Guatemala

Choques entre policías e indígenas por proyecto minero provoca estado de sitio en Guatemala

25/10/2021
Entre otras cosas, la medida prevé un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 en la zona de conflicto.
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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó este domingo el estado de sitio en El Estor, en el departamento de Izabal, después de que se registraran fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas que se oponen a las actividades de la mina Fénix.

El estado de sitio estará vigente durante 30 días. La medida se establece después de “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”, reza una publicación oficial.

Bajo esta orden, se restringirán los artículos de la Constitución que regulan la libertad de acción, la detención legal, los interrogatorios a detenidos, los derechos de reunión y manifestación, y el porte de armas. Asimismo, se establecerá un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente.

La medida se produce después de que los residentes del lugar mantuvieran durante 17 días un bloqueo, exigiendo que se cumpla su derecho a una consulta respecto a las actividades de Fénix. Este jueves y viernes se produjeron enfrentamientos entre decenas de indígenas maya q’eqchi’ y la Policía. Se reporta que los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Las autoridades señalaron este domingo que cuatro agentes resultaron heridos por arma de fuego.

“Adicionalmente, resultaron gravemente heridos otros 13 agentes de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes que portaban piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego”, indicaron.

Respecto a la protesta contra la mina, el Gobierno comunicó que “la resolución mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió el derecho minero denominado extracción minera Fénix, a la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), está suspendida desde el 17 de febrero de 2021, acatando la orden directa de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

“Otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera acorde a la ley”, precisaron las autoridades.

Choques entre policías e indígenas por proyecto minero provoca estado de sitio en Guatemala

Guatemala

Manifiestan frente a oficinas de CGN por los conflictos en Izabal

Jeanelly Vásquez –
24/10/2021
Los manifestantes dirigieron sus mensajes de protesta hacia la represión documentada durante los últimos días de parte de las autoridades. Foto: La Hora/José Orozco

Desde la mañana manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para protestar por los enfrentamientos reportados últimamente en El Estor, Izabal. En la protesta se observó a personas de distintas edades utilizando carteles y tambores para expresar su rechazo hacia la aparente represión de las comunidades aledañas al proyecto Fénix, a cargo de la compañía.

“(La comunidad) ha sido violentada, agredida, golpeada por elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala, que también han contribuido a la protección de la defensa de los intereses extranjeros de la minera”, dijo uno de los manifestantes.

Como medida, el presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Sitio en El Estor; sin embargo, el mandatario también fue sujeto a las críticas durante el plantón.

“También le han entregado un soborno al presidente Alejandro Giammattei en el tema de la concesión de la portuaria Santo Tomás de Castilla, y los sobornos de la famosa alfombra con la que fue sobornado el presidente Alejandro Giammattei con millones de dólares para poder entregar los recursos y hacer negocios”, detallaron.

Esto último corresponde a un reportaje de The New York Times, el cual detalla que el mandatario habría recibido dinero envuelto en una alfombra por parte de ciudadanos rusos.

EL RECHAZO EN PAPEL Y TINTA

Además de sus voces, los manifestantes utilizaron carteles como el principal canal de expresión ante los hechos ocurridos en El Estor. Cabe resaltar que las personas presentes se posicionaron en defensa de las comunidades afectadas por el proyecto minero en Izabal.

Los mensajes resaltados en las pancartas son referentes al daño de las minerías en Guatemala, tanto para los habitantes como el medio ambiente. “La mina contamina”, “No más violencia a nuestra gente”, “no al ecocidio minero”, “El Estor Resiste”, “solidaridad con la resistencia Q’eqchi’”, “estado genocida”, son algunas de las frases condenando la violación a derechos humanos y ambientales en el municipio.

PIDEN ACATAR LAS RESOLUCIONES DE LA CC

Otro mensaje expresado en el plantón fue “respeto a las resoluciones de la CC; no al estado de sitio”, refiriéndose a que en febrero del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia a favor de la población q’eqchi’ y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) iniciar los procesos de preconsulta con la comunidad antes de ejecutar el proyecto Minera Fénix en parte de Izabal y Alta Verapaz.

Pese a la orden del tribunal, el proceso fue aplazado y en junio del 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la suspensión del proyecto minero Fénix y la realización de un proceso de preconsulta entre el MEM y las comunidades de Izabal con un plazo de 18 meses. Además, el fallo de la corte estableció la reducción del proyecto minero de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29.

La primera preconsulta fue convocada para el 15 de julio del 2021, pero, algunos activistas, periodistas locales y comunidades indígenas indican que no se les ha tomado en cuenta durante el proceso. Pese a las crecientes manifestaciones y señalamientos de irrespeto hacia la resolución de la CC, el MEM aseguró que sí se ha acatado el debido proceso y entre los manifestantes están individuos foráneos a las comunidades aledañas al proyecto.

https://lahora.gt/manifiestan-frente-a-oficinas-de-cgn-por-los-conflictos-en-izabal/

Guatemala

Disuelven protesta indígena contra minera suiza en Guatemala

Ejército y policía desalojan a indígenas que se oponen a una mina que opera ilegalmente en el departamento de Izabal.
La policía de Guatemala disolvió este sábado una protesta de indígenas opuestos a una minera suiza que mantenían bloqueada una carretera en el noreste del país, con saldo de cuatro agentes heridos y pobladores afectados por gases lacrimógenos.

La Policía y miembros del Ejército de Guatemala lanzaron gases lacrimógenos para disolver una manifestación conformada por la comunidad indígena, en El Estor, Izabal, el único departamento guatemalteco con salida al océano Atlántico.

El enfrentamiento ocurrió a unos 155 km al noreste de la capital, un día después de que la policía desalojara con gases a decenas de indígenas maya-q’eqchi’ que horas después volvieron a concentrarse en la ruta.

Jorge Aguilar, vocero de la policía, dijo que cuatro agentes resultaron heridos «por arma de fuego». Imágenes y videos divulgados mostraron a policías retirando ramas de árboles y otros objetos que habían sido colocados para cerrar el paso, y a las fuerzas antimotines lanzar gas.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó este sábado su preocupación por la represión policial a un grupo de comunidades indígenas en resistencia en el noreste del país, quienes se oponen a la mina que funciona «ilegalmente».
«En resistencia» contra la Compañía Guatemalteca de Níquel

Las comunidades indígenas se apostaron en el camino desde el 4 de octubre «en resistencia» al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.

El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también ha denunciado que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.

Antes del desalojo, un indígena que se cubría el rostro con una mascarilla indicó que la intención de las fuerzas de seguridad, entre éstas soldados, era permitir el paso de góndolas y camiones de la empresa.

Posteriormente, otros vecinos realizaron una protesta a favor de la mina al señalar que esta genera empleo en el municipio, según medios locales.

En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.

Sin embargo, pese a la prohibición, el procurador Rodas aseguró que «el Gobierno de Guatemala», que preside Alejandro Giammattei, «resguarda camiones de CGN» para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad «reprimen a la población y periodistas».
https://www.dw.com/es/disuelven-protesta-ind%C3%ADgena-contra-minera-suiza-en-guatemala/a-59608040

Guatemala

Guatemala impone el estado de sitio para mitigar los enfrentamientos por una mina

24/10/2021
GUATEMALA ENFRENTAMIENTOS
Ciudad de Guatemala, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Guatemala impuso este domingo un estado de sitio en un municipio del noreste del territorio, con el objetivo de mitigar los enfrentamientos de los últimos días entre las fuerzas de seguridad y varias comunidades indígenas que se oponen al funcionamiento de una mina.

La medida ordenada por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, mediante el decreto 9-2021, busca detener las manifestaciones en contra de la mina Fénix, perteneciente a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa y suiza Solway Investment Group.

La decisión del Gobierno abarca únicamente el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde se ubica la mina y se registraron los enfrentamientos este viernes y sábado.

El estado de sitio impuesto por Giammattei tendrá una duración de 30 días y permite a las autoridades evitar la libre locomoción de la población, así como diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras medidas.

Los enfrentamientos se registraron durante viernes y sábado entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q’eqchi’ que se oponen al funcionamiento de la mina.

El Gobierno de Giammattei enfatizó que el estado de sitio fue impuesto debido a que “se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes” del municipio, tal y como señaló este domingo el diario oficial donde se anuncio la medida.

Los miembros de las comunidades indígenas se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil ha informado que al menos 17 de sus miembros han resultado heridos en los enfrentamientos, incluidos cuatro agentes lesionados con arma de fuego.

Por su parte, el Ejército de Guatemala informó que al menos 500 soldados se encuentran en El Estor con operativos de “seguridad poblacional” y “puestos de control” para apoyar a la Policía Nacional Civil.

MINA ILEGAL, SEGÚN EL OMBUDSMAN

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona “ilegalmente”.

“Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa”, enfatizó el ombudsman.

Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que “el Gobierno de Guatemala”, presidido por Giammattei, “resguarda camiones de CGN” para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad “reprimen a la población y periodistas”.

Tanto el viernes como el sábado, cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia con bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.

Estas comunidades pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel por carecer de estudios de impacto ambiental y de la autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.

El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró el sábado por la noche en un comunicado de prensa que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen “otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona” que “no están relacionados con la resolución referida”.

Varias entidades y organizaciones sociales criticaron el estado de sitio ordenado por Giammattei, al asegurar que la decisión tiene otros intereses.

La bancada de oposición en el Congreso Winaq indicó en sus canales de comunicación que el decreto del estado de sitio “no es para brindar seguridad y tranquilidad” a la población, sino “para proteger a una empresa minera cuyas operaciones están suspendidas”.

Según datos oficiales, la extracción minera en Guatemala tuvo su auge en 2014 y 2015, con casi 750 millones de dólares producidos cada año. Sin embargo, decayó en los últimos años hasta obtener 30 millones de dólares en 2019 debido a la suspensión de licencias para empresas extractoras.
https://holanews.com/guatemala-decreta-el-estado-de-sitio-debido-a-enfrentamientos-por-una-mina/

Guatemala

Por derecho de consulta, se registran protestas contra mineras en El Estor, Izabal

Manuel García –
21/10/2021
Agentes de la PNC acudieron al lugar para tratar de retirar a los manifestantes. Foto: Twitter/marycarr09

Por más de dos semanas, integrantes del Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ han anunciado protestas pacíficas en contra de la empresa minera rusa Maya Níquel y Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en el Estor, Izabal. A ese lugar se movilizó un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), para intentar desalojarlos.

El Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ instaló una protesta desde la primera semana de octubre, para exigir su derecho a la preconsulta que realizará el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con relación a las actividades de la mina Fénix.

Los pobladores exigieron el derecho de consulta y proteger el lago de Izabal, para lo cual según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) bloquearon el paso hacia la planta procesadora que se ubica dentro del proyecto minero.

ANTIMOTINES RESGUARDAN CAMIONES

En este contexto, los representantes del Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ han denunciaron el uso de los antimotines para resguardar camiones de las empresas rusas Maya Níquel y CGN.

Por ello, los comunitarios, alertaron que el interés de las empresas mineras era utilizar la fuerza pública para lograr el ingreso de los camiones pesados cargados de carbón, sin garantizar la integridad física de mujeres y hombres que mantienen la resistencia pacífica.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Según el MEM, se llevó a cabo una reunión para conocer las inquietudes de los pobladores y despejar dudas respecto a la sentencia y el proceso de consulta, pero la misma se volvió tensa, por lo que suspendieron el diálogo.

El ministerio recibió dos memoriales de comunitarios y uno de los amparistas, solicitando participar en el proceso de consulta aduciendo los primeros ser representantes de las comunidades, y los segundos fundamentándose en el hecho de ser quienes interpusieron la acción de amparo, según la declaración del Viceministro de Desarrollo Sostenible, Oscar Rafael Pérez.

“La reunión se tornó violenta, por lo que se consideró que no era posible continuar por esa vía el diálogo. La violencia, es importante mencionar, fue incitada por los abogados que auxilian a los solicitantes en los memoriales recibidos”, indicó Pérez.

Según el MEM, solicitó el apoyo de la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD), para actuar como mediador con las personas que solicitan ser parte del proceso de consulta, que ahora realizan manifestaciones en las que se bloquea el tránsito.

Representante de la CPD en Izabal propuso una mesa de diálogo con los manifestantes, a la cual el MEM estuvo de acuerdo en realizar, pero bajo condiciones que garantizaran el diálogo, respeto, la integridad de los participantes y la representatividad de los líderes que participarían. Sin embargo, la propuesta de CPD fue rechazada por los manifestantes, indicó la cartera.


PENDIENTE RESOLUCION DE CC
Imagen Ilustrativa. La Corte de Constitucionalidad debe resolver un amparo planteado por las comunidades. Foto: La Hora/Congreso.

El MEM indicó que cinco comunidades interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, de las cuales solo una está dentro del área de influencia y las demás están fuera o no son localizables.

“Este Ministerio se encuentra a la espera de la resolución de ese amparo, y acatará lo que la Corte resuelva. Mantenemos la seguridad de que el MEM está realizando las consultas en un marco de legalidad, legitimidad, e inclusividad”, indicó Pérez.
https://lahora.gt/por-derecho-de-consulta-se-registran-protestas-contra-mineras-en-el-estor-izabal/

El Salvador, Guatemala

Oposicion a proyecto Cerro Blanco

Comunicado
Las organizaciones parte de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas (RedCAT), ante las diferentes informaciones emitidas por la empresa
canadiense Bluestone Resources Inc. actual propietaria del proyecto minero conocido como
Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en la
república de Guatemala; expresamos:
1. Que se trata de un proyecto minero a cielo abierto con el fin de extraer oro y plata, que
de acuerdo a los estudios realizados por la empresa, esperan obtener un total aproximado de
2,45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata, lo que significa que
anualmente obtendrían aproximadamente 231,000 onzas de oro durante la vida útil de la
mina establecida para un total de 11 años, lo cual implica extraer en promedio 15.000
toneladas de roca por día.
2. Que en diferentes estudios realizado a nivel nacional e internacional, unos de los
impactos negativos de la minería metálica se observan de manera inmediata en los bienes
hídricos que se localizan en la zonas de los proyectos, principalmente por la contaminación
debido al uso de químicos como el cianuro para la separación del oro y la plata de la roca,
pero también, por la liberación de los metales pesados que se encuentran en el subsuelo.
En el caso de Cerro Blanco, la situación es aún más delicada, porque adicional al uso
extensivo del agua, este proyecto minero tiene la particularidad de estar asentado sobre un
cuerpo de agua termal, cuyas temperaturas son superiores a los 50 grados centígrados
dependiendo del nivel de profundidad del agua, la cual necesitan extraer para poder obtener
el oro y la plata. Sin embargo, hasta hoy la empresa no ha informado de que forma hará
dicho procedimiento y si efectivamente cuenta con la capacidad técnica y la tecnología
adecuada para hacerlo.
3. Que ciertamente este proyecto minero se localiza en territorio guatemalteco, pero, como
se ha demostrado técnica y científicamente, los impactos socio ambientales derivados de su
potencial explotación, afectarían en primer instancia a las y los hermanos guatemaltecos
que viven en la zona del proyecto y a los que viven en la zona sur y sur oriental del
municipio de Asunción Mita,
Asimismo, la población salvadoreña en general se vería afectada, dado que el proyecto se
localiza en la cuenca del rio Lempa.En el corto y mediano plazo, el proyecto minero impactaría negativamente en la calidad y
cantidad de agua, tanto del rio Ostua como del lago de Guija, y posteriormente, es
previsible que la contaminación llegue hasta el rio lempa, dado que el lago de Guija es
tributario del rio lempa.
4. En consecuencia, el proyecto minero Cerro Blanco se caracteriza por ser un proyecto
transfronterizo, en tanto que, ejecutándose en la república de Guatemala, afecta a la
población guatemalteca, pero también afectaría a la población salvadoreña.
Precisamente por ese carácter transfronterizo y convencidos de los daños que ocasiona la
explotación minera a la vida, es importante retomar las recomendaciones hechas, a partir de
su visita a El Salvador en el año 2016, por el Relator Especial sobre los derechos humanos
al agua potable y al saneamiento, Léo Heller en el sentido de “establecer una relación
cooperativa [con El Salvador], por medio de tratados bilaterales o trilaterales, para lograr
un manejo adecuado de las cuencas transfronterizas, afirmando el uso prioritario de agua
para el consumo humano sobre otros usos y adoptando como punto central los principios de
los derechos humanos al agua y el saneamiento”. Véase el Informe del Relator Especial
sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a El
Salvador, 3 de agosto de 2016, A/HRC/33/49/Add.1, párr. 98.
Asimismo, el 19 de julio de 2019 el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento, Léo Heller “Reitera que los Estados tienen la obligación de velar
por que ninguna de las actividades realizadas en su territorio prive a otro Estado de la
capacidad de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho (véase
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 15 sobre
el derecho al agua, párr. 31).
5. Por su parte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al finalizar su
visita in loco del 2 al 4 de diciembre de 2019, por invitación del Estado de El Salvador,
emitió sus observaciones preliminares hechas públicas el 27 de diciembre de 2019, entre
sus recomendaciones en relación a la situación de las actividades económicas que afectan
las vida y que vulneran los derechos humanos de las personas plantea: “Impulsar la
negociación y adopción de un tratado en cooperación con países fronterizos para garantizar
las medidas necesarias de prevención, regulación y supervisión de un manejo integral y
sustentable de cuencas compartidas de las aguas transfronterizas adoptando como punto
central el contenido del derecho humano al agua.
A partir de lo anteriormente expuesto la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas plantea:
1. Es necesario organizarse y movilizarse en contra del proyecto minero Cerro Blanco,
detener ese proyecto minero es fundamental para el futuro de nuestros pueblos.
2. Denunciemos a nivel local, nacional e internacional las consecuencias nefastas de
los proyectos mineros transfronterizos en la vida de las personas y de la naturaleza.
3. Reiteramos nuestra demanda a los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador
de iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas
con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad, que garantice el acceso al aguapotable y al saneamiento a la población de la región, y de participación real de las
comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en
la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021

Guatemala

Guatemala inicia proceso de pre consulta por el Derecho Minero Fénix

01/10/2021
Foto: Cortesía del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, en cumplimiento del mandato de la Corte de Constitucionalidad (CC), inició este martes (28 de setiembre) con el proceso de pre consulta al pueblo maya q’eqchi’, respecto al derecho minero Fénix, ubicado en El Estor, Izabal y cuya área de influencia indirecta abarca comunidades de ese municipio y de Panzós, Alta Verapaz.

La actividad contó con la presencia de los 38 representantes titulares y suplentes de las 13 instituciones que ordenó la sentencia emitida por la CC.

El ministro Alberto Pimentel Mata manifestó su satisfacción ante el inicio de la pre consulta en mención, y comentó que el proceso deviene de una sentencia de la CC que asigna la responsabilidad al MEM de llevarlo a cabo; y recordó que el proceso en marcha debió suspenderse en dos ocasiones debido a disposiciones sanitarias, producto de la pandemia de Covid-19.

Los acuerdos alcanzados durante esta primera jornada fueron:

Aprobación por unanimidad de la solicitud planteada por los COCODES de El Estor para ampliar su participación de dos a tres representantes.
Contratación de profesionales especializados para la traducción de la información y materiales de apoya al idioma q’eqchi’.
Toda la información generada dentro de la primera reunión y de los siguientes eventos de pre consulta, se podrá consultar y estará disponible en la página del MEM.
Se estipula realizar tres reuniones más de pre consulta y, de ser necesario, establecer mesas de trabajo para agotar temas específicos. Para ello, se alternarán las reuniones entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
Se sometió a consideración de los participantes del proceso de pre consulta, si se escuchaba a los amparistas y a las organizaciones que han solicitado adherirse a la mesa de pre consulta para exponer sus puntos de vista. Por mayoría de votos la decisión fue negativa. A solicitud del Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Presidencial de Diálogo realizará contacto con los solicitantes de acreditación, para funcionar como mediador y conciliador.

Guatemala inicia proceso de pre consulta por el Derecho Minero Fénix

Guatemala

Proyecto minero Escobal: Guatemala aplaza inicio de etapa de preconsulta

20/04/2021
Ministro Alberto Pimentel Mata/ Cortesía del MEM.

El inicio de la etapa de preconsulta con el pueblo indígena Xinka, en Guatemala, sobre el proyecto minero Escobal se reprogramó para el 21 de mayo próximo, anunció el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata.

Luego de una serie de reuniones de acercamiento entre el Parlamento del Pueblo Xinka y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se había acordado que dicha reunión se realizaría el 20 de abril de este año. Sin embargo, debido a las disposiciones del Gobierno para contener la pandemia de Covid-19 – aprobadas el pasado viernes- la reunión se suspendió.

“El MEM respetuoso de esas disposiciones y tomando en cuenta que la salud de los guatemaltecos es el bien más importante que compete cuidar, tuvo la necesidad de suspender temporalmente la primera reunión del proceso de pre consulta que estaba programada para el 20 de abril y que se iba a realizar en la sede del Parlamento Xinka de Guatemala”, afirmó el ministro.

Explicó que esta consulta deviene de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual se ordena al MEM realizar el proceso de consulta con el pueblo indígena Xinka, con miras a poder reactivar el derecho minero Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

El ministro recalcó que pese a la situación que obligó a suspender la reunión ya se fijó una fecha nueva fecha y se espera que esta se lleve a cabo el próximo 21 de mayo.
Proceso de consulta

La reunión en mención es el inicio de un proceso de consulta que fuera ordenado en cumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala dentro de la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el MEM, el proceso de pre consulta tomará de dos a tres meses, mientras que el proceso de consulta, junto a la fase de entrega de información y diálogo intercultural pueda realizarse en un plazo de cuatro a seis meses.
El Dato

La mina de plata Escobal es operada por Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources hasta enero de 2019. Pasando a manos de Pan American Silver.
Debido a la resistencia y la violación de derechos indígenas, la mina ha sido suspendido desde junio de 2017.

Proyecto minero Escobal: Guatemala aplaza inicio de etapa de preconsulta

Argentina, Guatemala

PAS SE ENTROMETE EN PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PUEBLO XINCA

21/12/2020
En Guatemala el pueblo Xinca viene luchando contra un proyecto minero de plata denominado El Escobal, hoy propiedad de Pan American Silver. Tras grandes movilizaciones y sufrir represión estatal y por parte de la seguridad privada de la empresa, lograron que se realice el proceso de Consulta Previa Libre e Informada estipulado por el Convenio 169 de la OIT y que se suspenda el proyecto. PAS, en una práctica similar a la que utiliza en Chubut -donde adquirió Navidad para apostar a cambiar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia-, compró en 2018 en Guatemala un proyecto resistido y suspendido por la falta de licencia social. La empresa hoy es denunciada por su injerencia y falta de respeto por el proceso logrado por el pueblo Xinca, desde donde alientan a los pueblos originarios del sur a exigir que se cumpla este derecho.

Entrevista a Quelvin Jiménez, abogado e integrante del Parlamento Xinca, quien explica estos años de lucha contra el gobierno guatemalteco y las empresas mineras canadienses.
Por Julián Raso para Noalamina.org

Para alguien que vive lejos de Guatemala… ¿Nos podría contar sobre el pueblo Xinca?

Pues el pueblo Xinca somos tal vez, uno de los pueblos originarios más pequeños que existimos en Guatemala. Históricamente hemos sido tal vez el pueblo indígena más marginado, puesto que no se nos reconoce ni siquiera en la constitución política de la República. Fue con los acuerdos de Paz, y específicamente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas que nos reconoció legalmente el Estado de Guatemala. Se nos ha invisibilizado de distintas maneras, sin embargo, ha habido una lucha muy fuerte de las autoridades del pueblo Xinca por reivindicar nuestros derechos colectivos como pueblos: derechos a la identidad, a la tierra, a nuestro idioma y nuestra cultura. La mayoría de las comunidades tenemos territorios comunales titulados e inscritos a nombre de las comunidades Xincas.

En un momento se enteran que hay una megaminera que puede afectarles. ¿Cuáles son los problemas que generó el proyecto El Escobal? ¿Cuáles creen que pueda generar a futuro?

Bueno, a finales de 2009, nos enteramos de que hay intereses de compañías trasnacionales de instalarse en el territorio para explotar un proyecto en un municipio que se llama San Rafael las Flores, y empezó a crecer el rumor de que no era sólo en este lugar donde se iba a explotar sino que habían intereses mucho más grandes. Para el 2013 la propietaria del Proyecto El Escobal que ahora es Pan American Silver, en ese entonces Tahoe Resources, manifestaba y le exponía a sus accionistas que habían encontrado el segundo yacimiento de plata más grande del mundo y que este yacimiento estaba en un área de alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados. Eso abarca precisamente, la mayoría de los territorios comunales Xincas, que además gozan de una protección especial desde la Constitución Política de la República.

En ese sentido es que las comunidades nos articulamos, nos organizamos y empezamos a exigir al gobierno que se nos respetara el derecho a la consulta. Que pudiéramos ejercer el derecho y que no se hiciera el proyecto hasta no agotarse el proceso de consulta. Lo exigimos desde finales del 2009 hasta el 2013 a través de manifestaciones pacíficas, plantones que se hacían frente al proyecto minero y también ante la Embajada de Canadá para decirle al embajador y mandarle un mensaje al Gobierno de Canadá de que no queríamos ese tipo de proyecto en nuestros territorios.

Porque uno de los elementos más fuertes de nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión es el agua, y se estaba instalando el proyecto principalmente en la zona de recarga hídrica del departamento de Santa Rosa: justamente donde nace la cuenca de Los Esclavos, donde se recargan las fuentes de agua de un departamento completo.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno y de la misma compañía? Pues precisamente la criminalización de la gente. Hasta el día de hoy tenemos más de 200 personas que han estado sujetas a un proceso penal de denuncias falsas, espurias, que ha montado la compañía con el apoyo de terceras personas en contra de autoridades xincas y líderes comunitarios que han manifestado su rechazo al proyecto. Y tal vez los sucesos más trágicos, son del 27 de abril de 2013, en donde prácticamente el jefe de seguridad de la compañía minera ordenó disparar en contra de hermanos que estaban exigiendo el derecho a la consulta frente al proyecto minero. Eso ha sido la criminalización y eso considero yo lo más fuerte que se ha estado viviendo.

(Tras estas acciones, en las que resultaron heridos integrantes del pueblo Xinca y que derivó en la imposición de un Estado de Sitio, el jefe de seguridad de la empresa se fugó a Perú y hoy se encuentran en un proceso de extradición buscando poder juzgarlo)

Además del desecamiento de varias fuentes de agua en la zona, que nosotros sostenemos ha sido a causa de la utilización excesiva de agua de la compañía, o porque está drenando demasiada agua en los túneles. Y también casi se desapareció una aldea completa debido a las vibraciones de los camiones, a la detonación de explosivos en los túneles por lo que más de 70 familias tuvieron que vivir un calvario durante 2014 y el 2015.

O sea que hay por un lado una criminalización por parte del Estado pero también las empresas mineras actuaron contra la población propia, con seguridad privada…

Así es. Y eso fue una práctica recurrente porque una de las manifestaciones donde después hubo detenidos por parte de la Policía Civil, la compañía estaba intentando instalar una línea de energía eléctrica, pero las comunidades se organizaron y evitaron que pasara la línea. En esa oportunidad para resguardar a los que estaban haciendo la instalación y para intimidar a la población, pues tenían agentes de seguridad privada vestidos de antimotines, con perros de ataque. Y estaban mezclados justamente con la Policía Civil. El segundo día de protestas ya quien actúa deliberadamente es la Policía Nacional Civil, inclusive golpeando mujeres, disparando con armas de fuego contra los manifestantes. Hay toda una confabulación entre la compañía y el gobierno para imponer el proyecto a costa de la represión de la población.

Cuando hablamos de compañía, ¿En qué momento se dio el cambio en el que accede Pan American Silver?

Creo que la negociación empezó a principios de 2018. Finalizó a finales de 2018.

O sea que ingresa ya a sabiendas de todo este conflicto…

Sí, definitivamente. No era para nada un secreto. De hecho en Estados Unidos hay tres demandas… Si no estoy mal dos en Nevada y una en Nueva York. Demandas civiles de los mismos accionistas de Tahoe, porque nunca les informaron acerca de las violaciones a los Derechos Humanos que ocasionó la compañía en el territorio. También el Fondo de Pensiones de Noruega retiró alrededor de 70 millones de euros de las acciones de la compañía precisamente por estas denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos. Pan American tenía pleno conocimiento de la problemática que enfrentaba el proyecto en la región. Esas demandas obviamente son públicas y tuvieron que haberse puesto sobre la mesa en el momento de hacer la negociación.

¿Cambió algo con el cambio de empresa o qué se puede observar?

Pues observamos que es la misma política, la misma dinámica. De hecho nosotros obtuvimos una sentencia el 3 de septiembre de 2018 que ordena consultar al pueblo xinca y se suspende el proyecto hasta que no se realice el proceso de consulta. Pero en ese momento la Corte establece que deben haber ciertos requisitos o estándares al momento de llevarla a cabo, eso requiere de buena fe y el carácter libre de la consulta. Para nosotros que haya publicidad en medios de comunicación y demás, eso es parte de las acciones de coacción o de manipulación de la opinión que se pueden dar. Y en esa línea pudimos percibir que por lo menos en 2018 y a principio de 2019 pues había todavía un posicionamiento en medios de comunicación como si fueran entrevistas. Yo creo que lo único que ha cambiado es el nombre de la compañía. Pan American Silver pidió en 2019 perdón por el atentado del 27 de abril de 2013 donde hermanos fueron heridos, y reconoció que la seguridad disparó y que fue su jefe quien lo hizo.

Lo que nombrás sobre los medios de comunicación, acá en Chubut está a la vista. Hace ya ocho años que Pan American Silver está instalada en los territorios y pese a tener una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, pese a que no se ha realizado la consulta previa a las comunidades que serán afectadas en caso de que se apruebe el proyecto, es impresionante la cantidad de dinero invertido para tratar de condicionar esta decisión. ¿Qué le podrían decir desde Guatemala, desde el pueblo Xinca, a las comunidades originarias de Chubut sobre las posibilidades de tener un proceso de Consulta Previa? Y también, sobre la posibilidad de frenar un emprendimiento de gran escala antes de que se instale.

Definitivamente la consulta debe ser previa. Yo creo que el llamado sería para que se puedan articular, se puedan organizar, unir cada vez más. Unidos son más fuertes. Y exigirle al gobierno, al Estado Argentino que cumpla con esos compromisos internacionales que le impone el Convenio 169. Hay amplia jurisprudencia en el Sistema Interamericano que es de aplicación obligatoria para los estados parte, que le ordenan respetar las decisones de los pueblos, ese derecho que tenemos los pueblos a decidir qué tipo de desarrollo queremos. Quién entra y quién no entra en nuestro territorio. Y no se trata de un simple proceso en donde se va a levantar la mano y decir sí o no. Sino un proceso que tiene que estar revestido de varios requisitos, tienen que prevalecer varios requisitos como el de buena fe, el carácter libre. Una de las cosas que hemos estado exigiendo aquí es en primer lugar, que no podemos empezar cuando hay una coacción, una coerción de la población. Si nos vamos a sentar en un proceso de consulta debe haber en primer lugar mesa limpia. Es decir, no puede haber ninguna condicionante que pueda manipular la opinión o la voluntad de la población. Se tiene que tener información objetiva, completa, y tener el tiempo para poderla analizar y poder tomar una decisión realmente pensada, con base en información real. Inclusive con sus expertos, deben los expertos eliminar esa brecha de desigualdad que hay entre las compañías y los pueblos indígenas. Porque yo no soy geólogo, no puedo entender temas de geología. En ese sentido la Corte de constitucionalidad de aquí de Guatemala dijo que debe el Estado pagar a los expertos que van a asesorar y ayudar a entender la información en el proceso de consulta. Y no tiene que ser cualquier experto que diga el gobierno sino los expertos y personas en quienes confían las autoridades de los pueblos porque de eso se trata el principio de buena fe en la consulta. Eso debe ser un principio para todos los procesos de consulta.

Bueno acá el gobierno basa su proyecto de modificación de la ley que hoy prohíbe la minería, en un informe que está provisto por una Red de Académicos por la Minería Sustentable. ¿Cree que podría ser objetiva una información proveniente de una red así?

Yo creo que no, de ninguna manera podría ser un informe objetivo. Desde el momento en que tienes el nombre de mineros sustentables ya nos da la percepción de que se busca dar cierta información que tienda a tratar de hacer parecer que en algún momento la minería metálica pueda ser sustentable. Hoy por hoy, yo no conozco un sólo proyecto en el mundo que no tenga impacto en el tema ambiental.

Y otro tema súper interesante es que el Convenio 169 no se centra específicamente en el tema ambiental, sino que se centra en el tema cultural y espiritual. Se tiene que evaluar cuál es el impacto en las formas de vida, en la cultura, en la espiritualidad de los pueblos. No se trata solamente del ambiente como tal, sino de cómo impacta en la cultura, en las formas de comunicarse, en cómo afectará a las plantas ancestrales medicinales, si se van a verter desechos químicos en un río que es fuente no sólamente de alimento sino también de sabiduría y conocimiento para los pueblos. El proceso de Consulta va en esa línea, va en ese sentido. Por eso el gobierno no puede dejar de un lado también la obligación que tiene de evaluar esos impactos, más allá del impacto ambiental, el impacto cultural, el impacto espiritual en las formas de vida de los pueblos originarios que están reclamando que se respete ese derecho en sus territorios.

Entrevista realizada en Voces por la Tierra, Radio Nacional Esquel AM 560.
Fotografías aportadas por Quelvin Jiménez

https://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/44736-pas-se-entromete-en-proceso-de-consulta-previa-del-pueblo-xinca

Guatemala

Informe sobre minería en Guatemala denuncia tácticas de mineras contra países

Entrada de la mina El Tambor, en Guatemala. EFE/Saul Martínez/ARCHIVO
Publicado por: Julio César Rivas 24/08/2020 Toronto (Canadá)

Compañías mineras están abusando de las herramientas de arbitraje internacional para presentar demandas millonarias contra países en desarrollo, especialmente de Latinoamérica, cuando sus operaciones son rechazadas por comunidades locales según un informe dado a conocer hoy y que analiza el caso de KCA contra Guatemala.

La empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada (Estados Unidos), demanda más de 400 millones de dólares (350 millones de indemnización más intereses más costes) a Guatemala por la suspensión de su proyecto El Tambor.

Consulta previa a las comunidades
En 2016, la Corte Suprema de Guatemala y en 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenaron la suspensión de las operaciones del proyecto, también conocido como Progreso VII Derivada, en el municipio de San Pedro Ayampuc, porque las comunidades locales no fueron consultadas para la concesión de la licencia minera.

En respuesta, en diciembre de 2018 KCA hizo uso de la cláusula de protección de inversiones del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana para solicitar el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Grupo del Banco Mundial.

Informe sobre los argumentos de las mineras

Vista de la mina El Tambor en Guatemala. EFE/Saúl Martínez/ARCHIVO

Pero según el informe “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) sobre su proyecto de oro en Guatemala”, KCA está utilizando el Ciadi en Washington para presionar al Gobierno guatemalteco a que autorice la operación de El Tambor o a pagar una gigantesca indemnización.

El informe del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington y elaborado por el periodista guatemalteco Luis Solano junto a las investigadoras Ellen Moore y Jennifer Moore indica que KCA ha ignorado la oposición de las comunidades, ha incumplido la normativa guatemalteca y ha omitido detalles clave del caso, como el uso de violencia para abrir la mina.

Extracción de recursos naturales
Jennifer Moore declaró a Efe que la solicitud de arbitraje ante Ciadi por parte de empresas mineras y de extracción de recursos naturales “está convirtiéndose en una industria en sí misma, en las que firmas de abogados ganan enormes cantidades de dinero”.

“Es más fácil para las corporaciones estas demandas que poner en marcha las operaciones y hay terceros que proporcionan la financiación para las demandas”, añadió Moore quien añadió que en las últimas décadas, el sector privado ha presentado 38 demandas de arbitraje similares contra países latinoamericanos.

Moore y Solano calificaron el caso de El Tambor y la demanda de KCA contra Guatemala como “emblemático” de las tácticas del sector.
Oposición al proyecto y corrupción
Solano dijo a Efe que “este caso es muy importante porque se trata de un movimiento genuino, comunitario, de resistencia surgido hace casi una década. Ha sido una batalla legal y de resistencia pacífica a un proyecto que lo consideran ilegal, que producirá ganancias millonarias a costa de destrucción de recursos naturales y violencia con costos inconmensurables y que contó con el respaldo de los gobiernos de turno”.

A pesar de las sentencias en Guatemala contra KCA por no haber consultado a las comunidades, la notificación del arbitraje presentada por la empresa ante Ciadi señala que recibió la licencia social para operar la mina tras haber “consultado con las comunidades y no habiendo recibido ninguna objeción de su plan minero”.

KCA también achaca las protestas a “organizaciones no gubernamentales que incitaron a la población local a bloquear el acceso a los sitios mineros”.

Agua y salud
Pero según los autores del informe, desde que se iniciaron los trabajos de construcción en febrero de 2012, pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo bloquearon el sitio minero “preocupados por su agua y su salud”.

“Poco después de iniciar el plantón, los miembros de la comunidad empezaron a enfrentarse a la represión violenta y a las amenazas por la policía y la seguridad privada de la empresa”, señala el informe que califica de “falsa” la afirmación de KCA de que no recibió objeciones a su plan.
KCA ha señalado ante el Ciadi que la licencia para operar la mina fue “expedida legalmente” por las autoridades guatemaltecas.

Sin embargo, el informe dice que KCA obtuvo la licencia de forma sospechosa durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2011) “a pesar de una moratoria sobre nuevos permisos mineros”.
“Aún no se ha aclarado exactamente cómo obtuvo KCA su licencia de explotación, pero las circunstancias hacen saltar la alarma sobre la voluntad del Gobierno de ceder a los intereses de la industria y de KCA”, señala el informe.

Los autores enumeran las autoridades y gobiernos guatemaltecos que prestaron su apoyo al proyecto de KCA a pesar de que no obtuvo el permiso de construcción municipal, y las dudosas conexiones de altos funcionarios con empresas mineras como KCA.

“KCA también gozó de importantes relaciones con la élite guatemalteca. El proyecto minero de KCA probablemente pudo beneficiarse del acceso de estos individuos a los funcionarios gubernamentales y su influencia en los procesos administrativos, jurídicos y reglamentarios”,dijo el informe.

Finalmente, el informe afirma que “la mina de oro de KCA entró en operación como resultado de la represión violenta llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigida por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC (Policía Nacional Civil) bajo un gobierno corrupto”. EFEverde

https://www.efeverde.com/noticias/mineria-guatemala-informe-tacticas-mineras-kca/

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