La bomba la destapó a fines del mes pasado el intendente Marcelo Marinero, jefe comunal de Iglesia, el departamento de San Juan en el que está la mina Veladero. Advirtió que en el municipio hay unos 3 mil desempleados sobre una población económicamente activa de 5 mil personas. Es decir que la desocupación trepa al 60%, lejos del discurso que reza que la megaminería genera prosperidad económica en las zonas en las que se desarrolla.
Con esa información a cuestas, Diario Huarpe hizo un relevamiento en los cinco municipios de San Juan con actividad minera: Iglesia, Calingasta, Jáchal, Sarmiento y Valle Fértil. Halló que el desempleo es, en promedio, del 25%. Sin embargo, no se puede comparar con la desocupación a nivel provincial, porque el último dato disponible, un 5,5% en el tercer trimestre de 2015 en la capital y el Gran San Juan, fue divulgado por el Ministerio de Economía en base a datos del INDEC kirchnerista. No es creíble.
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Una nutrida representación de los diferentes sectores que hacen vida en la Región Guayana, reunidos en la sede de la UCAB, han hecho circular un documento en donde razonan paso a paso su negativa a esta nueva imposición gubernamental. El decreto que firmó el presidente Nicolás Maduro se dirige directamente contra la sustentabilidad de la Región Guayana y contra los derechos fundamentales de los guayaneses. Y a favor, eso sí, de las trasnacionales de la minería.
En una marcha sin precedentes en Armenia, más de 10.000 personas recorrieron este viernes las calles de la ciudad con disfraces, pancartas y arengas en rechazo de la explotación minera en el departamento.
5 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE LA RED NACIONAL DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA SE PRONUNCIA
Desde los años 90 se viene intensificando el desarrollo de la Mega-Minería en el mundo. En esa historia América latina tiene mucho que contar. Montañas desaparecidas, ríos contaminados, poblaciones desplazadas, miles de muertos por enfermedades, paisajes y reservas naturales completamente destruidas, pobreza y miseria; son algunas de las consecuencias de la minería a gran escala, muchas de las cuales se mantienen luego de abandonar la mina por la culminación de su vida útil.
En Perú existen al menos 145 conflictos socioambientales, lo que representa más de 68 por ciento de la totalidad de conflictos sociales en el país. Este alto índice está asociado a las tensiones abiertas por proyectos extractivos impuestos por el neoliberalismo. Diversas autorizaciones estatales, a favor de empresas transnacionales y locales, han sido otorgadas al margen de la voluntad de las comunidades y pueblos afectados, han determinado una expansión de concesiones mineras que alcanza 20% del territorio nacional. Sólo en Islay, provincia en la que se desarrolla el proyecto Tía María a cargo de Southern Copper-Grupo México, más de 85% del territorio está concesionado a privados.
Una de las principales preocupaciones de las comunidades que protestan en Nariño en el marco de la minga indígena está relacionada con el territorio y de manera particular con la gran minería la cual es rechazada de manera tajante por las comunidades asentadas en Nariño.
La minería no es una opción de progreso ni desarrollo para el país, ni por la inversión ni por la ganancia que significa para el gobierno, afirmó Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) Guerrero.
Casi 20 años después de uno de los mayores desastres ecológicos de Europa, varios responsables de Las Cruces se sentarán en el banquillo acusados de un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente.
El pasado viernes, diversas instituciones, organizaciones y redes de sociedad civil instaron a los candidatos presidenciales, a través de un pronunciamiento, asegurar la continuidad de la aplicación de compromisos internacionales respecto a la transparencia en el sector extractivo.