Mexico

Acaba Goldcorp con Mazapil

SAÚL ORTEGA Y MIRIAM SERRANO/NTRZACATECAS.COM 12-02-2018
Desde la entrada norte hasta la cabecera municipal, por la vieja carretera que conduce de Concepción a Oro a Mazapil, es posible ver un pueblo devorado por el tajo de la mina de oro más grande de Latinoamérica.
Los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista alcanza: enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semidesierto zacatecano.
A poco más de una década de la llegada de la minera Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, las calles de la cabecera de Mazapil lucen vacías y con casas derrumbadas.
Al menos una docena de restaurantes se encuentran abandonados. En el centro de la plaza se yergue la iglesia y, al costado, un par de columpios se mecen con el viento, junto a otros pocos juegos infantiles que poco uso reciben.
Unos metros después está la presidencia municipal y el único cajero automático de Mazapil, donde una fila de hombres y mujeres esperan su turno para retirar dinero.
Dentro del ayuntamiento, la mayoría de las oficinas se encuentran cerradas. Unas cuantas personas esperan en la recepción al alcalde Gregorio Macías Zuñiga, quien, de acuerdo con quienes lo aguardan, es raro que asista a sus oficinas.

En el olvido
El camino de terracería sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera municipal.
El centro comunitario de salud que presuntamente operará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo.
También está una tienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recién remodelada, con una placa que indica que fue inaugurada en diciembre de 2017; sin embargo, los comuneros afirman que no han ido las autoridades a ponerla en servicio.
María Guadalupe, quien vivió en la desaparecida comunidad Peñasquito, asegura que ésa no es la única promesa incumplida por la minera.
Con tristeza pasea la vista por la calle y recuerda que los directivos de la compañía prometieron que las calles de la nueva comunidad serían pavimentadas. “Ahora mire: ni eso, todo está sin pavimento y lleno de polvo”.
La mujer clava la vista en un solitario árbol de durazno y lamenta: “no nos dejaron traer nada. Allá tenía una nopalera muy bonita, pero ni un nopalito nos dejaron traer, nomás vimos cómo los arrancaron las máquinas”.
La tristeza es común en Nuevo Peñasco. Sólo quienes llegaron años después cuentan con el beneficio de tener alumbrado en sus calles y una vivienda digna, bien construida.
“Cuando nos trajeron a ver las casas pues se veían muy bonitas, bien pintadas, pero ahora tienen goteras y cuando llueve se mete por todos lados el agua”, agrega María mientras señala las grietas de su hogar.
A una cuadra habita otra familia que perdió la casa de adobe que tenía en Peñasquito. Ahí María Juana, recargada sobre los barrotes de su portón, recuerda que su anterior hogar era fresco y no tenía problema alguno.
“En esta casa tenemos que lidiar con la falta de agua y que está toda agrietada, con muchas goteras”, lamentó María Juana.
Supuestamente, la minera les entrega 200 mil pesos anuales para compensar la pérdida de sus tierras, pero los habitantes de la nueva comunidad desmintieron a la empresa.
“Dizque nos dan 20 mil pesos mensuales. ¡Bueno fuera! Así ni siquiera tendríamos de que quejarnos. No nos dan ni un peso”, sentenció María Guadalupe.
Ambas mujeres dicen que la única promesa que tienen es que Goldcorp arreglaría las casas que se les entregaron para evitar las goteras, pero eso se les prometió desde hace más de seis meses. Ahora la compañía presume que las reparaciones comenzarán en marzo.
“Dicen que de una en una, porque no pueden hacer todo al mismo tiempo”, reprocha María Juana.
Las dos Marías evitan ver hacia donde está el tajo de la mina: “si miro para allá, me desmayo, porque no queda nada”, explica con melancolía Guadalupe.

Sin respuestas
Aun cuando el presidente municipal de Mazapil conoce las necesidades de la comunidad Nuevo Peñasquito, no tiene respuestas para sus habitantes y reconoció, en entrevista con NTR Medios de Comunicación, que no existe un proyecto para mejorar sus condiciones de vida.
Gregorio Macías señaló que la minera sólo realizó algunos proyectos para mejorar las condiciones de tramos carreteros, pero hasta la fecha no se han formalizado.
Aceptó, además, que se carece de estudios sobre los efectos que tienen las presas de jales en la población de las comunidades aledañas.
Macías Zúñiga aseguró que, en coordinación con Goldcorp, se realizan instalaciones de agua potable, drenaje, pavimentación de calles en al menos 20 comunidades cercanas a la mina.
Sin embargo, aceptó que la compañía canadiense ha quedado mal a los ejidos. “Hemos intervenido para que se cumplan estos compromisos, tuvimos una reunión para que la minera llegue a acuerdos para cumplir con todo lo prometido”, excusó.
Un ejemplo de las fallas es la construcción de un nuevo centro de salud, pues a pesar de que el ayuntamiento donó el terreno donde se edificaría, la empresa no concretó su compromiso y, varias administraciones después, el tema de diluyó.

Afectados
Los problemas de salud, principalmente afectaciones en la piel e infecciones de ojos, han aumentado desde la llegada de la minera, pero la situación de las poblaciones aledañas puede ser más grave.
Personal médico del lugar expuso que las enfermedades se intensifican durante la temporada de estiaje, “porque es cuando los jales están secos y se levantan fuertes polvaredas”.
Los trabajadores del antiguo Centro de Salud lamentaron que a la fecha no exista un estudio sobre el impacto que tienen los desechos mineros en la población de Mazapil.
Por otro lado, Eduardo Manzanares Acuña, doctor en Ciencias e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), alertó de que los riegos son mayores, “porque los residuos de las presas siempre contienen metales pesados que afectan a nivel del ADN”.
Una de las consecuencias del daño es que los niños del lugar nazcan con retraso mental y no puedan desarrollarse de manera adecuada.
Los más vulnerables son los menores de cinco años, porque “su principal contacto de juego es con el suelo, con la tierra y no existe la cultura de lavarles las manos constantemente”.
“Esta situación lleva a que los niños ingieran los metales pesados que contiene la tierra que llevan en sus manos”, advirtió el especialista en temas ambientales relacionados con la minería.
A estos problemas de salud se suma un incremento en la incidencia de enfermedades de la garganta y, en general, de las vías respiratorias.
Manzanares Acuña recalcó que es necesario realizar un estudio de los desechos para determinar el grado de riesgo que corre la población que vive a 200 kilómetros a la redonda de la mina, según los metales pesados que se encuentren. “Lo malo es que no dejan tomar muestras de los jales”, lamentó.
Reprochó que a nadie le importe esta situación, porque no se considera que, al estar los desechos de la mina a cielo abierto, toda la gente de la región del semidesierto sufrirá los efectos en su salud.

Pocas ventas
La señora Nelly es comerciante, dueña de una tienda que está a un costado de la parroquia. El negocio se lo heredó su abuelo, y, aunque casi no hay gente en el pueblo, vende “de a poquito”.
Ésta es de las pocas tiendas que están abiertas en Mazapil ante la falta de clientela. En un esfuerzo de mantener el sustento para su familia, Nelly remodeló su establecimiento y trata de abastecerlo lo mejor posible.
Atrás del mostrador, con una sonrisa forzada reconoce que los beneficios traídos por la minera son pocos y el empleo no es uno de ellos.
Refiere que lo que hace la compañía es proponer a las personas que se capaciten para montar un taller u otro tipo de empresa familiar, en la que los interesados deben invertir 50 por ciento de lo requerido.
Al preguntarle por qué su esposo no trabaja en la minera, la señora Nelly dijo que es muy difícil entrar; “el sindicato es el que decide ese tipo de cosas y sólo que haya algún hermano o pariente adentro es más fácil, de lo contrario no se puede”, explica.

Apoyo insuficiente
“La gente no se deja ayudar. Piden ayuda y se les da, pero no es la que esperan”, asegura Rafael Tiscareño Rivera, párroco de la iglesia de San Gregorio Magno, ubicada en la cabecera municipal.
Con voz muy baja, como si tuviera temor de ser escuchado, el religioso sostiene que la instalación de la minera Peñasquito trae beneficios a la población, “aunque no los esperados”.
Añade que Goldcorp otorgó fuentes de empleo; sin embargo, “desafortunadamente, la mayoría de las personas que trabajan ahí son de fuera y sólo muy pocos lugareños prestan sus servicios a esta trasnacional”.
De pie en el recibidor de su casa, como si tuviera prisa por terminar la entrevista, insiste en que los pobladores reciben algunos apoyos, “pero no los que ellos esperan, pues no se esfuerzan por mejorar y, aunque la empresa minera ha impulsado algunos proyectos, la gente no muestra interés en ellos”.
Otro aspecto que destaca el párroco es la inequidad con la que la empresa apoya a las localidades, pues reprochó que mientras en algunas construyeron carreteras o instalaron servicios básicos, “son las menos, pues el resto se encuentra en total abandono”.

Lucha apagada
Lauro Herrera Hernández, representante de los ejidatarios de Mazapil y presidente de la comisión reguladora, critica que, a pesar de que el gobierno estatal y la minera conocen los problemas ecológicos, “nadie hace nada para repararlos”.
Bajo la sombra de uno de los pocos árboles que hay al pie de la carretera que conduce la comunidad Cedros, Herrera Hernández se dice cansado de ver cómo se destruye el entorno y de denunciarlo.
El hombre tiene más de una década en la defensa del medio ambiente. Es consciente de que, durante la temporada de estiaje, el polvo que levanta el viento desde los jales afecta al menos a unas 450 familias de los ejidos de Mazapil, Cedros, Nuevo Peñasquito, Palmas y Mesas.
“Se hacen grandes nubes de polvo que tapan el cielo. Suponemos que le hace daño a la gente, pero nadie nos dice nada”, advirtió Herrera Hernández.
Coincide con médicos e investigadores en que urge realizar un estudio entre la gente de estas localidades para determinar si su salud está afectada; “los de la mina dicen que ya lo hicieron, pero nunca dan a conocer los resultados”, mencionó.
Este problema se agravó cuando la mina comenzó a expandirse para tirar los jales, pues “el acuerdo era por la explotación de 5 mil 200 hectáreas, pero invadieron más de mil 200”.
La expansión trae consigo otro consigo otro conflicto que es el del acaparamiento de la superficie, que reclaman los ejidatarios. “Todo eso que se extendieron no está en los convenios que firmamos originalmente y ahora no quieren responder por toda esa tierra”, recriminó el representante de los comuneros.

A medias
El albergue estudiantil del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) está en pésimas condiciones. Mejorar este espacio fue otro de los compromisos que Goldcorp incumplió.
Los jóvenes que acuden a esta institución duermen hacinados y entre mal olor de los baños que carecen de puertas. También hay un área de regaderas, donde sólo se ven los tubos que sobresalen de la pared, pues carece de divisiones para dar privacidad a los muchachos mientras se bañan.
La directora del plantel, Yurilia Juárez Juárez, informó que el compromiso de la minera era concluir la construcción del albergue, que quedó en sólo una nave de dormitorios y una bodega donde pernoctan 90 jóvenes, hombres y mujeres.
En ambos dormitorios las literas están convertidas en un laberinto que, en caso de una emergencia, muy probablemente se convertiría en una trampa imposible de sortear.
En el área de mujeres, la señora Rosita cuida que las estudiantes mantengan limpio el espacio, aunque la única diferencia con el dormitorio varonil es que las camas están tendidas. El hacinamiento vuelve claustrofóbico el lugar.
La directora del plantel explicó que minera Peñasquito aportó 8 millones de pesos para la obra del albergue y la adquisición de equipo para los talleres. A pesar de que se tiene el terreno para continuar la construcción, la escuela se quedó sólo con la promesa de que se les daría lo necesario para terminar.
Respecto al mantenimiento del lugar, Juárez Juárez dijo que los alumnos pagan 50 pesos por semana, lo que les permite pernoctar ahí y acceder a tres comidas al día.
“El recurso es insuficiente, la presidencia apoya con las tortillas diariamente y el resto lo asume la institución”.

Ocultos
En reiteradas ocasiones, NTR intentó establecer contacto con representantes de Goldcorp. Se buscó a Nelson Núñez, gerente de Sustentabilidad, y a Carlos Acevedo, coordinador de Relaciones Públicas, para conocer su postura sobre los problemas en las comunidades.
La respuesta de los directivos fue contundente: “todo tema a tratar será a través de Relaciones Interinstitucionales, con Doris Liliana Vega Pérez”.
Sin embargo, este medio también la buscó ella y no se obtuvo respuesta. NTR visitó las instalaciones de la minera y, pese a que se comprometieron a que se concedería una cita, la responsable de Relaciones Institucionales no atendió al medio.
En contraste, Vega Pérez ha otorgado entrevistas a revistas de sociales, en las que se presenta como una mujer exitosa en el mundo de la minera, con una tendencia al culto a su persona. Presuntamente, estas publicaciones fueron pagadas por ella misma o por la empresa.
Este tipo de entrevistas fueron reproducidas en un sinnúmero de artículos a nivel local, en los que se contrata un gran espacio para informar los logros de la representante de Goldcorp, en la esfera en la que se desenvuelve, con autopromoción de su imagen.
En estas publicaciones muy poco o nada se informa sobre los avances, beneficios y/o afectaciones que ha obtenido la comunidad desde la instalación de minera Peñasquito en Mazapil.
Sólo de vez en cuando se envían algunos boletines de prensa con supuestos beneficios que otorga la empresa a la población, sobre todo cuando se registran manifestaciones de los ejidatarios, transportistas y hasta proveedores.
Además, el silencio, la cerrazón y el hermetismo forma parte de la política de la empresa hacia los medios de comunicación, el área dirigida por Doris Liliana Vega.

Se acaba el agua
Los problemas para Mazapil van en aumento. De acuerdo con el académico Federico Guzmán López, la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad.
El experto en el tema mencionó que la minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
En total, todas las industrias mineras establecidas en la entidad explotan al año, para sus procesos de beneficio, el agua suficiente como para abastecer a casi toda la población de Zacatecas, pero del total, tres cuartas partes son utilizadas por Goldcorp.
Guzmán López agregó que el mayor volumen de extracción por parte de la empresa es en Mazapil.
“Se documentó que de los 43.9 millones de metros cúbicos que extraen por año, sería posible dotar de agua a un millón 202 mil 773 personas, lo que equivale a 80.68 por ciento de la población del estado”, mencionó el universitario.
Ante tal situación, el especialista advierte que esto llevará a Zacatecas a tener un desabasto de agua en esta región en un promedio de 25 años, de acuerdo con análisis del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Esto se debe a que la sobreexplotación de los mantos acuíferos genera un déficit hídrico de hasta 299 metros cúbicos de agua.

Sólo foráneos
El mayor reclamo de la población de Mazapil es la falta de empleos, pues una de las principales promesas de Goldcorp fue que dotaría de empleos a los habitantes del municipio. Nada más lejos de la realidad.
La directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) revela que los egresados, aunque adquieren el conocimiento necesario para realizar distintos trabajos en la mina, “no son contratados, entonces los jóvenes buscan en otras empresas, donde el salario no es tan bueno”.
Estas compañías son las que subcontrata la minera para realizar trabajos fuera del tajo y los empleos que otorgan “principalmente son para la reparación de motores a diésel”.
Los habitantes de Mazapil explicaron que la empresa “trae gente de Coahuila, Chihuahua, Monterrey, Durango y de la capital del estado… pero a la gente de aquí no nos contratan”.
De acuerdo con especialistas en el tema, la planta laboral de la mina Peñasquito se compone en su mayoría por personal que la compañía contrata en otros estados y deja sin oportunidades laborales a los habitantes de Mazapil.
La realidad aplasta cualquier discurso, aunque la empresa presume en su página web que 80 por ciento de los empleados y proveedores se contratan de manera local y regional.
Una prueba más de la falta de oportunidades son los fraccionamientos que se encuentran en las entradas al pueblo. Las casas nuevas quedaron en total abandono, fracasó el proyecto que hace más de cuatro años impulsó una constructora de Monclova, Coahuila, que estimaba que los trabajadores de la minera contrataran las viviendas créditos Infonavit.
Ahora en el lugar se encuentra un velador, quien “cuida” que las pocas casas no sufran destrozos, pero ello no ha impedido que el paso del tiempo y las inclemencias climáticas hagan lo suyo. Hoy los inmuebles lucen desgastados.
Existen por lo menos 20 viviendas edificadas en el lugar y, aunque el terreno se encuentra totalmente fraccionado y listo para las conexiones de los servicios básicos, la empresa decidió no continuar la construcción.
En cambio, la mayoría de los trabajadores viven en el centro habitacional que les proporciona la minera. Laboran 15 días ininterrumpidos por una semana de descanso, tiempo que utilizan para regresar a sus hogares, que no están en Mazapil, sino en otros lugares, por lo tanto, no hay consumo en las comunidades y la economía se encuentra estancada.

Más conflictos
La minera no trajo ni prosperidad ni desarrollo al municipio, por lo que los habitantes del lugar reprochan que la falta de fuentes de trabajo es muy alta, al igual que la contaminación, la devastación de la tierra y las enfermedades.
Desde la cabecera municipal hasta la mina es necesario recorrer un trecho de 10 minutos, la mitad del camino está pavimentado y en las cercanías de la entrada a la excavación es necesario transitar sobre terracería.
Durante el trayecto el paisaje cambia dramáticamente: los cerros de desperdicio de la mina adquieren tonos que van del gris al negro, en otros puntos son color marrón claro.
Por las laderas de estas montañas se ven camiones enormes, con capacidad de 30 toneladas, que suben y bajan para dejar en la cima sus cargamentos de jales.
A lo largo de la carretera existe un constante ir y venir de vehículos procedentes del tajo, pero ninguno para Mazapil: la mayoría van a casas de la comunidad Nuevo Salaverna o bajan directo a Concepción del Oro para realizar compras.
Frente a la entrada principal de la mina, se encuentra un grupo de transportistas zacatecanos, los conductores dicen que es “para presionar a la minera (para que les dé cargas)”, pero desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en el lugar para lograr su objetivo.
Los líderes sindicales buscan establecer diálogo con la minera que, en diciembre, se comprometió a no realizar más viajes de material hasta llegar a un acuerdo con los transportistas zacatecanos. Otro compromiso que la canadiense no cumplió.

http://ntrzacatecas.com/2018/02/12/acaba-goldcorp-con-mazapil/

Colombia

Ataque explosivo paraliza línea férrea de minera Cerrejón en Colombia

La línea férrea de la mayor mina de carbón de Colombia, Cerrejón, sufrió un ataque con explosivos que provocó la suspensión de la circulación de los trenes, sin afectar la producción ni las exportaciones, informó el martes compañía.
Colombia, 13-02-2018
(Reuters LTA) El ataque ocurrió el lunes en la noche en el departamento de la Guajira, en el extremo norte de Colombia, donde está ubicada la mina a cielo abierto de producción de carbón término.

“A la altura del kilómetro 27, un artefacto explosivo detonó en la línea férrea causando daños en los rieles y polines. Afortunadamente, el incidente no ocasionó afectación de personas o equipos”, dijo Cerrejón en un comunicado.

Las autoridades militares y la empresa se abstuvieron de responsabilizar a alguna organización armada por el ataque que se produjo en medio de una ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla activa en Colombia, en diferentes regiones del país.

La empresa inició de inmediato la reparación de la línea férrea de 150 kilómetros por la que circulan los trenes que transportan el carbón que se extrae de la mina hasta Puerto Bolívar, en el Mar Caribe, desde donde se exporta el mineral.

Cerrejón, que pertenece en partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.000 empleados y extrae anualmente más de 30 millones de toneladas de carbón térmico de la mina, alrededor de una tercera parte de la producción total de Colombia, el quinto exportador mundial del mineral.
http://www.latinomineria.com/2018/02/13/ataque-explosivo-paraliza-linea-ferrea-minera-cerrejon-colombia/

Bolivia

TED: consulta promovida por AJAM para explotar oro en Inquisivi no fue previa

La AJAM ejecutó junto al SIFDE la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz observó que no fue previa, informada, ni concertada.
Jimena Mercado C.
La Paz, 9 febrero (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejecutó con el acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de La Paz, la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que no fue previa, informada, ni concertada.

El proceso de consulta se realizó para formalizar la actividad minera en el cantón Arcopongo, donde se realiza explotación ilegal de oro a gran escala desde el 2014 a cargo de cinco cooperativas afiliadas a la Fedecomin, las que no cuentan con autorización para la explotación minera, tampoco licencia para comercializar oro, y menos, licencias ambientales.

Francisco Eugenio de la Cooperativa Ullakaya Condoriri exigió su derecho preferente sobre 50 cuadrículas, tal como lo certifica la Gaceta Oficial Minera 181 de 2013, y lamentó que la consulta se haya consumado a pesar del proceso contencioso administrativo admitido en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AJAM.

El vocal electoral, Freddy Cayo en entrevista con ANF informó que a requerimiento de la AJAM nacional ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TED se hizo cargo del acompañamiento y supervisión del proceso de consulta para la actividad minera. Negó sin embargo que eso signifique “avalar” la consulta.

“De acuerdo a la normativa vemos que la consulta debe ser de buena fe, previa, libre, concertada, informada, esa es la característica que tiene la consulta, y en base a esos elementos encontramos un acuerdo. Pero en el marco de nuestra competencia, cuando estamos evacuando nuestro informe decimos cuál de estas características se cumplió y cuál no se cumplió”, explicó.

¿Qué aspectos de la consulta no se cumplieron? se consultó al Vocal, quien respondió: “Sin decir cuál de las cooperativas ni de qué comunidades son, se ha verificado que no se han cumplido con los criterios de observancia de consulta previa, informada y de concertación, pero si se cumplieron los criterios de buena fe, libre y de acuerdo a sus usos y procedimientos propios”.

Consultado sobre las razones por las que el SIFDE La Paz aceptó acompañar un proceso de consulta cuando la Cooperativa Ullakaya Condoriri II alertó el 7 de septiembre de 2017 y ratificó el 5 de enero de este año las denuncias ante el TSE y el TED sobre el avasallamiento de 50 cuadrículas inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia 535 del 28 de mayo de 2014, Cayo aseguró que se cumplió la ley.

Eugenio Aduviri no sólo alertó de los extremos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, sino también al presidente del TED La Paz, Antonio Condori mediante cartas, y tras consumada la consulta «invocando el principio de transparencia» solicitó el acta de consulta al SIFDE, así como a la AJAM, pero ambas instituciones le negaron la información.

“Según la normativa nos dice que con 30 días de anticipación nos deben hacer la solicitud para entrar y en ese marco acordamos el ingreso con todos los antecedentes, se hizo un trabajo de gabinete, pero no puedo expresar qué tipo de trabajo”, señaló el Vocal.

Sin embargo no pudo desvirtuar por qué se aplicó un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa para hacer una consulta cuando ésta debe ser convocada por el Estado “de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones”, y no después.

ANF solicitó una entrevista al director nacional de la AJAM, Erik Ariñez quien se limitó a responder por escrito que el caso se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Tampoco proporcionó a este medio la solicitud de la consulta que hizo al TSE.

Procedimiento de la consulta

La consulta previa, según explica la página web del OEP es “un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales”.

Los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En este marco, el Estado, según el artículo 15 de la Constitución Política del Estado “garantiza el derecho a la consulta previa obligatoria, de buena fe y de manera concertada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a través del SIFDE deberá hacer la observación y acompañamiento de los procesos de consulta previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas.

Antecedentes del caso

Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.

El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.

Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados del potencial de la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.

El informe técnico circunstancial de la intervención señala que el suboficial Telésforo Chura secuestró un arma de fuego en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi a las 15.20 horas del 4 de diciembre de 2014, sin embargo las cooperativas terminaron avasallando las 50 cuadrículas con maquinaria pesada que extrae un promedio día según informes preliminares entre 28 y 40 kilos de oro al día.

Denuncias a autoridades La denuncia fue formalizada por Eugenio Ayuviri a varias autoridades gubernamentales; el 2016, envió nota a la ex Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia; al ex procurador Héctor Arce; a la ex ministra de Justicia, Virginia Velasco; al presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera e incluso al presidente Evo Morales. Sin embargo lamentó no haber obtenido ninguna respuesta.

La denuncia que también llegó a manos del defensor del Pueblo, David Tezanos con el rótulo: “graves hechos de corrupción e injusticias en instituciones públicas del área minera” se apunta al propio Ministerio de Minería y Metalurgia, al viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque y otras autoridades de presuntos delitos de penales y ambientales.

El denunciante señaló que es evidente que existe complicidad entre autoridades del Estado y las cooperativistas que explotan oro y comercializan de manera ilegal.

Según Eugenio Ayuviri, las autoridades mineras a cargos del control de la explotación y comercialización de minerales presuntamente “cometieron actos de corrupción como el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, asociación delictuosa, delitos ambientales, contribuciones y ventajas ilegítimas, agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento”.
/JMC/ https://www.noticiasfides.com/economia/ted-observa-que-consulta-promovida-por-ajam-para-explotar-oro-en-inquisivi-no-fue-previa-385622

Argentina

Bicicleteada en defensa de la Ley de Glaciares

07/03/2018 Universidad
Así lo decidieron los integrantes de la Asamblea Jáchal no se Toca, que recorrerán 1.400 km desde Jáchal a Buenos Aires. Partirán desde la plaza comunal el 19 de febrero.

Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal no se toca recorrerá 1.400 kilómetros en bicicleta, para reclamar a los legisladores nacionales que no modifiquen la Ley de Glaciares.

La decisión, que votaron en el seno de la Asamblea, fue anunciara por una de sus integrantes, Marcela Alonso, al portal de noticias El dedo en la llaga.

Alonso explicó que votaron a favor de esta bicicleteada, porque es la única forma de luchar que tienen contra el proyecto de reforma a Ley de Glaciares. Recalcó que ni los legisladores ni los funcionarios de su provincia los apoya, sino que “son parte de la multinacional” Barrick Gold, responsable del emprendimiento Veladero, desde donde se produjeron derrames de solución cianurada.

La asambleísta explicó que realizarán postas de 200 kilómetros por día desde Jáchal, hasta llegar a la plaza de los dos Congresos, donde tienen previsto arribar el 27 de febrero.

Alonso explicó al mismo portal de noticias, que la bicicleteada es la única forma que encontraron de protestar y de peticionar ante los legisladores nacionales para que no modifiquen la ley de Glaciares, que entre otros aspectos prohíbe diversas actividades como la minería, donde están asentados esos cuerpos de hielo.

Distintos funcionarios del Ejecutivo nacional, explicaron en reiteradas oportunidades que existe un proyecto de ley que busca modificar la ley que protege esos reservorios de agua.

Las causas judiciales

Luego de los derrames en la mina Veladero, que opera canadiense Barrick Gold, se abrieron dos causas judiciales. La primera en la provincia de San Juan, que no tuvo avances y donde fueron sobreseídos los empresarios de la firma y ni siquiera se llamó a declarar a los funcionarios sanjuaninos, siendo los únicos imputados por la contaminación del agua siete obreros del más bajo rango de la compañía. La segunda causa se inició en la Justicia federal, donde el juez Sebastián Casanello procesó a siete personas, entre ellos funcionarios de Medio Ambiente y al investigador principal del Conicet, Ricardo Villalba.

Argentina

Extractivismo al desnudo: “La minería no mueve los números de Santa Cruz”

08/02/2018 Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) estimó que Santa Cruz ocupa entre el 15 y 20 % del total de las compras de productos y servicios de las compañías mineras asentadas en nuestro suelo.

En diálogo con noticiasmineras.com advirtió la necesidad que el “compre local” se convierta en política de estado y opinó que ése flujo de dinero contribuiría a revitalizar el circuito comercial y mejoraría la recaudación del estado provincial ante el pago de los tributos por parte de las pymes.

Así mismo, el empresario no dejó de lado que la economía de Santa Cruz se encuentra afectada por las dificultades del pago de sueldos y el nulo incremento de haberes en el sector público, la caída de la obra pública y despidos en sectores industriales primarios. Todo ello bajo la vigencia de la primera emergencia económica que se ha implementado en la historia de la provincia.

Minería

“La minería es un tema difícil porque deja poca regalía y de la recaudación impositiva el gobierno nacional se lleva el 80 % promedio”, lanzó el referente de la Federación Económica ante noticiasmineras.com

Según Polke el empresariado local continúa “esperando por el ansiado compre local, aún no se ha convertido en política de estado”, dijo.

Luego opinó que la actividad fiscal que generarían las pymes locales (en caso de ser las mayores proveedoras de las mineras) sería un complemento de la recaudación provincial. “Es una de las pocas formas que el dinero que entra por regalías aumente”, ahondó.

En otro orden, recordó que hay diferentes sectores que se dedican a que las firmas locales logren mayor participación en las actividades mineras para que las inversiones que demandan los proyectos queden en Santa Cruz.

“Caso contrario, se establece un proyecto que extrae recursos no renovables, paga poca regalía. Después las empresas se van y dejan un pasivo ambiental muy grande”, recalcó.

Baja participación

Más adelante, desde la FESC apuntaron que en Santa Cruz la minería se ha vuelto una actividad pujante pero advirtieron que “todavía no mueve los números de la provincia”.

“Hay mineras con mayor predisposición a trabajar para el desarrollo de Santa Cruz. Asimismo, en estos años hubo un fuerte acompañamiento del Estado provincial mediante el Ministerio de la Producción. Se ha generado espacios de diálogo con el sector empresarial pero se avanza poco”, recalcó Polke a noticiasmineras.com

“No podemos decir que el 60 u 80 % de las demandas que tienen las mineras sean canalizadas atreves de empresas locales. En el mejor escenario rondaremos entre el 15 y 20 % en la participación de las compras de las empresas mineras, dependiendo de la zona y la compañía”, concluyó.
http://noticiasmineras.com/la-mineria-no-mueve-los-numeros-de-santa-cruz-dijo-la-federacion-economica/

Chile

Marcelo Mena, Aunque Dominga puede ser “interesante”, debe “seguir rechazado”

Si bien el titular de Medio Ambiente no quiso polemizar con José Ramón Valente, insistió en la decisión del Comité de Ministros.
Miércoles 14 de Febrero de 2018.- Luego de que el próximo ministro de Economía, José Ramón Valente, no descartó que el proyecto minero y portuario Dominga pudiera ser “rescatado” durante el próximo gobierno, la actual autoridad ambiental se mantuvo firme en la posición de rechazo de la iniciativa.

El proyecto de US$ 2.500 millones fue objetado por el Comité de Ministros en agosto del año pasado. Dominga pasará a un proceso de conciliación entre Andes Iron, propietaria de la iniciativa, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que representa al Consejo de Ministros, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Tras reunirse con el presidente electo Sebastián Piñera en Lago Ranco, Valente dijo que consideraba que el proyecto Dominga “es interesante” y que “lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan, que está en el Tribunal Ambiental, y ver si es que pudiese ser rescatado”.

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien encabezó el Comité de Ministros que en votación dividida le bajó el dedo a Dominga, declinó entrar en polémica con Valente. Y más allá de que el futuro ministro encontrara que el proyecto “es interesante”, envió un claro mensaje al futuro gobierno: mantenga el rechazo. “Nosotros tenemos nuestra posición clara con respecto al proyecto y por tanto vamos a mantenernos con esa posición hasta el final y eso no cambia el hecho que hoy día el proyecto tenga falencias en su evaluación ambiental.

Así que hay que continuar la evaluación tal cual lo ha dicho el ministro de Economía futuro, de que hay que continuar los cauces institucionales”, explicó Mena.

“Para nosotros el acuerdo que es aceptable es que se mantenga su rechazo, porque el hecho esencial no se corrige. El proyecto tiene una línea de base deficiente y por tanto esto no se parcela ni se negocia, sino que más bien se resuelve en la evaluación ambiental cualquier problema de línea de base y por tanto el proyecto no podría ser aprobado”, agregó.

Según Mena, si pudiera prosperar la conciliación a favor de Dominga aún la autoridad ambiental podría recurrir a instancias judiciales posteriores.

La ministra de Minería, Aurora Williams, coincidió en que lo dicho por Valente “es la opinión del futuro ministro, pero nosotros no vamos a opinar sobre ese tema (…) el proyecto en nuestra gestión fue evaluado y ahora continuará el proceso que corresponda dentro de la institucionalidad”.

Los caminos legales

En el Tribunal Ambiental, el gobierno es el reclamado, porque la autoridad fue la que rechazó el proyecto y lo que está apelando la empresa en esa instancia es que ese rechazo es injustificado e ilegal, explicó Eduardo Correa, del estudio Vergara Galindo Correa, que no participa del proceso.

Los abogados internos del Servicio de Evaluación Ambiental son los que defienden a la autoridad en este tipo de juicios y los que participan directamente. Por su parte, la empresa Andes Iron, dueña del proyecto, tiene sus propios abogados y el principal es Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme.

“El tribunal puede llamar a la conciliación y ver si existe o no acuerdo. Si no existe, el proceso sigue y el tribunal debe decidir si darle la razón a la empresa o a las autoridades. Ante eso, se puede realizar un recurso de casación ante la Corte Suprema y, si bien no es común, eventualmente la Corte Suprema podría abrir un proceso similar de acuerdo”, dijo Correa.

Los parlamentarios de la IV Región, donde está proyectado Dominga, no participan en la conciliación. “Todos han opinado que es un proyecto importante, interesante para la zona y que tiene que cumplir con las exigencias medio ambientales. Si logran eso sería muy positivo”, dijo el senador DC Jorge Pizarro.

La Segunda

Ecuador

La minería preocupa a los moradores de Nulti

Una vez finalizada la fase de recepción de observaciones dentro del proceso de obtención de licencia ambiental por parte de los concesionarios mineros, moradores de la parroquia Nulti, en los sectores Challuabamba y Guangarcucho, esperan que las autoridades locales tomen en cuenta sus reparos a la minería en la zona.

Las concesiones mineras que buscan su regularización son La Playa 1, de cuatro hectáreas de expansión, y Challiyacu de 10 hectáreas, ambas ubicadas en la zona baja de la parroquia rural.
El dirigente de Guangarcucho, Fabián Carpio, asegura que la contaminación ocasionada por el polvo y el ruido, así como la posible afectación a fuentes de agua, el deterioro de los caminos y la proximidad de las áreas mineras a sitios patrimoniales como El Plateado, mantienen en vilo a la población del sector.

El biólogo Gustavo Chacón, también morador de la parroquia, asegura que en el sector existe riqueza paleontológica, así como de fuentes de agua, flora y fauna, “que se están perdiendo” y, asegura, “deben ser protegidas de la actividad minera”.
De acuerdo con los estudios de impacto ambiental presentados por las concesionarias, en la zona las actividades están bajo los límites permisibles de afectación.

Respuesta

En ambos casos, los estudios señalan que para la calidad ambiental se realizaron muestreos de agua, gases, material particulado y ruido, que “resultaron que están bajo los límites permisibles”.
Los informes detallan que “los impactos ambientales directos generados por las actividades de arranque, transporte y trituración (…) se han definido en base a los factores de influencia física, biótica y socioeconómica”.

Desde la Municipalidad, entidad a cargo de los procesos de regularización, se sostiene que, a través de los estudios se busca regularizar concesiones que han venido trabajando desde hace varios años y cuyos concesionarios tienen derechos adquiridos sobre la explotación. Así lo explicó Pablo Crespo, director del departamento de Minas del gobierno local.

Otras concesiones

La definición de áreas mineras no se centra unicamente en Nulti. El Municipio mantiene en ejecución un contrato para la señalización de las áreas de libre aprovechamiento Cochapamba, Victoria y Challayacu, ubicadas en las parroquias Quingeo, Victoria del Portete y Tarqui, respectivamente.

El director de Minas de la Municipalidad de Cuenca, Pablo Crespo, indicó que el aprovechamiento de materiales pétreos en el cantón es necesario para cubrir la demanda de la planta de asfalto y ampliar la cobertura de pavimentación de las calles de la ciudad. (JPM) (I)

Estudios

Los estudios presentados por los concesionarios ante la Comisión de Gestión Ambiental, CGA, detallan que el proyecto minero Challayacu se encuentra localizado en un área aluvial y que está moldeado por colinas y perfiles de mayor inclinación.

Sostienen que el paisaje de la zona minera y su alrededor se encuentra ya alterado por actividades como la propia actividad minera y la producción agropecuaria.

“Se hace evidente que el área minera, con la infraestructura ya establecida y su funcionamiento, altera el paisaje del sector; sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental se pueden incluir acciones para la mitigación”, se asegura en el informe.

“El área se encuentra en el sector de El Plateado, que pertenece a la jurisdicción política administrativa de la parroquia Nulti”, reconoce el estudio.

En cuanto a La Playa 1, el estudio contempla que el riesgo de derrumbes en la zona es moderado, mientras que el de inundación bajo, a pesar de estar a la orilla de un río.

Sobre las flora y fauna en estos dos lugares, se refiere que no se encontró a individuos de especies en riesgo.

Fuente; http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/38786-la-mineria-preocupa-a-los-moradores-de-nulti
Perú

Ronderos de Ayabaca: Exigimos que se respete la consulta, Rio Blanco no va

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro «la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal». En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.

Finalmente, los ronderos aseveran: «Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

Fuente: http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/687-ronderos-ayabaca

Colombia

Así son los activistas que se enfrentan a la industria minera mundial

Retrato de tres personas que defienden la tierra, la vida y el agua frente a la industria minera en Filipinas, Colombia y Uganda.

Los líderes de vanguardia de la lucha minera en Filipinas, Colombia y Uganda viajaron al Reino Unido el pasado mes de noviembre para exponer los costes reales de los amplios vínculos del Reino Unido con la industria minera mundial y para oponerse al congreso Mines and Money (Minas y Dinero) que se celebró en Londres, un eje mundial de financiación y poder de la minería.

Aunque se publicita como un evento en el que «se logran acuerdos», el objetivo manifiesto de Mines and Money, que reúne a miles de empresas mineras e inversores en la capital británica, es establecer contactos entre el gran capital y las grandes minas. ‘Líderes del pensamiento’, como el financiador del Brexit, Arron Banks, y el antiguo líder del UKIP, Nigel Farage, pronunciaron discursos inaugurales en la conferencia de este año en los que aconsejaban a las empresas cómo explotar el Brexit y el ascenso de Trump para seguir obteniendo riqueza, especialmente del hemisferio sur.

Las explotaciones mineras que salen de los foros de negocios con sede en Londres, como Mines and Money, están creciendo, son más letales y son más propensas a provocar catástrofes. Hoy en día, la minería es la industria más mortífera para aquellos que se interponen en el camino de sus actividades.

En este artículo, activistas de primera línea de Filipinas, Colombia y Uganda describen las amenazas y el impacto de la minería y cómo están resistiendo y liderando alternativas a un paradigma de desarrollo neocolonial basado en la actividad minera.

María Camila Méndez es una de las organizadoras de Cosajuca, un grupo activista juvenil de Cajamarca, Colombia. Camila comparte la exitosa campaña de su comunidad para que el gigante minero AngloGold Ashanti, que opera con dinero británico, parara la excavación de la mayor mina de oro de América Latina: La Colosa.

En marzo, los cajamarcanos celebraron un referéndum en el que el 98 % de los residentes que acudieron, votaron para vetar La Colosa y todos los demás proyectos de extracción de la región.

«El impacto (de La Colosa) en la salud, la contaminación de los recursos hídricos y los cultivos, la destrucción de ecosistemas estratégicos, habría sido devastador. Sumado a todos los conflictos sociales, hubiera llevado al desplazamiento de la población. La gente habría tenido que irse porque la posibilidad de tener una vida digna ya no existiría.

Siempre hemos intentado participar y dar voz a nuestras opiniones sobre las minas, pero estábamos preocupados, porque veíamos que nos iban a imponer el proyecto minero sin escuchar a las comunidades. Ante esta situación, empezamos un proceso democrático reconocido en Colombia (a través de la Constitución), llamado consulta popular. Este dice que si un territorio es amenazado por cualquier proyecto de desarrollo, se debe hacer una consulta popular para permitir que las personas se expresen con sus votos.

Había retos para organizar un proceso como ese en las zonas rurales. Por ejemplo, hay muy poca participación de las mujeres, a pesar de la profunda conexión que tienen ellas con los territorios. Pero al final, hemos unido a todo el mundo en esta lucha, porque entendemos que todos y cada uno de los habitantes come y necesita agua. También hemos animado a la gente a pensar en las futuras generaciones. Si la mina tiene lugar, ¿qué pasaría con nuestros hijos y nietos?

El resultado de la consulta popular tardó diez años en fraguarse, y el 26 de marzo la gente votó para defender lo que siempre hemos sido. Ahora debemos analizar lo que hacemos después de decir no a la minería. Ante todo, esto implica la consolidación de lo que hemos sido y lo que somos.

En lo que respecta a las empresas, ya sea la industria minera o cualquier otro tipo de actividad que quiera destrozar estos territorios, les estamos mostrando qué les va a pasar si lo intentan. La gente ha despertado. Y aunque no estamos en igualdad de condiciones y no tenemos los recursos ni todo el poder que esas compañías pueden tener, lo que hemos demostrado es que cuando las comunidades aúnan esfuerzos, es muy difícil pararlas. Puede que tengan todo el dinero, ¡pero eso no lo es todo!».

Clemente Bautista es el coordinador nacional de Kalikasan People’s Network for the Environment (Red de personas por el Medio Ambiente Kalikasan), una organización que trabaja muy de cerca con los pueblos que se resisten a la destrucción ecológica de sus tierras a manos de las compañías mineras. Aquí, Clemente comparte cómo los intereses mineros del Reino Unido están agravando la violencia en el país asiático más peligroso para ser un defensor de los derechos humanos.

«Global Witness ha incluido a Filipinas en su lista como el lugar más peligroso del mundo para ser activista medioambiental. Los asesinatos extrajudiciales que se cometen en nombre de la llamada “Guerra contra las drogas” de Duterte, y que se estima que ha alcanzado entre siete y trece mil muertos, también se utilizan para eliminar a los activistas comunitarios y políticos. Sabemos que, desde que el presidente Duterte tomó posesión, han matado a treinta y cuatro defensores del medioambiente.

Los riesgos reales los tienen aquellos que están en las propias poblaciones. En la provincia de Batangas, los intereses mineros canadienses y británicos apuntan a iniciar operaciones en grandes minas abiertas de oro cerca del pueblo de Lobo. La población local se opone enérgicamente a la mina, que amenaza con ser un desastre medioambiental para las comunidades de granjeros y pescadores. Desde agosto de este año, tres activistas contra la actividad minera de la zona han sido asesinados y cinco defensores del medio ambiente han sido detenidos ilegalmente en Batangas.

Kalikasan ha estado trabajando con nuestro socio local, Bukal, para ayudar a la población de Lobo. Pero la comunidad se ha enfrentado a enormes presiones. En septiembre, el ejército anunció que estaba llevando a cabo operaciones contra los rebeldes comunistas. Parece que los han utilizado para aislar el pueblo de Lobo y calificar a la oposición de la mina de comunista. El área ha sido ametrallada y bombardeada por las fuerzas aéreas y la gente se ha visto obligada a huir de sus casas. Cuando Kalikasan intentó llevar ayuda humanitaria y alimentos, los militares les impidieron entrar en la zona.

¿Cómo podemos permitir que se produzcan este tipo de castigos colectivos a una comunidad entera para servir a los intereses de corporaciones extranjeras? Además, si la mina de oro abierta entra en funcionamiento en Lobo, los residuos, casi con total seguridad, se filtrarán al río Lobo, que desemboca directamente en el Paso de la Isla Verde, un tesoro de la biodiversidad marina.

El Reino Unido se ha ido interesando cada vez más en expandir sus inversiones en Filipinas, en especial en lo que se refiere a minería e infraestructuras. En abril de 2017, el ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, visitó al presidente Duterte en un encuentro que tenía por objetivo alcanzar un acuerdo comercial tras el Brexit. Declaró a los medios de comunicación locales que el Reino Unido y Filipinas estaban en las mejores condiciones para tener unas relaciones comerciales más estrechas basadas en los “valores que comparten”. Esperamos que eso no se traduzca en abusos de los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y destrucción del medio ambiente».

Alice Kazimura es granjera, líder comunitaria y defensora de los derechos de las mujeres de Buliisa, en Albertina Graben, Uganda. Desde 2006, se han descubierto en esta región biodiversa reservas petrolíferas que se calcula que produzcan 6,5 miles de millones de barriles de petróleo, lo que ha disparado la fiebre por apropiarse de tierras, los conflictos y los ataques a los derechos humanos.

La comunidad de Alice, Kakindo, está cerca de Kasemene 1, un pozo de petróleo descubierto por Tullow Oil, una compañía petrolífera angloirlandesa que cotiza en la bolsa de Londres (TLW) y que se ha visto implicada en múltiples polémicas en Uganda y en el Reino Unido.

«La explotación de petróleo en mi comunidad ha llevado a desplazamientos involuntarios de poblaciones y a un impacto medioambiental negativo en la Madre Tierra y en los medios de vida de la gente. Muchas de las actividades de explotación se llevan a cabo en ecosistemas sumamente frágiles, como el parque nacional de las Cataratas de Murchison. Se está destruyendo hábitats con poca, o ninguna, atenuación.

Por desgracia, el coste social y medioambiental de extraer petróleo y gas, poco a poco, está pasando a ser insoportable. Las extracciones vienen acompañadas de apropiaciones de terreno comunitario y desalojos forzosos de las poblaciones por parte de particulares, del gobierno y de las empresas. El área que rodea a Kasemene 1 ya es terreno vedado para la población porque está militarizado. Ya no podemos movernos con libertad en aquella zona.

Las mujeres siguen sufriendo más que los hombres el impacto de las explotaciones petrolíferas y las expropiaciones de tierras. Hace más de cuatro años que les dijeron a las mujeres de nuestra zona que no cultivaran alimentos en su propia tierra que tardaran más de tres meses en crecer. Los problemas que atañen a las familias y al territorio han empeorado, ya que los hombres abandonan el hogar después de recibir una pequeña compensación económica. Nuestro gobierno ha aprobado que solo se necesita el permiso de los hombres para entregar las tierras. Siempre se ignora a las mujeres en este proceso.

Nosotras, las mujeres, hemos estado concienciando a la población acerca de los problemas del petróleo y consolidando herramientas para hacer oposición. Hemos presentado una petición al gobierno, hemos utilizado el teatro para expresar nuestros mensajes de defensa y la radio verde de la comunidad para divulgar el impacto del petróleo en las poblaciones.

Estamos promoviendo fuentes de energía alternativas, como la energía solar, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de extraer más petróleo y gas. Estamos creando espacios seguros para que las mujeres reflexionen sobre sus propios problemas y construyan movimientos de mujeres para promover esas alternativas.

Hemos estado haciendo intercambios y compartiendo experiencias prácticas entre mujeres sobre los métodos que se utilizan para la agricultura ecológica. Son métodos de agricultura adecuados para pequeñas porciones de terreno. Hemos evitado los organismos modificados genéticamente, plantando y recuperando nuestras semillas indígenas. Y estamos haciendo actividades económicas, como tejer, lo cual une a las mujeres».

Republica Dominicana

Congresistas de San Juan, en contra de minería

La diputada por la provincia San Juan, Lucía Medina, rechazó los aprestos de explotación al proyecto minero Romero, ubicado en la comunidad de Hondo Valle, tras asegurar que sería un atentado al medio ambiente, especialmente a la producción agropecuaria.

La congresista advirtió que si ese proyecto minero se ejecuta, con su impacto estaría afectando los campos productores del 80 por ciento de los granos que se consumen en el país, dejando una secuela adicional de escasez y obviamente carestía en esos productos.

Medina remitió a la opinión pública a buscar su posición sobre el tema, expuesta hace unos tres meses, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se discutía en ese momento una resolución al respecto, indicando en ese momento que siempre respaldará lo que le convenga a su provincia y donde esté el sentir de la población.

“Me uno al sentir de las organizaciones de la provincia y la población en sentido general, de que el permiso de explotación minero no sea otorgado, para la tranquilidad y sosiego de nuestra provincia. Pues su explotación nos daría una sensación de bienestar efímero a cambio de una tragedia eterna, como lo es la reducción de nuestras fuentes acuíferas y contaminación de la misma”, señaló.

En tanto que el senador por la provincia, Félix Bautista, sometió ante el Senado un proyecto de ley que declara las zonas de potencial minero de la provincia como Reserva Natural Romero.

Bautista informó que busca recolectar 145 mil firmas de los munícipes de San Juan, equivalente al 2% del padrón de electores, amparados en el artículo 97 de la Constitución y en la Ley 275-13 que regula la iniciativa legislativa popular, con el objetivo de preservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad del paisaje y el ecosistema.

Fuente: El Caribe.com