La Tercera Sala del máximo tribunal ordenó la detención de la obra que impulsa la empresa Andex Minerals SpA y que se encuentra a solo 20 metros de una zona protegida.
01/09/2021
Minería Chilena
La Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por comunidad indígena y ordenó paralizar los sondajes de prospección y explotación minera en el cerro Anocarire e inmediaciones – región de Arica y Parinacota- y ordenó que el proyecto sea sometido a estudio de impacto ambiental.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Mario Carroza y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Enrique Alcalde– ordenó la detención de la obra que impulsa la empresa Andex Minerals SpA y que se encuentra a solo 20 metros de una zona protegida.

“Que, descartada entonces la extemporaneidad, para resolver el fondo del presente arbitrio, es preciso tener presente que el artículo 10 literal p) de la Ley Nº 19.300 expresa: ‘Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”, detalla el fallo.

La resolución agrega que: “Luego, el artículo 11 literal d) de aquella ley prescribe: ‘Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar’”.

“Finalmente –continúa–, en concordancia con lo anterior, en el artículo 8 inciso final del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se señala: ‘A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar”.

Para la Sala Constitucional: “(…) de esta forma, como se ha dicho previamente por esta Corte, de la interpretación armónica de las normas se puede concluir que toda obra, proyecto o actividad que se encuentre próxima a un área protegida requiere su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través del instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental”.

“Esto es, ya que si bien el artículo 10 literal 10 de la Ley N° 19.300 se refiere, en cuanto a la evaluación de proyectos susceptibles de causar impacto, únicamente a aquellos que se encuentren en áreas de protección oficial, de la lectura de la letra d) del artículo 11 queda en evidencia la amplitud de la norma, al señalar que requerirán elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental proyecto que, entre otros, tengan una localización ‘en’ o ‘próxima’ a recursos o zonas protegidas, cuestión que en este caso ocurre, al localizarse el proyecto de exploración a tan sólo 20 metros de la Reserva Natural Nacional Las Vicuñas”, añade.

“Que, sin perjuicio que, por la notable proximidad del proyecto a una Reserva Natural, sería procedente el ingreso del Proyecto al SEIA, es menester destacar que, conforme fuera informado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Cerro Anocarire, lugar de ejecución de las obras, se encuentra inserto en el Área de Desarrollo Indígena Alto Andino de Arica y Parinacota”, advierte la Tercera Sala.

“Conforme la institucionalidad ambiental de nuestro país, uno de los instrumentos para aplicar el principio preventivo es, precisamente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a cuyo respecto se lee en el mismo Mensaje: ‘En virtud de él, todo proyecto que tenga un impacto ambiental deberá someterse a este sistema. Este se concreta en dos tipos de documentos: la declaración de impacto ambiental, respecto de aquellos proyectos cuyo impacto ambiental no es de gran relevancia; y los estudios de impacto ambiental, respecto de los proyectos con impactos ambientales de mayor magnitud. En virtud de estos últimos, se diseñarán, previamente a la realización del proyecto, todas las medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental, o a medirlo, o incluso, a rechazarlo.’ (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley N°19.253, página 9)”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de diecisiete de junio de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge, el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa y sus miembros, en contra de Andex Minerals Chile SpA, sólo en cuanto se ordena la paralización del proyecto de autos mientras no obtenga la aprobación medioambiental correspondiente, para lo cual deberá ingresar el Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
https://www.mch.cl/2021/09/01/corte-suprema-paraliza-sondajes-en-region-de-arica-y-parinacota-y-ordena-someter-proyecto-a-estudio-de-impacto-ambiental/

01/09/2021
Senadores del oficialismo dijeron que el proyecto es inconstitucional y pidieron que el Ejecutivo presente una propuesta concreta.

A casi cuatro meses de ser despachado desde la Cámara de Diputados, ayer la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de royalty minero, por tres votos a favor y dos en contra. Ahora se verá en la Sala de la Cámara Alta.

En la cita, los senadores adelantaron lo que serían algunos ajustes a presentar. Y, aunque hubo oposición entre algunos de ellos al proyecto, reiterando los cuestionamientos por su eventual inconstitucional, instaron al Ejecutivo a intervenir.

El senador Rafael Prohens se mostró disponible para trabajar en esto, pero reconoció que le gustaría que se hiciera en el marco de la legalidad. “Estoy totalmente de acuerdo que podamos trabajar con la finalidad de lograrlo ojalá con el Ejecutivo al lado”, sostuvo.

El senador Alejandro García Huidobro también rechazó el proyecto, pero llamó al gobierno para sentarse a conversar en torno a esta materia. “Me gustaría que el Ejecutivo pudiera hacer una propuesta concreta, porque tanto las empresas y todos quienes han expuesto han dicho claramente que puede existir un mayor esfuerzo respecto de recaudación”, recalcó.

Dando el voto que selló el avance del texto, la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, sostuvo: “Esperamos que la Sala también ratifique este voto mayoritario y que hagamos una discusión tan seria como también reconocemos la seriedad de cada uno de quienes han participado”.

La senadora Isabel Allende dijo tener la “absoluta convicción que hay un espacio mayor para el aporte que nos pueda hacer la minería”, agregando que uno de los temas que abre esta discusión es analizar la situación de las fundiciones.

Asimismo, su par Guido Girardi enfatizó que “una recaudación justa, que no afecte la competitividad, es fundamental, pero Chile tiene un amplio espacio para recaudar más, tal vez incluso el doble de lo que se recauda hoy”.

Gobierno presenta Política Nacional Minera 2050 con 78 metas

Con 78 metas de corto, mediano y largo plazo para la industria del sector y el Estado, se presentó ayer la Política Nacional Minera 2050, que busca generar un modelo de desarrollo más sustentable para la industria. Entre los objetivos está mantener el 28% de la producción mundial de cobre; contribuir al combate contra el cambio climático logrando la carbono neutralidad al 2040; y no superar el 10% de agua continental de los recusos totales utilizados al 2030 y el 5% al 2050.

En el pilar institucional, figura disminuir a la mitad los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales al 2050; y maximizar el beneficio social mediante una recaudación tributaria justa, competitiva, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde está inserta. El documento fue sometido al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y tendrá un capítulo indígena que pronto comenzará a ser elaborado.

A principios de año, en conjunto con consejeros de la Conadi, se codiseñó la metodología y hoy el escrito está para observaciones del Ministerio de Medio Ambiente, luego de lo cual comenzará el proceso de consulta pública.
Fuente: Diario Financiero

Comisión del Senado aprueba en general proyecto de royalty minero y pasa a la Sala

31/08/2021
Minera abordó prohibición de extracción de agua. Además, sindicato votó huelga en negociación colectiva.
A las complicaciones que tuvo en Escondida, ayer BHP sumó una nueva amenaza de huelga. El Sindicato Nº1 de Empresa Compañía Minera Cerro Colorado concluyó el proceso de votación de la última oferta de la empresa que comenzó el viernes en el marco de la negociación colectiva, rechazando la propuesta con el 97,9%.

Eso sí, la organización sindical decidió pedir la mediación a la autoridad laboral para que esta etapa de cinco días se inicie el próximo 1 de septiembre, del tal forma de buscar una salida al conflicto.

La decisión se da luego de que el 19 de agosto, el Primer Tribunal Ambiental decretara una medida cautelar que le prohíbe a la mina continuar extrayendo agua del acuífero de Lagunillas desde el 1 de octubre y por 90 días, lo que en la práctica podría llevarla a paralizar su funcionamiento.

Ante esto, el 26 de agosto, Minera Cerro Colorado presentó un escrito de 67 páginas a la instancia judicial, asegurando que la medida resulta “evidentemente desproporcionada”. En sí, pide que ésta se levante por ser “improcedente” y, en caso de no ser acogida, se reemplace por otra más acorde.

En este último caso, agregó, “pedimos modificar la medida cautelar decretada, sustituyéndola en su lugar por una reducción de bombeo de caudales para fines de producción por el plazo de 90 días o hasta que la autoridad evaluadora emita un pronunciamiento técnico favorable que entregue seguridad de no afectación de los bienes protegidos”.

Aunque el tema ambiental y la negociación colectiva son procesos independientes que se dan en paralelo, la medida del Tribunal Ambiental habría incidido y complicado aún más la negociación colectiva.

Según trascendió, hay diferencias considerables respecto a la negociación anterior, ya que la minera estaría ofreciendo cláusulas de salida más bajas respecto a la industria y, además, el el reajuste de sueldos sería menor.

El sindicato podría tolerar hasta dos meses de paralización, ya que tienen fondos de contingencia.

“El directorio sindical agradece la gran participación y el enorme respaldo recibido de parte de sus bases para entregar una potente señal de unidad a la empresa para que sea ésta quien enmiende su postura respecto a otorgar a sus trabajadores, lo que en justicia se han ganado”, sostuvo en un escrito el sindicato que tiene 708 socios.
Fuente: El Mercurio

Cerro Colorado califica como “desproporcionada” medida cautelar de Tribunal Ambiental