Firmas mineras con operaciones en la provincia de Santa Cruz dijeron ayer que resistirán judicialmente un nuevo impuesto creado por el Gobierno provincial, urgido por necesidades financieras, que grava las reservas bajo tierra de las empresas. Según la agencia Reuters, el nuevo tributo afecta a productores de oro y plata como Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti; Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano-canadiense Hochschild. Las empresas reaccionan afirmadas en sus enormes beneficios fiscales, arancelarios y territoriales, y con la acostumbrada complacencia de los gobiernos locales y nacional.



El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Norberto Yauhar, sigue en el centro de la polémica. Luego de que los supermercadistas se sintieran ofendidos por ser definidos como «unos chorros» por el aumento constante de los productos, Yauhar afirmó que es posible desarrollar la minería, con el argumento empresario de que no quiere «volver a la prehistoria» por no hacerlo.
El presidente de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, analizó el rol que ha jugado a nivel mundial Chile como productor de cobre, y el impacto histórico que ha tenido el metal rojo en el desarrollo económico chileno. «Hacia 2020 Chile concentrará el 37% de la capacidad actual y potencial de producción de cobre», aseveró el ejecutivo.
Miles de personas llegaron a la zona donde se ubica el proyecto minero, en el norte de Perú, para rechazar un eventual inicio de esa obra. Los manifestantes construirán chozas para permanecer todo el tiempo que sea necesario a impedir la ejecución del proyecto, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, y que cuenta con apoyo gubernamental. «Somos más de 5.000 campesinos que nos movilizamos a la laguna para evitar que el proyecto Conga la destruya», dijo a la el dirigente Milton Sánchez
Las organizaciones abajo firmantes, ante la amenaza de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y El Salvador (ADA), con profunda preocupación, a la opinión pública expresan: