Guatemala

Informe sobre minería en Guatemala denuncia tácticas de mineras contra países

Entrada de la mina El Tambor, en Guatemala. EFE/Saul Martínez/ARCHIVO
Publicado por: Julio César Rivas 24/08/2020 Toronto (Canadá)

Compañías mineras están abusando de las herramientas de arbitraje internacional para presentar demandas millonarias contra países en desarrollo, especialmente de Latinoamérica, cuando sus operaciones son rechazadas por comunidades locales según un informe dado a conocer hoy y que analiza el caso de KCA contra Guatemala.

La empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada (Estados Unidos), demanda más de 400 millones de dólares (350 millones de indemnización más intereses más costes) a Guatemala por la suspensión de su proyecto El Tambor.

Consulta previa a las comunidades
En 2016, la Corte Suprema de Guatemala y en 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenaron la suspensión de las operaciones del proyecto, también conocido como Progreso VII Derivada, en el municipio de San Pedro Ayampuc, porque las comunidades locales no fueron consultadas para la concesión de la licencia minera.

En respuesta, en diciembre de 2018 KCA hizo uso de la cláusula de protección de inversiones del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana para solicitar el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Grupo del Banco Mundial.

Informe sobre los argumentos de las mineras

Vista de la mina El Tambor en Guatemala. EFE/Saúl Martínez/ARCHIVO

Pero según el informe “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) sobre su proyecto de oro en Guatemala”, KCA está utilizando el Ciadi en Washington para presionar al Gobierno guatemalteco a que autorice la operación de El Tambor o a pagar una gigantesca indemnización.

El informe del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington y elaborado por el periodista guatemalteco Luis Solano junto a las investigadoras Ellen Moore y Jennifer Moore indica que KCA ha ignorado la oposición de las comunidades, ha incumplido la normativa guatemalteca y ha omitido detalles clave del caso, como el uso de violencia para abrir la mina.

Extracción de recursos naturales
Jennifer Moore declaró a Efe que la solicitud de arbitraje ante Ciadi por parte de empresas mineras y de extracción de recursos naturales “está convirtiéndose en una industria en sí misma, en las que firmas de abogados ganan enormes cantidades de dinero”.

“Es más fácil para las corporaciones estas demandas que poner en marcha las operaciones y hay terceros que proporcionan la financiación para las demandas”, añadió Moore quien añadió que en las últimas décadas, el sector privado ha presentado 38 demandas de arbitraje similares contra países latinoamericanos.

Moore y Solano calificaron el caso de El Tambor y la demanda de KCA contra Guatemala como “emblemático” de las tácticas del sector.
Oposición al proyecto y corrupción
Solano dijo a Efe que “este caso es muy importante porque se trata de un movimiento genuino, comunitario, de resistencia surgido hace casi una década. Ha sido una batalla legal y de resistencia pacífica a un proyecto que lo consideran ilegal, que producirá ganancias millonarias a costa de destrucción de recursos naturales y violencia con costos inconmensurables y que contó con el respaldo de los gobiernos de turno”.

A pesar de las sentencias en Guatemala contra KCA por no haber consultado a las comunidades, la notificación del arbitraje presentada por la empresa ante Ciadi señala que recibió la licencia social para operar la mina tras haber “consultado con las comunidades y no habiendo recibido ninguna objeción de su plan minero”.

KCA también achaca las protestas a “organizaciones no gubernamentales que incitaron a la población local a bloquear el acceso a los sitios mineros”.

Agua y salud
Pero según los autores del informe, desde que se iniciaron los trabajos de construcción en febrero de 2012, pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo bloquearon el sitio minero “preocupados por su agua y su salud”.

“Poco después de iniciar el plantón, los miembros de la comunidad empezaron a enfrentarse a la represión violenta y a las amenazas por la policía y la seguridad privada de la empresa”, señala el informe que califica de “falsa” la afirmación de KCA de que no recibió objeciones a su plan.
KCA ha señalado ante el Ciadi que la licencia para operar la mina fue “expedida legalmente” por las autoridades guatemaltecas.

Sin embargo, el informe dice que KCA obtuvo la licencia de forma sospechosa durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2011) “a pesar de una moratoria sobre nuevos permisos mineros”.
“Aún no se ha aclarado exactamente cómo obtuvo KCA su licencia de explotación, pero las circunstancias hacen saltar la alarma sobre la voluntad del Gobierno de ceder a los intereses de la industria y de KCA”, señala el informe.

Los autores enumeran las autoridades y gobiernos guatemaltecos que prestaron su apoyo al proyecto de KCA a pesar de que no obtuvo el permiso de construcción municipal, y las dudosas conexiones de altos funcionarios con empresas mineras como KCA.

“KCA también gozó de importantes relaciones con la élite guatemalteca. El proyecto minero de KCA probablemente pudo beneficiarse del acceso de estos individuos a los funcionarios gubernamentales y su influencia en los procesos administrativos, jurídicos y reglamentarios”,dijo el informe.

Finalmente, el informe afirma que “la mina de oro de KCA entró en operación como resultado de la represión violenta llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigida por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC (Policía Nacional Civil) bajo un gobierno corrupto”. EFEverde

https://www.efeverde.com/noticias/mineria-guatemala-informe-tacticas-mineras-kca/

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Guatemala

CC ordena mantener suspendidas operaciones de Mina Fénix

Por Jessica Gramajo

19/06/2020
Las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel en Izabal seguirán suspendidas por orden de la CC. (Foto: Compañía Guatemalteca de Níquel)

Las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel en Izabal seguirán suspendidas por orden de la CC. (Foto: Compañía Guatemalteca de Níquel)

Las operaciones de la Mina Fénix, ubicada en Izabal, seguirán suspendidas luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó sentencia a una apelación de amparo promovido contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por haber otorgado licencia de explotación a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

En julio del año pasado, la CC suspendió de manera temporal la licencia de explotación de la CGN a nombre de la Minera Fénix, decisión que fue apelada, pero rechazada este viernes.

«Este Tribunal confirmó el otorgamiento del amparo al considerar que se violaron los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente», señala la CC en un comunicado.

Además, indicaron que «el MEM otorgó la licencia de explotación a la CGN sin que esta cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar y no atendió la cosmovisión de los pueblos indígenas asentados en el área de influencia del proyectos minero señalado».

Autorizan un área
Sin embargo, la CC estableció que de los 247.9 kilómetros cuadrados otorgados en la licencia, la minera sí podrá operar en 6.29 km2 ya que solo de esa superficie presentaron estudio de impacto ambiental.

«La licencia únicamente será válida para 6.29 Km2, de los 247.9978 Km2 que habían sido autorizados porque solo sobre esa superficie hicieron estudio de Impacto Ambiental», señaló la Corte.

Al mismo tiempo, otorgó un plazo de 18 meses para realizar el proceso de consulta, que les permitiría operar en los 6.29 kilómetros cuadrados donde sí elaboraron estudio de impacto ambiental.

Hasta el momento no hay pronunciamiento de las autoridades del MEM ni de la Mina Fénix.
https://www.soy502.com/articulo/operaciones-mina-fenix-seguiran-suspendidas-orden-cc-100931

Guatemala

Las empresas mineras a punto de recuperar su influencia con el nuevo presidente

Aunque el presidente Alejandro Giamattei asumió el cargo el 1 de enero. una plataforma para luchar contra la corrupción, los líderes de las organizaciones de la sociedad civil afirman que sus medidas de austeridad diseñadas para generar condiciones para atraer la inversión extranjera representan continuación del gobierno anterior. Durante su campaña prometió particularmente para despejar obstáculos legales que impedían la minería y otras empresas extractivas para iniciar sus proyectos. La promesa ha animado a las empresas mineras a tomar acciones agresivas para acelerar sus proyectos.

En la ciudad de Asunción Mita, Bluestone recursos basados en Vancouver continúa la búsqueda de su proyecto minero Cerro Blanco, a pesar de las objeciones de las comunidades locales y ambientalistas de El Salvador que han expresado su preocupación acerca de la viabilidad de la mina y su potencial de contaminación transfronteriza. Ambientalistas locales también argumentan que la filial de Bluestone, Entremares, está operando ilegalmente en Guatemala como los permisos que se utilizan actualmente para continuar las operaciones fueron obtenidos de manera fraudulenta, y en cualquier caso, deberían haber expirado en 2015, dos años después de las operaciones fueron suspendidas por su anterior propietario, Goldcorp.
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Guatemala

Comunidades Indígenas De El Estor Demandan Consulta Comunitaria Por Proyecto Minero Fenix

Foto. ForbiddenStories.
02/03/2020
Por David Toro
Líderes comunitarios de El Estor, Izabal, piden a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordene la realización de la consulta comunitaria y se decida sobre las operaciones del proyecto minero fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

60 líderes comunitarios de El Estor de aldeas del sur del municipio y del casco urbano se presentaron este 2 de marzo al edificio de la CC para pedir a los magistrados que se realice la consulta comunitaria bajo los parámetros establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Los pobladores esperan que el memorial presentado sea tomado en cuenta para la decisión final que los magistrados deberán tomar sobre el proyecto minero fénix de la CGN, operada por la empresa de capital ruso-suizo Solway. El trabajo de la minera está suspendido provisionalmente desde el 19 de julio del 2019, por una denuncia de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor desde 2018, por no haber realizado la consulta comunitaria, tal y como lo establece la ley.

Leonel Xirax, representante de los comunitarios, indicó que desde que el proyecto minero comenzó a funcionar en el 2006, ellos nunca fueron consultados. Agregó que a pesar de que el proyecto minero fue suspendido, ellos han observado que las operaciones de CGN continúan con normalidad, las góndolas cargan y transportan el material extraído y las chimeneas de la planta procesadora evidenciar estar trabajando por las noches, según lo observado por los pobladores.

Durante los ocho meses de suspensión, la CGN ha movilizado a la ciudad capital a sus trabajadores por más de 10 veces para manifestar frente a la CC, como una forma de presión hacia los magistrados y dejen seguir operando a la mina. La empresa no niegan que siguen operando, el octubre de 2019, Mynor Álvarez, representante de la compañía dijo al medio digital Nómada que ellos seguían operando porque tienen “miles de operaciones”, y a su criterio, no se especificó cuál de ellas se debía suspender.

Hasta el pasado 25 de febrero los magistrados de la CC no habían conocido el caso para tomar una decisión definitiva. Según información de comunicación para esta semana el expediente tampoco está en agenda.

Comunidades indígenas de El Estor demandan consulta comunitaria por proyecto minero Fenix

Guatemala

Dictamen del Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los pueblos contra la Minería Ruta del Jaguar

El Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, en el marco de la X Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

En una intensa jornada de trabajo escuchamos el testimonio de decenas de casos sobre los impactos de la Minería en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y territorios del norte, sur, oriente, occidente y del centro de Guatemala. Contamos adicionalmente con la presencia de 2 redes internacionales de mujeres defensoras frente a la minería una de África, WOMIN y una de Asia, WOMA.

Las exposiciones se dividieron en tres ejes complementarios y convergentes: Afectaciones a la Naturaleza, a los Pueblos y a las Defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

En el eje de las Afectaciones a la Naturaleza se presentaron testimonios sobre los graves daños que provoca la minería sobre los ecosistemas, como son los páramos, glaciares y bosques andinos- tropicales, sobre el agua y los territorios y la forma cómo afecta la espiritualidad y los cuerpos-territorios.

En el eje de las Afectaciones a los Pueblos escuchamos testimonios de representantes de mujeres sanadoras, indígenas y de comunidades campesinas, que abordaron temas como la militarización de sus territorios-tierra, la violencia sobre sus cuerpos- territorios, destrucción de las economías locales, y del tejido social, las afectaciones a la salud, la destrucción de las fuentes y reproducción de la vida. A lo largo de los testimonios evidenciamos que la minería forma enclaves de sacrificio en donde se destruye la vida y los territorios.

Se trataron en esta sección las diferentes formas de lucha y resistencia para abrirle camino a la vida en los contextos mineros. Con ejercicios diversos que van desde las resistencias, la aplicación de mecanismos de participación, sistemas alternativos de producción para la restauración social y ambiental, de contención y cuidados de reproducción de la vida, propuestas normativas, campañas y denuncias, que permiten a las comunidades pasar de ser víctimas de las actividades mineras, a defensoras de sus derechos, sus territorios y sus cuerpos.

En el eje de las Defensoras se analizaron los patrones de criminalización que incluyen asesinatos, judicialización, hostigamientos en diferentes países.

Este amplio panorama internacional nos ha permitido formular un diagnóstico sombrío que resumimos a continuación y que es ampliamente compensado por las muchas luces que alumbran las propuestas de las mujeres en las organizaciones a nivel local, regional e internacional.

Después de los testimonios confirmamos el carácter criminal de la actividad minera en todas sus fases, las mismas que incluyen destrucción de ecosistemas, ejemplificada con la devastación de los bosques, sabanas, páramos, glaciares, agua y en general la naturaleza, al igual que la transformación de las relaciones sociales, profundizando relaciones de opresión para las mujeres en estas zonas de muerte.

La minería penetra y destruye las entrañas de la madre tierra, rompe los ciclos del agua y con ello el ciclo de la vida sostenido por las mujeres en sus tareas de cuidados. Estas tareas se duplican porque la contaminación del agua deteriora la salud de sus familias obligándolas a trabajar más, a su vez que se ve afectada su propia salud por el contacto permanente con el agua en las tareas de reproducción de la vida como la preparación de los alimentos, entre otras actividades domésticas.

Constatamos:

  • La destrucción de las redes de la vida, porque arrasan y mutilan territorios, contralan y expropian los cuerpos de las mujeres a través de las agresiones sexuales, trata por explotación sexual, control a través del miedo generando silenciamiento y desplazamiento de la población para instalarse.
  • La ocupación extensiva de los territorios, que ha abierto fronteras extractivas sobre los pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades locales, así como las Naturalezas con las que compartimos los ecosistemas.
  • El acaparamiento y contaminación del agua, despojando a las comunidades del derecho al agua, y vulnerando el derecho de otras especies de acceder a este líquido vital y condenando a las mujeres a sobrecargas de trabajo al interior de sus comunidades.
  • La construcción de una infraestructura que necesita destruir todos los componentes de la madre tierra para extraer de sus entrañas sus minerales, relaveras que revientan y destruyen pueblos enteros, represas que concentran y secuestran sus aguas.

Sin embargo, tal como lo hemos anticipado, en cada uno de los testimonios compartidos estuvo presente la búsqueda y la construcción efectiva de otra sociedad basada en otros paradigmas que rescatamos de manera concreta como base para enfrentar los desafíos de los tiempos que vivimos.

Nos ratificamos en la necesidad de:

  • Fortalecer la articulación de mujeres, en contra de la minería, regional y continentalmente tejiendo redes y sororidades sur-sur.
  • Reconocer la organización comunitaria y el rol que tienen las mujeres en su sostenibilidad apoyando las resistencias en los territorios.
  • Continuar con el intercambio información, conocimientos y estrategias de las mujeres de los diferentes continentes.
  • Hacer un ejercicio coordinado y compartido de incidencias entre las participantes de este Tribunal, para dar seguimiento, apoyar, denunciar y vigilar los procesos normativos en marcha en los diferentes países y las políticas públicas que se implementen en torno a la minería con los efectos en el cuerpo y la vida de las mujeres y sus comunidades, a fin de garantizar el debido respeto y cumplimiento a los derechos, la vigilancia y control de las defensorías del pueblo o procuradurías, para que éstas asuman sus responsabilidades de proteger los derechos y los pueblos, la naturaleza y a las defensoras.
  • Compartir las experiencias exitosas que se han desarrollado para enfrentar la minería basándonos en el poder de contagio que tienen las mujeres en la construcción de nuevos horizontes. Ponerlas en marcha en otros territorios para la construcción de relaciones más justas.
  • Fortalecer los sistemas de comunicación entre hermanas, mejorar nuestros mensajes para poner a sociedades en movimiento en la defensa de la vida para enfrentar la amenaza de la minería.

Finalmente compartimos algunas de las recomendaciones que surgen desde este Tribunal para seguir recorriendo estas Rutas por la Verdad y la Justicia para la naturaleza y los Pueblos y sus defensoras:

  • Extender el conocimiento y la difusión de los Derechos de la Naturaleza como nuevo paradigma para la construcción de nuevas comunidades que hagan visible los aportes de las mujeres.
  • Enviar este dictamen a las diferentes Relatorías Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo a los relatores especiales del derecho al agua, tóxicos, mujeres, salud y ambiente.
  • Enviar este dictamen a las Defensorías o Procuradurías del Pueblo de los países representados en este tribunal.
  • Expresar nuestra solidaridad con los casos expuestos en este tribunal y activarnos en las respuestas demandadas.
  • Firman:

    Gina Benavides. Ex Defensora del Pueblo de Ecuador, Ecuador

    Cheryl Poulan. WOMA, Filipinas Lorrain Kakaza. Womin, Sudáfrica

    Diana Murcia. Abogada, Colombia

    Irma Ortiz Alarcón. Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales

    Ivonne Yánez. Oficina de Derechos de la Naturaleza

    Elizabeth Bravo. Oficina de Derechos de la Naturaleza

    Secretaria: Esperanza Martínez

 

Fuente:https://censat.org/es/noticias/dictamen-del-tribunal-de-mujeres-defensoras-de-la-naturaleza-y-los-pueblos-contra-la-mineria-ruta-del-jaguar

Guatemala

Líder Xinka de Guatemala cuenta 10 años de lucha contra minera canadiense

Desde hace una década, la nación Xinka de Guatemala se ha opuesto a la mina de plata Escobal de la compañía canadiense Pan American Silver, y a los daños que la mina podría causar en el agua, el medio ambiente, la agricultura y la salud de la gente de esa región del país.

Un representante del Parlamento Xinka, el joven Luis Fernando García Monroy, estuvo recientemente de visita en Vancouver, para conmemorar esos diez años de lucha y para pedir a Pan American Silver, basada en esa ciudad, que ponga fin a la explotación minera en los territorios indígenas.

La mina Escobal es una de las más polémicas de América Latina, tanto así, que este año estuvo en la mira de un tribunal canadiense en la provincia de Columbia Británica que escuchó la causa penal presentada contra el entonces propietario de la mina, Tahoe Ressources, en el caso de un tiroteo que tuvo lugar en las afueras de la mina en 2013.

En 2014, 11 víctimas presentaron una demanda ante el tribunal canadiense acusando a Tahoe de negligencia por las acciones de su fuerza de seguridad privada.

En una victoria que podría crear precedentes, los demandantes guatemaltecos ganaron su caso en los tribunales canadienses y Pan American Silver se disculpó con las víctimas.

Pan American Silver condena enérgicamente y no recurrirá al uso de la violencia. Aunque estos eventos ocurrieron mucho antes de la adquisición, Pan American, en nombre de Tahoe, reconoce que el tiroteo del 27 de abril de 2013, violó los derechos humanos de los manifestantes. Pan American, en nombre de Tahoe, pide disculpas a las víctimas y a la comunidad.Disculpa de la compañía

Visita de un delegado del Parlamento Indígena Xinka a Vancouver

Entre el 20 y el 23 de noviembre, Luis Fernando García Monroy, representante del Parlamento Indígena Xinka visitó Vancouver para compartir sus historias de lucha contra la minería canadiense y para pedir a Pan American Silver, con sede en Vancouver, que ponga fin a la explotación minera en los territorios indígenas.

Luis Fernando y su padre fueron dos de los blancos de los disparos fuera de la mina en 2013 y dos de los cuatro demandante contra Tahoe Resources. Actualmente, trabaja como asistente legal y organizador comunitario en el Parlamento Xinka.

Le preguntamos a Luis Fernando ¿por qué venir a Canadá? tomando en consideración que la compañía se disculpó por los ataques contra los manifestantes y que las operaciones de la compañía en la mina Escobal están detenidas.

El señor García Monroy nos aseguró en entrevista que Pan American Silver sigue operando la mina Escobal y que las violaciones a los derechos humanos continúan. Además, Luis Fernando nos dijo en entrevista que el objetivo de la gira en Canadá era de crear alianzas para seguir la lucha y para que el Estado canadiense se responsabilice de las acciones de sus compañías en el extranjero.

El contexto

Los miembros del Parlamento Xinka ganaron su caso ante el tribunal canadiense en parte gracias a un video que muestra a más de una docena de hombres caminando por un camino de tierra y deteniéndose en la entrada de una cerca en el camino hacia la mina Escobal. Después de estar de pie durante varios minutos, una nube de humo aparece repentinamente cerca de los pies de los hombres.

A continuación, el video muestra que alrededor de dos docenas de guardias de seguridad con equipos antidisturbios y armas de fuego salen a la luz y abren fuego contra los hombres que huyen como pueden. Mírelo usted mismo:

 

 

El caso en la Corte de Columbia Británica

Inicialmente, el caso fue desestimado por razones jurisdiccionales de que la demanda era más adecuada para el sistema judicial de Guatemala. Sin embargo, en 2017, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica revocó esa decisión, al considerar que los tribunales canadienses tienen amplia y suficiente jurisdicción para estudiar estos casos.

A medida que el caso se acercaba al juicio, el abogado de las víctimas Joe Fiorante obtuvo una transcripción de la policía guatemalteca del ex jefe de seguridad de Tahoe, Alberto Rotondo, hablando sobre el incidente, diciendo que «es con las balas que aprenden».

El caso podría establezca precedente en cuanto a la responsabilidad para las compañías mineras canadienses que operan en el extranjero.

Pan American Silver, pidió disculpas a cuatro guatemaltecos víctimas de los tiros de los agentes de seguridad de la mina mientras realizaban una manifestación pacífica a la entrada de una de sus minas.

La compañía también llegó a otros acuerdos legales, cuyos términos son confidenciales, con los activistas guatemaltecos para poner fin a los litigios en curso en Columbia Británica acusándola de negligencia.

El del tiroteo, es solo uno de los tres casos presentados en Canadá en los últimos años, en los que una empresa minera ha sido demandada por negligencia debido a presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con sus operaciones en el extranjero. Los otros dos casos siguen pendientes en Canadá.

¿Complicidad del gobierno guatemalteco?

A mediados de 2017, la presión de las comunidades indígenas y la acción comunitaria, que incluyó la intervención de personas como Rigoberta Menchú, lograron que las actividades de la mina se detuvieran.

Poco después, los tribunales guatemaltecos encontraron que el gobierno había discriminado a los Xinka y ordenaron que se suspendiera la mina y que el Estado los consultara sobre la base de los derechos indígenas a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado.

Sin embargo, nos dijo Luis Fernando García Monroy en entrevista, la mina sigue operando y la burocracia de la consulta que fue ordenada por los jueces no ha permitido a los representantes Xinka de participar en el proceso.

La respuesta de Pan American Silver

Enviamos un mensaje a la compañía haciéndole preguntas en relación con las declaraciones del joven guatemalteco. Ésta es la transcripción de los intercambios electrónicos con Siren Fisekci, vicepresidenta de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa y con David Jan, analista de Relaciones con Inversores de Pan American Silver. 

Radio Canadá Internacional: Luis Fernando y las organizaciones civiles canadienses e internacionales que apoyan al Parlamento Xinka de Guatemala dicen que a pesar de la suspensión de la licencia minera de Tahoe (Pan American Silver) por la Corte Constitucional de Guatemala, la mina Escobal ha mantenido sus actividades de explotación y exploración. ¿Qué responde su empresa a eso?

«La mina está en proceso de cuidado y mantenimiento y no está operando en este momento. No se están llevando a cabo actividades de explotación o exploración. La mina no ha generado ingresos desde que se suspendieron las operaciones en junio de 2017. El Ministerio de Energía y Minas ha llevado a cabo inspecciones en el sitio para verificar nuestra suspensión y el cumplimiento continuo de la resolución de la Corte Constitucional (CC) y nuestras obligaciones ambientales.»

RCI: ¿Sabían ustedes que, debido a formalidades burocráticas, el proceso de consulta dirigido por el Estado [Guatemalteco] ha excluido a los Xinka, negándose a incluir a los miembros de su órgano de gobierno, el Parlamento Xinka, o a respetar sus costumbres y tradiciones? ¿Qué sugiere usted para que esto cambie?

Los Xinka no han sido excluidos en este proceso. Se trata de un proceso dirigido por el Gobierno y cooperaremos y apoyaremos plenamente el proceso de consulta, cuando y como se nos solicite. El gobierno está en transición y el nuevo gobierno electo reanuda oficialmente sus funciones en enero de 2020. En las reuniones preliminares programadas y dirigidas por el Ministerio de Energía y Minas celebradas este año, declaramos claramente y apoyamos plenamente que la participación amplia e inclusiva, incluyendo a los pueblos Xinka, es importante para el proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT.

Los grupos canadienses e internacionales que apoyan al activista en gira por Canadá dicen que en mayo el fundador y director general de Pan American Silver, Ross Beaty, declaró que no veía ninguna razón social, ambiental o política por la que la mina Escobal no debiera estar generando 400 millones de dólares en ganancias al año. ¿Tiene algún informe ambiental y social que apoye el hecho de que la mina es segura para la gente y el medio ambiente? ¿Puedes mostrármelos?

Sí, podemos proporcionarle una copia del plan de manejo ambiental actual y aprobado. Es importante tener en cuenta que el plan de manejo ambiental y el estudio sobre la salud, están siendo actualizados según el mandato de la Corte Constitucional de Guatemala.

En el momento de la publicación no habíamos recibido el documento por parte de Pan American Silver.

Observaciones de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos sobre Canadá

En 2017, un grupo de Naciones Unidas realizó una investigación que llevaba por nombre «Marca Canadá»: Violencia y compañías mineras canadienses en América Latina documentando incidentes de violencia y criminalización asociados con las compañías mineras canadienses en América Latina entre 2000 y 2015.

Una de las principales conclusiones de la investigación es que en general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o informando sobre estos incidentes.

Resultados de la investigación sobre Violencia y Criminalización:

  • Incidentes que involucran a 28 empresas canadienses;
  • 44 muertos, 30 de los cuales clasificamos como «objetivo»;
  • 403 heridos, 363 de los cuales ocurrieron durante protestas y enfrentamientos;
  • 709 casos de «criminalización», incluyendo denuncias legales, arrestos, detenciones y cargos; y
  • una amplia distribución geográfica de la violencia documentada.

En lo referente al impacto de las leyes y políticas canadienses, el grupo de la ONU concluyó que las oficinas gubernamentales  responsables de la Responsabilidad Social de las Empresas no tienen la facultad de realizar investigaciones, ni sancionar directamente a las empresas ni indemnizar a las víctimas. Su único poder es recomendar la retirada del apoyo financiero y de la embajada del gobierno canadiense.

Hasta la fecha de la publicación del reporte dicen los responsables no se han producido mediaciones voluntarias para resolver los conflictos existentes actualmente, no hay indicios de respuesta a las denuncias de violencia y ningún proceso para retirar el apoyo o la financiación de las embajadas

La proximidad entre el conflicto violento y las compañías mineras canadienses, unida a la frecuencia con la que que tales incidentes ocurren, demuestran un problema sistémico significativo. Leyes canadienses existentes y las políticas gubernamentales no abordan el problema.Extracto del informe del Grupo…

En el informe se recomienda que el Canadá establezca un nuevo mecanismo para investigar casos concretos de violencia que involucran a compañías mineras canadienses que operan en jurisdicciones extranjeras para determinar si hay o no responsabilidad social de la compañía.

Más de 500 personas de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa marcharon en la ciudad de Guatemala el 26 de febrero del 2018 para protestar por el incumplimiento por parte del gobierno de la orden de la Corte Constitucional de consultar con el pueblo indígena Xinka sobre el futuro de la mina de plata Escobal. (Foto: ©Jackie McVickar/Earthworks)

El futuro es incierto… 

Según lo que nos dijo Luis Fernando García Monroy, la lucha sigue hasta que la compañía se vaya de Guatemala

Pero para él, el hecho de que Pan American Silver haya comprado la mina Escobal a Tahoe Ressources a sabiendas que la aceptabilidad social a la mina era prácticamente inexistente, quiere decir que esa minera llegó para quedarse en el territorio guatemalteco.

En Canadá, éstos son los organismos que apoyaron la visita de Luis Fernando a Vancouver:

  • Amnesty International |
  • Breaking the Silence (BTS) |
  • Bows & Arrows Coffee Roasters |
  • Central America Support Committee (Victoria) CoDevelopment Canada |
  • Earthworks | Institute for Policy Studies – Global Economy Program (IPS) |
  • KAIROS (Victoria) | MiningWatch Canada |
  • Mining Injustice Solidarity Network |
  • Mining Justice Alliance (Vancouver) |
  • Mining Justice Action Committee (Victoria) |
  • Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) |
  • SFU Institute for the Humanities |
  • Students for Mining Justice (UBC) |
  • SumOfUs

Fuente:https://www.rcinet.ca/es/2019/11/28/xinka-guatemala-10-anos-lucha-contra-minera-canadiense-tahoe-panamericansilver-escobal/?fbclid=IwAR3hVmVCmOgolSlEZen5OApSl8ie91Qg4SC9AjYjVPw7SsDpPGwtQZuiP5g

Guatemala

Indígenas guatemaltecas esperan justicia frente a empresa minera canadiense

Toronto – Las indígenas guatemaltecas que acusan de negligencia a la firma Hudbay Minerals ante la supuesta violación sufrida en 2007 a manos de personal de seguridad de la empresa esperan que la Justicia canadiense desestime este viernes la petición de la compañía minera en contra de su demanda.

Se trata de un caso histórico en este país, pues la demanda es la primera que aceptan los tribunales de Canadá por las presuntas acciones de una empresa nacional en el extranjero, un caso que los activistas defensores de los derechos humanos consideran «la punta del iceberg».

Hudbay Minerals, que ha dejado de operar en Guatemala, rechaza todas las acusaciones y asegura que «se defenderá con fuerza» en los tribunales.

Los hechos se remontan a 2006 cuando los indígenas quechí empezaron a protestar contra las actividades de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN) en la mina Fénix, en la comunidad de El Estor, a orillas del lago Izabal y a unas cinco horas y media por carretera de la ciudad de Guatemala.

En 2007, poco antes de que CGN fuese incorporada a Hudbay Minerals como parte de la compra de otra compañía, Skye Resources, soldados, policías y personal de seguridad de la mina que participaron en el desalojo de manifestantes fueron acusados por once mujeres indígenas de violación.

Y en 2009, tras la adquisición de CGN por Hudbay Minerals, el líder comunitario Adolfo Ich Chamán fue asesinado mientras en un ataque diferente otro activista, Germán Chub, fue tiroteado, resultó gravemente herido y perdió la movilidad en sus piernas.

ACUSACIONES DE ABUSOS

La familias han acusado al personal de CGN del asesinato de Ich y del tiroteo contra Chub y han presentado en los tribunales canadienses tres demandas contra Hudbay Minerals por negligencia por las violaciones, la muerte de Ich y el atentado contra Chub.

Las tres demandas son parte de una causa general y ahora Hudbay quiere que el caso de las violaciones sea rechazado por los tribunales.

«Hudbay cree que estas acusaciones no son ciertas y que serán resueltas en nuestro favor en el juicio. En 2014, retiramos la moción para que las demandas sean juzgadas en Guatemala. Hudbay está satisfecha de que los tribunales de Ontario (Canadá) dicten la sentencia», ha señalado la compañía.

Grahame Russell, un defensor de los derechos humanos y fundador de la organización Rights Action, declaró a Efe que la decisión de Hudbay de solicitar ahora, nueve años después de que el caso llegase a los tribunales, la eliminación de la demanda de las violaciones «es increíble».

«El problema es que los 20.000 documentos internos que Hudbay tuvo que entregar a los abogados revelan que la compañía CGN pagaba cientos de miles de dólares en efectivo a los soldados y los policía para participar en la planificación y ejecución de los desalojos», declaró.

TÁCTICAS DILATORIAS

«A mi juicio, es increíble que gasten más de un año de nuestro tiempo y dinero con este argumento. Legalmente tienen el derecho, pero en mi opinión es una táctica dilatoria, especialmente cuando tenemos sus documentos internos. Los pagos no son alegaciones, está probado por sus propios documentos», añadió.

A la vista de hoy en Toronto, y en representación de las once mujeres que acusan de violación al personal de seguridad, ha acudido Angélica Choc, viuda de Ich.

«Ya llevamos diez años en esta búsqueda de justicia. Hemos caminado un camino tan largo, con tantos obstáculos, pero aquí estoy presente nuevamente porque estoy esperando justicia por los daños que se nos ha causado», dijo a Efe.

«Lo que espero es que el tribunal en Canadá escuche nuestras voces. Está tardando para una respuesta. Ojalá nos den una respuesta lo más pronto. Que se haga justicia es lo que queremos», continuó.

Choc añadió que el único recurso que les quedá es la justicia canadiense porque las autoridades guatemaltecas nunca les han defendido.

«El Estado guatemalteco no nos da la seguridad que deberíamos tener como ciudadanos guatemaltecos. Y el estado de sitio que ya llevamos desde hace dos meses nos recuerda mucho lo que pasó en el conflicto armado en los años 80. Ellos apoyan más las empresas que nuestros derechos como comunidades legítimas», explicó.

Choc se refería al estado de sitio decretado en varios municipios del este del país para combatir una supuesta proliferación del narcotráfico y que ha motivado la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Guatemala de la ONU.

PUNTA DEL ICEBERG

Russell, que a través de Rights Action está proporcionando asistencia a los quechí de la zona de El Estor, lo consideró «la punta del iceberg» porque «es el primer caso, pero ojalá que en 5-10 años haya cientos de demandas en los tribunales canadienses tratando de responsabilizar a nuestras compañías de los delitos que cometen en otras jurisdicciones».

Por su parte, Choc declaró que, a pesar de los retrasos y tácticas dilatorias, tanto ella como las otras demandantes aguantarán lo que haga falta.

«Estoy muy tranquila, a mi no me han podido callar la voz. Sigo trabajando para defender nuestros derechos y territorio. Me duele mucho traer el mensaje de mis hermanas porque lo que ellas vivieron duele mucho. Y a uno le enojan cuando no son escuchados y tomados en cuenta. Ojalá tengamos algo positivo para el día de mañana. Aquí nosotros seguimos caminando siempre», concluyó. EFE

Guatemala

Prometer solidaridad con el pueblo Xinka de Guatemala en su lucha contra una empresa minera canadiense

Durante casi una década, los indígenas Xinka, que viven cerca de la mina de plata Escobal en Guatemala, se han opuesto pacíficamente a la mina, protegiendo sus tierras y aguas de la destrucción. Por su resistencia, miembros de la comunidad Xinka han sido asesinados y encarcelados.

El lado positivo fue que detuvieron una de las minas de plata más polémicas de América Latina a mediados de la operación.

Pero ahora, una compañía minera canadiense quiere revivir la mina destructiva. Y el gobierno guatemalteco se está juntando con el gigante minero mediante un proceso de consulta manipulado que excluye al pueblo Xinka para reiniciar la mina.

Nuestros socios en Guatemala están planeando una acción dirigida al gobierno guatemalteco para ayudar a los Xinka a proteger su hogar en las próximas dos semanas. Si podemos obtener 10.000 firmas antes de eso, nuestros socios las entregarán directamente al gobierno guatemalteco. Es por eso que su apoyo ahora es esencial.

Firme la promesa de solidaridad con el pueblo Xinka en su lucha para proteger su hogar de la mina Escobal.

Está claro que el pueblo Xinka y sus vecinos no quieren la mina; Han resistido a la mina durante casi una década.

Su oposición ha sido feroz pero pacífica y ha tenido un costo: ha habido una pérdida de vidas y muchos se han visto obligados a abandonar sus hogares y tierras.

Sin embargo, obtuvieron una victoria importante: en 2017, los tribunales guatemaltecos reconocieron que el gobierno guatemalteco discriminó a los Xinka y no los consultó. La mina fue suspendida.

Pero ahora, en interés de una empresa minera canadiense, Pan American Silver, el gobierno guatemalteco está tratando de acelerar el proceso de consulta y excluir a las mismas personas a las que discriminaron en primer lugar, los Xinka, para revivir la mina destructiva.

Necesitamos 10,000 firmas en las próximas 2 semanas. ¿Firmará el compromiso en apoyo de la resistencia a la mina Escobal?

Estuve en la reunión anual de Pan American Silver a principios de este verano para hacer una pregunta en nombre de miembros de SumOfU como usted , y de aliados increíbles como Earthworks y organizaciones en el terreno que se han unido y ganado antes contra compañías mineras de miles de millones de dólares. Juntos, hemos retrasado los intentos de Newmont Mining de construir una mina de oro en las tierras agrícolas de Máxima Acuña en Perú.

Y si actuamos ahora, podemos detener los intentos del gobierno de Guatemala de violar los derechos de Xinka y reiniciar la destructiva mina Escobal. Firme una promesa de solidaridad ahora y nuestros socios en Guatemala entregarán sus nombres directamente al gobierno guatemalteco.

 

Fuente:https://actions.sumofus.org/a/pledge-solidarity-with-the-xinka-people-of-guatemala-in-their-fight-against-a-canadian-mining-company?fbclid=IwAR1Sgt5-hvk5A51612fqwOZZgl0U5PigwPNTyLaTRB-McWr1GB9I1MSeZvs

Guatemala

MEM ya realizó dos consultas comunitarias en caso de la mina Fénix, según CGN

En un boletín emitido el lunes 19 de agosto refieren que dar a conocer este dato “para el conocimiento de los señores Magistrados de la Corte de Constitucionalidad” (CC).

Se indica que fue el MEM el ente encargado de realizar la consulta a las comunidades del área de influencia del Proyecto Minero Fénix, según los parámetros de las sentencias dictada por la CC en el caso de la hidroeléctrica Oxec emitida en mayo del 2017.

La compañía explican que en el 2005 se realizó la consulta a las comunidades y desde entonces se ha mantenido el diálogo.

Además, en diciembre del 2018 dicho ministerio realizó “una consulta de actualización” en la cual, según se explica en el boletín, se le dio participación a las comunidades del área de influencia del proyecto en el proceso de consulta.

La segunda consulta se efectuó a solicitud de representantes de las comunidades del área de influencia ante el MEM para que se realizara una actualización respecto de la efectuada en el 2005. La petición surgió ante la preocupación de una posible suspensión de actividades del proyecto debido a un amparo presentado por el grupo de pescadores del Estor.

Esta solicitud fue efectuada el 20 de septiembre de 2018 y el primer acercamiento se realizó el 17 de octubre de 2018, agrega la compañía.

En dicho proceso de actualización de la consulta se alcanzaron diferentes acuerdos entre las comunidades del área de influencia y la empresa, se explica en el boletín:

  • Acuerdos en cuanto a los mecanismos de diálogo continuo
  • Acuerdos ambientales
  • Acuerdos por el desarrollo sostenible

La CGN y el Gobierno han mantenido un diálogo permanente con los comunitarios, en idioma maya q´eqchi´, a partir del 2005. En ese proceso se acordó desarrollar mecanismos de diálogo continuo por medio del departamento de relaciones comunitarias como:

  • Recibir peticiones de las comunidades
  • Realizar reuniones por medio de mesas de diálogo
  • Realizar proyectos de desarrollo sostenible en conjunto con las comunidades del área de influencia del proyecto además de que avalan el cumplimiento de los parámetros relacionados, se agregó.

Departe del MEM no se espera ninguna decisión, ahora se espera la decisión de la CC, indicó Maynor Álvarez, representante de la CGN.

“Esperamos que la CC emita una resolución favorable para la empresa y por ende para las comunidades del Estor en el caso de la apelación del amparo definitivo para que la empresa siga operando tomando en la cuenta que las consultas fueron realizadas ya dos veces, en 2005 y en 2018”, agregó Álvarez.

El ejecutivo no brindó detalles de las pérdidas que está representando la suspensión. Expuso que están pensando en los diferentes tipos de pérdida que se están generando por la suspensión para los beneficios para la comunidad, para el desarrollo comunitario, puestos de trabajo, ser pierden inversiones para el país y el gobierno deja de recibir impuestos.

Al respecto, Rafael Maldonado, abogado de las agrupaciones que interpusieron el amparo contra la licencia del proyecto minero, respondió que las consultas del 2005 fueron solo reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Izabal, con el ministro de Energía y Minas y con el Gobernador, pero expones que estas no llenaron los parámetros o ninguna circunstancia para considerarlas como una consulta comunitaria, libre previa e informada.

Agregó que no tiene conocimiento de las supuestas consultas del 2018, pero argumentó que si estas son una actualización no tendrían validez porque se basan en las reuniones del 2005 que no tienen características o parámetros de una consulta.

La CC suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera CGN.

Vecinos reclamaron que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, aunque la compañía responde que sí se hizo.

En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había otorgado un amparo a los vecinos en febrero del 2019, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el tribunal constitucional.

El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido US$670 millones (unos Q5 mil 025 millones).

Se estima que esa operación minera genera unos 3 mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

 

Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/mem-ya-realizo-dos-consultas-comunitarias-en-caso-de-la-mina-fenix-segun-cgn/

Guatemala

En Guatemala se quintuplicó la cifra de asesinatos de defensores del medio ambiente

En Guatemala se quintuplicaron en 2018 los asesinatos de personas defensores del medio ambiente por defender su territorio y el medio ambiente, según un informe de Global Witness.

Los asesinatos fueron de tres en 2017 a 16 en 2018 lo que, considerando los asesinatos per cápita, lo convierte en el país más peligroso en 2018.

En total en el mundo, 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas. Otros fueron atacados o encarcelados.

El texto titulado: “¿Enemigos del Estado?”, ofrece detalles acerca de cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas que defienden sus espacios y la naturaleza que les rodea.

160 en total

Al menos 164 activistas del medioambiente fueron asesinados el año pasado por defender sus hogares, tierras y recursos naturales frente a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, según el balance anual de la oenegé Global Witness, que sitúa a Colombia como segundo país más peligroso.

De acuerdo con el informe, publicado este martes, otros “incontables” activistas se vieron reducidos al silencio en todo el mundo a través de la violencia, la intimidación y el empleo o modificación de leyes antimanifestación.

El país más peligroso el año pasado para estos activistas y los líderes autóctonos que defienden sus tierras fue Filipinas, con 30 asesinatos, según la organización, y remplazó así a Brasil en lo alto de la lista.

Ranquin mortal

La siguen Colombia, con 24 muertes en 2018, e India, con 23. Por su parte, Guatemala, con 16 asesinatos confirmados, es el país con más muertos respecto al número de habitantes.

“Es un fenómeno que puede verse en todas partes del mundo. Los defensores del medioambiente y la tierra, de los que una importante cantidad son representantes de los pueblos autóctonos, son considerados terroristas, delincuentes o criminales por defender sus derechos”, denuncia en el informe Vicky Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.

 

Fuente:https://emisorasunidas.com/2019/07/30/en-guatemala-se-quintuplico-la-cifra-de-asesinatos-de-defensores-del-medio-ambiente/?fbclid=IwAR2rdDmYc1q7X5HRa7360VpG0IJTYw9SrS_YhSwBBTrcHwTARKU9Ypk1cp4