Mexico

La explotación minera destruye comunidades y favorece a una minoría

 Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México tanto legal, política y territorialmente para llevar a cabo el extractivismo, con la promesa de lograr un gran progreso para el país, cuando lo que en realidad han hecho es someter a comunidades enteras a condiciones deplorables, no sólo en lo laboral, sino también al dañar sus territorios.

En la presentación del libro Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias, de la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor Edgar Talledos Sánchez consideró que el texto presenta una discusión social contemporánea acerca de cómo las corporaciones del ramo se han hecho de una gran cantidad de tierras, transformando en forma radical algunas zonas del país y provocando grandes desastres ecológicos y explotación hacia los trabajadores.

El doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México se refirió a algunos casos en San Luis Potosí donde el pueblo wixárika o huichol ha dado una férrea batalla por la defensa de su territorio sagrado para que no se abran minas y sea transformado en un espacio industrial.

En el municipio Cerro de San Pedro, una compañía del ramo desapareció la emblemática colina para hacer sus obras y con el fin de compensar el daño rehicieron otro cerro con los escombros de la mina, provocando una severa degradación ambiental y la indignación del pueblo.

El profesor investigador del Colegio de San Luis sostuvo que toda la tecnología actual requiere minerales para su fabricación, que son los que extraen de los sitios, y por eso esas empresas presentan comportamientos voraces en los sitios donde pueden realizar la extracción.

El gobierno mexicano ha concesionado a organizaciones nacionales y extranjeras para explorar y explotar la minería, no sólo en la zona continental del país, sino en el mar, donde también han provocado fuertes daños ecológicos.

Las corporaciones del tipo saben de los irremediables daños ambientales que provoca la extracción y han intentado crear argumentos de sustentabilidad a su depredación basados en la productividad que aporta dicha industria al producto interno bruto de una nación.

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius, académico del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco, aseguró que el asunto de la minería en México es la riqueza que generan grandes empresarios con los recursos que pertenecen a todos los mexicanos.

Desde la llegada de los españoles existe el oficio del minero, al que explotaban igual que hoy en día y sucedía el mismo despojo de las tierras de los pueblos originarios. “Desde hace 500 años los sectores empoderados han cometido estas atrocidades en busca de oro, plata y demás minerales”.

Siglos después, los dueños de las minas ya no serían los españoles, sino estadounidenses, canadienses, europeos y asiáticos, pero seguirían explotando a los trabajadores y sustrayendo a los campesinos de sus tierras.

El doctor Rodríguez Wallenius recordó la Huelga de Cananea como un claro estandarte de la lucha minera que dio origen cuatro años después a la Revolución de 1910, un movimiento que logró devolver al campesinado sus tierras, hasta hace unas décadas en que volvió a darse este intenso proceso de despojo.

El problema continúa como hace 500 años y como hace 112 años, afectando a las poblaciones campesinas, a los pueblos originarios que reciben los impactos ambientales –falta o contaminación del agua– y el arrebato de una riqueza que pertenece a los mexicanos.

La doctora Azamar Alonso, académica del citado Departamento, denunció la evidente violencia que se ha ejercido contra los pobladores de las regiones donde se han abierto minas, y otra forma derivada de los cambios en la legislación que ha llevado a cabo el gobierno, como las modificaciones al artículo 27 constitucional.

Ha habido muchos acuerdos desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el gobierno actual, que permitieron a empresas extranjeras la extracción de los recursos naturales.

 

Fuente:http://almomento.mx/la-explotacion-minera-destruye-comunidades-y-favorece-a-una-minoria/

Guatemala

Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica

Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica

El drama que embarga a una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a los mineros en toda Latinoamérica y está representando una advertencia para que las empresas aborden los problemas indígenas con más cautela o paguen las consecuencias. El trabajo en la mina Escobal –donde la estadounidense Tahoe Resources ha invertido más de 500 millones de dólares– fue suspendido abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades .

Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina ante preocupaciones de que dañará sus recursos ancestrales de tierra y agua. El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece «inmediatamente» las consultas, aunque el proceso ya está atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar. La disputa ilustra los escollos que las empresas pueden enfrentar con rivales cada vez más sofisticados a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector. «Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social», indicó Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.

«En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no puede ganar», señaló un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá y con proyectos en todo el continente americano hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El ejecutivo tiene décadas de experiencia en negociaciones sobre consultas indígenas requeridas por el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT).

El convenio 169 requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.

En el vecino México, alrededor de 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minería Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.

Fraga destacó que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.

AMENAZA A PUNTA DE MACHETE

Desde 2013, cuando obtuvo su licencia de extracción, Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017, pero la decisión de la corte de ponerse del lado de los ambientalistas y enemigos de Xinca significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.

Las acciones de Tahoe Resources han caído en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.

En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluido un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.

Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de «buena fe». Si no, podrían prolongarse hasta cinco años. «La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un diálogo», dijo.

Leer mas: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-conflicto-minero-guatemala-inquieta-industria-toda-latinoamerica-20181224210156.html

 

Mexico

Académicos piden acabar con privilegios de empresas mineras

Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México para realizar sus labores de extracción, pese a que dañan y transforman los territorios donde laboran y abusan de los trabajadores, expuso el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Talledos Sánchez.

 

En la presentación del libro “Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias”, de la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Aleida Azamar Alonso, el doctor en Geografía por la UNAM dijo que el texto presenta una discusión social contemporánea de la forma en que las corporaciones del ramo se apropian de gran cantidad de tierras.

Con ello, aseguró, transforman en forma radical algunas zonas del país y provocando grandes desastres ecológicos y explotación hacia los trabajadores.

Edgar Talledos se refirió a algunos casos en el estado de San Luis Potosí, donde el pueblo wixárika o huichol ha dado una férrea batalla por la defensa de su territorio sagrado para que no se abran minas y sea transformado en un espacio industrial.

Refirió que en el municipio Cerro de San Pedro de esa entidad, una compañía del ramo desapareció la emblemática colina para hacer sus obras, y con el fin de compensar el daño, rehicieron otro cerro con los escombros de la mina, lo que provocó una severa degradación ambiental y la indignación del pueblo.

El también profesor investigador del Colegio de San Luis sostuvo que toda la tecnología actual requiere minerales para su fabricación, que son los que extraen de los sitios, y por eso esas empresas presentan comportamientos voraces en los sitios donde pueden realizar la extracción.

Lamentó que el gobierno mexicano concesione a organizaciones nacionales y extranjeras para explorar y explotar la minería, no sólo en la zona continental del país, sino en el mar, donde también han provocado fuertes daños ecológicos.

Mientras que las corporaciones del tipo saben de los irremediables daños ambientales que provoca la extracción y han intentado crear argumentos de sustentabilidad a su depredación basados en la productividad que aporta dicha industria al Producto Interno Bruto de una nación, agregó.

Fuente:http://planoinformativo.com/631341/-academicos-piden-acabar-con-privilegios-de-empresas-mineras-slp

Chile, Videos

VE TRAILER DE DOCUMENTAL LAWQA

La Reserva Mundial de la Biosfera “Lauca”, es una zona de biodiversidad única en el planeta. Ubicada en el altiplano de Chile, junto a la frontera con Bolivia, está siendo contaminada por relaves mineros abandonados y destruida por la desenfrenada explotación de la industria minera del bórax que atenta contra sus recursos naturales.

Un destacado pescador con mosca, Gabo Benoit, recorre estas rutas solitarias en su mountain bike, en busca de un espacio único y mágico donde practicar la pesca deportiva. En esta ruta con destino al Parque ”Lauca”, se encuentra con enigmáticas historias sobre el abandono de este espacio, la dificultad de la vida de los últimos habitantes de la región y las maniobras políticas que han llevado al uso del altiplano Chileno como un vertedero de relaves y desechos mineros a costa de sus maravillas naturales.

En este viaje, Gabo Benoit, junto a Fundación Relaves y activistas locales; reconstruyen y revelan la historia de cómo se llegó a esta situación, invitándonos a ser parte del mágico altiplano y de esta Reserva Mundial de la Biósfera.

FICHA TÉCNICA

Documental: Lawqa (Lauca), que el Parque vuelva a ser Parque
Duración: 30 minutos
Protagonista: Gabriel Benoit
Dirección: Raimundo Gómez
Dirección de fotografía: Franco Davico
Producido por: Patagonia – Fundación Relaves – Más Verde – Media Factor – Gabriel Benoit
Filmado por: Más Verde
Investigación: Victoria Caroca – Ladislao Palma – Javier Calvo – Juan Pablo Sanguinetti
Edición: Franco Davico – Raimundo Gómez – Franco Sanguinetti – Javier Calvo

 

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GOLD FIELDS ASUME RESPONSABILIDAD DE FUGA DE RELAVES HACIA LA QUEBRADA LA HIERBA

Incidente se registró [el domingo 16 de Diciembre] a las diez de la mañana al colapsar tubería en sus instalaciones.

El colapso de una de las tuberías de relave de la empresa minera Gold Fields afectó la quebrada La Hierba, en la jurisdicción de Hualgayoc. El incidente se registró hoy domingo 16 al promediar las 10 de la mañana.

El incidente trajo como consecuencia la descarga de agua con contenido de relaves, por lo que la empresa minera activó su plan de respuesta a emergencias y se implementan las medidas necesarias para controlar el evento, informaron esta tarde a través de un comunicado oficial.

En el comunicado indican que la presa de relaves no ha tenido ningún impacto y mantiene sus buenas condiciones de estabilidad y seguridad

La compañía informó que están haciendo un análisis interno de las causas que dieron origen al incidente y la evaluación de potenciales impactos para implementar medidas de remediación necesarias

El juez de paz de Bambamarca se habría hecho presente en la zona para constatar los hechos.

 

Fuente:http://www.grufides.org/blog/gold-fields-asume-responsabilidad-de-fuga-de-relaves-hacia-la-quebrada-la-hierba

Perú

CUSCO: ESPINAR NECESITA SER DECLARADA EN EMERGENCIA SANITARIA

Contaminación de agua potable con metales tóxicos es la mayor preocupación de la población.

La provincia de Espinar está sumamente preocupada y alarmada, un informe ha revelado que el agua potable que consume la población contiene metales tóxicos con parámetros elevados  como aluminio, arsénico, hierro y manganeso. Este es un documento que emite la Dirección Regional de Salud del Cusco, a través del oficio Nº 01256-2018 con fecha 27 de noviembre del presente año, dirigida a la Municipalidad Provincial del Espinar.

En ella indica que  en el marco de sus responsabilidades de Vigilancia de la Calidad de Aguas para consumo humano, se realizó el Análisis Físico Químico a las aguas del Sistema de Tratamiento de agua potable Virgen de Chapi.

En el oficio se pide las medidas correctivas, sin embargo; todavía no hay respuesta por parte del gobierno regional del Cusco, ni un pronunciamiento de la autoridad electa, Jean Paul Benavente. Al respecto Arturo Ccorahua, regidor electo de la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) pidió al GRC  se declare la provincia en estado de emergencia sanitaria ambiental.

Foro de metales tóxicos, testimonios y compromisos

El viernes 7 de diciembre se llevó a cabo el Foro Público: “Los Metales Tóxicos en Espinar; Efectos, Avances, Propuestas y Compromisos”, esta actividad se dio en un momento donde la provincia recibía la noticia que el agua potable que consumen contiene metales como arsénico, aluminio, hierro y manganeso, según un informe de la Dirección Regional de Salud Cusco.

El foro público se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar y contó con la participación del Congresista de la República, Oracio Pacori; el Médico Cirujano, Hugo Villa Becerra; Jaime Silva, regidor del distrito de Simón Bolivar / Cerro de Pasco y la lideresa Rosa Amaro, ex presidenta del Movimiento por la Salud de la Oroya. Dada la importancia del tema, la población espinarense llenó el auditorio con la presencia de sus líderes y lideresas, autoridades electas y población interesada.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Melchora Surco, presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería, para después pasar a la participación de la Bióloga Karem Luque de Derechos Humanos Sin Fronteras, ella compartió las acciones que se han impulsado desde la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, reuniones con ministerios y autoridades de salud.

El médico Hugo Villa indicó que según un estudio realizado en La Oroya el año 2004 y 2005 en recién nacidos para medir los niveles de plomo, los resultados fueron alarmantes, 93 recién nacidos tenían altos niveles de este metal, y la vía de transmisión era de madre a hijo. Este dato creo un clima de preocupación en el público espinarense asistente  al foro, la contaminación de su agua potable es una noticia que ha golpeado a la población.

Entre la participación del público pudieron salir estas preocupaciones por la contaminación a la que está expuesta la provincia de Espinar, el poblador Fredy Almanza refirió que teme por su familia (esposa e hija) ya que ellos han vivido toda su vida en la provincia y hay una gran probabilidad que tengan metales tóxicos. Por su parte la Sra. Angélica Larota de la comunidad de Tintaya Marquiri indicó, “sabiendo que la intoxicación afecta también a los niños puedo entender porque mi hijo ahora esta tan enfermo, yo tengo un hijo que está muy mal, las empresas no nos apoyan”.

Por su parte Ceferino Kana de la comunidad campesina de Huisa indicó que la gente ya no quiere comprar productos de Espinar porque saben que está contaminado, pidió que las autoridades nacionales impulsen iniciativas legislativas para atender a las poblaciones afectadas por la contaminación. Ante un público preocupado y casi con la voz quebrada, Ceferino contó su drama familiar, “mis hijos tienen los niveles de metales elevados y que va aumentando cada vez que los hago analizar años tras año”.

Durante el foro empezaron a salir más casos y testimonios de familias espinarenses que vienen siendo afectadas por la contaminación; hijos y adultos mayores  enfermos, incluso con desenlaces de muerte producto de cáncer. Esta lamentable situación empujo a que las actuales autoridades planteen soluciones inmediatas, por su parte Felipe Pacuri, Consejero Regional por Espinar para el periodo 2019- 2022, propuso reactivar la Comisión Ambiental Municipal para lograr la Gestión Integrada para el Desarrollo Sostenible de la Provincia.

En ese mismo sentido, Arturo Ccorahua, regidor electo de la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) enfatizó que: “queremos que articuladamente con el gobierno regional se declare en estado de emergencia sanitaria ambiental. No vamos a permitir que esa agua de la planta de tratamiento Virgen de Chapi continúe, y también debemos declararla en estado de emergencia”. Su colega, también regidora electa, Yeny Huillca propuso impulsar espacios de diálogo que sean efectivos y fue clara en mencionar, “no nos pueden pedir que nos vayamos porque somos Yaureños y aquí nos quedamos. No soy partidaria de lanzar piedras, pero si es necesario lo haremos”.

A través de las participaciones de la población, líderes y autoridades presentes se pudo llegar a los siguientes acuerdos, exigir que se declare en Estado de Emergencia Sanitaria el agua potable para consumo humano, atacar a la fuente de la contaminación (agua), incluir esta problemática en la discusión del grupo de Convenio Marco para priorizar acciones sobre el tema de Salud y Agua, plantear acciones de Defensa Legal de tipo penal en alianza con autoridades regionales y locales.

Las nuevas autoridades provinciales tienen un gran reto, Espinar recibe un presupuesto de un promedio de 60 a 80 millones anuales por todos sus ingresos (canon, regalía minera y gasífera, Fondo de Compensación Municipal /FONCOMUN, entre otros). Es preocupante que las autoridades no estén considerando la problemática de metales tóxicos para mejorar e implementar tecnologías para la construcción de una planta de tratamiento adecuada que permita garantizar la calidad de vida de la provincia.

 

Fuente:http://www.grufides.org/blog/cusco-espinar-necesita-ser-declarada-en-emergencia-sanitaria

Perú

Gobierno posterga licencia de construcción de Tía María hasta ingreso de nuevas autoridades

Martín Vizcarra, presidente de la República, aseguró que se están trabajando en el levantamiento de las observaciones, pero de la mano con las nuevas autoridades regionales y distritales.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que se está trabajando -desde el Ministerio de Energía y Minas- en analizar el levantamiento de las 14 observaciones realizadas por esta instancia, para otorgar el permiso de construcción del proyecto cuprífero Tía María de Southern Copper, pero esta etapa “se está trabajando de la mano con las nuevas autoridades regionales”.

Con lo cual, se postergaría la aprobación del citado permiso al 2019, tomándose en cuenta que estaba previsto su “luz verde” esta año tal como lo anunció, en noviembre, el viceministro de Minas, Luis Inchaústegui.

“(La autorización de construcción de Tía María) Se está trabajando justo en levantar estas observaciones, pero tenemos que hacerlo ahora en coordinación con el nuevo gobernador regional de Arequipa y con los alcaldes distritales y provinciales para estructurar una nueva estrategia”, explicó en diálogo con los periodista tras el Gore Ejecutivo.

En esa línea, al ser consultado sobre la posición del gobernador electo de Arequipa que ha mostrado una posición contraria al desarrollo de esta proyecto extractivo dijo que “habrá que conversar”. “Vamos a conversar, no adelantemos. Aquí están todos (los gobernadores regionales) y con ellos vamos a conversar. Todos queremos el desarrollo del Perú”.

¿Qué efecto tendría esta decisión? Como se recuerda el CFO de Southern Copper, Raúl Jacob, dijo a Gestión.pe que si se postergaba el permiso de construcción al 2019, el inicio de la producción prevista de Tía María (proyectada para el primer semestre de 2021) correría al 2023.

 

Fuente:http://www.latinomineria.com/2018/12/17/gobierno-posterga-licencia-construccion-tia-maria-ingreso-nuevas-autoridades/#

Chile

30 mil personas estarían afectadas con arsénico en Antofagasta

Luego de las conclusiones de un Estudio de Metales Pesados elaborado por la Universidad Católica de Chile, la Seremi de Salud en la región de Antofagasta estimó en 30 mil las personas posiblemente afectadas con altos niveles de arsénico. La situación es alarmante!

La Seremi de Salud en la región de Antofagasta estimó en 30 mil las personas posiblemente afectadas con altos niveles de arsénico, luego de las conclusiones del estudio de metales pesados elaborado por la Universidad Católica de Chile.

La estimación se dio en base a que el 8% de la población en Antofagasta posee este metaloide con niveles por sobre la norma, por lo que dicha cifra es asimilable al porcentaje total de la ciudad, según dijo la seremi de Salud en la zona, Rossana Díaz.

El Colegio Médico calificó los resultados como “alarmantes” y llamó al Gobierno a decretar una alerta sanitaria.

Hugo Benítez, presidente del departamento de Medio Ambiente del gremio en la zona, señaló que actualmente una gran cantidad de personas podrían estar desarrollando distintos tipos de cáncer.

El consejero regional y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ricardo Díaz, insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas sobre el manejo de metales pesados en la ciudad.

La seremi de Salud en la región consultará a nivel central del Gobierno para levantar una alerta sanitaria. Además se estudia la posibilidad de recurrir a fondos para financiar los exámenes a nivel primario para toda la población.

En tanto, en los próximos dos meses podrían conocerse los resultados de los exámenes epidemiológicos a las 140 personas identificadas con altos niveles de arsénico.

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=35

Colombia

Consejo de Estado ‘tumbó’ consulta antiminera en Íquira, Huila

El Consejo de Estado sepultó definitivamente la consulta popular antiminera liderada por la propia comunidad en el Huila. La primera fue en Cumarales (Meta). La iniciativa ciudadana generó choque de trenes. La multinacional Telpico con carta blanca para la exploración del bloque VSM-22 suspendido por el movimiento ciudadano.

El Consejo de Estado ‘tumbó’ la primera consulta popular, contra exploración petrolera en el municipio de Íquira, en el occidente del Huila.

La iniciativa ciudadana, promovida por la propia ciudadanía desde el 2016, se oponía radicalmente al desarrollo del bloque de perforación exploratoria VSM-22 adjudicado hace siete años a la multinacional Telpico.

La consulta a punto de convocarse quedó definitivamente sepultada por el alto tribunal que rectificó su propia jurisprudencia y dio un sustancial viraje en el conflicto por las competencias concurrentes en materia de exploración de los recursos naturales no renovables.

En realidad, la Sección Quinta, revocó una tutela proferida el 15 agosto de 2018 por la Sección Cuarta que respaldaba la competencia de los entes territoriales para restringir la minería de alto impacto.

Con ponencia del magistrado huilense Alberto Yepes Barreiro, la corporación judicial respaldó la tesis de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en consecuencia dejó sin efectos, una sentencia proferida hace un año por el Tribunal Administrativo del Huila que avaló finalmente la consulta popular.

La entidad estatal entuteló al Tribunal opita por violación al debido proceso. La tutela fue rechazada inicialmente por la Sección Cuarta según providencia expedida el 15 de agosto de 2018, lo que desató un ‘choque de trenes”.

En su criterio, las consultas populares son factibles en virtud del derecho a la participación ciudadana y en materia minero-energética. Igualmente, reiteró que las autoridades nacionales y territoriales tienen competencias compartidas lo que exige coordinación. “Si no se logra o no es posible una concertación prima la competencia de las autoridades territoriales en virtud del principio de subsidiariedad por ser la instancia más cercana al ciudadano”, señaló.

“Los municipios, en ejercicio de sus competencias y con el fin de garantizar la protección de su medio ambiente y regular los usos del suelo, pueden prohibir las actividades minero-energéticas en su jurisdicción”, recalcó. Igualmente estimó que el Tribunal Administrativo del Huila realizó un estudio adecuado de forma y fondo del mecanismo de participación ciudadana.

“Al determinar que la pregunta era confusa, la adecuó para que su contenido no fuera sugestivo y brindara claridad al ciudadano, lo que no desbordó en forma alguna su competencia en cuanto no cambió el sentido del cuestionamiento ni agregó asuntos que no fueron aprobados por el Concejo de Íquira”, expresó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Choque de trenes

La posición de este sector del Consejo de Estado, fue impugnada por la entidad estatal argumentando que esas conclusiones eran una tergiversación de la sentencia de constitucionalidad.

En su sentir, la Corte Constitucional “nunca pretendió excluir de tajo las competencias de la nación sobre la actividad minera en favor de la autoridad territorial ni mucho menos otorgarle patente de corso a las autoridades territoriales para ejercer un poder absoluto de veto a la actividad minera a través de sus facultades de ordenación del suelo”.

“De llevarse a cabio la consulta popular en Íquira se estaría incurriendo en una grave alteración de los intereses litigiosos de la Nación ya que el aval desconocía los precedentes jurisprudenciales.

En este caso sostuvo que se pretermitió la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional sobre la necesidad de la concertación entre el territorio y la Nación en materia de exploración de recursos naturales (sentencia C-123 de 2014).

Señaló que la autoridad judicial violó el orden jurídico y las competencias asignadas con la reformulación unilateral de la pregunta proyectada en el marco de la consulta popular.

Además, consideró que debió vincular en el trámite de la iniciativa ciudadana al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

En su criterio, el Tribunal no examinó el impacto fiscal que generaría la consulta popular, uno de los principales argumentos que originó el viraje constitucional.

Viraje radical

De hecho, la Sección Quinta, al resolver la impugnación, rectificó la posición de sus homólogos y cambió el criterio frente a las consultas antimineras.

En primer lugar, precisó que las consultas populares tienen límites. Las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables  no son competencia únicamente del nivel central (Nación) ni del descentralizado territorialmente /departamentos y municipios) ni de la ciudadanía.

Por las implicaciones que tiene en la práctica compete a todos los niveles.

“La propiedad, planificación, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales no renovables radica en el Estado. Sin embargo, las facultades no están exclusivamente en cabeza de las entidades del orden central con competencias sobre el particular si no que se ejercen de forma conjunta con las demás entidades y organismos competentes en el asunto”, anotó el magistrado Yepes.

“Es bajo esta perspectiva que cobra vital importancia el desarrollo jurisprudencial que se ha dado al conflicto entre las competencias asignadas a las autoridades nacionales y territoriales cuando se trata de la extracción de recursos naturales no renovables, planificación, ordenamiento territorial, usos del suelo y protección del medio ambiente”.

En esta materia, agregó- por ser una actividad multidimensional, es claro que las competencias están distribuidas tanto en el nivel central como territorial, por ello, en el trámite deben intervenir, los dos niveles de administración con la participación de las personas que puedan ver afectado su derecho a disfrutar de un ambiente sano, todo en el marco de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad.

“Por lo tanto, no resulta posible que la planeación, aprovechamiento, exploración o explotación de recursos naturales no renovables sea un asunto susceptible de ser sometido a una consulta popular del orden municipal , sin que para tal efecto haya participado la Nación en observancia de los principios de autonomía territorial, concurrencia y coordinación”, subrayó Yepes Barreiro.

En otras palabras, “al ser la laye la que determina la forma en que el Estado (nivel central y territorial) interviene en la explotación de los recursos naturales no renovables y al encontrarse la autonomía de los entes territoriales claramente demarcada por lo que ella fije, es claro que dicho aspecto no es de resorte exclusivo del municipios, distritos y/o departamentos, razón por la cual, ambos niveles deben participar a efectos de adoptar las decisiones”.

En ese orden de ideas, concluyó que la consulta popular no resulta ser el medio idóneo para garantizar la participación de la Nación, el nivel territorial y la ciudadanía, en la toma de decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, en la medida en que excluye de tajo la participación de la corporaciones autónomas Cars y del centro central que tienen competencias en materia ambiental y otras como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Planeación Energético-Mineras, entre otras.

La revocatoria

El Consejo de Estado afirmó que la decisión del Tribunal opita desconoció la doctrina de la Corte Constitucional con carácter vinculante y obligatorio por su jerarquía. Aunque realizó el control previo, no efectuó en su criterio, la revisión integral.

“Aunque los ciudadanos puedes participar en las decisiones que llegaren a afectar su derecho a disfrutar de un ambiente sano, y  los municipios tienen la competencia para regular los usos del suelo y a proteger el medio ambiente, estas prerrogativas, no pueden desconocer las competencias que tienen las demás entidades del Estado en la explotación de los recursos naturales”, precisó.

En estas condiciones, el tribunal regional desconoció las normas constitucionales que consagran las competencias concurrentes de la Nación y los entes territoriales en esta materia.

Por lo tanto, subrayó que el procedimiento para realizar la consulta popular, no resultan razonables. Sopretexto del análisis de constitucionalidad, el Tribunal se arrogó una potestad que no le correspondía al reformular la pregunta que se sometería a consulta.

En estas condiciones, revocó la tutela proferida por la Sección Cuarta y dejó sin efectos, la sentencia que avaló la consulta popular de Íquira.

Además, le ordenó que en un término de 30 días, expida un nuevo fallo, dejando sin efectos el respaldo a la consulta popular, otorgado el 5 de diciembre de 2017.

“Las consultas populares sobre asuntos en los que se vea involucrado el uso del suelo en general de las entidades territoriales son legítimas y la competencia para regular el ordenamiento territorial recae en los mandatarios locales quienes, al igual que la comunidad, puedan ser promotores de iniciativas de participación ciudadana, como en el presente caso”, advirtió el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida, quien avaló la iniciativa popular. Al revocarse la consulta, el retorno de Telpico queda planteado.

Engorroso trámite

La consulta popular no fue fácil. Los promotores, dirigentes cívicos y campesinos tuvieron que sortear múltiples obstáculos.

Finalmente el Concejo de Íquira, liderado por su presidente Alberto Findicué expidió el Acuerdo 007 de 2016 oponiéndose a la exploración petrolera.

La corporación declaró la inconveniencia de la concesión de la licencia ambiental para la exploración del suelo en la localidad. Además, en el mismo acto, solicitó a la Anla la revocatoria de la licencia y le pidió a la multinacional Telpico, dueña del proyecto, la suspensión de todas las actividades.

El alcalde Alberto Yustres Ramírez lo objetó inicialmente por ilegal. Las observaciones fueron rechazadas el 8 de julio de 2016 por diez de los once concejales.

El Tribunal Administrativo del Huila respaldó las objeciones formuladas por el alcalde y anuló el citado acuerdo.

El comité promotor inscribió la iniciativa el 18 de noviembre de 2016 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil mientras paralelamente se tramitaba un acuerdo en el Concejo que objetó el alcalde y que finalmente invalidó el mismo tribunal.

El Consejo Nacional Electoral certificó el 12 de septiembre de 2017 el cumplimiento de los requisitos legales de la referida iniciativa y lo remitió al Concejo para que continuara con el proceso. El organismo refrendó las 1.725 firmas ciudadanas que la respaldan.

Luego el Concejo de Íquira  expidió el 30 de septiembre el Acuerdo No. 006  declarando la conveniencia de  la iniciativa ciudadana.

El alcalde Alberto Yustres Ramírez, remitió la documentación al Tribunal Administrativo del Huila para que el examen previo de constitucionalidad.

Finalmente la consulta fue avalada, pero no se ha convocado por falta de recursos. El Ministerio de Hacienda se negó a aportar los recursos.

¿Revivirá Telpico?

La multinacional petrolera Telpico con sede principal en Houston, Texas (Estados Unidos), podría retomar las labores de exploración, suspendidas por las acciones de la ciudadanía.

El proyecto petrolero fue adjudicado en el 2010. La multinacional se quedó  con tres proyectos, entre ellos, el  bloque de perforación exploratoria VSM-22, con influencia en los municipios Íquira, Yaguará y Teruel, en el occidente del Huila.

El bloque contempla el montaje de 15 plataformas multipozos en un área de cinco hectáreas, la perforación de unos 60 pozos (cuatro por cada plataforma), la construcción de vías y líneas de conducción con una extensión máxima de diez kilómetros.

La segunda fase, actualmente suspendida, incluye el montaje de las plataformas para iniciar la búsqueda de petróleo en con una superficie de 13.197 hectáreas (131,96  kilómetros cuadrados). Además de toda la infraestructura para la producción de crudo, en caso de resultar exitosa.

Fuente:https://www.lanacion.com.co/2018/12/11/consejo-de-estado-tumbo-consulta-antiminera-en-iquir/

Mexico

Alertan abogados estrategias de privatización de tierras colectivas en México

Abogados hacen un alerta a los que aun son ejidatarios en México: No dejen que la asamblea, la máxima autoridad de ejidos y comunidades, vote a favor de lo que se llama el ‘dominio pleno’ de las tierras, este es el ultimo paso para la privatización definitiva de las tierras ejidales. Después de esto el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. De esta forma es más fácil que los proyectos extractivos entren a las comunidades, ya no habrá comunidad que los obstaculice, solo personas a quien se les puede comprar individualmente la tierra.

México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“La función de los ejidos y comunidades no es solamente para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa”, así describe el Informe llamado Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México, que tiene como coautora a Godoy.

La figura de los ejidos y de las comunidades surgieron en México con el reparto agrario impulsado tras la lucha revolucionaria iniciada en 1910 y nacieron con el carácter inalienable, intrasmisible, imprescriptible, inembargable e indivisible.

La protección a la propiedad social empezó a vulnerarse en 1992, con la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana que rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma tuvo varios objetivos, entre ellos finalizar el reparto de tierras vía la reforma agraria iniciada en 1915 tras la revolución mexicana. La argumentación para la titulación parcelaria de las tierras se basó en ofrecer la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

La abogada especializada Godoy asume que las leyes y políticas del Estado mexicano, llevadas a cabo desde entonces, están promoviendo la privatización de las tierras. “Cuando en 1992 se hace la reforma al artículo 27, se le quita la protección a una de estas formas de propiedad colectiva, la ejidal. Y se queda solamente con una protección especial la propiedad comunal”, explica Godoy.

La principal herramienta de la privatización, prevista por la Ley Agraria, son los programas de certificación de las tierras, del gobierno federal, inicialmente llamado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Programa de Certificación

Su objetivo fundamental es regularizar los ejidos y comunidades con los certificados de derechos de usufructo parcelario, de derechos de usufructo proporcional de las tierras de la zona común y los títulos de propiedad de los solares, se inicia con la incorporación voluntaria del núcleo agrario, a través de su única autoridad, la Asamblea.

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) se inició en 1992 primero en los ejidos y en 1998 dio inicio PROCECOM en las comunidades. Ambos programas cerraron en el 2006 y 2007 respectivamente, con una cobertura de certificación del 92% de los núcleos agrarios del país y fueron continuados por el programa de certificación Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR), en aquellos ejidos y comunidades que por diferentes razones no lograron ser titulados.

Tanto Godoy como el abogado Armando Cruz Cortés de Tequio Jurídico AC en Oaxaca, afirman de forma separada para Avispa Midia, que estos programas de privatización de la tierra tienen un objetivo claro y amañado. “Se hace un censo de los ejidatarios. Se delimita la superficie general del ejido; se otorga un plan general; se hacen las parcelas y se le da a los ejidatarios su certificado de derecho parcelario; parcelan los solares y se entrega un titulo sobre el solar. Cuando ya se otorgó a todos un certificado de derecho parcelario, un titulo, es común que se provoque una asamblea para que la propia comunidad termine pidiendo que se les otorgue el dominio pleno”, explica Cruz.

El dominio pleno lo que hace es deshacer el ejido y fragmenta la parcela en una propiedad privada. “La cuestión es que percibimos mucha desinformación entre los ejidatarios sobre lo que de verdad significa declarar dominio pleno”, sostiene el abogado.

El objetivo del programa de certificación es facilitar la entrada en los territorios indígenas y campesinos a los proyectos extractivistas. “A estos proyectos les interesan negociar con individuos. No es lo mismo combatir una asamblea, que tiene una propiedad colectiva, a tener que hablar con un individuo que tiene propiedad privada, que puede vender su tierra fácilmente. La asamblea pierde su importancia”, señala el abogado Cruz.

Godoy aclara que el programa de certificación es voluntario, o sea, los ejidatarios no son obligados a hacerlo y, además, no necesariamente se tienen que ajustar a todos los recursos determinados por los diversos programas de regularización de la tierra. “Un ejemplo es que pueden delimitar las tierras del ejido en su conjunto para tener la limitación definida con comunidades vecinas, pero pueden decidir no parcelar las tierras internamente en el ejido. Otro ejemplo es que pueden parcelar la tierra, pero pueden decidir no declarar el dominio pleno”, dice Godoy.

Los ejidatarios tienen que tener total conciencia de lo que significa el dominio pleno y tratar de evitarlo a toda costa, aconseja Cruz.

Otorgar dominio pleno, explica el abogado, significa que el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. Entonces la tierra que esta registrada en el registro publico de la propiedad pierde su carácter. “Así ya empiezan a cobrar impuestos sobre ella. Entonces ya se puede notoriar esta escritura. Ya no es un asunto agrario, pasa a ser propiedad privada”, explica. “Todo este proceso es hecho de forma voluntaria por los ejidatarios, que muchas veces no tienen plena conciencia de las consecuencias.

Una vez convertidas las tierras colectivas en propiedad privada, pierden competencia en los tribunales agrarios, que son los facultados para los temas de propiedad colectiva agraria. “Entonces, en caso de inconformidad, todo lo van a tener que resolver individualmente con un juez mixto de primera instancia o juez civil. Los indígenas y campesinos van a necesitar un abogado civilista, que cobra mucho y esto los pondrá en desventaja frente a los megaproyectos, porque ellos tienen un ejercito de abogados”.

Las comunidades

 Las tierras comunales continúan con protección especial, o sea, no se puede vender o usar para prestamos. “La comunidad para llegar a un dominio pleno de la tierra comunal primero tendrán que convertirla en un ejido. Así lo plantea la Ley Agraria, como también plantea la posibilidad de que un ejido puede volverse comunidad”, explica Godoy.

 

Tierras en México

En México hay tres tipos de propiedad. Propiedad pública, que es la propiedad del Estado, la propiedad privada, y la propiedad social, los ejidos y comunidades. También está reconocido por los tratados internacionales que los pueblos indígenas tienen otro tipo de propiedad, que seria la propiedad indígena. No está oficialmente reconocida en las leyes mexicanas, pero sí al nivel internacional, aunque ya haya por lo menos una sentencia que reconoce este cuarto tipo de propiedad que es la propiedad indígena.

 

Diferencia entre tierras comunales y tierras ejidales

Las formas de acceso a la tierra para grupos campesinos e indígenas en el marco de la reforma agraria (1915 y 1992), de acuerdo con el Informe, eran:

Restitución, Reconocimiento y conformación de tierras: El derecho a las tierras comunales tiene su origen en la época colonial cuando por disposición de la Corona española, las poblaciones indígenas adquirieron derecho sobre las tierras donde se encontraban asentadas. El artículo 27 de la Constitución de 1917, promovió la restitución de tierras para aquellos que demostraran haber sido despojados de sus legítimos derechos. Para ello, debían presentar los títulos de propiedad otorgados durante el periodo colonial, así como demostrar su despojo durante el periodo de las Leyes de desamortización o “leyes Lerdo” (1857-1910). Esta vía fue un proceso complicado y de imposible cumplimiento para muchos pueblos. En 1934 se incorpora al Código agrario, la acción agraria de reconocimiento y confirmación de aquellas comunidades de hecho a fin de darles certeza jurídica sobre sus posesiones (la acción agraria se conoce como reconocimiento y titulación de bienes comunales). La forma legal de tenencia obtenida a través de la restitución y reconocimiento de tierras fue la de bienes comunales o comunidad.

La dotación de tierras: Es la acción mediante la cual se otorgaba tierras a los núcleos de población carentes de estas. Para la dotación de tierras era requisito formar un grupo de al menos 20 campesinos que cumplieran con los siguientes requisitos: para los hombres era necesario ser mayor de edad, mexicano y campesino, para las mujeres ser jefa de familia, mexicana y campesina. La gestión podía tardar varios años ya que la solicitud pasaba por distintas instancias gubernamentales y el Presidente de la República tenía que firmar la resolución definitiva. La forma legal de tenencia, es el ejido.

La vía de restitución fue un proceso complicado y de difícil cumplimiento, que en términos de control político no fue de interés para el Estado, de ahí que la mayoría de pueblos que iniciaron sus peticiones en términos de restitución, recibieron ejidos en dotación. “Por eso es que tenemos muchos pueblos indígenas en tierras privadas o ejidales”, explica Godoy.

Entre 1916 y 1980 solo el 17% de las solicitudes de restituciones fueron concedidas, lo cual contrasta con el 79% de solicitudes de dotación ejidal otorgadas, de acuerdo con el Informe.

 

Con las propias manos

Desde su fundación hasta el fin del reparto agrario, en 1992, el acceso a la tierra ejidal y comunal suponía un conjunto de obligaciones individuales como el trabajar la tierra con las propias manos y un perfil socioeconómico específico del beneficiario: campesinos y residente del núcleo agrario dotado, restituido o reconocido. “La regulación y dominio de ejidos y comunidades residía, además, no en los sujetos agrarios individuales (ejidatarios y comuneros), sino en la asamblea general integrada por estos, es decir, un sujeto colectivo, que era la autoridad máxima con capacidad de decisión sobre todos los asuntos relativos a la vida ejidal o comunal”, de acuerdo al Informe.

¿Cómo evoluciona el Procede?

La mayoría de los que entraron al Procede – lo que representa 92% de los núcleos agrarios del país – no llegaron al Dominio Pleno, no se volvieron propiedad privada. “Entraron solamente para medir su perímetro y hacer el censo de ejidatarios. Muchos de los que entraron no parcelaron, se mantuvieron con la propiedad de uso común. Otros entraron al Procede a penas para delimitar la tierra con sus vecinos y al interior de la comunidad se quedo todo como uso común”, explica Godoy.

Según el Registro Agrario Nacional (RAN), afirma el abogado de Tequio Juridico, el porcentaje de dominio pleno apenas es el 1,2%. “Eso es alentador porque no han cumplido con el programa de certificación. Pero sí hay que quedarse alerta pues nada impide que todavía lleguen al dominio pleno, sobre eso van y no van a descansar hasta que todas las tierras colectivas pasen a ser privadas”.

El abogado alerta que el programa RRaja, implementado a través de la Procuraduría Agraria, está presionando muy fuertemente a las asambleas y a las comunidades para que acepten el programa. “Hay que hacer frente a la Procuraduría Agraria. Su función es de acompañamiento estrictamente social, es decir, de orientar, acompañar, asesorar el campesino. No de imponer un programa como ese, que va a poner en riesgo la integralidad de sus tierras”.

“Una opinión extendida entre comunidades, organizaciones de sociedad civil y usuarios en general, es que estas instituciones han dado un giro en cuanto a su propósito institucional hacia el impulso y protección de la propiedad privada de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras sobre la tierra agraria en México”, corrobora el informe.

¿Voluntarias?

Numerosas organizaciones campesinas e indígenas denunciaron la implementación forzada del Procede. A pesar de que en su estatuto la participación en el Procede se presentaba como “libre y voluntaria”, en la realidad, el programa establecía cierta obligatoriedad al generar restricciones en el acceso a programas de desarrollo rural, en particular provenientes de la Secretaria de Agricultura Federal (Sagarpa), y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Efectos negativos

El Informe especifica una serie de efectos negativos con el Procede. “Estos efectos fueron identificados por múltiples académicos y activistas: conflictos, en ocasiones violentos entre ejidos y comunidades que surgieron al proponerse trazar los límites entre núcleos agrarios vecinos, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; la parcelación de tierras de uso común con cubierta forestal y el consecuente proceso de deforestación; la fragmentación de la unidad de dotación que conllevó hacia un mayor minifundismo; la acumulación de tierras o formalización de la acumulación de estas por caciques o acaparadores locales y el debilitamiento de la asamblea ejidal como órgano de gobernanza local”.

Y más: “En ciertos contextos donde el valor de la tierra es alto, en particular en ejidos y comunidades idóneos para el desarrollo urbano y turístico, el Procede permitió la incorporación de empresarios que no eran residentes de los ejidos”.

La certificación individualizada de las tierras ejidales ha generado un “nuevo mercado de tierras ejidales en el que participan empresarios foráneos. Este mercado, aunque legalmente permitido, significa el despojo del patrimonio comunitario principalmente para las mujeres, jóvenes y niños residentes de los ejidos y comunidades que no tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales y comunales, que por lo general son poco beneficiados de los ingresos monetarios obtenidos con la venta de tierras”, señala el informe.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/alertan-abogados-estrategias-de-privatizacion-de-tierras-colectivas-en-mexico-2/