El Gobierno vuelve a foja cero el proyecto minero San Jorge

20 septiembre, 2017 Autor: Miguel Ángel Flores Isuani , Los Andes.com
Conflicto Relacionado: San Jorge

Lo resolvió el Gobierno, al considerar que el Estudio de Impacto Ambiental del plan a desarrollarse entre Mendoza y San Juan se basó en el rechazado por la Legislatura en 2015.

Luego de casi 2 años desde que el rechazo de la Legislatura a la propuesta original de explotar oro y cobre en Uspallata obligara a reformular el Estudio de Impacto Ambiental, el Gobierno ya decidió que los actuales accionistas del proyecto San Jorge den marcha atrás por considerar que sólo presentaron una «actualización» del anterior, y no uno nuevo. De esa manera, si se acata la decisión y la firma reinicia el proceso significa que el emprendimiento, con una promesa de inversión de U$S 200 millones, no estará habilitado antes del 2019.

Así lo confirmaron tanto desde la Dirección de Minería como en la Secretaría de Ambiente, autoridad conjunta en la materia. La resolución se dará a conocer a partir de mañana, aunque los ejecutivos de San Jorge ya fueron notificados verbalmente de la medida que dilata aún más el plan de extraer y moler el mineral en Mendoza (sin uso de cianuro ni sulfúrico, como prohíbe la ley 7722), y luego transportarlo a San Juan para su tratamiento.

«A partir del análisis del impacto ambiental se ha decidido enviar el proceso a fojas cero, dado que que el proyecto de carácter biprovincial está basado en el que fue rechazado por la Legislatura durante la gestión anterior y por lo tanto no es válido. Es decir, no se puede ejecutar cuando se trata de una actualización de otro plan desaprobado. Por lo tanto, será necesario presentar una nueva EIA, y con ella reelaborar los informes sectoriales, otra convocatoria a la audiencia pública de rigor y la evaluación final», detalló el director de Minería, Carlos Molina.

Para Molina «lo positivo es que, si se reinicia el procedimiento, quizá resulte una Declaración de Impacto Ambiental con mayor consenso técnico». La referencia es que la propuesta inicial de San Jorge había dividido aguas entre especialistas de la UTN y la UNC sobre su pertinencia.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, admitió que, si los actuales dueños del proyecto la acatan, «en el mejor de los casos podría contar con la habilitación necesaria en un año y medio o más». Un tema no menor es que al bajarle el pulgar el Ejecutivo, el reformulado proyecto ni siquiera llegó de nuevo a ser discutido en la Casa de las Leyes para su ratificación.

El responsable del área reafirmó que el procedimiento de la última EIA «nunca concluyó y se necesita uno nuevo». Y eligió una analogía para aseverar que «no es lo mismo presentar planos para construir una casa que de un edificio».

Plazos, una condición a futuro

En síntesis, lo que propuso San Jorge en 2016, luego del revés legislativo, fue dividir la actividad en dos etapas entre Mendoza y San Juan: extraer oro y cobre en el lugar y completar la molienda, para luego cargar el mineral en tren y trasladarlo a San Juan para su tratamiento, foco de objeciones iniciales por parte de organizaciones ambientalistas por el uso del método de flotación y diversas sustancias químicas.

contaminantes.

Aunque las partes asumen que puede abrirse un frente de batalla jurídico según los puntos de vista adoptados, desde la reformulación del plan San Jorge se había aferrado a que al trasladarse el tratamiento fuera de la provincia estaba generándose un «impacto positivo» para Mendoza. Esto es, minimizar sus efectos negativos.

¿Porqué demoró casi 2 años la decisión? Desde el Ejecutivo no niegan que llevó tiempo analizar todas las aristas jurídicas a fin de prever eventuales acciones legales por parte de San Jorge, que al parecer serán inexorables.

«Había que hacer un análisis jurídico profundo para no ocasionar costos legales y por lo tanto un perjuicio económico para la Provincia. Además, ha tenido tantas modificaciones que lo que debe tenerse en cuenta no es sólo el impacto ambiental, sino también el social y económico en generación de puestos de trabajo , y por tanto excede límites geográficos», añadió Mingorance, sobre la etapa de la explotación que la firma propone completar en San Juan.

Según la compañía, se dará trabajo a 5.000 personas, entre puestos directos e indirectos para que el emprendimiento ahora envuelto en otra polémica produzca unas 25.000 toneladas de cobre anuales.

Consultado por el futuro en caso de desestimiento de sus actuales dueños, el secretario de Ambiente comparó la postura oficial, que tiene el aval de Fiscalía de Estado, con la adoptada frente al fracking, al asegurar que «demostramos que todo lo que esté dentro de la ley se podrá hacer».

Desde la empresa no descartan ir a la justicia

Consultado por Los Andes, su CEO, Taras Nechiporenko, sobre la pretensión oficial de dar marcha atrás con el proyecto, no dudó en señalar intencionalidad política en la decisión y descartar, inicialmente, de plano la posibilidad de volver a fojas 0.

«Lo interpretamos como interés electoralista en explotar políticamente el tema minero. No se puede dar de baja todo un acto administrativo cuando nada ha cambiado; tampoco entendemos porqué la decisión cuando discutimos técnicamente en el ámbito de la Dirección de Minería cómo adaptarnos y unificar los proyectos en una sola DIA», señaló el ejecutivo.

«Van a cumplirse cuatro años, por eso un buen paso sería que llegue a la Legislatura entre mayo y julio de 2018. En definitiva, que en un año más, como máximo, podamos empezar, con el compromiso del Gobierno en apoyarnos; de lo contrario, los accionistas decidirán», consignó, sin descartar la vía legal.

«Sin dudas, de ser necesario iremos a la Justicia para defender las ganas de invertir en Mendoza si eso ocurre».

Fuente:http://www.losandes.com.ar/article/marcha-atras-al-proyecto-minero-san-jorge

Perú

Las deudas pendientes de ocho mineras por el uso del agua

20 septiembre, 2017 Autor: Elizabeth Salazar Vega. Ojo Publico.com
Conflicto Relacionado: Antamina-Juprog-Huari

, Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

, Yanacocha

El análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com en base a pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua revela que 10 de las mineras más importantes del Perú tienen autorización para explotar hasta 302 mil millones de litros de agua cada año, a cambio de una compensación máxima de S/0,27 por cada m3 consumido. Sin embargo, las cifras de la autoridad no cuadran con las de las empresas. Ocho mineras deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua.

Cada año, diez de las compañías mineras más importantes que operan en el Perú están autorizadas a usar un máximo de 302.442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos para atender sus operaciones. La lista la integran Southern Peru, Antamina, Milpo-Votorantim, Volcan, Xstrata, Buenaventura, Las Bambas, Minero Horizonte, Yanacocha y Barrick, y la cifra se desprende del análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com con reportes obtenidos a través de pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución encargada de la gestión hídrica en el país.

Según la ANA, el consumo promedio anual de estas compañías no supera el 25% de los volúmenes permitidos. Sostienen, por ejemplo, que el 2016 las mineras usaron apenas el 14% de los volúmenes de agua permitidos y el 2015 el 36%. Sin embargo, las cifras de la autoridad se contradicen con las licencias y consumos declarados por las propias empresas, confirmando con ello la débil fiscalización del Estado en la explotación de este recurso.

Ojo-Publico.com solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el detalle del agua utilizada por las 10 mineras que poseen el mayor número de licencias para extraer este recurso, los volúmenes otorgados, el detalle de las cantidades usadas cada año y el pago que se les exige en compensación por este consumo.

El análisis de la base de datos señala que, desde el 2012 hasta fines del 2016, estas mineras utilizaron solo 377.589 millones de litros de agua para procesar sus minerales, suprimir el polvo en sus áreas de trabajo y cubrir las necesidades de servicios de sus campamentos. Pero los volúmenes de consumo que la ANA le atribuye a las mineras, son ínfimos respecto a las cantidades reales. Uno de los casos más evidentes es el de Southern Perú Cooper, subsidiaria del Grupo México y compañía que más agua capta y extrae en el Perú, según la información oficial.

De acuerdo con los reportes de la ANA, el 2015 todas las operaciones de Southern usaron 24.780 millones de litros para cubrir las necesidades de las dos minas de cobre que administra en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna). Sin embargo, los reportes que la misma empresa aloja en su página web revelan que ese año gastó el doble: 50.490 millones de litros. Una cantidad similar a la que ocuparían 12.500 piscinas olímpicas y que representa total del consumo de los habitantes de Tacna y Moquegua durante un año.

Pero no solo no concuerdan las cifras del uso, tampoco los volúmenes autorizados a la compañía minera. El volumen que la institución estatal otorgó y registró a favor de dicha empresa es mayor al que esta admite.

Lo reportado en la última memoria anual del Grupo Mexico indica que su filial peruana tiene licencia para explotar un máximo de 1.950 l/s, es decir, aproximadamente 61.500 millones de litros cada año, un volumen similar al consumo anual de la mitad de la población de Arequipa, región en donde Southern tiene a Tía Maria, proyecto minero que se encuentra paralizado precisamente por conflictos por el agua. Sin embargo, según la ANA, la empresa tiene autorización para más: 139.342 millones de litros.

La oficina de comunicación de Southern Perú Cooper respondió por escrito a Ojo-Publico.com y sostuvo que ellos cuentan con medidores en cada punto de captación del recurso. No precisaron cuántas licencias tienen, pero confirmaron que los litros de agua autorizados y utilizados son los mismos que señalan en su memoria anual. Estos son «enviados y verificados mensualmente por la ANA». Añadieron que toda la información es pública y puede obtenerse de dicha institución; sin embargo, como detallamos más arriba las cifras de la ANA no cuadran.

Ruth Preciado, ingeniera especializada en gestión hídrica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que –además de estas incongruencias en el registro de la ANA– los cálculos del uso minero del agua siempre quedarán cortos porque no se incluye el líquido que se pierde en el bombeo a tajo abierto, ni mucho menos el drenaje que hacen las empresas para secar la zona y evitar infiltraciones en sus proyectos.

“Este drenaje tiene un impacto negativo en el agua subterránea, pues impide que el líquido se almacene en temporada de lluvia para nutrir las quebradas en época seca. Ello reduce su disponibilidad de agua en las zonas bajas”, explicó la ingeniera.

El límite de metros cúbicos de agua que puede extraer cada minera es fijado por resoluciones administrativas emitidas entre 1972 y el 2009, primero por el Ministerio de Agricultura, y ahora por la ANA, cuando no se contaba con estudios de disponibilidad hídrica nacional, ni se conocía la sobreexplotación o superposición de usos en cada quebrada, laguna o río.

Los datos obtenidos por Ojo-Publico.com muestran que el 57% del total de las licencias otorgadas a estas 10 importantes mineras fueron entregadas antes del 2010, año en que la ANA publicó su primer estudio sobre la situación de los recursos hídricos en el Perú. Y fue recién desde el año 2012 que dicha institución empezó a elaborar planes de gestión del agua detallados para cada cuenca.

COBROS MÍNIMOS

Desde el 22 de junio de este año, la Constitución Política del Perú reconoce el agua como un bien público, Patrimonio de la Nación, e impone al Estado el deber de priorizar el acceso y el consumo humano sobre otros usos. Todo el que la extrae de sus fuentes naturales está obligado a pagar una retribución económica al Estado.

El monto de este pago lo calcula la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con una fórmula aprobada el 2012 y que se oficializa a través de un decreto supremo cada año, y es firmado por el Ministerio de Agricultura. Lo recaudado debe servir para mejorar la gestión y disponibilidad del agua en todo el Perú.

Sin embargo, no existen medidores o equipos en el Estado para cuantificar los volúmenes de agua que usan las mineras. Mirco Miranda, consultor en recursos hídricos y ex funcionarios de la ANA, explica que son las propias empresas las que envían una declaración jurada indicando el agua que consumieron durante el año. Cuando la información no es enviada, la Oficina de Régimen Económico de esta institución les factura un promedio aproximado en base al límite máximo permitido.

De acuerdo al Decreto supremo 024-15, toda empresa que obtenga una licencia de uso minero está obligada a pagar una retribución por el derecho de uso de agua en sumas que van de S/0,09 a S/0,27 céntimos por cada metro cúbico (mil litros) utilizados.

Los agricultores pagan entre S/ 0,0010 a S/ 0,0030 por cada m3 de agua catalagoda de uso agrario. Los montos por el uso poblacional van entre S/ 0,004 y el S/ 0,03, pero, según la ANA, mineras como Volcan, Yanacocha, Southern, Minero Horizonte, Milpo y Buenaventura, también cuentan con licencias de este tipo para atender las demandas de sus campamentos mineros, por lo que algunas de sus licencias acceden a este pago menor.

“Las propias mineras informan sus consumos a la ANA. El Estado no cuenta con medidores.”

Teniendo en cuenta estos montos, la base de datos que construyó Ojo-Publico.com con información de la ANA revela que dicha institución facturó a las diez mineras un total de S/ 38 millones por el consumo de los 377.589 millones de litros de agua que usaron en cinco años; desde la última fase del boom minero del 2012 hasta el cierre del 2016.

Pero las empresas no siempre pagan. La data oficial muestra que 8 de las 10 mineras que analizamos deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua. Solo Southern y Xtrata aparecen con todas sus facturas canceladas.

Funcionarios de la ANA confirmaron que las deudas por los consumos del 2015 al 2012 ya han sido enviadas a la Oficina de Ejecución Coactiva, pero que no podrían precisar si las mineras han presentado algún recurso o reclamo para no cumplir con su obligación. La lista la encabeza Volcan, con S/829.206 de pago pendiente; seguido de Milpo-Votorantim con S/ 536.278. En tanto, Buenaventura y Yanacocha tienen deudas que datan del 2012.

La información remitida por la Oficina de Régimen Económico de la ANA también muestra que el año pasado no se giró ningún recibo a nombre de la canadiense Barrick, la mayor productora de oro del mundo. Los reportes señalan que hubo un volumen de utilización de agua cero, pese a que su proyecto estrella Lagunas Norte, en La Libertad, estuvo en plena actividad y produjo 435.000 onzas de oro anual.

Lo mismo sucede con Las Bambas, minera de la compañía china Minerals and Metals Group (MMG), que reanudó sus operaciones en Apurímac a mediados del 2016 luego de un severo conflicto con los habitantes de la zona; y con Antamina , controlada por el consorcio BHP Billiton Ltd, Glencore, Teck Cominco Ltd y Mitsubishi Corp, y que el año pasado pesó un promedio de 430 mil toneladas de cobre y 170 mil de zinc en Áncash. Ambas compañías no tienen facturas de agua por pagar pese a su alta producción.

En la Oficina de Régimen Económico de la ANA no explicaron por qué en sus archivos no aparecen recibos a nombre de dichas mineras.

Se les solicitó a Antamina, Las Bambas y Barrick el detalle de los volúmenes de agua que están autorizados a extraer en todo el país, así como las cantidades utilizadas en los últimos cinco años, pero no dieron estos detalles. Por escrito Antamina dijo que la información la podíamos obtener de la ANA, pero aseguraron que el 100% de agua que usan es de lluvia y más del 99% de lo empleado en el procesamiento de minerales es reciclada. No obstante, existen 10 resoluciones que le otorgan a Antamina derechos de uso en dos quebradas, un río y una laguna de Áncash, así como un acuífero en Barranca, Lima.

“La ANA no le facturó consumo alguno a Barrick, Antamina y Las Bambas por sus actividades del 2016”

Por su parte, los voceros de Las Bambas dijeron que más del 95% del agua utilizada para sus operaciones extractivas es reciclada y les reportan cada mes a la ANA sus consumos. Barrick, en tanto, solo precisó que «el uso del agua es gestionado por estrictos estándares, regulados por las autoridades gubernamentales nacionales y locales de cada región en la que operamos».

Fabiola Alburqueque Vílchez, comisionada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, de la Defensoría del Pueblo, advierte que el 35% de los conflictos sociales se concentran en la cantidad, calidad y oportunidad del uso del agua. «En el caso de la minería, la poca transparencia y falta de información actualizada sobre cuánto consumen estas empresas termina exacerbando las demandas de las poblaciones que conviven con proyectos extractivos», dijo. La minería no subsiste sin agua, tampoco la agricultura que se desarrolla a su alrededor.

La ANA ha puesto sus esfuerzos en mapea el uso agrícola y poblacional de este vital recurso, pero no en saber cuánto gastan y pagan las grandes empresas.

Fuente: https://ojo-publico.com/502/el-agua-que-las-empresas-mineras-no-pagan

Bolivia

‘Bolivia con alto grado de criminalización’

20 septiembre, 2017 Autor: Ismael Luna Acevedo, El Día .com.bo

El abuso de poder de los gobiernos de turno hacia la población, las organizaciones sociales y sus líderes, sean estos obreros, campesinos y sobre todo indígenas, si bien no es nuevo, en el último tiempo se han hecho recurrentes y a la vez preocupantes al extremo de «criminalizar» la simple y llana protesta social. César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en contacto con El Día, nos revela que la situación se agrava tanto que entre 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, entre ellos líderes indígenas.

El experto nos revela cómo los gobiernos, sobre todo progresistas de la región, al agravar sus países aún más de la dependencia de las materias primas del gas, petróleo y minería, han acrecentado sus políticas extractivas en desmedro del medio ambiente y la convivencia pacífica de pueblos campesinos e indígenas. Señala que Bolivia no está exenta de esta realidad, cuando menos estos días en los conflictos de Achacachi, el Tipnis, entre otros el gobierno a todos aquellos sectores que cuestionan sus políticas son objeto de persecución, deslegitimación, criminalización.

P. ¿Lo que sucede en Bolivia es común en otras partes de la región?
C.P: Sin duda, los problemas con respecto al accionar de los gobiernos y su política asentada en el extractivismo también se comparten en toda la región. Por ejemplo, hay una gran indiferencia de las empresas mineras, apoyadas sutilmente por los gobiernos que menosprecia a los movimientos sociales que defienden derechos. En ese contexto, cualquier protesta social en defensa de sus derechos, termina siendo criminalizada.

El problema es que cada derecho que obtiene en un determinado país una empresa transnacional para explotar minerales y explorar campos gasíferos u otros, es a costa de alguna comunidad o pueblo indígena.

P. ¿Cómo podemos definir este fenómeno de la criminalización?
C.P: Nosotros, en el marco de la OCMAL, hemos definido como el uso de instrumentos legales que tiene el Estado para sancionar a quienes se oponen a la actividad minera. Según nuestro estudio se establece que gran parte de la criminalización de las protestas están en las comunidades indígenas.

Lo preocupante es que los Estados consideran cada vez más la protesta social como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista.

P. ¿Cuál es el panorama de América Latina?
C.P: En términos de criminalización de las protestas sociales entre el 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, pero a nivel mundial solamente el 2016 tuvimos 200 muertos, y en lo que va del año se han registrado más de 100 muertos.

En la región, los países con alto grado de violencia y criminalización de las protestas son Brasil, Honduras, Colombia y Perú. En cambio Ecuador, El Salvador, Chile y Bolivia, son países con menos violencia pero con alto grado de criminalización. Por ejemplo durante todo un gobierno anterior en el Perú (Ollanta Humala) se registraron 750 heridos y 50 muertos solo en protestas sociales de mineros.

P. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y criminalización?
C.P: En realidad los objetivos son los mismos; solo los mecanismos son diferentes. El primer tipo se refiere a asesinatos, lesiones personales, golpizas, secuestros, retenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzado y violencia contra los bienes de la víctima, llamadas intimidatorias entre otros. En cambio, la criminalización tiene que ver con detenciones y encarcelamientos arbitrarios, persecución judicial y administrativa, estigmatización mediática y persecución política a organizaciones y movimientos sociales vía represión de la protesta, violaciones a los derechos de información, incentivo a la división social entre comunidades, población local además de la militarización de los territorios y la privatización de la seguridad pública.

P. ¿Qué hacer con esta situación preocupante?
C.P: Exactamente, dado que el poder disentir y el poder manifestarse es un ejercicio democrático que hoy en día no se está reconociendo en nuestros países. Entonces el reto es que hay una gran oportunidad de poder consolidar un movimiento crítico al extractivismo en nuestros países y para luego articular uno más grande, con otros movimientos de América Latina. Ahora esa articulación entre todos en defensa de los derechos es posible mientras se sepa la dimensión de todo esto.

P. En Bolivia, las restricciones a las libertades parecen acentuarse más. ¿Cómo ve usted?
C.P: No va a poder durar por mucho tiempo. Todo tipo de medidas restrictivas hoy día van en contra de la corriente de los procesos de democratización. Si son medidas antidemocráticas van a ser retiradas o modificadas en un futuro inmediato.

Yo veo varias restricciones en Bolivia, si bien no es tanto como en Brasil u Honduras. Siempre existe el riesgo que esa situación se agrave.

P. ¿Cómo es eso que en Bolivia hay menos violencia pero más criminalización?
C.P: Es que hay muchas actividades que se interpretan como fuera de la ley, cuando en realidad deben ser interpretados como prácticas de una visión democráticas y de participación.

Eso es realmente preocupante, más aún cuando hay una tendencia creciente de atacar a los pueblos indígenas. Hoy en día son los que están pagando los costos del extractivismo.

P. ¿En ese contexto qué camino queda?
C.P: Hay dos cosas. Siempre existe la oportunidad de hacer mejor y cambiar una situación tan preocupante como el que describimos. Cada régimen que intente oprimir, lo único que va a lograr es activar y fortalecer la resistencia. Eso es casi un teorema: a mayor represión, finalmente mayor reacción.

Hay países que conocemos, donde ni siquiera imaginamos que haya reacción de las comunidades afectados por las políticas de los regímenes antidemocráticos, siempre surgen resistencia. Todos esos momentos ofrecen oportunidades y en ese contexto, tengo mucha confianza que más temprano que tarde esto debe cambiar.

Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=235227

Internacional

Nuevo estudio revela niveles peligrosos de mercurio en mujeres en edad fértil en distintos lugares del mundo

20 septiembre, 2017 Autor: Coordinación Caata

(Göteborg, Suecia) El mercurio, un metal neurotóxico, se encontró en elevados niveles en diferentes regiones globales en mujeres en edad fértil, de acuerdo con un reciente estudio realizado por IPEN (una red de salud pública y del medio ambiente) y el Biodiversity Research Institute (BRI). Se determinó que las mujeres en las Islas del Pacífico y en comunidades cercanas a sitios de minería de oro en Indonesia, Kenia y Myanmar, presentan un nivel promedio de mercurio muy por encima de los niveles saludables aconsejados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EUA.

El estudio, Mercurio en mujeres en edad fértil en 25 países, se realizó para medir la prevalencia de la carga corporal por mercurio en niveles que pueden causar daños neurológicos y en órganos. El mercurio en el cuerpo de una madre puede transferirse a su feto durante el embarazo, exponiendo al feto en desarrollo a la potente neurotoxina. El estudio es el primer en su tipo en analizar tal cantidad de países y regiones, y en enfocarse en mujeres en edad fértil.

Los investigadores de IPEN coordinaron las muestras de cabello de 1044 mujeres en edad fértil en 37 sitios de 25 países en 6 continentes. El análisis, realizado por BRI, reveló que el 36% de las mujeres evaluadas presentan niveles promedio de mercurio superiores al nivel aconsejado por la EPA en EUA de 1 ppm, arriba del cual se puede presentar daño cerebral, pérdida de coeficiente intelectual y daños a riñones y cardiovasculares. Además, este estudió reveló que 55% de la muestra global de mujeres presenta un nivel de mercurio superior a 0.58 ppm, un nivel asociado con la aparición de daño neurológico fetal.

El estudio encontró concentraciones de mercurio considerablemente elevadas en el cabello de mujeres en múltiples regiones del mundo asociadas a tres causas predominantes de contaminación de mercurio: centrales eléctricas de carbón (una de las fuentes principales que contaminan los océanos con mercurio que se acumula en peces a nivel global), minería artesanal de pequeña escala de oro (ASGM por sus siglas en inglés) y sitios locales contaminados por múltiples industrias que vierten mercurio en el suelo, agua y aire.

Hallazgos clave:

En las Islas del Pacífico, alejadas de todas las fuentes industriales de mercurio, pero donde sus habitantes consumen pescado como fuente alimenticio primaria, 85.7% de las mujeres exceden el nivel de 1 ppm, y la mayoría muestran niveles tres veces superiores al nivel estándar de la EPA en EUA.
Más de la mitad de las mujeres evaluadas en comunidades que subsisten de la minería de pequeña escala de oro en Indonesia, Kenia, Myanmar y Paraguay exceden el nivel de 1 ppm. Con excepción de Paraguay, donde el pescado no es una fuente proteínica base, 81% de las mujeres exceden el nivel de 1 ppm, y las mujeres de dos sitios en Indonesia presentan niveles entre tres y nueve veces superiores al límite de mercurio de la EPA en EUA.
Una de cada cinco mujeres en las comunidades estudiadas y cercanas a áreas altamente industrializadas presenta niveles de mercurio superiores a 1 ppm. Esto incluye a mujeres en Nepal, Nigeria y Tailandia, donde se contamina el suelo, los canales fluviales y las fuentes de alimento. Así mismo, las mujeres cercanas a sitios contaminados en Albania, Chile, Kazakstán, Nepal y Ucrania muestran niveles promedio superiores a 0.58 ppm.

«Este estudio ilustra la evolución de la amenaza de la contaminación de mercurio a nivel global para mujeres y niños en muchas naciones insulares del Pacífico y para la mayoría de las mujeres que participa en la minería de pequeña escala de oro,» asevera Lee Bell, el principal investigador de IPEN en este estudio. «Los elevados niveles de mercurio encontrados en el cabello de estas mujeres señalan la urgente necesidad de actual para eliminar las centrales eléctricas de carbón y el comercio internacional de mercurio que provee a la minería de pequeña escala de oro, las dos causas más representativas de contaminación de mercurio.”

La próxima semana, los gobiernos de diferentes partes del mundo se reunirán en Ginebra, Suiza para debatir los siguientes pasos del nuevo tratado internacional y legalmente vinculante, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El estudio subraya la necesidad de directrices para identificar los sitios contaminados por mercurio, supervisar la carga corporal de mercurio, y adoptar medidas para reducir las fuentes principales de contaminación de mercurio (centrales eléctricas de carbón y minería artesanal de oro en pequeña escala (MOAPE)).

Yuyun Ismawati, directora de IPEN en MOAPE y ganadora del Premio Goldman, comentó, «Millones de mujeres y niños en comunidades donde se mina oro con mercurio están condenados a un futuro donde el mercurio afecta la salud de adultos y daña los cerebros en desarrollo de su descendencia. Mientras continúe el comercio de mercurio, también continuará esta tragedia.»
«Este estudio resalta la importancia de la cooperación global para resolver la contaminación de mercurio,» dijo el Dr. David Evers, Director Ejecutivo y Principal Científico de BRI y coautor de este estudio. «La contaminación de mercurio es ubicua en sistemas marinos y de agua dulce en todo el mundo. Los puntos críticos biológicos de mercurio son comunes a nivel global y están asociadas a múltiples actividades humanas. Por lo tanto, es esencial que continuemos bio-‐ monitoreando los esfuerzos para definir el impacto potencial a nuestras comunidades locales y al medio ambiente con el fin de evaluar la eficacia del Convenio de Minamata.»
Imogen Ingram de Island Sustainability Alliance y residente de las Islas Cook, sabe que sus niveles de mercurio son 2.5 superiores al límite aconsejado por la EPA en EUA. «Es realmente alarmante saber que tienes altos niveles tóxicos de mercurio en tu cuerpo y que sin saberlo pasaste este mercurio a tu hijo,» comentó. «La contaminación de mercurio en las Islas del Pacífico es alta porque comemos pescado. Pero no quiero que se me prohíba comer pescado. La energía creada con carbón, una de las principales fuentes de contaminación de mercurio en los océanos, es el verdadero culpable. Es hora de eliminarla.»

“México es el segundo exportador mundial de mercurio y tiene la obligación y la responsabilidad moral de parar las exportaciones que van dirigidas a la extracción artesanal de oro, según el Convenio de Minamata” afirmó Fernando Bejarano, Director del Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) y punto de enlace de IPEN para América Latina, y añadio ”además se debe implementar un programa nacional de monitoreo de mercurio en peces para advertir a los consumidores de posibles riesgos a la salud, especialmente a las mujeres embarazadas”.

Periodistas y editores, por favor comuníquense para agendar entrevistas con los principales investigadores del estudio. Ver estudio completo en http://www.ipen.org/mercury-and-women

IPEN es una red de organizaciones no gubernamentales trabajando en más de 100 países para reducir y eliminar el daño causado a la salud humana y al medio ambiente por químicos tóxicos. www.ipen.org

La misión del Biodiversity Research Institute es evaluar las amenazas emergentes para la vida silvestre y los ecosistemas mediante la investigación colaborativa y el uso de hallazgos científicos para expandir la conciencia ambiental e informar a los tomadores de decisiones. www.briloon.org

Fuente:coordinacion@caata.org.mx

Internacional

Los ecologistas critican «el uso de cianuro en la minería de oro»

20 septiembre, 2017 Autor: El Comercio.es

La Coordinaora Ecologista de Asturias denuncia que «el Servicio de Seguridad Minera del Principado de Asturias ha denegado la petición trasladada de prohibir el uso del venenoso cianuro en la minería de oro que se está usando en la planta asturiana de Boinás, en las minas de Salas y Belmonte». «El Principado, una vez más, hace caso omiso al principio de precaución que hay en toda Europa», explica el colectivo, citando una resolución del Parlamento Europeo que insta a prohibir el uso de tecnologías mineras basándose en el cianuro.(España).

Fuente:http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/ecologistas-critican-cianuro-20170919000618-ntvo.html

Mexico

México: pueblos indìgenas de Chiapas en contra de la minería y la construcción de represas

20 septiembre, 2017 Autor: Nodal.am

Pueblos chiapanecos se pronuncian contra megaproyectos

Pobladores, comunidades y organizaciones de 17 municipios del norte de Chiapas que participaron en el foro La defensa de la tierra, territorio y derechos humanos, rechazaron las actividades de extracción de hidrocarburos y minerales, así como la construcción de represas, pues generan desplazamiento forzado y contaminan el aire y el agua. En su declaración final exigieron que se frenen los megaproyectos y las concesiones territoriales para la explotación de minas y la aplicación de las reformas estructurales.

Demandaron la desmilitarización y desparamilitarizacion, “en especial el grupo llamado Los diablos y Fuerza Gómez, en los municipios de Simojovel y Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Paz y Justicia, en Tila, Sabanilla, Tumbalá y Yajalón”.

Los organizadores explicaron que el objetivo del foro fue reflexionar sobre la crisis de derechos humanos en Chiapas y el país, generada por la extracción de hidrocarburos, minerales, agua y uranio, así como por la pérdida de la soberanía nacional para generar acciones regionales en la defensa de la tierra, el territorio y la vida.

Los asistentes a la reunión, en el municipio de Jitotol, exigieron un alto a la persecución, intimidación y acoso a los defensores de los derechos en la región por las corporaciones policiacas.

Insistieron en la no intervención de las empresas extractoras, nacionales o extranjeras, en los municipios, “porque arrebatan sus tierras a los habitantes –único patrimonio de sobrevivencia– y provocan desplazamientos masivos”.

Demandaron respetar la determinación de los pueblos originarios a decidir sobre su organización política, su territorio, a la consulta de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados y pactos internacionales firmados por el Estado mexicano relativos a la autonomía de los pueblos indígenas.

Los participantes también pidieron que operen las clínicas que están como elefantes blancos en esa región, que sean equipadas con personal y medicinas, así como crear un hospital de alto nivel en el municipio de El Bosque.

Fuente:http://www.nodal.am/2017/09/mexico-pueblos-indigenas-chipas-la-mineria-la-construccion-represas/

Mexico

Minería de mercurio espera su control internacional en México

20 septiembre, 2017 Autor: Estrella Gutiérrez, IPS Noticias

A la mexicana Patricia Ruiz solo le viene a la mente la palabra “desastrosa” al tener que describir la situación de la minería de mercurio en el estado del centro de México donde vive: Querétaro.

“Hay una gran cantidad de hoyos (de donde se saca el mercurio). Están los jales (depósitos de residuos mineros), todo eso escurre a los ríos. Es gente que no tiene otra opción, arriesgan salud, genética familiar. Hay mucha gente involucrada, es un hueco de trabajo que no se ha llenado”, esta fundadora del no gubernamental Grupo Ecológico Sierra Gorda.

Esa agrupación se dedica al cuidado de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, de 383.567 hectáreas de extensión y morada de un rico ecosistema y de unas 100.000 personas, repartidas en cinco municipios y 638 comunidades.

Querétaro y el norteño estado de Zacatecas se han convertido en la fuente del mercurio, una extracción mayoritariamente en manos particulares y sin las concesiones reglamentaria y que principalmente se exporta a países como Bolivia y Colombia, que lo usan mayormente en la minería artesanal de oro.

Ese repunte proviene de las prohibiciones a la exportación impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea desde 2011, por lo cual esta nación azteca ha ocupado esa vacante.

La sustitución del metal en la minería artesanal se convierte en un reto para México para cumplir con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, vigente desde el 16 de agosto y que celebrará su primera conferencia de las partes en Ginebra del 24 al 29 de septiembre.

Ese tratado estipula la prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación gradual de las existentes, la reducción de su uso en una serie de productos y procesos, así como la promoción de medidas de control de las emisiones a la atmósfera y las liberaciones al suelo y al agua, la regulación de la minería de oro artesanal y a pequeña escala y la gestión adecuada de los sitios contaminados.

El “Informe sobre el mercado de mercurio en México”, elaborado en 2011 por la Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte, estimó reservas de casi 27 millones de toneladas de desechos mercuriales, en minas y en la industria cloro-alcalina.

Las minas de mercurio primario aportan 43 por ciento de esos depósitos –unos 11,75 millones de toneladas-, la producción secundaria de antiguos depósitos de residuos mineros o jales en Zacatecas aportan otros 14,9 millones y las reservas en la industria cloro-alcalina, 240.000 en dos plantas.

Un informe del gubernamental Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), obtenido por IPS, indica que ocho de los 31 estados mexicanos tienen minas de mercurio que alimentan el comercio nacional de amalgamas dentales, lámparas y de materia prima para la minería artesanal de oro, así como la creciente exportación.

En Querétaro operan unas 300 minas artesanales de mercurio, mientras que el atractivo de la extracción en jales radica en el valor de plata amalgamada. La región queretana de explotación se concentra en tres municipios.

En ese estado, dos regiones, con un total de nueve distritos mineros, guarecen mercurio. Entre 1995 y 2016, el gobierno estadual apoyó tres proyectos con potenciales recursos mercuriales.

En Zacatecas, cuatro de 17 regiones mineras poseen mercurio y hay seis de 116 proyectos mineros relacionados con exploración y explotación de mercurio.

La minería artesanal de oro está activa en 10 estados, por lo cual México la declararía “más que insignificante” a fines de cumplir con el Convenio. Se estima que más de 3.000 personas laboran en esa actividad.

Es del cinabrio, un mineral compuesto en 85 por ciento por mercurio y el resto por azufre, de donde se obtiene el metal mediante su calcinación en hornos de leña, lo que genera vapores de mercurio con propiedades tóxicas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el feto y los infantes, el principal efecto a su exposición, procedente del consumo de pescados y mariscos contaminados, es la alteración del desarrollo neurológico. El compuesto, de características neurotóxicas, se acumula en el organismo.

Dentro de América Latina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay ya ratificaron el Convenio. Pero solo Brasil ha entregado su reporte al secretariado del tratado sobre el control del uso del mercurio, como también han hecho hasta ahora solo otros nueve países y la Unión Europea.

Los controles sobre el metal en otros países convirtieron a México en el segundo proveedor global de mercurio, detrás de Indonesia. En julio envío a Bolivia 75 toneladas, a Chile, 9,55 y se reportaron ventas esporádicas a Argentina, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

En 2016, Bolivia fue el destino preferido, con 193 toneladas, mientras Colombia adquirió 41,5, aunque este país prohibió en 2013 su uso en la minería artesanal.

Renacimiento predecible

Para el coordinador del no gubernamental Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA), Fernando Bejarano, México vio venir el repunte de la minería de mercurio y no tomó medidas.

“Es un problema social ligado a la pobreza y hay que tratarlo de acuerdo a esa perspectiva, y no solamente como un problema ambiental. Pero no hay un enfoque multisectorial lo suficientemente claro. En los próximos años se puede extender, más de lo que ha ocurrido”, señaló el experto a IPS.

A su juicio, “México carece de una política clara sobre el manejo de sustancias peligrosas y la gente sigue exponiéndose a eso”.

Un informe de la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al cual IPS tuvo acceso, enumera que la minería se efectúa sin mitigación del daño ambiental ni prevención de los efectos sobre la salud.

Las minas, añade, carecen de infraestructura para prevenir emisiones contaminantes en los hornos de calcinación y no hay manejo adecuado de los residuos mineros, que pueden contaminar el agua y el suelo.

En sus “Estudios de calidad del aire y su impacto en la región centro de México 2015”, obtenido por IPS y que evaluó emisiones de 83 minas, se concluyó que existe en la zona minera de Querétaro un riesgo de toxicidad para los trabajadores y la población aledaña, al encontrar concentraciones altas del mineral.

Personal del gubernamental INECC detectó este año altas concentraciones de mercurio en un centro comercial de Zacatecas, en cuyo sótano se almacena el material a comercializar.

Para la activista Ruiz, ganadora de al menos cinco premios ecológicos, se necesita un plan basado en las necesidades de la gente.

“El semidesierto (de la región) ofrece posibilidades. Daría empleo por muchos años y se clausurarían minas. Se necesita recursos financieros para poder pagar empleo temporal y tapar los hoyos”, planteó.

México, que anticipa diseñar un plan de acción para transformar la minería artesanal de oro, deberá adecuar su marco legal al Convenio de Minimata. Además, ya identificó cuatro sitios y 15 comunidades contaminadas con mercurio.

“Hay que informar a los actores estadales y municipales sobre los riesgos. Debe haber un plan ordenado de transición. Es una responsabilidad nacional, no hay que esperar solo los recursos internacionales”, recomendó Bejarano.

En Ginebra, CAATA y otras oenegés medirán la presencia de mercurio en cremas corporales provenientes de lugares como Querétaro.

México espera la aprobación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para financiar con unos siete millones de dólares un emprendimiento de reducción del riesgo ambiental en la minería en Querétaro. A finales de año, el gobierno concluirá un diagnóstico de la situación nacional al respecto.

Fuente:http://www.ipsnoticias.net/2017/09/mineria-de-mercurio-espera-su-control-internacional-en-mexico/

Colombia

120 municipios evitaron consultas populares mediante acuerdos de desarrollo minero

20 septiembre, 2017 Autor: rcn radio.com

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su llamado a desestigmatizar la explotación de recursos mineros y de carburos en el país, al tiempo que señaló que esta no es una industria ilegal y que se debe de frenar el miedo que actualmente se siembra en la comunidad.

El ministro German Arce señaló que un camino diferente al de las consultas populares es el de la firma de acuerdos de desarrollo sostenible los cuales, según reveló, ya se han logrado en 120 municipios del país, evitando que se convoque gente a las urnas luego de procesos en los que todos fueron convocados.

“Aquí lo que vemos es que en ocho municipios se ha dicho que no al desarrollo de la minería y en 21 más tenemos procesos en ejecución, sin embargo lo que no se dice es que en 120 la gente ha permitido la minería pero de forma responsable”, dijo Arce.

Este reporte fue entregado en el debate de control político que se realizó en la Comisión V del Senado, en el que la legisladora Maritza Martínez advirtió que existe una campaña de desprestigio y terror contra las consultas populares, las cuales según ella solo protegen los derechos de la comunidad.

“Se dice que la gente por reclamar lo que les pertenece ya están acabando con la economía y la verdad es que existen muchas alternativas, se les vulneran sus derechos y fuera de eso les quieren quitar la única posibilidad que han encontrado para reclamar soluciones a eso”, dijo Martínez.

En este debate también intervino Ecopetrol, que reconoció que han existido problemas en muchos procesos de explotación petrolera, los cuales señaló que se han venido corrigiendo con el fin de establecer un desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente.

Fuente:http://www.rcnradio.com/nacional/120-municipios-evitaron-consultas-populares-mediante-acuerdos-desarrollo-minero/

Perú

Los otros extractivismos ilegales y violentos

20 septiembre, 2017 Autor: José de Echave, Cooperacción.

En las últimas semanas, entre las páginas policiales y las noticias locales de los principales diarios, se han registrado varios hechos de violencia que no deben pasar desapercibidos. En Ucayali, seis agricultores fueron asesinados el pasado viernes 1 de septiembre en el caserío Rayal, en el distrito de Nueva Esperanza, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Los cuerpos fueron encontrados flotando en un río con las manos atadas y por la manera como han sido asesinados todo indica que han sido víctimas de las mafias de traficantes de tierras que operan en la zona. La información que se maneja en la zona apunta a señalar que los agricultores habrían sido asesinados por haberse resistido a dejar sus tierras en manos de ciertos grupos que pretenden expandir el monocultivo dentro del Bosque de Producción Permanente (BPP). En la zona se viene promoviendo la siembra intensiva de arroz y cacao, sobre todo en el caserío Bajo Rayal que ocupaban los agricultores asesinados.

De hecho, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) ha denunciado que varios dirigentes indígenas vienen siendo amenazados por las mafias de traficantes de tierras a lo que se suman los taladores ilegales que pululan en la zona. Fuentes locales responsabilizan a la Dirección Regional de Agricultura y al Gobierno Regional de Ucayali por la demora en la demarcación territorial solicitada por las comunidades indígenas afectadas por el monocultivo, que como se sabe ocupa enormes extensiones de tierras y afecta los recursos genéticos presentes en los bosques primarios.

Este lamentable hecho trae a la memoria el asesinato, el año 2014, del líder asháninka Edwin Chota, miembro de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto. En esa ocasión también junto con Chota fueron asesinados los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo. Sin ningún tipo de respaldo y frente a la total indiferencia de las autoridades, Edwin Chota y las comunidades de la zona, se enfrentaron durante años a las mafias de taladores ilegales que operan al noroeste del Complejo de Conservación del Purús, muy cerca de donde se pretende imponer la construcción de una carretera que conecte Puerto Esperanza (Purus) e Iñapari (Madre de Dios). El proyecto de ley que apunta a mejorar la conectividad de Purus, léase construir una carretera que afectaría la zona de reserva comunal, fue presentado el pasado mes de mayo por el congresista fujimorista Carlos Tubino.

En otra zona del país, entre las localidades de Nasca y Marcona, se registró otro hecho de violencia. Dos bandas que se disputan el control de la mina artesanal Uracangana, ubicada en Marcona, se enfrentaron a balazos la semana pasada con el trágico saldo de cuatro personas fallecidas. Entre las víctimas figura un suboficial de la Policía Nacional.

Las investigaciones apuntan a una disputa abierta entre organizaciones criminales que buscan controlar la actividad minera que se desarrolla en el distrito de Vista Alegre. Cabe señalar que, sólo en los últimos meses, se han registrado hasta 15 asesinatos en la zona.

Lo que pasa en Nasca no es ninguna novedad y se reproduce en otras zonas del país donde se ha implantado la actividad minera informal y/o abiertamente ilegal. Por citar sólo unos ejemplos, es el caso de la minería que se desarrolla en la zona conocida como Cerro El Toro, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrión en la región La Libertad o, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. En ambos casos, los mineros ilegales controlan esos territorios con el uso de la violencia frente a la total inacción de las autoridades locales, regionales y nacionales.

Por supuesto, otro ejemplo extremo es el de Madre de Dios. Cabe señalar que en la actualidad Tambopata, el epicentro de la minería ilegal en ese departamento, es la provincia con el mayor índice de homicidios a nivel nacional (29.5 por cada 100 mil habitantes), según información del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En Tambopata se ubica La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el kilómetro 105 de la Carretera Interoceánica y que desde su inauguración está totalmente controlada por diversas mafias: comerciantes de combustible, mercurio, explosivos, maquinarias y equipamientos diversos; servicios de todo tipo, entre los que, por supuesto y lamentablemente, destaca el tráfico de personas, explotación sexual, prostíbulos disfrazados de bares, cantinas y discotecas, entre otras actividades ilícitas.

La Pampa se ha convertido en tierra de nadie pese a los operativos que cada cierto tiempo realiza la Policía Nacional y que no logran revertir la situación de caos y descontrol. El área afectada por la minería ilegal ha crecido notablemente en Madre de Dios: las cifras del propio Ministerio del Ambiente muestran que de 6,254 hectáreas deforestadas por la minería en el año 2000, se pasó a 32,750 hectáreas en el año 2011 y a más de 50 mil hectáreas en los últimos años, sobre todo en las zonas de Delta, Hueypetuhe, Guacamayo e incluso penetrando en la zona de amortiguamiento de Tambopata. El impacto de esta expansión ha sido devastador.

Junto con el narcotráfico y la tala ilegal, la minería ilegal, es una de las actividades ilícitas que más se ha expandido en las últimas décadas. Son 21 regiones con presencia de este tipo de minería y las estimaciones de producción y del número de mineros informales e ilegales son todavía bastante gruesas: las cifras van en un rango de 100 mil a 500 mil personas, aunque el único dato oficial -que está por debajo de la realidad- es el de los 77,723 mineros que expresaron formalmente la intención de acogerse al proceso de formalización que el gobierno inició el año 2012.

Madre de Dios también es una buena advertencia de lo que podría pasar en zonas como la de Purus, si se concreta el proyecto de construcción de la carretera. La construcción de la Interoceánica Sur, fue determinante en la estrategia de expansión y control territorial de los mineros ilegales: les permitió la conectividad que nunca antes habían tenido y por lo tanto el acceso a áreas geográficas claves para, por ejemplo, trasladar su producción a centros de procesamiento y acopio en otras regiones y así iniciar el ansiado camino del blanqueo del oro ilegal para posteriormente alcanzar mercados internacionales. Además, les facilitó el acceso a insumos, maquinarias y equipos, que hasta antes del funcionamiento de la carretera era un cuello de botella que en muchos casos afectaba sus ritmos de producción, comercialización y expansión territorial.

En el panorama de hechos de violencia registrados las últimas semanas también figura el atentado narcoterrorista ocurrido en la localidad de Churcupampa, Huancavelica, que acabó con la vida de tres suboficiales de la Policía Nacional. La versión que maneja el Ministerio del Interior es que el ataque habría sido una respuesta a una incautación de varias toneladas de insumo para la elaboración de cocaína que había realizado la patrulla de policías. El atentado ocurrió en una zona de tránsito de insumos al VRAEM y de droga ya procesada y el propio ministro Basombrío ha hablado de una columna de terroristas que habría sido contratada por los propios narcotraficantes.

Lo cierto es que estas tres actividades ilícitas controlan cada vez una mayor porción de territorios en varias regiones del país y los impactos en el deterioro de nuestros bosques son significativos: cada año, el Perú pierde en promedio 150 mil hectáreas de bosque natural debido a la deforestación y la principal causa es la agricultura y actividades ilegales como la tala, la minería y el cultivo de hoja de coca. La pérdida acumulada supera los 10 millones de hectáreas de bosques.

No hay que olvidar que algo más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú provienen del cambio de uso de suelo y la deforestación: hace unos días el Apu achuar, Carlos Sandi, de la cuenca del Corrientes, declaraba en una conferencia de prensa en Lima: «Cortan un árbol en Lima y es noticia -y está muy bien que eso ocurra-pero al mismo tiempo los medios ni mencionan el daño ambiental que pasa todos los días en nuestros territorios».

Las comunidades y los pueblos indígenas son aliados contra este coctel tóxico de actividades ilegales cada vez más violentas y el Estado debería dejar de tratarlas como un obstáculo. Si no reaccionamos a tiempo, el riesgo es enorme.

Ahora que se está hablando de los años de violencia extrema que vivió el país en décadas pasadas y de posibles escenarios de rebrotes, no hay que perder de vista la violencia que estas actividades ilegales están imponiendo en varios territorios del país. Nuestra historia y la de países de la región, muestra que los intereses más oscuros se juntan y amplifican el daño que cada uno le hace al país por separado. No debemos llegar a situaciones extremas para reaccionar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/765-los-otros-extractivismos-ilegales-y-violentos