El Salvador, Honduras, Nicaragua

NO A LAS ZEDE

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT)
integrada por representantes de Guatemala ,El Salvador, Nicaragua y Honduras somos una
organización que le hacemos frente a la crisis del agua en aquellas regiones que son agua
dependientes y afectadas por el cambio climático, como centroamericanos somos
responsables de velar por los intereses de nuestros hermanos Hondureños y ante los últimos
acontecimientos que vulneran la soberanía del territorio hondureño con la aprobación de las
Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) violentando el espíritu del artículo 59 de la
Constitución de la República de Honduras, se propone el respeto, la promoción y la
garantía de la dignidad humana como fin supremo, como articulación fraterna nos
pronunciamos en los siguientes términos:
1. Expresar al pueblo hondureño nuestra solidaridad ante la amenaza de la venta del
territorio hondureño y el deterioro de la soberanía a través de las “ZEDE”
2. Nos preocupa y lamentamos profundamente que sobre ese contexto de violaciones el
gobierno de Honduras mantenga una persecución judicial contra los movimientos sociales y
las dirigencias patronales quienes defienden la verdad, la justicia y los derechos humanos.
3. Como RedCAT estaremos en alerta ante este modelo ampliamente lesivo para la
sociedad que solo demuestra inconstitucionalidad, ilegitimidad y detonantes de conflictos
sociales.
4. Rechazamos la decisión tomada por los diputados y diputadas de Honduras
aprovechando que los hondureños se entretenían mirando el partido de futbol de la
selección de Honduras, ellos aprobaron exonerar de impuestos por 15 años más a las
ZEDE, castigar la protesta social hasta con 10 años de cárcel para que el pueblo no haga
uso de su derecho a la protesta, facultar para que puedan ser expropiadas las tierras rurales
e indígenas sin que estos pueblos puedan protestar.
5. Condenamos la creación de las ZEDE en Honduras porque violentan la soberanía,
perdiendo a pedazos cada día su territorio nacional creando un Estado dentro de otro Estado
ya que prevé la creación de un nuevo tipo de división administrativa -llamada «ciudadmodelo»- con un alto nivel de autonomía política, judicial, económica y administrativa,
condición que impactará de manera negativa los principales bienes naturales del país.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021
PORQUE CENTRO AMERICA NO SE VENDE, CENTRO AMERICA LUCHA Y SE
DEFIENDE
NO A LAS ZEDE

Honduras

LA MINERÍA DEGRADA EL TEJIDO SOCIAL EN HONDURAS Y UN ENTE PIDE UNA MORATORIA DE LA ACTIVIDAD

25/09/2021
Tegucigalpa, 23 sep (EFE).- La minería tiene un “impacto nocivo” en Honduras, donde en ocasiones suele “degradar” el tejido social en las comunidades y causar conflictos violentos, por lo que el Estado debe dictar una moratoria de esta actividad.
Fuente: HolaNews
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado) publicó “Territorios en Riesgo”, un estudio en el que expone que la actividad minera puede tener un “impacto nocivo” al desbloquear la tierra y los recursos a través de la construcción de infraestructura, remover grandes cantidades de suelo y piedra.

Las actividades mineras también suelen “degradar el tejido social en las comunidades cercanas y causar conflictos que frecuentemente se vuelven violentos”, señala el Fosdeh.

Emma Velásquez, una investigadora del Fosdeh, dijo este jueves a Efe que la minería tiene también un “impacto ambiental” por la contaminación de suelos y aguas con químicos como el cianuro o ácido sulfúrico.

Señaló que el impacto “grave” que tiene esta actividad en la salud de las personas y la biodiversidad del país centroamericano, donde hay 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas.

“El Estado de Honduras debe parar y hacer una moratoria minera, y revisar todos los proyectos, para ver cómo efectivamente se reduce donde es necesario, no podemos decir que todos los proyectos”, subrayó la investigadora.

Agregó que los proyectos de minería en sí no generan conflictividad, pero sí la forma en que son ejecutados, pues son “el caldo perfecto para acumular energías confrontativas que terminan en fuertes conflictos”.

Los conflictos implican “pérdidas financieras y humanas, criminalización, estigmatización de defensores, esto está a la orden del día en el país”, señaló Velásquez.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

El estudio destaca que los incentivos otorgados por el Gobierno han funcionado para atraer empresas, pero el aporte de la minería a las economías locales “ha sido mínimo”.

La Ley General de Minería, aprobada en 2013, señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios, añade.

El número de concesiones mineras en áreas protegidas disminuyó de 57 en 2018 a 42 en 2021 debido a la depuración del catastro minero, señala el documento.

“La persistencia de superposiciones representan una debilidad institucional en la protección de las fuentes de agua, por lo que el Gobierno debería eliminar toda posibilidad de realizar cualquier actividad minera sobre las microcuencas que abastecen los sistemas de agua potable”, destaca.

ESTRATEGIA HA FRACASADO

Los incentivos otorgados a las actividades mineras no contribuyen al desarrollo de Honduras, pues su aporte al producto interno bruto (PIB) “es mínima” y su contribución a la generación de empleo es menos del 1 %, señaló la experta del Fosdeh.

“La estrategia de privilegio fiscal como un estímulo para la inversión no es favorable para el país (…) eso no está dando resultado porque la inversión extranjera está disminuyendo, el estímulo fiscal se convierte hoy por hoy en una deuda importante del Estado de Honduras”, explicó.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), citados en el informe, en el período 2017-2019 la minería aportó entre el 0,15 % y el 0,34 % de los empleos en Honduras, donde el 7 % de los trabajadores en esta actividad son mujeres.

El Fosdeh recomienda asegurar que todos los proyectos cumplan con la normativa nacional e internacional, respeten el derecho de las comunidades rurales y los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informada.

Insta a las autoridades a “suspender y prohibir” los proyectos en las microcuencas y áreas protegidas, para proteger los derechos ambientales y que el Estado garantice que las empresas realicen la “reparación del daño y aseguren su no repetición”.

La minería degrada el tejido social en Honduras y un ente pide una moratoria de la actividad

Honduras

El conflicto minero en Honduras que tiene atrás a Trump

© Foto : Pixabay / Jan-Mallander
24.11.2020
Hasta ahora estaba escondida la conexión entre el presidente de Estados Unidos y el conflicto socioambiental por la mina de Inversiones Los Pinares, en un parque nacional de Honduras, y su violenta represión empresarial y estatal. Gracias a una investigación periodística, salió a la luz. Te contamos de qué trata.

En Guapinol, noreste de Honduras, los habitantes resisten a la explotación de óxido de hierro. La mina Los Pinares está dentro de un parque natural, y ellos lo defienden. Ha sido una resistencia violenta: han habido muertos, heridos y varios encarcelados.

Ahora una alianza periodística transfronteriza reveló que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, no solo fue la «poderosa socia tras bambalinas» del proyecto minero hondureño, sino también fue uno de los importantes donantes a la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020.

Y el vínculo no termina en dinero. A lo largo de su mandato presidencial, Trump realizó reformas que terminaron favoreciendo a la empresa, según cita la investigación al diario The New York Times. «Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria», se lee en el texto.
¿Cómo puede una mina instalarse en una reserva ambiental?

La mina de Inversiones Los Pinares está en un área que hasta diciembre de 2013 era parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Allí nacen 34 ríos que riegan toda la región, señala la investigación. Los periodistas se preguntan cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable. La respuesta requiere un repaso cronológico:

En octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96.724 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro.
En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la «zona de amortiguamiento», donde la ley hondureña sí permite actividades mineras, como la no metálica, entre las que está la extracción de óxido de hierro.
La medida del Congreso fue inicialmente cuestionada por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF determinó que no era factible el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras. Advirtió que su impacto sobre flora y fauna sería severo.
Poco después la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. Las concesiones ASP y ASP2 (solicitadas anteriormente por Emco Mining / Inversiones Los Pinares) delimitaron más de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.
Por este tipo de concesión minera, la empresa pagaría anualmente el equivalente a 50 centavos de dólar por hectárea para explorar, y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral.

«Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina», señalan los autores del reportaje.

Adicionalmente, ambas concesiones tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2,5% sobre el valor exportado o en planta, según sea el caso.

¿Cómo se desarrolla el conflicto ambiental?

Cuando la gente del pueblo de Guapinol se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. De acuerdo al reportaje, ellos temían que las minas les afectaran los ríos que los surten, y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, según la investigación periodística, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.

«Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo».

Según dijo a la alianza Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».

El dueño de la minera, Lenir Pérez, «ve las cosas de otra manera». Según dijo a la alianza, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a 1.000 personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto.

A finales de 2018 comenzó la represión empresarial y estatal grave. Según la alianza:

En septiembre varios pobladores resultaron golpeados y una persona herida de bala tras el bloqueo de una calle y el intento del personal de la mina por despejarla.
A fines de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento que habían armado en la calle. Los enfrentamientos continuaron varios días hasta que dos militares murieron por fuego cruzado.

No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con los altercados.

Los conflictos continuaron en 2019. Ese año la Fiscalía acusó a decenas de ambientalistas por usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. Según la alianza, la acusación fue basada en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado.

Sin embargo, hay varias «incongruencias» en las acusaciones. Por ejemplo, la alianza refiere al caso de uno de los acusados, Juan López, que no había estado en uno de los altercados porque ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Además, señala que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.

Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.

Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente (Honduras) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), dos de las organizaciones que junto a Univisión Investiga (Estados Unidos) conforman la alianza.
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202011241093611387-el-conflicto-minero-en-honduras-que-tiene-atras-a-trump/

Honduras

La conexión escondida de una siderúrgica de EEUU con la polémica mina de Los Pinares en Honduras

Univision Investiga
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten en contra de que se explote óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
*Colaboraron con este artículo Gerardo Reyes, director de Univision Investiga y María Teresa Ronderos, directora de CLIP.
Por: Jennifer ÁvilayDanielle Mackey
09/11/2020
Ilustración de Miguel Méndez
Discretamente y sin anuncios públicos la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en una mina en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.

Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.

Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado anteriormente, en 2015, la totalidad de las acciones a esas sociedades de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.

Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera que le otorgó el Estado de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.

Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de la alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones del por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
Instalaciones de Nucor en Estados Unidos Crédito: Cortesía Nucor

La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.

«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».

La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».

Proyecto minero Los Pinares, panorámica grabada en octubre de 2020. Crédito: Cortesía Lenin Pérez

Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech, consultados por esta colaboración periodística en Guatemala, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra una compra de acciones en 2019. El único cambio significativo reciente que registró fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar.
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a la alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.


Nucor Steel en Berkeley, California. Crédito: Foto tomada de la sección de medios de Nucor Corporation.

La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.


Distintas organizaciones acompañan al Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que dirigía Berta Cáceres al ser asesinada. En una marcha de antorchas exigieron justicia por el asesinato de la ambientalista, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Crédito: Martín Cálix/ Contracorriente

El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
La movida legal

La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.

¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?

El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).

Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de «amortiguamiento», donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.

En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales, podrían verse afectados por la mina.

A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental fue después cuestionado por una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.

Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de «replantear» el área del parque nacional.

«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio», agregó el empresario.

Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.


La minera sostiene que la construcción de esta carretera beneficia a los pobladores. Crédito: Cortesía Lenin Pérez

Por este tipo de concesión minera, según el artículo 56 de la nueva ley minera de 2013, las empresas deberán pagar el equivalente a cincuenta centavos de dólar por hectárea por año para explorar y dos dólares por hectárea por año por explotar el mineral. Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares al año cuando comience a explotar su mina. Por ser más grande su concesión, el canon de La Victoria -cuya concesión va hasta 2023- será un poco mayor: unos 500 dólares anuales. Adicionalmente, las dos tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2.5% sobre el valor exportado (FOB) o en planta, según sea el caso.

El hierro y la resistencia

Además de la rápida reducción del área protegida del parque natural que permitió la explotación del mineral, detrás de estas concesiones hay varios conflictos socio-ambientales. En 2016, cuando la Minera La Victoria empezó su proyecto exploratorio en Atlántida, las comunidades vecinas salieron a protestar por los daños que, según ellos, esta mina causaría y la empresa paró el desarrollo del proyecto hasta la actualidad.

Ese mismo año, el conflicto se mudó a Tocoa en el departamento de Colón, donde según la base de datos de Ingeomin, el Estado había otorgado 39 licencias de minería entre 2015 y 2020. De estas sólo hay actualmente ocho activas y las 31 restantes caducaron. Cuando la gente del pueblo de Guapinol, en ese municipio, se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. Temían que las minas les afectaran los ríos que los surten y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.

Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.

Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo.


Campamento Guapinol 2018. Crédito: Fernando Silva/ Contracorriente

Según Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque “es la vida (…) aquí, en estas tierras, han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida”.

El dueño de la minera, Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de “socialización del proyecto’’ a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.


Foto de escuelas. Estas son dos de las cuatro escuelas que Pérez dice que su empresa construyó en la zona a un promedio de 50,000 dólares cada una. Crédito: Cortesía Lenir Pérez

Según datos de Inversiones Ecotek, la dueña de la peletizadora, el 79 por ciento de las comunidades vecinas que consultó “están de acuerdo y ven de manera favorable el proyecto, mientras un 7 por ciento no está de acuerdo y un 14 por ciento le es indiferente la presencia de este proyecto en la zona.

Pérez dice que es perseguido por organizaciones de izquierda que llevan a los visitantes a la zona “y ponen a las señoras a llorar’’ para hacer publicidad en su contra. “Somos víctimas de una historia que no existe’’, afirmó.

Por su parte, la empresa estadounidense dijo que “aunque salieron de la inversión, Nucor está convencido de que el proyecto ofrecerá una oportunidad a la población de Honduras para conseguir trabajos significativos de largo plazo y alta calidad bajo condiciones social y ambientalmente responsables”.
Disturbios y acusaciones

El bloqueo a una calle y el intento del personal de la mina por despejarlo causó una primera confrontación entre cientos de pobladores y la empresa el 7 de septiembre de 2018. Varios pobladores salieron golpeados y una persona fue herida de bala. Según el expediente judicial del caso, los manifestantes retuvieron entre tres y cinco horas a Santos Corea, jefe de seguridad de la minera, mientras quemaban un contenedor y destruían un vehículo. El 27 de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento de la carretera. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad continuaron los días siguientes, y el 29 de octubre dos militares murieron por fuego cruzado. No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con el altercado del 7 de septiembre. Entre los acusados se encontraban cuatro delegados de la parroquia católica de Tocoa y un empleado de la Fundación San Alonso.

En 2019, doce de los ambientalistas demandados se presentaron voluntariamente ante las autoridades para afrontar cargos de usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. La Fiscalía basó su acusación en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado. Según la Fiscalía, la Policía informó que una organización delictiva a la que llamó “Los Antimineros” planeó esas acciones.

Los líderes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que han sido los más expuestos en este proceso, señalan incongruencias en la demanda de la empresa. Por ejemplo, uno de los acusados, Juan López, no había estado en el altercado del 7 de septiembre pues ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Asimismo, dicen los líderes que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.

«Podemos ver claramente requerimientos contra personas que no estaban en el lugar, otra persona que había fallecido antes de este conflicto, otras que nunca participaron en la protesta ciudadana», dice Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez, quien también está en el Comité Municipal. Dijo además Esquivel que «no ha habido respuesta alguna a las decenas de denuncias ciudadanas por posible corrupción en el otorgamiento de las concesiones».

Al respecto, Lenir Pérez sostuvo que la identificación de los acusados y sus acciones es responsabilidad de la Fiscalía que es la parte acusadora.


Carmen lava el uniforme del equipo de fútbol femenino de la comunidad de Guapinol mientras la menor de sus hijas juega a un lado de ella, dentro del río. Esta mujer estuvo en la resistencia al proyecto minero y su esposo migró hacia Estados Unidos cuando estalló el conflicto. Crédito: Martín Cálix/ Contracorriente.

Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.

El empresario Pérez dijo en la entrevista que garantiza que no ha habido agresión alguna del lado de su empresa “pongo carta abierta para que destruya mi nombre, si le miento”, dijo. Aseguró que Morazán Erazo había comenzado a trabajar en proyectos de beneficio comunitario que la empresa estaba entregando en Guapinol y que estaba organizando un plan para sacar a los actuales líderes del patronato (organización comunitaria). Pérez sostiene que han sido asesinados nueve empleados y colaboradores de la minera.

Las peores amenazas de seguridad, agregó el empresario, se enfilaron contra los defensores del proyecto y asegura que fueron orquestadas por sacerdotes jesuitas, la Fundación San Alonso, y todo su engranaje. “Yo cierro la mina y sigo con mis negocios”, dijo Pérez, “pero ellos pierden la oportunidad de desarrollarse y no es una sola persona sino todo mundo”. Por eso, dijo, salió Nucor, y Honduras perdió una gran oportunidad de inversión.
«Patrón de violencia»

Después de haber estudiado el trasfondo jurídico del conflicto, la Clínica jurídica de derechos humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, publicó un informe en el que pidió la liberación de los ambientalistas encarcelados.

«Esta causa (la que lleva el Estado contra los manifestantes) sigue un patrón de violencia, acoso e intimidación hacia los defensores de los derechos humanos en Honduras», dice su informe publicado el 31 de agosto de 2020. Más adelante sostiene que la criminalización de los líderes comunitarios “ilustra la tendencia del gobierno a favorecer los intereses económicos por encima de los derechos humanos y su voluntad de atacar la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica de los ciudadanos».

Los académicos concluyeron que la actuación del gobierno de Honduras incluye medidas “potencialmente ilegales” porque, como explicaron, podría estar violando la legislación internacional de Derechos Civiles que garantiza el derecho de apelar una detención. Además, cuestionaron que el Estado esté aplicando leyes que usa para desarticular al crimen organizado como herramienta para enfrentar la legítima protesta ciudadana.

Pérez, quien está en el centro de la atención en Honduras en los últimos meses por haberse ganado el contrato de construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar estadounidense Palmerola, asegura que él sólo pidió que procesaran a quienes asaltaron y quemaron las propiedades de la mina.

«Si yo voy a quemar su casa, secuestro a su familia, eso es un delito», dijo Pérez.

Ana Isabel Facussé, su esposa y su socia en todas sus empresas, es hija del fallecido Miguel Facussé, prominente empresario de la palma africana, descrito en un obituario publicado en Los Angeles Times como un «despiadado magnate hondureño».

Los activistas que se oponen a la minería en el parque nacional se basan además en los estudios que han hecho las autoridades hondureñas sobre el daño que la minería puede causar a esta zona protegida. El Plan de Manejo aprobado por el ICF destaca la riqueza de biodiversidad del parque y cómo ésta ha sido afectada por actividades como la exploración para la minería, la agricultura extensiva y la presencia de grupos criminales que han utilizado esta zona para la ganadería y cultivos ilegales.

«La actividad minera como tal no es mala, sino la intensidad con que se realice y si se hace en zonas frágiles como en un área protegida o en una zona núcleo, sí es mala aun si la intensidad es baja», dijo un experto que trabajó en el departamento de Vida Silvestre del ICF, el mismo que en 2014 había declarado no factible el proyecto minero en zona protegida. «Lo que se ventiló en el Congreso de reducir el parque o cerrar la zona núcleo no era lo más prudente porque estamos disminuyendo las zonas de conservación».


Defensores del río Guapinol. Crédito: Martín Cálix/ Contracorriente

Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta ajustando al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente y CLIP.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos fue honrado en 2019 con el prestigioso premio Letelier-Moffitt Human Rights Award en Washington, DC. También quedaron finalistas este año del Premio Sakharov a la Libertad de Pensamiento, que el Parlamento Europeo le ha otorgado a Nelson Mandela y Malala Yousafzai, entre otras figuras pacifistas.

Un grupo de 39 parlamentarios del Parlamento Europeo envió una carta protestando por la detención preventiva de varios líderes de Guapinol. «Ahora los defensores de derechos humanos han pasado más de un año en prisión preventiva sin ninguna justificación legal sólida y la criminalización con la cual se enfrentan ellos y sus comunidades se ha incrementado», dijeron los parlamentarios. Altos funcionarios de la OEA y la ONU hicieron eco de la misma preocupación.

«Creo que es fundamental que la gente se cuestione por qué hay ocho personas todavía en la cárcel por defender un derecho tan fundamental como el derecho al agua», dice el eurodiputado español Miguel Urbán Crespo, quien forma parte de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.


Lenir Pérez, derecha, dueno de la minera Los Pinares, sostiene que la trocha construida por su empresa trajo progreso y bienestar a los habitantes de la zona. Crédito: Cortesía Lenir Pérez

El empresario Lenir Pérez, ante las preocupaciones internacionales, dice que el problema es que hay una estructura montada con una capacidad grande de convencer al padrinazgo internacional de toda «una película» que no es verdad.

«Con esta estructura, todo mundo necesita una historia, con la historia crecen su perfil de ONG, vienen a Estados Unidos a dictar conferencias, reciben premios en Europa, ellos están felices por los presos porque lo que les interesa es el lío», agregó Pérez, quien aseguró que ha intentado establecer comunicación con líderes comunitarios pero que se han negado.

Consultados tres dirigentes comunitarios al respecto, dijeron que no han recibido una propuesta formal de la empresa para una negociación. Una de ellas, cuyo nombre no revelamos por seguridad, dijo que sólo recibió una visita de un señor de parte de Lenir Pérez que no trabaja con la empresa, «básicamente llegó a intimidarme». Otros dijeron que la Secretaría de Mi ambiente intentó reunirlos para que negociaran con la empresa, «que aprovecharan». Pero que finalmente no lo hicieron «porque [negociar] les corresponde a las comunidades víctimas».
Nucor y Trump

En 2014, John Ferriola –el entonces CEO de Nucor– le dijo a Time Magazine que Honduras podría ser central en la estrategia de Nucorde revivir la industria del acero en Estados Unidos. Nucor produciría la peletización que, combinada con acero reciclado, mejoraría la calidad del producto y reduciría costos. Con esto, la empresa comenzaría a expandir sus operaciones de peletizado en Latinoamérica. “Cuando ves toda el área, dices ‘Oye, si alguien tiene sitio allí, allá, aquí y allá, capta el mercado’», dijo Ferriola.

A pesar de los anuncios, cuando Nucor realizó inversiones en Honduras en la explotación de la minería de hierro o en la producción de acero, no lo hizo a la luz del día, sino que, subsidiarias suyas (Nucor South America y Nucor Trading) se asociaron con holdings de hondureños creados en un paraíso fiscal como Panamá.

Nucor destacó que su inversión en NE Holdings fue consistente con su compromiso de “llevar sus negocios con los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental”. Además, dijo que le piden a sus proveedores y socios que mantengan estos estándares, según los expresan varios códigos.


El presidente Donald Trump en una reunión con directivos de empresas de aluminio y acero en la Casa Blanca en marzo de 2018. A su izquierda, John Ferriola, entonces CEO de Nucor. Crédito: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Nucor fue un importante donante de la campaña del presidente Donald Trump en 2016 y en 2020; por ejemplo, para las elecciones que el candidato republicano acaba de perder, un comité de acción política (PAC) asociado a la empresa donó el máximo permitido de 10 mil dólares al entonces candidato republicano, según develó Quartz. Luego, reformas del gobierno Trump para beneficiar al sector , terminaron favoreciendo a la empresa, según una investigación del New York Times. Una de las más significativas ventajas que le dio fue arancelaria y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria.

Además, Nucor aportó un millón de dólares para la realización del documental «Muerte a manos de China» de Peter Navarro, un economista que fue el principal asesor de Trump en temas de comercio, según The New York Times. El documental argumenta que China, un gran productor de acero, es una amenaza al poder económico estadounidense.

En agosto de 2017, después de que Trump se rehusara a condenar a los supremacistas blancos involucrados en una protesta en Charlottesville que dejó a una mujer muerta y a varios heridos, 11 de los 28 altos ejecutivos que integraban el Consejo de Manufactura Estadounidense renunciaron en protesta. El representante de Nucor, que forma parte de este consejo, fue uno de los que no renunció ni denunció el racismo del presidente.

«Nucor se ha beneficiado de una relación muy cercana con la Casa Blanca de Trump», dice Leonardo Valenzuela Pérez, investigador de la organización de derechos humanos Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) en Boston. «Esta administración ha favorecido medidas comerciales proteccionistas que benefician directamente a Nucor y ha denunciado las prácticas de rivales comerciales como China. Mientras tanto, Nucor parece estar hipócritamente escondiendo sus negocios fuera del país, impactando negativamente a comunidades rurales y su medioambiente».

La situación es particularmente irónica dada la obsesión de la administración de Trump por detener a los migrantes que vienen desde Centroamérica. «La imposición brutal de proyectos mineros y de generación eléctrica durante la última década ha seguido una lógica de silenciamiento de cualquier oposición, que ha incluido asesinatos y expulsión, forzando a muchas personas a migrar a los Estados Unidos», añadió Valenzuela.


En el punto fronterizo de Corinto, del lado guatemalteco, una joven llora, pidiendo se les permita ingresar a Guatemala junto a un grupo rezagado de la caravana de migrantes que salió en plena pandemia de Honduras hacia Estados Unidos. En Guatemala la caravana se disolvió. Puerto Barrios, Guatemala, 1 de octubre de 2020. Crédito: Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

En entrevista con esta colaboración, el congresista Hank Johnson, un demócrata de Georgia que ha seguido el caso de Honduras de cerca, dijo que con frecuencia las comunidades indígenas rurales y la gente pobre centroamericana sufre por estas prácticas de las empresas (refiriéndose al daño ambiental y la represión a la protesta social).

«Son forzados a dejar su tierra por estas empresas y a emprender el peregrinaje a América», explicó, y al llegar, dice el congresista, «son canalizados hacia un sistema de detención privada con ánimo de lucro».

A lo largo de 2018, el proyecto de la planta de peletización obtuvo una licencia ambiental operativa provisional pues se consideró que la socialización del proyecto con las comunidades de influencia directa aún no estaba completa, como lo exige la norma, según consta en el expediente de licencia ambiental de Ecotek. La población de Tocoa, la ciudad más grande cerca a Guapinol y demás poblaciones involucradas en el conflicto, le pidieron a la Alcaldía que declarara el municipio libre de minería y las autoridades lo aprobaron. Aun así, las construcciones no se han detenido. Pérez dijo que en 12 meses planean empezar la operación de la mina.


Berta Cáceres Crédito: Goldman Environmental Prize

En septiembre de 2020, los asistentes del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos sostuvieron una reunión confidencial con tres defensores de derechos humanos hondureños, incluyendo a Juan López, como representante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, para conocer la situación de Guapinol. López fue uno del grupo contra quienes hay cargos por las protestas contra la mina, que en 2019, se presentó voluntariamente ante la justicia hondureña.

El congresista Johnson, aseguró que es importante entender el involucramiento de una gran empresa estadounidense en un negocio problemático en Honduras dentro del contexto de una relación muy cercana entre el presidente Trump y el muy cuestionado gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Explicó que el mandatario hondureño está bajo investigación en Estados Unidos, luego de que una Corte Federal condenara a su hermano por tráfico de drogas en 2019. «Esto apunta a la depravación moral de la administración Trump que ha sellado una sociedad con este narco-estado corrupto», dijo el congresista. «La corrupción está en ambos lados».

Actualmente Honduras no tiene embajador estadounidense, pero el embajador James Nealon que estaba cuando la Corporación Nucor hizo la inversión en el proyecto, dijo a Univision Investiga que no había tenido conocimiento de dicho negocio, ni de visitas de los empresarios al país.

Cuando en 2019, Juan López aceptó el premio Letelier-Moffitt en Washington a nombre de sus colegas recordó las palabras pronunciadas por la ambientalista Berta Cáceres cuando en 2015 ella había recibido el premio Goldman ambiental: «Despertemos humanidad, ya no hay tiempo».

Diseño de Miguel Méndez

* Esta investigación fue realizada por una colaboración periodística entre Contracorriente (Honduras), Univision Investiga (Estados Unidos) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Fue además apoyada por la Beca Adelante de la International Women’s Media Foundation (IWMF). El Investigative Dashboard de OCCRP y Finance Uncovered contribuyeron asimismo con averiguaciones puntuales sobre el caso.

https://www.univision.com/noticias/america-latina/la-conexion-escondida-de-una-siderurgica-de-eeuu-con-la-polemica-mina-de-los-pinares-en-honduras

Honduras

Presentan Amparo a favor de ambientalistas de Guapinol criminalizados

12/10/2020
Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos y de los ambientalistas que han sido criminalizados por defender el río Guapinol, presentaron un recurso de amparo a fin de evitar la cárcel a Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.

Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

“La acción legal responde a las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional tomada en marzo, pero no notificada hasta en agosto de 2020 en donde se vulnera el derecho al debido proceso, a la asociación y reunión pacifica, un fallo revocó arbitrariamente sobreseimiento definitivo de cinco, altamente reconocidos defensores inicialmente otorgado en marzo de 2019”, recordó la defensa de los ambientalistas en la lectura del comunicado frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, siguió en la lectura, “la Corte revocó el auto formal procesamiento para ocho defensores encarcelados, sin fundamento razonable, mientras la criminalización continua contra los defensores del agua de Guapinol, las campañas de difamación han resurgido poniendo en peligro las vidas de los defensores y de su familia”.

Además de los dos fallos de la Corte de Apelaciones que se apelaron hoy, la Sala de lo Constitucional admitió un amparo en septiembre contra otro fallo de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de la medida cautelar de prisión preventiva que había sido copiada y pegada de un fallo completamente diferente, denunciaron como parte de las irregularidades en el proceso judicial que siguen las víctimas del sistema de justicia.

PERSEGUIDOS, ESPERAN PREMIO Y HAY INFORME INTERNACIONAL REVELADOR

A opinión de la defensa de los ambientalistas acusados, con estas acciones antes descritas, el sistema de justicia muestra una vez más, la naturaleza imprudente y arbitraria de las decisiones y procedimientos de los tribunales en este caso en donde la Sala de lo Constitucional, no ha admitido aún su sentencia final.

En ese contexto, con los amparos presentados se solicita que las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional, sean dejada sin efecto y que se garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos, la CSJ debe responder a la acción judicial en 48 horas.

Mientras eso acontece en el país con los protectores del medio ambiente, el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo propuso a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

En Septiembre, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el reporte denominado “Guapinol Resiste” en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
https://criterio.hn/presentan-amparo-a-favor-de-ambientalistas-de-guapinol-criminalizados/

Honduras

Informe sobre Guapinol basta para que Honduras actúe contra empresa de Lenir Pérez

14/09/2020
Por: Redacción CRITERIO.HN
redacció[email protected]
El Progreso, Yoro.- El informe internacional «Guapinol Resiste» en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo este lunes a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.

Joaquín Mejía, experto en derechos humanos

En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.

A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.

La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el pasado sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

“Este es un informe sumamente importante, ya que es realizado por una delegación internacional experta en el tema, que visitaron el país, que nadie les contó el cuento, estuvieron in situ y desde sus capacidades académicas elaboraron este informe con una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a varios sectores, principalmente al Gobierno de Honduras y a otras instituciones”, explica el Dr. Mejía Rivera.

El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violó, tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Nota relacionada Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.

“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.

Agrega que la gente se ha dado cuenta, no solamente la gente en Honduras sino a nivel internacional, de que el caso de Guapinol es el reflejo de la justicia selectiva que criminaliza y utiliza de manera selectiva el derecho penal, la parte operativa del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero por otro lado una justicia que actúa de manera tardía con empresas vinculadas a este poder político.

“Por eso es la reacción de solidaridad de diferentes sectores. Incluso de representantes en el Congreso y Senado de EE. UU. Porque en ese caso específico es la justicia selectiva y estamos viendo en bandeja de plata la criminalización. Recordemos que a través de ataques pudieron provocar la muerte de Berta Cáceres, Blanca Kawas, Margarita Murillo, entre otros”, concluyó el defensor de derechos humanos.

El informe Guapinol Resiste fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.

Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.

Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

Guapinol Resiste

Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
https://criterio.hn/informe-sobre-guapinol-basta-para-que-honduras-actue-contra-empresa-de-lenir-perez/

Honduras

Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos

12/09/2020
Por: Redacción CRITERIO.HN
[email protected]
El Progreso, Yoro.- La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó este sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

El informe fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.

Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

La presentación del informe se hizo en modalidad virtual a través de la página de Facebook de Radio Progreso, durante la presentación virtual, el único de los autores del informe que estuvo presente fue Ainhoa Montoya, investigadora de Shool of Advanced Studies de la Universidad de Londres, Reino Unido.

Ainhoa Montoya dijo durante la presentación que “el informe que presentamos hoy es el resultado de la delegación internacional que organizó la Alianza Centroamericana contra la Minería sobre las actividades de la empresa Inversiones los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, a quien otras investigaciones han vinculado con el narcotráfico”.

Montoya revela que fueron invitados a participar cuatro profesores de Canadá, EE. UU, Reino Unido y una voluntaria de Derechos Humanos canadiense, después se dedicó a la recopilación de documentación y testimonios.

“Recomendamos a la comunidad internacional para que presione al gobierno hondureño para que permita una consulta libre, previa e informada”, dice Montoya.

Ainhoa Montoya fue acompañada por Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, el abogado Edy Tábora, defensor de derechos humanos, Louse Casselamn quien es representante de Common Frontiers, Fondo de Justicia Social, Public Service Alliance of Canada, así como Manuel Pérez Rocha, director del proyecto Comercio y Minería, Instituto de Estudios Políticos e IPS en Washington, DC.

En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.

Vigilancia de redes sociales

El abogado Edy Tábora dijo que en el informe quedó demostrado que estos proyectos representan a concesiones que se han hecho de formas ilegales, mediante procesos que para criminalizar a los defensores han utilizado pruebas falsas, mecanismos contrarios a la Constitución de la República.

“Hemos logrado sistematizar todos los ataques y presentar todas las denuncias respectivas contra el derecho de asociación y la libertad de expresión”, explica el abogado Tábora.

También se denunció que los gobiernos de la región han utilizado la Covid-19 para criminalizar la lucha, suspender selectivamente los derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo se expone que se intensificó el andamiaje institucional que facilita el despojo de los bienes comunes y se consolidó el modelo económico extractivista.

Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.

Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El informe advierte que la vida de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno sigue en riesgo y que los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Lea aquí el informe file:///C:/Users/User/Downloads/informe%20guapinol%20resiste.pdf

https://criterio.hn/informe-internacional-guapinol-resiste-verifica-violaciones-a-derechos-humanos/

Honduras

Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video

Damaris Torres
01/09/2020
La acción del ciudadano hondureño es considerada traición a la patria.
Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video
En el marco del Día de la Bandera Nacional, un guardia de seguridad privada de minería, la rompió a cuchilladas, en la aldea El Mochito en Las Vegas, Santa Bárbara, Occidente de Honduras.

El hecho se suscitó el 1 de septiembre, fecha en que se marca el inicio de las celebraciones patrias en Honduras.

Según información del corresponsal de HRN, Eduardo Cano, todo comenzó debido a una toma de calle en el sector en mención, el guardia de seguridad reaccionó molestó por la acción que ejecutaban los protestantes.

Ante el calor de la discusión, uno de los guardias de la seguridad le arrebató la Bandera a uno de los manifestantes y la rompió.

La acción del ciudadano hondureño es considerada como traición a la patria. Hasta el momento se desconoce el motivo de la protesta de los habitantes del sector de Las Vegas.
https://www.radiohrn.hn/guardia-de-compania-minera-arrebata-y-rompe-bandera-de-honduras-todo-quedo-registrado-en-video

Criminalización de la protesta, Honduras

Fallo de Corte de Apelaciones confirma a Honduras la deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo

COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”

Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:

Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.

Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.

Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.

También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:

La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.
Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.

Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.

#Guapinolresiste #libertadparaGuapinol #AmasrepresionMaslucha
MAS INFO:

Legal Defense: Honduran Courts Rule to Sustain Political Persecution in Guapinol Case
Comunicado Público – El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión públic nacional e internacional
La pandemia de la Covid-19 y el aumento de las industrias extractivas en los países de Centroamérica

Honduras

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ante la opinión pública, nacional e internacional,


DENUNCIA
La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades
indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones
sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los
defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
Abuso Policial y Militar contra las comunidades
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno
de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado
restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está
siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado
para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias
que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de
soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del
Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes
han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas
extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso
de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros
de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta
militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus
comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los
retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de
peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas,
desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona
norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La
Paz.
Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de
derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios,
organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos
Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales
de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial,
militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y
persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol
de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse
destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar
siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional
provocada por la pandemia COVID 19 .
División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las
comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores
de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a
la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es
la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual
está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye
sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás
organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio
de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la
vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos
Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición
de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para
quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que
solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una
permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la
institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades
en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos
Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis
en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y
protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente
a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.

Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020