Mediante decreto supremo, el Gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en tres distritos de la provincia de Cotabambas (Apurimac). Se trata de los distritos de Mara, Chalhuahuacho y Haquira, en donde la población mantiene bloqueada la carretera del Corredor Minero desde hace dos semanas. Los manifestantes pertenecen a las comunidades campesinas de Pitic, Miraflores, Pisaccassa y Congota.
Con la medida quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, y libertad de reunión y de tránsito.
La mañana del martes se había informado que la empresa Minera MMG Las Bambas y el MTC habían llegado a acuerdos con representantes comunales, incluyendo la formación de una comisión técnica que evalúe si la empresa minera debe efectuar el pago de compensaciones a las comunidades por posibles desviaciones o ampliaciones ejecutadas en la vía.
Como se recuerda, desde el 7 de agosto se informó que seis comunidades mantenían esta medida de protesta reclamando el pago de derechos de servidumbre por el uso de la carretera que cruza sus territorios.
El uso de esta ruta por parte de la empresa MMG Las Bambas para el transporte diario del mineral es consecuencia de la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental y las negociaciones originales con las comunidades, que contemplaban el uso de un mineroducto. Como han denunciado los pobladores anteriormente, el tránsito ininterrumpido de vehículos pesados viene generando impactos por la polvareda, el ruido, la accidentabilidad, la vibración, entre otros.
Dicha vía empieza en el pueblo de Chumille, en el distrito de Challhuahuacho, atraviesa el distrito de Mara y termina en el límite con la provincia de Chumbivilcas, en Cusco.
Esta carretera fue también la causa del conflicto que estalló en 2016, cuando la represión a la protesta social causó la muerte del comunero Quintino Cereceda por impacto de bala en la cabeza. En ese momento las protesta fue protagonizada por las comunidades de Quehuira, Choquecca, Allahua y Pumamarca.
Desde el conflicto de octubre pasado, el gobierno ha declarado la emergencia una y otra vez, manteniendose suspendidas las garantías constitucionales en las zonas aledañas a este,uno de los principales proyectos mineros del país.
La estrategia de declarar Estado de Emergencia ante cada conflicto no solo no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población, sino que agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes sociales.
Continúa cerrada la vía a pesar de la declaratoria de Estado de Emergencia. La empresa ha pedido la liberación de la vía para iniciar el diálogo, pero las comunidades no ceden porque consideran que las mesa de diálogo no han funcionado. Si se logra primero acuerdos concretos, liberaran la vía.
16 de agosto de 2017
Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/16/08/2017/alerta-nuevo-estado-de-emergencia-en-cotabambas
Vecinos de la minera Carmen de Andacollo aseguran que muertes por contaminación han aumentado, pese a que las cifras oficiales indican que niveles de polvo en suspensión bajaron.
ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería y más de 15 autoridades comunitarias, organizaciones sociales y organismos civiles, se pronuncian contra las Zonas Económicas Especiales y sus megaproyectos extractivos, como son los mineros, gasoductos, maquiladoras, REDD, eólicos, presas hidroeléctricas, etc. Por su ya comprobados daños ambientales, sociales, económicos y culturales, que afectan directamente la vida de los pueblos que habitan los territorios que intentan explotar.
Los participantes son pobladores de las comunidades de Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y San Isidro, en donde la empresa tiene concesiones para llevar a cabo proyectos de minería.
El diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente contra Almaden Minerals, para suspender las actividades mineras que atenten contra los derechos de la población y obligar a Almaden Minerals a que repare los daños que ha causado en la región de Ixtacamaxtitlán. La propuesta fue formulada por el diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva.
Hoy es la Sesión Descentralizada del Consejo Regional de Puno, esta vez se realizará en el distrito de San Antón de la provincia de Azángaro y es el Gobierno Regional de Puno la instancia que deberá informar todas las acciones ejecutadas para remediar la contaminación de la cuenca ramis.
La guerra contra la minería ilegal ha dejado maquinaria decomisada, cierre de minas y dificultades para la comercialización que aquejan a los municipios del Bajo Cauca Antioqueño cuya población vive en mayoría de la extracción de minerales.