Brasil

Brasil investiga el posible asesinato de miembros de una tribu amazónica a manos de mineros ilegales

19 septiembre, 2017 Autor: Dom Philips, El Diario.es

Una decena de miembros de una remota tribu indígena fueron presuntamente asesinados por buscadores de oro ilegales en el valle de Javari

El Gobierno de Michel Temer ha recortado el presupuesto de los organismos que protegen a los indígenas en estas zonas remotas y aisladas.

Las autoridades brasileñas están investigando rumores sobre el posible asesinato de hasta 10 personas pertenecientes a una tribu aislada del Amazonas por parte de hombres que trabajan para mineros y dragan ilegalmente los ríos de la región en busca de oro.

En caso de confirmarse, los asesinatos en el valle de Javari probarían que los severos recortes a los presupuestos de las agencias indígenas de Brasil están teniendo consecuencias fatales. Los investigadores tienen que hacer un viaje en barco de 12 días tan solo para llegar a la zona.

Pablo Beltrand, el abogado de la acusación y de la remota población de Tabatinga –próxima a la frontera con Perú y a unos 1.120 kilómetros de la capital amazónica, Manaos– explica que su equipo fue informado de los supuestos asesinatos en el valle de Javari a principios de agosto. Una quinta parte de las tribus aisladas de Brasil viven en esta región salvaje.

“Recibimos un comunicado del Gobierno federal,” asegura. “La investigación en curso es sobre la posible muerte de gente indígena”. Sin embargo, Beltrand afirma que no puede dar más información sobre la investigación, aunque sí aclara que dos hombres arrestados recientemente por una operación de la policía y el Ejército sobre las prospecciones ilegales de oro en la zona no están relacionados con el caso.

La Fundación Nacional del Indio (Funai) envió en primer lugar a un equipo compuesto por tres personas al pequeño pueblo de Sao Paulo de Olivença tras recibir noticias de que unos hombres trabajando para mineros de oro se habrían jactado en un bar de haber matado a un grupo de entre ocho y diez indígenas.

Leila Sotto-Maior, que trabaja en Funai con pueblos indígenas aislados o recientemente contactados, cuenta que los hombres mostraron un remo y una pequeña bolsa utilizada para transportar comida que decían haber quitado a las víctimas.

“Dijeron que habían matado a indígenas y los habían tirado al río”, asegura Sotto-Maior. Pero enfatiza que la masacre todavía tiene que ser confirmada. “Es muy difícil investigar algo así después de que haya pasado tiempo. No tenemos información fundamental».

Este año, el Gobierno ha reducido el presupuesto de Funai a la mitad. La administración de Michel Temer, proclive a optar por medidas favorables para las empresas, propuso recientemente reducir la zona protegida del bosque amazónico y ha anunciado planes para permitir prospecciones mineras y proyectos de construcción en otras zonas protegidas.

El departamento de Sotto-Maior en Funai tiene este año menos de 665.000 euros para proteger 103 tribus compuestas por grupos indígenas aislados o contactados recientemente a lo largo del extenso país. Se cree que alrededor de 20 grupos incomunicados viven en el valle de Javari, además de unos 80 indígenas con los que se ha establecido contacto recientemente. “Saber que no tenemos la capacidad de parar algo así…es muy duro”, lamenta Sotto-Maior.

Cleber Buzatto, secretario ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Consejo Misionero Indígena, afirma que los recortes a los presupuestos de Funai y el cierre de campamentos base en zonas con presencia de tribus aisladas aumenta el riesgo de ataques.

“Es un mecanismo que estimula la invasión de territorios y hace que sean más probables los ataques contra indígenas incomunicados”, sostiene Buzatto. En junio, expertos de la ONU sobre derechos humanos denunciaron un ascenso en Brasil de los asesinatos relacionados con disputas territoriales en zonas rurales.

De acuerdo con un portavoz del ejército brasileño, una operación llevada a cabo en la misma zona entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre destruyó cuatro dragas ilegales de oro, y las autoridades analizan los documentos de otras dos.

Fuente:http://www.eldiario.es/theguardian/Brasil-investiga-asesinato-miembros-amazonica_0_686281748.html.

Perú

Las víctimas de un “Estado Tóxico”

18 septiembre, 2017 Autor: Cooperacción.org.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Un informe internacional pone nuevamente en agenda la grave contaminación que sufren diversas comunidades del país, y la inacción del Estado ante las enfermedades que sufre la población afectada. » Estado Tóxico» es el nombre del informe difundido por Amnistía Internacional que relata dos casos emblemáticos: el de Espinar (Cusco), afectado por más de 30 años de actividad minera, y el de Cuninico (Loreto) afectado por contaminación petrolera. La respuesta del Estado para atender la salud de la población en estas localidades es “absolutamente inadecuada”, afirma el documento.

Durante la presentación del informe, Melchora Surco, mujer campesina de Espinar, relató cómo su nieto regresó feliz luego de hacerse exámenes médicos: “Me han dicho que tengo metales en mi cuerpo, cuando sea grande voy a vender esos metales y voy a ser rico”. Otro testimonio es el de Carmen Catalina Chambi, quien cuenta en el documento que cuatro de sus seis hijos están enfermos, uno de ellos nació con un oído bloqueado y a otro le tuvieron que extirpar un quiste de un pulmón. Estos desgarradores testimonios muestran en toda su crueldad la realidad de la contaminación que perjudica la salud y el futuro, especialmente de los niños de diversas comunidades.

En el caso de Espinar, hace más de siete años se conoce de la contaminación que afecta las fuentes de agua de la población. Desde el primer informe de CENSOPAS de 2010, que encontró que las 506 personas evaluadas tenían arsénico, cadmio, mercurio y plomo, se han hecho multitud de nuevos análisis que confirman la gravedad de la situación, incluyendo el estudio integral que fue producto de la Mesa de Dialogo instalada tras las protestas de 2012.

La lenta atención del Estado a la salud de la población no se corresponde con la urgencia de la situación. Luego de meses de trabajo, dicha Mesa de Diálogo –que entonces fue publicitada por el gobierno central como uno de los casos más exitosos de diálogo y negociación multiactor- culminó con un Plan de Inversiones y un Plan de Acción Ambiental. Pero hasta el momento los compromisos no se han cumplido, lo que motivó a un paro provincial en noviembre pasado. La Comisión de Alto Nivel que se conformó entonces estableció nuevos compromisos y nuevos plazos para los planes elaborados en el 2013. Una de las principales promesas es la construcción del nuevo hospital de Espinar.

En ese momento, la ahora ex ministra de Salud, Patricia García, señaló que actualmente no existe una guía para manejo de metales pesados en el país, y declaró que los planes y compromisos en materia ambiental producto de la Mesa de Diálogo de Espinar del 2013 no fueron ni son actualmente posibles. Por ello planteó que era necesario “transparentar la situación y sincerar las cosas” pues “no existen centros y tecnología especializada”.

Pero así como el Estado aún no atiende la salud de la población, tampoco ha sido capaz de identificar al responsable de la situación. El informe de la Mesa de Diálogo del 2013 concluyó que “las aguas superficiales y subterráneas, en algunos lugares cercanos a las actividades mineras de Xstrata Tintaya S.A., muestran una concentración de metales y otros elementos físicos y químicos superiores a los estándares de calidad ambiental establecidos” y que “ello supone una asociación entre dichos valores y zonas de actividad minera que tiene que ser examinada con mayor profundidad”. Los resultados preliminares del primer estudio concluido por el IPEN y otros producidos por OEFA apuntan a una asociación de los relaves mineros con la contaminación. Por ejemplo, sobre las relaveras de Huinipampa y Ccamacmayo, el informe del IPEN de 2014 indica que no se puede excluir que las aguas estén afectadas por las relaveras y recomienda la ejecución de estudios complementarios. La empresa minera sostiene que no tiene responsabilidad, en tanto que los testimonios de la población local señalan a las actividades de más de 30 años de la mina Tintaya como causa de la contaminación en la zona. Lo cierto es que, a la fecha, pese a tener pleno conocimiento de esta situación desde hace más de 7 años, el Estado aún no puede determinar quién es el responsable.

En su informe, Amnistía considera que “el Estado peruano ha incumplido por completo su deber de proteger a las comunidades de Espinar y garantizar su derecho a la salud”.

El informe de Amnistía se refiere también al caso de Cuninico, comunidad de Loreto afectada por contaminación petrolera donde según estudios del Ministerio de Salud, más de la mitad de la población tenía niveles anormales de mercurio en la sangre. También se detectaron niveles alarmantes de cadmio y plomo en algunas personas, entre ellas niños y niñas. “Pese a que el gobierno declaró una emergencia de salud pública en la zona en 2017, no se han tomado medidas reales para proporcionar atención médica a las comunidades y abordar la contaminación del agua, lo cual incluye investigar la fuente de la contaminación”, señala la organización internacional, agregando que “El centro de salud más cercano a Cuninico está a una hora y media de distancia en lancha motora, y no cuenta con los especialistas requeridos para cubrir las necesidades de una población local expuesta a metales tóxicos”.

Estos casos nos recuerdan que en nuestro país existen demasiados ejemplos de poblaciones expuestas a grave contaminación. La Oroya, Andoas, Madre de Dios, Espinar y Cuninico son algunos de los casos emblemáticos y que muestran a un Estado que si bien es muy ágil para promover las inversiones extractivas, no es igual de diligente para proteger a las poblaciones de los impactos de dichas actividades.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/766-las-victimas-de-un-estado-toxico

Colombia

Vuelve la pelea por Santurbán

18 septiembre, 2017 Autor: Carlos Lozano Acosta
Conflicto Relacionado: Santurbán

Luego del retiro del Banco Mundial del proyecto minero Eco Oro, vuelve el debate sobre el páramo de Santurbán. Minesa, una empresa del Grupo Mubadala, fondo de inversiones del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, presentó formalmente una solicitud de licencia ambiental para hacer minería de oro cerca a ese ecosistema.

El proyecto minero, conocido como Soto Norte, estará ubicado a cinco kilómetros del casco urbano de California, Santander. Según la propia empresa, la mina tendrá un área de influencia de más de 2.000 hectáreas y espera extraer 9 millones de onzas de oro. La operación iniciaría en el año 2021 y la vida útil del proyecto es de 25 años, aunque hay debate sobre cuánto tiempo durarán los efectos de la explotación una vez la empresa se retire, y quién se hará cargo de los mismos, pues Colombia no tiene reglas claras sobre los pasivos mineros de largo plazo.

Minesa afirma que no usará mercurio ni cianuro. Sin embargo, en Santurbán existen altas concentraciones de arsénico, un elemento altamente tóxico para la salud humana que puede producir enfermedades neurológicas y cardiovasculares, y en algunos casos la muerte.

La pelea por Santurbán lleva años. En 2011, el Ministerio de Ambiente –en ese entonces no existía la Anla- negó la licencia ambiental a la empresa Eco Oro para hacer una mina a cielo abierto en Santurbán, principalmente porque el proyecto se encontraba en área de páramo. Posteriormente, el Banco Mundial retiró su inversión de la mina. Desde entonces, Bucaramanga ha presenciado multitudinarias marchas en contra de la minería en ese ecosistema, la próxima de ellas, el 6 de octubre. Se trata de un conflicto ambiental que es seguido con atención dentro y fuera de Colombia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene el desafío de demostrar que cuenta con el músculo técnico necesario para tomar una decisión libre de interferencias políticas. De entrada, el hecho de que el estudio lo realice la empresa y no la propia autoridad ambiental, como ocurre en otros países, implica que la Anla tendrá que emplearse a fondo para decidir con independencia y rigor en un proyecto muy sensible para Santander y para el país

Aunque Soto Norte no se encuentra dentro del área delimitada de ese páramo, el debate se centrará en el impacto que puede tener una mina subterránea debajo de esa línea, pues de alguna manera, ese ecosistema no es una superficie sino un sistema, lo que significa que incluye el subsuelo. La pregunta que deberá resolver la Anla es si la propuesta de Minesa tendrá efectos inaceptables en la hidrogeología del páramo, vital para que ese entorno natural siga cumpliendo con su función como fábrica de agua de Santander.

La empresa tuvo años para preparar sus estudios, mientras las comunidades solo tendrán algunos meses para pronunciarse –algunos dirán que solo un día, el de la audiencia pública ambiental– antes de que la autoridad decida. Esa desigualdad en el campo de juego, injusta e inconveniente, es fruto de una mala reglamentación del licenciamiento y puede ser la mecha para que estalle un conflicto ambiental. El país no puede salir de un conflicto armado para entrar en tensiones por el agua.

La Corte Constitucional ha dicho que los páramos deben ser protegidos, ya que son fuentes de agua, sumideros de carbono y reservas de biodiversidad. Por ese motivo, la minería en páramos está prohibida en Colombia. Luego de un intenso debate público, ese tribunal ratificó tal prohibición en 2016. En tiempos de cambio climático, el país debe honrar sus compromisos internacionales y conservar los ecosistemas que ayudan a mitigarlo.

Fuente: http://www.semana.com/opinion/articulo/minesa-solicito-licencia-ambiental-para-hacer-mineria-cerca-al-paramo-de-santurban/540046

Perú

¿Qué cambia con la nueva norma del MINAM para delitos ambientales?

15 septiembre, 2017 Autor: Vanessa ShaefferM.

La semana pasada el Ministerio del Ambiente publicó un nuevo reglamento para la presentación de los informes técnicos que se deben elaborar de manera obligatoria en los procesos penales por delitos ambientales. Estos informes técnicos son denominados Informes fundamentados y tienen su origen en la Ley General del ambiente:

«Art. 149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental (…)»

Los Informes fundamentados son entonces una obligación legal, parte esencial de la investigación y el proceso penal frente a los delitos cometidos contra el medio ambiente. Son necesarios para que el fiscal y/o el juez conozcan cuáles son las obligaciones ambientales (de carácter administrativo ambiental) que se habrían vulnerado, y constituyen un insumo para valorar los hechos y determinar cómo es que se ha afectado al medio ambiente, como bien jurídico protegido por la norma penal.

El DS007-2017 MINAM (del 5 de setiembre último) regula por tercera vez la emisión de estos informes y su uso en el proceso penal⁽⁾. Progresivamente, los reglamentos sobre el Informe Fundamentado han ido definiendo y guiando la obligación legal de elaborarlos, de manera de facilitar su comprensión por parte de los operadores de justicia.

Esto último resulta importante en nuestro país, donde todavía resulta muy difícil la persecución y sanción de los delitos contra el ambiente. Aquí, no solo jueces y fiscales encuentran dificultades en la investigación de los hechos, la evaluación de las pruebas y la imposición de sanciones penales; sino también las autoridades ambientales, que carecen en muchos casos de las capacidades, lineamientos y recursos para el cumplimiento de sus obligaciones legales, como las de evaluar los hechos y evacuar dichos Informes.

Pero las dificultades se presentan no solamente para los operadores de justicia. Los terceros involucrados en los procesos por delitos ambientales, por ejemplo, los ciudadanos afectados por la comisión de los mismos, tampoco logran encontrar aún hoy, en el proceso penal, una alternativa eficaz para enfrentar las más graves vulneraciones al medio ambiente.

Comunidades afectadas por graves derrames de elementos tóxicos sobre sus fuentes de agua (por ejemplo, el caso de la mina Caudalosa que derramó relaves sobre el río Escalera o los derrames de petróleo del oleoducto norperuano en la Amazonía norte) han intentando recurrir al derecho penal, sin resultado alguno. En muchos casos incluso, las comunidades han encontrado en los Informes Fundamentados un obstáculo para la búsqueda de justicia ambiental. Esto ya sea por su baja calidad, por las demoras en su evacuación, o muchas veces por la arbitrariedad de la actuación fiscal que se limita únicamente a la información contenida en los Informes fundamentados, omitiendo así sus funciones de investigar los hechos y generar otros elementos de convicción suficientes para la formulación de su acusación.

Sobre esto, el nuevo Reglamento señala que los Informes fundamentados constituyen una prueba documental, esto es, que los informes contarían por sí mismos con la calidad de prueba pre constituida; de manera de facilitar y agilizar el proceso. Así mismo, la nueva norma señala que el Informe «no constituye un requisito de procedibilidad de la acción penal, siendo que el fiscal «puede formular su requerimiento fiscal, prescindiendo de este, con las pruebas de cargo y descargo recabadas durante la investigación preparatoria» (art.2.2). Esto último le da al fiscal un rango mayor de actuación, sin tener que limitarse únicamente al Informe de la autoridad ambiental para su acusación, resultando este en un insumo que suma -y no determina- a la misma. No obstante, consideramos que la redacción de la norma puede llevar a una seria confusión: se debe recordar que la ley establece la obligación del requerimiento, evacuación y evaluación del Informe fundamentado por parte de la fiscalía, para la procedibilidad de la acción penal. Esto quiere decir que, si bien no es obligatorio usarlo como prueba, el fiscal sí deberá requerirlo y evaluarlo para que proceda la acusación.

Finalmente, entre otros cambios, el nuevo reglamento establece una descripción extensa sobre cuáles son las autoridades ambientales competentes para la elaboración de los Informes Fundamentados. Esto resulta importante, pues una de las dificultades de jueces y fiscales estaba en determinar a qué autoridad le requerían el Informe (teniendo en cuenta lo dispersa y compleja que resulta nuestra normativa ambiental). Además, la norma regula cuál es la autoridad competente para los casos de investigación penal por delitos ambientales que involucren a funcionarios o servidor públicos; así como para los casos de conflictos de intereses.

Sin duda, el nuevo reglamento aporta a un mejor desarrollo del proceso judicial por delitos ambientales y la protección del ambiente mediante la vía del derecho penal. No obstante, autoridades del ejecutivo y del poder judicial aún tienen un largo caminar que recorrer para garantizar su efectividad.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/762-que-cambia-con-la-nueva-norma-del-minam-para-delitos-ambientales

Chile

Juan Claro, Julio Ponce y Pascua Lama, algunos de los casos más polémicos que esperan decisiones clave del Tribunal Ambiental

14 septiembre, 2017 Autor: El Mostrador.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

, Pascua Lama-Barrick Gold

Los asesores de Dominga ponen sus fichas en que el recién creado tribunal de Antofagasta dé cabida a sus quejas por un proceso mal hecho. A la instancia llegará poco después la nueva multa a Pascua Lama, que superó en primera instancia los 16 millones de dólares. En Santiago, abogados de SQM se defenderán de una millonaria sanción y Canelo, la central del empresario Juan Claro, espera su resolución, a fin de ver si podrá pasarle por entremedio a un convento de carmelitas (ACTUALIZADA y ACLARADA).

Más de tres años de retraso tuvo la creación del Tribunal Ambiental de Antofagasta. El organismo es clave para regular los asuntos que afectan a las regiones mineras del país, pues tendrá potestad en los reclamos sobre faltas al medio ambiente en proyectos hasta la Cuarta Región.

Su creación no se habría ajustado a los tiempos que tenía en mente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ello porque el secretario de Estado habría preferido litigar en Santiago. La lectura oficialista es que casi 9 de 10 fallos presentados ante el organismo en el pasado han sido ratificados a favor de su postura. Estadísticas más, estadísticas menos, lo cierto es que ahora el trabajo se dividirá en dos jurisdicciones, que tendrán frente a sus estrados a caras conocidas del país y casos que generan impacto en la opinión pública.

Las discusiones aterrizan en la instancia que no está libre de críticas. El Tribunal de Santiago ya fue llamado a terreno (a inicios de 2017) por su supervisor director, la Corte Suprema. El máximo tribunal le llamó la atención por los excesivos tiempos de tramitación de sus decisiones.

La apoliticidad del organismo también se ha puesto en la palestra. En el recién creado tribunal del norte su presidente tiene un pasado de vínculos políticos con la DC y RN. En Santiago en tanto, mediante presentaciones a Contraloría, fueron criticadas algunas designaciones. La Fundación Terram acudió al organismo acusando la cercanía entre el ministro Alejandro Ruiz y el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier (DC). El Comité de Defensa de la Patagonia, en tanto, señaló que Ruiz tenía relaciones que hacían poco parcial la evaluación de algunos de sus casos. Contraloría dijo que el nombramiento se ajustaba a la probidad.

Con todo, algunos litigantes observan que existe una influencia política en los tribunales, tomando en consideración que las ternas son presentadas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado. “Sumémosle que después todos estos casos terminan en la Tercera de la Sala de la Corte Suprema, donde es ministro integrante el juez Sergio Muñoz. Es una Sala que mostró resistencia en primera instancia a darle espacio al Tribunal Ambiental, pero que con el tiempo ha validado su quehacer. Hay casos que se han presentado e incluso han terminado peor después de la Suprema, con multas mucho más altas”, dice un jurista de la plaza.

Abogados cercanos a la Corte agregan que, de todos modos, Muñoz hoy no tiene mayoría en la Tercera Sala, tras los cambios de jueces que se han realizado.

Los empresarios y el señor juez

Con esas consideraciones a la mano, no solo los abogados de Dominga deberán desfilar ante el Tribunal Ambiental. Otros importantes empresarios cruzan también los dedos para que sus proyectos salgan lo más ilesos posible de la instancia.

En la puerta del horno está el fallo que podría darle viabilidad a la central que planea construir el empresario Juan Claro en San José de Maipo. A través de eléctrica Coyanco y luego de meses de litigio, espera zanjar sus diferencias con sus principales opositoras, las hermanas del convento Carmelitas Descalzas.

Las monjas han hecho de todo por detener el proyecto, hasta rompieron el claustro cuando en febrero llegaron a protestar –por medio de rezos– a la audiencia pública del Tribunal Ambiental. No es todo, pese a que se esperan novedades hace varias semanas, efectuaron una última movida hace solo unos días, con miras a que el empresario no pueda construir la central, que tendrá parte de su servidumbre en los terrenos del convento. Presentaron un escrito de más de 80 páginas, realizado por el sacerdote Francisco Astaburuaga Ossa, doctor en Derecho Canónico, quien señaló que “es de competencia de la autoridad eclesiástica y no civil” autorizar cualquier cambio en el convento. En resumen, plantean que hay que pedirle permiso al Papa.

No es el único apellido de peso que alega sus intereses en la instancia. Recién iniciando la batalla, los abogados de SQM, firma controlada por el empresario Julio Ponce, ingresaron el 20 de julio una reclamación en contra de una millonaria multa que les cursó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por su proyecto Pampa Hermosa, una iniciativa que hace rato saca chispas en materia medioambiental.

Ubicada en las cercanías del Salar de Llamara, la planta de yodo y nitratos fue sancionada por una serie de incumplimientos medioambientales. Algunas faltas fueron consideradas gravísimas y les pasaron una boleta por 25.000 UTA (sobre US$ 20 millones). Además de ser una de las multas más altas de la historia cursada por la SMA, en el peor de los casos, la empresa arriesgaría al cierre de su operación. La pelea tiene para largo.

Otro de los casos que tendrá atenta a la opinión pública será el nuevo proceso sancionatorio contra Pascua Lama.

Es un caso de larga data, pero que debería tener avances significativos en lo que queda del año. En 2014, el Tribunal Ambiental ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente rehacer todas las sanciones que le había imputado y que sumaban unos US$ 16 millones. En palabras sencillas, la superintendencia consolidó algunas faltas, pero el tribunal le ordenó desagregar cada una de las sanciones, con lo que la multa se elevaría significativamente.

Respecto a Pascua Lama, persiste la duda sobre si el caso será revisado en la instancia de Antofagasta –el tribunal donde por ubicación geográfica le correspondería litigar– o de Santiago, el cual podría reclamar que, como revisó el caso en el pasado, quiere darle seguimiento.

La estrategia de Dominga

La pelea más álgida en el recién creado Tribunal Ambiental de Antofagasta vendrá de la mano de Dominga. Cercanos al proceso explican que la contundencia del fallo que defina el futuro del proyecto de Andes Iron será clave para “leer la mano” de los jueces del organismo. Según la estrategia de sus asesores, la base de los alegatos no estará en argumentos a favor o en contra de su sustentabilidad ambiental, sino en mayor porcentaje en razones técnicas del debido proceso.

“El proceso abiertamente parece tan irregular y tan parcial que esta será netamente una pelea por el debido procedimiento. Es decir, del total de la discusión, dos tercios van a dirigirse a lo político-técnico y un tercio a argumentos técnicos del proyecto. La influencia de los órganos políticos en la discusión parece tan evidente, que desvía la discusión de los argumentos de las supuestas faltas medioambientales”, señala un conocedor.

Con todo, los casos que serán prontamente fallados y revisados por los tribunales ambientales revelarán qué tanta contundencia tienen sus decisiones y si estas les ponen un freno a aquellos proyectos que abiertamente se han pasado de la raya ambiental.

Fuente: http://www.ecosistemas.cl/2017/09/13/juan-claro-julio-ponce-y-pascua-lama-algunos-de-los-casos-mas-polemicos-que-esperan-decisiones-clave-del-tribunal-ambiental/

Chile

Organizaciones exigen renuncia de ministro Rodríguez: “Su objetivo será patrocinar proyectos irresponsables como Alto Maipo o Dominga”

14 septiembre, 2017 Autor: El Ciudadano.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

Agrupaciones aseguran que el nuevo encargado de la cartera de Economía es “hombre de confianza de empresas privadas transnacionales y nacionales, e impulsor de proyectos nocivos”.

Durante la jornada de este jueves, las organizaciones ciudadanas Coordinadora No Alto Maipo y el movimiento Chao Pescao – Salvemos La Higuera han exigido la renuncia inmediata del recién asumido ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, por considerar que “este cargo público no puede ser desempeñado por una persona incompatible con los intereses de la nación y su bien común”.

Las agrupaciones argumentan que junto con ser “un conocido político democratacristiano, neoliberal y pro empresariado”, el secretario de Estado es un “hombre de confianza de empresas privadas transnacionales y nacionales, e impulsor de proyectos nocivos, que llega al gobierno para destrabar inversiones desde la práctica de la ‘silla giratoria’ con el consiguiente tráfico de influencias y desacato a las decisiones institucionales”.

No Alto Maipo y Chao Pescao destacan que como triministro de Economía, Energía y Minería durante el gobierno de Ricardo Lagos, Rodríguez se relacionó con el megaproyecto Alumysa, una planta procesadora de aluminio que pretendía instalarse en Aysén y que contemplaba la construcción de un puerto y tres centrales hidroeléctricas. Junto con ello, recuerdan que en 1997 asumió la gerencia general de la empresa eléctrica Guacolda, de AES Gener, luego de lo cual integró su directorio. Finalmente, añaden, en abril de 2014 se integró a la dirección de Alto Maipo, del mismo grupo. Actualmente, concluyen, formaba parte de los directorios de British American Tobacco Chile y Australis Seafoods.

Las organizaciones medioambientales se refieren también a las declaraciones realizadas por Rodríguez Grossi en entrevista con El Mercurio tres días después de haber sido nombrado en el ministerio de Economía, en el marco del cambio de gabinete que sacó a Rodrigo Valdés de Hacienda por sus diferencias con la presidenta Bachelet por el proyecto Dominga. Rodríguez puso en duda que la decisión del Consejo de Ministros que había rechazado la iniciativa minera fuera la última palabra en este conflicto. “No conozco el proyecto Dominga. Sin duda, habría querido que esto hubiese sido un poco más fácil y ojalá hubiese habido inversión . Todavía puede hacerse; nadie ha matado el proyecto, y podría llevarse a cabo”, señaló el ex presidente del BancoEstado.

En ese sentido, No Alto Maipo y Chao Pescao sostienen que los dichos de Rodríguez Grossi “no son sólo irresponsables, sino que además de irrespetar la institucionalidad ambiental, representan un peligro para el desarrollo y el crecimiento sustentable de Chile, de acuerdo con los estándares éticos y el bien común que deben anteponerse ante el privilegio económico de unos pocos”. Del mismo modo -agregan- “no dudamos en que su objetivo será patrocinar proyectos irresponsables como la Hidroeléctrica Alto Maipo o Dominga en diferentes diseños”. Es por ello que -concluyen- “reiteramos la solicitud de su renuncia inmediata y el fin del tráfico de influencias y la corrupción público-privada”.

“Usará su cargo para el lobby empresarial y extractivista”

Quienes también critican el nombramiento del nuevo ministro de Economía son los miembros de la Red Metropolitana No Alto Maipo, organización que en el documento Dime quién gobierna y te diré quién contamina: Prontuario de Jorge Rodríguez Grossi rechaza de forma categórica esta designación. Lo anterior -argumentan- “por ser totalmente incompatible con su ‘prontuario’, tanto como académico, político y como empresario, toda vez que es una nítida muestra de lo que denominamos como puerta giratoria entre el mundo privado y el público a favor de la profundización del extractivismo”.

Al igual que las otras agrupaciones, la Red destaca que durante su periodo como triministro de Lagos, “Chile y sus territorios fue sometido a una fuerte presión para destrabar proyectos industriales y con ello reactivar la macro economía, en lo que se denominó la Agenda Pro Crecimiento”. En ese sentido, añaden que “hoy sabemos de la existencia de fuertes vínculos con AES Gener y, por ende, sospechamos que el proyecto Alto Maipo será favorecido con su designación”, considerando -apuntan- que la iniciativa “está en su peor momento”.“En el proceso de Evaluación Ambiental del proyecto hidroeléctrico Rodríguez Grossi estaba a la cabeza de Aes Gener y era el presidente ejecutivo de Alto Maipo. Casualmente, uno de los servicios del Estado que omitió pronunciarse fue el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) que no se pronunció respecto al túnel que el proyecto necesita hacer bajo los glaciares San Francisco y El Morado. Quien encabezaba el Sernageomin en esos momentos era Alejandro Vio Grossi, primo hermano de Jorge”, cuestiona la agrupación.

Junto con ello, se critica que durante la administración Lagos impulsara la utilización del Pet Coke, “un residuo del proceso de refinación del petróleo que se utiliza para generar energía eléctrica y que está prohibido en otros países pues emana dióxido de azufre, níquel y vanadio entre otros compuestos que, liberados a la atmósfera en altas concentraciones son altamente dañinos para la salud, especialmente en los grupos etáreos más vulnerables como los niños y los ancianos”, explican.

Respecto al apoyo del secretario de Estado al proyecto Dominga, la Red Metropolitana Alto Maipo declara que “vemos con peligrosa claridad para dónde se inclinará la balanza en lo que queda del mandato de Bachelet con este nuevo flamante ministro de Economía en lo que respecta a la discusión entre desarrollo y protección del medioambiente”.

Por último, la agrupación concluye que Rodríguez Grossi “usará su cargo para el lobby empresarial y extractivista, y que atentará gravemente contra los derechos humanos, como es el vivir en un ambiente libre de contaminación”, escenario en donde -aseguran- “uno de los eventuales beneficiados será el nefasto proyecto Alto Maipo”.

Fuente: http://www.ecosistemas.cl/2017/09/07/organizaciones-exigen-renuncia-de-ministro-rodriguez-su-objetivo-sera-patrocinar-proyectos-irresponsables-como-alto-maipo-o-dominga/

Perú

Matucana: Enjambre sísmico en una zona de enjambre de relaves mineros

14 septiembre, 2017 Autor: José de Echave.

En la madrugada del jueves 14 de septiembre, 7 fuertes sismos tuvieron como epicentro el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí. El más fuerte fue de 4.8 en la escala de Richter, provocando alarma en la población y deslizamientos en varios puntos que provocaron, por ejemplo, el bloqueo de la Carretera Central por varias horas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), ha informado que lo que ocurre en Matucana es un enjambre sísmico debido a la presencia de fallas geológicas en esta zona. El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, ha declarado que “un enjambre sísmico, técnicamente, se conoce a la actividad sísmica de magnitud pequeña que ocurre en un área puntual durante un variado periodo de tiempo. Hay enjambres sísmicos que duran un día o semanas, pero que no generan un tipo de daño a la población”.

Lo ocurrido en Matucana nos recuerda que en la zona también se ubican 19 relaves mineros, entre los que destaca el depósito de Tamboraque, con más de 500 mil toneladas de residuos tóxicos, a pocos metros del río Rímac, que es la fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

¿Qué dicen los informes técnicos sobre Tamboraque? Ya en el año 2008, un informe de emergencia elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil alertaba sobre los peligros de Tamboraque: “la pendiente es abrupta, variando de 35° en la parte alta a 45° en la parte media y baja; además se encuentra en una zona de alta sismicidad”.

El informe planteaba claramente que la empresa minera debería “cambiar la ubicación de la cancha de relaves y moverlos a una nueva ubicación que presente las características físicas de seguridad y bajo riesgo ambiental, dejando libre la parte baja de influencia directa, ante un posible colapso”.

Pese a que instituciones como Defensa Civil, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Lima, han planteado desde hace varios años la clausura inmediata de esta cancha de relaves y su reubicación a una zona segura, de manera irresponsable se sigue postergando la reubicación definitiva.

Un enjambre de relaves mineros en una zona de enjambre sísmico configura un escenario de alto riesgo. Esperamos que las autoridades y las propias empresas reaccionen y se tome la decisión de reubicar los relaves a zonas de total seguridad para evitar los graves riesgos de colapso.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/763-matucana-enjambre-sismico-en-una-zona-de-enjambre-de-relaves-mineros

Internacional

Stop Uranio participa en Madrid en una jornada de grupos contrarios a la minería

14 septiembre, 2017 Autor: Redacción Salamanca al día. es

La plataforma Stop Uranio ha participado en Madrid en una jornada convocada por Ecologistas en Acción a la que estaban invitadas varios colectivos opositores a la minería. Además del colectivo contra la mina de uranio en Retortillo, asistían las tres plataformas en contra de las minas de feldespato proyectadas en Ávila, una representante que abordó la problemática minera surgida en Ciudad Real y la recién creada Plataforma ‘Salvemos la montaña. No a la mina de Valdeflores’, de Cáceres.

Bajo el lema ‘Las minas nos matan. Protejamos el suelo de la especulación minera’, este evento se enmarca en la campaña internacional People4Soil, con la que se pretende conseguir una directiva europea de protección del suelo.

En este encuentro se desgranaron algunos de los puntos clave sobre la estrategia minera en España, aportándose datos llamativos como las 2.000 solicitudes de concesiones existentes en el territorio español, la tendencia de la minería a cielo abierto y el impacto medioambiental que acarrea esta técnica, y una ley que beneficia a las empresas mineras por encima del resto de sectores económicos como la agricultura o la ganadería.

En representación de Stop Uranio intervino el secretario de la plataforma, José Ramón Barrueco, quien recordó cómo la empresa Berkeley ha obtenido la declaración de impacto medioambiental favorable por parte de la Junta y la concesión minera, aunque “le falta la autorización de construcción de la planta de beneficio de mineral con informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. El último paso sería la licencia urbanística, pendiente de esa autorización de construcción de la planta”.

Fuente: http://salamancartvaldia.es/not/159498/stop-uranio-participa-madrid-jornada-grupos-contrarios-mineria/

Ecuador

Desde los páramos de Río Blanco, el Cabildo de Cuenca: “¡No a la minería en fuentes de agua!”

14 septiembre, 2017

Cuando se cumplían 30 días de resistencia comunitaria al proyecto de la minera china Junefield,el pasado 9 de septiembre, se celebró el Encuentro

por la Defensa de Río Blanco y el Cajas. La consigna fue “NO PASARÁN”.

Río Blanco, 9 de septiembre del 2017

13 organizaciones que forman parte del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, junto con la Comunidad de Río Blanco y algunos pobladores de la comunidad de Yumate, se reunieron el pasado sábado 9 de Septiembre en la entrada del campamento minero de la empresa china Junefield, para apoyar la exigencia de la comunidad de Río Blanco de desalojar a la empresa de su territorio.

Las y los asistentes pudieron evidenciar de primera mano que el humedal Cruz Loma ha sido rellenado con escombros por parte de la empresa, y de la misma manera recorrieron los terrenos desecados en los que los pobladores aseguran existían ojos de agua.

Enseguida se dio inicio a una gran Asamblea en la que la comunidad de Río Blanco, a más de exteriorizar sus demandas, manifestó que su moral está en alto y que su decisión de no deponer su lucha hasta que la minera salga de su territorio es inquebrantable.

Las organizaciones de la ciudad de Cuenca y otros cantones del Azuay expresaron su respaldo a Río Blanco, dada la experiencia en la resistencia a proyectos mineros en áreas como Kimsakocha y Santa Isabel, o en base a sus investigaciones sobre el involucramiento de estas industrias extractivas en casos de corrupción.

La Asamblea de los Pueblos del Sur y la Red Agroecológica del Austro entregaron sus cartas de respaldo a la comunidad, mientras que éstas y otras organizaciones se hicieron presentes con donaciones de víveres para sostener la medida de hecho sostenida desde hace un mes por parte de la comunidad.

Como resultado de esta asamblea se redactó la DECLARATORIA DE RÍO BLANCO en la que se acuerda, entre otras cosas, reafirmar la unidad frente al extractivismo minero que amenaza nuestra provincia y otras provincias del país, apoyar la exigencia de la comunidad de Río Blanco para que la empresa salga de su territorio, presentar las acciones legales pertinentes, solicitar la intervención de organismos de DDHH, solicitar la verificación por parte de ETAPA del desecamiento de humedales y ojos de agua en esta área del Cajas, construir una plataforma provincial por la defensa del agua para exigir se respeten las Declaratorias cantonal y provincial que declaran a Cuenca y el Azuay como territorios libres de minería metálica.

Recordemos que el proyecto minero Río Blanco, así como el proyecto Loma Larga/Kimsacocha, están ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y en bosques protectores del agua, el suelo y la biodiversidad: Molleturo-Mollepongo, Yanuncay-Irquis y El Chorro.

Además de las 13 organizaciones presentes, la declaratoria fue suscrita por 90 personas, la mayor parte miembros de la comunidad de Río Blanco.

La jornada terminó con una pampamesa y baile popular.

Fuente: CABILDO POPULAR POR EL AGUA DE CUENCA

Todo este recorrido estuvo marcado por una fuerte presencia policial, verificándose entonces que las instituciones del estado se han desplegado en resguardo de una empresa privada.

Colombia

Alcaldes del Cesar lentos en frenar la minería ilegal

13 septiembre, 2017 Autor: El País Vallenato.com

Solo cinco de las 57 unidades mineras ilegales plenamente identificadas en el departamento del Cesar han sido recuperadas, en casi un año, y aún los Alcaldes del departamento no lideran acciones para frenar los daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones en 24 de los 25 municipios.

Es una preocupación porque desde el año pasado, la Secretaría de Minas hizo un diagnóstico en el que identificamos y detectamos cuáles eran estas minerías ilegales e informales y hasta el día de hoy estamos haciendo ese balance de cómo vamos y la verdad es que es preocupante, porque tenemos alcaldes que no están haciendo la tarea como debemos hacerla”, dijo la secretaria del ramo, Carmen Cecilia Galvis.

La funcionaria lideró una mesa de trabajo con los Secretarios de Gobierno de todos los municipios este lunes en la Gobernación del Cesar, pero fueron muchos los invitados y pocos los que asistieron a este encuentro en que también se convocó a las autoridades ambientales y de Policía.

“Los secretarios de gobierno son los responsables de hablarles a los alcaldes en cuestiones de normatividad, porque esto es de normatividad y necesitamos veedores en cada municipio de esta minería ilícita en la que hoy vive el departamento”, explicó Galvis.

Señaló además que del 26 al 29 de septiembre se realizará una nueva socialización con todos los alcaldes para que tengan información de los alcances que pueden tener a través de las normas y las acciones de reconversión laboral para las 700 familias que viven de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental, el único municipio que se salva de los efectos devastadores de la minería ilegal es González, al sur del departamento.

El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra, son sometidos a lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.

A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.

Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies, la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.

También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.

Fuente: http://www.elpaisvallenato.com/2017/09/12/alcaldes-del-cesar-lentos-en-frenar-la-mineria-ilegal/