le recordaremos a @IvanDuque que este pueblo no dejará destruir Santurbán
Finalmente López aseguró que «revindicando nuestra historia y luchando por nuestros recursos naturales vamos a marchar hacia Bogotá, y el presidente Duque tendrá que escucharnos, porque los santanderes no vamos a permitir la mega minería en Colombia» y añadió que seleccionan esta fecha por ser el día de los comuneros, y un evento importante para Santander recordado esa lucha sus antepasados en la defensa del derechos y territorio.
12 de nov. Desde la medianoche de hoy, trece comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la transnacional ‘Glencore Antapaccay’, iniciaron un paro indefinido exigiendo al Estado haga valer su derecho a consulta previa. Se reportan bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.
‘Desde las cero horas de hoy hemos iniciado el levantamiento de las Comunidades Originarias de Espinar en defensa de la Consulta Previa. Hemos intentado por más de ocho meses que el Estado atienda nuestras justas demandas, a través de la vía del diálogo, sin obtener respuestas a las mismas.’ Señaló, a través de radios locales, Flavio Huanqque, vocero de la Asamblea Multicomunal por la Consulta Previa en Espinar
Por otro lado, las comunidades, que desde marzo del presente año iniciaron un proceso de articulación para exigir se respeten sus derechos, emitieron un pronunciamiento que se hizo público ayer. En el documento cuestionan que desde el Gobierno no se priorice el diálogo, y que históricamente se les ha impuesto la minería.
‘Desde hace más de 38 años, las Comunidades Originarias de Espinar venimos soportando los efectos de las operaciones mineras que se nos ha impuesto desde el Estado Peruano y que impunemente ha venido destruyendo nuestros territorios y recursos al extremo de poner en riesgo nuestras propias vidas’. Cita textualmente el pronunciamiento.
Las comunidades en protesta, denuncian que han participado en espacios de diálogo tanto con el Estado como con la empresa minera Antapaccay, con el objetivo de pactar acuerdos a favor del medio ambiente, su territorio y respetar su derecho a consulta previa como pueblos indígenas, sin embargo no han obtenido respuestas a sus pedidos.
Principales demandas
El pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el Ministerio de Energía y Minas, por ello exigen un diálogo directo con el Presidente de la República, Martín Vizcarra y el Primer Ministro, Vicente Zeballos, sobre todo para evitar se les quite sus tierras y sean reasentados en otra zona.
Respecto a la omisión a la consulta previa del proyecto Antapaccay (primera extensión), exigen que el Estado asuma las responsabilidades por la vulneración de derechos, implementando un plan de reparaciones para las comunidades afectadas. Sobre el proyecto Coroccohuayco (segunda extensión), exigen que se identifique los daños causado en la etapa de exploración y otros que se vienen causando en territorio de las comunidades.
Finalmente, exhortan a la empresa minera a dialogar con las comunidades respecto a los incumplimientos de los acuerdos suscritos.
Datos:
*La PCM, a través del Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martinez, envió una carta a Flavio Huanqque, solicitando retomar el diálogo el 18 de noviembre del presente año.
Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.
La decisión del presidente peruano, Martin Vizcarra, de otorgar luz verde a un proyecto de cobre con un retraso prolongado, se está convirtiendo en una prueba clave de su capacidad para aliviar la oposición a la minería, que ha descarrilado miles de millones en inversiones en el productor número 2 del mundo.
Los opositores de los 1.400 millones de dólares propuestos por Southern Copper Corp propusieron que la mina Tía Maria preparara los planes para una huelga indefinida, un día después de que el gobierno de Vizcarra le concediera a la empresa una licencia de construcción que dos de sus predecesores se habían negado a emitir.
Se espera que Tía Maria agregue 120,000 toneladas de cobre anualmente a la cartera de producción de Southern Copper al «costo en efectivo muy competitivo» de $ 1 por libra, dijo el Servicio de Inversores de Moody.
La comunidad empresarial peruana aclamó la decisión de otorgar la licencia de construcción, considerándola como un caso raro en el que un proyecto minero descarrilado por las protestas podría revivir.
Pero en la provincia de Islay, en el sur de Perú, donde al menos seis personas murieron en protestas contra el proyecto en esta década, se desató la ira y los votos para detenerlo.
«Es un golpe traidor», dijo a Reuters Julio Cornejo, alcalde de la ciudad de Cocachacra, por teléfono.
Cornejo y otros opositores de Tia Maria temen que el proyecto interfiera con la agricultura y contamine los suministros de agua, y se opone incluso después de que Southern Copper hizo planes para construir una planta de desalinización.
Las protestas están programadas para comenzar el lunes y continuarán hasta que el permiso sea anulado, dijo Cornejo.
Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.
Vizcarra, en el cargo hace poco más de un año, es de Moquegua, una pequeña región minera junto a Islay. Una vez ayudó a liderar las protestas que exigían una mayor parte de los ingresos de otras unidades de Southern Copper en la región. Más tarde, como gobernador, ayudó a negociar una solución entre Anglo American y los residentes locales que se oponen a su proyecto Quellaveco.
Southern Copper ha enfatizado que, incluso con la concesión de la licencia, la construcción del proyecto no comenzará hasta que se resuelvan las preocupaciones de los residentes locales, algo que la compañía lleva años intentando hacer.
Pero Southern Copper tiene que mostrar a las autoridades que ha activado el proyecto de alguna manera para mantener la aprobación de su permiso ambiental vigente, dijo José de Echave, director del grupo ambientalista Cooperación y ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.
El plan ambiental de la compañía, aprobado en 2014, debía expirar el 1 de agosto, una razón clave por la cual el gobierno otorgó la licencia de construcción ahora.
Vizcarra dijo a Reuters en mayo que Tia Maria aún carecía del tipo de apoyo local necesario para comenzar la construcción. Pero dijo que pensó que llegaría allí, en parte a través de un programa de desarrollo para la región en la que estaba trabajando con las autoridades locales.
Pero ahora muchas de esas autoridades dicen que se sienten decepcionados.
Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.
Un derrame de relaves ha sido reportado en la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú (CRP) en Huancavelica, Perú, y los informes indican que los relaves se han metido en el río Mantaro.
La agencia supervisora de inversiones en energía y minería del país (Osinergmin) está investigando para determinar la causa del derrame del 10 de julio y quién es el responsable.
Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.
«Este tipo de errores ocurren, por lo que pedimos que este liquidador sea cancelado en sus funciones y que DRP pase a manos de sus trabajadores de inmediato porque sabemos cómo gestionarlo, así como el centro metalúrgico Oroya donde solo está funcionando uno de los nueve hornos. Es decir, el 90% de ellos están paralizados y la mina Cobriza produce cobre con una buena calificación y merece una mejor atención y no se subasta», dijo el líder de los trabajadores, Luis Castillo.
Unas tres empresas han expresado interés en comprar Cobriza (UMC) en un proceso que está a cargo de Carrizales, dos de los cuales se consideran extranjeros y uno peruano. Cobriza está valorada en entre US$47 y US$53 millones.
Cobriza tiene capacidad para producir 20,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, pero ha estado operando a una tasa significativamente menor.
El proceso para vender los activos de Doe Run ha visto varias subastas fallidas.
El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.
Cabe señalar que la DIRESA Cusco socializó el plan de atención en mención, indicando que se viene trabajando coordinadamente con DHSF y comuneros interesados de las zonas de influencia directa del proyecto minero Antapaccay. “El día 17 de noviembre el personal médico de 9 especialidades, urología, dermatología, neurología, ginecología, nefrología, entre otros, llegarán desde Lima para instalarse en la provincia y poder iniciar la atención desde el 18 hasta el 22 de noviembre”, manifestó la Lic. Karen Choque, responsable de la estrategia regional para metales pesados de la DIRESA Cusco.
Sin embargo, las y los comuneros que participaron en la reunión, indicaron que en el pasado las atenciones no habían sido de prioridad para las comunidades afectadas ubicadas en el entorno minero. ‘En agosto que también hubo atención, vimos con mucha pena que nuestros hermanos de comunidades se regresaron porque no tenían SIS y no se les dio prioridad para atenderlos’ señaló Carmen Chambi, vocera de Espinar en la Plataforma Nacional de Afectados por metales Tóxicos. Además, los comuneros manifestaron que ‘ya están cansados’ de que solo se les proporcione paracetamol, sabiendo que sus problemas de salud son de gran complejidad.
Por otro lado, los comuneros evidenciaron que la mayoría de personas afectadas por metales tóxicos viven en comunidades campesinas, y es difícil (económica y geográficamente) trasladarse hasta el Hospital de Yauri (donde será la atención), por ello solicitaron apoyo, principalmente para el traslado de adultos mayores, exigiendo que el personal de salud tenga especial atención con ellos.
En base a todas estas observaciones y preocupaciones planteadas desde las comunidades campesinas, las instancias presentes se han comprometido a mejorar la atención en salud y que ello se enmarca en los siguientes acuerdos:
La Municipalidad Provincial de Espinar, a partir de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, pondrá a disposición 01 movilidad que apoye en el traslado de comuneras/os que no puedan viajar hasta Yauri. Mientras que la Gerencia de Desarrollo Social brindara carpas, sillas y alimentación durante el proceso de atención.
Con respecto a las malas atenciones que pudieron darse en el pasado, la DIRESA ratifica su compromiso de mejorar la atención desde el equipo que acompañe este proceso. Así mismo la DIRESA se compromete en remitir al MINSA la relación de personas que no cuenten con SIS y que se encuentren expuestos a su salud por metales pesados, para que así puedan recibir la atención gratuita completa.
La Red de salud Canas Canchis Espinar, Hospital de Espinar, Microred y CLAS Espinar se compromete en operativizar la atención garantizando todo el recurso humano necesario.
DHSF se compromete a capacitar y promover la participación de traductores e intérpretes quechuas que acompañen los días de atención en salud.
Finalmente, las comunidades campesinas se comprometen a socializar estos acuerdos en sus bases para garantizar la atención de sus comuneras/os los días programados. Así mismo registrar a las personas que requieren urgente atención de salud para que puedan gestionar su ingreso al SIS.
Desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos que es importante resaltar este tipo de acuerdos, que involucran a todos los actores sociales e institucionales, pues permitirán garantizar la salud de las comunidades campesinas que desde hace muchos años exigen atención de calidad.
Paro contra la minería en el sur de Ayacucho culmina con movilizaciones en las capitales de tres provincias.
El paro de 72 horas en el sur de Ayacucho convocado por el Comité de Lucha Interprovincial Contra la Contaminación Minera (que involucra a los frente de defensa de las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas), culminó hoy jueves con movilizaciones en las capitales de las tres provincias que acatan la medida de protesta en contra de la actividad minera en sus territorios -en especial en las cabeceras de cuenca- porque habrían contaminado fuentes de agua de cuencas como Huanca Huanca, Paucar del Sara y el rio Mirmaca.
Según refirió la representante del Frente de Defensa del Pueblo de Paucar de Sara Sara, María Luisa Díaz, la plataforma de lucha de las tres provincias del sur de Ayacucho que acataron el paro de 72 horas se resume en cuatro puntos: 1) aprobación del marco metodológico para la declaración de zonas intangibles a las cabeceras de cuenca, 2) aprobación de la ordenanza regional que declara zona intangible a las cabeceras de cuenca, e) inventario y evaluación de todos manantiales (de consumo humano y agrícola) y 4) evaluación de la situación de salud de todos los habitantes de las tres provincias del sur.
María Luisa Díaz dijo que tras la movilización se ha logrado que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) responda a sus demandas. Indicó que entre el 19 y 22 de noviembre estarán arribando a las provincias del sur de Ayacucho representantes de la PCM, conjuntamente con los responsables de la Autoridad Nacional del Agua y los técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “Estas instancias son los responsables de haber autorizado a las empresas mineras para el uso de nuestros recursos hídricos. Con ellos estaremos visitando las cabeceras de cuenca”, dijo y anunció que en los procesos de negociación con el gobierno no se harán de forma individual sino colectiva
Se conoció que una comisión del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) llegó a la localidad de Puquio (Lucanas) y se reunieron con integrantes del Comité de Lucha. Se informó que los representantes del GRA, respondieron que la demanda de declarar zona intangible a las cabeceras de cuenca es competencia del gobierno nacional, así como la suspensión de operaciones de las empresas mineras en la zona sur de Ayacucho. También indicaron que concluyeron que el gobernador regional Carlos Rúa deberá acompañar a Lima a los miembros del Comité de Lucha para la gestión de sus demandas. Algunos pobladores no han quedado conformes con las conclusiones y acuerdos arribados.
Por otro lado informaron que solicitaran la descentralización de las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas a las provincias del sur, donde deberán instalar sus oficinas de enlace para una adecuada atención a los reclamos de la población.
Por su parte Felix Rupire, integrante del Comité de Lucha del paro del sur, desmintió que su organización haya enviado a algún representante a negociar con las empresas mineras que se encuentran operando en las tres provincias del sur de la región. Asimismo indicó que el paro de 72 horas ha sido exitoso, porque se ha dado la unidad de los frentes de defensa y los comités de lucha. “Con esta medida se está haciendo eco y la voz de nosotros se está escuchando de no a la minería, si al agro y al agua. Aquí estamos en pie de lucha. Este es un inicio y así vamos a lograr que se atienda nuestras demandas”, expresó.
La consejera regional de Ayacucho, Verónica Vargas Huayta, estuvo acompañando la movilización que se realizó en la ciudad de Pausa, desde donde manifestó su apoyo a los pobladores en “la defensa del agua”. Dijo que en la próxima semana se realizará una sesión de Consejo Regional donde reafirmará el pedido de incorporar en una ordenanza regional la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. “La mina debe dejar de contaminar nuestras aguas. Pedimos represas, pero para que sirve si el agua está contaminada. No tengo compromisos con la minera, por ello llegaremos a las últimas instancias. Nuestras cabeceras deben incorporarse como zona intangible”, expresó.
En la cabecera de cuenca de Chaviña (Lucanas) se registró una movilización de más de 2 mil pobladores del distrito del mismo nombre, quienes llegaron hasta el centro de operaciones mineras de la empresa Apumayo, a la que se acusa de haber contaminado fuentes de agua. La población, en las puertas de Apumayo, hizo una manifestación solicitando que se cierre esta mina. Asimismo muchos trabajadores de ésta empresas tuvieron que retirarse por temas de seguridad.
En la zona los dirigentes declararon que otorgarán 10 días para que el gobierno se haga presente para dar respuesta a sus demandas. En la localidad de Oyolo (Paucar del Sara Sara) también se concentró un amplio grupo grande de pobladores que realizaron marchas pacíficas.
Sociedad Química y Minera de Chile enfrenta cargos por seis infracciones ambientales en el Salar de Atacama.
“Especialmente en la zona este del salar, hay áreas que simplemente se secaron”.
En el Salar de Atacama, el segundo salar más grande del mundo después del de Uyuni, en Bolivia, se encuentran más de la mitad de las reservas mundiales de litio. Un mineral no metálico que, en la actualidad, es el mejor componente para acumular energía con un enorme potencial para la industria automotriz, tecnológica y de almacenamiento de sistemas eléctricos.
Dichas reservas pertenecen al Estado de Chile y son explotadas principalmente por Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) un empresa privada que, desde 1993, mantiene un contrato de arrendamiento con la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO): agencia pública a cargo de la administración de las reservas de litio.
En enero de este año, SQM renovó su contrato hasta el año 2032 pudiendo quintuplicar su producción de litio. Ello, a pesar de que actualmente la compañía mantiene vigente un proceso sancionatorio por seis infracciones medioambientales.
Aunque dicho aumento en la producción no implicaría una mayor extracción del recurso, sino mejoras en el procesamiento, la continuidad de SQM en el Salar de Atacama preocupa a la comunidad científica y civil que, desde hace años, viene observando un avance en el deterioro de los ecosistemas de la cuenca del salar.
La desconfianza también ha encontrado eco en otros aspectos. Y es que la compañía y su controlador Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, han protagonizado el escándalo de corrupción más controvertido de los últimos años en Chile tras comprobárseles que financiaron, de manera ilegal, todo el espectro político chileno.
Este reportaje es el análisis de las infracciones ambientales de SQM y de una naturaleza resentida que, a pesar de todo, no ha podido demostrar quién es su verdugo.
Funcionamiento ecológico del salar
Casi 3000 kilómetros cuadrados, conforman el Salar de Atacama ubicado en el corazón del desierto más seco del mundo, en el norte de Chile.
Desde las cumbres de la cordillera, bajan las aguas por riachuelos subterráneos y por los ríos Vilama y San Pedro. Como una calle sin salida, confluyen hasta las puertas del gran salar donde son detenidas por las densas aguas saladas. Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas, explica que dos aguas de distintas densidades no se mezclan tan fácilmente, se desconocen a primera vista, como el agua y el aceite. Ahí quedan entonces, tímidas, las aguas dulces retenidas en lagunas, algunas más grandes, otras más chicas, coronando los bordes del salar.
Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, hábitat de variadas aves acuáticas como el flamenco Andino, el Chileno y el James. El primero vulnerable y los otros dos “cercanos a la amenaza” según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estas lagunas protegidas, declaradas sitio Ramsar, son el centro reproductivo más importante en el mundo entero de esta aves, famosas por sostener, sobre una sola pata, su cuerpo entero emplumado de rosado. Las lagunas son también el refugio de los tapetes microbianos, ecosistemas conformados por microalgas y bacterias que vieron nacer el origen de la vida en la tierra.
El sistema de vegetación Borde Este, por su parte, es “la zona más sensible del salar porque es por ese lado por donde vienen las aguas subterráneas o superficiales que confluyen hacia la cuenca del salar” explica Garcés.
Así, 18 comunidades indígenas habitan el salar de Atacama desde hace 6 mil años, beneficiándose de sus orillas de bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura. Trigo, zapallo, tomates y maíz crecen gracias a la concienzuda administración del agua que hacen comunidades como la de Camar.
Durante años SQM aseguró que, según sus estudios, las lagunas y el salar eran dos sistemas acuíferos impermeables, desconectados uno del otro. Sin un estudio que se contrapusiera, esa fue la verdad conocida hasta hoy que la empresa ha reconocido que sí hay interacción. En efecto, a través de túneles y cavernas subterráneas, las aguas dulces interactúan con las salobres del salar conformando un mismo sistema hidrológico por lo que “las extracciones de salmuera- o agua con sal- desde el salar, pueden afectar las lagunas” asegura Garcés.
La producción de litio
SQM extrae, desde el núcleo del salar y a unos 30 metros de profundidad, 1700 lts/s de salmuera rica en un 1,7% en litio. La salmuera, es depositada en pozas de evaporación entre 11 y 14 meses, tiempo después del cual se obtienen sales con un 6% en litio. Y es que “durante el proceso de extracción, por cada tonelada de mineral, se eliminan -vía evaporación- cerca de dos millones de litros de agua” explica Garcés. El material es embarcado entonces en camiones, hasta las plantas de procesamiento en la ciudad de Antofagasta, para terminar su purificación y obtener diferentes productos como cloruro de potasio, sulfato de potasio y ácido bórico.
Durante el proceso, se obtienen también sales de descarte, que no serán utilizadas, y que son acopiadas hidráulicamente en rumas de sal. Parte de esta salmuera es reinyectada de manera directa al salar y otra parte drena, de manera natural, hacia la napa recirculando al sistema. Sin embargo, el porcentaje de agua que se recupera es menor al 10% puesto que la gran mayoría se evapora explica Garcés.
Además, la producción de cloruro de potasio requiere de agua dulce por lo que SQM tiene derechos de aprovechamiento de este recurso, sobre cinco pozos en los bordes del salar.
En 2006, la autoridad ambiental otorgó un permiso para el desarrollo de un proyecto que buscaba aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde y aumentar el área de evaporación solar y de acopio de sales de descarte en el núcleo del salar.
Todo ello se haría con impacto nulo y el permiso, concretado en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), fue otorgado bajo esa condición. “El incremento en la tasa de bombeo de salmuera fresca seguirá una regla operacional, con la cual se asegura que el nivel del acuífero en los bordes del salar, donde se emplazan los sistemas ambientales sensibles, oscilarán dentro de su comportamiento histórico” señala la RCA.
Con la finalidad de evitar cualquier impacto ambiental, se contempló un plan de seguimiento para identificar la magnitud de las recargas, de las descargas y de una posible modificación del comportamiento natural de los sistemas.
Además, un Plan de Contingencia se activaría cuando el nivel de las lagunas alcanzara cierto umbral. Para ello, en la RCA se establecieron pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llegara al mínimo histórico registrado, se activaría una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo a fin de anticipar un potencial efecto y, en una segunda etapa, se reduciría el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según correspondiera. Por último, en caso de producirse cualquier impacto, se tendría que “suspender la ejecución operacional del proyecto de manera inmediata” señala la RCA.
Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente-organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales- inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado unilateralmente los niveles de activación del Plan de Contingencia. Eso implicó que “dicho plan no se activara cuando debía hacerlo” explica Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama y representante legal de la comunidad indígena de Camar.
La manipulación de los datos
Según señala la formulación de cargos redactada por la Superintendencia, en 2014 se constató que la empresa modificó los umbrales de los pozos de bombeo, así como los niveles de cotas de terreno y umbrales de activación del plan de contingencia, en al menos tres oportunidades. Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.
La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra SQM siendo lo anterior considerado como “gravísimo”.
Una querella criminal, actualmente en trámite, interpuesta por la comunidad indígena atacameña de Camar en contra de SQM, señala que “esta actuación ilícita fue realizada de manera manifiestamente dolosa, ya que tales alteraciones realizadas por los titulares de SQM fueron hechas de forma completamente unilateral y subrepticia, sin que estuviesen autorizados para ello por la autoridad medio ambiental”.
Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. También la “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos- uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto- sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”.
En efecto, en marzo del año 2015, la Superintendencia de Medio Ambiente junto a la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Agrícola Ganadero, realizaron una inspección en la que se constató “que la cantidad de sectores o parcelas sin vegetación en el sistema de vegetación Borde Este ha ido en aumento. Por otro lado, la riqueza de las especies ha disminuido en relación al año anterior, no obstante, la empresa no ha informado de esta situación a la autoridad ambiental”. De hecho, la formulación de cargos detalla que son 13 los algarrobos que se han secado durante la operación del proyecto, nada de lo cual fue informado por la empresa a la autoridad ambiental, como estaban obligados legalmente a hacerlo.
También se constató la afectación significativa de las variables de pH y salinidad del suelo advirtiéndose que “se ha pasado de un suelo moderadamente salino a uno fuertemente salino y un aumento en la alcalinidad del pH”.
Además, el documento señala que la empresa ha entregado información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables”.
En junio del 2013, cuatro meses antes de que se realizaran las primeras inspecciones que dejarían en evidencia todas estas infracciones, SQM obtuvo un permiso ambiental para aumentar en 700.000 toneladas su producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama.
Mongabay Latam revisó los documento y confirmó que para entonces la empresa ya había advertido un “aumento de algarrobos con baja cobertura de copa verde y estado de vitalidad seco”. Así lo señala un informe de monitoreo realizado por SQM durante abril del 2012.
En junio del 2013, la comisión de Evaluación Ambiental Regional aprobó a pesar de esto el proyecto de la compañía para aumentar su producción. Quien presidió dicha comisión y firmó el permiso, fue el entonces Intendente de la región de Antofagasta Pablo Tolosa, abogado de SQM entre 1998 y 2010.
Falta de pruebas
En respuesta al proceso sancionatorio iniciado en contra de SQM, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento -que aún no ha sido aprobado – para reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado en 2006.
Así, entre otras cosas, dicho programa se compromete a la “implementación de sistemas de monitoreo en línea, que permiten robustecer la verificación del cumplimiento de extracciones de salmuera y agua industrial”. Y adopta otras medidas como la detención inmediata de la extracción de agua desde uno de sus pozos.
Pero, al mismo tiempo, la empresa señala que el efecto negativo generado por la extracción de salmuera por sobre lo autorizado “resulta marginal”. Que “tiene un nivel de influencia mínimo (…) representa un aporte menor al 2% de los descensos observados, es decir, cerca de l mm, valor que sería incluso menor ya que dicha extracción adicional no se ha efectuado en forma permanente”. Así mismo, respecto al aumento de salinidad del suelo afirma que “queda absolutamente descartada la posibilidad de efectos negativos derivados de la infracción”.
La bióloga ambiental Carolina Díaz, gerente general de la consultora Amakaik, que se encuentra desarrollando un modelo ecológico para el Salar de Atacama, señala que “un programa de cumplimiento, que niega la responsabilidad de generar impacto producto de las infracciones, no puede ser un buen programa. Esto, dado que desconoce si las medidas propuestas serán realmente efectivas mitigando dichos impactos, ya que estos no están bien identificados y mucho menos están cuantificados.”
Aún así, la bióloga puntualiza que si bien “es muy probable que la empresa esté provocando daño, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.
Díaz se refiere a que las investigaciones, que hasta el momento existen sobre estos ecosistemas y los impactos de la industria, han sido realizados por SQM y les pertenecen. En efecto, “el peso de la prueba de no impacto está siempre en el mandante, no está en el Estado” explica Díaz. Y es que el sistema de evaluación ambiental considera que es el titular del proyecto el que periódicamente obtiene los datos ambientales, los analiza y entrega la información a la autoridad. Esta fiscaliza, “pero no hay una constatación empírica permanente de los datos obtenidos de la operación de esos planes y, en la mayoría de los casos, tampoco se cuenta con los datos brutos obtenidos para realizar un análisis independiente de ellos” señala la bióloga.
Al respecto, Barros señala que “en la medida que la información ambiental y social siga siendo tratada como privada, como propiedad de las empresas, no vamos a poder lograr encadenamientos productivos, sustentables y equitativos”.
De lo que sí se tiene certeza es de que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron” dice Garcés. De hecho, un estudio de la Dirección General de Aguas asegura que el principal acuífero de la sub-cuenca del Salar de Atacama ubicado en el sector Tilopozo-Pajonales se encuentra sobre explotado seis veces.
Manuel Salvatierra, presidente del consejo de Pueblos Atacameños, dijo a Mongabay Latam que “Los daños y afectación en la cuenca afecta directamente vegas, bofedales y fauna y con ello las actividades como el pastoreo de animales.”
Al mismo tiempo, se reconoce que los impactos en el salar son producto de una sinergia entre las diferentes empresas mineras que operan en la cuenca del Salar de Atacama. Se trata de las mineras de cobre Zaldívar y Escondida que juntas extraen 1613.5 litros de agua por segundo. La empresa Almebarle, también de litio, extrae 23 lts/seg de agua y 442 lts/seg de salmuera. Por último, SQM bombea 450 lts/seg de agua y 1700 lts/seg de salmuera. En total, son 2.086 lts/seg solo de agua dulce.
La situación del Salar de Atacama no es un hecho aislado. El salar de Coposa, en la región de Tarapacá, tampoco se libra de los problemas. De hecho, la autoridad ambiental también presentó cargos en contra de la minera de cobre Doña Inés de Collahuasi, que opera en la cuenca de este salar, por incumplimiento al monitoreo de avisafauna, el traslado de puntos de captación de aguas subterráneas y la ausencia de información en el seguimiento de la calidad de aguas y bofedales.
Además, “el salar de Michincha fue declarado por la Comisión Chilena del Cobre en situación crítica, al igual que el salar de Llamara” señala Barros. En este último, la autoridad ambiental también presentó cargos en contra de SQM por inclumplir las condiciones impuestas en su permiso. Los cargos, al igual que en caso del Salar de Atacama, dicen relación con la modificación de las medidas de mitigación establecidas en el permiso ambiental, afectando las lagunas mejor conocidas como Puquios, los que en idioma Quechua, la lengua de los pueblos de los Andes, quiere decir “vertientes de aguas cristalinas”.
La minera brasileña Vale omitió comunicar informes que hubieran podido evitar el colapso el 25 de enero de este año del dique de Brumadinho, que dejó 270 muertos y desaparecidos en el estado de Minas Gerais, afirmó una agencia gubernamental. El colapso del dique, liberó millones de toneladas de residuos mineros. Desde entonces, Brasil ha prohibido la construcción de nuevos diques corriente arriba.
La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.
La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.
12 de nov. Desde la medianoche de hoy, trece comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la transnacional ‘Glencore Antapaccay’, iniciaron un paro indefinido exigiendo al Estado haga valer su derecho a consulta previa. Se reportan bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.
La decisión del presidente peruano, Martin Vizcarra, de otorgar luz verde a un proyecto de cobre con un retraso prolongado, se está convirtiendo en una prueba clave de su capacidad para aliviar la oposición a la minería, que ha descarrilado miles de millones en inversiones en el productor número 2 del mundo.
Un derrame de relaves ha sido reportado en la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú (CRP) en Huancavelica, Perú, y los informes indican que los relaves se han metido en el río Mantaro.
El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.
El paro de 72 horas en el sur de Ayacucho convocado por el Comité de Lucha Interprovincial Contra la Contaminación Minera (que involucra a los frente de defensa de las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas), culminó hoy jueves con movilizaciones en las capitales de las tres provincias que acatan la medida de protesta en contra de la actividad minera en sus territorios -en especial en las cabeceras de cuenca- porque habrían contaminado fuentes de agua de cuencas como Huanca Huanca, Paucar del Sara y el rio Mirmaca.
Sociedad Química y Minera de Chile enfrenta cargos por seis infracciones ambientales en el Salar de Atacama.