15/03/2024
Debemos tomar conciencia en el país que hoy en día la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal. Una propuesta de gobernanza debe incorporar en el análisis y las alternativas a este estrato de la minería.

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos años en La Libertad, Arequipa, Ica y Apurímac, vinculados a este tipo de minería y también los que ocurren en diferentes partes de la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña.

¿Cuáles son los factores que explican esta nueva etapa de expansión?

Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones de los minerales que ha hecho cada vez más rentable y atractiva este tipo de minería, como ocurrió en el pasado súper ciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro se han mantenido en un nivel muy alto, incluso mucho antes de la pandemia y luego el cobre ha tenido una subida que, en determinados períodos, ha batido todos los récords previos.

Otro factor que explica la expansión es la propia pandemia y los diversos impactos que generó. Como se sabe, la pandemia significó un fuerte golpe a la economía del país, lo que se tradujo en una pérdida masiva del empleo y el fenómeno de los retornantes: un sector importante que vivía en zonas urbanas, que se quedó de un día para otro sin empleo y que tomaron la decisión de volver a sus comunidades, generando una mayor presión para buscar otras opciones de subsistencia.

Pero la pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano y todos sus estamentos se tuvo que movilizar, con enormes dificultades para enfrentar la grave situación, descuidando otras funciones. Ese vacío ha sido aprovechado por un conjunto de actividades ilegales que encontraron condiciones propicias para su expansión: tala, narcotráfico y minería. Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el año 2020) y desde su inicio ya son 17 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados principalmente por las mafias que controlan estas actividades.

Algunas de las actuales características de este tipo de minería

Este estrato de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características que se han ido definiendo en los últimos años. Vamos a detallar algunas de las principales:

En la actualidad la minería informal o la abiertamente ilegal, ya no solo es aurífera o no metálica, crecientemente ha comenzado a incorporar otros metales, como es el caso del cobre. Si bien, en otros períodos ha habido explotación en pequeña escala y artesanal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad bastante atractiva.

Hasta hace un tiempo, la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, casi no coincidían ni compartían territorios con la gran minería. Donde había gran minería, por lo general no había minería informal, salvo algunas excepciones. Ahora sí se encuentran y esa convivencia se está convirtiendo en una abierta disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos, violencia extrema, hasta quema de campamentos, asesinatos, es un ejemplo de este nuevo escenario de disputa entre la minería formal y la informal.

También hay poblaciones que se están convirtiendo a la minería informal. Comunidades que optan por desarrollar extracción minera, ya sea como actividad complementaria y en algunos casos como principal fuente de ingresos. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, impulsada en algunos casos por los ya mencionados retornantes que buscan nuevas alternativas para generar ingresos, así como por la presión de actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal.

Hay que reconocer que en las últimas décadas se ha forjado toda una especialidad en este tipo de minería que se mueve con promotores por el país. Estos promotores capacitan, asesoran, prestan servicios, facilitan el acceso a insumos y canales de comercialización; enganchan con créditos a los nuevos grupos de mineros y, al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias invaden territorios e imponen condiciones con violencia.

Es un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia. Los grupos que controlan esta actividad se han beneficiado desde hace un buen tiempo de los ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Ese poder económico también se traduce en influencia política y social; penetración en esferas del Estado subnacional y nacional; por ejemplo, en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, el Congreso de la República y hasta algunos ministros o vice ministros han sido sindicados en varios gobiernos por su cercanía a este sector, logrando ampliar los plazos de formalización con el apoyo de poderes del Estado.

Es un sector que hoy en día es consciente de su poderío; que sabe que ha crecido y se ha consolidado en varios territorios y que además percibe que no hay voluntad política desde los diferentes poderes del Estado para enfrentarlo. Es más, en cada campaña electoral varios partidos políticos terminan aproximándose a las organizaciones de mineros informales e incluso firman actas y compromisos.

Cada vez se tiene mayores evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, informes de investigación apuntan a señalar que optan por contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros, etc. Aparentemente, eso es lo que habría pasado en Caravelí en junio de 2022 y en Pataz en diciembre de 2023.

Los escenarios de riesgo

Si hasta el momento la tendencia es de expansión y descontrol en varias zonas del país, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados, sino que termine incorporando otros, como hoy en día se intenta en el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en Loreto y en otras zonas.

¿Estamos marchando hacia un escenario similar al de Bolivia, donde los denominados cooperativistas se han convertido en una base social en disputa que termina imponiendo condiciones a los gobernantes y actúa con mucha violencia? Por lo que se aprecia en algunos territorios en el Perú, no habría que descartar esta posibilidad, aunque cada país presenta sus propias características.

¿Qué hacer? Lo primero que hay que reconocer es que a estas alturas no hay soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea del problema o subestima la situación. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral pero que podrían ser primeros pasos para hacer frente a la emergencia:

en primer lugar, se debería reconocer e identificar a las poblaciones que están luchando por proteger sus territorios y que se resisten al avance de la minería. Poblaciones como los awajun, wampis y otros pueblos amazónicos están dando una dura batalla para detener la minería ilegal, defendiendo los ríos y sus bosques; las rondas campesinas en zonas de la sierra, etc. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado peruano respaldarlos.

Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro y el riesgo que termine convertido en una gran sabana es inminente. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países de la cuenca amazónica y enfrentar al mismo tiempo de manera conjunta actividades ilegales como la minería. La lucha frente al calentamiento global y la deforestación abre una gran posibilidad que no está siendo aprovechada, de contar con aliados estratégicos y recursos que pueden potenciar cualquier estrategia a nivel nacional para enfrentar una actividad como la minería ilegal. Para ello se necesita mucha voluntad política e iniciativa de nuestras autoridades.

Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los espacios que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Por lo tanto, otro paso clave es neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados.

Finalmente, se debe cortar con la especulación que se da en torno a las concesiones mineras: empresas titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal. Todo indica que el caso de Caravelí es un ejemplo de esta práctica.

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21/03/2024
Un grupo de activistas y ciudadanos de la campaña Día Cero Perú realizó un plantón en los exteriores del ministerio de Energía y Minas, ubicado en San Borja, para llamar la atención sobre los riesgos que representa el proyecto minero Ariana sobre las fuentes del agua potable de Lima y Callao.

La actividad, que se realizó al medio día, fue un acto simbólico que constó de una intervención artística por parte de un grupo de jóvenes activistas, que buscaron mostrar cuáles serían los efectos de que la ciudad se quedara sin agua por culpa de un proyecto minero.

Asimismo, los activistas expresaron que no se debe permitir que el Estado, a través del MINEM y otras entidades, apele a las instancias judiciales para que este proyecto minero continúe su construcción, cuando se sabe de los inmensos riesgos que implica.

Al respecto, José De Echave, directivo de CooperAcción, expresó que el proyecto minero Ariana se encuentro en medio de la infraestructura hídrica natural de las lagunas, así como la infraestructura que se ha construido en los últimos 30 años que brindan el servicio de agua que abastece a más de 11 millones de ciudadanos de Lima y Callao.

“No es una preocupación solo de los ambientalistas o solo de CooperAcción, sino también de la propia empresa Sedapal, sobre los riesgos de las fuentes de agua. El Perú es un país que tiene una situación de estrés hídrico, es uno de los países que tiene una de las capacidades más bajas de represamiento de agua. Un proyecto sobre la zona que abastece el agua para Lima va a tener un impacto importante”, comentó De Echave.

Finalmente dijo que en el Perú se debe revisar y discutir en qué zonas se puede y en qué zonas no se puede desarrollar la minería. El caso Ariana es un ejemplo de donde no debe haber minería,

Por su parte, Bruno Delgado, vocero del Frente nacional en defensa del agua y la vida, comentó que el gobierno de Dina Boluarte ha aprobado un Decreto legislativo 1620, que su artículo 10A, habla de concesionar las fuentes, sistemas y proceso, para entregar a los privados la administración de los servicios de agua en Lima y en todo el país.

“Eso es inadmisible, eso en todo el mundo no ha funcionado. Eso se ha demostrado no hace mucho en el caso de Tumbes, donde se privatizó el servicio de agua. Por eso convocamos a la marcha este viernes 22 de marzo desde las 9 de la mañana en el Campo de marte”, apuntó Delgado.

Cabe recordar que, tras casi cuatro años de espera, el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una sentencia en abril de 2023 en el caso del proyecto minero Ariana. La sentencia declaró fundada en parte la demanda presentada por un grupo de ciudadanos de Lima, a la que se sumó Sedapal, y ordenó suspender el polémico proyecto minero hasta que se realicen estudios hídricos complementarios. Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia, insistiendo en que debe continuar su construcción.

Asimismo, cabe señalar que la demanda se había presentado contra el Ministerio de Energía y Minas, y más en concreto contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), contra la Dirección General de Minería (DGM), y finalmente contra la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C.

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26/03/2024
Imagen: Andina

Para la transformación de conflictos y para garantizar mejores condiciones ambientales y socioeconómicas con participación de la población local en zonas con presencia minera.

En un contexto marcado por los conflictos y en medio de una nueva arremetida para la flexibilización de las regulaciones ambientales y el “destrabe” de proyectos mineros, CooperAcción presenta una mirada diferente: la urgente necesidad de discutir un nuevo marco para la gobernanza de la minería en el Perú que no repita los errores que se siguen arrastrando desde hace más de tres décadas.

El documento, titulado “La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera” (CooperAcción, 2024) busca condensar análisis y propuestas surgidas del diálogo con las poblaciones impactadas por proyectos mineros a lo largo de más de 26 años de experiencia institucional. Este documento incluye propuestas en torno a las estrategias para la transformación de conflictos que superen el agotado esquema de las “mesas de diálogo”, así como el fortalecimiento ―y no el debilitamiento al que conducen las actuales políticas― de la institucionalidad ambiental. Así mismo, se plantea la necesidad de una reforma tributaria que permita mejorar el aporte económico de este sector. El documento también aborda los retos en términos de consulta y participación, así como la creciente expansión de la minería informal e ilegal.

“El marco legal e institucional que se puso en marcha hace aproximadamente 30 años en el Perú, fue muy efectivo para atraer inversiones, sin embargo, ha sido deficiente para responder de manera adecuada a los conflictos que esas inversiones comenzaron a producir”, explica José De Echave, investigador de CooperAcción. “Las respuestas han sido y siguen siendo improvisadas, intermitentes, sin ningún tipo de capacidad institucional y menos aún sin el entendimiento que los conflictos son luces de alarma que nos están diciendo que algo no está funcionando bien y se necesita implementar cambios urgentes”, señala.

La propuesta que CooperAcción hace pública busca generar un amplio debate nacional que incluya a todos los actores interesados, desde las organizaciones sociales, instituciones académicas y del Estado, organismos no gubernamentales del país y de la cooperación internacional y el propio sector empresarial. Es ese debate abierto y democrático, y no la imposición de proyectos ni la aprobación de normas de espaldas a la ciudadanía, lo que permitirá la construcción de una gobernanza con legitimidad social para las próximas décadas.

“Cuando se piensa en una propuesta de gobernanza para los territorios con presencia minera, no se busca consolidar el actual esquema de extracción exacerbada con algunos ajustes y cambios cosméticos. Una propuesta de gobernanza para estos territorios sólo tiene sentido en un proceso de transiciones y de transformación social y ecológica”, enfatiza De Echave.

Puedes descargar la propuesta en el siguiente enlace:

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2024/03/Gobernanza-en-las-zonas-mineras-CooperAccion-2024.pdf

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