Argentina

Concejales de Esquel declararon el rechazo unánime a la mega minería en Chubut

Autor: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MIN

Luego de arduas reuniones y debates entre los vecinos, el presidente del Concejo Deliberante y los restantes miembros del cuerpo, se sancionó la declaración del cuerpo que expresa el rechazo a la actividad minera en Chubut. El presidente Jorge Junyent al igual que los integrantes del bloque Cambiemos, dilataban el llamado a una sesión extraordinaria tal como demandaban los vecinos acompañados por los concejales opositores. Sin embargo, los fundamentos que aquellos expusieron sobre la gravedad de la coyuntura que atraviesa Chubut ante la inadmisibles gestiones en el extranjero y presiones del gobierno nacional para burlar la voluntad popular, la constitución y la ley 5001, lograron que el concejo sesione y votara por unanimidad la Declaración. 

 

Crónica de una voluntad popular

Desde muy temprano los vecinos de Esquel se presentaron en el Concejo Deliberante donde fueron recibidos por su presidente, Jorge Junyent (Cambiermos), y solo los cuatro concejales de la oposición (Oscar Cheuque – FPV, Tomás Pinto -Frente Vecinal y Cristian Pasquini y Valeria Saunders – ChuSoTo), ya que ninguno del bloque Cambiemos estuvo presente (Sergio Sepiurka, Gerardo Filippini, Diego Austin, Fabiana Vázquez y María Estefanía.

Allí los vecinos fundamentaron ampliamente sobre la gravedad de la coyuntura que atraviesa Chubut ante la inadmisibles gestiones en el extranjero del presidente Mauricio Macri y las presiones de su ministro Juan Aranguren para imponer la minería metalífera y de uranio y burlar la voluntad popular, la constitución de la provincia y la ley 5001.

El presidente Junyent varió su posición inicial que no definía el momento para que se produjera una sesión para tratar el tema, y se comprometió a llevar el requerimiento al pleno del concejo que se reuniría en la misma mañana en la sesión preparatoria. Los tres bloques opositores manifestaron su disposición para habilitar una sesión extraordinaria urgente.

Los vecinos concurrieron a al sesión preparatoria que comenzó luego, para conocer la posición de los concejales ausentes en la primera reunión. Sin embargo,  Junyent dió por finalizada la sesión sin hacer ninguna mención a lo comprometido más temprano.

Los vecinos demandaron que cumpliera su palabra y también se dirigieron a los restantes concejales de Cambiemos para que manifiesten si tenían voluntad política para convocar a una sesión extraordinaria sin más demoras, renovando los argumentos expuestos más temprano.

Solo así, se logró torcer la indefinición intensionada que mantuvo el oficialismo y finalmente a las 12.00 se realizó la sesión reclamada por los vecinos. Aún así, el bloque Cambiemos pretendió ocultar del texto el rechazo a la megaminería, hecho que señalaron los concejales opositores junto con los vecinos.

Al cabo de un cuarto intermedio, se dió lectura y aprobación por unanimidad de la declaración que se transcribe al pie. Esta fracción de la sesión se transmitió en vivo en el Facebook Noalamina Esquel 

 

DECLARACIÓN Nº 01/18

TEMA: REAFIRMACION DEL RECHAZO A LA ACTIVIDAD MINERA

VISTO: El pedido de vecinos de nuestra Cuidad en relación con la próxima visita del Sr. Ministro de Energía y Minería de la Nación, y:

CONSIDERANDO:

Que los vecinos solicitan a este Cuerpo Deliberativo se pronuncie acerca de la pretensión del Gobierno Nacional de que la Provincia habilite la explotación minera de uranio en la zona de la Meseta,

Que la Ley Provincial XVII N° 68 (antes 5001) prohíbe expresamente la actividad minera a gran escala en todo el territorio provincial,

Que los hidrocarburos y minerales existentes en el territorio pertenecen constitucionalmente al Estado Provincial, sin que el Gobierno Nacional pueda disponer de los mismos.

Que en numerosas oportunidades el pueblo de la Provincia se ha pronunciado en contra de la actividad minera a gran escala y con empleo de químicos contaminantes (“megaminería”), ejemplo de lo cual lo constituye la Consulta Popular celebrada en nuestra Ciudad el 23 de marzo de 2003, el proyecto de ley por iniciativa popular presentado en la Legislatura de la Provincia y tramitado bajo el número de proyecto 075 del año 2014 y la proliferación de asambleas ciudadanas en las distintas ciudades y comunas.

Que en reiteradas oportunidades este cuerpo legislativo, como representante de los vecinos de Esquel, se pronunció respecto a esta temática,

Que en tal sentido, por Ordenanza Nro. 33/03 se declaró a Esquel “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable” prohibiendo la realización de actividades que afecten negativamente el ambiente.

Que por Ordenanza Nro. 5/04 se declara el 23 de marzo “Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel” en conmemoración de la Consulta Popular celebrada en el año 2003, mediante la cual el 81% de la población se pronunció rotundamente contra la instalación de un emprendimiento megaminero.

Que durante el año 2012 numerosas instituciones de la comunidad fijaron clara posición en contra de la megaminería contaminante, de lo cual se hizo eco el Concejo Deliberante a través de la Comunicación Nro. 04/12 mediante la cual se declara su adhesión y apoyo al documento hecho público por la Sociedad de Pediatría sede Esquel, el servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los pediatras de la región Noroeste del Chubut.

Que este Concejo, en su actual composición, reafirmó la posición en contra de la “megaminería” contaminante, a través de la Declaración N° 01/16.

Que la contaminación y la destrucción del ambiente no conoce límites geográficos y que es deber de este Cuerpo cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional expresamente establecido en el art. 41 de la Carta Magna Nacional, en cuanto todo habitante tiene derecho a un ambiente sano.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

DECLARACIÓN

ART.1º: REAFIRMAR la posición de este Concejo expresada en la Declaración N° 01/16 respetando la voluntad mayoritaria de los vecinos de Esquel, de firme rechazo a la actividad minera a gran escala.

ART. 2º: EXPRESAR la voluntad de los vecinos de Esquel para que los Gobiernos Nacional y Provincial respeten los principios constitucionales que establecen la propiedad provincial de los hidrocarburos y minerales

ART. 3º: RECORDAR a los Gobiernos de la Nación y de la Provincia del Chubut la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en cuanto exige como requisito la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas por la realización de actividades que puedan afectar su territorio.

ART. 4º: INSTAR al Sr. Intendente Municipal, como Jefe Político de nuestra comunidad, a sostener clara y firmemente esta posición en los distintos ámbitos de decisión.

ART.5º: REMITIR copia de la presente Declaración al Sr. Presidente de la Nación, al Sr. Ministro de Energía y Minera de la Nación, al Honorable Senado de la Nación, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut, a la Honorable Legislatura del Chubut, a los Sres. Intendentes y Presidentes de Comunas de toda la Provincia del Chubut y a los Concejos Deliberantes de todas las localidades de la Provincia del Chubut.

ART. 6º: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.

Esquel, 15 de febrero de 2018.

Jorge Junyent-Presidente

Mariela Sánchez Uribe- Secretaria Legislativa

H. Concejo Deliberante H. Concejo Deliberante
Ciudad de Esquel Ciudad de Esquel

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 01º Sesión extraordinaria del 2018, bajo Acta 01/18, registrada como Declaración Nº 01/18.

Argentina

“No comemos baterías”

Autor: Dario Aranda, Pagina 12
Conflicto Relacionado: Salinas Grandes Litio , Susques Olaroz

En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.

“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.

La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).

“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.

En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.

Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.

Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.

Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.

En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.

La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.

El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.

Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).

Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.

Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/96013-no-comemos-baterias

 

Republica Dominicana

Explotación minera, salud y medio ambiente

Autor: Félix Bautista. Listin Diario

La minería es tan antigua como la civilización.  En “Ideas: Historia intelectual de la humanidad”, el autor Peter Watson  describe que la minería surgió hace 100,000 años, por la necesidad del hombre de obtener piedras, cerámicas y metales para fabricar herramientas y utensilios que les permitieran desarrollar sus actividades de subsistencia. La historia registra que la mina más antigua, según los arqueólogos, es la Cueva de León, que conforme al método del Carbono 14 su edad supera los 43,000 años. Los griegos y los romanos afianzaron la actividad minera y la construcción de templos, palacios y esculturas lo ponen de relieve. El florecimiento económico de Atenas, fue el producto de la explotación de minas de plata. Grecia se dedicó a explotar sus yacimientos de oro, plata, cobre y hierro, así como mármol blanco. Los métodos de explotación minera de las civilizaciones antiguas, se exhiben hoy día en el Museo Nacional de Gales y el Museo Británico.

En la Edad Media, el hierro y el cobre se extraían en minas a cielo abierto y se utilizaban para la fabricación de monedas, armas, lanzas y herramientas que utilizaban los caballos durante la guerra. En las Américas, la minería se caracterizó por la explotación de oro y plata, que se transportaron a España durante el período del descubrimiento y conquista. En Estados Unidos, la consolidación de la explotación minera se logra en 1872 (Siglo XIX), con la aprobación de Ley General de Minería, que procuraba la regulación y el fomento de la explotación de los recursos mineros.

En el proceso de explotación minera intervienen varias etapas: la exploración, que permite evaluar el tamaño del yacimiento, su ubicación y el valor del o de los minerales existentes; el estudio de factibilidad, que permite establecer la viabilidad económica y los riesgos financieros y técnicos; el estudio de impacto ambiental, y el otorgamiento de la posible licencia; la construcción de las infraestructura para explotar la mina; y finalmente el cierre de la mina y rehabilitación de las áreas afectadas.  La licencia ambiental para la explotación de la mina establece el método de explotación, que puede ser a cielo abierto o subterráneo. La explotación a cielo abierto es de gran volumen, se utilizan equipos de gran tamaño y capacidad y se aplica cuando existen yacimientos masivos superficiales. El proceso para aplicar este método consiste en: “Exploración y desarrollo, perforación y disparo; carguío y acarreo (Manual de Minería, Perú)”.

La extracción minera subterránea se aplica cuando los yacimientos están ubicados en lugares pronunciados y profundos. En estos casos, se hace necesario perforar túneles a las profundidades que indiquen los estudios geológicos, para extraer los minerales. Este método agota las fases de “exploración, desarrollo, preparación, explotación, extracción, transporte y manipulación de minerales. (Manual de Minería, Perú)”.

Los minerales extraídos con cualquiera de las dos modalidades deben ser sometidos a un proceso metalúrgico de refundición y refinación. Para logarlo, es necesario utilizar el método de concentración y lixiviación. La concentración permite obtener un material compacto enriquecido y de menor tamaño, lo que reduce el costo de transporte a la planta metalúrgica. A través de la lixiviación, el oro, el cobre y la plata son disueltos, aplicando cianuro de sodio, ácido sulfúrico y en algunos casos mercurio.

Estas sustancias afectan el medio ambiente y la salud. El Cianuro de sodio, afecta el proceso de fotosíntesis de las plantas y en los animales, peces y aves, puede ser absorbido por la piel y sus efectos son letales. Además del cianuro, para recuperar el oro se aplican grandes cantidades de Zinc y Plomo, cuyos desechos contaminan el suelo, las aguas subterráneas y superficiales. En los humanos afecta el sistema respiratorio,  produce pérdida del apetito, náuseas, vértigo, vómitos, afecta el desarrollo de los niños, la presión arterial, el sistema nervioso, el sistema digestivo y los riñones.

En las mujeres embarazadas alteran el desarrollo del feto; ocasionan nacimientos prematuros; reducen el peso de los niños y su cociente de inteligencia, producen trastornos reproductivos y abortos espontáneos.

Las enfermedades citadas fueron demostradas en 28 trabajos epidemiológicos, realizados en Europa, Nueva Zelanda y Australia. La agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha indicado que el plomo en los seres humanos tiene efectos cancerígenos.

El ácido sulfúrico por su parte, provoca daños pulmonares de por vida, agrava el asma, la ceguera, provoca irritación y quemaduras que dejan cicatrices permanentes; causa dermatitis, erosión dental, cáncer de laringe, en fin, la exposición permanente al ácido sulfúrico puede causar la muerte.

Un estudio realizado en Colombia, por la Defensoría del Pueblo, titulado “La minería sin control. Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos” reveló que la mayoría de los síntomas asociados a las consultas médicas de los mineros, estaban relacionadas con “la acidez o ardor en el estómago, pérdida del apetito, trastornos del sueño, nerviosismo o ansiedad, temblor en sus manos y dificultad para hablar.” Entre el 31% y el 44% de los trabajadores se había intoxicado por los efectos del mercurio. El estudio estableció además que el 8% de los hijos de los trabajadores afectados presentaron trastornos neurológicos y el 6% enfermedades renales.

En definitiva, la explotación de una mina y extracción de yacimientos de oro y otros minerales, producen un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud a mediano y largo plazo. La aplicación de cianuro, zinc, plomo, mercurio y ácido sulfúrico, producen efectos devastadores, incluso después de cerrada la mina. Las empresas mineras que en su mayoría se comprometen a controlar los efectos producidos por la explotación, al final concluyen la extracción de los yacimientos, dejando a los pueblos cicatrices y daños irreversibles. Debemos evitar que esto le ocurra a la provincia San Juan.

Fuente: https://listindiario.com/puntos-de-vista/2018/02/14/502694/explotacion-minera-salud-y-medio-ambiente

 

Mexico

Comunicado REMA

Autor: REMA.org

COMUNICADO

14 de febrero de 2018

A la población en general
El pasado 8 de febrero del año en curso el Subsecretario de inería Mario Cantú Suárez en el marco del evento
“México Mining Forum”, señaló que a raíz del impacto que ha generado el crimen organizado en la industria
minera que ha derivado en pérdidas de la producción del sector y en la reducción de inversiones de empresas
mineras afiliadas a la Cámara Minera de México, las autoridades mexicanas han establecido estrategias para
garantizar la seguridad de las minas en el país.
Ante las declaraciones descontextualizadas e imprudentes del subsecretario que intenta victimizar y poner como
un sector vulnerable a la minería, as y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
desaprobamos las declaraciones y reafirmamos categóricamente que:
La minería en México no sólo explota los bienes naturales de poblaciones indígenas y campesinas de una
manera insostenible y violentando leyes y derechos, sino que las empresas mineras han incorporado como una
de sus estrategias aliarse precisamente con el crimen organizado. El vínculo se ha evidenciado en numerosas
ocasiones e incluso hay declaraciones de gerentes de las empresas afirmando su relación con los criminales,
para coaccionar, lavar dinero y desplazar o asesinar a población en contra de la explotación y sus efectos (véase
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/09/opinion/017a2pol).
2. Las estrategias de seguridad que brinda el gobierno mexicano a través de la protección que da la Policía
Federal y la Gendarmería Nacional a las minas, en lugar de proteger a los territorios amenazados, refleja la
complicidad existente entre el gobierno, el crimen organizado y las empresas mineras que operan al unísono para
concesionar y explotar territorios que no sólo serán víctimas de las afectaciones a la salud y ambientales sino de
vivir la violencia directa que derivará en el abandono de sus tierras o la pérdida de la vida.
https://suracapulco.mx/impreso/2/resguardan 70 gendarmes federales la entrada media luna informa mando
policiaco/
3. Declaraciones de esta naturaleza, sólo muestran la falta de escrúpulos de las autoridades mexicanas que
priorizan la inversión minera por sobre la política social y en consecuencia actúan en contra de la vida de
poblaciones indígenas y campesinas.

ALTO A LA VICTIMIZACIÓN DE LAS NARCOMINERAS
ALTO A LA COMPLICIDAD ENTRE GOBIERNO, MINERAS Y CRIMEN ORGANIZADO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERA
(REMA)

Chile

“Pelambres va a seguir contaminando”, sostienen tras aprobación de ampliación de minera de Luksic


Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres

“Pelambres va a seguir contaminando”, sostienen tras aprobación de ampliación de Minera de Luksic

Minera recibió un nuevo espaldarazo para ampliar su emblemática faena en el valle del Choapa, tras lo cual el investigador Patricio Bustamante criticó que pese a que aún hay recursos judiciales y administrativos pendientes, se les aprueban distintos proyectos que terminarán por empeorar las condiciones ambientales de la zona.

Perú

TÍA MARÍA SIGUE SIN LICENCIA SOCIAL, PESE A CAMPAÑA DE LA SOUTHERN

Autor: Editorial Conflictos Mineros.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.

Según la empresa y el Gobierno, los proyectos sociales financiados por la minera en la zona en los últimos meses habrían debilitado la oposición a Tía María. Esta semana, el viceministro de minas, Ricardo Labó, indicó que la empresa ha hecho todo el año pasado esfuerzos para poder relacionarse nuevamente con la zona y esto estaría dando “sus primeros frutos’”. “Este acercamiento con la población es un proceso de mediano a largo alcance, pero creo que este año vamos a tener noticias sobre mejores relaciones que las del año pasado” lo que permitiría “avanzar” con el proyecto minero, aseguró el funcionario.

Southern, de capitales mexicanos, ha venido implementando en la zona el programa denominado “Valle Unido” de relacionamiento comunitario, en el que ha realizado campañas de educación, salud, de apoyo a los agricultores, entre otras. Sin embargo, según información de la prensa local, dicho proyecto no ha tenido mayores impactos en la posición de la ciudadanía y se mantiene un “rechazo contundente” al proyecto minero. Periodistas de Arequipa encontraron en días recientes que la mayor parte de la población local no conoce este programa y mantiene su oposición a Tía María.

“Ofenden al pueblo cuando piensan que pueden comprar su apoyo con una jarrita de plástico, dos tarritos de pintura, una bolsita de úrea”, declaró Augusto Paredes Torres, secretario de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Las acciones de la empresa también han buscado el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa. El pasado viernes, por ejemplo, la compañía minera entregó a las autoridades regionales el expediente técnico para la construcción del nuevo Centro de Salud de Cocachacra.

Persecución a líderes

Tras casi tres años de las protestas de 2015, la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes sociales de la zona. La acusación fiscal utiliza la figura de “Asociación Ilícita para Delinquir”, lo que preocupa porque sería la primera vez que se aplica este tipo penal en el marco de una protesta.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco, afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia”, asegura. Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay.

Como se recuerda, este polémico proyecto ha tenido que ser suspendido en dos oportunidades, en 2011 y 2015, ante la fuerte resistencia de la población que teme que se vean afectadas la provisión de agua y las actividades agrícolas.

Fuente: www.conflictosmineros.org.pe

Chile

Organizaciones firmes ante posible conciliación por minera Dominga: “La única solución es que no se haga el proyecto”


Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

Desde La Higuera son enfáticos en señalar que no están por que se llegue a un acuerdo en favor de la cuestionada iniciativa, argumentando que ésta ya fue rechazada en sus primeras instancias. “No hay manera de mejorar este mega proyecto”, sostiene Rosa Rojas.
15-02-2018
Ante el proceso de conciliación que abrió el Tribunal Ambiental de Antofagasta en la polémica iniciativa minera portuaria Dominga, de Andes Iron, Rosa Rojas, del Movimiento de Defensa del Medioambiente de La Higuera (Modema), expresó a El Ciudadano que “la única solución es que no se haga el proyecto”, y aclaró que “nosotros no estamos por ningún tipo de conciliación”.

Modema es una de las nueve organizaciones que están como terceros interesados en el caso, y seis de las que están en contra de Dominga.
Rojas explicó que lo que corresponde es que no haya conciliación porque “este proyecto ya ha sido rechazado por los organismos del Estado”. En ese sentido, apuntó que mantienen la posición que han manifestado. “No hemos cambiado en absoluto nuestra postura de rechazo a esta empresa minera y portuaria Dominga”, señaló.

En relación a la propuesta que estarían formulando desde el Tribunal Ambiental, en la que el proyecto podría ser “mejorado” para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pudiera aprobarlo, manifestó que “no hay manera de mejorar ningún proyecto de esta índole, que es un mega proyecto”. Esto -argumenta- debido a que la magnitud de estas iniciativas Las transforma en “irreversibles”. “No pueden hacer el rajo más chico, por ejemplo, o no pueden dejar de sacar el agua del rajo sur, tampoco pueden dejar de afectar la biodiversidad con el paso de los barcos, por lo tanto, este tipo de proyecto no sé qué le tendrían que hacer… la única solución es que no se haga, no vemos ninguna otra solución al respecto”, postula la dirigente.

En definitiva, para Rosa Rojas este proyecto no solo destruiría parte del mar, sino también parte de la tierra, pues el rajo sur de esta mina, explica, “está arriba del reservorio de agua que nos provee del líquido vital a dos pueblos aguas abajo, por lo tanto, no podríamos estar bajo ningún punto a favor de esa conciliación”.
Que Piñera sea consecuente
www.elcomunal.cl
La conciliación tendrá que ser decidida por el SEA el próximo 14 de marzo, cuando el gobierno de Sebastián Piñera haya cumplido recién tres días en La Moneda. Sin embargo, Rojas sostiene que han estado luchando por la protección de su territorio en las diferentes administraciones y recuerda que les ocurrió algo similar cuando en el anterior mandato de Michelle Bachelet, se pretendía instalar la termoeléctrica Barrancones. Entonces asumió Piñera y detuvo su construcción “aduciendo que este era un lugar que no se puede destruir, y lo hizo de forma ilegal”, dice Rojas, quien explica que en el caso de Dominga les ocurre al revés.

Ahora ha sido el gobierno de Bachelet el que ha reconocido la importancia de proteger la biodiversidad de este lugar y ahora con la decisión del Tribunal Ambiental de realizar un proceso de conciliación, la decisión final recaerá en el próximo mandato de Piñera. En ese sentido, la dirigenta indica que no les importa la administración que esté porque “nos ha tocado esta pelea en ambos gobiernos, y casualmente de las mismas personas, entonces nosotros vamos a seguir luchando porque no vamos a llegar a acuerdo, de eso no me cabe la menor duda”.

Rojas explica que en ese escenario -en donde no prosperaría la conciliación- el Tribunal Ambiental deberá dirimir al respecto y tendrá que dar una resolución. “Si está a favor de la conservación vamos a estar felices, porque creemos que este tribunal se creó precisamente para eso; si no, vamos a seguir adelante con nuestra causa y no vamos a permitir bajo ningún punto este proyecto y seguiremos los cursos regulares de la institucionalidad y la ley para evitar cualquier iniciativa de este tipo”.

Finalmente, la dirigenta llama a Piñera a que mantenga la misma postura que tuvo cuando ocurrió lo de Barrancones, señalando que “él se la jugó por defender esta zona”. Por eso insiste en que el electo mandatario sea consecuente con esa postura porque -plantea- “no queremos que pase lo de Huasco o Quinteros”. Por último, reflexiona respecto de las condiciones en que están los puertos, los pescadores y los pueblos. “Nosotros no queremos que pase eso aquí en La Higuera”, concluye.

Javier Karmy Bolton
https://www.elciudadano.cl/politica/daniel-jadue-dispara-frente-amplio-esta-la-derecha-del-pc/02/15/

Colombia

Consejo comunitario de Yurumanguí le gana pulso a minera Pacific Mines S.A.S.

09-02-2018.     La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.  Para el consejo comunitario del río Yurumanguí es urgente que la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social implementen pronto los proyectos productivos que requiere la comunidad. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Hace apenas unos días el consejo comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí recibió la noticia que esperaba hace tres años: el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali dictó una sentencia que les restituye los derechos territoriales sobre 54.776 hectáreas y, de paso, rechaza las pretensiones de la empresa Pacific Mines S.A.S., que alegaba títulos de propiedad sobre el territorio ancestral.

La decisión de los magistrados es la segunda que favorece a una comunidad negra y la octava étnica del país. Además de dictar medidas de reparación para una población de 2.918 personas en el azotado municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, el fallo también resuelve un pleito sobre decisiones tomadas por el antiguo Incora y que llevaron a Pacific Mines S.A.S. y a la familia Dussan a oponerse durante el juicio de restitución. Aunque ambos expusieron sus argumentos, los magistrados concluyeron que todas las pruebas favorecen al consejo comunitario.

La sentencia se convierte en un espaldarazado a una comunidad que, en solitario, ha luchado porque su territorio esté libre de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y prácticas de minería ilegal. Cansados de tocar a las puertas de diversas entidades estatales para buscar ayuda y de recibir el recurrente “no”, el año pasado sus líderes experimentaron con el crowdfunding, un sistema de recolección de dinero través de Internet. A principios de abril de 2017 lograron donaciones por 3 millones de pesos, de los 20 que se pusieron de meta, para desarrollar un proyecto productivo de arroz. Con la decisión de los magistrados, diversas agencias del Estado deben actuar con la debida diligencia.

De entrada, el fallo ordena anular las escrituras que la familia Dussan y la compañía minera hicieron sobre el territorio étnico. El Ministerio del Interior deberá aplicar la consulta previa para que la Unidad Nacional de Víctimas concerte con la comunidad un Plan Integral de Reparación Colectiva. El Ministerio de Vivienda deberá darles prioridad en el acceso a sus programas de subsidio, y la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca tendrán que implementar un plan de retorno para los yurumangueños que continúan en condiciones de desplazamiento.

Entre las 23 órdenes, el Tribunal compulsa copias a la Fiscalía para que investigue los hechos y responsables de la violencia perpetrada contra el consejo comunitario, y pide a la Unidad Nacional de Protección [UNP] estudiar el riesgo y brindar las medidas de seguridad que requieran los miembros de la Junta del consejo comunitario y de la Asociación de la Asociación Pueblos Unidos por el Río Yurumanguí (Aponury).

yurumangui 3La comunidad de Yurumanguí logró con la sentencia blindar su territorio de posibles concesiones mineras. Los magistrados ordenaron anular las escrituras realizadas por la familia Dussan y la minera Pacific Mines S.A.S., que reclamaban propiedad sobre el título colectivo. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Por su parte, la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social tienen tres meses para implementar los proyectos productivos; y el Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ofrecerles capacitación en producción agropecuaria.

Sobre la actividad minera, los magistrados solicitaron formalizar sólo la tradicional ancestral, reiterando que cualquier solicitud de concesión minera deberá surtir el trámite de consulta previa. Por su parte, las autoridades deberán impedir el ingreso de cualquier tipo de maquinaria o dragas que afecte el territorio.

“Esta es una satisfacción muy grande después de tantos años de afectaciones. La sentencia es un ‘muro de contención’ a la minería mecanizada; nosotros hemos decidido que nuestro territorio es para la producción de alimentos y el progreso del yurumangueño. Por eso esperamos que el gobierno nacional cumpla con las órdenes de la sentencia, porque hemos resistido muchos años al conflicto y porque el desplazamiento no sólo lo producen los actores armados sino la falta de oportunidades”, afirma Dalia Mina, líder del consejo comunitario.

La sentencia de Yurumanguí es relevante porque es el resultado de un proceso complejo de documentar este tipo de reclamaciones étnicas, dada la extensión de los territorios, la presencia de actores armados ilegales en varias regiones y los intereses económicos que se superponen en ellos. La tarea está bajo la responsabilidad de la Unidad de Restitución de Tierras [URT]. Paradójicamente, el anuncio del fallo hecho ayer por esta entidad no detalló el fondo de la decisión de los magistrados frente a las concesiones mineras.
A enero de 2018, la URT registra el logro de 3.664 sentencias de restitución con 234.206 hectáreas protegidas (ver datos); de ellas, la restitución étnica a través de siete sentencias ha protegido el 53 por ciento de todas las tierras restituidas en el país. Con Yurumanguí, esta última cifra asciende a por lo menos el 77 por ciento.
Tres décadas de resistencia

Los yurumangueños han sobrevivido a un conflicto armado de treinta años. El río Yurumanguí, en Buenaventura, atrajo desde finales de los años ochenta a la guerrilla de las Farc y luego a paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El interés de unos y otros era controlar las rutas del narcotráfico que conducen al océano Pacífico para su posterior comercialización en el centro y norte del continente.

Como quedó documentado en la sentencia, el primer desplazamiento masivo tuvo origen tras la masacre del Naya, perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001. Varios desmovilizados confesaron ante jueces y fiscales de los tribunales de Justicia y Paz que para para salir del boscoso territorio cometieron una segunda masacre, haciéndose pasar por guerrilleros de las Farc. La idea, según contaron los procesados, fue de un coronel de la Armada Nacional.
En menos de tres años, veredas como El Firme quedaron vacías. Su líder, Jorge Isaac Aramburo, conocido como Naka Mandinga, intentó dialogar entonces con los actores armados para que respetaran el territorio, pero tal defensa se tradujo en más amenazas y en el asesinato de seis de sus sobrinos y de un amigo. La comunidad, devastada, se resistió a abandonar el río y tras la desmovilización de las Auc, pensaron que los problemas habían terminado.

yurumangui 2Desde 2004, la comunidad del Río Yurumanguí firmó un mandato sobre al defensa de tu territorio, señalando que estará libre de la minería ilegal, de cultivos ilícitos, así como de proyectos agroindustriales o minero-energéticos. Foto suministrada María José La Rota.Pero no fue así. Cuando solicitaron la restitución de su territorio en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2001, que permite la restitución para comunidades negras, supieron que Yurumanguí estaba “empapelado”: sobre el territorio que cubre su título colectivo se habían celebrado escrituras a favor de la empresa Pacific Mines S.AS. y que esta a su vez, había solicitado desde el año 2013 dos permisos de concesión minera ante la Agencia Nacional de Minería.

Los yurumangueños no entendían nada. Desde 1992, en medio del conflicto, se habían organizado como comunidad étnico-territorial en la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (Aponury) y en 1998 lograron que la Alcaldía de Buenaventura reconociera las 13 veredas que componen su territorio. Dos años después, el 23 de mayo de 2000, el antiguo Incora les entregó un título colectivo por 54.776 hectáreas.

Pero la propiedad sobre ese título colectivo fue el punto de discusión en el juicio de restitución. En 1969 el antiguo Incora realizó un proceso de extinción de dominio, por inexplotación económica sobre los predios Yurumanguí, Naja y Calambre, y San Juan de Micay, que suman más de 120 mil hectáreas. De esas tierras, es que salieron las 54 mil hectáreas que integran el título del consejo comunitario.

Durante el juicio, la familia Dussan presentó su oposición, señalando ser “víctima del Estado”: primero porque no fueron notificados del proceso de extinción sobre tierras que heredaron desde el año 1745; y segundo, porque la violencia impidió que Agrominas de Yurumanguí, Naya y Cajamabre S.AS., la empresa familiar, realizara actividades de minería en la zona. A la oposición se sumó Pacific Mines S.A.S. que alegó ante los magistrados haber comprado a los Dussan en 2011 porque estos acreditaron títulos de propiedad.

“Para nosotros fue una sorpresa saber que había solicitudes de concesiones mineras sobre nuestro territorio. Estamos contentos de que la sentencia nos haya respaldado en la defensa del Yurumanguí, sobre todo después de resistir a tantos años de conflicto. Lo mínimo era que el Estado nos apoyara”, reitera la líder Dalia Mina.

A su voz se suma la de otra líder, María Elena Arroyo Caicedo, quien explica que ahora tienen expectativa en el cumplimiento de cada una de las órdenes de los magistrados: “Estas medidas son una forma de reparar los atropellos que sufrimos durante tantos años. Es importante que el Estado cumpla con los derechos de vivienda digna y empleo. Porque el yurumangueño quiere cultivar alimentos, tener garantías para progresar en su territorio”.

Consejo comunitario de Yurumanguí le gana pulso a minera Pacific Mines S.A.S.

Internacional

El Parlamento Europeo pide vetar la minería submarina ante sus efectos en los caladeros

Los legisladores reclaman frenar su expansión internacional, presente en bastiones para la flota gallega como Namibia -La Universidad de Exeter alerta de la destrucción de los ecosistemas
adrián amoedo vigo 11-02-2018
Una de las potentes «herramientas» que usan las mineras sobre los fondos marinos. // Nautilus Marine
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Expansión
Licencias desde Jamaica: La International Seabed Authority (ISA) ha emitido ya licencias para trabajar en 1,3 millones de kilómetros cuadrados desde su sede en Jamacia a 28 contratistas en todo el mundo.
Diamantes y fosfato, en Namibia y Sudáfrica: En Namibia, una joint venture entre el estado y la firma De Beers explora el fondo marino en busca de diamantes. Allí se paralizó un proyecto de la polémica minería submarina de arena fosfática, que sí está prosperando en Sudáfrica. Se trata de dos caladeros clave para la flota gallega.

La minería submarina está al alza. Los proyectos comienzan a agolparse, las empresas que se dedican a ello se frotan las manos y hasta existe una organización que regula la actividad y que hasta la fecha ha emitido licencias que cubren ya 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Algunos de ellos afectan a caladeros tan importantes para la flota gallega como son los de Namibia o, más recientemente, Sudáfrica. La exploración de materia prima en el fondo marino ha puesto en alerta a los legisladores de la UE, que el pasado mes aprobaron en el Parlamento Europeo un texto en el que exigen el veto de la actividad hasta demostrar sus efectos medioambientales. Según acaba de publicar la Universidad de Exeter, la minería submarina «podría causar daños irreversibles a los ecosistemas marinos».

La opinión de los legisladores europeos se ha convertido en la primera voz política «fuerte» que se enfrente a la minería submarina. Lo hizo, además, con un gran apoyo, ya que la resolución recibió 558 de los 666 votos en el Parlamento Europeo. Con ello se busca que esta industria no se desarrolle principalmente en los fondos marinos europeos, pero también busca frenar su expansión en otros lugares del mundo, ya que además de la moratoria se instó a la Comisión Europea a convencer a los Estados miembro para que dejen de respaldar y de subvencionar licencias en aguas internacionales.

La medida, que pasó desapercibida como una disposición en el marco del plan sobre gobernanza de los océanos de la UE, sirve también como contrapunto a las actividades de la International Seabed Authority (ISA), la organización que decide desde su sede en Jamaica y a puerta cerrada cómo expandir las operaciones mineras en el Atlántico, Índico o Pacífico. Según los medios especializados, actualmente está desarrollado regulaciones para la industria, pero ya ha emitido licencias de exploración para, al menos, 28 contratistas.

La noticia se une a la intención de Irlanda conocida esta semana de avanzar en la prohibición de la exploración petrolera en sus aguas, lo que beneficiará a la actividad de la flota pesquera gallega que faena en Gran Sol. Más difícil lo tendrán los barcos de las empresas gallegas que faenan en caladeros como los de Namibia o Sudáfrica. Ambos países están iniciando la minería submarina para extraer fosfato y, en el primer caso, la empresa De Beers lleva tiempo taladrando el lecho marino para extraer diamantes.

Ahora la Universidad de Exeter ha publicado un estudio en Frontiers in Marine Science en el que indica que los efectos de esta industria «podría causar un daño irreversible a los ecosistemas de aguas profundas», que tardarían «décadas, siglos o incluso milenios» en recuperarse. Uno de los responsables de la investigación, David Santillo, reconoció que le conocimiento sobre los fondos «es aún limitado», sí señala que «son muy sensibles». «Parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas», comentó Santillo al medio especializado Science Daily.
http://www.farodevigo.es/mar/2018/02/11/parlamento-europeo-pide-vetar-mineria/1835919.html

Colombia

Procuraduría pide a Agencia Nacional de Minería que excluya las áreas protegidas de la explotación minera

La solicitud se refiere especialmente al trabajo de las compañías en los páramos.
Heidy Monterrosa – [email protected] 12-02-2018
Por medio de una carta, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le pidió a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, que se excluyan las áreas protegidas, y especialmente de los páramos, de la explotación minera.

El procurador delegado Gilberto Blanco Zúñiga solicitó que todas las obras que se estuvieran realizando por concesionario fueran inmediatamente suspendidas y los títulos retirados sin compensación alguna, tal como lo ordena el artículo 36 de la Ley 685 de 2001.

En el caso del páramo de Santurbán, la Procuraduría está en el seguimiento de las mesas con el Ministerio de Ambiente, y están trabajando para lograr la delimitación de la zona antes de que termine el Gobierno actual.

Por otro lado, el procurador Blanco dio a conocer en el programa radial Somos Procuradores, que la entidad le pidió en noviembre a la Unesco que declare los páramos como patrimonio de la humanidad, para que puedan ser protegidos.
https://www.larepublica.co/economia/procuraduria-pide-a-agencia-nacional-de-mineria-que-excluya-las-areas-protegidas-de-la-explotacion-minera-2598888