Perú

Afectados por la minería en el Ramis piden proyecto de saneamiento al gobierno

Sus dirigentes manifestaron que bloquearán la carretera Interoceánica, para que el presidente Martín Vizcarra solucione la problemática
28/02/2019 Textos: Correo » Fotos: Difusión
Cansados de consumir agua contaminada por la minería informal, producida en la cabecera de la cuenca del río Ramis, más de siete comunidades de la micro cuenca Azángaro II, se reunieron y tomaron decisiones de protesta y paralización.

Sus dirigentes manifestaron que bloquearán la carretera Interoceánica, para que el presidente Martín Vizcarra solucione la problemática del agua en esta zona.

En ese contexto, ayer arribaron hasta la capital de la provincia de Azángaro los dirigentes del comité de gestión del proyecto de saneamiento “Creación y Mejoramiento de Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en la Microcuenca Azángaro II, Distrito de Azángaro”, con el fin de realizar su pronunciamiento a través de los medios de comunicación, pidiendo la atención inmediata del gobierno central su aprobación del presupuesto del referido proyecto.

Contaminación. Según el presidente del comité, Aurelio Germán Pacori Ramos, desde más dos décadas “nuestro río está contaminado, el ganado, nuestros hijos y todos nuestros hermanos de las comunidades venimos consumiendo agua contaminada por minerales pesados”.

Pacori Ramos se dirigió al presidente Martín Vizcarra Cornejo, al decir que atienda a la cuenca del rio Ramis, “pedimos que el proyecto de saneamiento básico para nuestras comunidades de la micro cuenca Azángaro II, sea aprobado su presupuesto en forma integral, que entienda que miles de personas estamos tomando agua contaminada y no podemos esperar más tiempo”.

Minería. Como se sabe, esta cuenca está contaminada a consecuencia de los trabajos de minería ilegal e informal que se realiza en la cabecera de Cuenca, en el distrito de Ananea, lo que trae perjuicio en la zona baja.

Protestas

En caso de no aprobrarse el presupuesto, los dirigentes anuncian medidas de protesta en la Interoceánica.

https://diariocorreo.pe/edicion/puno/afectados-por-la-mineria-en-el-ramis-piden-proyecto-de-saneamiento-al-gobierno-873141/

Honduras

Conflicto de Guapinol se origina por ilegal concesión a minera Los Pinares

26/02/2019
Por: Redacción CRITERIO, [email protected]
Tegucigalpa.- La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón ha manifestado este martes que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

En su comunicado resaltan que el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

Hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También hacen un llamado al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

La Iglesia Católica de la diócesis de Trujillo, Honduras. C.A. a la comunidad local, nacional e internacional, ante el encarcelamiento y juicio en contra de 13 personas, entre ellas cuatro Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia católica, a causa de la defensa del derecho a la vida, el agua y el ambiente sano en el municipio de Tocoa, Colón, Honduras, por el conflicto de las concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, comunicamos lo siguiente:

El conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional mencionado. Resaltamos que el Congreso Nacional concedió a este parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

El año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014, declarando que el proyecto minero no era factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de un área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental.

Ante este conflicto, pobladores de la zona, haciendo uso de su legítimo derecho, se han manifestado en contra del proyecto, aglutinados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, por lo cual 18 personas fueron criminalizadas. El pasado viernes 22 de febrero se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 13 de esas personas criminalizadas por los delitos de usurpación y daños ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías de León; según la Constitución y las leyes de la República, los juzgados de jurisdicción nacional son inconstitucionales porque violan el derecho a la legítima defensa.

En la misma audiencia arbitrariamente el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal o acusación por 4 delitos más: asociación ilícita, incendio agravado, privación injusta de libertad y robo. Al tipificar el delito de asociación ilícita, la intención oculta es enviarlos a la cárcel. Además se amplió la acusación a 14 personas más. Por esa razón se canceló la audiencia de presentación de acusados y se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, que se realizó el sábado 23 de febrero, donde el juez de Jurisdicción nacional Víctor Méndez decretó detención judicial o cárcel para estas personas. El juicio continúa el 28 de febrero de 2019.

defensores de Guapinol

El delito de asociación ilícita fue tipificado para atacar el crimen organizado y los grupos como maras y pandillas. De aquí se deduce que además de ser una acusación de delitos no cometidos, no hay imparcialidad en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía y de los juzgados de jurisdicción nacional, quedando erosionado la institucionalidad del Estado en la administración de justicia y la protecciòn de sus ciudadanos.

También se deduce la intención del Estado de criminal izar o acusar a las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos. Así como de presentarlas como responsables de hechos de alto impacto delictivo y con ello frenar las acciones en defensa de los bienes naturales y comunes. De esta manera, estas personas encarceladas, acusadas y con orden de captura, se convierten en presos y perseguidos políticos.
Llamamos a las comunidades eclesiales, católicas y no católicas, a orar, reflexionar y decidir acciones justas, firmes y pacificas en solidaridad con estos hermanos presos y perseguidos políticos, así como en defensa de la vida y el agua y demás derechos fundamentales.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También llamamos al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

Afirmamos nuestro compromiso por la vida y el derecho al agua. Asumimos las palabras del papa Francisco: ”Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida ( … ). Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo” (LS 207 y 13).

Trujillo, Colón, Honduras, 27 de febrero de 2019

https://criterio.hn/2019/02/26/conflicto-de-guapinol-se-origina-por-ilegal-concesion-a-minera-los-pinares/

Honduras

Sigue vivo conflicto minero en Azacualpa

La Unión, Copán, 27/02/2019
Noticias NacionalesPortada
Desde el 2013, las comunidades del municipio de La Unión, Copán iniciaron una lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A, en su misión de extraer el oro de la zona.

A mediados del 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de amparo interpuesto por el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, en favor de los habitantes de la comunidad.

Mediante el recurso se ordenó cesar de inmediato las exhumaciones de cadáveres en el cementerio comunitario porque violenta a los pobladores y pobladoras su derecho a la soberanía comunitaria, a la cultura, la integridad personal, física, psíquica y moral, y el derecho a la familia y del resto de las habitantes de la comunidad de Azacualpa.

Camino a la agudización
Sin embargo, la problemática lejos de resolverse se agudiza. Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog, expresa que la empresa Minerales de Occidente S.A, Minosa, después de varios meses de mantener suspendidos los trabajos, reanudó la operación el pasado lunes 18 de febrero.

Lara detalló que la explotación minera continúa en áreas donde no existen personas enterradas, sin embargo explica que la municipalidad de la Unión otorgó permisos a la empresa para explorar otros sectores.

Ramiro Lara señala que la ciudadanía está alarmada porque recientemente el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, a través de un comunicado, detalló que la empresa Minerales de Occidente S.A, Minosa, solicitó más de 3 mil hectáreas de terreno para la exploración y posterior explotación.

“Estas concesiones abarcan los municipios de San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y se amplía para el municipio de la Unión”, dijo Ramiro Lara.

Explicó que las comunidades temen que la empresa, en complicidad con autoridades locales y nacionales, amplíe su área de explotación. El ambientalista aseguró que la lucha de oposición de la ciudadanía ha dejado al menos 19 personas con procesos judiciales.

Datos irrefutables
Una investigación realizada por el Madj, revela que 13 fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están contaminadas con los químicos que usa la empresa Minosa en la extracción del oro.

En Santa Rosa de Copán, una de las ciudades principales del occidente hondureño, toman agua del río Higuito que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro de la empresa según la investigación del Madj en coordinación con Asonog.

Producto de la grave contaminación, en el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente, donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas.

Juan Mejía, investigador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, explicó que las aguas del Río Higuito presentan contaminación por metales pesados como el mercurio, además de cianuro, por lo que no pueden ser utilizadas para el consumo humano porque significaría la muerte.

Señaló que el Estado Hondureño es responsable por dos razones; primero por ser la máxima autoridad en un país por lo que debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y concretamente el derecho a la vida, y es lo que se violenta en estas comunidades.

Y segundo, la complicidad porque sabiendo de las contaminaciones que se generan, el Estado guarda silencio y no deduce responsabilidades a la minera analizó Mejía.

Habla Minosa
Ante el rechazo y las acusaciones por parte de la ciudadanía que se opone a la extracción de minerales en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, Mario Alberto España, supervisor de Proyectos Comunitarios de Minosa, en una entrevista concedida a Radio Progreso, dijo que están llevando todo en orden y en respeto a la ley y a los Derechos Humanos por lo que no entienden las razones por las que la ciudadanía se opone.

El directivo negó los señalamientos que realizan las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente en torno a la contaminación que dicha empresa está generando en la zona.

“Minerales de Occidente S.A está enfocada en el crecimiento responsable y sostenible, y lo hace por medio de los más rígidos estándares de seguridad y medio ambiente nacionales e internacionales, interactuando siempre de una manera socialmente responsable”, argumentó el representante de la empresa.

El conflicto en Azacualpa, es reflejo de todas las arbitrariedades y abusos que comenten las empresas extractivas. Según datos del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en Honduras existen 364 proyectos mineros aprobados. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de al menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero.

Chile

Organizaciones civiles integran alianza para preservación de Archipiélago de Humboldt

Advierten del peligro para la sustentabilidad que representan proyectos industriales que pretenden funcionar en la zona.
Imagen: Subsecretaría de Turismo de Chile
26 de febrero del 2019
MINERÍA CHILENA
A través de una carta abierta, un grupo de instituciones de la sociedad civil anunció la conformación de una plataforma de acción conjunta llamada “Alianza Humboldt”.

Según el texto, esta instancia “trabajará en la defensa del ecosistema marino y terrestre existente en las comunas de La Higuera y Freirina, el que, pese a ser de los más ricos y biodiversos del país, hoy se encuentra amenazado por el Proyecto Minero Portuario Dominga y el Proyecto Puerto Cruz Grande”.

El colectivo está integrado por las siguientes organizaciones: Ayni, Chao Pescao, Chile Sustentable, Chinchimén, Codesa, Defensa Ambiental IV Región, Ecosistemas, Fima, Geute, Greenpeace, Modema, Oceana, Panthalassa, Fundación Relaves, Sea Shepherd, Sphenisco y Fundación Terram.

Ellas sostienen que en la última década las comunidades locales han tenido que impulsar múltiples actividades con el fin de preservar el ecosistema social, ambiental y local, ante diversos intentos de instalación y operación de “industrias contaminantes” en la zona.

Riesgos

Específicamente, se refieren a los peligros que estos proyectos presentan para el hábitat de especies como el pingüino de Humboldt, el chungungo, distintos tipos de delfines y cetáceos.

También, la declaración advierte los riesgos que implican para “el sustento de cientos de familias, muchas de las cuales han postulado a proyectos estatales y han invertido recursos propios para desarrollar actividades sustentables como la pesca artesanal o el turismo”.

La nueva agrupación declara en la carta abierta que ocuparán “todas las vías institucionales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, para proteger este hotspot de biodiversidad de nuestro país”.

El texto completo de la “Carta abierta de organizaciones civiles en defensa del Archipiélago de Humboldt” está disponible en el sitio web de la Fundación Terram.

Organizaciones civiles integran alianza para preservación de Archipiélago de Humboldt

Perú

Autoridades peruanas investigan presunto derrame de relaves de Southern Copper en sur del país

Las precipitaciones de temporada han dejado al menos cinco muertos y cientos de viviendas afectadas en algunos distritos del sur del país desde la última semana, según las autoridades.
11 de febrero del 2019
(Reuters) El fiscalizador ambiental de Perú dijo este domingo que evalúa un presunto derrame de relaves desde una unidad de Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre en el mundo, hacia un río en una zona sur del país afectada por intensas lluvias.

Las precipitaciones de temporada han dejado al menos cinco muertos y cientos de viviendas afectadas en algunos distritos del sur del país desde la última semana, según las autoridades.

El derrame se habría producido en el depósito de desmonte de la unidad minera Cuajone, de Southern Copper, ubicado en la región de Moquegua que viene soportando fuertes lluvias e inundaciones por desborde de ríos desde hace varios días.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dijo que supervisores de la entidad se encuentran en la mina Cuajone desde el viernes y han evidenciado que se ha detenido el “discurrimiento de una solución verdosa” al río Torata.

“De acuerdo al reporte preliminar presentado por la empresa, la emergencia ambiental habría ocurrido por la precipitación pluvial extrema presentada en toda la zona sur del país y ante ello, activaron el Plan de Contingencias de la unidad minera”, afirmó la estatal OEFA en un comunicado.

Representantes de Southern Copper no estuvieron disponibles de inmediato para ofrecer comentarios sobre el reporte.

La supervisión que realiza el OEFA permitirá determinar la causa de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado, manifestó el organismo.

El jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, dijo que al menos cinco personas han muerto y otras tres están desaparecidas tras deslizamiento de piedras y lodo desde el viernes en dos localidades de las regiones sureñas Moquegua y Tacna, y unas 1.600 viviendas han sido destruidas o afectadas.

Chávez dijo que las lluvias continuarían hasta el miércoles y luego podrían registrarse en la zona central del país.

El Gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra, ha declarado en emergencia varios provincias y distritos de seis regiones del país, incluidas las mineras como Moquegua, Tacna, Cusco y Ancash, debido a las fuertes lluvias y desbordes.

El presidente Vizcarra viajó el fin de semana al sur del país y el domingo dijo en Moquegua que está enviando ayuda humanitaria para los damnificados y que desplegado al Ejercito para colaborar en la reconstrucción de las zonas dañadas.

Autoridades peruanas investigan presunto derrame de relaves de Southern Copper en sur del país

Mexico

México revisa más de 5.000 concesiones mineras en busca de anomalías

7 de febrero del 2019
(Reuters) El gobierno mexicano tiene bajo revisión más de 5.000 concesiones mineras que podrían ser canceladas en caso de que se encuentren anomalías, dijo este miércoles el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.

México ha otorgado hasta diciembre casi 26.000 títulos de concesión minera, según datos oficiales, sin embargo activistas y ambientalistas aseguran que muchos de ellos violan los derechos de las comunidades donde se encuentran.

“Tenemos miles de trámites de cancelación pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y que no se afectan los derechos de ninguna de las partes, más de 5.000”, dijo Quiroga a periodistas, durante un evento de la industria.

El sector minero, que contribuye con un 4% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, fue castigado recientemente en el mercado de valores por el temor a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulse cambios legislativos que puedan afectar sus operaciones.

El mes pesado, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero del país, dijo a Reuters que impulsará una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación.

México revisa más de 5.000 concesiones mineras en busca de anomalías

Ecuador

Proyecto de minería en Quimsacocha será sometido a una consulta

La consulta popular en Quimsacocha será fundamental para decidir el futuro de la extracción de metales preciosos por parte de la empresa canadiense INV Metals.
11-02-2019
(Diario El Telégrafo) Las intenciones de desarrollar el megaproyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, podrían derrumbarse por la consulta popular, que se realizará en la localidad de Quimsacocha, el próximo 24 de marzo.

Los habitantes de la localidad decidirán si dan paso a la extracción de oro en su territorio. El pasado 1 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria y el plan operativo para que se desarrolle la consulta popular en el cantón Girón, junto con las elecciones seccionales.

En el cantón azuayo 5.363 electores están habilitados para sufragar y deberán responder a la pregunta ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables busca frenar este proceso, a través de un recurso interpuesto en la justicia, para que se revoque la convocatoria y sea la actual Corte Constitucional (CC) que decida sobre si efectúan la consulta.

De acuerdo a los argumentos de la Cámara de Minería de Ecuador, el llamado al referéndum debe ser hecho por la CC y debido a la destitución de los jueces en 2018, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el organismo constitucional entró en una moratoria hasta la posesión de los nuevos magistrados, hecho que ocurrió el pasado 5 de febrero.

“Debido a esta moratoria, cualquier tipo de tema que le correspondía a la CC, incluso los plazos, estaban suspendidos. Pese a eso, el CNE tomó el silencio de la Corte como una aceptación tácita de que la pregunta debe ser calificada y por ello procedió a aprobar la consulta”, señaló Santiago Yépez, presidente de la cámara.

El funcionario cuestionó que el CNE se atribuyó funciones que no le correspondían, lo que ocasiona un serio perjuicio a la imagen del país y a su seguridad jurídica.

En el otro extremo, Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari y candidato a la Prefectura de Azuay por Pachakutik, manifestó que la decisión del CNE se dio frente a la falta de gestión de la CC, que “dejó en el congelador” el pedido de consulta gestado por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón desde 2012.

Recordó que el actual Gobierno utilizó el silencio de la CC para desarrollar la consulta popular del 4 de febrero de 2018, una vez vencido el plazo que da la normativa a la CC para su pronunciamiento. Destacó que la decisión de los habitantes de Girón será de acatamiento obligatorio para el Estado.

Proyecto de minería en Quimsacocha será sometido a una consulta

Colombia

Demandan licencia ambiental del Cerrejón ante el Consejo de Estado

El espectador.com 25 Feb 2019
La acción de nulidad, según los demandantes, va dirigida a establecer la responsabilidad de la mina por la crisis humanitaria, la pérdida de seguridad alimentaria y la escasez de agua que ha ocasionado la muerte de 5.000 niños y la desnutrición de 40.000 más.
El recurso también pide emitir medidas cautelares para que suspendan cualquier trámite de modificación de esta licencia.Archivo

Varias comunidades afectadas por la mina de carbón El Cerrejón, en el departamento de La Guajira, presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la licencia ambiental con la que esta empresa cuenta para su operación. La petición, según los demandantes, va dirigida a establecer la responsabilidad de la mina por la crisis humanitaria, la pérdida de seguridad alimentaria y la escasez de agua que ha ocasionado la muerte de 5.000 niños y la desnutrición de 40.000 más.

De acuerdo con la demanda, cuyo juez es la sección primera del Consejo de Estado, la última modificación en la licencia ambiental se realizó sin el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, un instrumento que debe ser tenido en cuenta para tomar decisiones en proyectos, obras o actividades ambientales, y se valieron de “recursos legales” para evitar el trámite. Además, no habrían tenido en cuenta los estudios que se han realizado con antelación sobre este tema.

En la demanda incluyen resultados de estudios científicos sobre la supuesta contaminación, afectaciones en la salud e impactos negativos en el ambiente por la explotación de carbón. Asimismo, hallazgos e informes oficiales en el que se evidencia la negligencia y la falta de control y seguimiento con la que, presuntamente, opera este proyecto. La acción de nulidad también treja entrever los impactos sobre el departamento y sus habitantes, el pueblo Wayuu y comunidades afrodescendientes.

El recurso también pide emitir medidas cautelares para que suspendan cualquier trámite de modificación de esta licencia. Es decir, una expansión de la actividad de explotación de carbón hasta que las autoridades no constaten la protección de los derechos colectivos e individuales afectados, teniendo en cuenta el detrimento ambiental, económico y las afectaciones a los derechos humanos que se están ocasionando sobre la población de La Guajira.

La demanda también buscará declarar la invalidez del acto que autorizó la explotación, transporte y comercialización de la mina de carbón, luego de un estudio de las resoluciones en el que encontró supuestos elementos faltantes, omitidos y falsedades. Así, de acuerdo al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, los solicitantes formularon cargos de falsa motivación, violación de norma superior, expedición irregular, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, y desviación del poder.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/demandan-licencia-ambiental-del-cerrejon-ante-el-consejo-de-estado-articulo-841752

Perú

Cusco: por primera vez sentencian con cárcel a mineros ilegales en Camanti

Siete personas recibieron penas de cinco y seis años de cárcel, además del pago de una reparación civil de 70 mil soles (casi US$ 21 mil). 2019-02-19

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Violencia y amenazas acechan Camanti. Un distrito de Cusco en el que la minería ilegal va en aumento. De eso puede dar cuenta Luis Tayori, responsable del Área de Vigilancia de la Reserva Comunal Amarakaeri, quien en octubre de 2018 fue víctima de amedrentamiento y persecución mientras recorría la zona de amortiguamiento del área protegida en una inspección contra la minería ilegal.

Las 400 mil hectáreas de la reserva comunal Amarakaeri se ubican en las regiones de Cusco y Madre de Dios y parte de su zona de amortiguamiento del sector cusqueño está dentro del distrito de Camanti.

“Primero nos bloquearon el paso. Luego nos siguieron con dos camionetas. Tuvimos que suspender la inspección pues temíamos por nuestra seguridad”, cuenta Tayori sobre lo que sucedió el 2 de octubre cuando fue interceptado por los mineros en el sector denominado Jucuchamayo, solo 30 minutos después de haber iniciado el trayecto, acompañado por personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Días antes ya habían recorrido esa zona y constataron la presencia de excavadoras, campamentos, motores de succión, motores generadores de electricidad y bosques deforestados, además de una trocha abierta recientemente. La denuncia se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Cusco.

Dictan cárcel contra siete personas en Camanti

Mientras se espera una decisión frente a la denuncia por lo ocurrido con Tayori y el personal del Sernanp, el Segundo Juzgado Penal de Delitos Ambientales de Cusco emitió una primera sentencia con cárcel efectiva para siete personas acusadas por delitos de contaminación ambiental, minería ilegal y deforestación en Camanti.

Cinco de ellas deben cumplir prisión durante cinco años y las otras dos tienen penas de seis años. Además, están en la obligación de pagar una reparación civil conjunta de 70 mil soles (US$ 20 970) al Estado peruano.

El fallo también dispone que la Fiscalía Penal del Cusco investigue los delitos aduaneros relacionados con este caso por el presunto ingreso ilegal de maquinaria pesada al país. Se trata de un caso iniciado en el 2013, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía constataron que se estaban realizando actividades de minería ilegal y desbosque no autorizado en el sector de Tunkimayo, en el distrito de Camanti, Cusco. En ese momento fueron 13 las personas acusadas, pero solo siete resultaron culpables tras el juicio.

“Lo que está pasando en Camanti es el inicio de La Pampa”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, sobre el avance de la minería ilegal en este sector del Cusco que tiene características similares al proceso que se dio en Madre de Dios, en la zona denominada La Pampa, convertida hoy en el lugar más devastado por esta actividad ilegal en Perú.

Guzmán señala que esta decisión judicial busca ponerle un alto al crecimiento de la minería ilegal en esta zona. “Refleja el trabajo de la Fiscalía y la Procuraduría de voltear la mirada a aquellos lugares en los que se tiene que trabajar para evitar la presencia de más mineros ilegales. La sentencia es importante porque es la primera en esa zona”.

La Reserva Comunal Amarakaeri está amenazada por el avance de la minería ilegal. Foto: Iñigo Maneiro.

Hace apenas diez días, un análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) evidenció que entre agosto del 2016 y noviembre del 2018 la deforestación por minería ilegal alcanzó 335 hectáreas en los bosques de Camanti.

En esta parte de la selva de Cusco, la extracción no autorizada de oro está destruyendo la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y avanza hacia su interior, indica el informe de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).

El procurador Guzmán sostiene que lo que ahora vemos en Camanti, a través de las imágenes satelitales, es muy similar a lo que sucedía en La Pampa hace varios años.

https://mongabay-latam.lamula.pe/2019/02/19/cusco-por-primera-vez-sentencian-con-carcel-a-mineros-ilegales-en-camanti/mongabaylatam/

Perú

SNMPE denuncia bloqueos y sabotajes contra empresas minero-energéticas

El gremio manifestó que estos hechos que atentan contra la inversión privada dañan la imagen de Perú como país destino de nuevas inversiones.
25 de febrero del 2019
Latinominería
En distintas regiones de Perú se viene registrando bloqueos y acciones de sabotaje contra distintas operaciones minero-energéticas, sin que hasta el momento los organismos públicos responsables tomen las medidas necesarias para reestablecer el Estado de Derecho y la paz social, denunció el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.

“El aprovechamiento y puesta en valor de los recursos naturales en beneficio del país, no puede ser impedido por pequeños grupos con intereses particulares y/ o ideologizados que mediante el uso de la violencia buscan paralizar las actividades productivas y condenar al atraso a los peruanos”, afirmó.

En ese sentido, dijo que el oleoducto Norperuano sigue paralizado desde hace más de 89 días debido a que el ducto fue perforado por saboteadores de la propia comunidad, la que impide hasta ahora el ingreso de los técnicos de PetroPerú encargados de los trabajos de reparación.

La inoperatividad del oleoducto por el sabotaje – indicó- significa un duro golpe para el país y la industria hidrocarburífera porque ha traído consigo la paralización total del Lote 192, el cual representa el 30 por ciento de la producción nacional de petróleo.

El representante de la SNMPE manifestó que estos hechos que atentan contra la inversión privada dañan la imagen del Perú como país destino de nuevas inversiones.

Asimismo, alertó que la empresa minera Las Bambas que opera en la región Apurímac está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que de manera sistemática vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina desde hace varias semanas.

“A Las Bambas -que es una de las principales productoras de cobre en el país- le que quieren imponer el pago de “cupos” por el uso de una vía nacional por donde transitan los camiones que transportan la producción de la mina hacia la costa”, expresó.

En ese contexto, lamentó que el proceso de diálogo convocado por el gobierno y en el que participaba la empresa, se haya frustrado por la intransigencia de los llamados “asesores” de los comuneros que insisten en las medidas de fuerza.

Perú cuenta con importantes recursos mineros que pueden ser transformados en prosperidad y bienestar para todos los peruanos, señaló de la Flor, al enfatizar que para hacer realidad la inversión de casi US$60.000 millones de dólares que tenemos en proyectos mineros ya identificados, se debe contar con un entorno facilitador que garantice el Estado de Derecho y el respeto a la ley.

“Exhortamos a las autoridades a tomar las medidas que les facultad la Constitución Política y las leyes para contrarrestar estos hechos ilícitos que se mantienen y reiteran en el tiempo, a fin de asegurar el respeto al Estado de Derecho y la paz social”, declaró el representante de la SNMPE.

SNMPE denuncia bloqueos y sabotajes contra empresas minero-energéticas