El Salvador, Guatemala

3 millones de salvadoreños se verían afectados por la contaminación de la minería Cerro Blanco

Las organizaciones en pro del medio ambiente de Guatemala y El Salvador hacen un llamado a las autoridades para prestar atención al problema antes que sea más grave.
Jonatan Funes 23/04/2022
A la protesta asistió un buen número de habitantes del cantón Cuevitas y la zona fronteriza del lado de Guatemala, afectados por la contaminación. Foto: EDH/ Jonatan Funes
En el día de la tierra pobladores de la comunidad Cuevitas de Metapán, Asunción Mita de Guatemala y diferentes organizaciones en pro del medio ambiente, se manifestaron con un recorrido en lancha por las aguas del Lago de Güija como acto simbólico en resistencia al proyecto minero el Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
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Nely Rivera, miembro de la asociación ambientalista AMAES y del movimiento ECOFEMINISTA de El Salvador, dice que el lago es el primero que será afectado por la mina sí llega a explotar. “La mina va a afectar directamente al río Ostúa que es limítrofe entre Guatemala y El Salvador. Este río es el principal tributario del lago de Güija, toda la afectación de la mina del Cerro Blanco va a venir a dar a estas aguas”, comentó.
Vidalina Morales de Cabañas, representante de la mesa nacional de frente a la minería metálica estuvo presente en el evento.
Foto: EDH / Jonatan Funes

Con esta protesta pacífica quieren visibilizar dicha amenaza y piden que haya un diálogo entre los gobiernos de ambos países para que puedan detener la mina. Hacen el llamado a cancillería, gobierno central y a las autoridades del medio ambiente para que pongan atención sobre la gravedad del problema.

“A mediano o largo plazo vamos a vernos afectados más de 3 millones de salvadoreños que nos abastecemos del río Lempa”, enfatizó Rivera.
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Hicieron un llamado a la población de El Salvador y Guatemala para exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el rio Ostúa tributario del lago de Güija y el rio Lempa.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tres-millones-salvadorenos-afectados-mineria-cerro-blanco/949331/2022/

Guatemala

El juego sucio de Solway:

.. documentos internos revelan las estrategias sofisticadas de una minera de níquel para comprar favores en Guatemala
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06/03/2022
Créditos: Habitantes de la comunidad de las Nubes en diciembre de 2021. (Crédito: SVT)
Planes para incendiar cultivos de subsistencia, depósitos para “comprar” líderes locales, y envíos de dinero a la Policía Nacional… El grupo minero Solway, que controla la mina Fénix en El Estor, Guatemala, no ha escatimado sus recursos financieros y políticos para influir en la toma de decisiones en el país. Una filtración masiva de datos, a la que Forbidden Stories tuvo acceso y fue compartida con 65 periodistas en el mundo, ofrece una mirada sin precedentes sobre la manera de operar de esta turbia transnacional.

Este trabajo forma parte del proyecto Mining Secrets –publicado tres años después del proyecto Green Blood–, una colaboración global que da seguimiento al trabajo de periodistas amenazados por investigar delitos ambientales.

Por Phineas Rueckert y Paloma Dupont de Dinechin

Traducido por : Mathieu Tourlière

Fue el producto de varios meses de un diálogo intenso y de una votación muy anhelada: el 6 de enero de 2022, la mina de níquel Fénix en El Estor, en Guatemala, recibió del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la autorización para reanudar sus actividades de extracción. La mina había sido clausurada en febrero de 2021, un año y medio después que la justicia determinó que no había consultado a las comunidades locales sobre los impactos ambientales y sociales de sus actividades.

La reapertura de la mina derivó de una consulta entre el gobierno de Guatemala, líderes comunitarios de El Estor y representantes del Grupo Solway, un conglomerado con sede en Suiza, cuyo equipo directivo está integrado principalmente por hombres de negocios de Rusia y Estonia. En sus respectivos comunicados de prensa, Grupo Solway –que compró la mina en 2011 y la opera a través de sus filiales CGN y Pronico– y el gobierno ensalzaron la consulta como un proceso armonioso e inclusivo.

“Lo importante del proceso es que partió desde los altos liderazgos —de las comunidades— que contó con los insumos que se recogieron de los pobladores de las comunidades del área de influencia”, declaró Óscar Pérez, el viceministro de sustentabilidad en el MEM.

Pérez omitió el hecho de que, fuera de la luz pública, Solway había movido los hilos de la consulta. Desde octubre de 2020, un año antes del comienzo del proceso, las filiales de la empresa entregaron dinero, en plazos regulares, a los líderes comunitarios involucrados en la consulta; lo hicieron a través de una fundación llamada Raxché, cuyos recursos provienen casi exclusivamente de filiales de Solway, según datos bancarios revisados por Forbidden Stories.


Entre octubre de 2020 y enero de 2021, Raxché depositó 38 mil 500 quetzales mensuales
Un recibo del ANADE, que demuestra el pago de Raxche, casi integralmente financiada por las donaciones de las filiales de la mina CGN y Pronico. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.)

–alrededor de 5 mil dólares– a la Asociación Nacional para el Desarrollo Mutual (ANADE), para “reforzar” a uno de los dos consejos indígenas que votó a favor de la reapertura de la mina. En por lo menos dos ocasiones 10 mil quetzales (1.300 dólares) fueron canalizados como “apoyo económico” a cuatro integrantes del consejo, una suma importante en un país donde el salario mensual promedio vale 468 dólares.

“Algunos aquí son vendidos, más claro ni el agua”, dijo María Choc, una residente de El Estor, en entrevista con periodistas del consorcio encabezado por Forbidden Stories.

En una carta dirigida a Forbidden Stories, Solway negó cualquier irregularidad. “Solway Investment Group opera de manera totalmente alineada con las regulaciones nacionales e internacionales”, escribió su director general, Dan Bronstein. “Refutamos cualquier afirmación que se mencione sin base factual”, indicó.

Sin embargo, millones de documentos internos, que Forbidden Stories obtuvo y compartió con 20 medios internacionales en el marco del proyecto Mining Secret, confirman las sospechas que los residentes de El Estor tenían desde hace mucho tiempo sobre las verdaderas intenciones de la empresa.

Forbidden Stories y sus socios exhiben al reservado y poderoso conglomerado suizo-ruso Solway, y revelan los esfuerzos que este desplegó para manipular las comunidades locales durante las negociaciones de la consulta, que culminó con la aprobación de la reapertura de la mina en diciembre de 2021.

De la filtración, que incluye 470 buzones de correo electrónico (2 terabytes de datos) y 8 millones de documentos –como registros de envío e información financiera– brotan varios escándalos: daños ambientales, intrigas para “comprar” líderes comunitarios; pagos a policías y jueces; planes detallados para desplazar comunidades e imágenes que evidencian el espionaje a periodistas que investigaban sobre la mina.
Consulta a la venta

Situada en las montañas del noreste de Guatemala, El Estor colinda con una reserva natural –hogar de animales en peligro de extinción—y con el lago más extenso del país, el lago Izabal. Los indígenas maya Q’eqchi’ de la región han vivido históricamente del cultivo de cardamomo, maíz y frijol. Pero las comunidades que conforman El Estor están sentadas en un recurso mucho más codiciado: el níquel.

En 1960 arrancó el proyecto Fénix, que consistía en extraer y vender ese mineral de la región. Una vez procesado, el níquel puede encontrarse en todo tipo de objetos, desde mostradores de granito hasta rascacielos o monedas de dólares. En 2011, Solway adquirió la mina, la planta procesadora de níquel y la central eléctrica, e inició las operaciones en 2014. La empresa dice que Fénix genera cerca de 2 mil empleos, y que Solway invierte en “el desarrollo de infraestructura social en sus áreas de operación local en Guatemala”, justamente mediante empleos, programas de capacitación y otros proyectos.

Pero en 2017, la empresa se convirtió en el centro de una polémica nacional: pescadores locales acusaron a la mina de contaminar el lago Izabal y lanzaron protestas que fueron brutalmente reprimidas, causando la muerte de un pescador. En 2019, Forbidden Stories reportó, en el marco del proyecto Green Blood, que los periodistas del medio Prensa Comunitaria que cubrieron las protestas fueron amenazados y obligados a esconderse.

La comunidad obtuvo un triunfo en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó a la mina la suspensión de sus operaciones, que se hizo efectiva en febrero de 2021. Esa decisión obligó a la empresa y al gobierno guatemalteco a llevar a cabo un proceso de consulta con líderes locales para obtener su consentimiento antes de reiniciar sus actividades. Indígenas de la región sostienen que este proceso ha sido manipulado por la mina.

“No hay interés del gobierno en generar un diálogo real”, dijo Lucía Ixchíu, activista indígena y fundadora de Festivales Solidarios –un colectivo que protestó contra la mina– a Forbidden Stories en entrevista telefónica.

Miembros de la comunidad indígena afirman que cuatro de sus órganos ancestrales de decisión fueron excluidos del proceso de consulta.

En una carta de Pronico, una de sus filiales, la empresa argumentó que ello se debió al diseño de la consulta. “[La participación de los órganos ancestrales de decisión] fue rechazada para no dañar la integridad del proceso de consulta indígena establecido por la Corte Suprema”, escribió Marvin Méndez, el director administrativo de Pronico.
Los habitantes d’El Estor protestan contra la mina, en octubre 2021. (Créditos: Prensa Comunitaria)


En al menos un caso, Forbidden Stories pudo confirmar que una lideresa indígena fue expulsada de uno de los consejos después de rechazar dinero de la empresa.

En 2019, representantes de la empresa pidieron a Guadalupe Xol Quinich, una lideresa ancestral e integrante del consejo indígena de El Estor, que se sumara a un amicus curiae, una figura legal a través de la cual una persona ofrece información a una corte de manera voluntaria para ayudar en la resolución de un caso, sin estar directamente vinculada con este caso. Le ofrecieron 3 mil quetzales (cerca de 400 dólares) por su firma, dijo en entrevista. Como se negó a firmar, fue sustituida por otra persona en el consejo.

“Estamos muy divididos entre hermanos y hermanas de la comunidad”, dijo la mujer a un miembro del consorcio de Forbidden Stories.

De nuevo, los documentos filtrados confirman que la consulta no fue totalmente imparcial. Un documento previo a la consulta enumeraba estrategias que incluían, literalmente, la “compra de líderes” en dos barrios de El Estor. (Méndez afirmó, en una respuesta escrita a Forbidden Stories, que nunca se hicieron pagos a estos líderes.) En 2021, las filiales de Solway contemplaron intensificar sus donaciones a “actores clave y partes interesadas relacionadas con la consulta”.

“Es totalmente violatorio a los estándares internacionales sobre la consulta y al principio de buena fe”, dijo Quelvin Jiménez, abogado de Santa Rosa que defiende los derechos a la tierra para la comunidad Xinka en el suroeste de Guatemala. “La cooptación de líderes, las negociaciones paralelas o las negociaciones con ciertos grupos son contrarias a la buena fe y no deberían ser autorizadas por el Estado”, dijo a Forbidden Stores, citando un precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas tácticas no sonarán extrañas a los pescadores que integran la Asociación Bocas del Polochic: en un primer momento eran opositores de la mina, pero extrañamente se volvieron promotores de su reapertura e incluso protagonizaron un video promocional de la empresa.
Los habitantes d’El Estor protestan contra la mina, en octubre 2021. (Créditos: Prensa Comunitaria)


Documentos muestran la manera en la que Solway dio vuelta la postura de la asociación y la convirtió en amiga de la mina: “Realizar durante el primer trimestre de 2020 la donación de $34,000 para la compra de 10 equipos de pesca con la intención de mantener como aliados a los líderes y socios de la Asociación Bocas del Polochic”, recomienda un plan de trabajo de una de las filiales, elaborado en 2019.

“La empresa encontró oportunidades en la pobreza de la comunidad”, dijo Cristóbal Pop, un pescador de El Estor que vive ahora en la ciudad de Guatemala porque teme por su seguridad.
El plan de Solway: “trabajos ficticios”, “incendios de cultivos”, “rumores”

En Las Nubes, los rastros de la pobreza se pueden observar en todas partes.

Los integrantes de esta pequeña comunidad indígena, ubicada en los terrenos explotados por la mina Fénix y a cientos de metros de la planta procesadora de níquel, viven en casas con pisos de tierra y techos de lámina. Ante el deterioro de las condiciones ambientales, que afecta el cultivo del cardamomo y de los demás sembradíos, muchos habitantes tuvieron que enrolarse en trabajos manuales en la mina para sobrevivir.

Durante años, la presencia de esta comunidad representó un obstáculo mayor para las filiales de Solway, CGN y Pronico, pues se encuentra justo en su zona de operación. A partir de 2014, estas dos filiales locales elaboraron decenas de reportes sobre Las Nubes, en los cuales diseñaron tácticas cada vez más extremas para acceder a las tierras sobre las cuales están construidas las casas del pueblo.
Habitantes de Las Nubes lavando los platos. (Créditos: SVT)


Así como pareció hacerlo durante la consulta, Solway inundó la comunidad de Las Nubes con donaciones: en cuatro años, la empresa inyectó más de 200 mil dólares en Las Nubes a través de la fundación Raxché, que en 2019 y 2020 recibió casi todos sus fondos de las filiales de Solway, según un reporte interno.

Documentos muestran también cómo la empresa trató de ganarse un lugar en la comunidad de Las Nubes a cambio de favores: pintó la iglesia para “mejorar las relaciones con los líderes religiosos locales”, organizó un partido amistoso de fútbol para “ganar cercanía con líderes relevantes en la toma de decisión comunitaria”, y participó en una marcha del Día de la Madre para “evaluar el comportamiento del grupo”.

Otros donativos fueron entregados de manera más personalizada. En un documento de 2021 titulado “plan específico”, por ejemplo, la empresa planteó que ofrecería un trabajo al hijo de un líder comunitario y regalaría una sierra eléctrica a otro.

Un documento de 2016 sugiere que la empresa no se detuvo ahí, pues se propuso crear “empleos ficticios”, como señalizadores en carretera, y pagó “salarios apócrifos” a algunos pobladores. (En una respuesta por escrito a Forbidden Stories y sus socios, Méndez negó que la empresa pagara salarios ficticios; afirmó que “esa información no corresponde a la realidad”).

El objetivo de estas inversiones, según numerosos reportes reiterados por CGN y Pronico entre 2016 y 2019, era nítido: “Obtener la reubicación voluntaria de la población fuera de la zona de interés de la mina en el tiempo más breve posible”.

Pero los miembros de la comunidad se negaron a abandonar Las Nubes, reivindicando los vínculos ancestrales con su tierra.
Un plan de trabajo interno de Pronico, la filial de Solway, que propone estrategias para desplazar la comunidad de Las Nubes. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.)


Paolina Chetek, una residente de Las Nubes cuyos familiares trabajan en la mina y cuyo esposo recibió una oferta de dinero de la empresa para ceder su tierra, dijo a integrantes del consorcio de Forbidden Stories que no le importaron estas donaciones. “No queremos recibir dinero, porque el dinero es como el agua mineral: burbujas que se desvanecen”.

“Yo voy a resistir hasta el final, porque mis hijos no tienen otro lugar para crecer y para su vida futura”, añadió.
Paolina Chetek, habitante de Las Nubes. (Créditos : SVT)


Ante el fracaso de sus intentos por lograr una reubicación voluntaria, la empresa imaginó medidas más coercitivas, aunque no queda claro si echó a andar estos planes o no.

Un “plan de trabajo” de febrero de 2020 que pretendía lograr la reubicación de la comunidad Las Nubes incluyó ideas crueles, como despedir a trabajadores que se negaran a entregar sus tierras, o rociar cultivos de cardamomo con agroquímicos.

En un correo electrónico fechado el mismo mes, que el experto en relaciones comunitarias de las filiales locales envió al director administrativo Marvin Méndez bajo el encabezado “Propuesta Complementaria Las Nubes”, las proposiciones para desplazar a los pobladores de Las Nubes eran todavía más radicales: esparcir rumores sobre una epidemia de VIH entre los líderes comunitarios, pagar a delincuentes para que incendien cultivos de cardamomo o lanzar un rumor según el cual la casa de un líder comunitario era en realidad el fruto de un soborno.

Los autores del informe señalaron los “pros” y “contras” de cada estrategia planteada. En la parte que detallaba el plan de reclutar delincuentes para provocar incendios criminales, por ejemplo, estimaron como ventaja que el plan lograría “la destrucción de sus métodos de subsistencia”, pero anotaron en la columna de desventajas que los delincuentes podrían delatar quién los había reclutado. A pesar de su diversidad, todas las estrategias tenían un punto en común en su metodología: “pagar sobornos”.

Preguntado sobre estos métodos, Méndez –quien recibió el correo mencionado– reiteró que “esa información no corresponde a la realidad”.
Captura de pantalla de un documento interno titulado “Ideas Planes Las Nubes”. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.)


Más tarde ese año, sin embargo, la empresa pareció dar un giro estratégico. En lugar de buscar la reubicación voluntaria de la comunidad, CGN-Pronico empezó a comprar tierras individuales dentro de Las Nubes y explotarlas, según un informe.

En una parcela que adquirió, la empresa estimó la cantidad de níquel en 500 toneladas, con un valor final de 165 mil dólares.

“La empresa está lastimando a nuestra comunidad. Están dañando nuestro medio ambiente y nuestras culturas”, dijo Abelino Pantzir, poblador de Las Nubes y padre de ocho hijos. En una entrevista llevada a cabo en diciembre, afirmó: “cuando nos dan una pequeña oportunidad, la tomamos”.

En una entrevista realizada en El Estor con integrantes del consorcio de Forbidden Stories, un representante de una filial local de Solway indicó que nunca existió ningún plan para desplazar a la comunidad de Las Nubes.

“La empresa no planea reubicar a los residentes de Las Nubes”, coincidió Méndez. “La empresa invierte en Las Nubes y contribuye a su mayor prosperidad”, agregó.
Abelino Pantzir, un habitante de Las Nubes durante una entrevista en diciembre de 2021. Créditos: SVT
Jueces, políticos y policías en la nómina de la empresa


Enrique Xol tiene conocimiento de primera mano sobre los métodos de Solway. Xol, quien acepta hablar en público por primera vez sobre su experiencia con la empresa, es integrante de uno de los cuatro consejos ancestrales de El Estor y tiene una voz crítica hacia la mina.

En 2017 participó en una mesa de diálogo entre líderes comunitarios y la mina en el hotel Paraíso, ubicado a 20 kilómetros de El Estor. Xol narró a miembros del consorcio de Forbidden Stories que, después de la plática, el presidente de una de las filiales de Solway, Dmitry Kudryakov, se acercó a él, lo tomó aparte y, a través de un traductor, lo bombardeó de preguntas. “¿Qué quieres? ¿Quieres un proyecto? ¿Quieres algo?”, le preguntó el hombre, según recuerda Xol.

Para el líder comunitario, esta plática olía a sobornos. Rechazó los planteamientos.

Documentos y correos electrónicos internos a los que tuvo acceso Forbidden Stories sugieren que esta práctica pudo ocurrir a una escala mucho mayor.

En un intercambio de correos fechados en diciembre de 2016, directivos de la empresa elaboraron listas de “actores claves” para recibir un “potencial” regalo de Navidad. En los correos, se planteaba que los regalos se darían “como cortesías, como lo hacemos cada año”.

En una respuesta, el abogado de una de las filiales de Solway agregó un nombre particularmente interesante en la lista: “Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios”. Abajo, el abogado especificó que el destinatario sería el propio juez que en ese entonces encabezaba el tribunal: Edgar Aníbal Arteaga López, quien años después resolvió, a favor de Solway una demanda que la empresa presentó contra grupos de pescadores locales y periodistas.

Arteaga rechazó haber “recibido nunca algún regalo de CGN-Pronico o de cualquier otra entidad”. Las filiales de la empresa, por su parte, dijeron que enviar regalos a “amigos con quiénes interactuamos durante el año” es una “práctica común”, y que estas canastas de regalos “solo se entregan a personas cuando no lo prohíbe la ley”.

“Las canastas de Navidad no se entregan a jueces”, señaló Méndez.
Un email de diciembre de 2016 enviado al personal de una de las filiales de Solway, con el encabezado “URGENTE”, en el que se solicitan sugerencias de “potenciales” destinatarios de regalos de Navidad de la empresa. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.


No obstante, otro documento interno, denominado “Listado de actores propuestos para entregar de (sic) presentes navideños Pronico/CGN 2016”, incluye siete alcaldes, siete líderes comunitarios, dos jueces, dos sacerdotes, dos periodistas y un obispo entre los más de 100 actores destacados en la región de El Estoy y sus alrededores.

Otros correos y archivos internos documentan la relación cercana entre las filiales de Solway y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el cuerpo de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en 2021 por “el uso excesivo de la fuerza y la represión en contra de pueblos indígenas maya q’eqchi’, periodistas y medios de comunicación en El Estor, Guatemala”.

En el transcurso de 2020, una de las filiales de Solway, Pronico, realizó al menos cinco donaciones a la Fundación Raxché como “aporte estratégico” a la PNC, por un monto total de cerca de 350 mil quetzales (45 mil dólares). Correos filtrados muestran que los agentes de la corporación policiaca colocados en varios puntos de la mina y sus alrededores también recibieron su parte de dinero de la empresa.

En un correo dirigido al “Señor director” –probablemente Dmitry Kudryakov, entonces director de la mina–, Roberto Zapata, el jefe de seguridad de una de las filiales locales, consideró que “apoyar a la alimentación es más rentable o mejor recibido por la PNC que apoyar en insumos a nivel general”, y recomendó “que se les dé el apoyo necesario a todos”.

“La naturaleza humana es reactiva, si se les deja de apoyar existen riesgos potenciales estratégicos (sic) que es conveniente analizar. (personalmente)”, insistió Zapata.

Estos pagos, según el abogado Jiménez, en Santa Rosa, “pudieron constituir el delito de tráfico de influencias o soborno, dependiendo de los términos en los que se entregó o de lo que se pidió en cambio”.

Sin embargo, a la pregunta de si la empresa había entregado algún donativo a la PNC durante las protestas en El Estor, Méndez contestó con una sola palabra: “No”.
Una foto tomada por el periodista Carlos Choc durante una manifestación de pescadores en 2017. (Créditos: Carlos Choc)
Poder y minería a la rusa


En el otoño de 2021, indígenas maya Q’eqchi tomaron las calles de El Estor para protestar contra la mina, por segunda vez desde 2017. “El Estor Resiste”, se convirtió en un grito de batalla que trascendió Izabal y se expandió por el mundo, en reacción a la violenta represión perpetrada contra las manifestaciones pacíficas y al estado de sitio que el gobierno de Guatemala decretó en octubre de ese año.

Los manifestantes de El Estor no solo estaban enojados por la consulta indígena, sino también por lo que consideraron una evidencia más de la captura del Estado guatemalteco por las transnacionales.

“Solo en Guatemala cambiamos la riqueza mineral por migajas”, escribió el pasado 12 de noviembre en su cuenta de Facebook el abogado Rafael Maldonado, quien representa a una asociación de pescadores en El Estor. “La minera en El Estor gana miles de millones al año y estas son las miserias que paga, dejando atrás destrucción y contaminación. Todo gracias a funcionarios corruptos y vende patrias”, agregó.

Lucía Ixchiu, de Festivales Solidarios, coincidió: “El Estado de Guatemala funciona en base a los intereses de los negocios transnacionales”, dijo. “Estamos hablando de una empresa multimillonaria, con todos los recursos y todo el apoyo y la complicidad del Estado”, aseveró.
Una manifestante vacía una bolsa de plástico llena de granadas lacrimógenas durante una protesta en El Estor en Octubre de 2021. (Créditos : Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria)


Hasta la fecha, la intromisión directa de Solway en el Estado nunca se había probado. Documentos en la filtración evidencian que las filiales de la empresa tienen, por lo menos, vínculos económicos con una empresa minera de origen ruso acusada de sobornar al presidente.

En el verano de 2021, antes de las manifestaciones en El Estor, estalló un escándalo conocido como la “alfombra mágica”. Informantes e investigadores –que huyeron del país– afirmaron que representantes del conglomerado minero de origen ruso Mayaniquel, S.A. sobornaron al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei para tener un acceso privilegiado a una terminal en Puerto Barrios. El caso resultó peculiar, porque el pago corrupto se hubiera concretado con fajos de billetes envueltos en una alfombra.

Solway siempre negó sus vínculos con ese escándalo, y trató de marcar distancia con Mayaniquel, S.A. La empresa incluso difundió un comunicado en el cual desmintió “cualquier involucramiento en el caso de sobornos”.

Sin embargo, correos electrónicos y contratos consultados en la filtración muestran que existió una relación comercial activa entre una de las filiales de Solway, Pronico, y Mayaniquel, S.A., lo que genera dudas adicionales sobre las conexiones entre la coalición de intereses mineros de Rusia activos en Guatemala y su influencia real en la cúpula del poder político.

Correos internos y contratos muestran que Pronico y Mayaniquel firmaron un contrato de más de 200 mil dólares por níquel a finales de noviembre de 2019. El contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2019 y renovado en enero de 2021.

En respuestas a Forbidden Stories y sus socios, Pronico y Mayaniquel confirmaron la relación comercial entre ambas empresas, pero nada más.

“La única relación de Mayaniquel y Pronico es meramente comercial, e involucra la venta de mineral de níquel”, planteó un representante de Mayaniquel en un comunicado compartido con Forbidden Stories. “Mayaniquel no tiene otra relación, ya sea comercial, corporativa u otra con CGN/Pronico y/o el Solway Group, y no está afiliada ni relacionada de otro modo con CGN/Pronico y/o el Solway Group”.

Las finanzas de Solway no parecieron sufrir con os escándalos, gracias en parte al incremento de la demanda global de níquel.

“Estos minerales tienen un precio elevado en este momento”, dijo Guadalupe García Prado, investigadora en el Observatorio de las Industrias Extractivas, en entrevista telefónica. “Y Solway está dispuesto a adentrarse más en la impunidad, la corrupción y la violencia para conseguir lo que quiere”, agregó.

Hasta la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia, la empresa operaba minas en Ucrania, Rusia, Macedonia e Indonesia. (En una declaración del 3 de marzo, Solway anunció la suspensión de sus actividades mineras en Rusia). En África, Solway adquirió tierras en el monte Nimba, en Liberia, a través de una de sus filiales, llamada Solway Mining Incorporated. En ese país, donde más de un millón de personas viven en pobreza extrema, la filial prometió escuelas y centros de salud. Pero la gente no obtuvo lo que esperaba.

“Solway está actuando mal”, dijo un habitante al medio Mongabay. “Nuestra gente no anticipó que se comportaría como lo está haciendo, y es mi único lamento”.
Las intimidaciones llegan a Suiza

Al igual que El Estor, Zug, una pequeña ciudad ubicada en los Alpes de Suiza, bordea un lago que lleva el mismo nombre. El clima, sin embargo, es algo diferente, con temperaturas que caen regularmente debajo de cero en invierno. Esa ciudad pintoresca alberga la sede de Solway, desde la cual se esfuerza en pulir su imagen, lejos de las protestas y los escándalos de El Estor.

Los documentos filtrados sugieren que, en 2019, Solway contrató los servicios de las firmas de relaciones públicas más famosas del país. Juntas, elaboraron planes para «mejorar la reputación» de la empresa y «detectar problemas» en Guatemala. Justo ese año –en noviembre, precisamente–, la red de solidaridad cristiana Guatemala Netz publicó un informe crítico sobre el grupo minero. La organización religiosa, con sede en Berna y Zúrich, ya había pedido cuentas a la empresa por su impacto ambiental dos años antes, cuando apareció una mancha roja en el lago de Izabal, en El Estor.

“Hemos intercambiado cartas cinco veces entre 2017 y 2019″, dice Alice Froidevaux, integrante de Guatemala Netz. “Es muy interesante para nosotros ver cómo ha evolucionado la comunicación en estos dos años. Cuando recibieron nuestra primera carta, se notaba que no estaban acostumbrados a estar en contacto con las ONG o con alguien que fuera un poco crítico hacia sus sus acciones en el extranjero. Pero en el transcurso de los dos años, hemos visto mejora real en su comunicación con nosotros, pero también en su responsabilidad social empresarial».

En 2019, Solway contraatacó. En la última misiva que envió a la pequeña red, las amenazas de la multinacional son poco veladas. De manera indirecta, el grupo insinuó que señaló las acciones de Guatemala Netz a varias instituciones suizas. Denis Gerasev, su representante, incluso habló de «falsas acusaciones hechas contra [la empresa] en los últimos dos años» por Guatemala Netz, y prometió que «serán ciertamente investigados a fondo». También criticó el hecho de que la red «no haya visitado el entorno de la empresa ni haya podido hacer ninguna constatación [por sí misma]» y haya «rechazado la oferta [de Solway] de visitar la empresa». Y añadió: «Consideramos sus cartas como una intimidación a la empresa».

«Obviamente, estábamos un poco preocupados», admite Alice Froidevaux. “Somos una organización pequeña, no tenemos los recursos legales y financieros para enfrentarnos a una acción legal». Pero Solway maneja perfectamente la estrategia del palo y la zanahoria: mientras decía a la pequeña red que no descartaba iniciar acciones legales en su contra, le ofreció un debate moderado por el gobierno suizo. Guatemala Netz lo consideró hipócrita y se negó. «Es una estrategia típica de este tipo de empresas. Cuando rechazas la discusión, tú asumes el papel de villano», dice Alice Froidevaux.

Irónicamente, Solway reforzó el control sobre su comunicación en medio de un debate en Suiza para determinar si las multinacionales debían respetar normas más estrictas en materia de medio ambiente y derechos humanos. La Confederación Suiza ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de realizar consultas ciudadanas, bajo la modalidad de referendos. En 2019 se creó la Coalición Suiza por la Justicia Corporativa para combatir los abusos de las grandes empresas, criticadas regularmente por los daños ambientales que causan en el extranjero o por no consultar a las comunidades indígenas en el contexto de los proyectos extractivos. Esta coalición propuso una iniciativa denominada «transnacional responsable», que buscaba imponer a los grupos con sede en Suiza una normativa más estricta en materia de derechos humanos y medio ambiente. En noviembre de 2020, la iniciativa no consiguió el apoyo de más de la mitad de los 26 cantones de Suiza y finalmente se aprobó una contrapropuesta suavizada. En Zug, centro neurálgico para los negocios en Suiza, la medida fue rechazada por una amplia mayoría.

Es posible que el referendo asustó a Solway. Los documentos internos muestran que los altos cargos de la empresa recibieron un informe elaborado por Economiesuisse, una de las principales firmas de relaciones públicas en Suiza, y firme opositora a la iniciativa. La transnacional también ha mantenido contacto con otras empresas de relaciones públicas y con el instituto de investigación SwissPeace, que tiene al gobierno suizo entre sus principales clientes. SwissPeace confirma a un miembro del consorcio dirigido por Forbidden Stories que sigue asesorando a Solway en «sus esfuerzos por comprender y respetar los principios y expectativas internacionales existentes». Ojalá y sus consejos lleguen hasta El Estor.

El juego sucio de Solway: documentos internos revelan las estrategias sofisticadas de una minera de níquel para comprar favores en Guatemala

Guatemala

Minera suiza ocultó daños ambientales en Guatemala, según investigación de prensa

06/03/2022
Vista aérea de instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021 Carlos ALONZO AFP/Archivos

Ciudad de Guatemala (AFP) – La minera suiza Solway Investment Group ocultó reportes de contaminación en una zona indígena en el noreste de Guatemala, afirma este domingo una investigación de 20 medios internacionales que también denuncian compra de favores e intimidación, acusaciones que la firma rechazó.

La investigación «Mining Secrets» -en la que participaron 65 periodistas de 15 países, entre ellos de El País de España, Le Monde de Francia y el local Prensa Comunitaria- indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO, subsidiarias de Solway Investment Group que operan en el municipio de El Estor.

Dirigida por la organización Forbidden Stories, la pesquisa «revela las estrategias que Solway ha usado para ocultar, en contubernio con las autoridades, cualquier elemento que podría inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación del medio ambiente».

De acuerdo con el informe, uno de los casos fue la aparición en 2017 de una extensa mancha roja en el lago de Izabal, que colinda con la planta de procesamiento de níquel, que la empresa y el gobierno atribuyeron a la reproducción de algas.
Instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021
Instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021 CARLOS ALONZO AFP/Archivos

 

 

 


El caso provocó una protesta de pescadores que acusaron a la minera de haberlo provocado. Uno de los manifestantes, Carlos Maaz, murió a tiros tras un enfrentamiento con policías.

Sin embargo, los documentos filtrados por hackers de Guatemala «desmienten las declaraciones oficiales y confirman las intuiciones de los pescadores», destacó la publicación.

«Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal», alertó una comunicación interna de PRONICO, de acuerdo con la investigación.
Vista aérea de una mina explotada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021
Vista aérea de una mina explotada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021 CARLOS ALONZO AFP/Archivos


El consorcio de medios también evidenció prácticas de espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, relación con un juez y «pagos (de la empresa) a la policía para terminar con las protestas».

La última protesta contra la minera ocurrió en octubre del año pasado, cuando decenas de indígenas tomaron por varios días el acceso al municipio de El Estor para impedir el paso de camiones de la mina, alegando que un fallo judicial había detenido la explotación minera.

La Policía los desalojó con gases y luego el presidente Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio con el despliegue de cientos de militares, en los que activistas denunciaron allanamientos para intimidarlos.
Patrullaje militar en la municipalidad indígena de El Estor el 26 de octubre de 2021, en medio de protestas contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, a la que acusan de daños medioambientales
Patrullaje militar en la municipalidad indígena de El Estor el 26 de octubre de 2021, en medio de protestas contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, a la que acusan de daños medioambientales Johan Ordóñez AFP/Archivos


La empresa y el gobierno respondieron que el fallo solo le impedía temporalmente la explotación en la mina Fénix con licencia para CGN, pero PRONICO podía seguir operando con material de otra cantera.

«Después de examinar las investigaciones publicadas por Forbidden Stories y analizar sus afirmaciones, Solway Investment Group refuta las alegaciones que carecen de fundamento fáctico», señaló la empresa en un comunicado compartido a la AFP, en el que subraya que las acusaciones son «falsas».
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220306-minera-suiza-ocult%C3%B3-da%C3%B1os-ambientales-en-guatemala-seg%C3%BAn-investigaci%C3%B3n-de-prensa

Guatemala

Gobierno de Guatemala restaura permiso de operaciones a minera suiza

La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular para saber si se aprobaba su funcionamiento.

Policías guatemaltecos realizaron redadas en El Estor, en la provincia costera norteña de Izabal, donde pobladores protestaron contra el proyecto minero Fénix en octubre de 2021. (Foto de archivo)

El gobierno de Guatemala restauró el jueves (06.01.2022) el permiso de funcionamiento para la mina Fénix, propiedad de una firma suiza, que tenía prohibido operar desde 2019 por decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Energía y Minas guatemalteco informó en un comunicado que la resolución permite volver a funcionar a la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprobaban su funcionamiento.

La compañía de capital suizo se encuentra en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 250 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.

El Ministerio de Energía y Minas indicó que la consulta popular se realizó en diciembre pasado con «el pueblo indígena maya q’eqchí», de acuerdo a palabras del director de la cartera, Alberto Pimentel Mata.

Según el ministro, en cuanto al empresa minera sea «notificada» de la resolución «estará rehabilitada» para «reiniciar la explotación» de níquel.

La mina cuenta con un permiso de operaciones en un polígono de 6,29 kilómetros cuadrados en El Estor, en el departamento de Izabal, el único de los 22 que componen Guatemala con salida al océano Atlántico.

Diversas entidades han manifestado sus dudas con respecto a la consulta popular. El abogado Kelvin González, en representación del parlamento xinca, de carácter indígena, dijo desconocer «totalmente» la supuesta consulta realizada con «seudorepresentantes de comunidades indígenas».

Según el medio Prensa Comunitaria, al menos 94 representantes indígenas del pueblo que q’eqchí «fueron excluidos» de la consulta popular, que según el gobierno finalizó el 10 de diciembre.
gs (efe, afp)
https://www.dw.com/es/gobierno-de-guatemala-restaura-permiso-de-operaciones-a-minera-suiza/a-60354674

Guatemala

Choques entre policías e indígenas por proyecto minero provoca estado de sitio en Guatemala

25/10/2021
Entre otras cosas, la medida prevé un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 en la zona de conflicto.
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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó este domingo el estado de sitio en El Estor, en el departamento de Izabal, después de que se registraran fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas que se oponen a las actividades de la mina Fénix.

El estado de sitio estará vigente durante 30 días. La medida se establece después de “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”, reza una publicación oficial.

Bajo esta orden, se restringirán los artículos de la Constitución que regulan la libertad de acción, la detención legal, los interrogatorios a detenidos, los derechos de reunión y manifestación, y el porte de armas. Asimismo, se establecerá un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente.

La medida se produce después de que los residentes del lugar mantuvieran durante 17 días un bloqueo, exigiendo que se cumpla su derecho a una consulta respecto a las actividades de Fénix. Este jueves y viernes se produjeron enfrentamientos entre decenas de indígenas maya q’eqchi’ y la Policía. Se reporta que los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Las autoridades señalaron este domingo que cuatro agentes resultaron heridos por arma de fuego.

“Adicionalmente, resultaron gravemente heridos otros 13 agentes de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes que portaban piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego”, indicaron.

Respecto a la protesta contra la mina, el Gobierno comunicó que “la resolución mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió el derecho minero denominado extracción minera Fénix, a la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), está suspendida desde el 17 de febrero de 2021, acatando la orden directa de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

“Otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera acorde a la ley”, precisaron las autoridades.

Choques entre policías e indígenas por proyecto minero provoca estado de sitio en Guatemala

Guatemala

Manifiestan frente a oficinas de CGN por los conflictos en Izabal

Jeanelly Vásquez –
24/10/2021
Los manifestantes dirigieron sus mensajes de protesta hacia la represión documentada durante los últimos días de parte de las autoridades. Foto: La Hora/José Orozco

Desde la mañana manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para protestar por los enfrentamientos reportados últimamente en El Estor, Izabal. En la protesta se observó a personas de distintas edades utilizando carteles y tambores para expresar su rechazo hacia la aparente represión de las comunidades aledañas al proyecto Fénix, a cargo de la compañía.

“(La comunidad) ha sido violentada, agredida, golpeada por elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala, que también han contribuido a la protección de la defensa de los intereses extranjeros de la minera”, dijo uno de los manifestantes.

Como medida, el presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Sitio en El Estor; sin embargo, el mandatario también fue sujeto a las críticas durante el plantón.

“También le han entregado un soborno al presidente Alejandro Giammattei en el tema de la concesión de la portuaria Santo Tomás de Castilla, y los sobornos de la famosa alfombra con la que fue sobornado el presidente Alejandro Giammattei con millones de dólares para poder entregar los recursos y hacer negocios”, detallaron.

Esto último corresponde a un reportaje de The New York Times, el cual detalla que el mandatario habría recibido dinero envuelto en una alfombra por parte de ciudadanos rusos.

EL RECHAZO EN PAPEL Y TINTA

Además de sus voces, los manifestantes utilizaron carteles como el principal canal de expresión ante los hechos ocurridos en El Estor. Cabe resaltar que las personas presentes se posicionaron en defensa de las comunidades afectadas por el proyecto minero en Izabal.

Los mensajes resaltados en las pancartas son referentes al daño de las minerías en Guatemala, tanto para los habitantes como el medio ambiente. “La mina contamina”, “No más violencia a nuestra gente”, “no al ecocidio minero”, “El Estor Resiste”, “solidaridad con la resistencia Q’eqchi’”, “estado genocida”, son algunas de las frases condenando la violación a derechos humanos y ambientales en el municipio.

PIDEN ACATAR LAS RESOLUCIONES DE LA CC

Otro mensaje expresado en el plantón fue “respeto a las resoluciones de la CC; no al estado de sitio”, refiriéndose a que en febrero del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia a favor de la población q’eqchi’ y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) iniciar los procesos de preconsulta con la comunidad antes de ejecutar el proyecto Minera Fénix en parte de Izabal y Alta Verapaz.

Pese a la orden del tribunal, el proceso fue aplazado y en junio del 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la suspensión del proyecto minero Fénix y la realización de un proceso de preconsulta entre el MEM y las comunidades de Izabal con un plazo de 18 meses. Además, el fallo de la corte estableció la reducción del proyecto minero de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29.

La primera preconsulta fue convocada para el 15 de julio del 2021, pero, algunos activistas, periodistas locales y comunidades indígenas indican que no se les ha tomado en cuenta durante el proceso. Pese a las crecientes manifestaciones y señalamientos de irrespeto hacia la resolución de la CC, el MEM aseguró que sí se ha acatado el debido proceso y entre los manifestantes están individuos foráneos a las comunidades aledañas al proyecto.

https://lahora.gt/manifiestan-frente-a-oficinas-de-cgn-por-los-conflictos-en-izabal/

Guatemala

Disuelven protesta indígena contra minera suiza en Guatemala

Ejército y policía desalojan a indígenas que se oponen a una mina que opera ilegalmente en el departamento de Izabal.
La policía de Guatemala disolvió este sábado una protesta de indígenas opuestos a una minera suiza que mantenían bloqueada una carretera en el noreste del país, con saldo de cuatro agentes heridos y pobladores afectados por gases lacrimógenos.

La Policía y miembros del Ejército de Guatemala lanzaron gases lacrimógenos para disolver una manifestación conformada por la comunidad indígena, en El Estor, Izabal, el único departamento guatemalteco con salida al océano Atlántico.

El enfrentamiento ocurrió a unos 155 km al noreste de la capital, un día después de que la policía desalojara con gases a decenas de indígenas maya-q’eqchi’ que horas después volvieron a concentrarse en la ruta.

Jorge Aguilar, vocero de la policía, dijo que cuatro agentes resultaron heridos «por arma de fuego». Imágenes y videos divulgados mostraron a policías retirando ramas de árboles y otros objetos que habían sido colocados para cerrar el paso, y a las fuerzas antimotines lanzar gas.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó este sábado su preocupación por la represión policial a un grupo de comunidades indígenas en resistencia en el noreste del país, quienes se oponen a la mina que funciona «ilegalmente».
«En resistencia» contra la Compañía Guatemalteca de Níquel

Las comunidades indígenas se apostaron en el camino desde el 4 de octubre «en resistencia» al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.

El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también ha denunciado que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.

Antes del desalojo, un indígena que se cubría el rostro con una mascarilla indicó que la intención de las fuerzas de seguridad, entre éstas soldados, era permitir el paso de góndolas y camiones de la empresa.

Posteriormente, otros vecinos realizaron una protesta a favor de la mina al señalar que esta genera empleo en el municipio, según medios locales.

En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.

Sin embargo, pese a la prohibición, el procurador Rodas aseguró que «el Gobierno de Guatemala», que preside Alejandro Giammattei, «resguarda camiones de CGN» para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad «reprimen a la población y periodistas».
https://www.dw.com/es/disuelven-protesta-ind%C3%ADgena-contra-minera-suiza-en-guatemala/a-59608040

Guatemala

Guatemala impone el estado de sitio para mitigar los enfrentamientos por una mina

24/10/2021
GUATEMALA ENFRENTAMIENTOS
Ciudad de Guatemala, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Guatemala impuso este domingo un estado de sitio en un municipio del noreste del territorio, con el objetivo de mitigar los enfrentamientos de los últimos días entre las fuerzas de seguridad y varias comunidades indígenas que se oponen al funcionamiento de una mina.

La medida ordenada por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, mediante el decreto 9-2021, busca detener las manifestaciones en contra de la mina Fénix, perteneciente a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa y suiza Solway Investment Group.

La decisión del Gobierno abarca únicamente el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde se ubica la mina y se registraron los enfrentamientos este viernes y sábado.

El estado de sitio impuesto por Giammattei tendrá una duración de 30 días y permite a las autoridades evitar la libre locomoción de la población, así como diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras medidas.

Los enfrentamientos se registraron durante viernes y sábado entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q’eqchi’ que se oponen al funcionamiento de la mina.

El Gobierno de Giammattei enfatizó que el estado de sitio fue impuesto debido a que “se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes” del municipio, tal y como señaló este domingo el diario oficial donde se anuncio la medida.

Los miembros de las comunidades indígenas se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil ha informado que al menos 17 de sus miembros han resultado heridos en los enfrentamientos, incluidos cuatro agentes lesionados con arma de fuego.

Por su parte, el Ejército de Guatemala informó que al menos 500 soldados se encuentran en El Estor con operativos de “seguridad poblacional” y “puestos de control” para apoyar a la Policía Nacional Civil.

MINA ILEGAL, SEGÚN EL OMBUDSMAN

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona “ilegalmente”.

“Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa”, enfatizó el ombudsman.

Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que “el Gobierno de Guatemala”, presidido por Giammattei, “resguarda camiones de CGN” para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad “reprimen a la población y periodistas”.

Tanto el viernes como el sábado, cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia con bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.

Estas comunidades pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel por carecer de estudios de impacto ambiental y de la autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.

El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró el sábado por la noche en un comunicado de prensa que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen “otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona” que “no están relacionados con la resolución referida”.

Varias entidades y organizaciones sociales criticaron el estado de sitio ordenado por Giammattei, al asegurar que la decisión tiene otros intereses.

La bancada de oposición en el Congreso Winaq indicó en sus canales de comunicación que el decreto del estado de sitio “no es para brindar seguridad y tranquilidad” a la población, sino “para proteger a una empresa minera cuyas operaciones están suspendidas”.

Según datos oficiales, la extracción minera en Guatemala tuvo su auge en 2014 y 2015, con casi 750 millones de dólares producidos cada año. Sin embargo, decayó en los últimos años hasta obtener 30 millones de dólares en 2019 debido a la suspensión de licencias para empresas extractoras.
https://holanews.com/guatemala-decreta-el-estado-de-sitio-debido-a-enfrentamientos-por-una-mina/

Guatemala

Por derecho de consulta, se registran protestas contra mineras en El Estor, Izabal

Manuel García –
21/10/2021
Agentes de la PNC acudieron al lugar para tratar de retirar a los manifestantes. Foto: Twitter/marycarr09

Por más de dos semanas, integrantes del Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ han anunciado protestas pacíficas en contra de la empresa minera rusa Maya Níquel y Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en el Estor, Izabal. A ese lugar se movilizó un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), para intentar desalojarlos.

El Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ instaló una protesta desde la primera semana de octubre, para exigir su derecho a la preconsulta que realizará el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con relación a las actividades de la mina Fénix.

Los pobladores exigieron el derecho de consulta y proteger el lago de Izabal, para lo cual según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) bloquearon el paso hacia la planta procesadora que se ubica dentro del proyecto minero.

ANTIMOTINES RESGUARDAN CAMIONES

En este contexto, los representantes del Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ han denunciaron el uso de los antimotines para resguardar camiones de las empresas rusas Maya Níquel y CGN.

Por ello, los comunitarios, alertaron que el interés de las empresas mineras era utilizar la fuerza pública para lograr el ingreso de los camiones pesados cargados de carbón, sin garantizar la integridad física de mujeres y hombres que mantienen la resistencia pacífica.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Según el MEM, se llevó a cabo una reunión para conocer las inquietudes de los pobladores y despejar dudas respecto a la sentencia y el proceso de consulta, pero la misma se volvió tensa, por lo que suspendieron el diálogo.

El ministerio recibió dos memoriales de comunitarios y uno de los amparistas, solicitando participar en el proceso de consulta aduciendo los primeros ser representantes de las comunidades, y los segundos fundamentándose en el hecho de ser quienes interpusieron la acción de amparo, según la declaración del Viceministro de Desarrollo Sostenible, Oscar Rafael Pérez.

“La reunión se tornó violenta, por lo que se consideró que no era posible continuar por esa vía el diálogo. La violencia, es importante mencionar, fue incitada por los abogados que auxilian a los solicitantes en los memoriales recibidos”, indicó Pérez.

Según el MEM, solicitó el apoyo de la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD), para actuar como mediador con las personas que solicitan ser parte del proceso de consulta, que ahora realizan manifestaciones en las que se bloquea el tránsito.

Representante de la CPD en Izabal propuso una mesa de diálogo con los manifestantes, a la cual el MEM estuvo de acuerdo en realizar, pero bajo condiciones que garantizaran el diálogo, respeto, la integridad de los participantes y la representatividad de los líderes que participarían. Sin embargo, la propuesta de CPD fue rechazada por los manifestantes, indicó la cartera.


PENDIENTE RESOLUCION DE CC
Imagen Ilustrativa. La Corte de Constitucionalidad debe resolver un amparo planteado por las comunidades. Foto: La Hora/Congreso.

El MEM indicó que cinco comunidades interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, de las cuales solo una está dentro del área de influencia y las demás están fuera o no son localizables.

“Este Ministerio se encuentra a la espera de la resolución de ese amparo, y acatará lo que la Corte resuelva. Mantenemos la seguridad de que el MEM está realizando las consultas en un marco de legalidad, legitimidad, e inclusividad”, indicó Pérez.
https://lahora.gt/por-derecho-de-consulta-se-registran-protestas-contra-mineras-en-el-estor-izabal/

El Salvador, Guatemala

Oposicion a proyecto Cerro Blanco

Comunicado
Las organizaciones parte de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas (RedCAT), ante las diferentes informaciones emitidas por la empresa
canadiense Bluestone Resources Inc. actual propietaria del proyecto minero conocido como
Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en la
república de Guatemala; expresamos:
1. Que se trata de un proyecto minero a cielo abierto con el fin de extraer oro y plata, que
de acuerdo a los estudios realizados por la empresa, esperan obtener un total aproximado de
2,45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata, lo que significa que
anualmente obtendrían aproximadamente 231,000 onzas de oro durante la vida útil de la
mina establecida para un total de 11 años, lo cual implica extraer en promedio 15.000
toneladas de roca por día.
2. Que en diferentes estudios realizado a nivel nacional e internacional, unos de los
impactos negativos de la minería metálica se observan de manera inmediata en los bienes
hídricos que se localizan en la zonas de los proyectos, principalmente por la contaminación
debido al uso de químicos como el cianuro para la separación del oro y la plata de la roca,
pero también, por la liberación de los metales pesados que se encuentran en el subsuelo.
En el caso de Cerro Blanco, la situación es aún más delicada, porque adicional al uso
extensivo del agua, este proyecto minero tiene la particularidad de estar asentado sobre un
cuerpo de agua termal, cuyas temperaturas son superiores a los 50 grados centígrados
dependiendo del nivel de profundidad del agua, la cual necesitan extraer para poder obtener
el oro y la plata. Sin embargo, hasta hoy la empresa no ha informado de que forma hará
dicho procedimiento y si efectivamente cuenta con la capacidad técnica y la tecnología
adecuada para hacerlo.
3. Que ciertamente este proyecto minero se localiza en territorio guatemalteco, pero, como
se ha demostrado técnica y científicamente, los impactos socio ambientales derivados de su
potencial explotación, afectarían en primer instancia a las y los hermanos guatemaltecos
que viven en la zona del proyecto y a los que viven en la zona sur y sur oriental del
municipio de Asunción Mita,
Asimismo, la población salvadoreña en general se vería afectada, dado que el proyecto se
localiza en la cuenca del rio Lempa.En el corto y mediano plazo, el proyecto minero impactaría negativamente en la calidad y
cantidad de agua, tanto del rio Ostua como del lago de Guija, y posteriormente, es
previsible que la contaminación llegue hasta el rio lempa, dado que el lago de Guija es
tributario del rio lempa.
4. En consecuencia, el proyecto minero Cerro Blanco se caracteriza por ser un proyecto
transfronterizo, en tanto que, ejecutándose en la república de Guatemala, afecta a la
población guatemalteca, pero también afectaría a la población salvadoreña.
Precisamente por ese carácter transfronterizo y convencidos de los daños que ocasiona la
explotación minera a la vida, es importante retomar las recomendaciones hechas, a partir de
su visita a El Salvador en el año 2016, por el Relator Especial sobre los derechos humanos
al agua potable y al saneamiento, Léo Heller en el sentido de “establecer una relación
cooperativa [con El Salvador], por medio de tratados bilaterales o trilaterales, para lograr
un manejo adecuado de las cuencas transfronterizas, afirmando el uso prioritario de agua
para el consumo humano sobre otros usos y adoptando como punto central los principios de
los derechos humanos al agua y el saneamiento”. Véase el Informe del Relator Especial
sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a El
Salvador, 3 de agosto de 2016, A/HRC/33/49/Add.1, párr. 98.
Asimismo, el 19 de julio de 2019 el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento, Léo Heller “Reitera que los Estados tienen la obligación de velar
por que ninguna de las actividades realizadas en su territorio prive a otro Estado de la
capacidad de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho (véase
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 15 sobre
el derecho al agua, párr. 31).
5. Por su parte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al finalizar su
visita in loco del 2 al 4 de diciembre de 2019, por invitación del Estado de El Salvador,
emitió sus observaciones preliminares hechas públicas el 27 de diciembre de 2019, entre
sus recomendaciones en relación a la situación de las actividades económicas que afectan
las vida y que vulneran los derechos humanos de las personas plantea: “Impulsar la
negociación y adopción de un tratado en cooperación con países fronterizos para garantizar
las medidas necesarias de prevención, regulación y supervisión de un manejo integral y
sustentable de cuencas compartidas de las aguas transfronterizas adoptando como punto
central el contenido del derecho humano al agua.
A partir de lo anteriormente expuesto la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas plantea:
1. Es necesario organizarse y movilizarse en contra del proyecto minero Cerro Blanco,
detener ese proyecto minero es fundamental para el futuro de nuestros pueblos.
2. Denunciemos a nivel local, nacional e internacional las consecuencias nefastas de
los proyectos mineros transfronterizos en la vida de las personas y de la naturaleza.
3. Reiteramos nuestra demanda a los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador
de iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas
con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad, que garantice el acceso al aguapotable y al saneamiento a la población de la región, y de participación real de las
comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en
la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021