Bolivia, Litio

Gobierno no descarta romper contratos del litio con China y Rusia

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó que se evalúan los convenios y advierte que se anularán si causan daño al país.
litio
La planta de litio de YLB en Potosí. Foto: YLB
Daniel Zenteno
27/01/2026

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de romper los contratos para la explotación del litio firmados con empresas de China y Rusia, luego de admitir que los convenios comprometen la fe del Estado, pero que aún se encuentran bajo evaluación técnica y legal para determinar si generan daño económico para el país.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó en contacto con Erbol que se realiza una revisión detallada de los acuerdos aprobados de manera reservada por la anterior administración. Si bien cuestionó la forma en la que se dispuso de recursos naturales sin transparencia, reconoció que en este caso se comprometió la fe del Estado, un aspecto que obliga al Gobierno a actuar con cautela.

Espinoza señaló que Bolivia arrastra un historial de incumplimiento de compromisos estatales, lo que ha deteriorado la confianza internacional. “No podemos seguir en esa dinámica de deterioro de la confianza que se tiene en Bolivia, no como gobierno sino como país”, afirmó, al explicar por qué el Ejecutivo es prudente al pronunciarse sobre el reconocimiento de los contratos.
Contratos de litio

No obstante, el ministro fue enfático al indicar que la evaluación en curso podría derivar en la ruptura de los convenios. Precisó que, si se identifican cláusulas que comprometan los recursos nacionales o generen perjuicio económico, “evidentemente serán denunciadas y se romperán los contratos o se tomará el mejor camino posible”.

Los contratos de explotación de litio con el consorcio Hong Kong CBC de China y Uranium One Group de Rusia fueron suscritos durante la gestión de Luis Arce, aunque hasta el momento no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa, requisito necesario para su ejecución.

Ambos contratos permitirían la llegada de más de $us 2.000 millones para la industrialización del litio y producir carbonato de litio en grado batería, de manera que el país podría aprovechar sus más de 20 millones de toneladas del recurso.

Sin embargo, los convenios generaron rechazo y movilizaciones durante la anterior administración, debido a que, según la oposición, no contemplaban el impacto ambiental y a las comunidades, además de ser presuntamente desfavorables para el Estado y demasiado generosos con las empresas trasnacionales.
https://larazon.bo/economia-y-empresa/2026/01/27/gobierno-no-descarta-romper-contratos-del-litio-con-china-y-rusia/

Perú

Tras ser absueltos, agricultores del Valle del Tambo se movilizan en Lima contra proyecto minero Tía María

Gloria Alvitres | 26/01/2026
El conflicto social en torno al proyecto minero Tía María se mantiene latente. En Arequipa, las denuncias presentadas contra agricultores que protestaron a fines de 2025 vienen siendo archivadas de manera progresiva. En paralelo, dirigentes del Valle del Tambo se movilizaron hasta Lima para cuestionar la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que consideran caduco. Convoca.pe revisó el caso para comprender el estado actual del conflicto.

Alegando “problemas de sistema” se suspendió la audiencia programada para hoy en el Primer Juzgado Constitucional que iba a resolver la Acción de Amparo que solicita declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Southern Peru Copper Corporation. En paralelo, en Arequipa, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra dirigentes del Valle de Tambo por las protestas realizadas contra el proyecto minero en 2025. En ese contexto, los dirigentes del valle realizan un plantón frente al Poder Judicial, en Lima, y sostienen que no cesarán las movilizaciones mientras continúe el avance del proyecto.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas respaldó en 2025 el reinicio del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Peru Copper Corporation. La iniciativa avanza hacia su etapa de construcción, con la expectativa de iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2027. A este escenario se suman cuestionamientos legales sobre la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental que sustenta el proyecto, así como denuncias de criminalización de la protesta social.

David Velasco (Fedepaz), abogado de la defensa, señaló que los dirigentes fueron acusados sin pruebas individualizadas. “La Policía no tenía a quién acusar por las protestas pacíficas y se abrieron más de 40 investigaciones, prácticamente una por cada día de movilización, contra ‘quienes resulten responsables’. La acusación fue tan amplia que se terminó citando a los dirigentes más conocidos, pero sin fotos ni pruebas que los incriminen”, explicó.
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La Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció una supuesta comisión de delitos por parte de los manifestantes. A partir de estas denuncias, y también de oficio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió investigaciones contra distintos pobladores del Valle del Tambo, pese a que no existían imputaciones ni sindicaciones directas en su contra. En todos los casos, las investigaciones se dirigieron formalmente contra “los que resulten responsables”, aunque de manera reiterada fueron citados los mismos 20 pobladores, según indicó David Velasco de Fedepaz.

Las investigaciones se iniciaron por presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros, en el contexto de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025 en el Valle del Tambo. En total, la Fiscalía abrió más de 40 investigaciones penales contra más de 20 residentes del valle, entre agricultores, transportistas y maestros, que se oponen al proyecto minero Tía María.

“Lo que existe es una criminalización por parte del Estado. A mí se me ha investigado incluso por declaraciones en medios de comunicación o publicaciones en Facebook, sin que existan pruebas o fotografías que demuestren bloqueos de carreteras”, afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, en declaraciones a Convoca.pe.
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En notas anteriores, Convoca.pe dió a conocer la persecución sostenida contra dirigentes y defensores de derechos humanos que se oponen al proyecto minero. Entre 2011 y 2014, durante el periodo más álgido del conflicto por Tía María, ocho personas fallecieron. “La persecución continúa, pero no tienen pruebas”, sostuvo Meza.

El cuestionado estudio de Impacto Ambiental

“Nos encontramos en Lima en una comisión para exigir que se invalide el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María porque es un atentado contra la agricultura y contra el río», afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo a Convoca.

En marzo de 2025, los habitantes del Valle de Tambo presentaron una demanda de amparo contra Southern Peru Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solicitando que se declare la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio.
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Respecto a Senace, el gobierno aprobó contra el reloj un decreto destinado a acelerar grandes inversiones mineras cómo reveló Convoca.pe el 2024. El ex ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aceleró la aprobación del Decreto Supremo 009-2024, mientras aún se desarrollaba el debate interno de la norma en las instancias técnicas competentes. Esta decisión se produjo en el marco de un discurso oficial orientado a la “reducción de la tramitología” como mecanismo para agilizar las inversiones mineras.
“El Estudio de Impacto Ambiental ha caducado porque fue presentado el 2013, ya no tiene sentido que lo sigan validando, además, tenía muchas fallas y cuestionamientos”, indicó Miguel Meza.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María vuelve a estar en el centro del debate. En un reportaje anterior, Convoca.pe revisó el expediente completo de aprobación del estudio, 35 tomos, con el apoyo de ingenieros ambientales independientes y contrastó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería, contratada por Southern Peru Copper Corporation para su elaboración. La revisión identificó graves inconsistencias en el manejo de las aguas y en el monitoreo de los impactos ambientales, además de revelar una historia poco conocida de interacciones entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la propia consultora.

La audiencia programada para el día de hoy en el Primer Juzgado Constitucional fue suspendida alegando “problemas en el sistema” y se realizará en mayo, según informó Red Muqui a Convoca.

A las afueras del Poder Judicial, dirigentes, agricultores y pobladores del Valle del Tambo realizan un plantón para exigir que se revise el caso adecuadamente. Miguel Meza ha señalado que continuarán con futuras acciones de resistencia a la minera porque la consideran dañina para la agricultura.
https://convoca.pe/agenda-propia/tras-ser-absueltos-agricultores-del-valle-del-tambo-se-movilizan-en-lima-contra

Republica Dominicana

En República Dominicana se busca oro y otros metales en 17 provincias

En el país había permisos para explorar 127.8 millones de hectáreas en manos de 19 personas físicas y jurídicas
Pablo García
Santo Domingo 28/01/2026

En República Dominicana se busca oro y otros metales en 17 provincias
Empleados de la empresa minera Unigold en un yacimiento denominado Los Candelones, donde se encontró oro. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

En la República Dominicana se busca oro en los cuatro puntos cardinales. Hasta el 20 de octubre de 2025, sobre el territorio nacional había 38 permisos de exploración, distribuidos entre 17 provincias, con los cuales se busca dar con yacimientos de ese u otro mineral metálico, como la plata o cobre.

Desde San Cristóbal hasta Dajabón y desde El Seibo hasta Elías Piña, 19 personas físicas y jurídicas contaban con la autorización oficial para exploración metálica, en un área de 127.8 millones de hectáreas, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Minería.

Dos de esas concesiones, ubicadas en la cordillera Septentrional, provocaron que el pasado domingo el presidente de la República, Luis Abinader, instruyera al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, a aclarar el tema y, previamente, aseguró que en el área no existe ningún plan de explotación minera.

Luis Abinader aclara que no hay plan de explotación minera en la cordillera Septentrional

La zona ha estado bajo exploración minera desde marzo de 2024. Allí dos empresas: Proyecto Minero Gold Rain, bajo el nombre «Lluvia de oro», y Vertrixi Holding, procuran encontrar ese metal, cobre o plata, en un área que incluye localidades de Santiago y Puerto Plata, en esta última los municipios de Altamira, Guananico e Imbert.

Para este miércoles está convocada una marcha vehicular en rechazo a la exploración minera en esa cordillera, convocada por representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas del Cibao.

Distribuidos por provincias, Monte Plata es la que posee el mayor número de concesiones para búsqueda de minerales metálicos, entre los que se incluyen también el plomo y el zinc, con 14. En esta demarcación, la empresa Corporación Minera Dominicana cuenta con cinco permisos, ubicados en comunidades de Bayaguana, Yamasá y Peralvillo.

Otras concesiones en esa provincia están en poder de las compañías Taipen Resources DR y Precipitate Dominicana, con dos, mientras que Golden Stone Corporation, Agencia Navarro y Consorcio Tecnológico & Ambiental cuentan con un permiso cada una. Algunas de estas firmas tienen autorización para explorar en localidades del municipio de Sabana Grande de Boyá.

Antonio Jorge Messina y Teresa Costa Leuzzi completan la lista de las empresas y particulares con permisos para buscar minerales metálicos en la citada provincia, según los datos más recientes de Minería.
21 millones de hectáreas

San Juan continua en la lista de las demarcaciones con mayor cantidad de permisos para la búsqueda de minerales metálicos. Hasta octubre, en esa provincia se registraron ocho proyectos de este tipo.

Goldquest Dominicana y la Corporación Minera San Juan son las responsable de la búsqueda del metal dorado y de otros minerales. La primera, con cinco concesiones, y la segunda con las restantes tres, examinan un área de 21 millones de hectáreas. Además, exploran en comunidades de provincias cercanas como Elías Piña y Azua. Goldquest cuenta también con una operación de exploración en La Vega.

En vencimiento

De las concesiones de exploración que se mantenían vigente hasta mediados de octubre, seis de ellas tenían fecha de vencimiento para noviembre y diciembre de 2025, para las cuales no se visualizaba en el documento de Minería la solicitud de una prórroga por parte de sus propietarios.

Los permisos emitidos a algunas de las empresas y particulares citados se expanden a localidades de otras provincias, como Hato Mayor, Monseñor Nouel, Santo Domingo y Sánchez Ramírez, ocupando esta última el tercer lugar entre los territorios con mayor cantidad de proyectos exploratorios.
Otros proyectos

Más al norte del territorio dominicano, específicamente en Santiago Rodríguez y Dajabón, la compañía Bohio Resources DR contaba a octubre con tres concesiones, aunque el período de validez de dos de ellas finalizaba entre noviembre y diciembre de 2025.
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María Cabrera Vitienes, Ismenia Berenisse Rodríguez y José Ramón Rodríguez Mejía completan las personas físicas que tienen permisos de exploración minera en comunidades de Elías Piña, Hato Mayor, San Cristóbal y San José de Ocoa, en una extensión territorial de 8.8 millones de hectáreas.

En tanto, las firmas Amish Blue y Estrial contaban hasta octubre pasado con un permiso cada una para realizar labores de búsqueda de minerales metálicos en El Seibo, Monseñor Nouel y San Cristóbal hasta 2027 y 2028, respectivamente.
https://www.diariolibre.com/economia/negocios/2026/01/27/los-lugares-donde-se-busca-oro-en-la-republica-dominicana/3417846

Republica Dominicana

Organizaciones del Cibao anuncian marcha vehicular contra minería en la Cordillera Septentrional

Los organizadores de la marcha invitan a la población a encender las luces de sus vehículos como símbolo de apoyo a la protesta contra la minería
Nathaly Tavárez 27/01/2026
Comunitarios del Cibao se unen en marcha vehicular contra minería, buscando proteger el medio ambiente.
(DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas de varios distritos municipales del Cibao anunciaron este martes que realizarán una marcha vehicular en rechazo a proyectos de exploración minera en la Cordillera Septentrional.

El anuncio fue hecho por el colectivo Unidos Somos Más, que agrupa a moradores de Río Grande, San Francisco de Jacagua, Pedro García y Yásica Arriba, junto a sacerdotes, juntas de vecinos, asociaciones de ganaderos y la Sociedad Ecológica del Cibao.

De acuerdo con lo expresado por los voceros, la marcha está programada para este miércoles 28 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana, saliendo desde la Circunvalación Norte en su intersección con la autopista Duarte, con dirección al centro de Santiago.

Los comunitarios aseguraron que la movilización será pacífica y abierta a la participación de comunidades rurales de Santiago y Puerto Plata.

Durante la lectura del comunicado, los representantes manifestaron su preocupación por el impacto ambiental que, según indicaron, tendría la actividad minera en la Cordillera Septentrional, zona que consideran vital para el abastecimiento de agua y la sostenibilidad de la vida rural.
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Perú

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

26/01/2026

El conflicto social Cachicadán se suma a los episodios que marcan la agenda diaria en la sierra de La Libertad, donde las disputas por actividades extractivas mantienen en alerta a la población. En el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, comuneros y autoridades locales expresan preocupación por presuntos impactos ambientales vinculados a operaciones mineras en la zona. La tensión social se incrementó tras una intervención policial durante una jornada de protesta comunal.
¿Por qué se inició el conflicto social en Cachicadán?

Los pobladores del caserío de Tambillo acataron un paro indefinido como medida de protesta frente a la empresa minera Olga Victoria. Los comuneros denunciaron una presunta contaminación ambiental que afectó fuentes de agua utilizadas para consumo y actividades agrícolas. La protesta se sostuvo como una exigencia de garantías ambientales y protección de los recursos hídricos.
¿Qué rol cumplió la Policía Nacional durante la protesta?

Durante la movilización, se observó la presencia de un importante contingente de la Policía Nacional que se desplazó hasta la zona con el objetivo de resguardar el orden público. Sin embargo, comuneros cuestionaron la intervención policial al considerar que favoreció a la empresa minera, lo que intensificó el malestar social.
¿Qué cuestionamientos surgieron desde el ámbito político?

La situación generó reacciones en el ámbito político regional y nacional. Lorena Carranza, integrante de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, emitió un comunicado donde exigió que las entidades competentes del Estado evalúen los hechos y adopten medidas frente al conflicto.
¿Qué exigen actualmente los comuneros de Cachicadán?

Los pobladores mantuvieron la medida de fuerza por más de diez días y advirtieron que no permitirán la reanudación de las operaciones mineras. Exigieron estándares ambientales claros que garanticen la preservación del agua y la salud de la población local.

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

Perú

Fiscalía archiva siete investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo por protestas contra Tía María

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes
Olenka Pizarro
25/01/2026
Tía María – Southern Perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, al concluir que no existían pruebas ni responsables identificados. Los procesos se iniciaron durante la paralización indefinida de febrero y marzo de 2025 y formaron parte de una serie de denuncias que organizaciones de derechos humanos han calificado como un intento de criminalización de la protesta social.
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Según informó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió más de 40 investigaciones penales contra al menos 20 pobladores del Valle del Tambo —entre agricultores, transportistas y maestros— en el contexto de una paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025.

Las protestas se realizaron mediante marchas, plantones y otras manifestaciones públicas que, de acuerdo con FEDEPAZ, se desarrollaron de manera pacífica. No obstante, la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior presentó denuncias por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros ilícitos, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

Denuncias sin imputaciones directas
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEPAZ, las investigaciones se abrieron pese a que no existían sindicaciones directas contra personas determinadas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía señaló que los procesos se dirigían “contra los que resulten responsables”.

Sin embargo, siempre eran los mismos pobladores del Valle del Tambo quienes eran citados a rendir declaración, aun cuando las carpetas fiscales no contenían imputaciones individualizadas ni pruebas que los vincularan directamente con los hechos denunciados.

Siete carpetas fiscales finalmente archivadas
FEDEPAZ informó que, mediante la Disposición N.º 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resolvió archivar siete investigaciones correspondientes a las carpetas fiscales 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, las cuales fueron acumuladas posteriormente en la carpeta 327-2025.

Estas investigaciones estaban vinculadas a nueve presuntos hechos delictivos que, según las denuncias, habrían ocurrido entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, periodo en el que se desarrolló la paralización indefinida en el Valle del Tambo.

La Fiscalía sustentó el archivo al concluir que no fue posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables” y que no existían testigos de los hechos, por lo que correspondía ordenar el cierre de las investigaciones.
Defensa legal denuncia criminalización de la protesta

El abogado defensor de los investigados, David Velazco Rondón, señaló que estas investigaciones vulneraron derechos fundamentales de los pobladores del Valle del Tambo.

“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, afirmó.

Velazco Rondón agregó que la decisión de archivar las investigaciones confirma que no existían elementos probatorios contra los denunciados.

“La decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos, incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”, sostuvo.

FEDEPAZ recordó que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María se origina en la oposición sostenida de la población del Valle del Tambo, principalmente agricultores, frente a la intención de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto.

Según la organización, estudios técnicos elaborados por expertos independientes han advertido que el proyecto minero podría afectar gravemente la cantidad y calidad del agua en una zona dedicada a la producción agrícola de alta calidad, lo que explica el rechazo mayoritario de la comunidad local.

Finalmente, el abogado Velazco Rondón sostuvo que este tipo de procesos penales forman parte de una estrategia para desalentar la protesta social.

“Hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos dentro de lo que consideramos una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo, accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
https://www.infobae.com/peru/2026/01/25/fiscalia-archiva-siete-investigaciones-contra-pobladores-del-valle-del-tambo-por-protestas-contra-tia-maria/

Republica Dominicana

Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo advierte que una concesión minera mal gestionada ha generado intranquilidad y protestas comunitarias en la Cordillera Septentrional

El Centinela Digital
22/01/2026
La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago hace de conocimiento público su profunda preocupación ante la pésima gestión con la que se ha venido manejando una concesión minera en la Cordillera Septentrional, situación que ha generado intranquilidad social, tensiones comunitarias y protestas en diversas localidades comprendidas dentro del ámbito de dicha concesión.

Propietarios y ocupantes de terrenos en las comunidades de Pedro García, San Francisco de Jacagua, El Hoyazo, Ranchito Piché, Palo Alto y Quinigua han denunciado el ingreso de personal vinculado a actividades de exploración minera sin la debida autorización previa de los titulares del suelo, hecho que resulta inaceptable y contrario a las normas que regulan la actividad minera en la República Dominicana.

De acuerdo con los reportes recibidos, estas incursiones se han producido sin consentimiento escrito, sin acuerdos indemnizatorios previos y sin información formal a los propietarios, lo que constituye una situación grave que vulnera derechos fundamentales y contradice las condiciones bajo las cuales fue otorgada la concesión de exploración minera.

Asimismo, la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago advierte que no ha existido un proceso de información amplia, clara y transparente dirigido a las comunidades afectadas sobre los objetivos, alcances y fases del proyecto de exploración minera amparado en la Resolución R-MEM-CM-013-2024 “COBRE EL HOYAZO II”, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. No se han realizado reuniones comunitarias informativas ni se han habilitado espacios de diálogo que permitan a los residentes conocer y comprender el proyecto.

Como consecuencia de esta deficiente gestión institucional y de la escasa o nula respuesta de las autoridades competentes a los reclamos formulados, comunitarios, propietarios de terrenos y sacerdotes de las localidades incluidas en la resolución se han visto en la necesidad de levantarse en protesta, reclamando respeto a sus derechos, a su territorio y a la convivencia comunitaria.

De manera complementaria, líderes comunitarios y representantes de la iglesia han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales negativos que pudieran derivarse tanto de las actividades de exploración como de una eventual explotación minera futura, particularmente sobre las fuentes de agua, los suelos productivos y el equilibrio ambiental de la zona.

La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago reitera que el desarrollo no puede imponerse a espaldas de las comunidades ni mediante prácticas irregulares, y exhorta a las autoridades competentes a investigar con seriedad las denuncias presentadas, garantizar el cumplimiento estricto de la ley y restablecer canales efectivos de diálogo que eviten una mayor conflictividad social en la Cordillera Septentrional.

Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo advierte que una concesión minera mal gestionada ha generado intranquilidad y protestas comunitarias en la Cordillera Septentrional

Bolivia

Mineros toman oficinas de la AJAM en Tupiza y exigen reemplazo de autoridades «foráneas»

22/01/2026

La protesta encontró un rápido respaldo en la bancada parlamentaria potosina. En conferencia de prensa, el diputado Edgar Zegarra Bernal, junto a su colega Emilio Barrera Ramos, calificó las designaciones como “un manoseo a la dignidad potosina”. Zegarra argumentó que el departamento cuenta con profesionales capaces y no requiere de personal foráneo.

La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (Fencomin Sur) tomó por la fuerza este jueves las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Tupiza, en un acto de protesta contra la designación de funcionarios de otras regiones para dirigir la institución en Potosí. Los manifestantes exigen al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que revoque estos nombramientos y en su lugar posesione a profesionales potosinos en los puestos jerárquicos.

En contacto con Radio Panamericana, dirigente de las cooperativas, Jaime Leaño, afirmó que «las medidas de presión se radicalizarán si la AJAM no destituye en las próximas horas a estas autoridades foráneas y designa en su lugar a meritorios profesionales potosinos, porque ya están cansados del manoseo político y de que se trate con desprecio a Potosí». Esta declaración establece un plazo perentorio y vincula el conflicto laboral con una afrenta a la dignidad regional.

Así, Zegarra lanzó una pregunta directa al presidente Paz: “¿Le gustaría que manden profesionales a Tarija a conducir sus instituciones? Creo que no. Entonces también respétennos a los potosinos”. El legislador recordó el papel de Potosí como «la billetera económica del país» y demandó autoridades con conocimiento real de la minería local.

Desde el Legislativo, la advertencia adquirió un tono aún más grave. El presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Emilio Barrera Ramos, respaldó la acción de los mineros y trasladó toda responsabilidad por una escalada del conflicto al Ejecutivo al afirmar que “nuestra gente ya nos ha rebasado, no podemos controlar (…) que se atenga a las consecuencias nuestro hermano presidente, si hay cualquier problema (…) no es nuestra responsabilidad”.

El conflicto trasciende una mera disputa administrativa y expone una tensión estructural entre las políticas de designación del Gobierno central y las crecientes demandas de autonomía y reconocimiento de las regiones históricamente productivas. La AJAM se ha convertido en el símbolo tangible de esta pugna, donde la capacidad local y la identidad departamental chocan con lo que los manifestantes perciben como una imposición centralista y un trato de segunda categoría.

La toma de las oficinas en Tupiza marca un nuevo y agudo episodio de confrontación que podría escalar rápidamente. La demanda, sustentada en el argumento económico y la dignidad regional, pone al gobierno de Paz ante un dilema complejo: ceder ante la presión y modificar sus designaciones, arriesgándose a sentar un precedente, o mantener los nombramientos y enfrentar una radicalización de las protestas en un departamento clave para la economía nacional.

Mineros toman oficinas de la AJAM en Tupiza y exigen reemplazo de autoridades «foráneas»

Argentina

Problema para el Gobierno: la protesta contra San Jorge y la megaminería irrumpió en el calendario vendimial

Una enorme bandera con la leyenda «No a San Jorge» irrumpió en escena ante el público. Muchos se plegaron al canto «el agua de Mendoza, no se negocia».
El Editor Mendoza | Gabriela Valdés
22/01/2026
Una bandera contra San Jorge se coló en el festival Jazz en el Lago

El festival Jazz en el Lago, clásico de la temporada estival mendocina, se convirtió en escenario inesperado de protesta. La bandera con la consigna “No a la minera San Jorge” irrumpió en el evento y el público acompañó con el grito que ya se ha vuelto himno popular: “El agua de Mendoza, no se negocia”. La protesta contra la megaminería volvió a colarse en el calendario vendimial, visibilizando un conflicto que escala semana tras semana.

Pese al calor y las lluvias. Una multitud marchó en Uspallata contra San Jorge y la megaminería tras el caravanazo en las rutas
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Ya en vendimias departamentales como la de San Rafael y la de Junín las asambleas por el agua venían visibilizando la resistencia contra la megaminería, y no han cesado desde hace más de un mes las protestas. Pero el festival en el Parque San Martín fue donde se hizo más notoria y masiva esa proclama.

Un mes de protestas ininterrumpidas
Desde la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el pasado 9 de diciembre, las calles mendocinas se han convertido en escenario de ruidazos, muraleadas, cortes de ruta y acampes. Las acciones se multiplican y sostienen un entramado horizontal y autoconvocado que atraviesa plazas, barrios y rutas, con un objetivo: frenar la explotación de oro y cobre en Uspallata.

La elección del 17 de enero para el caravanazo no fue casual. Ese mismo día de 1817, el Ejército de los Andes al mando de José de San Martín partió hacia Chile en la campaña libertadora. Hoy, las Asambleas por el Agua resignifican esa fecha con la consigna “Gesta por el Agua”, proyectando la memoria histórica hacia la defensa de los bienes comunes.

El oro y cobre de la cordillera
El proyecto San Jorge, emplazado en plena cordillera mendocina, busca extraer oro y cobre en una zona estratégica por sus reservas de agua y su valor ambiental y cultural. Allí atraviesa el Qhapaq Ñan, camino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014. Para el Gobierno, la aprobación de la DIA representa un paso hacia la “modernización productiva”. Para vecinos y asambleístas, en cambio, significa el avance de la megaminería sobre un territorio que depende del agua para sostener la agricultura, el turismo y la vida cotidiana.
Un conflicto que se expande

La tensión entre el Ejecutivo provincial y las organizaciones sociales crece. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con la minería a gran escala, las protestas se intensifican y se instalan en la agenda cultural y política de Mendoza. La consigna “El agua de Mendoza, no se negocia” se repite en festivales, caravanas y redes sociales, y amenaza con convertirse en el eje de las movilizaciones durante toda la temporada vendimial.
https://eleditormendoza.com.ar/politica/problema-el-gobierno-la-protesta-contra-san-jorge-y-la-megamineria-irrumpio-el-calendario-vendimial-n5382964

Argentina

Una nueva marcha masiva en Mendoza en contra de la minería que impulsa Cornejo

Piden la derogación de una ley que aprobó el impacto ambiental para la explotación en la mina de San Jorge, en Uspallata, y otra similar en Malargüe. “El agua no se negocia”, fue el grito unánime en la segunda gran movilización que enfrenta el gobernador aliado a Javier Milei.
Celeste del Bianco 24/122025
Los asambleístas llegaron a la ciudad de Mendoza para reclamar que “el agua no se negocia”. (Sin Credito)

Desde Mendoza
Cientos de gotas de agua se esparcieron ayer por la mañana en las calles céntricas de la ciudad de Mendoza. Gotas en formas de pancartas, de banderas, estampadas en remeras, en gorros, en telas colgadas de cochecitos. Un río de gotas simbólicas que confluyó en la Casa de Gobierno de la provincia para reclamarle al gobernador radical Alfredo Cornejo que derogue las leyes 9.684 que aprueba la declaración de impacto ambiental en el cerro San Jorge, en Uspallata, y la 9.685 que hace lo mismo con casi 30 proyectos en Malargüe. Asambleístas de 15 regiones de la provincia llegaron hasta la ciudad para reclamar que “el agua no se negocia”. Se sumaron organizaciones sociales y muchos autoconvocados que lograron una masiva marcha, que se extendió a lo largo de más de siete cuadras y en la que evocaron al General San Martín en lo llamaron “la gesta patriótica por el agua”.

Ayelén, 35 de años, llegó desde Godoy Cruz junto a sus hijos Mateo, de 11, y Merlí, de 7. “Vengo con ellos porque esto es una enseñanza”, dijo la mujer. “Este tema no se va a terminar ahora y tienen que conocer la importancia del agua”, agregó. Mateo es boy scout y llevaba un pañuelo naranja alrededor del cuello. “Igual que mi madre, considero que nos están quitando algo puro y vital para nuestra vida porque sin agua no hay vida”, dijo Merlí agregó: “el agua es vida para todos”.

La manifestación comenzó con una concentración a las 10.30 en el Kilómetro Cero de la capital mendocina, en la Plaza Belgrano. Llegaron asambleístas de distintas regiones, no solo de Uspallata que es la zona que se verá más afectada por la decisión de la Legislatura de la aprobar la Declaración de Impacto Ambiental para los trabajos en la mina de cobre San Jorge, que ahora lleva el nombre de “PSJ Cobre Mendocino” y que es propiedad de la empresa suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi de Argentina. Pero que ya pasó por varias manos e intentos – y rechazos– por habilitar la explotación a cielo abierto.

Para los asambleístas, Mendoza no es la tierra del sol y el buen vino, como dice el slogan publicitario, sino que “es la tierra del sol y del agua”, “la tierra de la 7722”. Esa ley, que es sostenida como un orgullo entre los manifestantes, se sancionó a la luz de la movilización popular en el 2007 y es considerada “la guardiana del agua” porque prohíbe el uso de sustancias tóxicas, como cianuro y mercurio, en la minería metalífera. Sin embargo, la Legislatura aprobó el proyecto de San Jorge porque considera que los químicos no están alcanzados por la normativa: Metil Isobutil Carbinol, Isobutil Xantato de Sodio, Poliacrilamida Aniónica y Óxido de Calcio. Es el mismo proyecto que ya fue rechazado por el mismo organismo por unanimidad en el año 2011.

En la esquina de la Avenida San Martín y la peatonal Sarmiento hay un árbol de Navidad inmenso, que funcionó como parada para esperar a otros manifestantes. Faltaban pocas horas para la Noche Buena, pero eso no se notó. El descontento se hizo escuchar de distintas maneras: con cacerolas, con cornetas, con panderetas, con bombos, con sikuris, con silbatos, con aplausos. Un joven de ascendencia mapuche recorrió la marcha con un saumo –un ramillete de hierbas secas– para convocar a la espiritualidad de la cordillera y que los seres de las montañas los acompañen, y el aroma a ruda e incienso se esparció por la peatonal.

La manifestación siguió por la ancha avenida San Martín y ocupó los dos carriles escoltada por una extensa hilera de policías con chalecos naranjas hasta llegar a la Gobernación. En Mendoza, la cuestión del agua es constitutiva de la provincia, hasta lo dice la Carta Magna provincial. “En esta tierra donde convivimos con el Zonda sabemos la importancia del agua, es vital. Andamos boqueando todo el verano”, dice Sandra Ruminot, escritora e integrante de la asamblea de Guaymallén, en el Gran Mendoza. “Creemos que quieren cambiar la matriz productiva, imponer todos los proyectos megamineros posibles y reducir la producción local”, dijo.

Guadalupe, de 35 años, hacía sonar su enojo con un silbato de cerámica, llegó desde Luján de Cuyo, a 20 kilómetros de la capital, en colectivo con sus hija Violeta y su bebé de 6 meses en un cochecito. Se llama Yacu y su nombre significa “agua” en quechua. “Hago el sacrificio de venir en micro porque la causa lo vale, el futuro de todos nuestros hijos está en juego”, dijo. “El agua es el oro, es un recurso preciado”, agregó.

Años atrás, Gabriela Mistral escribió: “Quiero volver a tierras niñas/ llévenme a un blando país de aguas./ En grandes pastos envejezca/ y haga al río fábula y fábula./ Un agua dulce, aguda y áspera”. El agua como infancia, como origen, como esencia, todo eso se pudo ver y escuchar acá. En el nombre de Yacu y en los motivos para movilizarse otros miles. “El agua es nuestra identidad. Desde que vamos a la escuela nos dicen que tenemos que cuidarla”, dice Sandra Ruminot y agrega: “si hay algo que atraviesa el ADN de este pueblo es la defensa del agua, es la vida, es lo vital. Es el agua de afuera, pero también de adentro”.

Desde hace más de una década hay estudios, como los del Conicet, que advierten sobre la escasez hídrica en Mendoza, como un problema intrínseco de estas tierras secas. Sobre esto también llaman la atención los asambleístas. “¿Con qué vamos a regar las verduras?”, se preguntó Gladys Palavecino, de 77 años. Dijo que está muy preocupada, “pero no por mi porque yo ya he hecho mi vida, pero no me quiero ir de este mundo viendo que hay minería en la montaña. Somos un pueblo árido”. Tiene nietos y bisnietos y piensa en ellos y en las próximas generaciones que “no van a tener agua, si ya estamos en emergencia hídrica”. Este miércoles 24 de diciembre Gladys también marchará con los jubilados mendocinos: “La herencia que les quiero dejar a mis nietos y bisnietos es la de alguien que luchó por sus ideas”.

Para el gobernador Cornejo, “la agricultura consume infinitamente más agua que cualquier proyecto minero”. Días atrás, al ser consultado por el conflict dijo que “el problema del agua no está en la minería, sino en el derroche agrícola y residencial. Eso lo dicen todos los científicos, no lo digo yo”.

Que la gran movilización se haya hecho el 23 de diciembre, a pocas horas las fiestas, no es al azar. Todo empezó años atrás en el Valle de Uco, con la pueblada del 2019 cuando el gobernador Rodolfo Suárez quiso reformar la Ley 7722 y se multiplicaron las manifestaciones en calles, plazas y rutas. Hubo represión con gases y balas de goma, pero Suárez tuvo que dar marcha atrás con su idea. En esa fecha nació el “Día del Parientazo” –una modismo para llamar a alguien de manera afectiva– en la ciudad San Carlos

El Valle de Uco, el mismo lugar donde San Martín se reunió con los indios pehuenches antes de su gesta libertadora por la Cordillera de Los Andes. Allí se encontraron y les pidió permiso para entrar en territorio sagrado, pero también como estrategia para obtener información sobre Chile y conseguir baqueanos para el cruce. Siglos después, ese legado sanmartiniano es tomado por los asambleístas de 15 regiones de la provincia para impulsar una nueva “gesta libertadora por el agua”.

Jonatan Godoy, de 33 años, estuvo en las marchas anteriores. Es de La Consulta, la ciudad que lleva ese nombre por la reunión de San Martín con los pueblos originarios, y para él, el legado del libertador es la lucha y “pelear por las convicciones”. Desde esa ciudad también llegó Quimey Caderón, de 19 años, junto a su familia, madre, abuelos, tíos, primos. Entre todos hicieron un cartel de dos metros que dice: “Mendoza hija del agua”, la terminaron poco antes de llegar. Es estudiante de idiomas y quiere ser guardaparque. Apenas había salido de la primaria cuando participó de la marcha del 2019. “Siempre está presente San Martín. En el museo, cuando ves la historia del agua, te cuentan que fue uno de los primeros luchadores en su defensa y por eso, hoy nosotros estamos acá”, dijo.

Los aires libertarios que recorren Mendoza

Lo que pasa en Mendoza no es ajeno a lo que sucede a nivel nacional, la alineación de Alfredo Cornejo con el presidente Javier Milei y su alianza electoral en las legislativas de octubre –en las que salieron victoriosos con más del 50 por ciento de los votos– le da un marco favorable a lo que sucede en estos días. En noviembre, el Presidente anunció en Corrientes la modificación de la Ley de Glaciares y señaló al gobernador como su principal impulsor. “La contracara de eso va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares, de hecho esa idea ni siquiera es mía, la idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo”, indicó en ese memento.

“Venimos a decirle al gobernador que Mendoza no es tierra de sacrificio”, dijeron desde un altoparlante los manifestantes sobre el cierre de la movilización frente a la Casa de Gobierno. De a ratos, sucedían las canciones en contra del mandatario provincial: “Cornejo, basura. Queremos agua pura”, cantaban.

Hernán Marianeti llegó desde la asamblea de Guaymallén y trajo con él una figura de un cóndor andino, guardián de Los Andes. “Quieren darle todas las licencias a las mineras sin la licencia social, sin preguntarle al pueblo. Creen que porque han tenido votos pueden hacer lo que quieran. El agua es vida, una mamá que me da todo. Somos todos gotas de un mismo río y los cóndores son nuestros guardianes, pero con esto también están en peligro”, dijo.

El gobernador aliado a Milei dijo que apoya la modificación de la Ley de Glaciares y afirmó que “Mendoza está un paso adelante de esa ley porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y lo estamos haciendo en las declaraciones de impacto ambiental que están en la actualidad”. Con un presidente que niega el cambio climático, el10 de febrero la Cámara de Diputados debatirá la modificación de la ley y que tiene el visto bueno los gobernadores de la Mesa del Cobre y el Litio.

“Destino de oasis/ agua que guarda/ la memoria de las piedras/ y la esencia del olvido”, dice un texto de la escritora mendocina Nora Bruccoleri incluido en un libro que publicó Payana Ediciones para recordar las gestas en defensa del agua que lleva décadas y que por estos días volvió activarse.

Pasado el mediodía y con el sol limpio y fuerte sin nubes que lo intercepten, la movilización terminó frente a la casa de Gobierno. Algunos descansaban bajo la sombra de los tilos, otros cantaban al rayo del sol. Todo justo sobre la vereda del memorial de la Bandera, donde una imagen de San Martín se eleva imponente: “Ole ole, ole ola, la cordillera es libertad y si la tocan que quilombo se va a armar”.

Liberaron a dos manifestantes

Mientras la manifestación sucedía, la Justicia de Mendoza ordenó liberar a los hermanos Facundo y Renzo Gollano, presos desde la manifestación del 9 de diciembre, día en el que se sancionó la ley por el cerro San Jorge. Tras una represión de la policía mendocina, los jóvenes fueron detenidos y hasta ayer seguían presos a pedido del fiscal Fernando Giunta, que invocó la figura de la reiterancia y el peligro de fuga para sostener la medida.

“Los fiscales llegaron sin ningún tipo de argumento de lo que había en la causa, que no es nada. Repetían como loros la reiterancia y el peligro de fuga. Algo que no pudieron probar ni acreditar”, dijo el abogado defensor Maximiliano Villarreal. Los manifestantes celebraron la noticia frente a la casa de Gobierno mientras cantaban: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”.

Los hermanos Gollano no son los primeros, se suman a otros manifestantes detenidos desde que estos proyectos fueron tratados en la Legislatura como Martín Iglesia y Liza Rule Larrea, que fueron reprimidos y trasladados a la Legislatura, donde fueron golpeados por la policía, algo por lo que el Gobierno de Cornejo intentó luego despegarse.
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