Honduras

Municipios de Colón y Olancho rechazan minería a cielo abierto

12/07/2022
Ambientalistas y pobladores de Tocoa, Sabá, y Bonito Oriental (Colón), San Esteban y Gualaco (Olancho), se congregaron en este último municipio.

GUALACO, Olancho. Representantes de grupos ambientalistas y pobladores de Tocoa, Sabá, y Bonito Oriental, en el departamento de Colón, al igual que de San Esteban y Gualaco, en Olancho, expresaron su rotundo no a la minería a cielo abierto, en una asamblea, en la plaza cívica de esta comprensión municipal.

El propósito fue lanzar una advertencia a las autoridades para que no otorguen permisos de operación para explotar minas a cielo abierto, ya que con ello afectan la salud y la vida de los habitantes de la región.

Una dirigente ambientalista de Tocoa, Lilian Castro, indicó que los ríos y las quebradas fueron dejados por Dios y, por lo tanto, no pueden ser explotados de forma salvaje por empresarios nacionales y extranjeros, a quienes no les interesa la vida de los demás.

Los habitantes de todo el corredor afectado por la explotación de minas de óxido de hierro existente principalmente en Gualaco, no han recibido más que deterioro ambiental, denunciaron.

De la zona de San Esteban, Ramón Hernández, dijo que en su municipio no hay minas, pero los efectos colaterales de una explotación minera en la comunidad de El Venado, los sufren poblados cercanos.


AFECTA A POBLADORES
Los manifestantes pidieron a las autoridades que no otorguen permisos de operación para explotar minas a cielo abierto.

El alcalde de Gualaco, Edwin Cabrera, indicó que la posición de las autoridades debe ser a favor y en defensa de las comunidades, al tiempo de confirmar que una compañía ya tiene pagado un permiso para extraer óxido de hierro por un valor de 200 mil lempiras efectivos desde agosto del año pasado.

Autorizar la extracción de la actividad minera traería consigo afectar a unos 41 mil habitantes en la zona fronteriza entre Olancho y Colón, señaló el jefe edilicio.

Luego indicó que le ofrecieron seis millones de lempiras representantes de una de las mineras para que firmara documentos y otorgara permisos de explotación en su territorio.

En la asamblea se dio a conocer un manifiesto donde piden, en otros puntos, que se derogue el decreto legislativo 252-2013 para liberar el parque nacional “Carlos Escaleras” y revertir las concesiones que tienen sustento en esa normativa.

Demandaron la suspensión y cancelación inmediata de las operaciones del proyecto minero El Venado, en territorio de Gualaco, habiendo demostrado oposición popular en un cabildo abierto desarrollado meses atrás, así como exigen la inmediata inscripción del parque nacional Montaña de Botaderos, en el catálogo de patrimonio público forestal inalienable. (FS)
En la asamblea advirtieron que la extracción de la actividad minera causaría daños a unos 41 mil habitantes en la zona fronteriza entre Olancho y Colón.
https://www.latribuna.hn/2022/08/12/municipios-de-colon-y-olancho-rechazan-mineria-a-cielo-abierto/

Honduras

Violatoria presencia: Policía Militar llegó para proteger a la minera Inversiones Los Pinares en Guapinol

06/08/2022
Dina Meza
La Policía Militar del Orden Público, PMOP, llegó a la comunidad de Guapinol pero para proteger a la empresa minera Inversiones Los Pinares, de acuerdo a lo que han denunciado los pobladores, que se han visto en la necesidad de realizar acciones de protesta contra la compañía que continúa sus operaciones a pesar que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció en febrero pasado la cancelación de las licencias y Honduras libre de minería a cielo abierto.

La PMOP fue el brazo derecho del expresidente Juan Orlando Hernández, quien apostó a crearla para tener su propio cuerpo de seguridad y sus actuaciones lesivas a los derechos humanos dejaron múltiples violaciones a los derechos humanos en las protestas pacíficas de la población en especial durante la reelección ilegal de Hernández en el 2017 y años subsiguientes de su mandato.

A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre que este cuerpo armado no podía ejercer funciones policiales, la PMOP permaneció en funciones y se creía que el gobierno de Xiomara Castro la iba a desarticular, pero en julio pasado el ministro de Defensa anunció que se incorporaría a las funciones en el apoyo a la Policía Nacional debido al incremento de los hechos delictivos en el país.
PMOP para proteger las operaciones de inversiones Los Pinares

Según ha publicado Diario Colon Hn en día 05 de agosto de este año, ese medio constató que los militares se desplazan en motocicletas a hacer trabajo conjunto con los guardias de seguridad de la minera. Los altos mandos estarían siendo objeto de regalías por la empresa y de combustible el cual llegan a traer en barriles de la planta Ecotek en la comunidad de Ceibita, en Tocoa, Colón.

Esto llama la atención debido a que los militares no podrían estar protegiendo a la Minera Los Pinares si no fueran autorizados por la autoridad superior y en este caso la presidenta Castro es la Comandanta en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que contradice su política pro derechos humanos en la cual ha insistido desde qque era candidata a la silla presidencial.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, señaló en un comunicado de prensa este día en el marco de las protestas de la población que “La Policía Militar del Orden Público creado por el Narcotraficante Juan Orlando Hernández como una estructura armada peligrosa al servicio de la minera de Lenir Pérez amenazando y en claro riesgo para las comunidades y población que lucha por la defensa del agua, los ríos, el bosque y en su conjunto el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”.

Hicieron una alerta urgente las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de Solidaridad y a la Comunidad Internacional ante el riesgo que representa la explotación minera en los nacimientos de nuestros ríos y la protección de la empresa por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en un claro riesgo a las comunidades y los defensores; una situación grave ante las denuncias de Escuadrones de la muerte, paramilitares y grupos armados al servicio de los terratenientes y empresas extractivas.
Este es el comunicado completo:

A 4 AÑOS DEL CAMPAMENTO POR EL AGUA Y LA VIDA SEGUIMOS DEFENDIENDO NUESTROS RÍOS

A las Organizaciones Nacionales e internacionales expresamos que miles de habitantes en las comunidades de Tocoa Colón rechazan la minera Pinares/Ecotek que destruye ilegalmente área protegida.

La lucha pacífica de las Comunidades del Sector San Pedro, Guapinol, Sector Zamora, Asentamiento Campesino de la Lempira, Barrios y Colonias de la Ciudad Tocoa y las organizaciones en rechazo a la explotación minera de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek que de manera ilegal están destruyendo el Parque Nacional, las fuentes de agua de las comunidades, Río San Pedro y río Guapinol en Tocoa Colon. Exigimos a la Presidenta Xiomara Castro la Cancelación de inmediato de las Concesiones Mineras ante el peligro a la Vida de nuestra Población afectada.

La Policía Militar del Orden Público creado por el Narcotraficante Juan Orlando Hernández como una estructura armada peligrosa al servicio de la minera de Lenir Pérez amenazando y en claro riesgo para las comunidades y población que lucha por la defensa del agua, los ríos, el bosque y en su conjunto el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos a MI AMBIENTE resolver las oposiciones y peticiones presentadas en base a la ley por los derechos sagrados de la población garantizados en la Constitución de República y la declaración de los derechos humanos.

Exigimos a INHGEOMIN la cancelación del contrato minero ya que la minera ha violentado el contrato y las leyes hondureñas, destruyendo ilegalmente el área protegida.

Exigimos al Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro el cumplimiento de la promesa realizada en la Campaña electoral, en la toma de posesión motivo por el Cuál nos volcamos a darle todo nuestro apoyo y seguimos respaldando.

Hacemos un llamado de ALERTA URGENTE a las Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de Solidaridad y a la Comunidad Internacional ante el riesgo que representa la explotación minera en los nacimientos de nuestros ríos y la protección de la empresa por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en un claro riesgo a las comunidades y los defensores; una situación grave ante las denuncias de Escuadrones de la muerte, paramilitares y grupos armados al servicio de los terratenientes y empresas extractivas.

Dado en Tocoa Colón a los 5 días del mes de Agosto del año 2022.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
https://www.pasosdeanimalgrande.com/es-co/component/k2/item/6165-violatoria-presencia-policia-militar-llego-para-proteger-a-la-minera-inversiones-los-pinares-en-guapinol

Honduras

¡No hay paso! Pobladores de Guapinol se toman la CA-13 en protesta contra la minería en Colón

M. Torres
05/08/2022
Los pobladores de Guapinol, decidieron tomarse la carretera CA-13, para hacer sentir su malestar contra la minería en el departamento de Colón.

Es por ello que los manifestantes le realizaron un llamado a la presidenta de la República Xiomara Castro, que frene los proyectos mineros en el sector.

¡No hay paso! Pobladores de Guapinol se toman la CA-13 en protesta contra la minería en Colón

Honduras

Honduras ordena a filial de Aura Minerals suspender explotación de oro

31/03/2022
Las autoridades hondureñas ordenaron a una subsidiaria de la canadiense Aura Minerals suspender la extracción de oro a cielo abierto en un cementerio indígena, dijo el miércoles el abogado de una comunidad en el oeste del país, que se opone a la extracción.

La filial, Minerales de Occidente Sociedad Anónima (MINOSA), opera desde 2009 la mina San Andrés en el occidente del país, donde una veta de oro se extiende hasta un cementerio donde están enterrados miembros de la etnia maya chortí.

Los residentes han acusado al minero de exhumar cadáveres ilegalmente en el sitio y han bloqueado las carreteras del área en varias ocasiones.

“Se ordena a MINOSA la suspensión inmediata de todas las actividades que se están realizando en el área del proyecto Tajo La Buffa”, dijo el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente a la empresa en un documento, que fue visto por Reuters.

Un abogado que representa a los residentes, Pedro Mejía, dijo a Reuters que MINOSA ha exhumado cadáveres del panteón de casi 200 años de antigüedad en una comunidad a unos 191 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital.

El ministerio también solicitó en el documento que la empresa debe probar que tiene autorización legal para exhumar cuerpos antes de reanudar las actividades en el sitio.

Aura Minerals y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios.

En 2021 la nación centroamericana recaudó USD 293 millones de la minería, de los cuales USD 163,8 millones provinieron del oro , según datos del Banco Central de Honduras.
Fuente: Reuters

Honduras ordena a filial de Aura Minerals suspender explotación de oro

Honduras

Gobierno de Honduras prohíbe la minería a cielo abierto

01/03/2022
La iniciativa estaba prevista en el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El gobierno de Honduras canceló la aprobación de los “permisos de explotación extractivista” que atentan “contra los recursos naturales, la salud pública y el acceso al agua como derecho humano”, según informó la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas en un comunicado.

Además, la Secretaría de Energía informó que se ha declarado «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto» y que se intervendrán «de forma inmediata» todas las áreas naturales de «alto valor ecológico» para asegurar «su conservación y los beneficios comunes para el pueblo».

Ambas iniciativas estaban previstas en el programa de gobierno para el período 2022-2026 de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

La decisión gubernamental se conoció unos días después de la liberación de seis ambientalistas hondureños que habían sido condenados por el conflicto con una empresa minera.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó su liberación, en el marco de un juicio por conflictos con la minera Los Pinares. La condena de los ambientalistas, que estaban detenidos desde 2019, había sido cuestionada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas y por Amnistía Internacional.

Honduras es uno de los países más peligrosos para los líderes ambientales. Según la organización Global Witness, en 2020 hubo 17 asesinatos de ambientalistas en el país.

Uno de los casos más paradigmáticos y de resonancia internacional es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en un territorio indígena ubicado al occidente del país. En agosto de 2021, la Fiscalía de Honduras condenó a uno de los responsables del proyecto energético como autor intelectual del crimen.

La decisión gubernamental de frenar la minería a cielo abierto fue celebrada por organizaciones ambientalistas locales, como el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). «Hemos venido luchando contra estas concesiones desde hace muchos años y hoy Honduras dice ¡No a la Minería a Cielo Abierto!», escribió la organización en su cuenta de Twitter.
https://delfino.cr/2022/03/gobierno-de-honduras-prohibe-la-mineria-a-cielo-abierto

Honduras

Honduras se declara libre de explotación minera a cielo abierto

La disposición resulta trascendente en el seno de una sociedad con un fuerte pasado extractivista. | Foto: EFE
01/03/2022
Carlos Aznarez
La medida fue adoptada sobre los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras declaró este lunes al país centroamericano, como territorio libre de la explotación minera a cielo abierto.

Como parte del Programa de Gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro, el organismo expresó mediante un comunicado que: «Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano».

De igual forma, en el segundo punto de la disposición, se declara a todo el territorio hondureño como territorio libre de la explotación minera a cielo abierto a partir de los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.


Asimismo, el comunicado dispone de la moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica mediante la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones.

Como punto final, se implementa la intervención inmediata de las áreas naturales de alto valor ecológico, con el fin de garantizar su conservación para disfrute común y beneficio popular.


Esta medida constituye un antes y un después en la sociedad hondureña teniendo en cuenta la historia extractivista del país, la cual ha provocado la pobreza a más del 70 por ciento de la población, así como grandes flujos migratorios.

Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019.

La iniciativa del gobierno de Xiomara Castro materializa el reclamo popular que durante años ha provocado la muerte y situaciones de violencia a líderes sociales.

Al mismo tiempo, coloca por encima de los intereses de las transnacionales la protección al medio ambiente en correspondencia con las normas internacionales establecidas al respecto.
https://www.telesurtv.net/news/honduras-territorio-libre-mineria-cielo-abierto-20220301-0011.html

Honduras

Cumplan la resolución de la Corte Suprema y liberen a los 8 de Guapinol

A Planeta se alegra de que 8 de las personas que conformaban la larga lista de presas y presos por el Planeta fueron declaradas inocentes y por tanto serán puestas en libertad. Se trata de los 8 de Guapinol, de Honduras. La Corte Suprema de Honduras decidió este pasado 11 de febrero sobreseer el caso de 8 de Guapinol, defensores del río del mismo nombre y de su ecosistema y comunidad, dejándoles en libertad. Estos han estado ilegalmente detenidos mas de 900 dias. Entre otras muchas organizaciones que se han alegrado por la decisión se encuentra la propia ONU y Amnistía Internacional.

La explotación minera se inició sin la consulta previa a las comunidades, obligatoria según la legislación hondureña. La comunidad inmersa en la movilización, intentó la última opción, el acampar en el terreno licitado a la empresa e impedir la entrada su maquinaria. La acampada duró 89 días que tras varios intentos de desalojo fue al final disuelta. El encarcelamiento de los 8 de Guapinol es parte de la gran represión desatada después.


Los procesados fueron apoyados fuera de la Corte por el Campamento Feminista Viva Berta, el mismo que en julio del año pasado siguió el juicio contra uno de los autores intelectuales del asesinato de la activista Berta Cáceres, David Castillo, consiguiendo que le declararan culpable. Ahora faltan que sigan escalando la autoría hasta llegar a la familia Atala Zablah. Sin duda, tanto el cambio de gobierno como la presión popular ha tenido influencia en este resultado.

Honduras es un país que ha estado a merced de la derecha, que se deshizo del gobierno legítimo en 2009, y que desde entonces ha impuesto proyectos de gran impacto para el medio ambiente y las comunidades, y pisoteados los derechos humanos más elementales. Este enero, Xiomara Castro fue investida como nueva presidenta de Honduras, con lo que se ponía fin a 22 años de gobiernos anti-democráticos.

A continuación incluimos el artículo publicado en Gara a la defensora de derechos humanos hondureña Dalila Argueta y Pedro Ibarra. Dalila Argueta es de Guapinol. Debido a la escalada de violencia y a amenazas de muerte contra ella se vio obligada a abandonar su país. Actualmente Dalila reside en Euskal Herria, en concreto en el proyecto Basoa, espacio solidario de Arratia. Esperamos que igual que para los 8 de Guapinol su situación también se encauce y pueda restablecer pronto su vida, y también que Inversiones los Pinares detenga su proyecto minero y restablezca la paz en ese lugar.
La justicia en Honduras


por Dalila Argueta y Pedro Ibarra

Un relato de represión judicial que ejemplifica como el poder judicial esta al servicio del poder político que, a su vez, actúa al servicio del poder económico. Un relato que ejemplifica lo que pasa en Honduras.

Guapinol es una comunidad del Departamento de Colón de la Zona Norte de Honduras que se enfrenta al gran amenaza de la empresa extractiva de hierro Inversiones los Pinares. Desde 2018 las comunidades se organizaron y manifestaron para defender sus fuentes de agua en manifestaciones pacíficas enfrentándose a la violencia y amenazas por parte de sicarios pagados por la empresa.

Entre el 2018 a 2021 las comunidades Guapinol y sector San Pedro llevan exigiendo la libertad de ocho compañeros, defensores de la lucha en contra de estas empresas. El poder judicial por orden del Estado de Honduras emitió órdenes de captura contra los habitantes de estas dos comunidades, de los cuales trece en 2018 se presentaron voluntariamente para someterse a la investigación de los falsos delitos que los causaban. Tras once días en audiencias se logro que se defendieran en libertad. Otros ocho compañeros se presentaron también en setiembre de 2019 sometiéndose al mismo proceso. A ellos se les priva de su libertad. Movimientos hondureños e instituciones internacionales exigen que se les libere. Demandas inútiles. Llevan más de dos años en prisión sin una sola prueba ni testimonio que justifique tal medida. Se trata sin más de un secuestro decidido e impuesto en ultima instancia por el Gobierno hondureño, por el Estado de Juan Orlando Hernández, hoy afortunadamente sustituido por un líder de izquierdas. Ahora están siendo juzgados y, probablemente, serán condenados.

Y por supuesto la empresa sigue en marcha. Esta situada a lado de río Guapinol y a cien metros de la comunidades: la planta de óxido de hierro es la mas grande de Mesoamérica. En estos días se escuchan los impactos de dinamita en la altura de las montañas. O sea daños a la estructura de los hogares, sin olvidar la contaminación, despojo, muerte, intimidación, y desintegración familiar.

Reproducimos ahora el texto de un activista de Guapinol: «El fuego del amor trae esperanza y cambio, este amor hecho fuego debe quemar todas las estructuras del crimen organizado que han secuestrado al Estado hondureño. Por ahora nos mantenemos alerta, preparando el siguiente paso en la ruta que hemos asumido, llamando a todos los sectores, movimientos y organizaciones a unir los sueños y la lucha. Somos los de abajo, los excluidos y maltratados, somos la verdad ante la farsa del gran capital. Nuevas órdenes de captura pueden venir, todas las que quieran, sin orgullo y sin prepotencia, con la dignidad y el honor de quienes han encontrado la razón de vivir sin ataduras, chocaran contra la dignidad y la pasión por la vida en nuestro territorio, en nuestra hábitat. Habrá justicia, todos los responsables de esta criminalidad sobre una zona protegida parque nacional, los ríos y las aguas, el ambiente y la justicia, tendrán que responder, todas y todos».

Un relato de represión judicial que ejemplifica como el poder judicial esta al servicio del poder político que, a su vez, actúa al servicio del poder económico. Un relato que ejemplifica lo que pasa en Honduras. Describe la dramática situación en la que vive el pueblo hondureño. Una sociedad en la cual la represión es dura y arbitraria; sin ninguna norma que la justifique. Brutal represión incluidos, por supuesto, los asesinatos, que constituye lo habitual, lo establecido. Represión y muerte, especialmente sobre aquellos que se movilizan y luchan contra el sistema político. Especialmente, pero no sólo, comunidades campesinas, que, como en el caso de este juicio/farsa, luchan contra el establecimiento de proyectos económicos que destruyen su forma y condiciones de vida. Proyectos económicos que no sólo imponen sus estrategias al poder políticos, sino que sus empresas están penetradas por los mismos líderes políticos.

El dramático modelo hondureño es el modelo dominante en Centroamérica y en muchos otros países latinoamericanos. Regímenes políticos autoritarios sin ningún control a la hora de ejercer la represión. Extremas desigualdades sociales. Crecientes sectores de la población en imposibles condiciones de vida. Y añadido a este escenario… otro poder autoritario. El de las multinacionales que imponen con la ayuda del poder político proyectos económicos que destruyen comunidades y medioambiente.

Hace unos meses Josep Borrell, el responsable de política exterior de la Unión Europea, denunciaba el abandono de la UE. Decía que no estaba presente, no actuaba en Latinoamérica. Así es. Aunque quizá debía haber añadido que algunas poderosas instituciones europeas –nos referimos a grandes empresas europeas– sí están en Latinoamérica agravando la miseria y la injusticia en muchos pueblos y comunidades.

El relato de esta dramática situación nos lo cuenta Dalila. Dalila, que esta ahora con nosotros, es una defensora de derechos humanos hondureña que ha tenido que abandonar –la represión no cesa– su país. Dalila participa y vive en Basoa, espacio solidario en Arratia. Ella nos dice lo que pasa en su tierra. Y ella nos pide a todos que hagamos lo que sea posible para acabar con el drama de su tierra.
Cumplan la resolución de la Corte Suprema y liberen a los 8 de Guapinol

El Salvador, Honduras, Nicaragua

NO A LAS ZEDE

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT)
integrada por representantes de Guatemala ,El Salvador, Nicaragua y Honduras somos una
organización que le hacemos frente a la crisis del agua en aquellas regiones que son agua
dependientes y afectadas por el cambio climático, como centroamericanos somos
responsables de velar por los intereses de nuestros hermanos Hondureños y ante los últimos
acontecimientos que vulneran la soberanía del territorio hondureño con la aprobación de las
Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) violentando el espíritu del artículo 59 de la
Constitución de la República de Honduras, se propone el respeto, la promoción y la
garantía de la dignidad humana como fin supremo, como articulación fraterna nos
pronunciamos en los siguientes términos:
1. Expresar al pueblo hondureño nuestra solidaridad ante la amenaza de la venta del
territorio hondureño y el deterioro de la soberanía a través de las “ZEDE”
2. Nos preocupa y lamentamos profundamente que sobre ese contexto de violaciones el
gobierno de Honduras mantenga una persecución judicial contra los movimientos sociales y
las dirigencias patronales quienes defienden la verdad, la justicia y los derechos humanos.
3. Como RedCAT estaremos en alerta ante este modelo ampliamente lesivo para la
sociedad que solo demuestra inconstitucionalidad, ilegitimidad y detonantes de conflictos
sociales.
4. Rechazamos la decisión tomada por los diputados y diputadas de Honduras
aprovechando que los hondureños se entretenían mirando el partido de futbol de la
selección de Honduras, ellos aprobaron exonerar de impuestos por 15 años más a las
ZEDE, castigar la protesta social hasta con 10 años de cárcel para que el pueblo no haga
uso de su derecho a la protesta, facultar para que puedan ser expropiadas las tierras rurales
e indígenas sin que estos pueblos puedan protestar.
5. Condenamos la creación de las ZEDE en Honduras porque violentan la soberanía,
perdiendo a pedazos cada día su territorio nacional creando un Estado dentro de otro Estado
ya que prevé la creación de un nuevo tipo de división administrativa -llamada «ciudadmodelo»- con un alto nivel de autonomía política, judicial, económica y administrativa,
condición que impactará de manera negativa los principales bienes naturales del país.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021
PORQUE CENTRO AMERICA NO SE VENDE, CENTRO AMERICA LUCHA Y SE
DEFIENDE
NO A LAS ZEDE

Honduras

LA MINERÍA DEGRADA EL TEJIDO SOCIAL EN HONDURAS Y UN ENTE PIDE UNA MORATORIA DE LA ACTIVIDAD

25/09/2021
Tegucigalpa, 23 sep (EFE).- La minería tiene un “impacto nocivo” en Honduras, donde en ocasiones suele “degradar” el tejido social en las comunidades y causar conflictos violentos, por lo que el Estado debe dictar una moratoria de esta actividad.
Fuente: HolaNews
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado) publicó “Territorios en Riesgo”, un estudio en el que expone que la actividad minera puede tener un “impacto nocivo” al desbloquear la tierra y los recursos a través de la construcción de infraestructura, remover grandes cantidades de suelo y piedra.

Las actividades mineras también suelen “degradar el tejido social en las comunidades cercanas y causar conflictos que frecuentemente se vuelven violentos”, señala el Fosdeh.

Emma Velásquez, una investigadora del Fosdeh, dijo este jueves a Efe que la minería tiene también un “impacto ambiental” por la contaminación de suelos y aguas con químicos como el cianuro o ácido sulfúrico.

Señaló que el impacto “grave” que tiene esta actividad en la salud de las personas y la biodiversidad del país centroamericano, donde hay 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas.

“El Estado de Honduras debe parar y hacer una moratoria minera, y revisar todos los proyectos, para ver cómo efectivamente se reduce donde es necesario, no podemos decir que todos los proyectos”, subrayó la investigadora.

Agregó que los proyectos de minería en sí no generan conflictividad, pero sí la forma en que son ejecutados, pues son “el caldo perfecto para acumular energías confrontativas que terminan en fuertes conflictos”.

Los conflictos implican “pérdidas financieras y humanas, criminalización, estigmatización de defensores, esto está a la orden del día en el país”, señaló Velásquez.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

El estudio destaca que los incentivos otorgados por el Gobierno han funcionado para atraer empresas, pero el aporte de la minería a las economías locales “ha sido mínimo”.

La Ley General de Minería, aprobada en 2013, señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios, añade.

El número de concesiones mineras en áreas protegidas disminuyó de 57 en 2018 a 42 en 2021 debido a la depuración del catastro minero, señala el documento.

“La persistencia de superposiciones representan una debilidad institucional en la protección de las fuentes de agua, por lo que el Gobierno debería eliminar toda posibilidad de realizar cualquier actividad minera sobre las microcuencas que abastecen los sistemas de agua potable”, destaca.

ESTRATEGIA HA FRACASADO

Los incentivos otorgados a las actividades mineras no contribuyen al desarrollo de Honduras, pues su aporte al producto interno bruto (PIB) “es mínima” y su contribución a la generación de empleo es menos del 1 %, señaló la experta del Fosdeh.

“La estrategia de privilegio fiscal como un estímulo para la inversión no es favorable para el país (…) eso no está dando resultado porque la inversión extranjera está disminuyendo, el estímulo fiscal se convierte hoy por hoy en una deuda importante del Estado de Honduras”, explicó.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), citados en el informe, en el período 2017-2019 la minería aportó entre el 0,15 % y el 0,34 % de los empleos en Honduras, donde el 7 % de los trabajadores en esta actividad son mujeres.

El Fosdeh recomienda asegurar que todos los proyectos cumplan con la normativa nacional e internacional, respeten el derecho de las comunidades rurales y los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informada.

Insta a las autoridades a “suspender y prohibir” los proyectos en las microcuencas y áreas protegidas, para proteger los derechos ambientales y que el Estado garantice que las empresas realicen la “reparación del daño y aseguren su no repetición”.

La minería degrada el tejido social en Honduras y un ente pide una moratoria de la actividad

Honduras

El conflicto minero en Honduras que tiene atrás a Trump

© Foto : Pixabay / Jan-Mallander
24.11.2020
Hasta ahora estaba escondida la conexión entre el presidente de Estados Unidos y el conflicto socioambiental por la mina de Inversiones Los Pinares, en un parque nacional de Honduras, y su violenta represión empresarial y estatal. Gracias a una investigación periodística, salió a la luz. Te contamos de qué trata.

En Guapinol, noreste de Honduras, los habitantes resisten a la explotación de óxido de hierro. La mina Los Pinares está dentro de un parque natural, y ellos lo defienden. Ha sido una resistencia violenta: han habido muertos, heridos y varios encarcelados.

Ahora una alianza periodística transfronteriza reveló que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, no solo fue la «poderosa socia tras bambalinas» del proyecto minero hondureño, sino también fue uno de los importantes donantes a la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020.

Y el vínculo no termina en dinero. A lo largo de su mandato presidencial, Trump realizó reformas que terminaron favoreciendo a la empresa, según cita la investigación al diario The New York Times. «Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria», se lee en el texto.
¿Cómo puede una mina instalarse en una reserva ambiental?

La mina de Inversiones Los Pinares está en un área que hasta diciembre de 2013 era parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Allí nacen 34 ríos que riegan toda la región, señala la investigación. Los periodistas se preguntan cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable. La respuesta requiere un repaso cronológico:

En octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96.724 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro.
En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la «zona de amortiguamiento», donde la ley hondureña sí permite actividades mineras, como la no metálica, entre las que está la extracción de óxido de hierro.
La medida del Congreso fue inicialmente cuestionada por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF determinó que no era factible el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras. Advirtió que su impacto sobre flora y fauna sería severo.
Poco después la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. Las concesiones ASP y ASP2 (solicitadas anteriormente por Emco Mining / Inversiones Los Pinares) delimitaron más de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.
Por este tipo de concesión minera, la empresa pagaría anualmente el equivalente a 50 centavos de dólar por hectárea para explorar, y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral.

«Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina», señalan los autores del reportaje.

Adicionalmente, ambas concesiones tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2,5% sobre el valor exportado o en planta, según sea el caso.

¿Cómo se desarrolla el conflicto ambiental?

Cuando la gente del pueblo de Guapinol se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. De acuerdo al reportaje, ellos temían que las minas les afectaran los ríos que los surten, y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, según la investigación periodística, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.

«Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo».

Según dijo a la alianza Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».

El dueño de la minera, Lenir Pérez, «ve las cosas de otra manera». Según dijo a la alianza, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a 1.000 personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto.

A finales de 2018 comenzó la represión empresarial y estatal grave. Según la alianza:

En septiembre varios pobladores resultaron golpeados y una persona herida de bala tras el bloqueo de una calle y el intento del personal de la mina por despejarla.
A fines de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento que habían armado en la calle. Los enfrentamientos continuaron varios días hasta que dos militares murieron por fuego cruzado.

No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con los altercados.

Los conflictos continuaron en 2019. Ese año la Fiscalía acusó a decenas de ambientalistas por usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. Según la alianza, la acusación fue basada en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado.

Sin embargo, hay varias «incongruencias» en las acusaciones. Por ejemplo, la alianza refiere al caso de uno de los acusados, Juan López, que no había estado en uno de los altercados porque ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Además, señala que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.

Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.

Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente (Honduras) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), dos de las organizaciones que junto a Univisión Investiga (Estados Unidos) conforman la alianza.
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202011241093611387-el-conflicto-minero-en-honduras-que-tiene-atras-a-trump/