En el 2018, los comuneros denunciaron al menos dos agresiones. En este caso, la denuncia sigue su curso en la Fiscalía.

PUBLICADO: 2019-02-11

En diciembre pasado, un grupo de agentes de seguridad de la empresa Liderman, contratada por la minera Glencore Antapaccay, agredieron y amenazaron de muerte a campesinos de la comunidad de Alto Huarca en la provincia de Espinar (Cusco), según denunciaron los comuneros.

Los hechos fueron registrados por el periodista Vidal Merma. Las imágenes muestran a las ciudadanas Francisca Umasi y Vidal Coaquira afectadas por la intervención de los agentes de seguridad.

“Somos poseedores del predio denominado anexo Juto desde hace más de 25 años, por lo que tenemos ganado vacuno, ovino, auquénido y animales domésticos en nuestra posesión. El 29 de diciembre nos encontrábamos pastando nuestro ganado en Juto cuando aparecieron dos camionetas de las que bajaron personas con uniformes de la empresa Liderman, quienes prestan seguridad a la mina”, cuentan las afectadas en la denuncia ante la fiscalía de Espinar.
“[Los agentes] de Liderman a viva voz nos han amenazado de muerte, diciéndonos: ‘Los vamos a matar como a perros’, “Vamos a botarlos de esta propiedad’ y ‘Nosotros cumplimos órdenes de la mina’. Nos han causado daño al intentar despojarnos de nuestra propiedad”, agregan en la denuncia citada por La República.
Hasta la primera semana de este mes, el caso estaba congelado. No se había citado a las denunciantes para que brinden su testimonio. Pero este fin de semana, ante la Fiscalía Penal de Prevención de Delitos de Espinar, las afectadas identificaron a los responsables de estos hechos violentos.

Además, las denunciantes señalan que lo que pretendían los agentes de seguridad de la minera Glencore es usurpar sus terrenos. Atribuyen la responsabilidad al gerente general de Antapaccay, Edgardo Orderique Luperdi; al gerente de Relaciones Comunitarias de la misma mina, Edwin Amoretti Hernández; y al jefe de Seguridad de la minera, Jesús Zea Soto.

Esta no es la primera vez que se producen hechos violentos en esta comunidad. En abril del 2018, un grupo de policías y agentes de seguridad de la minera Glencore Antapaccay pretendieron desalojar a los campesinos de la zona.

A la situación de crisis ambiental en la zona provocada por la presencia de metales pesados en el agua que consumen, los ciudadanos de Espinar deben afrontar también la violencia de la seguridad privada de una minera transnacional que hasta el momento no se pronuncia al respecto. El caso seguirá su curso en el Ministerio Público. Los trabajadores de la mina están denunciados por los presuntos delitos de usurpación y contra la vida, el cuerpo y la salud.

Por su parte, el gobierno de Martín Vizcarra decidió, el mismo día en que las campesinas eran agredidas por agentes de la minera, ampliar por treinta días el estado de emergencia en el Corredor Minero Vial, que incluye a Cusco, Apurímac y Arequipa. Y lo que piden los ciudadanos de Espinar es que se declare en emergencia sanitaria y ambiental la zona, lo que es consecuencia, denuncian, de la actividad minera.

El proyecto minero Antapaccay, de donde se extrae cobre, está a cargo de la suiza Glencore y en está actualmente en fase de expansión.

[Foto de portada: Vidal Merma]

ESCRITO POR
Jorge Paucar Albino
Redactor y Editor nocturno de LaMula.pe (Redacción Mulera). Sígueme en Twitter: @jorgeluispa

PUBLICADO EN
Redacción mulera

12 de Enero del 2019
Imagen: Salomon Awananch
El Gobierno Regional de Amazonas convocó al “Dialogo integración socioeconómica y orden interno del Alto Comaina en la Cordillera del Cóndor” el sábado 09 de febrero pasado.La reunión, realizada en el distrito de Huampami – Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, tuvo lugar en el auditorio del Colegio Emblemático Moisés Moreno Romero y contó con una participación de cerca de 1000 personas, entre ellos una delegación de representantes de las organizaciones de base de las cuatro cuencas como ODECOFROC, ODECAM, CIAP, ORPIAN, FISH y el CPPA (sabios y asesores técnicos); así también los “Apus” de las diversas comunidades nativas, entre ellos el Apu de la comunidad de Antiguo Kanam, Oscar Chigkun, joven awajún que viene exhortando a autoridades y pobladores sobre los grandes impactos de la minería en el ambiente y en la cultura ancestral de la zona.

El tema principal por el que habían sido convocados fue la problemática de la actividad minera en la zona, frente a lo cual las comunidades manifestaron que no quieren ninguna actividad minera en su territorio: “0 minería y no a la formalización” fue lo que argumentaron sus dirigentes. Además se demandó retomar la construcción del Colegio Emblemático Moisés Moreno Romero.

De otro lado, ante el inesperado planteamiento de la construcción de la carretera tramo (I) Nieva hasta Ecuador y tramo (II) San Pablo hasta PampaEntsa, las organizaciones de base, a través de la intervención de Oscar Chigkun, Jefe de la Comunidad de Antiguo Kanam, reafirmaron que no están en contra del desarrollo pero lo que piden es que se respete el debido proceso y que como parte de él se realice la consulta previa correspondiente. Además, Chigkún recordó que existe dos juicios en contra de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y por la restitución del área inicial del Parque Nacional Ichigkat Muja por lo que hay una necesidad de información. “No se puede ni formalizar ni crear comunidades nuevas”, puntualizó el dirigente awajún.
Imagen: Salomon Awananch

Entre los principales acuerdos de la reunión destacaron los siguientes puntos:

– No a la minería y no a la formalización.

– Aceptación de la construcción de carretera tramo (I) desde Nieva hasta Ecuador y tramo (II) desde San Pablo hasta PampaEntsa después de una consulta previa.

-Creación de unidad operativa de Ugel Condorcanqui – Cenepa Huampami

– Elevación de nivel del Centro de Salud de Huampami

– Elaboración de los perfiles de los proyectos productivos de cacao, plátano, crianza de animales menores y piscigranjas.

José de Echave, COOPERACCION
Acabo de ver un video en el que se aprecia a la congresista Marisa Glave en Hualgayoc, Cajamarca, el pasado 5 de febrero. Se percibe una situación de mucha tensión debido al malestar de la población de esa zona de Cajamarca que, durante décadas, sufre los impactos de los pasivos ambientales mineros que están regados a lo largo y ancho de su territorio y que afectan su salud, sus fuentes de agua y actividades económicas tradicionales.

No es la primera vez que Marisa Glave visita Bambamarca en una semana de representación. Está claro que ha asumido un compromiso con el tema de los pasivos ambientales mineros y la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas. Lo que ocurre en esa zona del país es dramático, y se entiende la desesperación de los pobladores: desde hace décadas la población de esa provincia de Cajamarca está expuesta a pasivos mineros abandonados y como ocurre en otras zonas del país -por ejemplo en la Amazonía, en Espinar, Cusco, en Junín o Pasco-, la desidia de nuestras autoridades genera indignación, ya que los compromisos, una y otra vez, se siguen incumpliendo.

Si sólo tomamos en cuenta los compromisos recientes en Hualgayoc, cabe recordar que el año 2016, luego de un paro indefinido de la población que exigía la remediación de la contaminación ocasionada por los pasivos ambientales mineros, se declaró en emergencia ambiental la zona. Cuando se pensaba que las cosas se encaminarían, la declaración de emergencia ambiental quedó en el papel, no hubo ninguna mejora y los compromisos que asumió el Estado peruano no se cumplieron.

La congresista Glave señala, en entrevista publicada por Noticias SER, que ha visto “a la población muy molesta porque siente que el Estado se ha burlado y no ha hecho nada. La declaración de emergencia ambiental fue en 2016 y los compromisos que asumió el Estado no se han cumplido, por ejemplo, acelerar la remediación de dos ex unidades mineras que tienen un número importante de pasivos (Cleopatra y Los Negros) a pesar de que en 2017 los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que asistieron a la mesa intersectorial que coordinaba el Ministerio del Ambiente (MINAM), informaron que el presupuesto ya estaba aprobado y que el 2018 se ejecutaría”.

El equipo de la congresista ha constatado que todos estos ofrecimientos se incumplieron, y que el MINEM nunca transfirió el presupuesto a la empresa Activos Mineros que debió encargarse de la remediación. Al parecer, recién han comenzado a reaccionar como consecuencia de la presión del despacho de la congresista y de las propias organizaciones sociales y autoridades locales: finalmente, en diciembre del 2018 se han comenzado a transferir los recursos, luego de dos años de haberse declarado la emergencia ambiental. Si todavía algunos no entienden -o no quieren entender- por qué las poblaciones afectadas desconfían tanto de los organismos del Estado y los conflictos en zonas mineras son tan numerosos, acá tienen una muy buena explicación.

Las cifras de pasivos mineros a nivel nacional y en Cajamarca
El primer inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) fue publicado el año 2006, identificándose en ese momento 850 pasivos. Desde entonces hasta el año 2016 se fue actualizando la información de manera constante, por lo menos una vez al año. El último inventario es del año 2016 y en él se registran 8,854 PAM que se encuentran regados en 21 regiones del país. Del total de pasivos, 3,158 son de muy alto riesgo y 2,040 de Alto Riesgo. Algunos dicen que es la herencia de la minería del pasado, aunque en Hualgayoc, como veremos más adelante, las nuevas operaciones mineras también vienen generando impactos ambientales considerables.

Del total de pasivos mineros, apenas el 23.39% se encuentran con algún tipo de instrumento de gestión, mientras que la gran mayoría (el 76.61%) han sido declarados pendientes de gestión; lo que significa en la realidad que están abandonados y totalmente expuestos, contaminan territorios enteros y afectan a las poblaciones que viven en la zona de influencia. Es el caso de Hualgayoc.
Cabe señalar que Cajamarca es la segunda región con el mayor número de pasivos ambientales mineros (PAM) a nivel nacional (después de Ancash): son 1,183 pasivos ubicados en esta región y la gran mayoría se concentran precisamente en el distrito de Hualgayoc (1,067 PAM). Lamentablemente, Hualgayoc es el distrito con el mayor número de pasivos mineros a nivel nacional y a nivel de cuencas, la del Llaucano, que precisamente pasa por esta localidad cajamarquina, figura como la segunda más afectada a nivel nacional: son 1,080 pasivos mineros identificados en toda la cuenca del Llaucano. Además, también están afectados los ríos Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue.

Entre los pasivos más relevantes y que representan peligrosas fuentes de contaminación, están las dos ex unidades mineras, Cleopatra y los Negros (53 pasivos), también Tahona (55 pasivos), Colquirrumi (394), San Nicolás (10), Sinchao (17), entre varios otros. Por si fuera poco, recientemente, el 16 de diciembre de 2018, se produjo un derrame de relaves mineros de las operaciones de Cerro Corona de la empresa minera Gold Fields, que afectó la quebrada La Hierba, lo que motivó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ordenara a la empresa remediar la zona afectada por el relave en un plazo de 45 días.

Imagen: La República
La necesidad de revertir la situación actual
Es urgente enfrentar la emergencia y dar una respuesta efectiva a la población. Muchos de los pasivos en Hualgayoc son de muy alto riesgo, lo que quiere decir que representan riesgos para la salud de la población, los ecosistemas y la seguridad y requieren un tratamiento prioritario y rápido, con medidas de urgencia. Lamentablemente, nada de esto pasa.

Mientras escribíamos este artículo, la población de Hualgayoc iba a iniciar un nuevo paro indefinido en protesta por la desatención de las autoridades responsables y los reiterados incumplimientos. Luego de varias reuniones entre los dirigentes, funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Ambiente, OEFA, Activos Mineros e incluso asesores de algunos ministerios, no se logró llegar a un acuerdo: “necesitamos acciones concretas. Necesitamos acción”, declaraba un dirigente rondero a una emisora.

El último intento fue el pasado 5 de febrero, fecha en la que se esperaba la presencia de los ministros de Salud, Energía y Minas, Agricultura y Ambiente. Esta iniciativa recibió el respaldo de las nuevas autoridades; el gobernador Mesías Guevara y el alcalde provincial Marco Aguilar.

Como señala la congresista Glave, la inacción de las autoridades responsables no tiene justificación: “Es una falta de respeto y lo que demuestran es el desprecio que tienen por la población que vive lejos de la capital, porque si se tuviera ese nivel de contaminación en San Isidro su actuación sería totalmente diferente. Me parece que hay displicencia de parte de los funcionarios, y eso tiene que cambiar, porque o asumen su responsabilidad y son conscientes de que quienes viven en Bambamarca son tan ciudadanos como cualquiera en el Perú, o vendrá el estallido de otro conflicto social”.

En paralelo, el despacho de la congresista viene trabajando una propuesta normativa que busca modificar la ley que regula los pasivos ambientales de la minería (Ley 28271). La propuesta apunta a “revisar la actuación de los distintos organismos públicos que intervienen en la gestión de PAM, las herramientas normativas y el sistema gubernamental establecido para su remediación”. Por ejemplo, se propone establecer un plazo fijo, de obligatorio cumplimiento para la actualización del inventario de pasivos (el inventario no se ha actualizado desde el 2016); que sea el OEFA la entidad competente que identifique pasivos ambientales mineros, elabore y actualice el respectivo inventario; que se implementen sanciones mayores, más allá de las multas, que disuada a los responsables de los PAM de incumplir con su remediación; establecer mayores fuentes de financiamiento de parte del Estado para la remediación de los pasivos ambientales mineros (el Fondo Nacional del Ambiente no cuenta con los recursos necesarios para atender los pasivos que el Estado asume); cubrir el vacío normativo actual que provoca que los PAM sin responsables identificados, pero posibles de identificar, no sean gestionados ni asumidos por autoridad o persona alguna.

El 27.7% de la cartera de proyectos de inversión a nivel nacional se concentra en Cajamarca, lo que equivale a más de 16 mil millones de dólares. El pasado y el futuro minero se juntan en Cajamarca y ambos no generan confianza en la población. Como dice Marisa Glave: “Primero resuelvan los pasivos y después hablamos de expansión minera”. Los pobladores de Hualgayoc dicen lo mismo.

*Publicado en la revista Hildebrandt en sus trece, del 8 de febrero de 2019