Colombia

Campesinos de Jericó judicializados por protesta contra proyecto minero expusieron su versión ante la Asamblea Departamental

conexiónsur 23/05/2025
“86 años de vida entregada al campo y a la lucha por el municipio de Jericó”. Con esa frase, cargada de historia y dignidad, comenzó su intervención Porfirio Garcés, un campesino jericoano que tomó la palabra en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia este miércoles 21 de mayo. Allí, junto a José Luis Bermúdez, otro habitante del mismo municipio, expusieron su perspectiva sobre el proceso judicial que enfrentan junto a otros nueve campesinos acusados por la multinacional minera AngloGold Ashanti.

Ambos líderes intervinieron ante los diputados departamentales gracias a la gestión del diputado Juancho Muñoz, quien solicitó incluir el tema en el orden del día de la sesión. La intervención se centró en lo que los voceros campesinos definieron como una trayectoria de defensa ambiental y de construcción comunitaria en Jericó, con énfasis en la protección del agua, el suelo y de la vida rural.

“Es una vida dedicada al campo, a cultivar el café y la alimentación que es esencial para todo ser humano. Hoy me veo ante las autoridades como una persona que realiza otros menesteres que no son el bien”, expresó con voz pausada don Porfirio.

José Luis Bermúdez, también acusado, explicó con tono firme que los señalamientos por secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales no se corresponden con el espíritu de las movilizaciones campesinas. “Soy uno de los once demandados por la fiscalía por la empresa multinacional AngloGold Ashanti. Supremamente afectado por la infamia de esta empresa contra campesinos que no hacemos sino labrar la tierra y producir alimentos, no solo para nosotros, sino para traerlos a la ciudad. Somos unos productores de la tierra, no destructores como la multinacional minera”, afirmó.

La intervención se dio en un contexto de creciente respaldo ciudadano, más de 350 personas, entre maestros, estudiantes, organizaciones ambientales y ciudadanos, firmaron una carta de apoyo a los once campesinos judicializados, en la que expresan su preocupación por lo que consideran una criminalización de la protesta social. En el documento, se resalta que la oposición al proyecto minero Quebradona ha sido legítima y pacífica, y que el proceso judicial podría desestimular la defensa de causas ambientales en otros territorios del país.

Los campesinos regresaron a Jericó con la esperanza de que sus testimonios sirvan para generar mayor comprensión frente a la complejidad del conflicto socioambiental que viven. La próxima audiencia del proceso judicial ha sido programada para el 26 de mayo, fecha en la que se espera que la defensa de los habitantes de Jericó exponga sus argumentos ante el juzgado competente.
https://www.conexionsur.co/post/campesinos-de-jeric%C3%B3-judicializados-por-protesta-contra-proyecto-minero-expusieron-su-versi%C3%B3n-ante-l

Argentina, Litio

Explotación de litio en Argentina: sin «permiso social»

Mirra Banchón 19/05/2025
Autoridades argentinas dieron a Bruselas luz verde para la explotación de litio. Las comunidades afectadas, desde Jujuy y Mendoza, le ponen luz roja.
https://p.dw.com/p/4udC8
Salinas Grandes, en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y BoliviaImagen: Galyna Andrushko/Zoonar/picture alliance
«Desde las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoc, en Jujuy, junto con los representantes de Catamarca y Mendoza venimos a decir que no es como lo contaron nuestros gobernadores en estos mismos espacios. Dijeron que tenían permiso social para que vengan las nuevas inversiones de la Unión Europea para el litio. No es así”, dice a DW Verónica Chávez, de Santuario de Tres Pozos en Jujuy, Argentina.

Esta lideresa comunitaria llegó a Bruselas en una comitiva, seis meses después de que las autoridades de esas provincias argentinas ofrecieran, durante la Raw Materials Week (diciembre 2024), un entorno afable y pródigo para las inversiones europeas con el fin de cumplir con sus objetivos Pacto Verde.

Litio, cobre, níquel, cobalto y aluminio son parte de la lista de 34 materias primas claves para la transición verde europea. Asegurar y diversificar su suministro es clave para Bruselas.

Para ello ha venido firmando acuerdos que abren la puerta a su extracción en países que son «socios fiables”, uno de ellos, Argentina (memorándum de entendimiento UE-Argentina, julio 2023). Pero desde los territorios que son fuente de esos minerales, el asunto se ve diferente.

El litio acaba no solo con el agua
«Si vienen más inversiones, para nosotros todo se acaba. Lo sabemos porque ya hay empresas que explotan el litio en Salinas Grandes. Nunca se sabe de dónde son, pues siempre cambian su nombre. En apenas diez años, nuestros jóvenes ya no pueden lavarse la cara en las fuentes de agua”, afirma Verónica Chávez. Se refiere, por ejemplo, a extracciones de litio en el salar de Cauchari-Olaroz.

«Entraron dividiendo a las comunidades con promesas a menudo falsas: una camioneta, una casa, dinero. Pero nosotros venimos a decirle a la Comisión Europea que nuestras decisiones son comunitarias, porque ese territorio es de derecho comunitario. No queremos irnos de la tierra de nuestros tatarabuelos. Vivimos de ella. Tenemos ganado, artesanías, trabajamos la sal, nos dedicamos al turismo”, cuenta Chávez. Y resalta que Salinas Grandes fue declarada, en 2019, una de las siete maravillas naturales de Argentina.

Un entramado legal nuevo
No obstante, «el desalojo está a la vuelta de la esquina”, cuenta a DW Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, abogada de Malalweche, organización que representa a 25 comunidades del pueblo mapuche. «Vienen reclamando desde 2020. Pero en octubre y en diciembre de 2024 hubo dos retrocesos muy grandes que dejan en absoluta vulnerabilidad a los pueblos indígenas”, sigue Mauhay Alancay, ella misma de la comunidad quechua colla.

¿A qué retrocesos de refiere? «Lo primero fue derogar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el encargado de otorgar personería jurídica a las comunidades. Esta competencia fue delegada a los gobiernos provinciales. En Mendoza, por ejemplo, no existe una institución para asuntos indígenas. Lo segundo fue acabar con la ley 26.160 que preveía protección para evitar desalojo de pueblos indígenas que no tuvieran aún personería jurídica”, responde.

Y aunque, en realidad, la propia Constitución argentina reconoce desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas (Artículo 75, Inciso 17), la falta de instituciones que reconozcan sus derechos los deja a merced de la agenda empresarial.

¿Exploraciones y desalojos en la mira?
«En este momento hay dos empresas que ya están haciendo exploraciones. Estamos seguros de que vienen inversiones europeas. Por eso venimos a recordarles que no pueden hacerlo sin nuestro consentimiento”, destaca Verónica Chávez. En su opinión, en las instancias europeas visitadas encontraron un oído abierto a la preocupación por los acuíferos. Cabe recordar que las inversiones para el Pacto Verde, del programa europeo Global Gateway, prevén que sean para un transición verde, digital y socialmente justa.

Verónica Chávez y Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, comitiva desde Argentina para hablar con las instituciones europeas sobre los impactos de la explotación del litio en sus comunidades. (Bruselas, 15.05.2025)Verónica Chávez y Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, comitiva desde Argentina para hablar con las instituciones europeas sobre los impactos de la explotación del litio en sus comunidades. (Bruselas, 15.05.2025)
Verónica Chávez y Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, comitiva desde Argentina para hablar con las instituciones europeas sobre los impactos de la explotación del litio en sus comunidades. (Bruselas, 15.05.2025).Imagen: Mirra Banchón/DW
¿Se prevé una consulta a las comunidades para asegurarse de que esas explotaciones lo sean? Por lo pronto reina el silencio en cuanto a los proyectos; sobre la consulta a las poblaciones hay poco más que una plataforma internacional con poca relevancia a nivel de consulta, informan a DW fuentes de la sociedad civil.

Por otro lado, se están desarrollando guías de acción para las delegaciones de la UE en sus países socios, para definir cómo interactuar con las comunidades. Con todo, «no es una prioridad para ninguna de las partes involucradas”, explica a DW Jorge Balbis, coordinador de proyectos del Centro de Formación para la Integración Regional de Uruguay.

«Las autoridades de América Latina y el Caribe deslegitiman los planteos de comunidades locales y ambientalistas; los gobiernos nacionales buscan recursos como sea, promoviendo facilidades de inversión, como el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina”, sigue Balbis. ¿Y por parte de la Unión Europea? «Más palabras que hechos”, responde.

Como fuere, la hoja de ruta europea para la extracción de materias primas críticas se acoge a las leyes nacionales, no a las propuestas para las inversiones del Global Gateway, recuerdan a DW fuentes de la sociedad civil. ¿Qué se puede esperar entonces?

«No hay protecciones jurídicas, y el estado de vulnerabilidad de las comunidades es muy grande”, responde Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay. «Además, estamos hablando de zonas glaciares y periglaciares en peligro. No queda claro si la economía sustentable de la trashumancia del pastoreo -que respeta ciclos naturales en los territorios- va a poder coexistir con ese modelo extractivista, pero sí sabemos que esa economía sustentable es muy importante para Mendoza”, añade.

«Son 38 comunidades en Jujuy; 25 en Malalweche y muchas más. Para nosotros no es negociable el cumplimiento de nuestras normas. Solo con esa base nos sentaremos a escuchar las propuestas de inversión europea en nuestros territorios”, concluye la abogada de Malalweche. (cp).
https://www.dw.com/es/explotaci%C3%B3n-de-litio-en-argentina-sin-permiso-social/a-72602380

Colombia

Amanece bloqueada la vía a Buenaventura por protesta de mineros

Aseguran los manifestantes que son mineros artesanales y que nada tiene que ver con los grupos armados dedicados a la minería ilegal en esta zona del Valle del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
20/05/2025

Habitantes del corregimiento de Zaragoza, ubicado en la zona rural de Buenaventura, que viven de la extracción de oro en esta región, protestan desde el mediodía del lunes en la carretera y la vía al distrito permanece bloqueada.

Bloqueo en la vía a Buenaventura
Los mineros mantienen bloqueada la vía que comunica al puerto sobre el Pacífico, en el sector de Bendiciones, según dicen, para expresar su inconformidad por los recientes operativos de las Fuerza Pública en contra de su actividad.

Aseguran los manifestantes que son mineros artesanales y que nada tiene que ver con los grupos armados dedicados a la minería ilegal en esta zona del Valle del Cauca. Los mineros aseguran que sólo se retirarán de la vía cuando lleguen al lugar delgados de los ministerios de Minas y del Interior, para que atienda sus reclamos.

“La propuesta es reunirnos con personajes de alto nivel para darle una solución la problemática minera que hay en estos sectores. Hay una solicitud de área de reserva especial que no se ha podido sacar adelante, está estancada. Por parte del Gobierno Nacional hay unos incumplimientos”, manifestó Oscar Castiblanco, vocero de la protesta.
https://www.bluradio.com/regiones/pacifico/amanece-bloqueada-la-via-a-buenaventura-por-protesta-de-mineros-rg10

Panamá

El pueblo Guna respalda a los sindicatos en sus protestas

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Adriana Berna 18/05/2025 12:42
El pueblo guna reafirma su compromiso con las luchas populares en defensa de la justicia social, la soberanía y los derechos indígenas.
Las autoridades tradicionales del pueblo de Guna Yala, en conjunto con líderes de diversas organizaciones comunitarias y sociales, han emitido un llamado firme y urgente al pueblo guna para que se mantenga unido y solidario en el respaldo a la lucha popular nacional.

Esta convocatoria tuvo como objetivo rechazar de manera decidida las recientes políticas impulsadas por el gobierno, como la sanción de la ley 462, la firma del Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos, la minería de cielo abierto, entre otras medidas, las cuales han tenido efectos profundamente negativos tanto en el bienestar de la población panameña como en los ecosistemas que sustentan la vida.

Los dirigentes Guna advierten que estas medidas económicas atentan contra los derechos fundamentales de los pueblos originarios, profundizan la desigualdad social y promueven la explotación desmedida de los recursos naturales.

Por ello, instan a las comunidades a mantenerse firmes en la defensa de su territorio, de la soberanía nacional y del equilibrio ambiental, al tiempo que reafirman su compromiso histórico con las luchas sociales que buscan una Panamá más justa, equitativa y sostenible para todos.

Para esto también hacen un llamado a la unidad en el pueblo de Guna Yala, así como todas las otras comunidades indígenas que se encuentran en la comarca, con el fin de unirse a las manifestaciones en contra de las políticas del gobierno.
https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/el-pueblo-guna-respalda-a-los-sindicatos-en-sus-protestas-GN12973757

Panamá

‘Hay que preservar el agro, pues ofrece más empleo que la minería’

Carlos Enrique Pitty Ceballos. Erick Marciscano| La Estrella de Panamá
Mary Triny Zea
18/05/2025
En tiempos de la revisión del TPC con Estados Unidos, el porcinocultor advierte de los riesgos de no preservar el sector agro, hoy más amenazado que nunca
Cuando la mitad del país se encuentra en la informalidad y el empleo es uno de los principales problemas, el porcinocultor e industrial Carlos Pitty Ceballos advierte que de no tomar las medidas pertinentes se le dará la estocada final a la única actividad que asegura la economía de más de 365 mil personas del sector rural y la comida de todos.

Y es que para el sector que representa en el 2026 se eliminan el arancel de importación de la carne de cerdo, debido a la desgravación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos (EU), firmado en 2007 y que entró en vigencia desde 2012.

En esta baja de aranceles el último producto sensitivo en desgravarse será el arroz en 2031, lo que implica un gran desafío para los porcicultores en el quinto país que en Latinoamérica registra un mayor consumo de esta carne, con 18.5 kilogramos per cápita anual.

¿Cómo está el sector agropecuario?
La agricultura panameña necesita mucha ayuda. Nosotros debemos estar claros que el 85% de la fuerza productiva del agro son pequeños productores.

¿Quienes son los pequeños productores?
Según la ley son empresas casi familiares, con un máximo de 10 personas trabajando, una gran masa de personas que no les pide empleo a nadie, que generan alimentos para ellos y que salen al mercado a vender alimentos.

El otro 15% son las empresas organizadas que garantizan la seguridad alimentaria del país.

En ese contexto, el agro está necesitado de ayuda, pero no monetaria, ni subsidios, sino de formación profesional y adecuación institucional.

¿Se ha recibido ese respaldo en la última década?
No ha habido apoyo hacia resolver la cosecha del mercado, sino a dar subsidios en exceso hacia rubros que por decisiones políticas les cambiaron los precios. El apoyo no era dirigido a estructurar de manera correcta la actividad para que los productores sepan a qué se atienen.

No hay un mecanismo de información que diga que no es el momento de sembrar porque el mercado está saturado.

¿Por qué el mercado saturado son las importaciones, verdad?
Definitivamente, las importaciones. Se da por el tema de que todos siembran a la mismas vez, falta planificación de la producción nacional. Para ello necesitamos estadísticas, pero no hay confiables.

Observo en las noticias que el agro cada vez produce menos ¿Cuál es su aporte al Producto Interno Bruto (PIB)?
Esa pregunta me gusta porque a nadie sabe qué significa el PIB

¿Poco importa a mi Bolsillo?
Suelen decir que apenas el 1.5% o el 2%

Entonces, ¿por qué es relevante preservarlo?
Yo me río de eso porque si usted va a los países desarrollados no pasa del 2%.

Si el PIB agropecuario fuera mayor implica que las otras actividades economicas no están funcionando.

Tenemos un Canal de Panamá que aporta lo que aporta, la Zona Libre de Colón, ¿estamos compitiendo contra ellos? No, no es una competencia. Lo correcto es que nosotros seamos el 2.2%, 2.3%. 2.5%.

Si al sector primario le suma el agroindustrial -y hago una acotación porque en Panamá no hay industria, sino agroindustrias aunque estadísticamente lo consideren así- superamos el 5,5%.

Se dice que la minería metálica representaba el 5% del PIB, entonces el agropecuario y agroindustrial juntos son más importantes que la minería.

Mas allá del aporte del PIB que parece mínimo ¿Quién emplea a la gente de la campiña?
Eso es lo más importante. Panamá es un país de 4.2 millones de personas de lo cual el 60% de la población vive en el eje canalero, ya sea en La Chorrera, en la ciudad o en Colón. ¿Qué producimos en el eje canalero en término de alimentos? Nada, todo lo produce el interior del país.

El otro 40% vive del sector agropecuario y el ámbito rural y comercial se mueve cuando los agricultores trabajan.

¿Entonces por qué tanto desdén sistemático?
Hay muchos detractores del agro que nunca han sembrado ni poroto en una servilleta húmeda.

Mire, las cuatro empresas avícolas más grandes del país dan más empleo que el Canal de Panamá.

Explíquenos eso.
No estoy hablando la importancia. Emplean a más de 8.000 personas directamente, eso nadie lo mide nadie lo sabe.

¿Vamos a destruir el agro por una política de apertura del mercado que cambió por las decisiones del presidente de EEUU Donald Trump?

Se dijo que al reducir aranceles se beneficiaría el consumidor, ¿Por qué afirma lo contrario?
Cuando en una economía pequeña como la panameña, se quitan los aranceles, ese beneficio que el Estado dejó de recibir se lo queda el importador o el intermediario. No le llega al consumidor final, hay millones de datos que lo evidencian.

Pero nos vendieron otra idea
Cuando firmaron estos tratados todo el mundo los aplaudía y los agricultores siempre los reclamamos, quizás nosotros podemos ver el futuro más allá de lo comercial.

Institucionalmente ¿Qué se está haciendo?
Es muy fácil vender arroz a un precio que no es el real, está bien, se está llevando a una población más necesitada y es correcto. Pero en vez de invertir el tiempo allí, el Instituto de Mercadeo Agropecuario debería analizar el mercado, pero lo que hace es administrar tiendas, dos cosas muy diferentes.

¿Cuáles son las claves para rediseñar la agricultura?
Que las autoridades se sienten con las diferentes organizaciones, analicen con especialistas, incluso traídos del extranjero porque el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) cada día tiene menos y evalúen dónde están en términos de competencia, productividad, dónde deberían estar según la capacidad y trazarse una meta.

¿Existe una política agroalimentaria?
La ley existe.

¿Y se aplica?
No se aplica, hay que preguntarle al Mida

¿Qué perciben?
Estamos conversando para que entiendan que no es una política diseñada por un partido político. Nace de más de 120 profesionales del agro desde la época del expresidente Juan Carlos Varela.

¿Cuál es el riesgo de dejar de aplicarla y mantenernos como estamos?
Si no planificamos y con la apertura del mercado dependeremos del alimento importado y eso desencadenará en desempleo.

El segundo sector mayor generador de empleo es la agricultura y esto le duele a algunos comerciantes, pero el día en que la agricultura no trabaja, los comerciantes no venden. Lo que es claro para mí es que lo no negociable es el alimento de un país bajo ningún parámetro de aperturista de mercado.

¿Cómo se encuentra la porcinocultura en estos momentos?
Tenemos tres años de estar bien. La ingesta de carne de cerdo per cápita anual es de 18.5 kilogramos, estamos entre los cinco países de mayor consumo en América.

¿Cómo se impacta la actividad porcina y otros rubros con la desgravación a cero del TPC?

Desde que se firmó el TPC advertimos que no fue correcto poner a competir una economía de 4 millones de personas con la más grande y con todos los apoyos. Para que tenga una idea, Panamá exportaba carne vacuna a EEUU antes del TPC ahora no, impusieron requisitos sanitarios, sin embargo, de allá para acá se les reconoce todo.

¿Qué expectativa existe con revisión del TPC?

Hay una diferencia del año pasado al actual y es que EEUU violó el tratado al aplicar aranceles, el TPC lo prohíbe. Mi pregunta es, ¿si tú ya lo violas? porque yo no puedo conversar y hacer cosas diferentes a las que se escribieron 15 años atrás? Pedimos negociar condiciones que permitan al agro a seguir trabajando.

¿De no lograrse algún cambio y con los aranceles desgravados para todos los productos cuál sería el escenario?

Se acaba el agrícola pecuario y no hay ningún proyecto que genere empleo rápidamente, en un país que tiene 12% de desemplente. Si permito destruir al que da trabajo ¿qué país vamos a tener?

¿Cómo siento el sector productivo las huelgas?
Muchas organizaciones hablan de pérdidas económica y las cuantifican. No me gusta hablar así porque si bien pone a perder a la industria o al comercio pesa más aquella señora que tiene que llevar al niño a la escuela y después buscar trabajo y ahora la escuela está cerrada en un sistema educativo fracasado.

El gobierno debe aclarar las ideas a la población para que aquellos que andan buscando otro objetivo no encuentre más espacio y sacar el país adelante entre todos.
https://www.laestrella.com.pa/panama/poligrafo/hay-que-preservar-el-agro-pues-ofrece-mas-empleo-que-la-mineria-KP12957508

Perú

Oro manchado de sangre: La minería ilegal desangra a Perú y sacude a Sudamérica

17/05/2025
La Verdad Panamá
Redacción América, 17 may (EFE).- La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Con Perú y Ecuador al borde del colapso institucional en ciertas regiones, el fenómeno también golpea con fuerza a Brasil, Colombia y Guatemala. Solo Chile parece haberse blindado ante esta plaga.

En Perú, el panorama es alarmante y aún más tras la reciente masacre de trece guardias de seguridad en una mina en Pataz. La región de La Libertad está bajo emergencia desde febrero de 2024, y Madre de Dios acumula más de 100.000 hectáreas deforestadas.

El uso de mercurio afecta a poblaciones indígenas y genera problemas sanitarios graves. La ausencia del Estado y el aumento del precio del oro han permitido el auge de mafias que se disputan el control de territorios y rutas de extracción. Además de los asesinatos, se han registrado secuestros y extorsiones a pequeños mineros y trabajadores.

El oro ilegal: motor oculto de las economías sudamericanas

Según el Instituto Peruano de Economía, el 44 % del oro ilegal exportado en Sudamérica proviene de Perú, superando a Colombia (25 %) y Bolivia (12 %). El poder de las mafias ha rebasado a las fuerzas del orden, y en muchas comunidades los propios pobladores viven atemorizados o incluso colaboran por necesidad económica.

En Ecuador, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los pilares del crimen organizado. Grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidencias de las FARC se disputan zonas clave como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. La emboscada reciente que dejó once militares muertos en la Amazonía ecuatoriana, atribuida a los Comandos de la Frontera, revela la gravedad del problema.

La situación es tan crítica que el presidente Daniel Noboa ha declarado el «conflicto armado interno» y decretado estados de excepción en municipios como Camilo Ponce Enríquez y la provincia de Orellana, suspendiendo derechos constitucionales para facilitar allanamientos y operativos conjuntos.

La deforestación es otra consecuencia visible: solo en Alto Punino se han perdido 1.500 hectáreas de selva desde 2019, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

El asesinato de los alcaldes de Camilo Ponce Enríquez y Portobelo en 2024 demuestra cómo la minería ilegal corroe también la gobernabilidad local. Las bandas criminales buscan no solo controlar el negocio del oro, sino también las instituciones que podrían frenarlas.

Empresas fachada, exportaciones récord y lavado de oro

Brasil también sufre los estragos del llamado «narcogarimpo». Bandas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) utilizan la minería para blanquear dinero y controlar territorios en la Amazonía. En 2023, un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública detectó la presencia de estas organizaciones en al menos 178 municipios amazónicos.

La crisis humanitaria de los yanomamis en Roraima, con 337 muertes en 2024 por causas como malaria, desnutrición e infecciones, obligó al Gobierno a declarar la emergencia sanitaria y activar unas 3.000 operaciones de desalojo. Además, se calcula que la minería ilegal impuso un perjuicio económico de 50 millones de dólares a esta comunidad.

La minería ilegal aurífera también ha ganado terreno en Bolivia, especialmente en los ríos del norte amazónico, donde operan en zonas de alta biodiversidad como el parque Madidi y en territorios indígenas.

Estas actividades contaminan los ríos con mercurio, afectando gravemente a peces que son esenciales en la dieta de las comunidades indígenas amazónicas.

El 74 % de los habitantes en esas regiones presentan niveles de mercurio por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa una amenaza directa a su salud y seguridad alimentaria.

A ello se suma la denuncia de trata y tráfico de menores con fines de explotación sexual, lo que agrava el impacto social de esta economía ilícita.

En Colombia, más del 70 % del oro de aluvión se extrae ilegalmente y afecta 63.000 hectáreas. Esta minería alimenta redes de extorsión, lavado de activos y control territorial por parte del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Chocó, Antioquia y Nariño son los departamentos más afectados.

La investigadora Sara García, de Insight Crime, señala que estas economías ilegales «ya son estructuras estables que permeabilizan muchas instituciones». La subida del 30 % en el precio del oro ha reforzado esta economía paralela, que genera desplazamientos, enfermedades y destrucción ambiental, especialmente por el uso intensivo de mercurio.

Guatemala, aunque en menor escala, también enfrenta el problema. En 2023 se documentaron 105 casos de explotaciones ilegales, la cifra más alta de los últimos años. Las explotaciones se concentran en el centro y el oeste del país, muchas operando fuera de los permisos concedidos por el Ministerio de Energía y Minas.

En contraste, Chile representa la excepción en la región. Con una industria minera que aporta el 12 % del PIB y una fiscalización efectiva, el país apenas registra minería ilegal. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indica que los casos que existen están más relacionados con robos en minas activas o abandonadas.

El Gobierno ha implementado incentivos como la patente minera rebajada para pequeños mineros, lo que ha ayudado a formalizar actividades y reducir el mercado ilegal. También ha fortalecido los sistemas de trazabilidad de minerales y los requisitos de exportación.

Oro manchado de sangre: La minería ilegal desangra a Perú y sacude a Sudamérica

Perú

Denunciamos campaña de difamaciones que distorsionan nuestro trabajo en defensa de los derechos y el ambiente

23/05/2025 www.cooperaccion.org.pe
Desde hace varias semanas, CooperAcción viene siendo objeto de un ataque mediático sistemático que tergiversa nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos y el ambiente. Como parte de esta campaña, el diario Perú 21 hizo publicaciones que dañan nuestra imagen y reputación ya que carecen de todo fundamento y constituyen una grave distorsión de nuestra labor. Dichas publicaciones aparecieron tanto en la portada como en dos páginas interiores de su edición del 17 de mayo de 2025, así como en su edición web.

El 17 de mayo de 2025, Perú 21 publicó en portada un titular indicando falsamente que nuestro trabajo “ayuda a fortalecer a los ilegales” y que nuestra institución es “enemiga de la minería formal”. Como subtítulo, también en la portada, señala “Negocio detrás de la protesta. Llevan a políticos profesionales para organizar a comuneros en contra de la explotación de cobre”. El conjunto de mensajes ocupa casi toda la portada del diario. En las páginas 2 y 3 de la versión impresa, el diario desarrolla la nota acusando a CooperAcción de “activismo antiminero” y de realizar “campañas contra empresas mineras formales”. Esto se reproduce también en la versión web (https://peru21.pe/investigacion/fundacion-ford-millonaria-subvencion-para-activismo-antiminero/) donde se coloca, como refuerzo de las afirmaciones de portada, la imagen de una persona que ha sido candidata a la presidencia de la República hablando delante de un papelógrafo escrito a plumón. Esta imagen se reproduce al interior de la versión impresa.

En estas publicaciones, hay cinco afirmaciones falsas:

Se insinúa que CooperAcción “ayuda a fortalecer a los ilegales”
Que nuestra institución es “enemiga de la minería formal”
Que “lleva a políticos profesionales a organizar a comuneros contra la explotación de cobre”
Que CooperAcción realiza “activismo antiminero en el sur andino”
Que hemos recibido una donación para realizar campañas contra empresas mineras formales.

Estas afirmaciones son FALSAS, como demostramos a continuación:

1.CooperAcción tiene una crítica muy clara a la minería ilegal e informal expresada en sus diversas publicaciones y en nuestra práctica, por los graves impactos ambientales y sociales que provoca[1].

En ese sentido, nuestra institución viene señalando, desde hace varios años, que la política de formalización minera ha fracasado y que se requiere acciones que aborden la complejidad de este problema y limiten su expansión.

Además, apoyamos actividades alternativas para defender el bosque y la seguridad alimentaria, a fin de promover condiciones que permitan a las familias tener opciones económicas para resistir al avance de la minería ilegal.

Producto de ello, mineros ilegales e informales saquearon y quemaron nuestras oficinas en el distrito del Cenepa el 26 de octubre de 2022, tal y como consta en el expediente fiscal No 1227016201-2024-5-0 abierto a raíz de dicho ataque.

2. CooperAcción no es “enemiga de la minería formal”. Promueve que la minería cumpla con los mejores estándares internacionales, tanto en materia ambiental, social y fiscal, como las propias empresas afirman. Esto, en el marco de una apuesta por una nueva gobernanza en el país para este sector, que es muy importante. Consideramos que esa necesaria gobernanza deberá asegurar las condiciones de existencia y los derechos de las poblaciones locales. Para contribuir a este objetivo, nos hemos sentado innumerables veces en mesas de diálogo y hemos promovido cambios institucionales en políticas y normas; así como en prácticas corporativas. Buscamos construir salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. CooperAcción promueve una cultura de paz para el país.

Al respecto, hemos aportado y seguiremos aportando propuestas concretas para una mejor gobernanza del sector minero en el Perú[2].

3. CooperAcción no lleva a “políticos profesionales” a organizar a comuneros contra la explotación de cobre. Nuestro trabajo busca sensibilizar en derechos, es decir, brindar información a las poblaciones sobre sus derechos y cuáles son los mecanismos existentes para defenderlos en el marco de actividades que puedan eventualmente afectarlos.

Además, apoyamos a las organizaciones locales para promover actividades productivas amigables con el ambiente, que permitan garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo: experiencias locales de agroecología, siembra y cosecha de agua, forestación, crianza de animales menores, entre otras.

También promovemos diálogos con actores de la academia, el sector empresarial y autoridades públicas sobre los estándares que se necesitan para una nueva gobernanza que asegure el respeto a los derechos de las poblaciones locales y un ambiente saludable.

Sobre la imagen que acompaña los titulares y la noticia, afirmamos que no corresponde con el texto, al no tener esta persona ninguna relación con las actividades organizadas por CooperAcción. Además, esa imagen no corresponde a una actividad en la que CooperAcción haya participado y menos aún organizado.

4. No realizamos activismo antiminero. No estamos en contra de las empresas mineras, sino contra las malas prácticas. Por ello, documentamos lo que está mal para que, en un ánimo constructivo, sea corregido. Además, muchos de los problemas se originan en una institucionalidad ambiental débil que requiere ser fortalecida. Identificamos también esas debilidades, con toda la rigurosidad necesaria, para elaborar propuestas para que el diseño institucional mejore y se asegure la protección de derechos.

5. Los recursos que recibimos no están orientados a campañas contra la minería formal sino a la defensa de derechos de los actores sociales que ven amenazadas sus condiciones de existencia en la Amazonía y en el sur andino, y siempre a buscar construir salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. Apostamos por una cultura de paz para el país.

Más aún, los fondos que percibimos nos permiten defender a los líderes locales que, por ejemplo, en la región amazónica, se enfrentan directamente a las amenazas de los mineros ilegales para defender sus territorios, por lo que mal se podría decir que nuestro trabajo favorece a la minería ilegal.

Las informaciones falsas y tendenciosas mencionadas dañan el honor y la reputación de CooperAcción, institución con casi 30 años de trayectoria trabajando en la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Por ello, hemos cursado al mencionado diario una carta notarial exigiendo su RECTIFICACION en un plazo de 24 horas, en los términos y condiciones en que fueron emitidas, en su versión impresa y en su página web. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo señalado, procederemos a ejercer las acciones legales correspondientes, incluyendo las de naturaleza civil y penal, sin perjuicio de otras medidas que correspondan. Hacemos esta solicitud recordando que el honor y la buena reputación es un derecho protegido por nuestra Constitución Política y su agravio constituye un delito.

[1] Véase, solo a modo de una pequeña muestra, las siguientes publicaciones:

Los devaneos de la política de lucha contra la minería ilegal (2025): https://shorturl.at/ZIwus
Comentarios al proyecto de pequeña minería y minería artesanal (2024): https://shorturl.at/YguuS
La gobernanza de la minería en pequeña escala en el Perú (2019): https://shorturl.at/cuUKG
Editorial del Boletín Actualidad Minera del Perú: “Minería informal e ilegal: lo que está pasando por estos días” (febrero 2025): https://shorturl.at/og8jA
Posicionamiento de CooperAcción sobre la problemática de la minería informal y la abiertamente ilegal (marzo de 2024): https://shorturl.at/cTOIZ

[2] Véase, a modo de muestra, los siguientes documentos:

La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera (2024): https://shorturl.at/84Ifn
Guía de debida diligencia para las actividades mineras (2024): https://shorturl.at/bdTav
Conviviendo con la minería en el sur andino (2016): https://shorturl.at/dI7t

Perú

Zoe luchó incansablemente contra la minería:


Conflicto Relacionado: Cerro de Pasco- Volcán-Lima

en su propio cuerpo y en su salud que le era arrebatada día a día. A sus cortos 12 años murió a causa de intoxicación con arsénico y plomo.
Cerro de Pasco – Perú
¿Cómo le dices a tu hija que por haber nacido en donde ha nacido, está ya condenada a la intoxicación y la muerte? Cómo puedes vivir en paz, cuándo sabes que tus hijos tienen que jugar respirando aire envenenado? ¿Cómo les dices, que deben permanecer ahí, porque es la tierra donde siempre han vivido, donde han aprendido a trabajar, donde están todos sus lazos?

La historia de Zoe, debe dolernos a todos. Tenía 12 años y cuando nació en Cerro de Pasco, Perú, su pueblo, ya se registraban graves daños al ambiente en el que vivía y se desenvolvía la población. Este poblado, que se visualiza como un inmenso hueco en la tierra, ha sido declarado como una zona de sacrificio en América Latina según la ONU y según estudios de la Organización Mundial de la Salud los niveles de metales pesados sobrepasan en cientos de veces los límites de seguridad nacionales.

Sus padres hicieron de todo para salvar a su hija, gastaron todo lo que tenían, y más allá de lo que tenían buscaron medios económicos, para que su hija pueda recibir un tratamiento. Siendo una de las localidades que más ganancias le representa al Perú, sus pobladores, con una abrumadora mayoría enferma, intoxicada, debe recorrer kilómetros de distancia para acceder a atención médica, que aún así no es especializada y tampoco con acompañamiento recurrente. La atención médica para los habitantes de Cerro de Pasco, así como en todos los lugares de extracción minera, es desastrosa y una deuda histórica, que a las autoridades y las empresas explotadoras, no les interesa atender, aún pese a los reclamos, insistencia y demandas de las víctimas de esta operación minera.

Dejaron a morir a Zoe por su indiferencia y negligencia

El estado, con sus gobiernos de turno, una y otra vez ignoraron que Zoe y cientos de niños más, vivían con esta intoxicación crónica por culpa de su negligencia, de su indolencia, de su irresponsabilidad. La empresa Volcán que es la responsable del desastre en esta zona, de origen peruano, que desde el 2017 tuvo más de 50% de sus capitales en manos de la gigante anglo – suiza Glencore y actualmente mayoritariamente con capitales argentinos a cargo de la firma Integra Capital; informa en su página web que cumple con los estándares ambientales y de responsabilidad social. Su emporio de destrucción ha crecido cada año, a costa de la vida de las personas.

Zoe sufrió mucho. Su calidad de vida mermaba todos los días. Zoe ha dejado el vacío en su familia, pese a la lucha incansable de sus padres y vecinos. A los niños de Cerro de Pasco les une la desgracia heredada desde tiempos de la colonia. Según versa una investigación de enero 2024, publicada por el portal Mongabay, los niveles de coeficiente intelectual de los niños que viven en Cerro de Pasco se han visto afectados significativamente por la exposición a metales pesados.


LEA MÁS AQUÍ La historia de ZOE: https://iglesiasymineria.org/2025/05/16/zoe-la-nina-que-murio-envenenada-por-el-empresa-minera-volcan-y-por-el-estado-peruano-su-historia-es-la-historia-de-cerro-de-pasco/

Red Iglesias y Minería

Perú

Perú: absuelven a 11 personas que encabezaron protestas contra una minera


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

24/04/2025 Habían sido condenados en primera instancia
La líder comunal Lisbeth Abarca, una de las absueltas. . Imagen: EFE
Once líderes comunales y activistas peruanos fueron absueltos por un tribunal superior, tras haber sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de cárcel por su participación en 2015 en unas protestas contra la gran mina de cobre Las Bambas.

Los comuneros protestaron en 2015 por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, algo que iba a afectar tanto su salud como el medioambiente.

La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores.

«Esta sentencia sienta un precedente muy importante»
Luego de que una sala penal revocó las sentencias que se habían dictado contra los líderes por los delitos de disturbios y daños agravados, varios de ellos y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Lima para dar detalles del proceso judicial.

«Para nosotros es un nuevo día hoy día, porque hasta ayer hemos pasado una penuria para nuestras familias, nuestros hijos, era una situación triste», dijo Maximiliano Huachaca, quien enfrentaba una condena de ocho años y el pago de una reparación civil a favor del Estado y de la firma china MMG, que desarrolla el megaproyecto de Las Bambas en el departamento andino de Apurímac.

Aseguró que con esta sentencia han encontrado «la justicia verdadera», después de una «dura lucha» que ha durado casi una década.

Uno de los abogados de los comuneros, David Velazco, expuso que tras la apelación que presentaron en 2024 tras un primer fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac cuestionó la existencia probatoria de la figura de la autoría mediata de los activistas sobre estos delitos.

«Saludamos la sentencia, agradecemos que los magistrados hayan hecho justicia, esta sentencia sienta un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad cuando se abren procesos arbitrarios contra los defensores de derechos humanos y del ambiente», afirmó Velazco.

En este sentido, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseguró que este proceso judicial «ha evidenciado la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores».

Lisbeth Abarca, otra de las personas que habían recibido una condena de prisión, expresó que este largo proceso judicial les ha causado mucho daño psicológico, tanto a ellos como a sus familias. «Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres», denunció.

Asimismo, los defensores afirmaron que las investigaciones de este caso no han acabado, puesto que las tres muertes de comuneros ocurridas durante las protestas aún no tienen responsables. «Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia», agregó Huachaca.
https://www.pagina12.com.ar/820621-peru-absuelven-a-11-personas-que-encabezaron-protestas-contr

Perú

PATAZ: EL CONFLICTO ARMADO EN EL SOCAVÓN

05/05/2025
El hallazgo sin vida de los 13 mineros que habían sido secuestrados el pasado 25 de abril, es un nuevo capítulo de la espiral de violencia que se vive en esta provincia de la sierra de La Libertad.

De lo que se sabe, los trabajadores asesinados laboraban para la contratista R&R, y según información proporcionada por la propia empresa minera Poderosa, brindaban servicios a un minero artesanal con quien “mantiene un contrato de explotación”. Al parecer, previamente la zona en disputa había sido invadida violentamente por ilegales y los trabajadores habrían llegado al lugar para desalojarlos.

Este hecho es una clara evidencia de que el estado de emergencia no ha funcionado en Pataz y de que la disputa por el control de la extracción de oro en esta zona del país es cada vez más violenta. La Libertad sigue siendo la zona del país con mayor índice de criminalidad y Pataz es un buen ejemplo de ello. Desde el 12 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, supuestamente, habían asumido el control interno de ambas provincias.

Sin embargo, a estas alturas queda claro que esta medida no ha funcionado y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, continúan. Hace unos meses, el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló que mientras los estados de emergencia “no vayan acompañados de un recurso logístico, no van a funcionar […] La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy y en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Tenemos comisarías que no están bien implementadas”.

Los hechos le dan la razón al alcalde. Ya en octubre del año pasado, en la zona Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa, se había encontrado una suerte de fosa común, con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Esta zona había sido tomada por un grupo de mineros ilegales liderado por rankeados delincuentes. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos que buscan controlar las zonas de explotación minera.

Además, otra evidencia del fracaso de esta estrategia, es que con estado de emergencia y con la Policía y las Fuerzas Armadas, supuestamente, controlando todo lo que pasa en Pataz, hace apenas unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hablaba de “supuesto secuestro de trabajadores en Pataz”. Queda claro que el gobierno no tiene idea de lo que pasa en esta zona del país.

La disputa armada no se da en la superficie, es sobre todo en los socavones para controlar las galerías y las labores mineras. Se sabe, por diferentes reportes que, por ejemplo, la seguridad de la minera Poderosa, libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales, respaldados por gente fuertemente armada: esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, han sido capturados por mineros invasores, que están respaldados por bandas delictivas.

Otros ejemplos de que el estado de emergencia no funciona: diversos informes señalan que en esta provincia de La Libertad hay 52 plantas que operan este mineral extraído, que luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades. Además, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones. La Libertad se ha convertido en el principal departamento productor de oro del país.

Finalmente, sobre todo en una zona tan convulsionada como la de Pataz, debería esclarecerse la relación entre la minería formal y sus contratistas, ya sea pequeños mineros u otros, ya que, en esa relación difusa, todo indica que son estos trabajadores los que están siendo expuestos en una situación de enfrentamiento abierto y tremendamente violento.

Desde CooperAccion hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de los 13 trabajadores asesinados