Internacional

La mina de litio de Cáceres quedaría a menos de tres kilómetros del núcleo urbano

Autor: Paco Córdoba Gutiérrez , El Periódico Extremadura.

Teme que se contamine el aire y el agua, anuncia movilizaciones y pide información sobre el proyecto. Salvemos la Montaña, conformada por personas y colectivos, dice que el proyecto incumple el PGM.

España.- No quieren una mina a cielo abierto en la Sierra de la Mosca. La plataforma Salvemos la Montaña, que se presentó ayer de forma oficial y está formada por personas y diferentes colectivos, nace con la intención de parar el proyecto minero de extracción de litio en Valdeflores a cargo de Tecnología Extremeña del Litio, empresa con un capital mínimo y domicilio fuera de Extremadura creada ex profeso para este proyecto por Valoriza Minería-Sacyr y Plymouth Minerals.

En ese sentido, Salvemos la Montaña puso sobre la mesa una serie de factores que, a su juicio, hacen incompatible el mencionado proyecto con la ubicación elegida en la Sierra de la Mosca. En primer lugar, el portavoz de la plataforma, Eduardo Mostazo, denunció la cercanía a la que quedaría la mina del casco urbano. «No existe en el mundo un caso como este, en el que se pretenda instalar una actividad altamente agresiva a menos de 3 km de un núcleo urbano tan importante como Cáceres», señaló

Mostazo, que reveló que tanto el aire como el agua podrían ser víctimas de contaminaciones viéndose amenazadas infraestructuras vitales como el embalse del Guadiloba, la depuradora de agua potable, el hospital o el Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón. Todo ello sumado a la «destrucción de un paisaje único» con un «horizonte de restauración, cuanto menos, incierto» que difícilmente podría compensar la creación de puestos de trabajo «precarios y con riesgos para la salud», los cuales perjudicarían a su vez a «iniciativas profesionales y empresariales agrícolas y ganaderas productoras de alimentos de calidad cada día más demandados», añadió Mostazo. No obstante, en ese sentido, Luis Fernando Figueroa, presidente de la asociación vecinal Residencial Universidad y miembro de la plataforma, hizo hincapié en que «si se van a crear puestos de trabajo para los cacereños, queremos saber qué número y por cuánto tiempo», apuntó.

MOLESTIAS

Además, el portavoz de la plataforma expuso también las molestias e incomodidades que han supuesto ya los trabajos acometidos en la zona, «con barrenados, vibraciones y ruidos las 24 horas del día en terrenos privados –en ocasiones incluso sin permiso para acceder–, con movimientos de maquinaria pesada que han roto caminos públicos que habían arreglado los propios vecinos y con el destrozo de los recursos naturales y culturales del valle del Arroyo Valhondo. Concretamente, arranque de vegetación autóctona, agresiones a la fauna, desbroces y podas indiscriminadas y desmontes para apertura de caminos».

Para tratar de movilizar a la ciudadanía, la plataforma ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través del popular portal online www.change.org, donde al cierre de esta edición la petición acumulaba cerca de 600 firmas.

«ABSOLUTO RESPETO»

Por su parte, la alcaldesa, Elena Nevado, señaló ayer que el ayuntamiento mantiene un «absoluto respeto» a la legalidad y que están «totalmente» de acuerdo en que hay que respetar la calidad medioambiental de la ciudad. Al ser preguntada por la polémica que ha generado el proyecto minero, Nevado señaló que el consistorio estará «al lado» de los vecinos y de las reivindicaciones que velan por este tipo de cuestiones, aunque manifestó que, «siempre que se cumpla la ley, van a apoyar este tipo de iniciativas».

La regidora cacereña señaló que la competencia en materia de minas es de la Junta, si bien, también quiso mandar un «mensaje de tranquilidad» a los vecinos, al tiempo que afirmó que actualmente se exige un plan de reposición de la zona y que, por lo tanto, si el proyecto sale adelante, el cual, a su juicio «es muy interesante» desde el punto de vista económico, van a pedir este plan para saber cómo quedaría después la zona y cómo se va a reponer el entorno.

No obstante, Mostazó argumentó que, por los antecedentes que conocen de este tipo de proyectos, «nos parecemos a casos como a Andalucía», con lo que se mostraron conocedores del «riesgo» que entraña y de las «dificultades» para la recuperación de la zona. Asimismo, también manifestó que el consistorio «sí tiene responsabilidad» ya que este proyecto afecta al Plan General Municipal (PGM). En 2016, Tecnología Extremeña del Litio recibió permiso para hacer investigaciones en dos cuadrículas mineras. Según señalaron ayer fuentes del ayuntamiento, la licencia del consistorio era de obra menor y con el fin de realizar catas. Este año, la empresa recibió autorización para investigar en 45 cuadrículas más.

«Hay movimientos de tierra y destrucción de arbolado cuando en el PGM se dice que si afecta a suelo urbano no se pueden desarrollar actividades extractivas a menos de 2 km. Y en este caso, en el entorno de la Sierra de la Mosca, existe suelo urbanizable, concretamente a ambos lados de la carretera de Trujillo, el cual está a menos de 2 km de las dos primeras cuadrículas que se aprobaron para investigar. Ya si tenemos en cuenta las 45 nuevas cuadrículas concedidas, la preocupación es mayor», reveló el portavoz de la plataforma.

Por todo ello, Salvemos la Montaña, que anunció que fomentará que se lleven a cabo movilizaciones y realizará campañas de concienciación para la ciudadanía, se posiciona en contra de la mina de litio en Valdeflores e insistirá en su petición para recibir información sobre el proyecto minero. De hecho, ya la han solicitado pero hasta ahora no han obtenido respuesta. «Ni los dueños de las fincas afectadas saben lo que se va a realizar», concluyó Mostazo.

 Fuente:http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/mina-litio-caceres-quedaria-menos-tres-kilometros-nucleo-urbano_1033684.html
Perú

Tribunal Constitucional podría ocasionar que mineras no sean fiscalizadas por OEFA

Autor: Redacción Muqui org.

CON FALLO FAVORABLE A PERUBAR

  • Eventual resolución favorable a minera Perubar costaría al Estado unos 200 millones de soles
  •  Hoy en día existen 70 procesos contra el aporte para el organismo
  •  Aporte por regulación que recibe OEFA está amparado en cuatro leyes y por la Constitución

Otro golpe al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA). Ahora el Tribunal Constitucional (TC) decidirá si el Estado deberá devolver S/ 200 millones de soles de Aportes por Regulación (APR) que esta entidad ha recibido en los últimos tres años, así como la exoneración de este pago –a futuro- en favor de las empresas mineras y extractivas en general.

Y es que la demanda de la empresa minera Perubar, en contra del Decreto Supremo N° 130 -2013-PCM por el cual se establecen los porcentajes APR, podría generar un “efecto dominó” que perjudicaría los recursos económicos con los que OEFA cuenta para realizar sus actividades de supervisión y fiscalización ambiental.

Esta situación, que el TC debe resolver en los próximos días, fue analizada este 10 de agosto, durante el evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”.

Henry Carhuatocto, Presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), aseguró que funcionarios de OEFA le brindaron la cifra de unas 70 acciones judiciales (de amparo) que –a la fecha- han emprendido las empresas mineras para cuestionar este tributo. Perubar está a la cabeza.

“El único aporte que tiene OEFA es el APR, puesto que el dinero recaudado producto de las multas –a causa de sanciones impuestas- regresan al tesoro público. Las multas –de OEFA- no son recursos ordinarios, ello lo dice la Ley N°30230 que aún sigue vigente”, resaltó el abogado.

APR respaldado por leyes

Carhuactocto Sandoval citó que en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente se señala que: “el costo de acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación y eventual compensación –relacionada con la protección del Ambiente– del impacto negativo de actividades humanas, deben ser asumidos por los causantes de dicho impacto”.

Además, expuso que el Aporte por Regulación se creó en el año 2000 (mediante Ley N°27332), y no mediante decreto supremo, como argumenta Perubar ante el TC, ya que el artículo 74 de la constitución indica que los tributos se crean mediante ley.

“Ningún tributo puede imponerse si el Congreso de la República no lo crea mediante ley, esto corresponde al principio de reserva de ley en materia tributaria. Son cuatro leyes (N°29951, N°30011, N°30115 y N°30282) que apoyan y sustentan que OEFA es el acreedor tributario (quien debe cobrar) el APM en el sector minero. ¿Dónde está inconstitucionalidad?”, cuestionó el letrado.

De igual modo, recordó que el OSINERG se convierte en OSINERGMIN (2007) y se hace cargo del APM, así como de las obligaciones socioambientales. Un año despúes (mayo 2008) se crea MINAM y luego OEFA a la que se transfiere estas funciones y este aporte, es decir se convierte en acreedor tributario.

Contradicción del sector minero

La demanda de Perubar no cuestiona leyes, pero sí el D.S. N°130-2013-PCM, dispositivo legal al que señalan como autor del APR que es “ilegal” y “confiscatorio”. Aun cuando el decreto se basa en las leyes y la Ley de organismos reguladores.

Este fue el argumento que INDECOPI le rechazó a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el 2014 (resolución N° 0425-2014/CTP INDECOPI) y en donde reclamaron que el APM es una “barrera burocrática” para ingresar al mercado, y por ser una “alta tasa” que les impide ser competitivos.

Luego el sector, presenta una acción popular ante el Poder Judicial, y la Corte Suprema de Justicia también resolvió que el APR es legal. Es así que ahí recurren TC, el único que falta pronunciarse.

Otros argumentos

El presidente de IDLADS también indicó que con menos del 1% de su facturación anual (0.11%), el APR no es confiscatorio, tal como señala la SNMPE y Perubar. “Ni que fuera el 60% que perjudicaría el capital de una empresa. Además, lo que el sector minero olvida es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también recibe un APM desde 1992 desde las empresas eléctricas, aun cuando no es un organismo regulador”, puntualizó.

Empujan a que mineras se “autorregulen”

A su turno, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que al no haber recursos para OEFA, el Estado se podría ver obligado a disponer que las empresas realicen sus procesos de autorregulación. “Las empresas no puede fiscalizarse solas y luego pasar los informes a OEFA para decir que no contaminan y todo está conforme, cuando muchas veces no es así. A esto nos lleva esta acción llevada al Tribunal Constitucional por Perubar”, remarcó.

Asimismo, mencionó que OEFA no cuenta con recursos suficientes, de por sí, para hacer una fiscalización y supervisión adecuada, ni alcanzar a todas las mineras durante las etapas “secas” y húmedas” (tiempos de lluvia) del año.

“Con el posible retiro del aporte, ¿cómo se podría supervisar y verificar que se cumplen las exigencias de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en campo? ¿Cómo se quiere que luego no se generen impactos ambientales y en la salud de las personas?”, aseveró.

Otra situación referida por Jahncke Benavente es que OEFA da a conocer “cronograma de supervisiones” y fija reuniones de “coordinación previa” (a la fiscalización) con la empresa. Pese a que estos procesos deben ser inopinados.

“No solo se trata de defender los recursos del OEFA, sino que cumpla bien su rol”, apuntó.

Peligro de mayores conflictos sociales

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recordó que la Defensoría del Pueblo ha reportado 177 conflictos sociales (julio 2017), de los cuales el 73.4% son por temas ambientales. Lo cual indica que la necesidad de contar con mecanismos e instituciones fuertes, como el Ministerio del Ambiente y el OEFA.

“Hacemos un llamado al TC para que tenga una opinión mucho más amplia con la documentación y sustento técnico que desde DAR les hemos hecho llegar. Se trata de tener inversiones, pero que sean sostenibles con el cumplimiento de las reglas ambientales, y así garantizar derechos. Esa es la finalidad”, apuntó.

Objetivo político, no constitucional

Por su parte, Paul Maquet de CooperAcción, comentó que la demanda de inconstitucionalidad de la empresa PeruBar está enfocada en “desfinanciar” a OEFA, y no en el APR que tiene 17 años de existencia.

“El objetivo no es cautelar un derecho constitucional. Esta demanda es política. Ello forma parte de una lógica que ‘contrapone’ regulación ambiental con crecimiento económico. Cuando la regulación ambiental reduce costos, de remediación, así como económicos y sociales”, acotó.

Celeridad a favor de Perubar

Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), evidenció la rapidez con que “prosperan” las demandas de las empresas extractivas en el Poder Judicial y el TC.

“Resulta inaudito ver con qué rapidez ha avanzado el proceso. En menos de tres años ya llegó al TC. A comparación de las demandas presentadas en casos como el de Arboleda (Puno) y Cuninico (Uraninas, Loreto), en donde comunidades andinas y nativas siguen esperando que sus demandas presentadas ante el TC sean atendidas desde el presentado demandas ante el TC desde el 2011 y 2015, respectivamente.

DATO:

  • El evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”; por organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), CooperAcción, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDH), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la RED MUQUI.
  • Perubar S.A. forma parte del Grupo Glencore y fue constituida el 31 de octubre de 1957. Hoy en día desarrolla principalmente operaciones logísticas de almacenamiento, mezcla, acondicionamiento y embarque de concentrados de minerales a empresas del sector minero, vinculadas y de terceros.
  • Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/618-tribunal-constitucional-podria-ocasionar-que-mineras-no-sean-fiscalizadas-por-oefa
Argentina

Las mineras de San Juan están en “zona protegida” y violan la Ley de Glaciares

Autor: Alejandro Gamero, Diario Uno.com
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold , Veladero-Jachal

Acusan a un científico mendocino de favorecer a la Barrick Gold . El juez federal Sebastián Casanello imputó a Ricardo Villaba. El magistrado entiende que la mina de Veladero contamina glaciares.

Las minas sanjuaninas Veladero, que protagonizó tres derrames de solución cianurada en 2015, y Pascua Lama (proyecto binacional con Chile) están apostadas y operan en una zona prohibida por ser área de glaciares.
Así lo concluyó el juez Federal de Buenos Aires Sebastián Casanello, quien por esa razón imputó penalmente a siete ex funcionarios nacionales, entre ellos, al científico mendocino Ricardo Villalba, ex director del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), cuya sede central nacional está en Mendoza.
El juez federal sospecha que el científico mendocino, a cargo del Ianiglia en 2015, dejó fuera del Inventario Nacional de Glaciares a aquellos de menos de una hectárea, contradiciendo la ley 26.639 de Protección de Glaciares, para adaptar la normativa a las necesidades de la Barrick Gold, la minera que explota ambos emprendimientos de extracción de oro, plata y cobre.
Trae los dichos de los especialistas que hicieron el relevamiento, quienes dijeron: «Inventariaron miles que luego tuvieron que borrar por ser menores a una hectárea».
Sin vueltas y para empezar, el juez expresó: «La limitación de una hectárea, no solo se aparta del texto de la ley 26.639, sino que, a priori, contradice el objetivo de asegurar la más amplia protección. Es arbitraria».
El magistrado imputó a todos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También intimó al actual ministro de Medio Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, a elevar un informe en el plazo fatal de dos meses, recordando que esa cartera tiene las facultades para cerrar las minas o trasladarlas, si operan en una zona que está protegida.
La novedad la dio a conocer en Mendoza el abogado Marcelo Romano, quien señaló que junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas, que incluye a la Asamblea de Jachal contra la minería, impulsaron esta denuncia ante Casanello.
Romano precisó: «El Inventario Nacional de Glaciares tenía que contar con la totalidad de ellos, pero en 2010 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner intimó al Ianiglia a sacar una resolución que decía que los glaciares de menos de una hectárea no serían incluidos y por lo tanto, no quedaban protegidos, permitiendo operar a las mineras».
«Por esto imputó a Villalba y por los derrames y la falta de control –continuó– a seis ex funcionarios nacionales de Medio Ambiente».
Además de Villalba, los otros acusados son Patricia Gandini, Carlos Corvalán, Eugenio Breard, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso.
¿Resolución a medida?
Haciéndose eco de los testimonios tomados en la causa a los autores de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y a los científicos que asesoraron al Ianiglia para la realización del inventario que aún no está terminado, el juez Sebastián Casanelo fue claro: «Pascua Lama y Veladero están en la zona protegida por la ley».
El magistrado indicó que al no inventariar el Ianiglia los glaciares de menos de una hectárea «que son el 90% de ese patrimonio natural en San Juan», dejó sin protección la zona periglacial, que rodea los glaciares»
Esta es fundamental para la subsistencia de la otra. Así lo destacó en la causa la ex legisladora nacional y autora de la ley Marta Maffei: «El ambiente periglacial es el freezer del glaciar. Sin el anterior, el glaciar acelera enormemente su derretimiento y destrucción. Por eso son importantes y deben ser inventariados».
Un informe del Ianiglia a partir de la colaboración del científico Cristian Villareol explica que la zona periglacial está entre los 3.500 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por encima de ese techo es zona glaciar. Veladero está en los 4.000 metros y Pascual Lama opera entre los 3.700 y los 5.000 metros.
El otro autor de la ley, el ex legislador Miguel Bonasso fue durísimo con el Ianiglia que dirigía Villalba y sentenció ante el juez: «El concepto que da el Ianiglia del ambiente periglacial se fue deformando. La definición se acopló a las necesidades de la Barrick Gold. Veladero tiene el valle de lixiviación justo en el ambiente periglacial. La peor parte del proceso de extracción de minerales, está en una zona protegida por la ley».
La lixiviación referida por Bonasso es la etapa del proceso en que se utiliza cianuro con agua para despegar el oro y otros metales de la roca.
Por último, el juez Casanello le reprochó al Ianiglia no haber concluido con el inventario de glaciares que está al 45%.
Desde el instituto, su director, Fidel Roig, indicó: «El inventario ha tenido avances y estancamientos» y destacó: «La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Ianiglia cumplió en tiempo y forma con lo dictaminado por la ley».
Fuente:http://www.diariouno.com.ar/pais/acusan-un-cientifico-mendocino-favorecer-la-barrick-gold-20170810-n1449089.html
Nicaragua

Tensión por presencia policial en Mina la India

Autor: Elizabeth Romero, La Prensa
 Bajo tensión por la presencia de miembros de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, permanecen pobladores de Mina La India, desde hace ocho días. La Policía fue enviada en respuesta a un plantón promovido por la comunidad que rechaza labores de exploración de parte de la empresa minera Condor Gold.

Y aunque las autoridades locales de la Policía les aducen que la presencia es únicamente para resguardar las instalaciones de la empresa y la maquinaria de exploración, el coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, Olman Salazar, destaca que la situación “no es tan normal”. Esto porque los lugareños no están acostumbrados a ver en el poblado 150 antimotines en las calles.

“A todos nos preocupa que la Policía esté por acá, porque la verdad es que es normal de que vengan a dar
patrulla; pero no es normal que esté sitiado nuestro pueblo, que estén en permanente vigilancia por parte de ellos, y la cantidad y que son de la Dirección de Operaciones Especiales de Managua”, dijo Salazar.

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, señaló que el Estado no solo otorga la concesión a la empresa minera sino que garantiza la represión.

El problema de fondo, a criterio de Carrión, es la explotación a gran escala y el eventual desplazamiento que esa actividad provocará y es a lo que se oponen los integrantes en el poblado, que afectaría a unas 500 familias.

“A nosotros nos preocupa porque no sabemos en qué momento pueda esto cambiar de rumbo”, expuso Salazar quien explicó que el plantón está en la salida de una calle que conduce al sitio donde tradicionalmente laboran los güiriseros, que “es poco concurrido” y por tanto no perjudican a nadie.

Abordan el tema

Este lunes representantes del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India sostendrán una reunión con el cura párroco de la localidad, para abordar el tema.

Olman Salazar afirmó que están dispuestos a escuchar lo que les planteará y ellos expondrán su posición.

El pasado 8 de agosto la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) , emitió un comunicado a través del cual instaba a recurrir al diálogo para expresar sus opiniones. Y menciona que la cámara está anuente a atender las diferentes posturas al respecto de la minería.

A través del mismo, Caminic señala que la empresa Condor Gold realiza trabajos de exploración minera en el país desde 2012.

Fuente:http://www.laprensa.com.ni/2017/08/14/nacionales/2279275-tension-por-presencia-policial-en-mina-la-india

Panamá

Piquete contra empresa minera que demandó a vecino que la denunció

Autor: Crítica.

Miembros del Frente Santeño Contra  la Minería piquetearon frente al Juzgado Primero del Circuito, en la provincia de Los Santos, para apoyar al ambientalista Basilio Pérez quien fue demandado por la empresa Minera Cerro Quema por haber hecho denuncias de irregularidades ambientales de esa minera. Héctor Cárdenas, abogado defensor de Pérez, indicó que al día de hoy aún no se le ha aprobado a la empresa Minera Cerro Quema el estudio de impacto ambiental categoría III y su concesión venció hace cinco meses.

Fuente: Crítica

Cárdenas manifestó que es necesario que la población santeña esté pendiente porque el proyecto minero en Quema de Tonosí se encuentra ubicado en la fuente de recarga hídrica de los río Estivaná, Tonosí y La Villa, que proporciona el agua para la provincia de Los Santos.

Argentina

Caso testigo de una comunidad organizada en defensa de sus ríos

Autor: No la a Mina

Un grupo de vecinos de Lago Puelo, Chubut, organizados en la asamblea en Defensa de la cuenca del rio Azul, logramos la atención de la justicia para llevar adelante un recurso de amparo con el  fallo de una medida cautelar sin precedentes en la región vigente desde hace mas de 10 meses.
Los rios Azul y Quemquentreu son objeto de una feroz degradación y destrucción de sus márgenes debido a la extracción de sedimentos que son usados por particulares para la venta y lucro de los mismos.Por Vecinos en Defensa de la Cuenca del Río Azul – Lago Puelo – Chubut

A lo largo de los últimos 15 años empresas de extracción, se instalaron  en sus márgenes,  usufructuando  de este bien público en perjuicio directo del medio natural, de su ecosistema, y de la cultura de sus habitantes, provocando asimismo un alto riesgo de grandes inundaciones, debido al desnivel del suelo, incrementado a partir de estas actividades.

Quien tiene la autoridad y salvaguarda de los ríos de Chubut es el Instituto Provincial del Agua, IPA,  quien no ha realizado control alguno a lo largo de estos años de depredación y saqueo.
Fueron muchas las denuncias y los reclamos durante mucho tiempo y recién el año pasado, el juez Guillermo Gregorio titular del Juzgado Único de Primera Instancia en lo Civil, Familia, Comercial y Laboral de Lago Puelo, dió lugar a un Recurso de Amparo y dicto una Medida Cautelar vigente hasta el día de hoy  que prohíbe cualquier actividad de extracción de material del rio hasta tanto el Instituto Provincial del Agua  presente los estudios necesarios y dé respuesta de la situación.
Estos hechos se fueron desencadenando ante la nula respuesta de los órganos provinciales quienes fueron intimados por los vecinos a través de carta documento, para lograr información sobre los permisos de extracción entregados a los particulares.

La situación del rio es tan evidente y desesperante  que la Municipalidad de Lago Puelo, quien en gestiones anteriores había mantenido un silencio cómplice, toma el reclamo vecinal y acompaña el trabajo llevado a cabo por los vecinos.

LOS VECINOS NO SOLO DENUNCIAN: PROPONEN

La asamblea de vecinos no se quedó solo con la denuncia. Presentamos un proyecto de ordenanza para crear el Ente Mixto para el Manejo y conservación de la cuenca del rio Azul, que compuesto por representantes del Ejecutivo Municipal, concejales, representantes vecinales, comunidades mapuche, representantes de parques nacionales y del IPA. La finalidad de este ente, inspirado en la participación democrática de los vecinos, es  lograr consensos para acciones comunes y toma de decisiones respecto al Rio. Fue aprobada por unanimidad, alcanzando así  otra meta, no realizada hasta el momento, propuesta a través de la iniciativa popular, que sienta en una mesa a todos los actores de la comunidad.

Rápidamente el Ente comienza su trabajo que consiste en un relevamiento en el campo recorriendo los 14 km de los ríos que están en el ejido de Lago Puelo hasta la desembocadura con el lago en el Parque Nacional, para constatar y hacer un informe in situ  del estado en que se encuentra. El IPA jamás participó de las acciones del Ente legitimado por ordenanza.

El relevamiento queda plasmado en un informe lapidario, que dio cuenta del estado de los agónicos ríos, y que además dejó al desnudo la inacción de controles por parte del estado y el desastre que han dejado los extractores de material. El informe llevo la firma del Ejecutivo Municipal, de todos los concejales, de representantes de las comunidades mapuche y de vecinos de la asamblea. Fue elevado al Juez Gregorio y forma parte de la causa.

Para ilustrar y demostrar  al juez la dimensión de la problemática, se necesitaba de un estudio técnico que apoyara el reclamo. Es así que la asamblea gestiona y consigue la colaboración del Licenciado en Geología Leonardo Ferro a cargo de la Cátedra de Geociencias de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad San Juan Bosco. El informe realizado por el geólogo confirma aún más el estado de desastre de la cuenca y le recuerda al estado provincial cual es su deber y obligación a la luz de la ley, puntualizando aspectos técnicos.

UN PLAN
Asimismo, los vecinos junto con el Geólogo, redoblamos la apuesta y le presentamos al juez un escrito con el detalle de una serie de consideraciones, sugiriendo al Instituto Provincial del Agua los procedimientos adecuados en cuanto a la normativa vigente para la  Gestión y el saneamiento de la cuenca del rio Azul

RECTA FINAL

Por estos días el juez llamara a audiencia y tendrá que dictar sentencia a la brevedad.
Se necesita una decisión urgente, no solo para el saneamiento de la cuenca, si no también, para comenzar con las medidas imperiosas e inaplazables de reparación de un medio herido de muerte que las generaciones futuras solo podrán ver en la foto de algún recuerdo.

VECINOS EN DEFENSA DE LA CUENCA DEL RIO AZUL – LAGO PUELO-CHUBUT

CONTACTOS:

Nora Corvalan  Tel 2944300321  mail: casiopea@elbolson.com

Daniel Zuliani    Tel 2944630110 mail: zulidaniel@gmail.com

Carlos Estrada   Tel 2944551873 mail: carlospuelo@gmail.com

Silvina Cingari   Tel 2944316881 mail: silcingari@elbolson.com

Emiliano Leonardi Tel 1136554068  mail:  emiliano.leonardi@outlook.es

Panlo Saludes          Tel 2944669216 mail: saludespablo@gmail.com

 Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/37383-caso-testigo-de-una-comunidad-organizada-en-defensa-de-sus-rios
Perú

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL SIGUE ALLÍ

Autor: Cooperacción.org.pe

Hace unas semanas nos preguntábamos qué significaba la caída atípica en el número de conflictos sociales que registró la Defensoría del Pueblo en los informes del último trimestre. Hoy, con la publicación del informe para julio de 2017, es oportuno volver a discutir si se trata de una tendencia que se mantendrá en el tiempo, o si por el contrario se trató de un tema coyuntural.

En una primera aproximación, las nuevas cifras de la Defensoría muestran que la tendencia a la baja no ha continuado. Tras haber reducido su número de 214 en enero a 177 en junio, en julio se registran nuevamente 177. Son tres los nuevos casos registrados, en tanto que dos se consideran resueltos y uno se consideró retirado por inactividad.

Pero el nuevo informe brinda algunos elementos que confirmarían que la aparente disminución de la conflictividad social puede entenderse como coyuntural. El dato más saltante es la movilización social: luego de que junio registrara un total de 87 acciones colectivas de protesta, este mes se registraron 200 acciones de este tipo.

Como vemos en el siguiente cuadro, este número casi duplica el promedio de protestas que se registró el año pasado, que fluctuaba alrededor de 100 casos mensuales. Esto nos habla de una mayor intensidad de la conflictividad social.

 

 

Otro elemento a considerar es que el número de conflictos socioambientales –que son la mayor proporción de los conflictos totales- no ha tenido una caída significativa y por el contrario presenta un leve repunte, habiendo crecido de 127 en mayo a 130 en el último reporte. De hecho, ha crecido levemente su peso en el total: si en enero eran el 67,3% de los conflictos, ahora representan el 73,4%.

 

De los conflictos socioambientales activos, los que se refieren a la actividad minera representan el 64% y los vinculados a hidrocarburos el 12,8%, explicando así el sector extractivo casi el 80% de los mismos.

En suma, nada indica que la tendencia a la baja esté vinculada con algún cambio de naturaleza más estructural o permanente, menos aún con alguna nueva estrategia implementada por el nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial. Por el contrario, según podemos observar con algunos casos recientes, la tendencia del Gobierno en sus declaraciones públicas sigue buscando deslegitimar las acciones de protesta. Decisiones recientes, como dejar en el limbo el ordenamiento territorial que permitiría precisamente una mejor gobernanza del territorio, con participación de las comunidades, o la flexibilización de reglamentos y estándares ambientales, abren por el contrario el espacio para nuevos desencuentros entre el Estado, las empresas y las poblaciones.

 

09 de agosto de 2017

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

 

Mexico

Mujeres del Soconusco piden a gobernador detener la minería

Autor: Redacción Chiapas Paralelo

Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio (en adjunto en .JPG) al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo”. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando “No a la minería”, “Fuera mineros de Acacoyagua”, con pancartas que decían “Sí a la Vida, No a la Mina”, “La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece”, “Nuestra sierra es verde y verde la queremos” y “El agua vale más que el oro”.

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/08/mujeres-del-soconusco-piden-a-gobernador-detener-la-mineria/

 

Colombia

El pequeño pueblo chocoano que tiene en jaque al alto gobierno

Autor: Redacción Semana.com

Esta es la insólita historia de cómo una demanda que comenzó en un municipio de 7000 habitantes tiene a las puertas de la cárcel a importantes funcionarios del Estado.

Cantón de San Pablo es un municipio del Chocó del que muy pocos colombianos han escuchado. Se trata de un pequeño y tranquilo pueblo de 386 kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 7.000 habitantes. Sin embargo, desde hace pocas semanas esa población es la protagonista de una insólita historia que tiene a las puertas de la cárcel a altos funcionarios del Departamento de Planeación Nacional -DNP- , Ministerio de Minas y Energía -MME-y la Agencia Nacional de Minería -ANM-.

El caso comenzó en 2009 cuando un poblador de Cantón interpuso una acción popular con el fin de amparar los derechos colectivos que, según él, se vulneraban producto de la minería ilegal en la zona. Cuatro años más tarde, en el año 2013 un juez de Quibdó profirió un fallo de primera instancia ordenando al MME y la ANM la construcción de un manual para identificar y controlar esas actividades en el municipio. Esas entidades apelaron.

Dos años después, en febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Chocó ordenó al MME y la ANM realizar un estudio sobre el impacto de la minería en el municipio particularmente “daños pasados, presentes y futuros”. Y dispuso que el Ministerio y la Agencia  debían contratar dicho análisis por la Universidad Tecnológica del Chocó. Al DNP el tribunal le ordenó otro estudio para determinar “el eventual costo de que por conceptos de regalías dejó de percibir debido a la minería ilegal”. Esta decisión de segunda instancia nunca le fue notificada al DNP.

A comienzo de 2016, la Universidad envió una propuesta a las entidades por un valor de 5.000 millones de pesos. Al evaluarla el Ministerio y la Agencia ven que no cumple con las mínimas especificaciones técnicas y que tiene serios vacíos. Se realizaron varias reuniones entre los funcionarios de esas entidades estatales y los representantes de las universidad para solucionar los inconvenientes pero nunca se llegó a un acuerdo.

El pasado seis de marzo el juzgado primero de Quibdó decidió abrir un proceso por desacato pues la universidad reclamaba que no le habían pagado los 5.000 millones. Ese juzgado ordenó sancionar a los representantes legales del Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería y Planeación Nacional con una multa de 35 millones de pesos cada uno o tres meses de cárcel por no haber girado los 5.000 millones.

El caso escaló al Tribunal del Chocó que modificó la sanción. Al funcionario del DNP se la bajó a 30 millones y a los otros se las aumentó a 50.

Para evitar pasar tres meses en prisión uno de los funcionarios del MME tuvo que pedir un préstamo bancario por para pagar la multa, lo que equivalía a casi cuatro meses de salario. Los demás optaron por no sacar dinero de su propio bolsillo y menos acceder a la pretensión de que las entidades que representan tengan que pagar los 5.000 millones.

El tema llegó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJ- hace pocas semanas. Un grupo de abogados analizó el caso y ante las evidentes inconsistencias e irregularidades asumió la defensa.  No es fácil entender por qué los jueces y magistrados de Chochó se empeñaron en que el estudio debía ser realizado únicamente por la Universidad Tecnológica de Chocó. Hoy el asunto está en que la ANDJ, en cabeza de Luis Guillermo Vélez,  ha presentado los recursos legales para suspender las órdenes de desacato y presentó acciones ante la Fiscalía, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura para investigar las sospechosas decisiones de los administradores de justicia del Chocó, lo cual debe resolverse en los próximos días. Por ahora la batalla entre un medida que nació en un pequeño pueblo chocoano tiene en vilo a tres altos funcionarios que no saben si pasaran varios meses en prisión por no dejar saquear las arcas del Estado.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/canton-de-san-pablo-el-pueblo-chocoano-que-tiene-en-jaque-al-alto-gobierno/535994

Colombia

COLOMBIA: Los dos municipios que se niegan a que la minería esculque sus tierras

Autor: HEIDI TAMAYO ORTÍZ , Entorno Inteligente

El Tiempo de Colombia / ?Cuenta una leyenda, que un minero quería tener mucho oro y ser muy rico. Un día le otorgaron un poder y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y, aunque tenía muchas riquezas, no podía comer ni tomarse un vaso de agua» Con estas palabras, Norberto*, un habitante del corregimiento de Palermo, en Támesis (suroeste antioqueño), describió la situación que no quieren vivir en su territorio.

Aunque es una versión transformada del rey Midas, propio de la mitología griega, refleja la convicción de muchos habitantes del municipio de no permitir que se desarrollen proyectos mineros en sus verdes montañas ni cerca de sus nacimientos de agua.

En Palermo, lugar que une a los municipios de Támesis y Jericó, se aprecia la naturaleza con una firmeza que se asoma en las paredes de los locales y las viviendas, los postes de energía y las palabras de los residentes. Tanto en Palermo como en la cabecera municipal de Támesis hay carteles que dicen no a la minería y sí a la protección del medioambiente.

Esta convicción no solo se respira, también quedó plasmada en papel con la firma del alcalde Iván Alexánder Zuluaga, quien sancionó un proyecto de acuerdo que el Concejo aprobó por unanimidad, a mitad de año, con el fin de prohibir la minería de metales en el territorio.

El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza la empresa Anglo Gold Ashanti en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó, a unos 11 kilómetros del casco urbano. Aunque el proyecto está propiamente en Jericó, también cobija territorio del vecino Támesis.

Habitantes de un lugar y otro dijeron que la empresa hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Sin embargo, Anglo Gold Ashanti aseguró que de las casi 100 perforaciones hechas en diferentes puntos del título minero, todas fueron recuperadas ambientalmente en sus plataformas de perforación.

Asimismo, la compañía aclaró que»estudios hidrogeológicos de la zona evidencian que en Jericó no hay acuíferos ni rutas subterráneas de agua, ya que la roca es tan sólida que impide que este fenómeno natural ocurra»

Contrario a Támesis, donde hay mayoría en contra de la minería, en Jericó las opiniones están divididas. Allí, el Concejo también aprobó el acuerdo para prohibir esta actividad económica, con seis votos a favor y cinco en contra, y el alcalde lo sancionó en julio pasado. También en este municipio de casas coloridas y cuna de la santa Madre Laura pueden verse afiches en paredes y postes con mensajes de rechazo a la minería.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, coordinador de la mesa ambiental del municipio, la negativa está basada en que nunca han tenido vocación minera sino cafetera, si bien también se cultivan otros productos como la grupa, el plátano, los cítricos y el aguacate. Además, están convencidos de que con la minería, aun responsable y legal, los efectos sociales y medioambientales serían nefastos.

«No queremos perder nuestra tradición agrícola, los recursos hídricos, nuestra arquitectura y patrimonio?, aseguró el líder, y añadió que el lugar en el que la Anglo Gold Ashanti hace las exploraciones es el mismo en el que nace el agua que surte los principales acueductos veredales de la región.

Anglo explicó el proyecto De acuerdo con la compañía, las labores de exploración que se realizan hace 12 años están en la fase de estudios avanzados para definir el tamaño y las cualidades del yacimiento. La empresa explicó que hasta el momento ha hecho una inversión de 65 millones de dólares y que hacen falta por lo menos dos años más para determinar con mayor exactitud si existe un proyecto viable.

Fuente:http://www.entornointeligente.com/articulo/10446681/COLOMBIA-Los-dos-municipios-que-se-niegan-a-que-la-mineria-esculque-sus-tierras