Siete campesinos guatemaltecos demandaron civilmente en Vancouver Canadá a la empresa minera canadiense Tahoe Resources por los daños que sufrieron en abril de 2013 cuando agentes de seguridad de dicha empresa les dispararon en medio de protestas contra una de sus minas en Guatemala.
Luis Fernando García Monroy, uno de los demandantes, argumentó en la querella que «me dispararon en la cara a unos pocos metros de distancia y luego me dispararon dos veces más, y todo porque me quedé con mi hermano pequeño y mi padre delante de las puertas de la mina», dijo.
«He tenido múltiples cirugías, pero todavía tengo problemas para respirar, así no puedo trabajar y he perdido la capacidad de oler», agregó.
El Consejo Minero, gremio empresario del sector, manifestó que las centrales de Energía Renovable No Convencional ERNC están teniendo una importancia creciente, pero no resultan suficientes para satisfacer las necesidades de energía del país.
Mientras el bus subía por el profundo y serpenteante camino, empezaron a aparecer las señales con la promesa de nuestra llegada al pueblo mágico de Sierra Juárez de Oaxaca. Al mismo tiempo, al mirar las verdes montañas me preguntaba cuál era exactamente la magia de este pueblo.
Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500 empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la propia planta minera aún no está claro.
El día de ayer, miércoles 18 de junio, pobladores de la comunidad campesina de Huisa, en el distrito de Espinar, tenían previsto una reunión con el Gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Glencore – Xstrata, en el campamento minero de Antapaccay.
La ciudad de Potosí ingresó ayer en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco, debido a las operaciones de minería que podrían degradar el sitio, anunció la organización en Doha.
Más de 19.000 habitantes de los municipios de Vitichi y Caiza D, en la provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, enfrentan los riesgos de insalubridad por la contaminación de las aguas y los suelos de la región, según el reporte de Radio Aclo de Erbol.
Grupos ambientalistas anunciaron este lunes que solicitarán al gobierno que se instalará el próximo 1 de julio en Panamá que declare al país como libre de minería, mediante la revisión de leyes del sector.
Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.