Siete campesinos guatemaltecos demandaron civilmente en Vancouver Canadá a la empresa minera canadiense Tahoe Resources por los daños que sufrieron en abril de 2013 cuando agentes de seguridad de dicha empresa les dispararon en medio de protestas contra una de sus minas en Guatemala.
Luis Fernando García Monroy, uno de los demandantes, argumentó en la querella que «me dispararon en la cara a unos pocos metros de distancia y luego me dispararon dos veces más, y todo porque me quedé con mi hermano pequeño y mi padre delante de las puertas de la mina», dijo.
«He tenido múltiples cirugías, pero todavía tengo problemas para respirar, así no puedo trabajar y he perdido la capacidad de oler», agregó.
El 27 de abril de 2013 personeros de seguridad de la mina Mina San Rafael, propiedad de Tahoe Resources, dispararon contra manifestantes que protestaban por el proyecto minero El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa a 110 kilómetros al este de Guatemala.
El proyecto es considerado por la firma canadiense como uno de los yacimientos de plata más grande del mundo. Los habitantes de las comunidades del lugar se oponen a la mina por considerar que acabará con las fuentes de agua y que contaminará ese recurso.
Los demandantes culpan especialmente al peruano Alberto Rotondo, entonces gerente de seguridad de dicha minera, actualmente preso por este caso, de «haber tramado un plan para usar violencia contra los manifestantes» dice la demanda. En una grabación filtrada a la prensa, y que es parte del proceso judicial contra Rotondo, se escuchaba cuando este ordena disparar a los manifestantes.
«El caso está ante la Corte Suprema de la Columbia Británica porque Tahoe está incorporada en la provincia de la Columbia Británica, realiza negocios aquí y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. Tahoe debe rendir cuentas por los graves daños que ha causado a las víctimas», dijo en un comunicado de prensa Joe Fiorante, socio de Camp Fiorante Matthews Mogerman, bufete legal que representa a los campesinos.
Andres Dávila, vocero de la Mina San Rafael, dijo que por ser una demanda en los tribunales canadienses, personeros de la mina en Guatemala «no se pronunciará sobre dicho proceso».
Los problemas en la mina comenzaron en 2007 cuando el propietario de entonces, Goldcorp Inc. de Canadá, llegó a San Rafael con una licencia para explorar. En el 2010 la mina fue vendida a Tahoe Resources. El incidente más grave ocurrió el 11 de enero del 2013, cuando se produjo un tiroteo entre manifestantes y personal de seguridad de la mina que dejó un agricultor y dos guardias muertos y varios heridos. Dos meses después individuos armados secuestraron a cuatro miembros del parlamento xinca, que apoya las protestas contra la mina, en circunstancias confusas y uno apareció muerto.