Internacional

La Junta aprueba un plan minero desfasado que prima la extracción sobre el Medio Ambiente

La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 pretende facilitar que se abran las minas lo más rápido posible adaptando la legislación medioambiental para este propósito, y aprueba un informe que habla de ocho minas de carbón en León, cuando quedan tres abiertas, y que llega a estar desactualizado hasta en dos mil años al referirse la primera vez al cobre en Cármenes y el oro en el Teleno.

«Existe una importante labor investigadora que está poniendo de manifiesto la existencia de importantes recursos […] de cobre y cobalto en el entorno de Cármenes (León), de plomo y cinc en el corredor cámbrico de Toral de los Vados-Oencia, o de oro en la zona del Teleno». Este es el primer párrafo de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 que se refiere a la explotación de cobre y oro en la provincia, que parece obviar que ya los astures tenían minas para extraer estos productos y que los romanos conquistaron esta zona para explotarlas intensamente hará dos mil años.

Una presentación poco afortunada para un plan minero que consiste en un extensísimo documento de 134 páginas, 104 de ellas con vasta información y 30 con mapas geomineros, que cualquier leonés o conocedor de la materia consideraría un cachondeo tras leer el párrafo anterior. Afortunadamente no es del todo así, puesto que este informe oficial de la Junta está compuesto de varias partes. Una de ellas redactada por expertos, en las que la precisión técnica a la hora de indicar qué minerales son explotables (y cómo) sí indica en los apuntes geomineros que los romanos y astures sabían muy bien que León es enormemente rico en muchos y diversos minerales.

Pero la polémica es que, siendo un plan de actuación a futuro, añade otra parte más política que es donde se incluye el impreciso y malogrado párrafo anteriormente descrito. Ésta redacción impuesta desde la Administración ‘esconde’ varias recomendaciones para cambiar la legalidad minera primando la actividad de la extracción sobre el Medio Ambiente. Así, el fin de la estrategia planteada pretendería conseguir que se abran «lo más rápido posible» las explotaciones, para evitar una «excesiva protección» de los parajes y facilitar la actividad a los empresarios y el negocio económico. Cosa que ya los ciudadanos observaron repetidamente en las alegaciones al documento en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Pese a que se les contesta educadamente a cada uno diciendo que tomarían en cuenta sus varias y contundentes quejas, el documento final no las contempla como les gustaría.

Sin embargo, la postura de la Junta antes de aprobar este plan ya indicaba que esta estrategia minera iría en ese sentido de abrir zanja donde fuera para las empresas mineras, puesto que sus objetivos reconocidos eran de salida tres: la «reconfiguración del modelo administrativo al efecto, de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero», el «impulso deliberado (sic) a la mejora de la competitividad de las actividades mineras que desarrollen el potencial minero del territorio castellano y leonés», y la «mejora de la integración de las actividades mineras en el conjunto de la sociedad y su enraizamiento sostenible en el territorio».

Con todo ello, una vez leído el desarrollo de esos objetivos en este documento público recopilado por la Dirección General de Energía y Minas dirigida por el leonés Ricardo González Mantero, y aprobado el 24 de agosto por el Consejo de Gobierno de la Junta en Valladolid, es difícil distinguirlo de uno redactado por el sector empresarial minero. La apuesta por rebajar los criterios actuales medioambientales, legales e incluso económicos para abrir una mina es clara y evidente, incluso advirtiendo que va a costar la oposición de la Sociedad y que se deben tomar medidas para rebajar esos inconvenientes.

Adecuar las leyes medioambientales a facilitar la extracción

Así, el ímprobo y preciso trabajo técnico de los geólogos y expertos que se incluye en este plan minero queda en segundo plano cuando en la parte política, la que decide el camino a seguir para beneficiar a la extracción de minerales, se comienza a advertir que la inmensa riqueza mineral de la autonomía debe anteponerse a la protección de los parajes.

«En resumen, el sector de la minería presenta unas perspectivas halagüeñas, que se pueden traducir en una producción constante o creciente para casi todas las sustancias. Además, Castilla y León atesora un potencial minero muy interesante, capaz de atraer inversiones para la investigación y la explotación de sus recursos minerales, si bien, el grado de desarrollo que alcance la minería en el futuro ha de superar un licenciamiento social cada vez más inclusivo a la vez que un marco normativo que de manera unánime requiere su perfeccionamiento y adaptación a los tiempos que corren». Una frase burocrática para indicar que hay que cambiar la legislación para superar la resistencia social de la apertura de las minas; como ocurre a día de hoy en la de uranio de Retortillo, Salamanca, con una fortísima contestación popular (y más de 170.000 firmas en contra).

A esto se suma, como ejemplo, otro párrafo en que la Dirección General de Minas de la Junta ya sugiere directamente que se promocionen las actividades mineras por encima de la protección natural, incluso la que esté por hacerse. «Es por todo ello, que se hace necesario que los documentos técnicos de soporte para la elaboración de la normativa medioambiental utilizada para la ordenación y declaración de futuros espacios naturales tengan en consideración el potencial minero existente en la Comunidad de Castilla y León».

Asunto que en el caso de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (como el de la Montaña Occidental de León) queda aún más evidente. El documento aprobado por la Junta indica en el párrafo final de su punto 5.3: «Sería conveniente que el Centro Directivo competente en materia de minería colabore en la realización de estos planes con el fin que no se establezcan determinadas figuras de protección que impidan o dificulten el desarrollo actual y futuro de la actividad minera».

Simplificar los trámites administrativos para facilitar la actividad minera

Lo aprobado por la Junta de Castilla y León es claro y meridiano: se persigue una simplificación de los trámites administrativos que facilite la actividad y la generación de riqueza y empleo. La propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, apostó por ello en la presentación de esta estrategia a los medios de comunicación porque para los defensores del sector minero éste «fija población en el medio rural» y además «es difícil que ésta sea deslocalizable». Cosa que es cierta, salvo que cierre la explotación del mineral como está ocurriendo en las comarcas mineras del carbón con funestas consecuencias sociales y poblacionales.

Según la nota de prensa de la Junta, «para favorecer su explotación productiva se plantea la redacción de un decreto de Minería para desarrollar con más claridad y reforzar la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos inherentes a cualquier iniciativa extractiva, como los otorgamientos de autorizaciones, suspensiones temporales, prórrogas, concentraciones de trabajos, caducidades y concursos».

Y pese a que también indican que «desde el punto de vista del cuidado medioambiental, se prevé la elaboración de un plan de regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener cierres prematuros o no planificados de empresas dedicadas a la explotación de yacimientos», la Consejera de Economía obvia que la estrategia aprobada también apunta a rebajar los requisitos económicos para iniciar las extracciones y facilitar así la apertura de nuevas minas. La Junta admite en sus propias notas de prensa que la intención es «allanar el camino a todo emprendedor que quiera abrir o ampliar su negocio en torno a los recursos minerales de Castilla y León».

Es de destacar también que la Junta se compromete a facilitar a los empresarios, técnicos y capitales financieros la organización de jornadas sobre el estado de la minería autonómica poniendo como gestores de estos eventos a la Dirección General de Energía y Minas, las asociaciones empresariales y los Colegios Profesionales. Que todo quede en casa, incluso el negocio de los eventos hoy en día tan en boga por cualquier promesa de negocio.

Un plan con cifras de 2014 con ocho explotaciones de carbón en León, cuando hoy sólo quedan tres

El extenso y denso documento compilado y presentado bajo la supervisión del leonés Ricardo González Mantero como director de Energía y Minas de la Junta (con sede en el EREN de la avenida Reyes Leoneses), evidencia en su primera lectura unos desfases temporales cruciales para la provincia leonesa. Es cierto que en sus mismas páginas reclama una acción más efectiva a la hora de recoger datos estadísticos, pero posiblemente porque es un reconocimiento implícito de que los datos más actualizados tabulados en todo el informe son del año 2014. Es decir, que se está planificando desde 2017 a 2020 con cifras de 2014.

Pero aún es más grave la circunstancia respecto a las explotaciones de carbón, que, desde 2014 cuando se contabilizaban 8 en León y 5 en Palencia, hoy prácticamente han desaparecido. Tanto, que el propio documento (que en realidad cuando se consultaba durante las alegaciones se titulaba 2016-2020), añade un párrafo con las que siguen abiertas en 2015 y otras menciones a cambios legislativos en 2016. Líneas posiblemente añadidas según pasaba el tiempo sin obtener el visto bueno definitivo del Gobierno del PP en la Junta para evitar su absoluta obsolescencia.

Es tan notorio su retraso a la hora de aprobarlo hace diez días, que el documento en su primer párrafo indica que su aprobación «surge como compromiso de legislatura de Juan Vicente Herrera del 2 de julio de 2015». Y el segundo, que su pase a documento estratégico oficial se había «de concretar en el año 2016»; como así prometió «el Presidente de la Junta de Castilla y León en el debate sobre política general de la Comunidad Autónoma de fecha 29 de junio de 2016 en las Cortes de Castilla y León».

En resumen, el plan minero de la Junta se ha aprobado con más de un año de retraso, con datos de 2014, con una previsión de ocho minas de carbón abiertas en León cuando en 2017 sólo están operativas una explotación de interior y dos cielos abiertos. Al menos también apunta algo que viene de largo y que son parte de las sempiternas promesas de Herrera al sector del carbón: que hay que continuar los planes para la reconversión de estas comarcas mineras (incluyendo la promoción de sus museos y la valorización del patrimonio genominero) llevando a cabo el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros del Carbón 2016-2020 aprobado por las Cortes de Valladolid. Que hay que incluir el carbón de nuevo en la lista de combustibles estratégicos de la Unión Europea. Que hay que convencer a las Eléctricas de que compren carbón autóctono y otras medidas propias de cuando había minas abiertas. Promesas que, aunque necesarias y trabajadas en los despachos, no se han concretado en nada a día de hoy. Y de poco sirven si los datos que se manejan son de hace tres años en un sector que se ha desplomado en estos últimos dos hasta casi desaparecer.

Siendo indudable el trabajo técnico desplegado para poner en blanco sobre negro la situación de la riqueza geominera de las nueve provincias de la comunidad autónoma y con un gran listado de medidas de todo tipo para afrontar la política futura de la Minería en León y en Castilla, destaca que un informe de 2015 —que se podría haber aprobado a primeros de 2016, puesto que es un resumen de las líneas de actuación del departamento dirigido por Ricardo González Mantero y presidido por la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, y no una norma legislativa a aprobar por las Cortes ni ser debatida o enmendada—, haya estado cogiendo polvo en los despachos políticos 13 meses desde que el presidente Juan Vicente Herrera indicó que debía salir inmediatamente a la luz. Así se explica que los datos que apunta en cuestión de calcular la producción de cada tipo de minería estén tan desfasados para un sector que ha pasado por tal convulsión como la minería del carbón: de ser uno de los motores económicos fundamentales de la provincia de León, a prácticamente nada.

Esta circunstancia, lógicamente, hace dudar de la adecuada efectividad de la estrategia planteada por la Junta para las comarcas mineras leonesas y palentinas del carbón (los llamados «recursos energéticos»), aunque para el resto de las de la autonomía y de otros sectores (minerales metálicos, industriales, rocas ornamentales, áridos o aguas) pueda ser más o menos acertada porque los datos de 2014 no han supuesto un cambio radical en su desarrollo. Éstos últimos, pese a la crisis, sí siguen abiertos.

Concienciando al ciudadano: «La minería es bienestar social»

Eso sí, la Junta intenta mirar al futuro. En un intento de no mostrar a los ciudadanos lo malo del cierre de las comarcas mineras del carbón dedicará esfuerzos a «la concienciación social dirigida a todo tipo de público para dar a conocer en que ámbitos de la vida cotidiana están presentes las materias primas minerales». Es tal cual lo que expone una de las importantes líneas de actuación que propone su plan minero. En este último caso, como si se preparara a la Sociedad para las rebajas en los estándares medioambientales, la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020 apunta que «es esencial para sembrar el conocimiento que posibilite que las generaciones futuras entiendan que la minería es un pilar básico en el modelo actual de bienestar social y económico y que, realizada de la manera adecuada y con la tecnología disponible, es compatible con la conservación y disfrute del medio ambiente».

Los técnicos de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, realizaron un indudable esfuerzo para tener terminado en 2015 este documento, con amplísima información geominera sobre todos los tipos de minería y potenciales explotaciones futuras. En sí mismo el informe es indudablemente una mina, pese a haber sido aprobado tan tarde. Eso sí, en muchos sentidos es tan enorme y extenso que para encontrar las buenas vetas de la verdadera intención política de los gestores burocráticos y políticos de la autonomía hay que leerlo en profundidad. Con linterna, pico y pala.

Fuente:http://www.ileon.com/actualidad/077492/la-junta-aprueba-un-plan-minero-desfasado-que-prima-la-extraccion-sobre-el-medio-ambiente

Perú

El aporte tributario del sector minero y los sueldos de los maestros

En plena huelga de los maestros, algunos afirmaron que si hubiesen salido proyectos como Tía María, Conga, Río Blanco y todos los demás que figuran en la cartera de proyectos mineros, estaríamos recaudando a manos llenas, lo que posibilitaría pagar mejores sueldos a los maestros.

Lo cierto es que los datos oficiales no respaldan este tipo de afirmación. En el período del boom minero (2003-2012) y con la recaudación al alza, los sueldos de los maestros no subieron. Por ejemplo, los años de mayor auge del precio de los minerales coincidió con el segundo gobierno de Alan García y precisamente en ese quinquenio, los sueldos de los maestros estuvieron a la baja.

Por si fuera poco, las mismas fuentes (SUNAT y MEF) muestran que desde el año 2012 las inversiones mineras comenzaron a caer en el país mientras que los salarios de los maestros aumentaron. Por lo tanto, el incremento de los presupuestos para el sector educación y la mejora de los salarios de un sector tan importante como el de los maestros implican la suma de varios factores, pero sobre todo, una voluntad política que es lo que precisamente le ha faltado a varios de nuestros gobernantes.

La realidad sobre los aportes tributarios del sector minero

En los últimos años la producción minera ha estado creciendo a dos dígitos (15,47% en 2015 y 21,6% en 2016), impulsada por el aumento de la producción de cobre; sin embargo en el mismo período, el aporte tributario llegó a su nivel más bajo: el sector minero redujo su aporte a la recaudación del Impuesto a la Renta de 50,9% en el año 2007 a apenas el 4,6% el año 2016. Si consideramos el total de tributos recaudados por el Estado peruano, el aporte minero también se ha ido reduciendo: luego de una contribución pico de 24,7% en 2007, en la actualidad presenta un nivel de aporte de apenas 5,4%.

¿Qué impidió y qué es lo que continúa impidiendo que los beneficios de la bonanza minera sean capitalizados por el país? Haciendo un recuento del conjunto de instrumentos fiscales implementados en las últimas décadas (antigua regalía minera, aporte voluntario, nueva regalía minera, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, obras por impuestos, entre otros), en términos generales se puede afirmar que no permitieron que el país alcance el objetivo de una adecuada apropiación de la creciente renta minera. Esto se debió principalmente a los siguientes factores: (1) la herencia del marco tributario de la década del 90 que otorgó enormes beneficios y generó vacíos legales que las empresas supieron aprovechar y que en diferentes medidas se mantuvieron; (2) instrumentos que se implementaron en la década de bonanza poco eficaces y que en el proceso de negociación y también en su implementación, fueron totalmente mediatizados por las empresas y, 3) la puesta en marcha de instrumentos fiscales que, si bien eran más apropiados para lograr la ansiada progresividad fiscal, se implementaron casi al final del período de bonanza.

Al margen de sumas y restas, son tres los aspectos centrales que muestran las limitaciones y el fracaso de las políticas implementadas que configuran una oportunidad perdida para el país precisamente en la década de bonanza: nunca se logró incrementar de manera sostenida la presión tributaria en el país y peor aún, el período post boom nos ha regresado a una peligrosa tendencia decreciente que nos aleja cada vez más del promedio de presión tributaria de los países latinoamericanos y sobre todo de las necesidades del país; nunca existió una real voluntad política -sobre todo en el pico del súper ciclo de precios de los metales- para implementar una verdadera reforma tributaria para alcanzar una mayor equidad fiscal y por el contrario, se optó por una política tributaria minera complaciente; y finalmente, una autoridad tributaria que no realizó mayores esfuerzos en materia de control, fiscalización y cobranza.

Una reciente publicación que aborda el tema de la recaudación fiscal y los beneficios tributarios en el sector minero, analiza el caso de los dos proyectos mineros más importantes que han entrado en producción en los últimos años: Las Bambas y Cerro Verde1.

Por ejemplo, en el caso Las Bambas, considerando un precio promedio por debajo de US$ 2,56 la libra, las posibilidades de que puedan pagar Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años de operaciones -y por lo tanto que haya transferencias de canon a Apurímac-, son reducidas. Dicho sea de paso, esta proyección no está muy alejada de lo que se afirma en el propio Marco Macro Económico Multianual 2018-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas: «los grandes proyectos mineros nuevos como Las Bambas, Toromocho y Constancia comenzarían a pagar impuesto a la renta empresarial a partir del 2020».

Dicho sea de paso, no es la primera vez que algo así ocurre: por ejemplo, Antamina comenzó a producir el año 2001 y recién comenzó a pagar Impuesto a la Renta el año 2005, ya que se vio favorecida por la aplicación del beneficio tributario de depreciación acelerada que al disminuir contablemente el total de sus activos netos, le permitía obtener pérdidas tributarias que se iban sumando a las pérdidas de los ejercicios subsiguientes, configurando así una bola de nieve que crecía año tras año.

Volviendo al caso de Las Bambas, al no pagar Impuesto a la Renta, lo único que llega a Apurímac desde el año pasado son las regalías. Según la propia empresa minera, propietaria del proyecto Las Bambas, el año 2016 se pagó US$ 34,3 millones. Las regalías que paga Las Bambas tienen como referencia el propio contrato de transferencia del proyecto (y no la actual ley de regalías que se aplican escalonadamente sobre la utilidad operativa).

Cerro Verde es otro ejemplo de una mega inversión e incremento productivo sin mayor aporte tributario. En los últimos años esta empresa pasó de una producción de 255 mil toneladas a 575 mil toneladas por año con dos importantes inversiones: el proyecto planta de sulfuros primarios y el proyecto de ampliación de Cerro Verde.

Desde el año 2013, los aportes tributarios y no tributarios de Cerro Verde cayeron drásticamente, tocando fondo el año 2015 y el último año se registra una recuperación. Entre los diferentes impactos, se puede subrayar la caída drástica del canon minero transferido a Arequipa.

Otra controversia con Cerro Verde es por las regalías no pagadas. Para la Sunat la empresa debió pagar 286 millones de soles por regalías correspondientes a los años 2006 y 2007. Esta disputa entre la Sunat y Cerro Verde ha pasado por procesos administrativos, por el propio Tribunal Fiscal y luego, por decisión de la propia empresa, se judicializó la controversia.

Lo cierto es que la empresa ha perdido en todas estas instancias: hace apenas unos días, la Séptima Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima volvió a denegar el recurso de apelación que interpuso la empresa buscando traerse abajo las resoluciones administrativas de la Sunat y del Tribunal Fiscal que la obligan a pagar más de US$250 millones por regalías mineras, multas e intereses, que le corresponden a la región Arequipa. ¿Cerro Verde seguirá apelando?

La necesidad de sacar lecciones

No es muy coherente plantearse como meta formar parte de la OCDE y al mismo tiempo alejarnos cada vez más de la presión tributaria estándar en esos países: 34% aproximadamente, en comparación con una presión en el Perú que continúa a la baja y que según el propio MEF actualmente apenas llega a 13,4%.

Si el objetivo es estandarizarnos con las prácticas fiscales de los países miembros de la OCDE, habría que preguntarse ¿cuánto hemos hecho para adherirnos al estándar global para el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones que estos países han acordado poner en práctica desde 2017, mediante el cual se pone fin al secreto bancario que ha permitido que defraudadores y evasores fiscales se escondan? ¿Por qué suspendimos, sin haber aplicado, la norma general antielusión que la OCDE exige a sus países miembros para que estos puedan cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia impositiva?

América Latina y sobre todo un país como el Perú, tiene mucho margen para subir sus reducidos niveles de presión tributaria con el objeto de financiar su gasto público productivo (en sanidad, educación e infraestructura), generando a su vez incrementos en las tasas de crecimiento económico a largo plazo.

No se puede seguir acentuando la inequidad del sistema tributario vía reducción de los impuestos directos y tampoco es aceptable que las campañas de los principales grupos económicos como el minero apunten a debilitar aún más nuestra capacidad recaudatoria.

La revisión del contexto general, la política fiscal, las cifras y el balance general, nos muestra que en el país sigue pendiente la necesidad de sentar las bases de un verdadero desarrollo sostenido que permita establecer relaciones de equilibrio entre actividades productivas como la minería y las expectativas y demandas de las poblaciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/759-el-aporte-tributario-del-sector-minero-y-los-sueldos-de-los-maestros

Mexico

Compañías mineras en Chiapas provocan ecocidios y enfermedades a chiapanecos

Muchas empresas de minería han ocupado terrenos que no les corresponden  y ya han comenzado a afectar a la población en general.

Chiapas.- Las empresas minera en el estado han comenzado a afectar la vida de los pobladores así como su salud, esto debido a que la operación de las 25 concesiones para la explotación de minerales se hace sin que la Secretaría de Economía (SE) especifique los criterios de su entrega y sin que  a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  publique la información correspondiente a los proyectos, los concesionarios, o las manifestaciones de impacto ambiental.

La investigadora de la organización Impunidad Cero, Ana Ávila afirma que no hay supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, lo cual ya generado graves consecuencias para la salud de los habitantes de la región que han presentado nuevas enfermedades asociadas con el consumo de agua contaminada.

Ávila señala en su investigación de Impunidad Cero, que tampoco se respeta el derecho a consulta de los pueblos afectados por la exploración y explotación de minas y que en muchas ocasiones se violan los derechos de estas personas. Mismas que son víctimas de la falta de transparencia, la dificultad para encontrar información pública y de interés y la contradicción en los datos oficiales.

La investigadora denuncia que las irregularidades de acuerdos con los mineros resultaron en que la gente , después de meterse al agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta, les salía un sarpullido en la piel que, con el tiempo, se convertía en llagas; además veían cómo los peces se morían.

Las mujeres embarazadas parían bebés que nacían ya con heridas en la piel. El médico del municipio de Escuintla reportaba índices más altos de cáncer. Impunidad Cero también aclara que al momento no existen  estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio, por lo tanto, no hay un tratamiento adecuado para las enfermedades.

De acuerdo con Impunidad Cero, durante la investigación de Ana Ávila, se encontró que en la reserva de El Triunfo hay 25 concesiones mineras, las cuales suman 240 mil 578 hectáreas, territorio que rebasa en 121 mil 401 hectáreas a la propia reserva de la biósfera, pues de acuerdo con la página oficial de las APNs, ésta tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas.

Fuente:http://mxpolitico.com/chiapas/ambiental/companias-mineras-en-chiapas-provocan-ecocidios-y-enfermedades-chiapanecos

Mexico

Califican como de alto riesgo a proyecto minero en Actopan y Alto Lucero

El proyecto de minería a cielo abierto Caballo Blanco pone en riesgo al corredor de aves rapaces en Actopan, así como la biodiversidad de la zona e incluso se expone ante los meteoros como huracanes que históricamente afectan al lugar, alertó el director del Instituto de Ecología (Inecol), Miguel Rubio Godoy.

Entrevistado en la XXX Reunión Nacional de Jardines Botánicos, aseguró que para el Inecol no es un proyecto recomendable y que no se necesita ser doctor en ecología para advertir el riesgo que representa la explotación de minerales en esta zona.

Por ese motivo, dijo que la semana pasada envió una carta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no se ha querido pronunciar sobre la solicitud de la empresa ante Semarnat para la explotación de la zona– a fin de darle a conocer su preocupación por este proyecto que incluye 300 hectáreas en el Cerro de La Paila.

«El Instituto de Ecología está preocupado porque se trate de revivir el proyecto. En 2012 se propuso pro primera vez y el Inecol junto con otros 50 investigadores recomendamos que no se autorizará y ahora es exactamente el mismo sitio. Ahora han entregado un Documento Técnico Unificado y a reserva de que estudiemos con mucho cuidado esas mil 400 páginas y tengamos una opinión mucho más informada, lo que nos preocupa es que hay cosas que no pudieron haber cambiado».

Explicó que en este lugar hay biodiversidad que se pondría en riesgo, ya que es la única parte de la Sierra Madre que llega prácticamente hasta el mar, lo que lo convierte un sitio único. Además, recordó que es el corredor de aves migratorias más grande del mundo.

«Es el famoso corredor de rapaces y no tiene que ser un doctor en ecología para darse cuenta que si tienes una laguna llena de metales pesados donde llegan millones de aves migratorias, no es muy buena idea».

Rubio Godoy agregó que en este lugar hay cícadas milenarias; es decir, plantas que sobrevivieron desde la extinción de los dinosaurios, y que es una de las pocas poblaciones en el mundo con silos tropicales.

Abundó que a esto se añade el hecho de que el proyecto está muy cerca de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y de zonas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

«No me parece conveniente que esté cerca de los ductos, no soy experto en esto. Es una minera a cielo abierto y la otra objeción que le hacía al Gobernador la semana pasada es que nos preocupa que es un lugar expuesto a meteoros, hace dos semanas pasó uno que pasó más arriba y la probabilidad de que haya una tormenta muy grande es súper alta y es un riesgo que aumenta con el cambio climático porque es mucho más probable que haya meteoros más frecuentes y más fuertes».

Advirtió que esta actividad podría generar que ante un huracán las aguas y minerales que se usan para la extracción vayan a dar a zonas pobladas y, más aún, a los mantos freáticos, con lo cual se contaminarían las aguas que surten a las poblaciones vecinas.

«Si tienen a cielo abierto las cosas y les cae una cantidad descomunal de agua, todo eso se va a salir y los minerales pesados se van a diseminar por el suelo, se van a los mantos freáticos y la afectación puede ser gigantesca y permanente».​

 

Fuente: https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=130235&s=4

Cuba

¿Qué es Moa? Mirémosla ambientalmente

Ciertamente esta es una tierra de prosperidad económica. La vida promedio o del ser social promedio es buena, en comparación con otros municipios de Holguín, y ello se debe a la fundamental actividad económica y fuente de empleo: la minería. Una minería que se desarrolla estructuralmente en dos grandes fábricas: Pedro Soto Alba y Che Guevara.

El sustento financiero de esta actividad, que aporta un rubro exportable a la economía nacional, proviene de la inversión extranjera, fundamentalmente de la empresa Moa Nickel S.A., lo cual es loable para que la población en general se beneficie de todo lo que aporta en lo socioeconómico. Pero… ¿cuál es el precio a pagar?

1) Paisaje lunar.

Esta inversión y modo de vida trae aparejado un precio muy alto. El paisaje que se muestra es algo común, no solo cerca de las áreas de explotación minera; sino en lugares de prueba dentro de comunidades normales.

Por ejemplo: la comunidad conocida como el “200”, lejos de las áreas de extracción y procesamiento de Níquel, tiene una represa seca, donde se han realizado pruebas mineras. Se ha convertido en una laguna seca, pestilente, de un área promedio de 1,5Km2. Resulta deprimente tener que apreciar estas vistas, sobre todo por cómo influye anímicamente en la psiquis, el característico rojizo suelo moense.

2) Contaminación de reservas de agua.

Las reservas de agua en Moa están bien controladas, sobre todo porque contienen altos índices de sustancias químicas (propias del manto freático y composición del suelo, otras aportadas por las empresas extranjeras con anuencia del gobierno) y por ello los visitantes perciben (lo que es normal para nosotros) el alto contenido de cloro.

Existe un mito en Moa respecto a su agua: se dice que es la única capaz de quitar las manchas producidas por la tierra roja de este municipio. Se ha comprobado que el agua es muy blanda, carente de sales, con mayor capacidad de disolver minerales, a diferencia de las aguas, más duras, de otros territorios.

Pero ¿son estas características del líquido vital positivas a largo plazo para la salud de la población? Esta es una pregunta que pulula en el imaginario popular, a contrapelo de lo que las instancias municipales y provincial del Ministerio de Salud Pública promulgan sobre el particular. A mí, que soy de las “moenses ausentes”, me toca decir: “nuestra agua es amarga, pero es nuestra agua”.

3) Emisión de gases contaminantes.

La emisión de los gases como el amoníaco, son realidad común, a una escala elevada. Las nubes de smog bajan sobre la ciudad, y el olor fortísimo afecta el sistema respiratorio de las personas, sobre todo de sectores poblacionales vulnerables como los infantes y los ancianos.

Resulta preocupante comprobar cuán escasos  y no públicos son los estudios locales relacionados con esta situación, y las principales patologías respiratorias en la cabecera municipal. Es como si de manera natural los moenses presentaran una piel amarillenta, dientes bastante afectados por la caries, delgadez, y vejez prematura.

No cuento con argumentos ni herramientas suficientes para enjuiciar a los responsables de esta contaminación y por tanto generadores de estas características provocadas en la población. Lo que sí sé es que dicen mis abuelos que no siempre fue así.

El deber de todos es exigir un ambiente más sano. De ahí, el imperante de exponer una problemática que nos atañe a todos por igual.

Fuente:https://elguardabosquescuba.wordpress.com/2017/08/15/que-es-moa-miremosla-ambientalmente/

Venezuela

“Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio…”

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.

Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.

Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.

Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de  favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez.  Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.

Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.

Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo,  a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.

Esto supone además,  una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.

Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en San Diego de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.

Una tendencia  de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental,  yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Pao Cachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces  aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.

Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.

Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar.  Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.

Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y  por supuesto la arista social.

Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.

Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.

Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente…

Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar  el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.

Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.

El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.

Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?

Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.

Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.

Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.

Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela.  Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.

Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a  quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.

Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.

E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.

Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial.  Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.

Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente.  Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.

Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.

Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.

Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.

Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.

Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yukpa fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.

Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.

Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.

Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Fuente:https://www.aporrea.org/imprime/n313971.html

Colombia

Boyacenses marcharon en contra de la minería

Cerca de 1.500 personas participaron en lo que denominaron ‘Carnaval por el agua y por la vida’.

Por un bosque húmedo con uno de los paisajes más hermosos de Bocayá, transcurrió la marcha con la que los habitantes de la provincia de Ricaurte les dijeron no a la minería y sí al agua y a la vida.
Fueron alrededor de cinco kilómetros de caminata en medio de árboles de roble, tuno, guayacán, arrayán, sauce, laurel y aliso y de arbustos como morón, helechos, artemisas y uva camaronera.
Cerca de 1.500 personas participaron en lo que denominaron ‘Carnaval por el agua y por la vida’, con el que justamente buscan proteger esos recursos naturales y esa vegetación nativa.

Los habitantes de Ricaurte, Tinjacá, Sutamarchán, Villa de Leyva y Gachantivá marcharon entre el sitio El Cometa y Arcabuco para rechazar la actividad de explotación de recursos mineros que desde hace años realizan varias compañías, que hoy están en plan de expansión de sus actividades.
El ‘Carnaval por el agua y por la vida’ fue organizado por colectivos de medioambiente de Ricaurte y de Iguaque y contó con el apoyo de las alcaldías de Gachantivá y Sutamarchán.
El alcalde de Gachantivá, Jorge Edicson Saavedra, dijo que hay mucha preocupación en la comunidad por el rumbo que ha tomado la actividad extractiva, con empresas como Cementos Tequendama y Sumicol, que realizan explotación de recursos en diferentes veredas de varias poblaciones de Ricaurte, lo cual afecta el medioambiente.
“En el 2008 solicitaron una licencia, pero Corpoboyacá les solicitó un estudio hidrogeológico que permita medir el impacto que esas exploraciones y explotaciones tienen en las fuentes de agua. No lo presentaron, pero ahora han dicho que ya lo tienen y están pidiendo de nuevo esa licencia ante Corpoboyacá”, manifestó el mandatario.
Agregó que si se aprueba esa exploración en la vereda Santa Bárbara, podría causar daño en la laguna La Colorada, que surte de agua a más de diez veredas de Gachantivá y a otras de Sutamarchán.
Además de Cementos Tequendama, hay otras compañías, como Sumicol, que extraen arcillas y caolines, lo cual afecta las rondas de ríos y quebradas de la zona.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/boyacenses-marcharon-en-contra-de-la-mineria-126718

Internacional

Las profecías del Litio

Profecía A: dentro de diez años, Cáceres será una de las capitales europeas del oro blanco, su economía se habrá desarrollado gracias a las minas de litio de Valdeflores, 300 operarios tendrán en ellas trabajo fijo, se instalarán industrias auxiliares y gracias a la mina crecerán las empresas de transporte y obras públicas y las nuevas industrias auxiliares de la minería con todo lo que ello conllevará para la hostelería, el comercio, etcétera.

Profecía B: dentro de diez años, se habrá agotado el filón de litio de Valdeflores, la empresa que explotaba la mina se habrá marchado dejando a 100 obreros en el paro y un valle verde y natural convertido en un desierto blanco y yermo, el santuario de la Montaña habrá sido apuntalado y correrá peligro de derrumbe, el agua de la ciudad no será de fiar y podría estar contaminada y la presa que sostendrá la balsa de residuos altamente contaminantes tendrá grietas y amenazará con desmoronarse provocando una tragedia incalculable. Esta situación habrá espantado al turismo y la ciudad languidecerá agonizante.

¿Con cuál de las dos profecías se quedan? Lo normal es que crean más en la B porque la historia de esta tierra nos ha curado de espanto, nos ha enseñado a creernos lo peor y, en el caso de la mina de litio, no se nos va de la cabeza la reedición en la Montaña de la catástrofe de Aznalcóllar, ni la imagen de la patrona quedándose sin santuario por culpa de la mina.

Pero ni la mina nos convertirá en el Texas español ni la búsqueda del litio acabará necesariamente con nuestra agua ni con nuestra patrona. Así que dejemos el catastrofismo y los cantos de sirena a un lado e intentemos separar el grano de la paja. Lo primero es asumir que la fiebre del litio está revolucionando la minería mundial. Con el petróleo agotándose, este mineral se convertirá en el nuevo combustible por su utilidad en las baterías de los coches eléctricos. Actualmente, con la empresa Tesla decidiendo dónde instala su megafactoría de coches eléctricos en Europa, las minas de litio son un reclamo fundamental para traer a los americanos a España.

La explotación de litio más importante de la Península se encuentra en la Raya, en Morgade, municipio de Montalegre (Tras-os-Montes), limítrofe con Ourense. Allí, la empresa berciana Spidrill (la de Cáceres también es del Bierzo) lleva un año realizando sondeos y aún no hacen valoraciones sobre el valor económico del yacimiento. Si son positivos, entonces pedirán los permisos necesarios para abrir la mina.

Diferencia fundamental

Viendo imágenes de otras minas de litio, el paisaje que dejan al cerrarse es desolador: un desierto blanco donde nada vuelve a crecer y suelen ser minas en salares, salinas o salitrales o en desiertos o páramos como el de Morgade.

Lo de Cáceres es distinto. Dejando a un lado el catastrofismo, es inevitable que esa mina de litio a cielo abierto destroce la umbría de la Montaña, que no es un paraje alejado, perdido ni desértico, sino un valle precioso y natural situado a un paso de un residencial y a un par de kilómetros o menos en línea recta del centro histórico. ¿Le conviene a una ciudad en la que el turismo lo es todo una agresión medioambiental de ese calibre?

Profecía C: dentro de diez años, Cáceres seguirá económicamente como ahora. Unos pocos cacereños habrán tenido trabajo unos años en la mina y la empresa australiana se habrá marchado algo más enriquecida, pero el antes ameno Valle de Valhondo será el Desierto del Litio y la calidad medioambiental del entorno será mucho peor.

Fuente: http://www.hoy.es/extremadura/profecias-litio-20170904000702-ntvo.html

Internacional

Sí a la Tierra Viva estudia remitir a Fiscalía el expediente de tierras raras

La Plataforma «Sí a la Tierra Viva» estudia la posibilidad de remitir a la Fiscalía el expediente de tierras raras que Quantum Minería pretende explotar en el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. ( España).

El colectivo baraja esta posibilidad tras conocer la última resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo en la que considera que la inexistencia de recursos hídricos sigue siendo la cuestión de fondo por la que el proyecto debería haberse abandonado sin necesidad de tramitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según ha informado la plataforma en nota de prensa.

En la resolución, el Defensor del Pueblo calificó de «claro y contundente» el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitido en la actual fase de consultas y en el que se ha considerado que «en relación con la cuantificación de las necesidades hídricas, se incurre en contradicciones entre las estimaciones recogidas en el estudio hidrológico».

Ello es debido a que en el documento de actuaciones sobre la disposición de agua no se justifica la «significativa reducción» de las necesidades hídricas, que han pasado de los 500.000 metros cúbicos anuales previstos en noviembre de 2015 a los 80.000 metros cúbicos actuales.

Asimismo, y ante la posibilidad planteada por el promotor de comprar agua a empresas adjudicatarias de servicios municipales y transportarla en camiones cisterna hasta la planta de tratamiento de mineral con un volumen de 250 metros cúbicos por día como máximo, la Confederación ha opinado que «no parece viable dado el carácter prioritario de los abastecimientos y la actual situación de sequía».

Sí a la Tierra Viva ha coincidido con el informe del Defensor del Pueblo en que «el proyecto de explotación minera debería haberse abandonado sin necesidad de tramitar la DIA, a la vista de los pronunciamientos de la Confederación sobre incompatibilidad de los proyectos con el Plan Hidrológico de la Demarcación».

La plataforma también ha advertido de que vigilará el cómputo del plazo máximo para emitir la DIA por el órgano ambiental, que según el artículo 13.1.b de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha es de dos meses desde la recepción, el pasado 25 de julio.

Asimismo, ha confiado en que el Gobierno regional «acate la ley y el mandato del Defensor del Pueblo rectificando su errática actuación en la tramitación del proyecto, pues ante la problemática de agua y la acuciante sequía que está sufriendo la región, su concesión supondría una verdadera afrenta a sus habitantes», ha concluido la plataforma.

Fuente:http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170904/tierra-viva-estudia-remitir-3681561.html

Colombia

Anglo Gold y Continental quieren la mina en donde nace el 70% del agua de Colombia

La gran mayoría de los acueductos de este país beben del Macizo Colombiano, cuna del Río Cauca y Magdalena, donde quieren montar dos minas del tamaño de Bogotá.

Alfredo Molano denunció las dos grandes minas que se planean inaugurar en La Vega, Cauca por parte de las dos mineras de oro más grandes en Colombia: Anglo Gold Ashanti y Continental. Este pueblo, azotado desde los años 80 por la guerra, está viendo revivir los grafitis de las AUC, y como dice Molano, coincide con el interés que ha generado sus tierras llenas de oro. Las dos minas proyectadas son: Este es el Macizo Colombiano, donde quieren montar varias minas, entre ellas las dos de AngloGold y Continental Gold. En La Vega puntualmente hay dos proyectos: La custodia (3,635 hectáreas) y El Dominical (26,000 hectáreas).

Esta región del sur occidente de Colombia cuenta con 6 resguardos indígenas y 87 municipios que hacen parte de 5 departamentos: Huila, Tolima, Nariño, Putumayo y Caquetá.

En el Macizo viven 45 mil indígenas Yanacona, de los cuales 15 mil han sido desplazados por la violencia. Representan casi la totalidad de la población del Macizo medio y alto.

La región ha sufrido el conflicto entre grupos guerrilleros, que tenían dos propósitos en la región: esconderse de las Fuerzas Militares y lucrarse del cultivo de amapola y la explotación minera. Fueron ellos los que torpedearon y retrasaron el ingreso de las grandes mineras a la región.

Pueblo La Vega, donde hoy tienen los títulos AngloGold Ashanti y Continental.

En la columna, Alfredo Molano denuncia que las paredes del pueblo se han visto pintadas en las últimas semanas con siglas de los paramilitares.

El conflicto empeoró en los años 90 con la entrada de los paramilitares, que venían a defender a los hacendados de la parte baja del Macizo. El conflicto aumentó, pues las protestas indígenas contra la minería comenzaron a organizarse. En 1990 se planeó una gran movilización para bloquear la vía Panamericana. El 7 de abril de 1991, para desmotivar los movimientos que se gestaban, se asesinaron 17 campesinos en la Vereda de Los Uvos, Municipio de la Vega. Esta cruz conmemora a los muertos de ese día.

En 1993 el Tribunal Administrativo del Cauca determinó que el Estado tenía que pagar 28 millones de pesos a cada familia de las víctimas, debido a que la masacre fue llevada a cabo por el Pelotón Aguila 2, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército de Colombia.

La importancia ambiental del Macizo es de proporciones masivas. El 70% de los acueductos del país se abastecen del agua que nace en este punto, también llamado La Estrella Fluvial de Colombia. Este nombre se debe a que del Páramo de las Papas salen 5 ríos: El Magdalena, el Cauca, el Patía y el Río Caquetá.

La gran mayoría de estos nacimientos de agua, incluida la Laguna de la Magdalena, están dentro del Parque Nacional Natural Puracé. Los indígenas Yanacona, especialmente que están en el Resguardo Papallaqta, en Valencia, Cauca, controlan la entrada al parque. Para subir hay que estar acompañados de algún miembro de la comunidad indígena.

Bajar a la Laguna de la Magdalena está prohibido. Cuando los indígenas recibieron el permiso para controlar la subida, vieron que el borde del cuerpo de agua, sagrado para ellos, estaba destrozado por los turistas que se acercaban y contaminaban la laguna.

En varios puntos del camino desde el pueblo Valencia hasta la laguna se hacen paradas donde los indígenas hacen rituales y ofrecen pagamentos.

En el pueblo de La Vega, y los 6 resguardos indígenas, se están adelantando campañas para luchar contra la llegada de las empresas mineras.

Según el movimiento social Proceso Campesino y Popular, que está luchando en La Vega contra las grandes mineras, solo en el Cauca hay casi 400 mil hectáreas tituladas para minería y más de 1 millón están siendo solicitadas, lo que representa el 50% total del departamento.

Fuente:https://www.las2orillas.co/la-mina-quiere-anglo-gold-gran-colombia-donde-nace-agua-del-70-colombia/