Comunicados OCMAL, Costa Rica

El Proyecto Minero Crucitas: Ayer y Hoy

Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos aquellos que tienen que ver con los coligalleros.

El problema minero se remonta a los años de la colonia española. Históricamente, Costa Rica no ha sido un foco de riqueza metalúrgica como lo fueron México, Perú o Bolivia desde antaño. Sin embargo, los mayores episodios mineros pueden ubicarse en el siglo XIX cuando se explotaban los cerros de la cordillera volcánica de Tilarán. Personajes como el exjefe de estado José Rafael Gallegos o más tardíamente, producto de la llegada del ferrocarril y el cultivo del banano en el Caribe, Minor Cooper Keith, fundador del primer gran emporio norteamericano, la United Fruit Company.

Entrado el siglo XX, la minería siguió su desarrollo de forma más artesanal, pues su costo era mayor que su beneficio. Sin embargo, pasada la primera mitad del siglo anterior, poco a poco se hicieron presentes nuevos proyectos con mayores inversiones, principalmente de carácter internacional, tal es el caso de Infinito Gold (Canadá) en Crucitas de Cutris de San Carlos (Alajuela, Costa Rica), muy cerca de la frontera con Nicaragua.

El caso de la mina en Crucitas, se venía gestando una lucha comunitaria de casi dos décadas en contra del proyecto. El caso toma relevancia en octubre de 2008 cuando el entonces presidente de la república, Oscar Arias Sánchez, junto a su ministro de ambiente, Roberto Dobles, declararon “de interés público y conveniencia nacional” el proyecto minero en Crucitas (Decreto 34801). A partir de ese decreto, la empresa tuvo vía libre para talar más de cien hectáreas de bosque, hasta que se logra frenar la destrucción debido a una medida cautelar interpuesta, lo que llevó a dos nuevos escenarios este conflicto: el Tribunal Contencioso Administrativo y las Acciones Directas desde San José, a doscientos kilómetros de distancia de Crucitas. Esto fue importante porque, al trasladar el tema a la capital, se logró posicionar en los medios de comunicación, así como en el debate nacional.

El juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo llevó a una victoria relativa en contra de Industrias Infinito (subsidiaria de Infinito Gold). Relativa en el tanto anuló la concesión otorgada a la empresa minera en Crucitas, pero no prohibió esta práctica. Sin embargo, hubo un hecho fundamental que quizás se veía impensable: la acusación por la firma del decreto 34.801 en contra del ministro de ambiente Roberto Dobles y, más importante aún por todo lo que representa, en contra del expresidente Óscar Arias Sánchez.

Posteriormente, en 2010, se firman dos nuevos decretos relacionados con la minería de oro a cielo abierto. El primero de Óscar Arias Sánchez al finalizar su administración, es el Decreto 35.982, donde se declaraba la “moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto” y suspendía cualquier proyecto en tramitación, pero respetaba los derechos adquiridos por los proyectos anteriores a este decreto, lo cual dejaba, por ejemplo, la Mina Bellavista, y otros similares, en actividad. El segundo es el decreto de la presidente Laura Chinchilla, Decreto 36019, donde se declara la “moratoria de minería metálica a nivel nacional”. Sin embargo, aunque incluye también la minería subterránea, este nuevo decreto no eliminaba las concesiones que ya estaban en funcionamiento, a sabiendas de los desastres ambientales provocados, tal es el caso de Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas. Además, ambos decretos solo se aplican para la extracción de oro y no para otros metales que pueden ser extraídos y que provocan daños similares.

Posteriormente, en 2011, se logra aprobar por unanimidad en la Asamblea Legislativa, la reforma al artículo 8 del Código de Minería, Ley 8904. Con esta reforma se cerraron las posibilidades para nuevas concesiones de minería de oro a cielo abierto, se archivan los proyectos en tramitación, se eliminó la posibilidad de usar mercurio o cianuro en los procesos de lixiviación, se prohíbe la actividad minera en zonas protegidas y se establece que solo la extracción de oro artesanal a través de cooperativas puede desarrollarse en las áreas de reserva minera. A pesar de esta reforma, la minería subterránea no quedó modificada, pues el cambio en el Código de Minería hace referencia exclusivamente a las minas a cielo abierto. De igual forma, mantiene los derechos sobre las concesiones ya existentes.

A pesar de todo esto, en Crucitas se da una nueva reactivación de la minería, pero esta vez bajo la forma del coligallero. Aunque no hay mucha claridad al respecto, es importante destacar que los grandes proyectos mineros están vinculados con redes de carácter criminal como el narcotráfico, razón que explica, por ejemplo, la contratación de sicarios para el asesinato de líderes ambientalistas en diferentes lugares de Latinoamérica. Pareciera ser que hay fuertes intereses moviéndose en la zona, que se aprovechan de la fuerza de trabajo nicaragüense, lo que ha implicado otras problemáticas relacionadas con otros fenómenos socioeconómicos. Las características que ha tomado en los últimos meses la compleja situación con los coligalleros, indica que se trata de todo un entramado que incluye redes criminales y económicas de diversa especie.

Al día de hoy, la situación en Crucitas sólo ha pasado por una intervención policiaca en la zona, con algunos conatos de violencia y detenciones, pero el problema se mantiene altamente latente y con posibilidades de un conflicto mayor si el Estado no interviene decididamente.

De igual forma, en las últimas semanas ha sido importante la reactivación del caso judicial que implica al expresidente Oscar Arias Sánchez. Esto tiene consecuencias políticas trascendentales en dos vías: la primera en tanto pueda ser juzgado el exmandatario, aunque se corre el riesgo que no trascienda más allá del show mediático que está provocando. La segunda es que se está tejiendo toda una trama de justificación con respecto al proyecto minero: se considera que de haberse concesionado a Infinito Gold la extracción de oro, no estaría dándose el desastre socioambiental que ha provocado el coligallero. Esto último es absurdo, pero es el discurso que se mueve desde los medios de comunicación.

En resumen, Costa Rica no es un país libre de minería y las acciones políticas han estado lejos de poner fin a un problema de larga data. El desastre ambiental provocado por la minería de oro principalmente ha sido evidente en las últimas décadas, en todos sus niveles y métodos. Las medidas raquíticas tomadas por el estado como las moratorias o las prohibiciones parciales no han venido a solucionar en nada la explotación minera ni sus nefastas consecuencias.

Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos aquellos que tienen que ver con los coligalleros.

Coordinadora Ni Una Sola Mina

San José, 22 de enero de 2019

Costa Rica

Ilegalidades del proyecto Crucitas: más allá del decreto de conveniencia nacional

Ante la desastrosa situación ambiental, social y sanitaria que se vive actualmente en Cutris de San Carlos por la actividad de los coligalleros que explotan ilegalmente el oro de la zona, algunos han aprovechado para clamar por volver a legalizar la minería metálica a cielo abierto, actividad que fue prohibida por Ley 8904 del 1 de diciembre del 2010. Han aprovechado igualmente para atacar a quienes en su momento se opusieron a las diferentes autorizaciones otorgadas al proyecto minero Crucitas, argumentando que hubiera sido preferible un proyecto minero regulado por el Estado, ambientalmente responsable y con impactos controlados, entre otros calificativos positivos. Al mismo tiempo, ante la acusación penal presentada por la Fiscalía contra el ex-presidente Oscar Arias, la atención en torno a las ilegalidades del proyecto minero Crucitas tiende a centrarse casi exclusivamente sobre el decreto por el cual el ex-presidente Arias y su ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles, declararon de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto minero; decreto que era requisito para el otorgamiento del permiso de cambio de uso del suelo (tala rasa del bosque).

La verdad es que por la manera ilegal en que fueron otorgadas las diferentes autorizaciones y aprobaciones relacionadas con el proyecto minero Crucitas, desde la primera concesión de explotación minera en el 2001 hasta el permiso de cambio de uso del suelo en el 2008, este proyecto nunca podría ni debería considerarse como un ejemplo de minería legal y ambientalmente responsable. Ello al menos mientras nos importe el respeto a nuestro Estado de Derecho y a nuestra institucionalidad. Además, las ilegalidades e irregularidades que se dieron en el caso del proyecto minero Crucitas son muy numerosas y obedecen a una trama larga y compleja, por lo que no pueden ser reducidas a la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto. Una gran cantidad de ilegalidades y actuaciones irregulares pueden ser consultadas en la sentencia 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, del 14 de diciembre del 2010, ratificada por sentencia 1469-2011 de la Sala Primera de la Corte, del 30 de noviembre del 2011.

Nos interesa aquí entonces hacer hincapié en tres hechos fundamentales acaecidos entre el momento en que se otorgó la primera concesión de explotación minera, el 17 de diciembre del 2001, y el momento en que se declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, el 13 de octubre del 2008:

  1. Que por sentencia 2004-13414 del 26 de noviembre del 2004, la Sala Constitucional anuló por inconstitucional la concesión de explotación minera otorgada el 17 de diciembre del 2001 por el entonces Presidente Miguel Ángel Rodríguez y su Ministra de Ambiente y Energía, Elizabeth Odio.
  2. Que por resolución 170-2008-SETENA del 4 de febrero del 2008, la Comisión Plenaria de la SETENA aprobó, sin estudio de impacto ambiental de por medio, una modificación de gran envergadura al proyecto minero Crucitas que había recibido viabilidad ambiental por resolución 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005.
  3. Que por resolución R-217-2008-MINAE de las 15 horas del 21 de abril del 2008, el entonces Presidente Arias y su Ministro de Ambiente y Energía otorgaron una nueva concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A.

(…)

Anulación de la primera concesión por violación al principio constitucional de prevención en materia ambiental

Por Resolución R-578-2001-MINAE de las 9 horas del 17 de diciembre del 2001, se otorgó la primera concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., aún cuando no se contaba con la previa aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA. Tampoco se contaba con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que el artículo 25 del Código de Minería exige como requisito previo para el otorgamiento de concesiones de explotación minera en áreas de aptitud agrícola. La concesión se otorgó en un área de 10 kilómetros cuadrados, por un plazo de 10 años, y para la explotación de tres unidades mineralizadas: la capa superficial o “saprolita”, la capa intermedia o “roca saprolitizada”, y la capa inferior o “roca dura”; todo ello en tres zonas llamadas Fortuna, Botija y Fuentes. Además, se establecieron como de acatamiento obligatorio los “términos y condiciones técnicas para el otorgamiento del título” contenidos en el oficio DGM/DC-2085-2001 del 26 de noviembre del 2001, suscrito por la geóloga Ana Sofía Huapaya de la Dirección de Geología y Minas, el cual contenía, entre otros, la condición de que no se podía extraer material por debajo de la cota de 75 metros sobre el nivel del mar.

La Sala Constitucional (sentencia 2004-13414) anuló esta resolución por haber considerado que el otorgamiento de la concesión de explotación minera sin que previamente se hubiere aprobado el estudio de impacto ambiental era un acto contrario al principio preventivo, el cual es parte del derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La lógica detrás del principio preventivo es que como el daño ambiental es generalmente de difícil o imposible reparación, la prioridad debe estar primero en evitar que se produzcan los daños al ambiente, y segundo en disminuir lo mas posible la cantidad e intensidad de dichos daños cuando no pueden ser evitados del todo. Para que pueda garantizarse la efectividad del principio preventivo, esta lógica de evitar y reducir los daños ambientales debe empezar a aplicarse desde la concepción misma de un proyecto, y no una vez el proyecto ya aprobado. Dicha lógica debe aplicarse durante todas las fases de elaboración y aprobación de un proyecto, e incluso posterior a su aprobación, durante la fase de seguimiento. Un estudio de impacto ambiental debe servir para determinar que un proyecto ha incorporado esta lógica, pudiendo incluso llegar a condicionarse el otorgamiento de la viabilidad ambiental a que se realicen cambios en el proyecto original cuando el principio preventivo no ha sido debida o suficientemente incorporado en el proyecto. De esta manera, la aprobación de un estudio de impacto ambiental no es un simple requisito sin ligamen directo con el proyecto objeto de autorización, permiso o concesión, como sí lo es, por ejemplo, el requisito de estar al día en el pago de impuestos municipales en el caso de un permiso de construcción.

Por estas razones, la aprobación de un estudio de impacto ambiental para un proyecto de explotación de los recursos naturales, como en el caso del proyecto minero Crucitas, siempre debe ser PREVIA al otorgamiento de la autorización, permiso o concesión del proyecto, y no tendría ningún sentido el que se permitiera que dicho estudio se aprobare en un momento posterior. Esto último puede dar pie a incoherencias, como la que efectivamente se dio cuando el estudio de impacto ambiental que se aprobó mediante resolución 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 no fue para un área de 10 kilómetros cuadrados sino de 305,90 hectáreas; y tampoco fue para explotar las tres unidades mineralizadas mencionadas en la concesión, sino únicamente la capa superficial o saprolita.

Siendo que el principio preventivo en materia ambiental desarrollado por la Sala Constitucional exige que la aprobación de la evaluación de impacto ambiental sea PREVIA al otorgamiento de la autorización, permiso o concesión, tenemos que el vicio de constitucionalidad que se deriva del incumplimiento de esta condición es INSUBSANABLE. En otras palabras, la autorización, permiso o concesión que se otorgue sin la previa aprobación del estudio de impacto ambiental (y podríamos agregar sin el previo otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte de la SETENA) seguirá siendo inconstitucional para siempre.

Sin embargo, Industrias Infinito no lo entendió así, y siguió viendo la aprobación del estudio de impacto ambiental como un simple requisito que podía ser cumplido después del otorgamiento de la concesión. Ello se desprende de los argumentos presentados por la empresa en gestiones posteriores realizadas ante la Sala Constitucional y la Dirección de Geología y Minas del MINAE. En un escrito presentado ante la Sala Constitucional el 4 de diciembre del 2006, la empresa indicó que el principio preventivono era de aplicación en el presente caso porque el estudio de impacto ambiental había sido aprobado por la SETENA desde el 12 de diciembre del 2005, y que al obtenerse la viabilidad ambiental del proyecto se había subsanado la violación indicada por la Sala Constitucional en su sentencia 2004-13414. Adicionalmente, en un escrito presentado ante la Sala Constitucional el 26 de marzo del 2007, la empresa brindó argumentos en favor de la aplicación al caso concreto del instituto del saneamiento y del principio de conservación del acto administrativo, y en ese sentido le solicitó a la Sala aclarar que mediante sentencia 2004-13414 se había declarado una nulidad relativa de la resolución del 2001 del MINAE que había otorgado la concesión, y que como consecuencia de la naturaleza relativa de la nulidad el vicio podía ser subsanado.

Al resolver estas gestiones (voto 2007-7973 de las 10:45 horas del 7 de junio del 2007), la Sala Constitucional dejó claro que la nulidad dispuesta en la sentencia de amparo 2004-13414 no era por haberse detectado vicios del acto administrativo propiamente, los cuales sólo podían ser declarados por las autoridades administrativas competentes o en su caso por el juez común, sino por haber determinado la Sala que el acto dispuesto resultaba violatorio del principio preventivo y derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y equilibrado. En otras palabras, la Sala aclaró que no se trataba de un vicio de legalidad, sobre alguno de los elementos del acto administrativo, sino de un vicio de constitucionalidad, y sobre esta base se negó a pronunciarse sobre la naturaleza absoluta o relativa de los vicios de la concesión.

El 30 de mayo del 2007, es decir, unos días antes del voto 2007-7973, Industrias Infinito presentó ante la Dirección de Geología y Minas una solicitud para la convalidación (que es un instituto similar pero diferente a la del saneamiento) de la resolución del 2001 que había otorgado la concesión de explotación minera, con base en que se había cumplido con la condición impuesta por la Sala Constitucional, consistente en la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Aprobación de la modificación al proyecto minero Crucitas

Mediante escrito presentado el 7 de agosto del 2007, Industrias Infinito le informó a la SETENA que bajo el marco de la viabilidad ambiental que había sido otorgada mediante resolución 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005, el proyecto minero Crucitas pretendía realizar una modificación del área de extracción, reduciéndola de 127 hectáreas a 50 hectáreas (reducción del 60% del área inicial), mientras el resto del proyecto permanecería similar. El 6 de diciembre del 2007, presentó ante SETENA el documento denominado “Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto”, y tan solo dos meses después, la Comisión Plenaria de la SETENA (resolución 107-2008-SETENA del 4 de febrero del 2008) aprobó la modificación del proyecto minero Crucitas.

Si la modificación del proyecto minero Crucitas se hubiera limitado a la reducción del área de extracción, tal como fue informado en agosto del 2007 por Industrias Infinito a la SETENA, dicha modificación hubiera sido a todas luces intrascendente desde el punto de vista de la generación de nuevos impactos negativos. Sin embargo, hubo un cambio sumamente importante que la SETENA se limitó a mencionar someramente en la resolución del 4 de febrero del 2008, que aprobó la modificación del proyecto. Se trata de un cambio en la profundidad de la extracción, en el tipo y volumen del material a extraer, y en las técnicas para realizar el minado. Según la referida resolución del 2008, el proyecto al que se le otorgó la viabilidad ambiental en el 2005 contemplaba la extracción de la saprolita que correspondía a la capa superior del yacimiento, hasta una profundidad de 15 metros, pero la desarrolladora solicitó, como parte de los cambios propuestos, poder extraer, además de la saprolita, también la roca dura, donde aumenta la probabilidad de una mayor cantidad de oro, lo que conlleva a trabajar a profundidades promedio de 67 metros y a reducir el área de extracción de 126,4 hectáreas a 50 hectáreas. Además, se indicó que la extracción de la roca dura implica la utilización de voladuras (explosivos), lo cual no estaba originalmente contemplado cuando el proyecto era para la sola extracción de la saprolita. Al comparar el proyecto aprobado por la SETENA en el 2005 con los cambios aprobados por la misma SETENA en el 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo tuvo por probado, como consecuencia del aumento en la profundidad de extracción, no sólo que se iba a aumentar el volumen de material a procesar, de 4000 a 6700 toneladas diarias, sino también que en lugar de crearse una sola laguna (la de relaves) se iba a crear una segunda laguna, denominada Fortuna, producto de que se iba a interceptar el acuífero inferior bajo el cerro Fortuna. Además, tuvo por probado que el plazo de la fase de operación se había ampliado de 6 a 9.25 años. Con ese cambio, el proyecto pasaba de una duración total de 9 años, a una de 12.25 años.

Además de la rapidez con la que la SETENA aprobó la modificación del proyecto minero Crucitas (menos de dos meses), llama poderosamente la atención que a pesar de la magnitud de los cambios propuestos por la empresa, que convertían al proyecto cuyo estudio de impacto ambiental fue aprobado en el 2005 en uno completamente distinto, la SETENA no solicitó un nuevo estudio de impacto ambiental, ni ningún otro instrumento de evaluación ambiental, ni Industrias Infinito los aportó, ni tampoco se llevó a cabo una nueva audiencia pública sobre los impactos que podrían generar dichos cambios. El Tribunal Contencioso Administrativo consideró que los cambios propuestos eran sustanciales, y que por ese motivo, al no solicitar la Administración un nuevo estudio de impacto ambiental, la resolución de la SETENA aprobando la modificación al proyecto se encontraba viciada de nulidad absoluta. Ello además de que para el momento en que la SETENA aprobó la modificación de los cambios al proyecto, la viabilidad ambiental otorgada en el 2005 se encontraba caduca por no haber iniciado la empresa la extracción en el plazo de dos años que se le había otorgado, lo cual constituía una razón mas para que la SETENA solicitara un nuevo estudio de impacto ambiental.

El Tribunal Contencioso le dedicó hartas líneas al hecho que ni Industrias Infinito informó a la SETENA, al presentar el estudio de impacto ambiental en el 2002 y la propuesta de cambios al proyecto en el 2007, ni la SETENA tomó en cuenta, al examinar y aprobar el estudio de impacto ambiental y los cambios propuestos al proyecto, la condición técnica establecida por la Dirección de Geología y Minas en el oficio DGM-DC-2085-2001 del 26 de noviembre del 2001, consistente en que no se podía extraer material por debajo de la cota de 75 metros sobre el nivel del mar. El Tribunal tuvo por probado que a pesar de que dicha condición técnica tuvo la finalidad de evitar que se interceptara el acuífero inferior, pues el mismo se encuentra aproximadamente entre los 50 y 55 metros sobre el nivel del mar, la propuesta de cambios al proyecto presentada por Industrias Infinito en diciembre del 2007, y aprobada por SETENA en febrero del 2008, implicaba extraer material con excavaciones que llegarían, en su punto más bajo, a una elevación entre 35 y 40 metros sobre el nivel del mar. Además de estimar que esta situación había provocado la nulidad de la resolución 170-2008-SETENA, el Tribunal Contencioso también consideró que la actuación de la empresa en este tema constituía un fraude de ley.

Para aprobar la modificación del proyecto minero Crucitas, la Comisión Plenaria de la SETENA se basó en el informe ASA-013-2008-SETENA del 14 de enero del 2008, emitido por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA con el fin de evaluar los cambios propuestos al proyecto. Sin embargo, sin dejar de lado que la Administración debió solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental para evaluar dichos cambios, el Tribunal Contencioso Administrativo consideró que ni en ese informe ni en la resolución de la Comisión Plenaria que aprobó la modificación al proyecto, la SETENA había realizado un análisis técnico y científico de la propuesta de cambios presentada por la empresa, pues básicamente la SETENA se limitó a reproducir los aspectos mencionados por la propia empresa en su propuesta. A lo anterior hay que agregar que a pesar de los importantes cambios propuestos, relacionados con la profundidad de extracción y el impacto al acuífero inferior, en la elaboración del informe no participó ningún geólogo. En efecto, si bien en dicho informe se indica que participaron como equipo evaluador un ingeniero forestal, una ingeniera agrónoma y una geóloga, el Tribunal Contencioso Administrativo tuvo por probado, según lo manifestó en el interrogatorio la misma geóloga mencionada en el informe, que ella no había participado en la evaluación.

Otorgamiento de una nueva concesión al proyecto minero Crucitas

Por oficio del 10 de abril del 2008, la Dirección de Geología y Minas recomendó, no la convalidación, que casi un año antes había sido solicitada por Industrias Infinito, sino más bien laconversión, de la resolución que en el 2001 había otorgado la concesión de explotación minera y que la Sala Constitucional anuló en el 2004.

Fue precisamente la conversión del acto, el instituto que en los Considerandos de la Resolución R-217-2008-MINAE de las 15 horas del 21 de abril del 2008 se indicó era procedente aplicar a la resolución que en el 2001 había otorgado la primera concesión de explotación minera. Como justificación para ello, se indicaron tres razones, todas relacionadas con las modificaciones al proyecto aprobadas por SETENA, pero que desde un punto de vista legal no servían para justificar la conversión. Además, se indicó que aplicaba al caso el principio de conservación de los actos administrativos, por lo que el procedimiento aplicado para el otorgamiento de la indicada concesión era válido y eficaz. Esto último fue formulado en términos similares a los de una gestión presentada el 21 de noviembre del 2007 ante la Sala Constitucional por el Ministro Dobles, solicitando aclarar la dimensión de la frase “todo sin perjuicio de lo que determine el estudio de impacto ambiental” contenida en la sentencia 2004-13414, con el fin de determinar si, habiendo ya sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, era procedente que la Administración continuara con el trámite de concesión sin tener que iniciar uno nuevo, en virtud de que lo anulado por la Sala Constitucional había sido el acto final y no el procedimiento constitutivo de dicho acto final. La Sala Constitucional declaró la gestión del Ministro Dobles improcedente por extemporánea, mediante voto 2008-878 de las 12:58 horas del 18 de enero del 2008.

Como consecuencia de las anteriores consideraciones, en la parte dispositiva de la Resolución R-217-2008-MINAE, el Presidente Arias y el Ministro Dobles resolvieron: “1º–Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A. (…)”.

El Tribunal Contencioso Administrativo encontró que existían tres criterios por los cuales no era procedente jurídicamente aplicar el instituto de la conversión del acto administrativo a la concesión de explotación que había sido anulada por la Sala Constitucional en el 2004. Para citar solo uno de ellos, el Tribunal indicó que tanto la convalidación, como el saneamiento y la conversión, son mecanismos ideados para que la Administración pueda conservar actos administrativos que si bien padecen de algún vicio de nulidad relativa o absoluta, aún se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico; cosa que no sucedía en este caso por haber sido anulado el acto por una resolución de un Tribunal de la República (la Sala Constitucional). Por esta razón, el Tribunal Contencioso manifestó haber llegado a “la convicción de que la conversión utilizada por la Administración para revivir el acto de concesión, constituyó un mecanismo fraudulento para obviar la aplicación del decreto de moratoria, pues para el momento del dictado de la resolución Nº R-217-2008-MINAE (abril del año 2008), dicho Decreto se encontraba aún vigente y era vinculante para el caso concreto”. En efecto, el Tribunal consideró que desde el momento en que la Sala Constitucional anuló la concesión otorgada en el 2001, Industrias Infinito dejó de tener un derecho adquirido y le era aplicable entonces la moratoria emitida por Decreto No. 30477-MINAE del 5 de junio del 2002, el cual estuvo vigente hasta el 3 de junio del 2008, pues el 4 de junio del 2008 se publicó y entró en vigencia el Decreto No. 34492-MINAE del 18 de marzo del 2008, por el cual el Presidente Arias y el Ministro Dobles derogaron el Decreto No. 30477-MINAE.

Otra razón que podríamos agregar, para la indebida aplicación del instituto de la conversión del acto administrativo, fue que no se cumplió con ciertos elementos que específicamente establece el artículo 189.1 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone: “El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en otro válido distinto, por declaración expresa de la Administración a condición de que el primero presente todos los requisitos formales y materiales del último”. Como vemos, se exige que para que se dé la conversión, el primer acto debe ser convertido “en otro válido distinto”, siendo que “otro” hace referencia a que se emita un nuevo acto, “válido” hace referencia a que el nuevo acto cumpla con todos los requisitos formales y materiales que le son propios, y “distinto” hace referencia a que el nuevo acto sea de tipo distinto al primero. La exigencia de que ambos actos sean de tipo distinto encuentra su lógica de ser: 1. en que la razón por la cual el acto que se convierte se considera un “acto inválido, absoluta o relativamente nulo”, es porque no presenta todos los requisitos formales y materiales propios de un acto de su mismo tipo; y 2. en que a pesar de esta carencia, dicho acto sí presenta todos los requisitos formales y materiales propios del tipo de acto en el que se convierte. Es decir, un “acto inválido, absoluta o relativamente nulo”, no puede convertirse en un nuevo acto del mismo tipo porque los requisitos formales y materiales serían idénticos para ambos actos y entonces el nuevo acto sería igual de inválido que el primero. El mejor ejemplo del instituto de la conversión del acto es el brindado por el Lic. Eduardo Ortiz Ortiz, y que consta en el expediente de la Ley General de la Administración Pública (citado en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo). Se trata del caso en que se nombra indebidamente a un funcionario titular en el Servicio Civil sin observar los trámites que el Servicio contempla, pudiendo incluso tratarse de un nombramiento absolutamente nulo por total prescindencia del trámite de selección de Servicio Civil. Tal nombramiento de un titular, aún siendo absolutamente nulo, puede ser convertido en el nombramiento de un interino, porque para un interino no hay necesidad de hacer concurso ni selección. Entonces, indica el Lic. Ortiz Ortiz, “siempre que el acto absolutamente nulo presente todos los elementos formales y materiales de otro que no requiere los elementos del acto que se quería realizar, se puede convertir este último en el primero”.

En el caso del proyecto Crucitas, las resoluciones R-578-2001-MINAE del 17 de diciembre del 2001 y R-217-2008-MINAE del 21 de abril del 2008 trataron de un solo e idéntico tipo de acto administrativo, una concesión de explotación minera, por lo que lógicamente no cabía la conversión del acto. Al tratarse del mismo tipo de acto administrativo, la concesión de explotación minera anulada por la Sala Constitucional por haber sido otorgada sin la PREVIA aprobación de un estudio de impacto ambiental no podía ser convertida en una concesión de explotación minera válida. Esto debido a que entre los requisitos formales y materiales de validez de una concesión de explotación minera estaba precisamente la PREVIA aprobación de un estudio de impacto ambiental, requisito ausente en la primera concesión. Por esta razón, al no cumplir con la condición de presentar todos los requisitos formales y materiales necesarios para la validez de una concesión de explotación minera, la concesión anulada por la Sala Constitucional no podía ser convertida en un acto válido del mismo tipo (concesión de explotación minera).

Finalmente, cabe destacar algunas incoherencias contenidas en la resolución R-217-2008-MINAE del 21 de abril del 2008 y que se relacionan con el hecho de que se haya intentado convertir la resolución R-578-2001-MINAE del 17 de diciembre de 2001, y de que la SETENA haya aprobado la modificación del proyecto en el 2008. Una primera incoherencia, detectada por el propio Tribunal Contencioso Administrativo, es que, al recomendar la conversión de la resolución R-578-2001-MINAE, la Dirección de Geología y Minas no advirtió que al aprobar los cambios al proyecto en el 2008, la SETENA aprobó un impacto (la intercepción del acuífero inferior) que la propia Dirección de Geología y Minas había tenido la intención de evitar al establecer como condición técnica (oficio DGM-DC-2085-2001) la prohibición de extraer material a una profundidad menor de la cota de 75 metros sobre el nivel del mar. Dicha condición técnica, que formó parte integral de la concesión del 2001, fue integrada también como parte de la concesión del 2008, a pesar de que esta última se otorgaba para desarrollar el proyecto con las modificaciones que aprobó la SETENA, incluyendo la intercepción del acuífero inferior. Otra incoherencia es que para dar cumplimiento al requisito establecido en el Código de Minería, consistente en el visto bueno previo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se utilizó un oficio del INTA, DST-773-2006 del 4 de octubre del 2006, el cual se basaba en el estudio de impacto ambiental aprobado en el 2005 por la SETENA, pero por supuesto no tomaba en cuenta los cambios al proyecto aprobados por la SETENA en el 2008. En otras palabras, como visto bueno de que no se estaría perdiendo la capacidad productiva de los suelos, se utilizó un oficio que versaba sobre un proyecto de extracción de la capa superior del yacimiento o saprolita, hasta una profundidad de 15 metros, y no sobre un proyecto en el que la extracción se iba a realizar a profundidades promedio de 67 metros. Ello a pesar de ser sobre este último proyecto que se otorgó la nueva concesión de explotación minera.

Lo anterior es un resumen de solo una parte de las numerosas e importantes ilegalidades e inconsistencias del proyecto minero Crucitas, por lo que está muy lejos de ser exhaustivo. El mismo deja entrever que el supuesto modelo de minería legal y ambientalmente responsable, al que algunos aluden cuando hacen referencia con nostalgia al fallido proyecto Crucitas, nunca debería ser visto como la solución a la grave problemática que se está dando actualmente por la actividad de los coligalleros. Un proyecto que se aprueba en las condiciones en que se aprobó el proyecto minero Crucitas está a años luz de ser una garantía de minería responsable, como también está a años luz de garantizar que no sucedan los graves impactos al ambiente y a la salud de las personas que se dan aún en países de tradición minera como Chile, el cual a menudo es citado como ejemplo a seguir por Costa Rica. Ante los escandalosos precedentes del proyecto minero Crucitas, la única solución inteligente es que el Gobierno le ponga rápidamente un final definitivo a la situación actual, sin que se vuelva a autorizar la minería metálica a cielo abierto. Ni una ni otra minería.

 

Fuente: https://movimientom4.org/2019/01/ilegalidades-del-proyecto-crucitas-mas-alla-del-decreto-de-conveniencia-nacional/?fbclid=IwAR2qNXLBchaFJrsh57AluQQHfnmTwgSn510MxyAMDriUcGDXgcCNnFfY9qM

Costa Rica

Paola Vega: “La solución para Crucitas no es la minería metálica a cielo abierto”

Tras las denuncias planteadas por la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) por el estado actual que atraviesa Crucitas, en Cutris de San Carlos, han surgido una serie de rumores que sugieren que hay sectores interesados en revivir la minería a cielo abierto como una solución.

Voces como las del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, y de la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) han indicado en el Congreso que se oponen rotundamente que se considere esta opción para recuperar Crucitas.

Durante la comparecencia del ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, dicho jerarca y la legisladora  oficialista coincidieron en condenar cualquier esfuerzo por revivir explotaciones mineras de gran impacto ambiental.

“Hay una preocupación nacional sobre lo que sucede en Crucitas, pero no podemos perder la calma ante un problema que merece un enorme esfuerzo de diálogo y consenso. Validar la idea de que la minería a cielo abierto es factible, se trata de un error social, ambiental e histórico”, afirmó Vega.

La diputada indicó que las condiciones físicas, geológicas y climáticas de Costa Rica no son apropiadas para la minería a cielo abierto, por lo que buscar soluciones con premura para Crucitas podría conllevar consecuencias peores.

“Costa Rica tomó una decisión histórica hace 10 años cuando prohibió la minería a cielo abierto. Ese objetivo se alcanzó gracias al apoyo ciudadano y al compromiso de todos los partidos políticos”, agregó la legisladora del PAC.

Sin embargo, desde el PLN han indicado que no se ha considerado esta opción para resolver el tema de Crucitas, como lo manifestó el diputado Roberto Thompson a este medio en una entrevista en el Congreso.

“Nosotros no  lo hemos planteado en ningún momento, eso es parte de la tergiversación que han hecho el ministro y algunos  otros ambientalistas, como el exdiputado Edgardo Araya, han hablado que nosotros estamos planteando volver a la minería a cielo abierto… Nos parece que eso son cortinas de humo para el desastre que está ocurriendo”, aseguró Thompson.

Fuente:https://elperiodicocr.com/paola-vega-la-solucion-para-crucitas-no-es-la-mineria-metalica-a-cielo-abierto/

Costa Rica

Contaminación por mercurio y millones en oro extraído ilegalmente en C.Rica

El ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Rodríguez, admitió hoy la existencia de un “gravísimo problema” de contaminación por mercurio y la extracción ilegal de millones de dólares en oro en un fallido proyecto minero en el norte del país.

“El problema de mercurio es gravísimo. La actividad se sigue dando, no a la escala de meses anteriores, pero sigue”, declaró el ministro en una comparecencia ante la cmisión de Medio Ambiente del Congreso.

Rodríguez dijo que un análisis propio con apoyo de un especialista determinó que en la zona de Las Crucitas los mineros ilegales han extraído al menos 90 millones de dólares en oro, aunque un informe de la Dirección de Geología y Minas cuantifica la cifra en 196 millones de dólares.

 

 

Desde el año 2017,cientos de mineros ilegales han invadido la finca donde iba a funcionar la mina de oro Las Crucitas, un fallido proyecto que fue descartado en 2015 tras un fallo judicial que encontró irregularidades en el proceso de concesión a la empresa Industras Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold.

El ministro Rodríguez comentó que en algún momento llegaron a haber unos 4.500 mineros ilegales en la zona, pero que en la actualidad se calcula que hay alrededor de 600.

El problema ambiental consiste en que estos mineros utilizan mercurio para separar el oro de las piedras, un proceso dañino para el ambiente y para la salud humana.

Datos del Ministerio de Seguridad indican que durante el 2018 fueron detenidas en el lugar 424 personas, la mayoría nicaragüenses indocumentados.

El ministro adelantó que pronto el Gobierno presentará un plan de acción “integral” para la zona de Las Crucitas, pues alrededor de la minería ilegal se han desarrollado una serie de actividades irregulares de alimentación, hospedaje, transporte y comercio de oro y mercurio.

“Tiene que haber un abordaje integral. No es con acciones policíacas exclusivamente que se soluciona. Es un tema que trasciende lo ambiental; es humano y de desarrollo”, comentó el funcionario.

En materia ambiental, Rodríguez aseguró que se requiere “una inversión grande” para la remoción de mercurio y reconoció que “se debe hacer cuanto antes”.

 

 

Un estudio de investigadores independientes efectuado en diciembre pasado y publicado esta semana en la prensa local confirma la contaminación con mercurio en la zona, la presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos.

Rodríguez se mostró de acuerdo con las conclusiones del estudio, pero rechazó una de las recomendaciones acerca de la necesidad de que Costa Rica apruebe la minería de oro a cielo abierto, una actividad que está vetada por decretos presidenciales.

“No hay posibilidad de que la minería a cielo abierto sea sostenible, al igual que no hay deforestación sostenible”, aseveró el ministro.

Según el funcionario, en 2018 las labores de las autoridades se centraron en contener el problema de la minería ilegal y para 2019 y 2020 el objetivo será revertir los daños que se han causado en la zona, así como identificar a los proveedores de mercurio y a los compradores del oro. EFE

 

Fuente:https://www.lavanguardia.com/vida/20190110/454067686112/contaminacion-por-mercurio-y-millones-en-oro-extraido-ilegalmente-en-crica.html

Costa Rica

No vamos a impulsar derogatoria de ley contra minería a cielo abierto; asegura ministro de Ambiente

El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, mencionó en la Comisión de Ambiente del Congreso que no es de recibo para el Gobierno impulsar una derogatoria a la ley que prohibe la minería metálica a cielo abierto.

Rodríguez indicó que está de acuerdo con una minería artesanal pero que el Gobierno no abordará el problema en la mina de Crucitas legalizando la minería a cielo abierto.

Con respecto a soluciones, el jerarca de Ambiente indicó que es necesario formalizar pequeños y medianos empresarios que quieran extraer oro, en conjunto con las cooperativas que quieran hacer uso de ese mismo recurso.

Fuente:http://crc891.com/no-vamos-a-impulsar-derogatoria-de-ley-contra-mineria-a-cielo-abierto-asegura-ministro-de-ambiente/

Costa Rica

Daño ambiental en Crucitas sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado

El daño ambiental en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado y supondría un riesgo para la salud de los habitantes de aquella región.

Contaminación con Mercurio (mayor a la estimada) debido a la minería ilegal; presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos a otras áreas es lo halló un grupo interdisciplinario ajeno al  gobierno y compuesto por expertos de la Universidad Nacional de costa Rica y la U.de Cornell en Ithaca(new York)que financió el estudio.

Parra ellos la situación está poniendo en riesgo ” el equilibrio ecológico de la región a un grado mayor al estimado anteriormente”, según un documento al que tubo acceso La Nación.

 

Fuente:https://www.nacion.com/el-pais/nuevo-informe-advierte-de-grave-contaminacion-con/KH2JXXXBIJFEVFVEOISW2AHS3A/story/

Costa Rica

PLN difunde estudio que propone revivir la minería a cielo abierto

La diputada María José Corrales señaló que es un asunto en estudio a lo interno de la bancada; sin embargo, el jefe Carlos Ricardo Benavides se apartó de la materia y afirmó que no existe una posición oficial al respecto.

a fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) difundió la tarde de este lunes —a través de su equipo de asesores— un estudio realizado por seis profesores, consultores y estudiantes en el que se propone como una recomendación “urgente” que se derogue la Ley 8.904 “para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”, y reemplazarla por “una nueva ley con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable”.

El estudio —titulado Contaminación con mercurio y drenaje ácido causada por la minería ilegal en Crucitas— es firmado por varios especialistas y recoge varios hallazgos del reciente estudio realizado por el Minae sobre la dispersión de mercurio que amenaza los ecosistemas de la zona; sin embargo, añade la polémica recomendación en su última página.

Consultada sobre este tema, la diputada sancarleña del PLN, María José Corrales, una de las más interesadas en el tema de la minería ilegal en su cantón, comentó que se trata de un estudio que van a revisar “con más claridad y más pausadamente”; sin embargo, sí aceptó que una idea que analizan posible es abrir las puertas para “explotar” los recursos naturales que tiene el país, si es “ambientalmente viable”.

“Somos conscientes de que nuestro país tiene recursos naturales que se pueden explotar siempre y cuando sea de una manera ambientalmente viable. Tenemos que buscar ese equilibrio y justamente eso es lo que estamos empezando a investigar y redactar, buscando la manera más confiable para que nuestro medio ambiente no se vea socavado de una manera ambiental como se está viendo actualmente por la actividad minera”, apuntó, no sin antes añadir que podrían potenciarse concesiones, dominios estatales y actividades cooperativas en la materia.

Además, Corrales agregó que —desde su punto de vista— “es latente y evidente, según la información que hemos estado recabando, que existe la necesidad de realizar una modificación al Código de Minería, que es sumamente importante para garantizar que sea el Estado costarricense quien dé un control oportuno a nuestros recursos naturales, ya que la ley 8.904 lo que hizo fue inhabilitar el artículo 1 de esa ley”.

Sobre la conveniencia de revivir la minería —en lugar de presentar otra ley para regular el uso de sustancias como el mercurio, que es una de las preocupaciones esbozadas por la congresista—, Corrales aseguró que ciertamente ese “es un panorama que habría que analizar”, pues “apenas están iniciando a recabar toda la información” necesaria.

De cualquier manera, según la diputada, el tema de los minerales debe analizarse en el país, pues “incluso se habla de gas natural o petróleo” y podría ser conveniente reglamentarlo, tomando en cuenta que existen diferentes sitios nacionales donde ya se desarrollan actividades similares o existe el potencial para hacerlo, como Abangares o Corcovado.

No hay posición oficial

Consultado sobre este estudio, el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, comentó que es un texto que le pasaron de último momento, pero afirmó “no conocerlo”. “Como vi que era un tema atractivo, creí que era importante compartirlo, pero no lo conozco”, señaló.

No obstante, sobre la recomendación en cuestión, aseguró que “una propuesta como esa no es un tema que se haya debatido a lo interno de la fracción, pues es un tema muy álgido y muy complejo que requiere de tiempo”, aunque aceptó que “hay compañeros que han venido trabajando en alguna propuesta para mejorar las condiciones en las que el país desarrolló las actividades mineras”.

“Desconozco si irían por el lado ese que usted me está contando que concluye el estudio (…) no es una posición de fracción, para nada, lo que nos importa del estudio es corroborar lo que hemos venido denunciando en cuanto a los gravísimos efectos de la minería ilegal, que dejan en evidencia que el país ha asumido un cuido irresponsable de sus recursos naturales en esa zona del país”, subrayó.

Sin embargo, según Benavides, no existe una iniciativa formal en la fracción al respecto, sino que el estudio simplemente “era un documento que, para los efectos de lo que ha venido investigando la fracción liberacionista, era importante en el sentido de seguir ahondando en el conocimiento del daño inmenso que se le ha hecho a la Zona Norte, particularmente en Crucitas”.

El estudio lo firmaron seis personas: el profesor de Ciencias de la Tierra de Cornell, Esteban Gazel; el estudiante de Postgrado en Ciencias Geológicas de Cornell, Aristides Alfaro; el consultor de ALARCA Geoquímica EIRL, Alejandro Arauz; el profesor de Hidrología Química de la UNA, Ricardo Sánchez; el consultor asociado de ALARCA Geoquímica EIRL, Aristides Alfaro; y la profesora de Geología de la UCR, Stephanie Murillo.

Fuente:https://semanariouniversidad.com/pais/pln-difunde-estudio-que-propone-revivir-la-mineria-a-cielo-abiertol

Costa Rica

Geólogos aseguran que ministro de Ambiente minimiza daño ambiental de minería ilegal

El Colegio de Geólogos asegura que Carlos Manuel Rodríguez, actual ministro de Ambiente minimiza el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal en las Crucitas, en lo que consideran un evidente afán por aplacar cualquier solicitud de reconsideración sobre el tema de la minería formal en Costa Rica.

Rodríguez afirmó que el impacto ambiental en Crucitas ha sido leve, sin embargo, el Colegio asegura que el ministro no tiene datos ni mediciones para realizar esas aseveraciones.

Otra situación preocupante para el Colegio es que el jerarca del Minae presume la ausencia de contaminación de las aguas con mercurio sin conocer bien el área invadida e impactada por los oreros y sin tener en sus manos datos de análisis de laboratorio.

“Mientras que por otra parte trata de maximizar el daño que podría haber generado la minería formal, repitiendo las afirmaciones de los pseudo ambientalistas anti desarrollo minero y confirmando así que el cierre del proyecto fue motivado por ideologías extremistas y no técnicas”, agregan.

El ministro indicó que las excavaciones de los coligalleros son de extensión limitada y que no profundizan más de dos metros, sin embargo, geólogos que han visitado la zona han presentado evidencia de que el daño ambiental ya no se limita a la finca de Vivoyet, sino que se extiende a otras propiedades que están siendo igualmente expoliadas, pues los coligalleros continúan explorando y explotando nuevos depósitos en la zona.

Así mismo, se tiene evidencia de la excavación de túneles de decenas de metros de longitud y de profundidad, y conforme las excavaciones se profundizan y, sumado a la ausencia de criterio técnico-científico y a la inexistencia de planes de manejo, la generación de aguas ácidas en el sitio es solo cuestión de tiempo., aseguran los geólogos.

Los geólogos aseguran que los coligalleros de Crucitas están usando mercurio ya que el uso de cianuro requiere de inversión en una planta de molienda y procesamiento. Sin control técnico ambiental ni de seguridad ocupacional el mercurio es altamente peligroso, pues provoca daños en los ecosistemas y en el ser humano.

Marlene Salazar, presidenta del Colegio de Geólogos de Costa Rica afirmó que “es imposible tener un punto de comparación entre el impacto ambiental controlado y el técnicamente responsable que realizan las empresas mineras formales, con el desastre ambiental que realizan los coligalleros. La minería ilegal genera impactos descontrolados sin que exista ningún responsable sobre el daño ambiental, además de generar enormes pasivos ambientales que al final deben ser recuperados utilizando los impuestos de todos los ciudadanos”.

“El señor ministro evade su responsabilidad al decir que el daño ambiental en Crucitas se recuperará solo y en cuestión de pocos años. Al parecer, no tiene claro sobre la responsabilidad de los pasivos ambientales”, agregó.

A través del Colegio, el gremio se manifiesta muy preocupado y piden la atención del presidente Carlos Alvarado, pues afirman que las declaraciones del ministro son sumamente peligrosas y desafortunadas, sobre todo en momentos en que Costa Rica enfrenta un reclamo en cortes internacionales por parte de la empresa Industrias Infinito por un monto entre 94 y 321 millones de dólares.

“Con sus declaraciones, el ministro prácticamente le está dando la razón a la empresa canadiense en el sentido de que el daño ambiental por la cual le cancelaron las concesiones mineras era fácilmente recuperable. Esto nos parece una irresponsabilidad enorme por parte del señor Rodríguez. Además, considerando la evidente crisis fiscal y de desempleo nacional, es altamente cuestionable que el ministro no se deje asesorar por miembros de este Colegio, algunos sus propios asesores, y otros quienes han estudiado y trabajado directamente durante décadas en la minería moderna para lograr generar recursos y empleos con un importante valor multiplicador”, agregó la presidenta.

Para concluir el Colegio de Geólogos de Costa Rica, asumiendo su responsabilidad técnica, exige seriedad en este tema por parte de las autoridades de gobierno ya que el daño ambiental en Crucitas, producto de la minería ilegal es enorme y debe ser detenido, medido y reparado, por lo que también pide que los responsables que facilitan este desquicio en sus opiniones den la cara ante la ciudadanía.

Fuente:https://www.elmundo.cr/geologos-aseguran-que-ministro-de-ambiente-minimiza-dano-ambiental-de-mineria-ilegal/

Costa Rica

Fiscala general acusa al expresidente Óscar Arias por caso Crucitas

La fiscala general, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el denominado caso Crucitas.

Navas imputó a Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.

En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial Nº. 34801-MINAET.

Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.

Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, en un correo electrónico, la decisión de acusar a Arias, pero no ahondó en los detalles, porque “el caso penal continúa siendo privado para personas ajenas al proceso”.

Sí reveló que este miércoles se le informó a la Procuraduría General de la República (PGR) de tal disposición, para que determine, en su condición de abogado el Estado, si se une a la acusación.

“La Fiscalía General confirmó que, efectivamente, hoy (miércoles), se comunicó a la Procuraduría la acusación contra el señor expresidente, por el caso conocido como Crucitas, tramitado en el expediente 12-000124-0621-PE.

“La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, señaló la oficina de prensa.

El abogado del Estado dispone de 13 días, a partir de mañana jueves, para presentar la querella y la acción civil, pues concluido ese plazo, “la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José”.

Ante esa instancia se conocerá si el caso se vuelve a elevar a juicio o no. Las audiencias preliminares están convocadas para finales de enero del próximo año.

Consultado sobre la acusación, el abogado de Arias, Rodolfo Brenes, dijo: “No le puedo decir nada porque no la conozco”. Al tiempo que agregó que estaba ingresando a una audiencia y que más tarde podría ampliar su declaración.

Mientras, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, salió en defensa del exmandatario: ” Hay que esperar el resulta de la decisión de los tribunales y respetarlo, pero debo agregar que nosotros apoyamos al presidente Arias y yo estoy completamente seguro de que su comportamiento, su conducta siempre ha sido apegada a la ley”.

Y añadió: “Me tomó por sorpresa, repito, parece que siempre ha habido una gran debilidad de argumentos desde el punto de vista penal con respecto a don Óscar y confiamos plenamente en que su conducta fue totalmente legal”.

 

Caso había sido resuelto, pero sin Arias

Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.

Incluso, este caso ya se había resuelto en el 2015, cuando Dobles fue condenado por el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea, a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.

Los otros seis acusados de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, habían sido absueltos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones se trajo abajo el fallo y ordenó repetir el debate.

Posteriormente, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.

Es en esa etapa donde el proceso se encuentra actualmente y será hasta enero cuando se decida si el caso va a juicio con el exmandatario como imputado.

En enero del 2015, cuando Dobles fue condenado, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que el decreto se había basado en premisas falsas y por eso, dictó el castigo.

“Suerte distinta es lo que ocurre con la actuación del señor Dobles Mora, con la emisión del decreto que fuera firmado no solo por él, sino por el presidente de entonces (Óscar Arias), toda vez que este tribunal llegó a la conclusión de que este decreto fue dictado basado en hechos falsos”, dijo Muñoz.

El abogado de Dobles y de otros cuatro imputados, José Miguel Villalobos, asegura que el Tribunal lo que cuestionó fue la motivación que se consignó en el decreto.

“Lo que se alegó es que los considerandos, las motivaciones del decreto, estaban basados en hechos falsos. Nosotros siempre planteábamos que no es que eran hechos falsos, que se podía discrepar o no de los fundamentos, porque si algo va a beneficiar o va a haber más beneficio o no, no es un asunto de falsedad, sino de opinión”, expresó Villalobos.

En el decreto Nº. 34801-MINAET se mencionan nueve considerandos, incluyendo uno en el que se afirma que Setena, desde diciembre del 2005, le había otorgado la viabilidad ambiental al proyecto minero y que incluso, aprobó modificaciones al proyecto, en febrero del 2008.

No obstante, la ausencia del estudio de impacto ambiental (EIA) fue una de las razones por las cuales el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera a Industrias Infinito, a finales de noviembre del 2010.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/fiscala-general-acusa-al-expresidente-oscar-arias-por-caso-crucitas/

Costa Rica

En setiembre se firmará Acuerdo ambiental sin precedente

El próximo 27 de setiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevará a cabo la firma del Acuerdo de Escazú. Se espera que 33 países de América Latina y el Caribe, el Perú incluido, se comprometan con este histórico acuerdo en la región, que busca establecer estándares para el desarrollo y fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

En marzo de este año, en Costa Rica, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú por la ciudad de Costa Rica.

La firma del próximo 27 de setiembre es indispensable para que, luego de ser ratificado por cada país, el acuerdo entre en vigencia.

El Acuerdo de Escazú marca un hito en la historia ambiental de la región porque es el primer esfuerzo para establecer estándares que fortalezcan la aplicación de los derechos de acceso, que contribuirá a la construcción de la democracia ambiental. Este instrumento internacional marca un importante precedente en la legislación para la protección de los defensores de derechos ambientales.

Un acuerdo que esperó 26 años para materializarse

En 1992, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo consagró los derechos de acceso a la información,participación pública y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú recoge estos derechos y establece estándares que garantizan su ejercicio y evolución, medidas de cooperación entre países para el desarrollo y mejora de estos derechos; e instancias y acciones de seguimiento de implementación del Acuerdo.

El proceso de creación del acuerdo demandó 9 reuniones de negociación a lo largo de 6 años, entre los representantes de países de la región y de la sociedad civil. Este proceso tuvo un mecanismo ejemplar al permitir la participación e intervención con voz, sin voto, de las organizaciones civiles.

En marzo de este año se adoptó el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional vinculante, sin reservas, lo que permitirá que todos los países adherentes implementen las disposiciones y cumplan con los estándares fijados para la aplicación de los derechos de acceso, a cabalidad.

Dato:

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) participó desde las etapas preparatorias del proceso de negociación y durante la elaboración del acuerdo. Como miembro del equipo central de La Iniciativa de Acceso, ha elaborado videos explicativos sobre el Acuerdo de Escazú gracias a la Fundación Ford y a la Fundación Gordon & Betty Moore para dar a conocer su importancia en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia ambiental e impulsar la finalidad de impulsar su signatura y ratificación a nivel regional.

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/08/2018/en-setiembre-se-firmara-el-acuerdo-de-escazu-para-fortalecer-derechos