Chile

Alerta Isla Riesco cuestiona autorización de tronadura controlada en Mina Invierno

El Tribunal Ambiental de Valdivia modificó la medida cautelar del uso de explosivos en el proyecto ubicado en la Región de Magallanes. La institución levantó la suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.

Luego de escuchar los alegatos de las partes en la audiencia realizada el pasado 12 de diciembre, el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió levantar la medida cautelar de suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”, en Isla Riesco.

En la resolución dictada este 24 de diciembre, el Tribunal sostuvo que “el reclamante no acompañó antecedente alguno que permita contrarrestar en sede cautelar la documental agregada por los oponentes; así como tampoco demostró su falta de verosimilitud de los antecedentes aportados por el titular oponente”.

“Por tal razón, y en espera del completo y cabal análisis de los antecedentes que se realizará en el pronunciamiento de fondo de esta reclamación, este Tribunal no tiene otro camino que dar verosimilitud a los informes sectoriales analizados y ponderados en la evaluación administrativa de los impactos ambientales, especialmente a los informes del Consejo de Monumentos Nacionales de fs. 13472 y fs. 16572, que dieron su conformidad al proyecto, descartando efectos significativos sobre el componente paleontológico” según informa la institución en un comunicado.

Y el texto agrega: “Debido a esta razón y bajo el principio preventivo del Derecho Ambiental, el Tribunal resolvió alzar dicha medida cautelar y en su reemplazo dictar una nueva medida, que autoriza a la Mina Invierno S.A. a ejecutar el proyecto Tronadura, condicionado al cumplimiento de un informe previo de diseño de la primera tronadura, el que deberá ser verificado en terreno por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”.

La nueva medida cautelar además “instruyó que Mina Invierno deberá informar con 10 días de anticipación, a ambos servicios, el día y hora en que realizará la primera tronadura”.

“Con la información levantada en terreno, más la que aporte el Sernageomin, la SMA deberá elaborar y remitir directamente a este Tribunal un informe, en un plazo de 10 días de ocurrida la tronadura. En base a estos antecedentes el Tribunal evaluará la necesidad de modificar la medida o dictar nuevas que sean procedentes” establece la resolución firmada por los Ministros Iván Hunter Ampuero, Michael Hantke Domas y Sibel Villalobos Volpi.

También se refirió a las restantes tronaduras. El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, estableció que “Minera Invierno S.A. deberá remitir a este Tribunal, dentro de 5° días, un informe de caracterización de los fragmentos resultantes del proceso de tronadura, así como también del nivel de afectación del sustrato en los puntos de detonación, confeccionado por un palentólogo, indicando además si se han encontrado hallazgos paleontológicos”.

Revise el  expediente acá

Alerta Isla Riesco: “Mala noticia para esta Navidad”

“La empresa podrá usar explosivos en sus faenas de carbón mientras se resuelve recurso” lamentó  la agrupación ciudadana Alerta Isla Riesco  en las redes sociales.

Luego de la decisión judicial, Ezio Costa, director de la Fiscalía Ambiental (FIMA) se refirió al tema.

Luego del anuncio del Gobierno sobre la realización de la Cumbre Climática (COP-25) en Chile, la organización planteó la siguiente pregunta: “¿Hablemos en serio de Cambio Climático y abandono del carbón?.

Advertía que “hasta ahora, con aprobación de explosivos para abaratar costos de extracción del carbón que se quema en Zonas De Sacrificio, no vamos en el sentido correcto”.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/12/25/mala-noticia-para-esta-navidad-alerta-isla-riesco-cuestiona-autorizacion-de-tronadura-controlada-en-mina-invierno/

Perú

Proyecto minero Conga debe seguir en suspenso, según virtual gobernador de Cajamarca

El virtual gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara , consideró hoy que el proyecto minero Conga  debe seguir en suspenso debido a que tiene muchas falencias.

«Conga es un proyecto que tiene muchas falencias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social», subrayó.

Asimismo, Guevara recordó que Conga es un proyecto «manchado de sangre» , ya que el conflicto social en torno al proyecto ocasionó la muerte de cinco cajamarquinos.

«Hay que decirlo con todas sus letras, cuando se emitió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para favorecer al proyecto Conga estuvo plagado de muchas inexactitudes, incluso de actos de corrupción», declaró en RPP Noticias.

«Este tipo de proyectos, por ahora,  deben seguir en suspenso porque quien va a decidir es el pueblo de Cajamarca», indicó.

El proyecto Conga, en manos de Minera Yanacocha, propiedad de Minas Buenaventura y la estadounidense Newmont, supone una inversión de US$4,800 millones. No obstante, se encuentra paralizado desde noviembre de 2011 por los conflictos sociales.

Guevara criticó faltan otros estudios vinculados al proyecto, como el balance hídrico o sobre el manejo de aguas subterráneas.

Al respecto, dijo que el gobierno central debe establecer un nuevo modelo minero para la región Cajamarca.

«Vamos a exigir que que no sea un combinado de piedras que deje indefensa a la población. Planteamos que parte del Impuesto a la Renta se quede en Cajamarca para remediar los pasivos ambientales», sostuvo.

También planteó la generación de empleo a través de la obra de inversión pública. Añadió que existen S/2,000 millones para su región que se encuentran en manos del Ejecutivo.

«Hacemos llamado para que el MEF transfiera esos fondos a la región de Cajamarca«, anotó Guevara.

Cajamarca representa el 27% de la cartera de inversiones mineras de nuestro país. Es precisamente en esta región donde se registra el mayor monto de inversión de esta naturaleza: US$16,209 millones en seis proyectos mineros (Michiquillay, Conga, Quecher, El Galeno, La Granja y Michiquillay).

Estas oportunidades contrastan con las altas cifras de pobreza, que, según el INEI, ascendió a 47.5% durante 2017. Casi la mitad de la población vive sin satisfacer sus necesidades básicas.

 

Fuente:https://gestion.pe/economia/proyecto-minero-conga-debe-seguir-suspenso-dice-virtual-gobernador-cajamarca-nndc-252371?href=tepuedeinteresar

Mexico

Comunidades chiapanecas mantienen resistencia contra concesiones mineras

Desde hace más de tres décadas se ha extraído material pétreo de la mina a cielo abierto Salsipuedes, al suroriente de San Cristóbal de Las Casas. El yacimiento se ha extendido hasta ocupar un centenar de hectáreas. Especialistas han denunciado que los humedales cercanos, declarados área natural protegida en 2008, se están desecando de modo irreversible por la pérdida de siete de los 25 pozos de la zona.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La resistencia de las comunidades ha logrado frenar la operación de 111 mineras autorizadas en Chiapas, las cuales abarcan alrededor de un millón de hectáreas, 16 por ciento del territorio estatal.

Un caso emblemático es la mina de barita del ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, en la sierra, donde fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero, en noviembre de 2009. Se presume que en este homicidio, aún impune, está involucrada la empresa canadiense Black Fire.

La minería es una actividad de muerte que sólo deja migajas y destrucción. Las que se llevan la riqueza son las compañías mineras, por lo que jamás vamos a permitir que exploten los yacimientos que existen en nuestros territorios, advirtió Luis Rojas Nomura, del Frente Popular 20 de Junio, con presencia en la costa del estado.

La oposición a los proyectos se ha dado principalmente en los municipios de Escuintla, Acacoyagua y Chicomuselo, donde las mineras han abandonado proyectos de exploración o extracción.

En Chiapas hay 111 concesiones para extracción de oro, plata, titanio y barita, entre otros minerales, pero todos estos proyectos están llenos de opacidad, anomalías y falta de información a las comunidades, afirmó Libertad Díaz Vera, del área defensa de la tierra y el territorio de la organización civil Otros Mundos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Gracias a la organización de los pobladores de diferentes comunidades, dijo en entrevista, en ninguna de las áreas concesionadas opera mina alguna.

Señaló que los trabajos en el yacimiento El Bambú, en el ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, están suspendidos, por la oposición de los pobladores conscientes de la destrucción y contaminación que ocasionaría.

El proyecto Casas Viejas tampoco ha pasado de la fase de exploración ante la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco; sin embargo, Díaz Vera señaló que aún así hubo graves daños ambientales.

Los trabajadores sacaban material. Después de denunciarlos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el pueblo decidió no permitir el paso de la maquinaria y camiones hasta que la empresa informara sobre esta situación.

Pobladores de varias comunidades de Acacoyagua, en el Soconusco, instalaron alrededor de la mina un campamento de vigilancia y al cabo de dos años “se ha demostrado que el proyecto en esa región es opaco y ha contaminado.

Además de provocar enfermedades en la piel, se ha presentado un aumento de casos de cáncer, por lo que han solicitado a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Salud que realicen los estudios correspondientes para verificar la información, pero se han negado, dijo Díaz Vera.

Añadió que desde los campamentos los habitantes vigilan la entrada y salida de máquinas, y a veces han pedido que los choferes de los camiones demuestren qué material llevan.

Luis Rojas Nomura, representante del Frente Popular 20 de Junio, expresó que ejidos, bienes comunales y campesinos están firmes en no permitir la explotación minera, pues así está acordado en actas.

Comentó que sólo en Acacoyagua hay 13 concesiones que abarcan más de 36 mil hectáreas y en Escuintla ocho, las cuales afectarían sus aguas, pues por ahí pasa el río Cintalapa.

En el ejido La Libertad, agregó, destruyeron el ambiente con la mina Cristina. Definitivamente, la minería nos va a causar problemas. Antes existía la idea de que traería progreso y desarrollo, pero es mentira, porque ya vimos lo que destruyeron. Se llevaron toneladas y toneladas de titanio y dejaron nuestros caminos destruidos.

Aseguró que la empresa Cristina del Male “ofreció que si aceptábamos el paso de máquinas y camiones de volteo nos darían escuelas, caminos, brechas, un centro de salud y 50 mil pesos para el ejido. Nunca hubo nada y se llevaron 49 mil toneladas a 6 mil y 9 mil pesos cada una en 2015.

Decidimos emprender la resistencia para no permitir que las mineras se apoderen de los territorios que tenemos en la parte norte de Acacoyagua, porque las comunidades afectadas serían Los Amates, Acacoyagua, Jalapa, La Cadena, San Marcos y otras. Nos causaría un daño irreversible.

Rojas Nomura sostuvo que si se permite la operación de minas serán afectadas las reservas naturales de El Triunfo y La Encrucijada.

Mientras, Díaz Vera advirtió que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República es motivo de preocupación para los pueblos donde hay concesiones mineras.

El proyecto de bienestar, como él lo llama, incluye la minería y el Fondo Minero, que existe desde 2014, y la idea es que haya más inversión canadiense. Eso le dijo al presidente (de Estados Unidos) Donald Trump, afirmó.

Con el fideicomiso, agregó, se pretende repartir una parte de las ganancias entre los pobres. Esto es dar dinero a cambio de salud. También habla de minería verde o sustentable; no obstante, los daños están a la vista y ningún fondo los va a solucionar.

Advirtió que habrá más resistencia porque no creemos en la minería sustentable ni en el Fondo Minero. Nos preocupa que en lugar de hacer justicia a las familias afectadas se solicite más inversión.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/comunidades-chiapanecas-mantienen-resistencia-contra-concesiones-mineras/

Colombia

Consejo de Estado ‘tumbó’ consulta antiminera en Íquira, Huila

El Consejo de Estado sepultó definitivamente la consulta popular antiminera liderada por la propia comunidad en el Huila. La primera fue en Cumarales (Meta). La iniciativa ciudadana generó choque de trenes. La multinacional Telpico con carta blanca para la exploración del bloque VSM-22 suspendido por el movimiento ciudadano.

El Consejo de Estado ‘tumbó’ la primera consulta popular, contra exploración petrolera en el municipio de Íquira, en el occidente del Huila.

La iniciativa ciudadana, promovida por la propia ciudadanía desde el 2016, se oponía radicalmente al desarrollo del bloque de perforación exploratoria VSM-22 adjudicado hace siete años a la multinacional Telpico.

La consulta a punto de convocarse quedó definitivamente sepultada por el alto tribunal que rectificó su propia jurisprudencia y dio un sustancial viraje en el conflicto por las competencias concurrentes en materia de exploración de los recursos naturales no renovables.

En realidad, la Sección Quinta, revocó una tutela  proferida el 15 agosto de 2018 por la Sección Cuarta que respaldaba la competencia de los entes territoriales para restringir la minería de alto impacto.

Con ponencia del magistrado huilense Alberto Yepes Barreiro, la corporación judicial respaldó la tesis de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en consecuencia dejó sin efectos, una sentencia proferida hace un año por el Tribunal Administrativo del Huila que avaló finalmente la consulta popular.

La entidad estatal entuteló al Tribunal opita por violación al debido proceso. La tutela fue rechazada inicialmente por la Sección Cuarta según providencia expedida el 15 de agosto de 2018, lo que desató un ‘choque de trenes”.

En su criterio, las consultas populares son factibles en virtud del derecho a la participación ciudadana y en materia minero-energética. Igualmente, reiteró que las autoridades nacionales y territoriales tienen competencias compartidas lo que exige coordinación. “Si no se logra o no es posible una concertación prima la competencia de las autoridades territoriales en virtud del principio de subsidiariedad por ser la instancia más cercana al ciudadano”, señaló.

“Los municipios, en ejercicio de sus competencias y con el fin de garantizar la protección de su medio ambiente y regular los usos del suelo, pueden prohibir las actividades minero-energéticas en su jurisdicción”, recalcó. Igualmente estimó que el Tribunal Administrativo del Huila realizó un estudio adecuado de forma y fondo del mecanismo de participación ciudadana.

“Al determinar que la pregunta era confusa, la adecuó para que su contenido no fuera sugestivo y brindara claridad al ciudadano, lo que no desbordó en forma alguna su competencia en cuanto no cambió el sentido del cuestionamiento ni agregó asuntos que no fueron aprobados por el Concejo de Íquira”, expresó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La posición de este sector del Consejo de Estado, fue impugnada por la entidad estatal argumentando que esas conclusiones eran una tergiversación de la sentencia de constitucionalidad.

En su sentir, la Corte Constitucional “nunca pretendió excluir de tajo las competencias de la nación sobre la actividad minera en favor de la autoridad territorial ni mucho menos otorgarle patente de corso a las autoridades territoriales para ejercer un poder absoluto de veto a la actividad minera a través de sus facultades de ordenación del suelo”.

“De llevarse a cabio la consulta popular en Íquira se estaría incurriendo en una grave alteración de los intereses litigiosos de la Nación ya que el aval desconocía los precedentes jurisprudenciales.

En este caso sostuvo que se pretermitió la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional sobre la necesidad de la concertación entre el territorio y la Nación en materia de exploración de recursos naturales (sentencia C-123 de 2014).

Señaló que la autoridad judicial violó el orden jurídico y las competencias asignadas con la reformulación unilateral de la pregunta proyectada en el marco de la consulta popular.

Además, consideró que debió vincular en el trámite de la iniciativa ciudadana al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

En su criterio, el Tribunal no examinó el impacto fiscal que generaría la consulta popular, uno de los principales argumentos que originó el viraje constitucional.

Viraje radical

De hecho, la Sección Quinta, al resolver la impugnación, rectificó la posición de sus homólogos y cambió el criterio frente a las consultas antimineras.

En primer lugar, precisó que las consultas populares tienen límites. Las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables  no son competencia únicamente del nivel central (Nación) ni del descentralizado territorialmente /departamentos y municipios) ni de la ciudadanía.

Por las implicaciones que tiene en la práctica compete a todos los niveles.

“La propiedad, planificación, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales no renovables radica en el Estado. Sin embargo, las facultades no están exclusivamente en cabeza de las entidades del orden central con competencias sobre el particular si no que se ejercen de forma conjunta con las demás entidades y organismos competentes en el asunto”, anotó el magistrado Yepes.

“Es bajo esta perspectiva que cobra vital importancia el desarrollo jurisprudencial que se ha dado al conflicto entre las competencias asignadas a las autoridades nacionales y territoriales cuando se trata de la extracción de recursos naturales no renovables, planificación, ordenamiento territorial, usos del suelo y protección del medio ambiente”.

En esta materia, agregó- por ser una actividad multidimensional, es claro que las competencias están distribuidas tanto en el nivel central como territorial, por ello, en el trámite deben intervenir, los dos niveles de administración con la participación de las personas que puedan ver afectado su derecho a disfrutar de un ambiente sano, todo en el marco de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad.

“Por lo tanto, no resulta posible que la planeación, aprovechamiento, exploración o explotación de recursos naturales no renovables sea un asunto susceptible de ser sometido a una consulta popular del orden municipal , sin que para tal efecto haya participado la Nación en observancia de los principios de autonomía territorial, concurrencia y coordinación”, subrayó Yepes Barreiro.

En otras palabras, “al ser la laye la que determina la forma en que el Estado (nivel central y territorial) interviene en la explotación de los recursos naturales no renovables y al encontrarse la autonomía de los entes territoriales claramente demarcada por lo que ella fije, es claro que dicho aspecto no es de resorte exclusivo del municipios, distritos y/o departamentos, razón por la cual, ambos niveles deben participar a efectos de adoptar las decisiones”.

En ese orden de ideas, concluyó que la consulta popular no resulta ser el medio idóneo para garantizar la participación de la Nación, el nivel territorial y la ciudadanía, en la toma de decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, en la medida en que excluye de tajo la participación de la corporaciones autónomas Cars y del centro central que tienen competencias en materia ambiental y otras como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Planeación Energético-Mineras, entre otras.

La revocatoria

El Consejo de Estado afirmó que la decisión del Tribunal opita desconoció la doctrina de la Corte Constitucional con carácter vinculante y obligatorio por su jerarquía. Aunque realizó el control previo, no efectuó en su criterio, la revisión integral.

“Aunque los ciudadanos puedes participar en las decisiones que llegaren a afectar su derecho a disfrutar de un ambiente sano, y  los municipios tienen la competencia para regular los usos del suelo y a proteger el medio ambiente, estas prerrogativas, no pueden desconocer las competencias que tienen las demás entidades del Estado en la explotación de los recursos naturales”, precisó.

En estas condiciones, el tribunal regional desconoció las normas constitucionales que consagran las competencias concurrentes de la Nación y los entes territoriales en esta materia.

Por lo tanto, subrayó que el procedimiento para realizar la consulta popular, no resultan razonables. Sopretexto del análisis de constitucionalidad, el Tribunal se arrogó una potestad que no le correspondía al reformular la pregunta que se sometería a consulta.

En estas condiciones, revocó la tutela proferida por la Sección Cuarta y dejó sin efectos, la sentencia que avaló la consulta popular de Íquira.

Además, le ordenó que en un término de 30 días, expida un nuevo fallo, dejando sin efectos el respaldo a la consulta popular, otorgado el 5 de diciembre de 2017.

“Las consultas populares sobre asuntos en los que se vea involucrado el uso del suelo en general de las entidades territoriales son legítimas y la competencia para regular el ordenamiento territorial recae en los mandatarios locales quienes, al igual que la comunidad, puedan ser promotores de iniciativas de participación ciudadana, como en el presente caso”, advirtió el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida, quien avaló la iniciativa popular. Al revocarse la consulta, el retorno de Telpico queda planteado.

Engorroso trámite

La consulta popular no fue fácil. Los promotores, dirigentes cívicos y campesinos tuvieron que sortear múltiples obstáculos.

Finalmente el Concejo de Íquira, liderado por su presidente Alberto Findicué expidió el Acuerdo 007 de 2016 oponiéndose a la exploración petrolera.

La corporación declaró la inconveniencia de la concesión de la licencia ambiental para la exploración del suelo en la localidad. Además, en el mismo acto, solicitó a la Anla la revocatoria de la licencia y le pidió a la multinacional Telpico, dueña del proyecto, la suspensión de todas las actividades.

El alcalde Alberto Yustres Ramírez lo objetó inicialmente por ilegal. Las observaciones fueron rechazadas el 8 de julio de 2016 por diez de los once concejales.

El Tribunal Administrativo del Huila respaldó las objeciones formuladas por el alcalde y anuló el citado acuerdo.

El comité promotor inscribió la iniciativa el 18 de noviembre de 2016 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil mientras paralelamente se tramitaba un acuerdo en el Concejo que objetó el alcalde y que finalmente invalidó el mismo tribunal.

El Consejo Nacional Electoral certificó el 12 de septiembre de 2017 el cumplimiento de los requisitos legales de la referida iniciativa y lo remitió al Concejo para que continuara con el proceso. El organismo refrendó las 1.725 firmas ciudadanas que la respaldan.

Luego el Concejo de Íquira  expidió el 30 de septiembre el Acuerdo No. 006  declarando la conveniencia de  la iniciativa ciudadana.

El alcalde Alberto Yustres Ramírez, remitió la documentación al Tribunal Administrativo del Huila para que el examen previo de constitucionalidad.

Finalmente la consulta fue avalada, pero no se ha convocado por falta de recursos. El Ministerio de Hacienda se negó a aportar los recursos.

¿Revivirá Telpico?

La multinacional petrolera Telpico con sede principal en Houston, Texas (Estados Unidos), podría retomar las labores de exploración, suspendidas por las acciones de la ciudadanía.

El proyecto petrolero fue adjudicado en el 2010. La multinacional se quedó  con tres proyectos, entre ellos, el  bloque de perforación exploratoria VSM-22, con influencia en los municipios Íquira, Yaguará y Teruel, en el occidente del Huila.

El bloque contempla el montaje de 15 plataformas multipozos en un área de cinco hectáreas, la perforación de unos 60 pozos (cuatro por cada plataforma), la construcción de vías y líneas de conducción con una extensión máxima de diez kilómetros.

La segunda fase, actualmente suspendida, incluye el montaje de las plataformas para iniciar la búsqueda de petróleo en con una superficie de 13.197 hectáreas (131,96  kilómetros cuadrados). Además de toda la infraestructura para la producción de crudo, en caso de resultar exitosa.

 

Fuente:https://www.lanacion.com.co/2018/12/11/consejo-de-estado-tumbo-consulta-antiminera-en-iquir/

Argentina

MINERAS Y GOBIERNOS: MENTIRAS EDULCORADAS Y MANIOBRAS 2019

Entregadores de diversa calaña -pero con sueldos y fueros parlamentarios- “debatieron”, con el habitual desprecio por la ciudadanía y con la euforia empresaria que caracteriza estos encuentros, las supuestas ventajas de la minería y estrategias para obtener licencia social. Se reunieron al amparo de un oscuro “Círculo de Legisladores”, claramente alineado con los intereses de las transnacionales mineras. Macristas, kirchneristas, peronistas dijeron presente. El ministro de minería de la contaminada provincia de San Juan insiste en llamar “industria sustentable” a una de las actividades más destructivas y contaminantes que dañó cuencas hídricas y destruyó la agricultura en amplias zonas, principalmente el valle de Jáchal e Iglesia, perjudicando impune e irremediablemente a la población. Lideró el encuentro el subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Cambiemos, Gustavo Lamothe. Y también participó como autoridad de la entidad el ex gobernador de Chubut Néstor Perl, padre del director del Grupo Jornada en nuestra provincia.

A través de las dos notas que presentamos a continuación, podemos vislumbrar parte de los planes de estos traidores al Pueblo, sin distinciones de credos políticos, y de las poderosas empresas extranjeras que tienen detrás.

El Gobierno nacional aspira a que las exportaciones mineras pasen de los actuales u$s3.800 millones a u$s10.000 millones en 2025, y a superar lo que considera es el gran desafío de hoy que es el consenso social, “aceptando a la minería como una actividad económica más, cumpliendo con todas las normas que haya que cumplir”.

Así afirmó el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Gustavo Lamothe, al hablar durante la Charla-Debate “Minería en la Argentina ¿Regular o prohibir? Desarrollo, legislación e impacto medioambiental”, organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) presidido por el diputado (MC), Humberto Roggero. Del encuentro participaron entre otros el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim; el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel; el titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Marcelo Alvarez; el secretario General del Círculo de Legisladores, Néstor Perl, y representantes del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, Australia, Brasil, Perú y Bolivia.

Tras una introducción de Roggero, que destacó que “la minería es un tema estratégico para el país”, y resaltó que “la idea es decir Sí a la Minería, No a la Contaminación. Queremos generar un marco de reflexión para lograr en el futuro un modelo nacional minero sustentable.

Lamothe habló de la actividad minera como “motor de crecimiento del siglo XXI en la Argentina”, y resaltó que la cantidad de empresas que invierten en exploración en el país “creció un 30 por ciento”. No obstante, comparó las cifras con la de otros países de la región: “Argentina tiene una inversión en exploración de u$s241 millones, mientras que Perú tiene u$s610 millones y Chile u$s577 millones; hay mucho camino por recorrer”. Se refirió a las explotaciones de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, las de oro en Santa Cruz “con proyectos de mediana y gran envergadura”, y a la “vedette actual, que es el litio”, del cual se podrían llegar a producir 290.000 toneladas para el año 2023”.

Señaló como desafíos actuales la compensación de proyectos maduros, el fomento de la exploración, la mejora de la competitividad para atraer inversiones, reducir las actuales restricciones y llegar a un consenso social sobre la actividad.

Mientras que el sanjuanino Hensel puntualizó que en su provincia “logramos hacer convivir a la minería, la agricultura y el turismo”, y coincidió con Alvarez en la necesidad de “transformar el capital minero en nuevas formas, porque la minería es finita, y debe fomentar otras industrias”. A la vez que pidió “no perdernos en falsas dicotomías; no podríamos avanzar en el desarrollo tecnológico si no tuviéramos minería”, y aseguró que “no podemos como país depender sólo de la agricultura y la cosecha de la Pampa Húmeda; tenemos otra Pampa Húmeda en esa cordillera de los Andes que tenemos que desarrollar”.

Agregó que “la principal industria exportadora de Catamarca, San Juan y Santa Cruz es la minería, con más de 30 mil puestos de trabajo”, y también consideró que “el gran desafío es sociabilizar la minería”. Y destacó la gran oportunidad que se abre para la Argentina con el desarrollo de los vehículos eléctricos, para cuyas baterías serán necesarios minerales que el país tiene en cantidad.

“La minería hay que militarla. Tenemos que trabajar en todos los frentes para construir entre todos un modelo minero nacional”, dijo Hensel que se mostró preocupado por las “incertidumbres” que se generan para la actividad minera a partir de “la ley de Glaciares” a la que pidió revisar porque “pone en riesgo 19 mil millones de dólares en exploración y más de 15 mil puestos de trabajo.

Es importante recordar que la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe en su artículo 6º “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.

En tanto que Alvarez, quien se emocionó al recordar su paso por la actividad legislativa como asesor del entonces diputado nacional Oscar Lamberto “con quien aprendí el valor del diálogo, respetando las diferencias y pensando siempre en el bien común y en el bien de mi país”, advirtió que “lo que veo en la minería tiene que ver con la conflictividad social, hay un gran sector de la sociedad que no quiere el desarrollo de la minería, porque ve que no está dejando nada, algo que a veces es una realidad”.

Tras puntualizar que actualmente “hay 260 conflictos en América Latina relacionados con la minería”, Alvarez resaltó que “esta es una actividad finita, los recursos se acaban y no podemos pensar sólo en las generaciones actuales, hay que pensar los proyectos con un foco intergeneracional, que tenga que ver con cómo generar un desarrollo que permita que cuando se acabe el mineral esas comunidades puedan seguir trabajando en otras actividades económicas”.

Destacó que “un eje fundamental es la necesidad imperiosa de generar un diálogo multiactor con las provincias, ONG, legisladores y empresas, con todos los sectores sociales, para generar una minería responsable, sustentable, bien hecha y que respete los derechos humanos” y advirtió: “no hay otro camino, si no lo logramos, no vamos a tener minería sustentable en la Argentina”.

Al respecto, ejemplificó que “Perú y Chile han iniciado hace un año un diálogo social, porque entendieron que la conflictividad social viene con fuerza”. Y habló de otros dos ejes fundamentales para la actividad, que son la transparencia empresaria y una política de Estado “que se geste a partir del diálogo social, que genere previsibilidad pero también controles efectivos y cuyos resultados lleguen a la gente”.

Álvarez recordó que la Cámara de Empresarios Mineros creó un programa denominado “Hacia una Minería Sustentable”. Dicho programa genera 8 protocolos de gestión de cada uno de los yacimientos de las empresas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con su relación con las comunidades, con el respeto a los derechos humanos, con la biodiversidad de especies vegetales y animales y con los diques de colas para que no haya accidentes o incidentes”.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquin, destacó distintos cambios que llevó adelante la provincia para impulsar la actividad minera, que “ha generado 4.000 puestos de trabajo en la Puna, y está generando otros 700 puestos de empleo directo en energías renovables”, y enfatizó que “pretendemos ser parte como Estado de todo el desarrollo de las inversiones mineras”.

Haquin destacó que “hoy en Jujuy hay seguridad jurídica y en materia de transparencia la provincia ha creado la oficina anticorrupción. Tenemos respeto por los derechos humanos con instituciones fuertes y con paz social”. El vicegobernador agradeció al presidente Mauricio Macri por “su fuerte compromiso con el desarrollo de proyectos mineros, de energías renovables y de turismo en la provincia de Jujuy”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto hizo un aporte “Nosotros que hacemos auditoria ambientales nos sorprendemos por la mala prensa que tiene la minería. Sin embargo hay otros sectores como la producción de soja y los basurales que son más peligrosos porque transfieren millones de productos tóxicos en un minuto al medio ambiente pero nadie habla mal de como la agro-industria contamina con sus químicos y nadie se pregunta donde va a parar los residuos tóxicos, pero todo el mundo habla mal de la actividad minera”.

 

La versión del gobierno sanjuanino

Hensel expuso en el debate nacional “La importancia de la minería en Argentina”
El ministro de Minería sanjuanino asistió al Círculo de Legisladores de Nación para debatir tres ejes fundamentales de la industria sustentable.

Entre empresarios, investigadores y funcionarios se dio un desayuno de trabajo muy interesante en Capital Federal pensando en “La importancia de la minería en Argentina”. En este sentido, para la organización, la minería sustentable se convirtió en uno de los objetivos estratégicos que promueven transformaciones positivas y adecuadas al devenir histórico de la Nación.

El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, expuso sobre el desarrollo minero sanjuanino. Hensel contó cómo la minería sustentable, dirigida por una política de Estado clara, transformó la provincia.

“Pasamos del monocultivo de la vid a diversificar nuestra economía. Así la minería representa el 78% de las exportaciones y el 40% del PBG. San Juan creció un 40% respecto de la media nacional”, dijo Hensel.

La meta es lograr que esa riqueza minera atraviese a toda la sociedad, apoyando e impulsando a otras industrias, para ser motor de desarrollo regional y nacional.

El intercambio de ideas tuvo tres ejes: el desarrollo de la minería en el país, su legislación y su impacto en el medioambiente.

La charla debate estuvo organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) perteneciente al Círculo de Legisladores de la Nación (CLN).

De la jornada participaron Mariano Lamothe, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; Carlos Haquim, vicegobernador de Jujuy; Marcelo Alvarez, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Humberto Roggero, presidente de IEERI y de Relaciones Internacionales; Horacio Pernasetti, vicepresidente de IEERI; Nestor Perl, ex gobernador de Chubut y secretario general del CLN; Julian Ronney, presidente de la Cámara Británico Argentina.

También asistieron la Ing. Liliana Gurdulich de Correa (senadora MC); Fernanda Bendinelli Ferrero (diputada MC) con ejercicio en diversos cargos del Círculo de Legisladores; Oscar Lamberto (diputado MC); miembros del cueroo diplomático de Bolivia, Inglaterra, Perú, Australia y Brasil.

El IEERI en su versión oficial

El IEERI nació por impulso del Círculo de Legisladores de la Nación, acorde a los cambios que se vivieron en el país y a nivel internacional. La idea fue acompañar esos cambios con el desarrollo de estudios y propuestas en las áreas productivas, culturales, sociales, políticas, económicas, del campo tecnológico y las comunicaciones; con preponderancia en las relaciones internacionales.

El instituto ha encarado esfuerzos sostenidos, cubriendo un amplio programa de estudios y divulgación, organizando seminarios, ciclos de conferencias y tareas de investigación desde su creación hasta la actualidad.

Además ha puesto especial énfasis en la cooperación e integración que permitan hacer realidad los objetivos estratégicos que promuevan transformaciones positivas de la Nación.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42293-mineras-y-gobiernos-mentiras-edulcoradas-y-maniobras-2019

Internacional

Nace una nueva plataforma contra el proyecto de mina de titanio en el entorno de Cabañeros

Considera que la iniciativa prevista en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo “perjudicará al medio ambiente y a la salud de las personas»

Su estudio de impacto ambiental está actualmente en información pública y el Gobierno regional ha reconocido su «complejidad»

Una nueva asociación se ha constituido con el nombre de Plataforma No a la Mina de Arroba para luchar contra el  proyecto de mina de titanio, zircón y turilo que se está tramitando en los términos municipales de Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, ambos  pueblos de la provincia de Ciudad Real y en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros. El acto se ha llevado a cabo junto a la cabeza megalítica de Arroba, un lugar “cargado de simbolismo”.

Con este acto, el colectivo ha querido recordar el ritual de despertar a la Tierra que se hacía en época prerromana, deseando que la población de la comarca elija desarrollarse de forma sostenible, conservando «la gran riqueza patrimonial y natural que atesora para el futuro» y muestre su rechazo a este proyecto.

La Plataforma cree que el proyecto de mina de Arroba y Puebla de Don Rodrigo infringe numerosas normas del procedimiento administrativo y “perjudicará seriamente al medio ambiente y la salud de las personas». También asegura que supondrá un freno al desarrollo pues, aparte de “interferir en las posibilidades actuales de desarrollo sostenible”, tras los años de explotación “los pueblos quedarán sin trabajo y con el terreno destruido y contaminado, con la posibilidad de que los contaminantes se dispersen llegando incluso al Guadiana y sus embalses y sin que los problemas actuales del mundo rural se hayan solucionado».

Entre los objetivos de la Plataforma destacan, en primer lugar, presentar alegaciones en diversos formatos accesibles a todas las personas que deseen participar: alegaciones jurídicas, alegaciones resumidas y firmas clásicas, pidiendo la declaración de impacto ambiental negativa. En segundo lugar, difundir los valores ecológicos y culturales mediante charlas, marchas de senderismo y otras actividades; y finalmente unir a todos los pueblos con proyectos mineros de minerales tóxicos.

Inicio de trámites

Este proyecto minero ha iniciado trámites para instalarse en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, y su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan  en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

Desde el Gobierno castellano-manchego han reconocido que este proyecto es el más “complejo” de los que se están tramitando en la provincia, por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias.

 

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/plataforma-combatira-proyecto-titanio-Cabaneros_0_850065042.html

Guatemala

Indígenas guatemaltecos mantienen defensa de sus tierras contra la explotación minera

|La resistencia indígena contra la explotación de una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, es una advertencia a todas las empresas mineras internacionales para que consideren las perspectivas indígenas con más cautela o sufran las consecuencias.

Las operaciones de explotación en la mina Escobal, en la que la minera estadounidense Tahoe Resources invirtió más de 500 millones de dólares, fueron suspendidas en 2017 mediante mandato judicial en espera de los resultados de una consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.

Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que reúne a unas 400,000 personas, rechaza la presencia de la mina en sus territorios debido a que sus actividades dañarán la tierra y agua en sus tierras ancestrales, poniendo en peligro su existencia.

El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece “inmediatamente” las consultas, aunque el proceso se encuentra atascado en un litigio para definir cuáles son las comunidades que deben participar en la consulta.

Esta pugna entre las ambiciones de las mineras transnacionales y el derecho de los pueblos indígenas ilustra el tipo de conflictos en los que se pueden enfrentar los capitales internacionales con rivales cada vez más sofisticados, a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector.

“Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social”, dijo Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima.

El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.

Hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá se quejó señalando que “En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no se puede ganar”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invocado en la decisión de la corte de Guatemala, requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.

En México, unos 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.

Fraga dijo que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.

Desde 2013, año en que obtuvo su licencia de extracción, la mina Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017. La decisión de la Justicia guatemalteca de reconocer el valor de los argumentos de los indígenas Xinca y de los defensores del medioambiente, significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.

Las acciones de la minera Tahoe Resources cayeron en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.

En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluyendo un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.

Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de “buena fe”. Si no, podrían prolongarse hasta cinco años.

Según la interpretación de esta abogada, “La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un dialogo”, dijo.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas por parte de las empresas extractivas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.

El BID concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indígenas empeoraron cuando no se consultó a la población afectada por las operaciones extractivas y contaminantes.

Lejos de aliviar las tensiones, el fallo judicial parece haber galvanizado a los indígenas guatemaltecos que no quieren que la mina Escobal afecte negativamente sus tierras y sus condiciones de vida.

Al lado de la propiedad de la mina en la ciudad de Casillas, los camiones que se aproximan son inspeccionados por miembros de la comunidad que buscan hacer cumplir la suspensión en lo que denominan un “campo de resistencia”.

Mientras el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala se prepara para iniciar las consultas el próximo año, el liderazgo Xinca se muestra firme en que no participará en ningún diálogo futuro sobre la mina, dijo el presidente de su parlamento, Aleisar Arana, en una entrevista reciente.

Arana, quien celebró el fallo de la corte, busca inspirar a otros pueblos indígenas a unirse en la lucha contra proyectos transnacionales de explotación como la mina Escobal, que según él, causan grandes daños medioambientales en sus tierras y son una amenaza para las culturas indígenas.

“La mina ha alterado nuestras formas de vida. Es algo que nosotros lo vemos como una amenaza y una invasión”, dijo el líder indígena guatemalteco.

 

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/12/25/indigenas-guatemaltecos-mantienen-defensa-de-sus-tierras-contra-la-explotacion-minera/

Mexico

Antes de partir, Peña Nieto «regala» 42 títulos de minería

En el último día de su Administración, el Gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 42 títulos de asignación minera en diferentes estados.

Los lotes asignados van desde 122 hasta 44 mil hectáreas, de acuerdo con los títulos publicados el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los títulos fueron asignados al Servicio Geológico Mexicano (SGM) para que comience la exploración y eventualmente se otorguen las concesiones mineras correspondientes.

La vigencia de las asignaciones mineras es de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF.

Ambientalistas y defensores de zonas protegidas advirtieron de los riesgos que puede acarrear esta medida.

«Siempre nos dejan regalitos. Habrá que ver ya con este secretario de Minas, con Napoleón en el Senado, con la presión fuerte de las mineras canadienses y los empresarios más ricos del país que prácticamente todos tienen empresas mineras.

«Entonces a lo mejor pronto aquí nos sacan algo a relucir, alguna asignación que puedan empezar a salir de ahí», señaló Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red de Afectados por la Minería (Rema) en Guerrero.

Es inadmisible, dijo, que continúe en el País la explotación minera a cielo abierto porque ninguna ley nacional considera medidas de prevención y mitigación de daños sociales y ambientales.

No obstante, advirtió que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López da señales de que continuará con la misma política extractiva.

«Cuando este nuevo Gobierno plantea un secretario de Minas que viene del sector empresarial, lo único que nos deja como mensaje es que vamos a seguir con una política vinculada a lo económico y abandonando la discusión de la política social y ambiental», apuntó.

 

Fuente:http://www.noventagrados.com.mx/politica/antes-de-partir-pena-nieto-regala-42-titulos-de-mineria.htm

Colombia

Nueva delimitación de páramo de Santurbán será socializada en enero

Desde inicios de 2019 el Ministerio de Ambiente empezará a reunirse con comunidades vecinas, en Santander y Norte de Santander, para establecer una nueva línea. Así lo ordenó la Corte Constitucional.

No hay duda que, entre todas las delimitaciones de páramo que se han dado en Colombia, la de Santurbán es la que más ojos ha tenido encima. No sólo porque este páramo, ubicado en Santander y Norte de Santander, fue el primero en ser delimitado a escala 1:25.000, sino porque es un área tradicionalmente minera.

Santurbán se convirtió en una especie de laboratorio para resolver el conflicto entre minería y conservación. Tanto así que, tras esa nueva delimitación, sumado al fallo de la Corte Constitucional que prohibió cualquier actividad extractiva o minera en páramos, el proyecto Angostura, de la canadiense Eco Gold, tuvo que salir de allí. Claro, no sin que esto le costara una demanda al estado colombiano, pues Eco Gold reclamó ante el Banco Mundial una compensación por parte de Colombia por los daños que había sufrido con esta serie de decisiones.

Tras este punto álgido, parecía que la calma retornaba a Santurbán. Pero en el mes de noviembre de 2017 la Corte Constitucional reversó la delimitación del páramo de Santurbán porque no se consultó con las comunidades involucradas.  Dando la orden al Ministerio de Ambiente de dar una nueva delimitación que debía estar “acompañado de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”.

Según explica el periódico Vanguardia este proceso de socialización comenzará en enero de 2019. En palabras del periódico, Camilo Rincón, asesor de despacho del MinAmbiente anunció, durante el Foro de Control Fiscal Participativo a la delimitación del Páramo de Santurbán que “este nuevo proceso tiene varios factores como los relacionados con los predios, agricultura y el sector minero. Estaremos en los 30 municipios del Páramo de Santurbán junto a los ministerios de Agricultura y Minas, autoridades ambientales y entidades que tengan competencia para dar solución y sobre todo tranquilidad a las comunidades sobre el ejercicio que adelantaremos”.

Igualmente, el proceso involucrará Consejos de Participación Ciudadana, liderados por el Ministerio de Interior, así como una especie de “censo” para idenrificar quiénes son los vecinos del páramo de Santurbán. Proceso que será llevado a cabo por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).

 

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/nueva-delimitacion-de-paramo-de-santurban-sera-socializada-en-enero-articulo-830654

Venezuela

SOS Orinoco: Devastación ambiental en Yapacana es obra del ELN y Maduro

La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció este domingo el intenso desarrollo minero de oro en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, lo que ha ocasionado un pronunciado deterioro del medio ambiente en la localidad.

La organización difundió un video en el que se observa la actividad minera y su radio de acción, y responsabilizó del suceso a la asociación guerrillera colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al presidente Nicolás Maduro.

«La imagen satelital 3D, tomada en el año 2018, que muestra la devastación por la minería ilegal en Yapacana, obra del ELN, socios de Nicolás Maduro. Un total de 46 sectores mineros, incluido varios en la cima del Tepuy, es decir, 2000 hectáreas», indicó SOS Orinoco.

La organización InSight Crime, que se dedica al monitoreo de la actividad criminal organizada, ya había alertado de la presencia y el control de la minería por parte de la organización guerrillera oriunda de Colombia.

La minería ilegal y sus efectos nocivos en el medio ambiente también ha sido denunciada por la Asamblea Nacional. El diputado Luis Parra, miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento, advirtió que el arco minero está lleno de «negocios oscuros» que no tienen en cuenta medidas sostenibles para proteger el ecosistema de Amazonas.

fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/sos-orinoco-devastacion-ambiental-yapacana-obra-del-eln-maduro_264333