20/10/2020
La empresa que movía suelos en un campo para un proyecto minero en Chichinales alteró el suministro de agua que consumían sus animales. En la compactación del terreno anuló la perforación que abastecía al predio y reemplazó el agua del pozo por agua que la misma empresa llevaba en camiones y depositaba en un tanque. Tras eso, las vacas comenzaron a adelgazar, a enfermarse y a morir. Y así el campesino perdió buena parte de su hacienda.

Fuente: Diario 10
Según el fallo civil de Villa Regina, la empresa O.P.S. deberá ahora indemnizar al productor por el valor de 27 vacas madres y dos toros, más los intereses que se acumularon desde la muerte de los animales.
De acuerdo con la demanda, a comienzos de 2012 la empresa inició el desmonte de un campo de Chichinales para construir un ramal ferroviario para el “tren de potasio”, que llevaría ese material desde Mendoza hacia el puerto de Bahía Blanca. Se trataba del megaemprendimiento minero conocido como “Proyecto Vale” que estaba en auge en aquel momento.

Según la presentación, el movimiento de suelos eliminó aguadas y bebederos y obligó a desplazar el casco del campo hacia otro sector. Pese a que la empresa negó haber realizado cualquier operación en ese lugar, todos los testigos recordaron que O.P.S. trabajó en el predio y que durante ese período “se eliminaron todas las instalaciones dedicadas a la cría de los animales, lo que incluyó el sistema de provisión y almacenamiento de agua que tenían para beber”.

“Todos aseveran que a partir de la realización de tales obras comenzó a producirse el deterioro de la sanidad del ganado, empezando progresivamente a enflaquecer y finalmente a morir”, reflejó la sentencia. Refieren “que dicha empresa suplantó el sistema de aprovisionamiento de agua del campo por el de agua traída en camiones, considerando todos que era la causa de la enfermedad y posterior muerte del ganado, por no ser apta para consumo animal”, agrega el fallo.

El aporte del veterinario que atendía a los animales fue valioso: recordó que durante años la hacienda del productor “fue siempre en progresivo crecimiento”, con buenas condiciones sanitarias, mientras “los animales se alimentaban de pastura y agua del mismo campo”. Pero todo cambió luego de que la empresa modificara la provisión de agua y trasladara los corrales a más de 4 kilómetros de su ubicación original, instalando allí el tanque que se llenaba con el agua de procedencia desconocida. “A partir de entonces la sanidad de los animales fue progresivamente empeorando, lo que relaciona con la calidad del agua que bebían, dado que por lo demás el alimento (…) seguía siendo el mismo de siempre. Deduce -el veterinario en su testimonio- que el agua debía contener arsénico o algún otro tipo de residuo químico, ya que los síntomas que presentaban los animales, consistentes en diarrea y depresión progresivas, son compatibles con la presencia de tales tóxicos en los alimentos o en el agua. Relata que después de la llegada de la empresa al lugar no vio más toros, solamente algunas vacas flacas y terneros que se morían”.

Tanto se sorprendió el profesional, que en la vacunación antiaftosa del año 2012 emitió un certificado para dejar constancia de que los animales “fueron encontrados en nuevos corrales, y en muy mal estado sanitario, falta de terneros y animales muertos”.
En su fallo, la titular del juzgado concluyó que “ha quedado acreditado el daño patrimonial que le causó la demandada (al productor), el que consistió en haber provocado la muerte de animales de su propiedad. También quedó acreditado que la causa de dicho daño fue la provisión de agua, que no se encontraba apta para el consumo animal”.

Así, tras verificar la cotización de cada animal al momento del reclamo, la sentencia reconoció al productor un daño patrimonial de 384.000 pesos, que actualizado según el cómputo judicial de los intereses, arroja a la fecha una suma superior a 1,5 millones de pesos. Sin embargo la misma podría ascender, pues según estableció el fallo, los intereses se seguirán acumulando hasta el efectivo pago de la indemnización.

La sentencia no se encuentra firme, dado que aún puede ser apelada por cualquiera de las partes.

Aguas tóxicas mataron sus vacas

20/10/2020
“Salvaron la vida de muchas personas al atraparme, nunca me hubiera detenido.”
Alexander Pichushkin, El asesino del ajedrez

Chubut, mi provincia…

“La provincia del Chubut viene padeciendo una lenta agonía” rezan los empresarios y proveedores mineros desde su mascarón de proa. Los inquieta un período de latencia de 18 años y afloran los rasgos psicópatas de su actividad de exterminio. Arriesgan entonces diagnósticos equívocos, imprecisos: “El modelo de Provincia que propició el empleo público como nunca otro, se volvió no sustentable” y depositan sus argumentos en “Una Ley, un modelo. 5001, la ley que modeló un nuevo Chubut”.

La Ley 5001 prohíbe la megaminería, no prohíbe las actividades productivas sustentables ni promueve el empleo público.

El sector minero, en su carrera por despojar de vida a los territorios, se desmarca, o pretende hacerlo, de las políticas gubernamentales. Sin embargo, la denunciada inacción del gobierno chubutense es en realidad el único plan de gobierno trazado por y para las mineras.

A 17 años de la sanción de esa ley, no se registra propuesta alguna de los sucesivos gobiernos para impulsar otras alternativas productivas, que las hay. Y sí se registran numerosas embestidas mineras contra la voluntad popular que cada vez se amplía y reconfigura con más y nuevas asambleas y organizaciones populares.

Muchos pobladores de la meseta siguen sin agua y sin electricidad aunque viven sobre un acuífero y la provincia cuenta con centrales hidroeléctricas. Ello sin analizar en profundidad la producción eólica y el escándalo a nivel nacional protagonizado por Mauricio Macri que pareciera no afectar al actual gobernador Mariano Arcioni.

Privar de infraestructura básica a las comunidades y no ejercer un rol activo en la promoción de alternativas sustentables, en abierta violación a los Derechos Humanos, son vergonzosas políticas públicas sostenidas desde el gobierno provincial para alimentar la actual crisis de diseño que solo es capitalizada por las corporaciones mineras.

La sustentabilidad de cualquier actividad económica debe valorarse por el cuidado de los bienes que en ella intervienen y por la estabilidad ambiental que les brinda a las próximas generaciones. La megaminería no es por lo tanto es una actividad sustentable y ello está fehacientemente demostrado en todo el mundo.

La inversión en actividades extractivas tiene fuertes impactos culturales, económicos, ambientales y sociales en las comunidades que habitan los territorios en que se desarrollan las explotaciones y no tiene efectos positivos en términos puramente macroeconómicos porque constituye un trasvase neto de riqueza hacia las economías centrales mediante la exportación de las materias primas y la repatriación de beneficios. El producto de lo que se extrae no queda en el territorio sino que se va al exterior.

Queda claro que las corporaciones mineras pretenden instalar en la opinión pública la idea de que el déficit provincial se debe al incremento del empleo público, falacia que es desmentida por documentos y estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación que son de circulación pública. Están promoviendo el malestar social, la confrontación ciudadana. Claramente están atentando contra la paz social. Además, habría que analizar el costo que representa la creación de una Subsecretaría de minería y área de desarrollo minero sustentable que el pueblo no pide.

Desde hace 18 años las comunidades reclamamos otro modelo. Que las corporaciones mineras pretendan apropiarse de la idea de sustentabilidad solo pone en evidencia su enfermiza ambición de sustentarse a sí mismas. Y que hablen de diversificar la matriz productiva proponiendo más extractivismo es una falta de respeto al digno pueblo chubutense.

Nuestra respuesta es siempre más democracia, más ciudadanía, más futuro. No es casual este espasmo minero en el mismo momento en que se presenta la Segunda Iniciativa Popular y los conocidos e impresentables lobistas nacionales, como José L. Gioja, avalados por el mismísimo Presidente, se aferran a un Plan Minero Nacional fuera de época y a contrapelo de las necesidades vitales de un mundo pandémico.

Desenmascaremos cada una de sus jugadas, no van a detenerse. No queremos megaminería en Chubut.

Mientras tanto, a nivel nacional…

El titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Alberto Carlocchia destaca que existe minería no contaminante y que algunos impactos se pueden mitigar o corregir porque constituyen una actividad que genera desarrollo.

Por enésima vez, se hace necesario desarmar el concepto de desarrollo que sostienen las corporaciones mineras. La megaminería no analiza las “contradicciones capital-trabajo y capital-naturaleza” sino que se encuadra en un paradigma que legitima su avance y control sobre el territorio sin discutir esas relaciones. Como toda economía de enclave, genera a su alrededor una serie de actividades económicas que sirven para proveer a la explotación durante el tiempo que ella se realice mientras devasta el territtorio y traslada el pasivo ambiental a las comunidades y sus Estados.

La nota de Carlocchia para Télam es un síntoma más de la mitomanía minera. En ella afirma: «Yo me opongo a la minería contaminante, porque sé que hay minería no contaminante”. Una burla infame para los sanjuaninos y sus cinco ríos contaminados, para los niños de Abrapampa y sus familias, para las comunidades enterradas por los relaves en Brumandinho o para la población de Antofagasta entre los muchos ejemplos de los efectos naturales o accidentales de la megaminería metalífera a lo largo del mundo.

Con total desparpajo, Carlocchia dice «Nadie quiere hacer un proyecto minero encima de un glaciar”, después de que la Barrick destruyera los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza o que sabemos que Veladero, ubicada sobre ambientes glaciares y periglaciales, se ubica en la zona de los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.

Por último, los aplausos del titular de CAEM al programa global «Hacia una Minería Sustentable», adquieren los visos de una paternalidad fascista: «La razonabilidad tiene que primar, el sentido común nos dice que como sociedad necesitamos darle alternativas a la ciudadanía que hoy no está incluida en el desarrollo de la Argentina y la minería está en posibilidad de hacerlo».

Le avisamos a Carlocchia que somos ciudadanía adulta, que tomamos nuestras decisiones y que la minería no tiene posibilidad alguna en la Provincia del Chubut. Prueba de ello es la presentación de la Segunda Iniciativa Popular.

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA de Esquel