Brasil

Brasil anula permiso para explotación de minería en la Renca

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas.

El gobierno de facto de Brasil decidió derogar este lunes el decreto que extinguía la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un área amazónica de 46.000 kilómetros cuadrados (el tamaño aproximado de Dinamarca), tras desatar fuertes críticas dentro y fuera del país suramericano.

«Estamos esperando últimos contactos con el ministro para ofrecer más detalles, pero de momento podemos decir que el decreto será derogado hoy (este lunes)», informaron fuentes del Ministerio de Minas y Energía.

La extinción, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía en marzo, permitiría la concesión para también la explotación minera de aproximadamente cuatro millones de hectáreas en South border y suroeste con Amapá el Noroeste de Pará.

De acuerdo a fuentes oficiales, el decreto anulatorio será publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión.

La Renca está situada en el norte de Brasil, en una región de la Amazonía entre los estados de Amapá y Pará; se creó en 1984, a fines de la dictadura militar (1964-1985) para proteger sus importantes reservas de oro, hierro, manganeso y tántalo de los intereses extranjeros.

Desde entonces había permanecido intacta, al margen de algunas pequeñas explotaciones ilegales; sin embargo, en agosto el presidente de facto Michel Temer autorizó por decreto que se eliminara el nivel de protección de la reserva para facilitar las inversiones de la industria minera.

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas, que argumentaban que la extinción de la Amazonía aceleraría el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación. También denunciaron que la decisión del gobierno brasileño causaría uno de los mayores retrocesos ambientales de su historia, impulsado por intereses privados y políticos.

Fuente:https://www.telesurtv.net/news/Brasil-anula-permiso-para-explotacion-de-mineria-en-la-Renca-20170925-0062.html

Ecuador

Consulta popular revive el debate sobre minería

Mediante resolución, el Concejo Cantonal aprobó ayer enviar al presidente Lenín Moreno una solicitud para que en la consulta popular, propuesta por el actual régimen, se incluya una pregunta sobre la suspensión de la minería en ecosistemas andinos en Cuenca y en el país.

La resolución fue aprobada por unanimidad después de un debate que duró aproximadamente tres horas, en el que los concejales escucharon a activistas por el agua y a colectivos que presentaron argumentos contra la minería.
Los ediles coincidieron en que es potestad de la población decidir si quiere o no la minería en los páramos, a través de una decisión informada, por lo que votaron a favor de enviar la pregunta al ejecutivo.

Posiciones
Los representantes del Cabildo por el Agua sostienen que tienen razones suficientes como para asegurar que la actividad minera puede afectar las fuentes hídricas que nutren de agua potable a Cuenca. Así lo sostuvo Margarita Arias, representante del colectivo.

Esto es refutado por Julio Castro, uno de los estudiantes de ingeniería en Minas que recorre los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco, como parte del trabajo que ejecutan las universidades locales para dar un criterio imparcial a la ciudadanía sobre la minería metálica en el Azuay.

La posición también es rechazada por un grupo de comuneros de Cochapamba y Río Blanco. Humberto Ochoa dirigente de una de las comunidades, asegura que las empresas mineras les han brindado ayuda social y trabajo. “Si quieren que la minería se vaya, entonces que nos den trabajo digno a todos nosotros primero”, exige.

Proyectos
El proyecto Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada, según el Ministerio de Minas, cuyo principal, Xavier Córdova, explicó que por ahora no habrá intervenciones mayores en el sector. Su proyección es de 27 años.
El proyecto Río Blanco está en fase de explotación y se calcula que tendrá una duración de 11 años, con una producción estimada de 800 toneladas por día. En el sitio ya se trabaja en la apertura de bocaminas, pero existe resistencia por parte de un grupo de comuneros.

Julio Castro, quien cursa el quinto año de Ingeniería en Minas en la Universidad del Azuay, asegura que en todas las visitas efectuadas a los proyectos se ha constatado, al menos por ahora, que se cumplen los parámetros de responsabilidad social y ambiental.

“La minería con la que se compara a estos proyectos, la que se da en Nambija o en Zaruma, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en el Azuay. Aquí hay una minería técnica y que cumple estándares que nos demuestran que se están haciendo bien las cosas”, asegura.
Tanto Castro como parte de los comuneros de Cochapamba y Río Blanco piden que la actividad no se frene sin argumentos técnicos, ambientales y jurídicos que respalden dicha decisión. (JPM) (I)

Fuente:http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/421763/consulta-popular-revive-el-debate-sobre-mineria

Colombia

Consultas en Santander y Quindío ponen en juego 23 títulos mineros

El boom de las consultas populares en contra del sector minero energético no para. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los tres meses que quedan del año hay una consulta cada mes.

El próximo en ir a las urnas es el municipio de Sucre en Santander. Allí, la pregunta que tendrán que responder los habitantes el próximo domingo 1 de octubre es si está o no de acuerdo con que en el municipio se realicen actividades de exploración y explotación minera y petrolera. Posteriormente, el 5 de noviembre los pobladores de El Peñón (también en Santander) se harán esa misma pregunta.

Pero, ¿cómo es el panorama minero en Santander? De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), actualmente en Santander hay 570 títulos vigentes, los cuales representan 6,99% de superposición en el departamento.
Visto por etapas, hay 24 en exploración, 102 en construcción y montaje, y 444 en explotación. De hecho, la producción en Santander proviene principalmente de Los Santos, Villanueva y Zapatoca para el caso del yeso; El Carmen de Chucurí, Landázuri y Albania, para el carbón; Vetas y California para el oro y la plata; Barrancabermeja, Girón y Landázuri para la arcilla; Bucaramanga, Curití y Pinchote, para las calizas; y Betulia, Piedecuesta, Barrancabermeja y Cimitarra para materiales de construcción.

Precisamente, según la entidad oficial minera, en Sucre, actualmente hay 11 títulos mineros vigentes (seis de carbón, dos de cuarzo, uno de materiales de construcción, uno de barita y uno de roca o piedra caliza). mientras que en El Peñón hay ocho (siete de carbón y uno de cobre).

Silvana Habib, presidenta de la ANM, señaló que “municipios con importante potencial minero como Sucre y El Peñón no pueden quedarse sin esta importante fuente de desarrollo. No pueden perder esta oportunidad de empleo formal, encadenamientos productivos e inversión privada al igual que sin insumos para sus obras de infraestructura”.

Entre tanto, el 3 de diciembre los habitantes de Córdoba (Quindío), también se medirán frente a una consulta en donde responderán a la pregunta de si están o no de acuerdo con el desarrollo de proyectos y actividades de minería de metales.

Allí, de acuerdo con la información de la ANM, hay cuatro títulos vigentes: dos para materiales de construcción y dos para arcillas, e incluso se han solicitado tres títulos en metales preciosos.

Es importante recordar que de acuerdo con Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), hasta septiembre se tiene registro de 96 consultas o acuerdos municipales.

Granada irá a las urnas el 22 de octubre

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el próximo 22 de octubre, los habitantes de Granada (Meta) irán a las urnas para responder si están o no de acuerdo con las actividades de exploración, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el municipio. Al respecto, Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, dijo que además de que las consultas generan preocupación en el sector, “es importante que el Estado no espere a los resultados sino que llegue antes de la mano de las compañías para que la población se dé cuenta que son aliados del desarrollo”.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/consultas-en-santander-y-quindio-ponen-en-juego-23-titulos-mineros-2552171

Mexico, Perú

“El M4 existe porque resiste” Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Caceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • Cuarto. En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

    En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que

    ¡Del Perú a Canadá la minería no va!

    Fuente:http://movimientom4.org/2017/09/el-m4-existe-porque-resiste-declaracion-del-iv-encuentro-del-movimiento-mesoamericano-contra-el-modelo-extractivo-minero/

Argentina

¿Y qué pasa si se van los rusos de San Jorge?

El Gobierno tomó una decisión respecto al proyecto y los inversores miran con desconfianza todo el proceso. En el sector minero temen que ahora sí termine de sepultar la minería en Mendoza.

Mañana arranca el foro de los industriales de Mendoza con la participación de importantes funcionarios actores del sector y el Gobierno. En ese encuentro discutirán qué hacer en la provincia con una matriz productiva que se quedó en el tiempo y que no creó nuevas industrias en dos décadas.

Mientras eso ocurre, y como mencioné en la columna de la semana pasada, paralelamente se define qué sucederá con San Jorge, el manoseado proyecto minero que pretende extraer cobre en Uspallata y que se ha convertido en un símbolo de la disputa por la actividad en Mendoza.

La Provincia ya decidió que vuelva a «foja cero» para su proceso administrativo en -según dicen- un intento de sacar la discusión de los extremos pro y anti mineros. Sin embargo, la decisión genera ruido en los inversores rusos que analizarán detenidamente la resolución del Gobierno provincial para decidir qué hacer. En palabras simples, van a decidir si se quedan o se van.

¿Pero qué implica que los rusos se vayan? En el sector temen que se cierre una puerta que no podrán volver a abrir.

Lo que se teje en Casa de Gobierno

Para sacar la resolución que le indica a San Jorge que debe iniciar de nuevo el proceso de para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), descartando la posibilidad de actualizar la que tenían aprobada, hubo largas discusiones entre las secretarías Ambiente y Minería y otros actores del edificio de calle Peltier. La cuestión es que en la repartición que encabeza Humberto Mingorance querían que todo volviera a hacerse de nuevo (incluidos todos los estudios técnicos que demoran años y que significan grandes inversiones). En Minería, en tanto, les señalaron que no era necesario tirar todo a la basura, porque hay estudios -como por ejemplo los geológicos y sísmicos- que no es necesario que sean desechados.

Según fuentes del Ejecutivo, después de varias discusiones -en las que incluso se involucró a Asesoría de Gobierno- se le pedirá a los inversores iniciar nuevamente el proceso (especialmente la base social que incluye las audiencias públicas) para darle un nuevo tratamiento al proyecto. Esto implicaría una nueva dilación que, de entrada, no cae bien en los dueños del proyecto (los rusos de Solway y Aterra). Para calmar esa molestia, en el Ejecutivo le propondrán hacer un mix entre el proyecto biprovincial y el que se archivó en la Legislatura y que consignaba la obtención de concentrado de cobre a través de un proceso de flotación en la provincia.

Aún con esa propuesta -todavía informal- sobre la mesa, la idea no genera la confianza suficiente en la gente de San Jorge, especialmente por los tiempos que implicaría y porque incluso podría ir más allá del período de Gobierno que aún le resta por cumplir a la actual administración. Además, ya tienen experiencia con promesas como las que les hicieron en la administración anterior y que quedaron en nada.

¿Quién pierde si se van los rusos?

En el Gobierno insisten que la decisión de iniciar el proceso para una nueva DIA no es para echar a San Jorge, sino para darle otro perfil a la discusión sobre minería, ya con una política provincial y el Pacto Federal Minero como marco para hablar técnicamente sobre el tema. Es que -dándole el favor a la administración actual- desde que se intentó hacer el proyecto el tratamiento del tema no pasó de la presión que sentían los políticos por los cortes de rutas (Cobos) o la posibilidad de perder votos (Pérez). Nunca hubo una discusión técnica que permitiera hablar de lo realmente importante.

Lo cierto hoy es que el proyecto San Jorge es el único en Mendoza que es posible realizar desde el punto de vista técnico, legal y financiero, faltando sólo la decisión política. Es el único en la provincia y uno de los pocos del país, de ahí que muchos actores locales y también nacionales consideren que una eventual partida de los inversionistas rusos sería un verdadero funeral para la actividad en Mendoza y un revés importante para el plan nacional minero.

Es que en una industria en donde todos se conocen, estas noticias corren rápido y no son positivas para la imagen que quiere dar la Argentina al mundo minero, especialmente en un período que la Nación busca inversionistas en China y otros países.

Si la evaluación que hará San Jorge de la resolución del Gobierno es negativa, se irán, pero sin descartar acciones legales que podrían traer dolores de cabeza para la administración provincial. De ahí que no sea un tema menor avanzar con la decisión de «empezar de cero».

De paso, en el Gobierno nacional no caería bien que, mientras la administración de Macri quiere atraer inversores, un grupo de ellos se vayan del país contando la «mala experiencia» vivida en Mendoza.

Para bien o para mal, dependiendo desde el punto de vista que se tenga, lo que parece cierto es que finalmente habrá una resolución para el futuro de la minería en la provincia. Es que los ejecutivos de la empresa minera pretenden tomar una decisión antes de que se cumplan cuatro años desde que compraron el proyecto, o sea en diciembre.

San Jorge y no hay más

Una caída del proyecto San Jorge sería sepultar a la minería porque en Mendoza existe ese proyecto y no hay más. La otra opción que existía era Potasio Río Colorado (PRC), un sueño que se derrumbó y que está muy lejos de reconstruirse.

Vale aún no tiene inversor para poder «echar a andar» el yacimiento en Malargüe y la empresa Mosaic, que compró la parte de fertilizantes de la minera brasileña, no está convencida aún de hacerse también del proyecto sureño. Los números no cierran con la tonelada de potasio a 200 dólares o menos, y aunque las cifras pudieran cuadrar, no lo pondrían en producción en el corto plazo.

Por ahora es la única opción de compra y aunque se diera, Mosaic la guardaría como una posibilidad para cuando el mineral vuelva a estar a un precio atractivo. En la actualidad hay un sobre stock de potasio en el mundo y, a menos que todo cambie de manera radical, la posibilidad de ver producción a PRC está muy lejos de ser real.

De ahí que el sector minero y otras industrias, estén atentas a lo que ocurre con un proyecto en particular. Ahora queda esperar a ver si los interesados en el desarrollo de la minería en Casa de Gobierno son capaces de convencer a los inversores. La administración provincial tomó una decisión respecto al proyecto y ahora los rusos deben decidir si la aceptan o le dicen adiós a Mendoza.

Fuente:http://www.mdzol.com/nota/756283-y-que-pasa-si-se-van-los-rusos-de-san-jorge/

Perú

Nativos peruanos demandaron a compañía minera

Perú.- Una familia de nativos de Perú demandó ante una corte federal en el estado de Delaware (Estados Unidos) a la compañía minera de oro más grande de América del Sur. Se trata de la estadounidense Newmont Mining Corporation, que opera en territorio peruano mediante de su filial Yanacocha.

Según reseñó el portal Actualidad RT, Máxima Acuña de Chaupe fue la promotora de la exposición judicial para denunciar la persecución que viene soportando su familia por parte de la compañía. Según la denuncia, la minera busca apropiarse de las tierras ancestrales de esta familia campesina en la región de Cajamarca para difundir su negocio.

La ciudadana peruana es representada por EarthRights International (ERI), una Organización No Gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos y la ecuanimidad ambiental.

Su conductor, Marco Simons, sustentó en un comunicado citado por Diario Correo, que la petición busca “contener la intimidación y la persecución contra la familia Chaupe, para que puedan vivir sosegadamente y cultivar sus tierras”.

De esta manera, puso de relieve “el acoso sistemático y los abusos físicos y psicológicos” llevados a cabo contra la familia por parte del personal de la compañía multinacional. Por su parte, Acuña de Chaupe agregó que pretenden “obtener el reconocimiento de los perjuicios que hemos encontrado”.

Los nativos contra las mineras y las petroleras

En Perú se han observado varios de estos conflictos durante los últimos años. La denuncia de Acuña de Chaupe resulta únicamente un modelo de una problemática que cruza toda la nación.

De hecho, la misma campesina ganó el año pasado el Premio Medioambiental Goldman por una querella contra la compañía Yanacocha en relación al plan Conga.

Sin embargo, eso se ha visto con el afamado emprendimiento conocido como Lote 192, que cuenta con el diecisiete por ciento de las reservas petroleras peruanas. Allí la Pacific Exploration & Production se encuentra en apremio con comunidades originarias que piden la cancelación de un resarcimiento por la explotación de sus tierras.

De hecho, han detenido la producción como manera de protesta para requerir una consulta ante una potencial nueva concesión y para reclamar medidas de protección ambiental.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-peruanos-demandaron-a-compania-minera-31-382997/

Mexico

Dejarán un “desastre” en el medio ambiente las mineras: Arzobispo

El Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios afirmó que la posible construcción de las hidroeléctricas en el río Los Pescados y la explotación de terrenos a través de la minería para sacar oro y plata, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en lugares cercanos a la central nucleoeléctrica Laguna Verde dejarán un “desastre” en el medio ambiente.

En la homilía de la misa de medio día, celebrada en la capital metropolitana el arzobispo hizo hincapié en que los feligreses deben buscar los caminos de Dios, porque se ha visto que se inclinan por el dinero, la riqueza, el placer, el poder, sin darse cuenta que estas acciones afectan la naturaleza.

“¿Cuáles son nuestros propios caminos? Buscar el dinero, la riqueza, el placer, el poder, y pensamos que eso es lo más importante y hacemos todo lo necesario por conseguir eso, no cuidamos la naturaleza”, expuso.

Citó como ejemplo de la búsqueda del dinero por parte de los ciudadanos, la construcción de las hidroeléctricas que dañaran del río en los municipios de Jalcomulco y La Antigua.

“Estamos ahí batallando con la cuenca del río Pescados, o del río La Antigüa que es el mismo, que nos quieren ahí hacer unas hidroeléctricas que gracias a Dios se han detenido, pero eso destrozar totalmente ahí el medio ambiente” expuso.

Sin citar nombres de empresas, el arzobispo refirió que los proyectos de exploración y posiblemente de explotación de la minera denominada «La Paila» y «El Cobre» desarrollados en los municipios de Alto Lucero y Actopan por las empresas transnacionales Candelaria Mining y Almaden Minerals dañarán el medio ambiente.

“Y la zona de por ahí de Palma Sola, con la minería, una minería, qué es lo que buscan, sacar el oro y la plata, que está a unos metros bastante profundas y usar lo que sea con tal de sacar eso después dejar el desastre”, indicó.

Citó que cerca de dónde se hace la exploración y posible explotación de terrenos para obtener metales preciosos, se encuentra la central nucleoeléctrica “Laguna verde”, por lo que de continuar con estas acciones en contra de la naturaleza se ocasionará un desastre.

“Ya tenemos suficiente con Laguna Verde, que la tenemos cerca y todavía si seguimos así destrozamos la naturaleza, contaminamos los ríos, no cuidamos el agua, fíjense como los caminos de Dios no son nuestros caminos, ojala rectifiquemos”, indicó.

Veracruz puntea en muertes

Mencionó que los caminos de Dios es hacer cumplir los 10 Mandamientos y uno de estos son los relativos al prójimo como amar y no matarás, sin embargo no se cumplen, porque hay un gran número de muertes.

“Empezamos a ver que ni eso cumplimos, porque vemos que vivimos en lo que se llama una cultura de muerte, porque no se respeta la vida, ni en el vientre materno, ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en las personas mayores, ni en los ancianos, donde quiera a veces se quiere acabar con las personas” expresó.

El arzobispo afirmó que en Veracruz hay un gran número de muertes, y lo dicen las estadísticas, en las que la entidad ocupa los primeros lugares en ejecuciones.

“Fácilmente tenemos violencia, inseguridad, tenemos demasiadas muertes, si revisan las estadísticas del estado, acerca de las muertes en Veracruz, siempre vamos punteando, quiere decir que no respetamos este mandamiento principal no nos queremos unos a otros”, finalizó.

Fuente:https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=131388&s=4

 

Colombia

Demandas contra el Estado en minas y energía suman 62 billones de pesos

El sector es el tercero en la lista con más querellas por número de procesos (5.612). La cuantía más alta se registra por daño ambiental.

as entidades que representan al sector minero- energético en el país tienen en su contra 5.612 procesos judiciales por demandas que, de llegarlas a perder, les representarían a los contribuyentes $62 billones.

Así se desprende del más reciente informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), al cual tuvo acceso Portafolio, y que señala que la razón más frecuente es la terminación de trabajo sin justa causa.

Sin embargo, lo que más llama la atención del documento es que los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.

Los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.

Las entidades que representan al sector minero- energético en el país tienen en su contra 5.612 procesos judiciales por demandas que, de llegarlas a perder, les representarían a los contribuyentes $62 billones.

Así se desprende del más reciente informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), al cual tuvo acceso Portafolio, y que señala que la razón más frecuente es la terminación de trabajo sin justa causa.

Sin embargo, lo que más llama la atención del documento es que los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.

Así, las querellas contra el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) representan el 18% del consolidado, según lo reporta la ANDJE.

“La industria de abogados dedicados a demandar al Estado usualmente ataca al sector, alegando responsabilidad estatal por temas ambientales. A esto también se pueden sumar las controversias contractuales”, explicó Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la citada Agencia.

TERCERO EN LA LISTA

El citado informe revela que por valor de pretensiones, el Ministerio de Minas y Energía es el tercero en la lista de entidades públicas con $53 billones, después del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, y por encima de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Transporte.

Así mismo, ocupa este lugar como el sector más demandado en el Estado, después del de Defensa y Hacienda. Solo supera al Judicial. El texto del estudio, también señala que dentro de los 25 procesos por querellas con alto costo, dos relacionadas con el sector minero-energético están entre los cinco primeros del escalafón: derrame de hidrocarburos en Coveñas (Sucre) por $16,8 billones y el cargo por confiablidad por $14,2 billones.

“El sector ha tenido éxito en 1.479 demandas por valor de $9 billones. Esto quiere decir que la industria minero-energética tiene una altísima tasa de éxito en su defensa judicial”, reiteró Vélez Cabrera.

LAS QUE MÁS DEMANDAN

Por su parte, dentro de las 10 empresas que han interpuesto más demandas contra la cartera de Minas y Energía, y sus entidades adscritas, están CBI Colombiana con 206 por más de $39.000 millones; Chivor S.A. E.S.P. con 54, las cuales representan $798 millones; y la Central Hidroeléctrica de Betania con 17 por valor de $138.000 millones.

También aparecen en el escalafón EPM, Meta Petroleum y Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar).

En una lista similar, pero que excluye a las empresas territoriales, además de las organizaciones anteriormente señaladas, aparece como demandante del Estado colombiano Pacific Stratus Energy Colombia con siete procesos, que representan poco más de $167 millones.

Con respecto a los procesos de mediación, hasta la fecha se ha logrado uno, y fue entre la ANM y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) por $287.000 millones.
Y en curso están los de Ecopetrol y Equion Energy (esta última, empresa petrolera con participación mayoritaria de la primera) con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por $1 billón. También el de ISA con el MME por $7.993 millones.

“El trámite de conciliación es un requisito procesal para muchas de estas demandas. En realidad, son muy pocas las conciliaciones, entre otras razones, por las pretensiones exageradas y sin sustento de los demandantes.

Sin embargo, con esta importante tasa de éxito, cabe preguntarse si la conciliación es el mejor camino”, dijo el director de la ANDJE.

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/demandas-al-estado-en-minas-y-energia-suman-62-billones-510006

Brasil

La guerra del oro en Brasil acaba con los indígenas

En la vasta región de la Amazonia de Brasil existen, en pleno siglo XXI, decenas de tribus que eluden al fenómeno de la globalización. No conocen los grandes inventos contemporáneos. Elementos tan cotidianos como los smartphones y el uso del Internet escapan del entendimiento de estos grupos que corren el peligro de que sus hogares, ubicados en el corazón de lo que se conoce como ‘el pulmón del planeta’, sean destruidos.

Los mineros de oro ilegales, conocidos en Brasil como garimpeiros, han cometido una “masacre” contra estos pueblos tribales con total impunidad. Según denuncia la ONG Survival International, la cual se define como un “movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales”, estos extractores de piedras preciosas son los responsables de la muerte de “más de una decena” de miembros de estas tribus aisladas.

La organización pudo averiguar estos asesinatos gracias a una “chivatazo”, según The Washington Post. Los mineros habrían acudido a un bar después del trabajo y allí se les escuchó jactarse de haber acabado con la vida de estas personas.

Los documentos elaborados por Survival International revelan que los mineros cortaron en trocitos los cuerpos de los miembros de la tribu para que no flotaran en el agua para después arrojarlos al río Jandiatuba. Posteriormente, los garimpeiros saquearon los objetos de valor, tales como joyas, de los asesinados, algo que ha servido como prueba para culparlos del crimen.

La indolencia del Gobierno

Actualmente, la Fiscalía está llevando a cabo una investigación relacionada con estos sucesos. Sin embargo, los activistas consideran que las autoridades brasileñas no están protegiendo a las comunidades tribales vulnerables de la actividad de la minería ilegal y explotación forestal, las cuales están destruyendo su hábitat.

Stephen Corry, director de Survival, ha dicho que el presidente Michel Temer y su gobierno «tienen una gran responsabilidad por este ataque genocida» si los informes se confirman. Del mismo modo, Corry señala que los recortes a la Fundación Nacional de los Indígenas de Brasil (Funai), organismo gubernamental encargado de proteger a estos pueblos, ha socavado la protección de las tribus.

«Los recortes en los fondos del Funai ha dejado a decenas de tribus indefensas contra miles de invasores mineros de oro, ganaderos y madereros- que están desesperados por robar y saquear sus tierras», ha explicado Corry.

La zona donde ocurrió la supuesta masacre se conoce como la “frontera aislada”, un área de la selva tropical que alberga a los pueblos más incomunicados del planeta. En la mayoría de los casos, estos grupos dependen del entorno natural para sobrevivir.

Fuente:https://www.elespanol.com/mundo/america/20170914/246725483_0.html

Latinoamerica

¿A cuánto asciende la cartera de proyectos mineros de la Alianza del Pacífico?

El bloque económico conformado por el Perú, Chile, México y Colombia tienen retos en común para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, señaló la SNMPE en Perumin

La cartera de proyectos mineros del bloque económico Alianza del Pacífico, conformado por el Perú, México, Chile y Colombia, asciende a US$252.372 millones para los próximos diez años, informó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En el marco de Perumin, el mayor cónclave del sector minero en el Perú, Luis Marchese, presidente de la SNMPE, dijo que las naciones de la Alianza del Pacífico comparten desafíos comunes para impulsar la actividad minera. Entre ellos, dijo, están la necesidad de fortalecer la institucionalidad, cerrar el déficit de infraestructura, evitar la sobrerregulación y trabajar juntos en lo que respecta a capital humano e innovación tecnológica.

«En la Alianza del Pacífico nos encontramos importantes países productores de metales del mundo, y unidos nos permitirá diseñar políticas conjuntas que permitan asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, tarea en la que deben estar plenamente comprometidos nuestros gobiernos», señaló Marchese.

Al detallar el potencial de inversión en cada país, el titular de la SNMPE dijo que el Perú cuenta con una cartera de 47 proyectos que comprometen inversiones por US$49.472 millones. De este total, el 64,7% corresponde a la extracción de cobre; 10,7%, a hierro; 12,8%, a polimetálicos; y a oro, 3,6%.

«Hoy el Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, cuarto de plomo y sexto de oro y estaño», destacó Marchese.

CHILE, MÉXICO Y COLOMBIA
La SNMPE indicó que Chile tiene para los próximos 10 años una cartera de inversión minera de US$65.000 millones en 47 proyectos mineros. El país sureño es el primer productor mundial de cobre, el segundo de molibdeno y el cuarto en plata.

En el caso de México, Marchese indicó que es el primer productor mundial de plata, quinto de plomo y zinc, octavo de oro y décimo de cobre. En dicha nación existen 55 proyectos mineros identificados que demandarían una inversión de US$130.400 millones.

Colombia, por su parte, espera captar inversiones que bordean los US$7,500 millones en los próximos cinco años, a fin de desarrollar este sector que tiene un alto potencial.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/asciende-cartera-proyectos-mineros-alianza-pacifico-noticia-459973