Cientos de pobladores retienen esta noche a personeros de la mina San Rafael que se encontraban en una subestación eléctrica en Mataquescuintla, Jalapa. Pobladores de comunidades afectadas se congregaron en el km 104 de la ruta que une a San Rafael Pie de la Cuesta con Mataquescuintla.
Cecilia Aguirre, funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien estuvo retenida pero fue liberada posteriormente, dijo que en el lugar unas 25 personas retenidas, entre técnicos, abogados y contratistas de la compañía.
La mina, que aún no está en funcionamiento, se ubica en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, y al parecer los personeros habían acudido para gestionar la transmisión de energía a la planta.
Asambleístas de Tinogasta denuncian que el campamento instalado desde hace 7 meses en la entrada de la ciudad, y que impide sólo el paso de insumos hacia las mineras, fue atacado esta mañana por una patota. Según informó el asambleísta Darío Moreno, «quemaron todo lo que había y lo que no quemaron lo cargaron al camión y lo robaron». A pesar de la denuncia, ratificó que el bloqueo selectivo no será levantado.
El presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc- Bambamarca Eddye Benavides, dijo que ahora su provincia está más unida que nunca y que el proyecto Conga es inviable. «Hemos venido aquí a dar un Ultimátum al gobierno y a la minera de 10 o 15 días, para que retiren toda su maquinaria y deje de construir reservorios, nosotros y el pueblo de Cajamarca, trasladaremos nuestra lucha de aquí hacia las lagunas como en el 2011», dijo.
“Vamos a seguir con el corte de ruta porque queremos agua limpia”, expresó un vocero de Caimanes entrevistado por Alfonso Ossandón, integrante de la Red Ambiental Norte (RAN).
Ayer lunes 24 de septiembre, se les comunico a los pobladores de Caimanes que la justicia chilena acogió a trámite el recurso de protección, esto basándose en informes técnicos sobre el estado del agua, estudios independientes al del gobierno, la DGA, y de la Minera los Pelambres, el último de estos informes realizado por la PDI arrojo que las agua de Caimanes estaban altamente contaminadas y no aptas ni si quiera para suministrarla a consumo de animales ni regadio, lo cual puso en alerta incluso a al Ministerio del Interior.