¡No a la impunidad!
La Red Iglesias y Minería llora junto a las víctimas del crimen socioambiental de Brumadinho, Minas Gerais (Brasil)
Estamos escribiendo hoy desde esta comunidad violada, que conocemos bien y que hoy volvemos a visitar, después de haber celebrado con ella varias veces en el caminar, la vida y la resistencia frente a la expansión de la minería.
Escribimos también desde las muchas comunidades latinoamericanas afectadas por la violencia arrogante del extractivismo, abrazadas hoy silenciosamente a la pequeña Brumadinho, en lágrimas.
Estamos solidarios con las familias de las víctimas y las comunidades de fe, que tendrán el duro desafío de reconstruir la esperanza. Nos unimos también a la Arquidiócesis de Belo Horizonte, que con las palabras del Evangelio definió la tragedia como “abominación de la desolación”, refiriéndose a los “absurdos nacidos de las ganancias y el desprecio al otro, a la verdad y al bien de todos”.
Seguimos acompañando y asesorando a las iglesias comprometidas en los territorios heridos por la minería y en todos los conflictos abiertos entre empresas extractivas y comunidades (Solo en Brasil hay más de 70 Diócesis donde fueron mapeados estos conflictos).
La impunidad consolida el crimen
La empresa VALE S.A., junto a la BHP Billiton, es la responsable de 19 muertes y de la contaminación de toda la cuenca del Río Doce, el 05 de noviembre del 2015. La repetición del mismo daño, tres años después, con un rastro de muertes mucho más graves, es la confirmación de la incapacidad de gestión y prevención de daños, desinterés y conducta criminal.
Esta responsabilidad involucra también al Estado, que otorga licencias a los proyectos extractivos y debería monitorearlos para garantizar la seguridad y la vida digna de las comunidades y del medio ambiente.
La responsabilidad del Estado es doble, porque la impunidad y la falta de reparaciones completas y suficientes para las víctimas del crimen de Marina fue una de las condiciones principales que permitieron el nuevo crimen de Brumadinho.
Puertas giratorias
Abrazados, el capital de las empresas mineras y el poder político, facilitan la instalación o ampliación de los grandes proyectos extractivos, minimizando las condiciones y las reglas de licenciamiento de los mismos. La propia “Córrego do Feijão”, cuyo depósito de desechos tóxicos se rompió, obtuvo en diciembre del 2018 una licencia ambiental para la expansión del 88% de sus actividades. En el Consejo de Políticas Ambientales del Estado de Minas. Solamente el Foro Nacional de la Sociedad Civil en la Gestión de Cuencas Hidrográficas (FONASC) votó en contra de la expansión, denunciando mecanismos “insanos” para reducir las exigencias en el licenciamiento de los grandes emprendimientos mineros.
No se pueden llamar “accidentes ambientales” a los desastres provocados por conductas irresponsables de las empresas aliadas al poder público.
Sociedad civil organizada pero no escuchada
Desde 2011 la población de Brumadinho y de la región, se manifiestan de forma organizada contra la mina, sus impactos y amenazas. El FONASC, en diciembre del 2018, escribió una comunicación oficial al Secretario Estatal del Medio Ambiente, pidiendo la suspensión del licenciamiento de la mina “Córrego do Feijão”. La articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por la Vale denunció en la Asamblea General de los Accionistas de la Vale, en abril del 2018, “los peligros del reiterado proceso de reducción de gastos y costos en sus operaciones”, haciendo mención explícita a los diversos depósitos de desechos.
Los responsables de estos crímenes no pueden alegar justificaciones de desconocimiento. Al contrario, en nombre del progreso y del lucro de pocos, hay una descalificación sistemática de las voces diferentes.
Con energía, hacemos resonar las palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’: “en el debate, deben tener un lugar privilegiado los moradores locales, aquellos mismos que se interrogan sobre que es lo que desean para si y para sus hijos y pueden tener en consideración las finalidades que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183).
Flexibilizar hasta quebrar
El recién elegido Presidente de Brasil, atendiendo a las presiones de quien financió su campaña, manifestó el plan de flexibilizar al máximo el control y licenciamiento ambiental. Criticó la supuesta “industria de la multa ambiental”; su Gobierno despojó de atribuciones a la cartera del Medio Ambiente, suspendió contratos con ONGs empeñadas en defender el medio ambiente, extinguió secretarías que trabajaban para políticas públicas contra el calentamiento global.
También los gobiernos anteriores facilitaron la expansión sin control de la minería en el país, promoviendo el Plan Nacional de Minería y reformulando, por decreto, el Marco Legal de la Minería.
Los acontecimientos recientes demuestran, violentamente, que estas políticas son un suicidio colectivo y una amenaza a la vida de las futuras generaciones.
Este modelo de crecimiento es insustentable y letal; no se puede chantajear a quien necesita empleo para sobrevivir en regiones controladas por la minería, sin garantizar al mismo tiempo seguridad, salud y bienestar social. Los problemas no se resuelven “apenas con el crecimiento de los lucros de las empresas y de los individuos”. “No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso”. (LS190,194)
Falsos Diálogos
Con frecuencia, las empresas y los gobiernos apelan a la mediación de los conflictos con las comunidades a través del “diálogo”. Buscan, inclusive, la intermediación de las iglesias, para ofrecer a estos procesos mayor credibilidad.
También institucionalmente se han invertido en mediaciones extrajudiciales y términos de ajustes de conducta para hacer más efectiva y rápida la reparación de daños y violaciones ambientales.
La falta de ejecución de las mitigaciones y reparaciones, la dejadez en prevenir nuevos desastres y la repetición de prácticas irresponsables y criminales confirman que: este tipo de propuesta no es un diálogo verdadero. Es una estrategia de las empresas para seducir a la opinión pública, garantizando una especie de licencia social para contaminar, reducir la resistencia popular y eludir que el gran capital puede convertirse a los valores de la sostenibilidad y del bien común.
Más que este “diálogo”, asimétrico e irrespetuoso, confiamos en las reglas democráticas de protección ambiental y de los derechos de las poblaciones, así como en autoridades que efectivamente monitoreen su respeto y castiguen a quien las viola. Apoyamos un Tratado Vinculante para Empresas y Derechos Humanos, en el nivel internacional, y una responsable, eficaz y rápida respuesta judicial para quienes apuestan por la impunidad o, a lo máximo, en una leve incidencia financiera de rara multas aplicadas.
¡El crimen socio-ambiental no es un accidente!
Desde Brumadinho y desde América Latina, 26 de enero, 2019
Red continental «IGLESIAS Y MINERIA»
Acción Ecuménica en el cuidado de las comunidades y sus territorios
Servicio de Coordinación Tel: +57 3176362463 +55 99 91955952 +593 99 9238054
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El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, informaron que entregaron una solicitud a las autoridades municipales de Acacoyagua para pedir se comprometan a frenar la minería.
Una brigada de bomberos dijo hoy que busca a unas 200 personas desaparecidas tras el rompimiento de una represa de relaves de una mina de hierro de la brasileña Vale en el suroeste del estado de Minas Gerais.
Es con profunda indignación que recibimos la noticia de otra tragedia provocada por la minera Vale. En la tarde de hoy (25/01/2019), dos represas localizadas en la comunidad de Corrigo do Feijão, en Brumadinho, región metropolitana de Belo Horizonte (MG), se rompieron. Todavía no tenemos información sobre el número de víctimas, pero, según los bomberos, unas 200 personas están desaparecidas. También hay informes sobre la llegada de material tóxico al río Paraopeba, afluente de San Francisco. La dimensión completa de este desastre aún no puede ser precisada.
El 2017 la provincia cusqueña de Espinar celebró cien años de creación política, un centenario con mucho derroche de fiestas y eventos públicos para la población local. El centenario pudo haber sido la oportunidad para hacer una revisión histórica sobre los avances y nuevos desafíos que tiene la provincia a nivel de acceso a derechos en salud, educación, desarrollo económico, entre otros. Sin embargo se dejó pasar esta oportunidad y no se dieron grandes discusiones, ni reformas, ni planteamientos sobre el tema minero y las implicancias de ello para el desarrollo de Espinar.
Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional para expresar el rechazo a la alianza entre la AngloGold Ashanti y la Universidad de Antioquia quienes se han propuesto la implementación de un diplomado, con varias organizaciones sociales del municipio de Jericó, lo cual podría alimentar la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, al proyecto minero Quebradona.
A pesar de protestas de las comunidades locales, la empresa árabe Sociedad Minera de Santander (Minesa) presentó el 17 de enero una nueva solicitud de licenciamiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el proyecto de extracción de oro, Soto Norte, en las montañas adyacentes del Páramo de Santurbán, en Santander.
El lunes 21 se dio inicio a la mesa de diálogo para tratar el nuevo conflicto entre Minera Yanacocha y el centro poblado de Combayo. Como se sabe, desde hace unos días la población de Combayo empezó a protestar en contra de las operaciones de Yanacocha porque habrían ocasionado la desaparición de varios manantiales y la disminución del caudal del río Azufre.
En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua. 
El proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Mining, es uno de los proyectos cuya construcción está prevista para iniciar en el primer trimestre de este año 2019. La etapa de construcción se ejecutará en un período de 24 meses y el inicio de la etapa de operación está previsto para fines del primer semestre del 2020.